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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02431-00

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02431-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca atinente a declarar la falta de legitimación en la causa por activa del tutelante. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo elevada por el señor Carlos Ossa Barrera por no superar el requisito de la subsidiaridad. TERCERO: INDICAR a la señora Rosa Ostos de López que, frente a su requerimiento, puede presentar queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre la conducta desplegada por el señor Carlos Ossa Barrera, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 43 a 47 de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02431-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de junio de 2022

Demandante: Carlos Ossa Barrera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02431-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02431-00
Demandante: CARLOS OSSA BARRERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Improcedencia por no superarse el requisito de la
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el
señor Carlos Ossa Barrera, contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2022, Carlos Ossa Barrera,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Primera1. Lo anterior, por la presunta vulneración de sus garantías
constitucionales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.

2. En sentir de la parte actora la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la sentencia del 25 de marzo de 2022, en la que
se revocó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones propuestas
en el proceso de pérdida de investidura de radicado N.º 25000-23-15-000-2020-
02585-012, para en su lugar negarlas.

1.2. Pretensión

3. A título de amparo constitucional, solicitó lo siguiente:

1 El escrito de tutela f ue radicado a través del aplicativo de recepción de tutelas y de habeas corpus

dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura.
2 La demanda f ue promovida por el actor contra la señora Rosa Ostos de López, en calidad de

concejal del municipio de Puerto Salgar.

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Demandante: Carlos Ossa Barrera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02431-00

PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la Sentencia del 25 de marzo de 2022 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado.

TERCERA: CONFIRMAR la Sentencia del 13 de octubre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (Transcripción literal del original).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia3:

4. El ciudadano Carlos Ossa Barrera solicitó decretar la pérdida de investidura de
la concejal municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca) dentro del período
constitucional 2020-2023, señora Rosa Ostos de López. Fundamentó esta solicitud
al considerar que incurrió en violación del régimen de inhabilidades por haber sido
elegida concejal teniendo vínculo de parentesco, en primer grado de
consanguinidad, con una funcionaria que, dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección, ejerció autoridad administrativa en calidad de comisaria de familia de
ese municipio. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 55,
numeral 2, y 43, numeral 4, de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 4, este último
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 5.

5. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
de 13 de octubre de 2020, decretó la pérdida de investidura de la señora Ostos de
López. Para fundamentar la decisión indicó que se comprobó su inhabilidad por
tener vínculos de consanguinidad en primer grado con quien desempeñó en el cargo
de comisaria de familia en el mismo ente territorial durante el año anterior a la
elección.

6. Inconforme con ello, la demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 25 de marzo
de 2022. En esta providencia se revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda porque no se demostró que la hija de la concejal
demandada hubiese ejercido autoridad administrativa en los términos planteados
por el actor.

3 Los cuales se construyen a partir de lo indicado por el actor y de la sentencia de segunda instancia

en el trámite de pérdida de investidura.
4 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el f uncionamiento de los

municipios.
5 Por la cual se ref orma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a f ortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.

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1.4. Sustento de la vulneración

7. El accionante indicó que la sentencia censurada incurrió en: “i) falta de
congruencia entre lo expuesto en la parte motiva y la decisoria; y ii) falta de justicia
rogada y aplicación discriminatoria”.

8. Para sustentar estos componentes adujo que la dependencia accionada
desconoció el contenido de la demanda y adoptó su decisión sobre presupuestos
distintos a los allí planteados, careciendo de congruencia entre el desarrollo dado a
los conceptos de autoridad administrativa y de autoridad civil, lo que a su juicio
vulnera sus garantías constitucionales al debido proceso y de acceso de
administración de justicia.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Trámite de admisión

9. Mediante auto de 4 de mayo de 2022, el magistrado ponente resolvió admitir
la acción de tutela. En esta providencia se ordenó, entre otras cosas, (i) notificar a
la parte actora y (ii) al Consejo de Estado, Sección Primera, como autoridad
accionada. También se vinculó, en calidad de terceros con interés: (iii) a la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 6; (iv) a la señora Rosa Ostos de
López7; (v) a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Puerto Salgar – Cundinamarca8
y (vi) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para
los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.5.2. Intervenciones

10. Remitidos los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Rosa Ostos de López

11. Solicitó abstenerse de proferir sentencia comoquiera que el tutelante no
precisó las repercusiones en sus garantías constitucionales con ocasión a la
decisión adoptada por el Consejo de Estado en sede de la pérdida de investidura.

12. En todo caso, de manera adicional pidió que se compulse copias contra el
actor ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por cuanto, a su juicio, faltó al
deber de respeto ante las autoridades judiciales siendo prueba de ello las
expresiones desobligantes hechas dentro de la acción de tutela.

6 Juez de primera instancia dentro del proceso de pérdida de investidura aquí debatido.
7 Demandada en el mecanismo enjuiciado .
8 Entidades vinculadas como el trámite ordinario .

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1.5.2.2. Consejo de Estado, Sección Primera

13. La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia cuestionada en
esta sede procedió a realizar un recuento del marco normativo y jurisprudencial
realizado dentro de la providencia enjuiciada, y concluyó que lo pretendido por el
demandante carece de relevancia constitucional, por lo que solicitó declarar la
improcedencia de la acción.

1.5.2.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

14. El vicepresidente de la corporación indicó que el actor carece de legitimación
en la causa para interponer la acción de tutela por cuanto los derechos invocados
son distintos a los de participación política que es el que habilita el ejercicio de la
acción de pérdida de investidura.

15. Señaló que, en todo caso, el asunto no satisface la relevancia constitucional
pues no logra probar ninguna de las causales generales ni específicas para la
procedencia de la acción de tutela.

16. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Alcaldía y el
Concejo Municipal de Puerto Salgar – Cundinamarca, pese a haber sido
notificados en debida forma de la existencia de este proceso, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Carlos Ossa Barrera contra el Consejo de Estado, Sección Primera. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20199 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

18. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

9 Reglamento interno de la Corporación.

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19. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 10, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tu tela los defensores
del pueblo y los personeros municipales 11.

20. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 12, la Sala advierte que el
señor Carlos Ossa Barrera es el titular de los derechos fundamentales que reclama,
en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de pérdida de investidura
en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

21. En consecuencia, y distinto a lo indicado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados. Por ello,
denegará la solicitud de dicha autoridad judicial.

22. Finalmente, huelga decir que la demanda se dirigió contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, entidad que profirió la providencia objeto de censura,
razón por la cual, se encuentra legitimada por pasiva.

2.3. Problemas jurídicos

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?
24. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
invocados, por presuntamente incurrir en una decisión sin motivación al
proferir la sentencia del 25 de marzo de 2022, mediante la cual revocó la
emanada por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

10 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
12 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.

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para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda dentro de un
proceso de pérdida de investidura?
25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad y
de superarse lo anterior y; iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 13. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema14. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales15.

27. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 16. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia 17 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial 18.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del f allo d e la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conf ormidad con lo expresado a f olios 2 a 50 de esta providencia”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unif icación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de def ensa judicial al alcance de la persona
af ectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusf undamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un ef ecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que af ecta los derechos f undamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identif ique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
18 Los ocho def ectos materiales son los siguientes: i) Def ecto orgánico, que se presenta cuando el

f uncionario judicial que prof irió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Def ecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Def ecto f áctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Def ecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los f undamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal f ue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que af ecta derechos
f undamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales

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28. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

29. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

30. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial

2.5.1. Tutela contra decisión de tutela

31. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad. En efecto, no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial controvertida fue proferida en el trámite de
una pérdida de investidura que promovió el señor Carlos Ossa Barrera contra la
señora Rosa Ostos de López.

de dar cuenta de los f undamentos f ácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita f uncional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho f undamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la ef icacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho f undamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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2.5.2. Inmediatez

32. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia de 25 de marzo de 2022. En
consecuencia, la Sala evidencia que la acción de tutela contra providencia judicial
radicada el 25 de abril de 2022, se presentó dentro de un término razonable aún sin
contarlo desde la ejecutoria de la providencia mencionada.

33. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 19,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de
200520, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.5.3. Subsidiaridad21

34. El accionante considera que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado vulneró sus derechos invocados, por
presuntamente incurrir en falta de congruencia al proferir la sentencia del 25 de
marzo de 2022, mediante la cual revocó la emanada de la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que había declarado la pérdida de investidura de
la señora Rosa Ostos López, para en su lugar, negar lo pretendido en la demanda.

35. Sea lo primero advertir que, en relación con la subsidiariedad, se encuentra
que contra la referida decisión no proceden recursos ordinarios y tampoco cuenta
con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia conforme al artículo
258 de la Ley 1437 de 2011.

36. Sin embargo, respecto del defecto que la parte actora denominó “falta de
congruencia entre lo expuesto en la parte motivada y la decisoria [y] falta de justicia
rogada y aplicación discriminatoria”, se advierte que procede el recurso
extraordinario de revisión, lo que conlleva a que deba declararse la improcedencia
de la solicitud de tutela, por los siguientes motivos:

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda mes es o aún años después de prof erida la decisión,
se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conf lictos.
21 En un caso con similitud f áctica al aquí planteado, la Sala emitió sentencia el 10 de marzo de 2022,

M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado N.º 11001-03-15-000-2021-11334-00.

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37. La parte demandante sostuvo que, en la providencia acusada, la
dependencia accionada desconoció el contenido de la demanda y adoptó su
decisión sobre presupuestos distintos a los allí planteados, careciendo de
congruencia entre el desarrollo dado a los conceptos de autoridad administrativa y
de autoridad civil, lo que a su juicio trasgrede sus garantías constitucionales al
debido proceso y de acceso de administración de justicia.

38. Asimismo, refirió que la afectación no se basa en un defecto “nacido dentro
del rito procesal, se debe tener en cuenta las sendas incongruencias entre la parte
motivadora y decisoria, la falta absoluta ya casi prescrita del principio de justicia
rogada, el no estar acorde la sentencia con los cargos formulados y la carencia de
aplicación genuina del principio de congruencia”.

39. De lo anterior, se evidencia que el tutelante fundamentó sus cargos por la
falta de congruencia entre los argumentos esbozados en la providencia reprochada
y los señalamientos fijados en la demanda. Por tanto, comoquiera que lo pretendido
en sede constitucional se dirige a cuestionar la decisión que a juicio de la
demandante carece de congruencia y de motivación, se configura la causal
consagrada en el numeral 5° del artículo 250 de Ley 1437 de 2011, es decir,
“…existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación ”.

40. En lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión cuando
se alega una incongruencia existe una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, el reiterado derrotero
jurisprudencial22 ha sido claro en establecer que pueden existir otros motivos no
contemplados en los estatutos procesales como causales de nulidad 23, como es el

22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia del 2 de f ebrero de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00. Citada en
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.
23 En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la

sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, en
sentencia del 2 de f ebrero de 2016 señaló: En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte,
conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se pued e
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a
los cuales no se podía pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este principio y la
violación del derecho al debido proceso ha considerado que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ‘en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que
en él se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de
congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de
congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente

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caso de la violación al debido proceso constitucional en la sentencia, contemplado
en el artículo 29 de la Constitución Política.

41. A su vez, esta Corporación ha considerado que también resulta procedente
el mentado recurso extraordinario al: “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al
proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio
in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso”24. (Se
resalta)

42. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela por no
superar el requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, ya que el
accionante aun cuenta con el recurso extraordinario de revisión para proponer sus
reparos, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado, en su calidad de
juez constitucional, no puede pronunciarse de fondo frente a los mismos.

43. Finalmente, la Sala ve la necesidad de manifestarse en relación con la
solicitud de la señora Rosa Ostos de López atinente a que se compulsara copias al
actor ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión del lenguaje
desobligante empleado en la petición de amparo.

44. Al respecto, esta Magistratura observa que, en efecto, el señor Carlos Ossa
Barrera realizó aseveraciones tales como:

• “es burdo y grotesco el hecho en el que [la accionada] decide negar las
pretensiones”;
• “la sección primera toma los argumentos a conveniencia exclusiva de la
demandada”;
• “[La Sección Primera del Consejo de Estado], tien[e] el descaro de decir que
no se enrostró el tipo de autoridad que detentaba, o sobre que versaba esta,
simple y llanamente no tiene presentación”.
• “Con el mayor y absoluto descaro la Sección Primera citó el precedente del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
(…)”.

para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina de
la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un element o
de validez de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada
en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia externa o interna
pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal
magnitud que no exista remedio distinto a su nulidad”. Sentencia del 2 de f ebrero de 2016. Rad.
11001-03-15-000-2015-02342-00
24 Cita tomada de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia del 14 de mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.

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• “[A]hí estaba la congruencia el hecho de fallar en contra con la módica excusa
que “dijo autoridad administrativa y no civil” es una burla a la justicia”.
• “De manera jocosa la Sección Primera de esta corporación advierte que el
Concepto del ICBF no es aplicable”.

45. Sobre el particular se evidencia que el señor Ossa Barrera es un abogado
titulado con tarjeta profesional vigente como se observa25:

46. De esta manera, con fundamento en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007
(Código Disciplinario del Abogado – CDA)26, puede ser un sujeto disciplinable ante
la eventual configuración de alguna de las circunstancias contenidas en la mentada
norma.

47. Ahora, el artículo 28.7 de CDA 27 refiere la necesidad que tienen los
abogados de respetar, entre otros, a los servidores públicos, colaboradores y

25 Consulta realizada el 26 de mayo de 2022 en la página del Consejo Superior de la Judicatura
dispuesta para tal f in: https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certif icado.aspx
26 ARTÍCULO 19. DESTINATARIOS. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de

su prof esión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o
jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento
de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la prof esión y
quienes actúen con licencia provisio nal.
Se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen f unciones públicas
relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados
que en representación de una f irma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de
servicios prof esionales a cualquier título.
27 ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:7.

Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores
públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos de su prof esión

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auxiliares de la justicia. En ese orden, dado que la señora Ostos de López reprocha
el lenguaje empleado por el tutelante con relación a la autoridad accionada, esta
Sala indica que, atendiendo los lineamientos fijados en el artículo 67 de la Ley 1123
de 200728, la referida ciudadana puede presentar queja ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial en atención a la conducta desplegada por el tutelante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
atinente a declarar la falta de legitimación en la causa por activa del tutelante.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo elevada por el
señor Carlos Ossa Barrera por no superar el requisito de la subsidiaridad.

TERCERO: INDICAR a la señora Rosa Ostos de López que, frente a su
requerimiento, puede presentar queja ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial sobre la conducta desplegada por el señor Carlos Ossa Barrera, de
conformidad con lo expuesto en los párrafos 43 a 47 de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión f ue generada con f irma electrónica, la cual tiene plena validez y ef ectos jurídicos,
conf orme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

28 ARTÍCULO 67. FORMAS DE INICIAR LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria se podrá iniciar

de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también
mediante queja presentada por cualquier persona. No procederá en caso de anónimos, salvo cuando estos
suministren datos o medios de prueba que permitan encausar la investigación y cumplan con los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

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