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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00332-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00332-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Guillermo José Arrázola Negrette, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00332-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de febrero de 2022

Demandante: Guillermo José Arrázola Negrette
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-00332-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00332-00
Demandante: GUILLERMO JOSÉ ARRÁZOLA NEGRETTE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo en el marco de un
concurso de méritos. Declaratoria de improcedencia. Requisito
de subsidiariedad. Nulidad y restablecimiento del derecho
como mecanismo idóneo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor
Guillermo José Arrázola Negrette mediante apoderada judicial contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Guillermo José Arrázola Negrette, a nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar1, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
“al debido proceso administrativo, la buena fe y la confianza legítima”.

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las referidas garantías
constitucionales se presentó con ocasión de las Resoluciones No. CSJBOR21-554
20 de mayo de 2021 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar2,
No. CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre de 2021 de la misma Corporación3, y No.

1El escrito de tutela se remitió el 11 de enero de 2022 al correo
medesajcartagena@cendoj.ramajudicial.gov.co y luego fue remitida al buzón
secgeneral@consejodeestado.gov.co de la Secretaría General de esta Corporación.
2 “Por medio de la cual se hace una exclusión en el cargo identificado con el código 260423, dentro

del Concurso de Méritos destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para
cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos
Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla, convocado mediante Acuerdo No. CSJBOA17-
609 del 06 de octubre de 2017”.
3 “Por medio de la cual se decide un recurso de reposición contra la Resolución CSJBOR21-554 del

20 de mayo de 2021 y se concede un recurso de apelación”.
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CJR21-1137 proferida el 31 de diciembre de 2021 por la Unidad de Carrera Judicial4,
mediante las cuales se le excluyó del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo CSJBOA17-609 de 20175.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO. Se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO, BUENA FE y CONFIANZA LEGÍTIMA.

SEGUNDO. Se declare la cesación de efectos jurídicos de la Resoluciones No.
CSJBOR21-554 20 de mayo de 2021 proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, No. CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre de 2021 proferida
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, y No. CJR21-1137 proferida el
31 de diciembre de 2021 por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatural (sic), y en consecuencia, se me incluya en el registro de elegibles,
previa calificación de los demás componentes. (Resaltados del original)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Por medio de Acuerdo CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017, el Consejo
Superior de la Judicatura de Bolívar convocó a concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los
Distritos Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla.

5. El señor Guillermo José Arrázola Negrette se inscribió al referido concurso
para el cargo identificado con el Código 260423, denominado “Profesional
Universitario de Centro u Oficina de Servicios y de Apoyo”.

6. Mediante la Resolución CSJBOR18-518 del 23 de octubre de 2018, el actor
fue admitido al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
Seccional de Elegibles para la provisión del mentado cargo.

7. Una vez presentada la prueba de aptitudes y conocimientos, la cual se llevó
a cabo el 3 de febrero de 2019, fue proferida la Resolución CSJBOR19-266 del 17
de mayo de 2019 en la que se dieron a conocer los resultados correspondientes, y
en el que el accionante obtuvo un puntaje de 1000 para el cargo al que aspiró,
aprobando dicha etapa.

8. El 21 de mayo de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
publicó la Resolución CSJBOR21-554 del 20 de mayo de 2021 “Por medio de la
cual se hace una exclusión en el cargo identificado con el código 260423, dentro del

4 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de Apelación”.
5 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para

la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados
de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos Judiciales de Cartagena,
Bolívar y San Andrés, Isla”.
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Concurso de Méritos destinado a la conformación de los Registros Seccionales de
Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros
de Servicios, de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla,
convocado mediante Acuerdo No.CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017”.

8.1. En el referido acto, la autoridad administrativa excluyó a varios ciudadanos
que obtuvieron resultados aprobatorios en la mentada prueba, con fundamento en
que no cumplían con alguno de los requisitos establecidos para el cargo, que,
tratándose del tutelante, obedeció a que “no cump[lía] con capacitación mínima”.

9. Frente a la anterior decisión, el demandante constitucional presentó los
recursos de reposición y apelación, siendo resueltos desfavorablemente mediante
las Resoluciones CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre de 2021 del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar y CJR21-1137 del 31 de diciembre de 2021
de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
respectivamente.

1.4. Sustento de la vulneración

10. El señor Guillermo José Arrázola Negrette adujo que los referidos actos
administrativos vulneraron el debido proceso administrativo por cuanto la
Constitución, la Ley y el propio Acuerdo del concurso de méritos, delimitan las
etapas y el procedimiento que debe llevarse a cabo dentro de este, sin que esto
hubiera sido garantizado en el trámite correspondiente, toda vez que, pese a haber
ocupado el primer lugar en la prueba de conocimientos, competencias, aptitudes y
habilidades, posteriormente fue excluido por no haber cumplido –presuntamente–
con el requisito de capacitación mínima.

11. Señaló que esto va en contravía de la sentencia T-682 de 2016 de la Corte
Constitucional que indicó que el Estado debe respetar y observar todas y cada una
de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su
desconocimiento “se convertiría en una trasgresión de principios axiales del
ordenamiento constitucional”.

12. Indicó que existe una clara trasgresión a la buena fe y de la confianza legítima
puesto que, aun cuando fue admitido mediante una resolución, las “reglas del juego”
se cambiaron al darle alcance a requisitos que no fueron contemplados inicialmente.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

13. Mediante auto de 20 de enero de 2022, fue admitida la acción de tutela y
negada la solicitud de medida provisional por cuanto no se acreditó una situación
de vulneración para el actor, sin que además esta fuera necesaria ni urgente para
garantizar los derechos fundamentales invocados por este.

14. Asimismo, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, se
dispuso la vinculación de: (i) el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar; (ii) la
Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura; (iii) los integrantes

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de la lista de elegibles del cargo Profesional Universitario de Centro u Oficina de
Servicios grado 20 de los Distritos Judiciales deCartagena, Bolívar y San Andrés,
Isla publicada en la Resolución No. CSJBOR22-14del17 de enero de 2022; y (iv) la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.

15. A su turno, se ofició al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena – Bolívar
para que: (i) comunicara por el medio que estimaran pertinente la existencia de esta
acción de tutela, la demanda junto con sus anexos y el auto admisorio a las
personas de la lista de elegibles publicada en la Resolución No. CSJBOR22-14 17
de enero de 2022, y, (ii) divulgaran en sus sitios web los documentos mencionados
en la orden anterior y un aviso en el que se pusieran de presente que se interpuso
una solicitud de amparo constitucional en la que se persigue la suspensión de los
efectos de las Resoluciones No. CSJBOR21-554 20 de mayo de 2021 proferida por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, No. CSJBOR21-1556 del 22 de
noviembre de 2021 de la misma Corporación, y No. CJR21-1137 proferida el 31 de
diciembre de 2021 por la Unidad de Carrera Judicial.

16. Finalmente, se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado, para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos
que la acompañan y de la señalada providencia, con el fin de que cualquier persona
que tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el
trámite constitucional en cuestión.

1.5.2. Intervenciones

17. Remitidas las comunicaciones del caso y hechas las publicaciones en las
páginas web correspondientes, se presentaron las siguientes:

1.5.2.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura

18. Realizó una diferenciación de competencia entre su dependencia y los
Consejos Seccionales de la Judicatura, para lo cual señaló que, conforme a la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, en principio, estos últimos tienen la
función de administrar la carrera judicial en el correspondiente distrito con sujeción
a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, desde el nivel
central se disponen los términos bajo los cuales deben ejercer su responsabilidad.

19. Seguido a ello, indicó que el Acuerdo de Convocatoria es la norma obligatoria
y reguladora del proceso de selección, por lo que, al descender al artículo 12 del
Acuerdo CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017, expedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar, se encuentra contemplada la posibilidad de
efectuar exclusiones dentro del proceso, en cualquier etapa, circunstancia
conocida por todos los participantes, sin que ello constituya la afectación indebida
del proceso de selección.

20. Refirió que, con fundamento en lo anterior, no existe una vulneración a los
derechos fundamentales del actor y que, en todo caso, la acción de tutela debía ser
declarada improcedente, puesto que no es el mecanismo idóneo para atacar actos
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administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el
principio de legalidad.

1.5.2.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar

21. Por conducto de su vicepresidente, procedió a realizar un recuento de las
distintas actuaciones administrativas adelantadas en el concurso de méritos
cuestionado por el demandante, así como el contenido de los actos que le siguieron
al Acuerdo de la convocatoria.

22. Expuso que, en tal sentido, no existe vulneración a los derechos
fundamentales del accionante por cuanto existió claridad para todos los
participantes sobre las reglas de aquel proceso de selección.

23. Con ello, solicitó la declaratoria de improcedencia ante la existencia de otro
mecanismo judicial para cuestionar lo aquí pretendido.

1.5.2.3. Luis Enrique Trespalacios Orozco

24. En condición de integrante del registro seccional de elegibles, conformado
para la provisión del cargo de Profesional Universitario de Centro u Oficina de
Servicios grado 20 del Distrito Judicial de Cartagena Bolívar y San Andrés, Isla,
explicó que la acción de tutela no está instituida para debatir las reglas generales
del concurso, en atención a su carácter subsidiario frente a otros medios ordinarios
de defensa judicial idóneos y eficaces.

25. Así, precisó que el mecanismo constitucional en cuestión resulta
improcedente, máxime en atención de que el tutelante no probó la inminencia de un
perjuicio irremediable.

1.5.2.4. Pese a haberse adelantado las gestiones de notificación y
comunicación de esta acción de tutela, no se presentaron más intervenciones.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Guillermo José Arrázola Negrette contra el Consejo Superior de la Judicatura,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento
interno) de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

27. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

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28. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19916, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí
misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales7.

29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto8, la Sala advierte que el
señor Guillermo José Arrázola Negrette, es el titular de los derechos fundamentales
que reclama, en razón a que participó en el concurso de méritos del que cuestiona
sus actos administrativos en esta acción de tutela.

30. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

31. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar y la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
entidades que profirieron los actos objeto de censura, razón por la cual, se
encuentran legitimadas por pasiva.

2.3. Problemas jurídicos

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y el informe presentado, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se supera en el sub lite el requisito de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela concerniente a la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor lo
que busca es debatir la legalidad de los actos administrativos que lo
excluyeron del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 de 2017?

33. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará los
demás presupuestos de procedibilidad y, de encontrarlos superados, abordará lo
siguiente:

• El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, ¿vulneraron los derechos
invocados del señor Arrázola Negrette al expedir las Resoluciones
CSJBOR21-554 20 de mayo de 2021, CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre
de 2021 y CJR21-1137 del 31 de diciembre de 2021, que lo excluyeron del
concurso de méritos fijado en el Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017?

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M.P. Clara Inés Vargas

Hernández
8 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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34. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela e improcedencia de esta cuando existen otras vías judiciales disponibles y
eficaces; (iii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos; (iv) la acción de tutela contra actos administrativos en materia de
concurso de méritos y; (v) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

37. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

38. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la acción
cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (ii) para
proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; (iii) se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho; (v) se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

39. Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores9, el
cual se expone a continuación.

40. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.

9 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10-09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21.07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-
33-000-2016-00293-01
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41. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

42. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia10.

43. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

44. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2 del
artículo 2 de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales
de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

45. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos,
en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a través de los
respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
con el fin de ejercer aquellos que el legislador ha diseñado para la garantía de los
derechos11.

46. En este sentido, la Corte ha precisado que “conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de
tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción

10 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-260 del 6.07.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo

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contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”12. Lo
anterior impone estudiar la eficacia e idoneidad del mecanismo de defensa judicial
con el que cuenta la parte actora.

47. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, en la que igualmente es posible
acudir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de urgencia, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido ordenamiento.

2.7. La acción de tutela contra actos administrativos en materia de concurso
de méritos

48. Tratándose de la procedencia de la acción de tutela frente actos
administrativos derivados de concurso de méritos, la Corte Constitucional ha
señalado que es necesario considerar, entre otras, (i) si existen mecanismos en
sede administrativa para la protección de los derechos fundamentales del
accionante y; (ii) si ya fue conformada la lista de elegibles13.

49. Sobre esta situación, el Alto Tribunal Constitucional recordó que:

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para
la provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso.
[Se precisa que] cuando la lista de elegibles se encuentra en firme crea situaciones
jurídicas particulares y derechos ciertos, de manera que la acción de tutela no es el
mecanismo adecuado para dejarlas sin efectos jurídicos, pues se podrían afectar
derechos subjetivos y lo que corresponde es demandar dicho acto administrativo
haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho14.

50. En todo caso, de superarse lo anterior, debe tenerse en cuenta si: (i) el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta idóneo para lograr un
amparo integral; (ii) existe alguna circunstancia que limite la eficacia del referido
mecanismo judicial o; (iii) la celeridad de aquel trámite contencioso administrativo
resulta desvirtuada para garantizar la protección de los derechos constitucionales
fundamentales y con ello generarse un perjuicio irremediable15.

51. No obstante, ha sido enfática en precisar que el anterior estudio se supera si
la pretensión del accionante está encaminada al restablecimiento material de su
derecho subjetivo, ante situaciones como la de conservar su puntaje o cuestionar el
contenido de la convocatoria.

52. A ello se suma que explicó que la competencia del juez de tutela no se torna
preferente simplemente porque los concursos de méritos tengan plazos cortos para
su ejecución. Lo anterior implicaría que, “de admitirse que el tiempo en que se surten
las etapas de una convocatoria es una condición que limita per se la eficacia del
medio ordinario, el juez constitucional se convertiría en el juez universal de los
concursos”.

12 Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
13 Corte Constitucional, sentencia T-049 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Ibidem
15 Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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53. Asimismo, ha reconocido que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
“cuenta en la actualidad con las herramientas necesarias para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de forma igual o superior al de la acción
de tutela, por parte de los jueces especializados en los asuntos del contencioso
administrativo y también encargados de la protección de los derechos
fundamentales”16.

2.8. Caso concreto

54. En primer lugar, se advierte que los reproches del accionante van dirigidos a
atacar la decisión contenida en las Resoluciones CSJBOR21-554 20 de mayo de
2021 CSJBOR21-1556 del 22 de noviembre de 2021 y CJR21-1137 del 31 de
diciembre de 2021, proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
y la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que lo
excluyeron del concurso de méritos fijado en el Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017
destinado a la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales,
Juzgados y Centros de Servicios, de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bolívar
y San Andrés, Isla.

55. Lo anterior pues, a su juicio, dichos actos trastocaron sus derechos
fundamentales y desconocieron, no solo la jurisprudencia constitucional que se ha
pronunciado sobre el debido proceso administrativo, la buena fe y la confianza
legítima que deben existir en los concursos de méritos para la provisión de cargos,
sino también la normativa de la materia.
56. De conformidad con las anotaciones que se expondrán, la Sala de Decisión
de la Sección Quinta anticipa, que declarará la improcedencia de la acción en el
presente asunto, habida cuenta de que los cuestionamientos del señor Guillermo
José Arrázola Negrette están dirigidos a atacar las decisiones contenidas en los
actos administrativos por medio de los cuales las autoridades accionadas lo
excluyeron del mencionado concurso de méritos.

57. Si bien el tutelante llevó a cabo la interposición de los recursos
correspondientes frente a los actos que resultaron contrarios a sus intereses, lo
cierto es que, por un lado, según la Resolución CSJBOR22-14 de 17 de enero de
202217, se observa que ya existe lista de elegibles lo que imposibilita la
procedibilidad de la solicitud de amparo, y por otro, está pretendiendo controvertir
la legalidad del acto de convocatoria del concurso de méritos y sus derivados
(aquellos en que lo excluyeron de este).

58. Por tanto, el actor debe ejercer el medio de control previsto en la Ley 1437
de 201118, a saber, el de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de

16 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017.
17 “Por medio de la cual se conforma el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Profesional

Universitario de Centro u Oficina de Servicios y de Apoyo, grado 20, identificado con el código
260423, de los Distritos Judiciales de Cartagena, Bolívar y San Andrés, Isla, dentro del Concurso de
Méritos convocado mediante el Acuerdo N°CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017”. Disponible
en: https://bit.ly/3HCPHLY
18 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
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desvirtuar la legalidad de los actos administrativos acusados, actuación judicial en
el marco del cual, a efectos de evitar la consumación o agravación del daño, puede
pedir que se decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en
los artículos 229 a 241 CPACA.

59. En consecuencia, para la Sala es claro que, en el presente caso, el actor
tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial. Sin embargo, no inició la
acción correspondiente.

60. En efecto, el señor Arrázola Negrette ante la posible afectación de otros
derechos o la urgencia de su protección, puede solicitar el decreto de medidas
cautelares en el curso de la acción ordinaria, dichos medios se presentan en nuestra
legislación como eficaces e idóneos para lograr una verdadera tutela judicial,
tornando innecesaria la intervención del juez de tutela para la protección transitoria
de los derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

61. En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo
a la hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite
de un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

62. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

63. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que “conforme al carácter
residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las
acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la
acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)”19.

64. Así, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de
tutela como mecanismo transitorio, toda vez que de los documentos obrantes en el
expediente de tutela y de lo relatado por el actor, no se advierte la existencia de un
peligro de tal magnitud que afecte con inminencia y de manera grave su

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida impostergable por parte
de este juez constitucional para neutralizar dicha afectación, máxime si se tiene que
el acto definitivo es de 31 de diciembre de 2021, encontrándose en término para la
interposición de la demanda del medio de control previamente referido.

2.9. Conclusión

65. Al no haberse superado en el caso concreto el requisito de procedibilidad
referido a la subsidiariedad, no resulta viable realizar un análisis de los demás
presupuestos adjetivos, ni de los derechos del accionante en lo que involucra a los
actos administrativos que lo excluyeron de un concurso de méritos para proveer un
cargo. En atención a lo descrito, se hace necesario declarar la improcedencia de la
acción, por las razones expuestas en el presente fallo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Guillermo José Arrázola Negrette, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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