Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03398-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03398-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03398-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03398-00
Demandante: LUZ ENEIDA VIVEROS QUIÑÓNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Luz Eneida Viveros Quiñónez, por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con los principios de
seguridad jurídica y de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 2 de
octubre de 2025.
Lo anterior, por cuanto se confirmó la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó el reconocimiento de la pensión
por aportes reclamada por la actora, pero condicionó su disfrute al retiro del
servicio por considerarse que no es compatible el goce de tal prestación con el
salario. Esto, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-23-33-000-2019-00637-00/01, promovido contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante Fomag).
1 Mediante escrito radicado el 4 de mayo de 2026.
1
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Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñónez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03398-00
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora elevó las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, en sentencia dictada el 2 de octubre de 2025 dentro del
proceso identificado con cédula de ciudadanía No. 76001-23-33-000-2019-00637-
01 (1081-2023), transgredió los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA de la señora LUZ ENEIDA VIVEROS QUIÑONEZ, toda vez que
incurrió en los defectos de falta de motivación y, sustantivo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con
fundamento en la normatividad aplicable al caso concreto atendiendo el
precedente vigente.2
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención de los siguientes supuestos fácticos:
La señora Viveros Quiñónez relató que se ha desempeñado como docente y, al
cumplir los requisitos previstos en la Ley 71 de 19883 para ser beneficiaria de la
pensión por aportes, solicitó el reconocimiento de dicha prestación ante el
Ministerio de Educación Nacional - Fomag, petición que fue negada mediante el
Oficio 4143.020.13.1.953.005261 del 28 de junio de 2019.
Indicó que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, en el que
controvirtió la legalidad del referido acto, cuyo conocimiento le correspondió al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en providencia de 23 de junio
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Precisó que dicha autoridad judicial concluyó que la demandante tenía más de
55 años y acumuló más de 20 años de cotización en los sectores público y
privado, de modo que cumplía los requisitos para acceder a la pensión
reclamada, la cual podrá disfrutar una vez acredite su retiro del servicio.
Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con el
propósito de que se revocara la exigencia de su desvinculación para el pago de
la prestación pensional, pues el ejercicio de la docencia oficial se encuentra
excluido de la prohibición de devengar salario y pensión de jubilación, según lo
establece el artículo 5° de la Ley 224 de 19724.
Explicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A confirmó el
fallo del a quo mediante sentencia de 2 de octubre de 20255, pues aun cuando
2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
3
«Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».
4
«Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
5
Notificada mediante correo electrónico enviado el 30 de octubre de 2025.
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Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñónez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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advirtió que este aplicó de manera incorrecta el régimen pensional solicitado6,
no podía modificar este aspecto para garantizar el principio de non reformatio in
pejus –dado que la actora fue apelante única– y, comoquiera que la apelación
giró en torno a un derecho que no tenía respaldo en los hechos probados,
consideró que no era dable pronunciarse respecto de la compatibilidad de una
prestación contraria a la Ley 812 de 20037.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la accionante, en la providencia controvertida se configuró un defecto
sustantivo debido a que la subsección accionada omitió referirse a las normas
aplicables al caso para dirimir el problema jurídico relativo a la simultaneidad
entre la pensión y el salario docente, razón por la que trajo a colación los
fundamentos jurídicos que respaldaban la viabilidad de lo pretendido.
Igualmente, señaló que la decisión debatida carece de motivación por cuanto la
autoridad judicial cuestionada eludió pronunciarse de manera concreta sobre el
asunto exclusivo que motivó la apelación, relativo a la compatibilidad entre el
salario y la pensión, sino que incorporó consideraciones ajenas a la resolución
del recurso.
Así que la decisión de confirmar el fallo recurrido no tuvo una fundamentación
que explicara, desde el marco normativo aplicable, las razones que justificaban
la negativa frente a su pretensión, lo que impedía verificar si estaba acorde con
el ordenamiento jurídico y la convertía en una sentencia incompatible con las
exigencias propias de la función judicial.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
La magistrada Gloria María Gómez Montoya y el magistrado ponente de esta
providencia manifestaron su impedimento para conocer del asunto de la
referencia, los cuales fueron declarados infundados por los demás integrantes
de la Sección Quinta del Consejo de Estado con auto del 28 de mayo de 2026,
al no encontrar acreditadas las causales invocadas.
Luego, con auto de 11 de junio del año en curso, se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar esta decisión a la demandante y como demandados a los
magistrados de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
Además, se vinculó a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al ministro de Educación Nacional, al gerente general del Fomag y al
representante legal de la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros con interés
en las resultas del presente trámite.
6
Al respecto, se indicó que la actora ingresó por primera vez a la docencia oficial el 15 de
diciembre de 2008, así que el régimen aplicable a su caso era el previsto en la Ley 100 de 1993
y no el contemplado en la Ley 71 de 1988.
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«Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario».
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Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado ponente de la sentencia cuestionada se opuso al amparo
solicitado, pues aunque confirmó el fallo de primera instancia, advirtió que el
tribunal incurrió en un error al fundamentar el reconocimiento pensional en la
Ley 71 de 1988 únicamente por la existencia de cotizaciones al sector privado,
el cual no podía ser corregido en segunda instancia, dado que la señora Viveros
Quiñónez actuaba como apelante única.
Además, en criterio de la subsección, cuando la vinculación al servicio docente
es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no es posible
predicar la compatibilidad entre salario y pensión, pues estos servidores se
encuentran sometidos al Sistema General de Seguridad Social, sin excepción
alguna.
1.5.2. Ministerio de Educación Nacional
En el memorial allegado se pidió la desvinculación de la cartera ministerial al
presente asunto, al considerar que carece de legitimación por pasiva, pues los
reproches formulados en la acción de tutela se dirigen exclusivamente contra la
decisión proferida por una autoridad judicial, sin que dicha entidad tenga
injerencia alguna en los hechos cuestionados.
1.5.3. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente comunicados de
la existencia del trámite de la referencia, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199.
2.2. Cuestión previa
El Ministerio de Educación Nacional requirió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, esta petición será denegada
por cuanto su vinculación obedeció al posible interés que le asiste, debido a que
integró la parte demandada en el proceso dentro del cual se profirió la decisión
cuestionada, así que su comparecencia resultaba necesaria para garantizar su
derecho de defensa y contradicción dado que podría verse afectada con la
decisión que se adopte en este caso.
8
Mediante oficios enviados el 16 de junio de 2026.
9
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, junto con los principios de
seguridad jurídica y de favorabilidad de la señora Viveros Quiñónez, por
presuntamente incurrir en defecto sustantivo y decisión sin motivación en la
sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-23-33-000-2019-00637-01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad,
se abordará, ii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
10
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
Enfatizó que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
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justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el presente caso, la actora controvierte la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó la
decisión que ordenó el reconocimiento de la pensión por aportes solicitada y
determinó que su disfrute quedaba condicionado al retiro del servicio docente, al
no ser compatible percibir simultáneamente dicha prestación y el salario.
Para la accionante, la providencia en cuestión incurrió en defecto sustantivo
por cuanto la autoridad judicial accionada prescindió del estudio de las normas
que regulan la compatibilidad entre la pensión y el salario de los educadores.
Así que, ante dicha omisión, hizo referencia a los fundamentos jurídicos que
demostraban la viabilidad de su pretensión.
En este contexto, la sala advierte que la demandante no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para superar este requisito en lo concerniente a este
yerro invocado, toda vez que su reparo está dirigido a que se modifique el
raciocinio de la subsección accionada tras no estar de acuerdo con lo decidido,
sin sugerir alguna discusión que a primera vista justifique razonablemente una
afectación desmedida de sus derechos fundamentales, en particular, al debido
proceso11 y de acceso a la administración de justicia.
Nótese que lo pretendido por la actora al plantear la configuración de este cargo
es convertir la tutela en una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fomag para reabrir el debate que versa sobre una
cuestión de interpretación meramente legal, pese a que en la providencia objeto
de reparo se expusieron las consideraciones que sirvieron de fundamento para
concluir por qué se confirmaba la decisión recurrida, así:
(...) el reconocimiento pensional según lo previsto en la última norma mencionada
no se ajusta a lo probado en el proceso, esto al observar que, según el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral n.° 17526 expedido el
15 de mayo de 2019, y tal y como lo sostuvo el tribunal de origen y la misma
demandante, su primera fecha de ingreso a la docencia oficial fue el 15 de
diciembre de 200812.
Al respecto, se precisa que, si bien los periodos de servicio cotizados al ISS y a
otras entidades de previsión pueden ser acumulados según lo dispone el artículo
7.º la Ley 71 de 1988, lo cierto es que, en el caso en concreto, dichos aportes no
tienen ninguna incidencia en la fecha de vinculación inicial con la que debe
determinarse el régimen pensional aplicable, pues claramente esta labor no fue
ejercida como docente oficial, por tanto, según el extracto jurisprudencial
11
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 definió el núcleo esencial de este
derecho como el de: «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas,
mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención
de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta
garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para
ser oído y pretender una decisión favorable”».
12
«Página 17, recurso de apelación».
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transcrito, tampoco puede ser comparada frente a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
Ahora, pese a la indebida aplicación del régimen pensional, tal determinación no
será objeto de ajuste en este caso, pues esta instancia se habilitó con motivo de
la impugnación de la apelante única, que en este caso es la demandante, quien
formuló argumentos frente a la decisión de prohibir la percepción simultánea de
salario y pensión de jubilación, sin mencionar fundamento alguno acerca de la
configuración de la aplicación del régimen establecido; más aún cuando cualquier
disposición sobre el particular agravaría las condiciones ya definidas en su contra,
vulnerándose el principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328
del CGP.
Pues bien, en relación con el motivo de inconformidad expuesto, la Sala observa
que el mismo parte del reconocimiento de un derecho que no se corresponde al
supuesto fáctico demostrado en el proceso. En esa medida, no resulta procedente
pronunciarse sobre la compatibilidad de una prestación cuya configuración es
contraria a lo determinado por la Ley 812 de 2003; por lo cual la decisión
adoptada en primera instancia en este aspecto será confirmada.
De modo que lo pretendido por la actora es convertir este mecanismo
constitucional en una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho para reabrir el debate abordado por el juez natural
en torno a si es posible que un docente perciba la pensión y el salario al mismo
tiempo.
Cabe resaltar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte
Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
Esto quiere decir que la problemática sugerida por la actora no podía limitarse a
la inconformidad que tiene con el raciocinio que sustentó la providencia de la
subsección accionada ni a la reiteración del marco jurídico que, a su juicio,
respaldaba la prosperidad de su pretensión, pues era necesario que se
sugirieran planteamientos que denotaran la existencia de una transgresión
desmedida a una garantía constitucional producto de una actuación arbitraria de
la corporación enjuiciada.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, especialmente si se tiene en cuenta que los jueces están
amparados por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada.
Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional en lo que atañe al defecto
sustantivo, toda vez que la actora no propuso algún cuestionamiento que
permita evidenciar, a priori, que su caso amerita algún pronunciamiento
adicional y que tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución o determinar el alcance de algún derecho fundamental.
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2.4.2. Ahora bien, la accionante señaló que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A profirió una decisión sin motivación, dado que no se
realizó un pronunciamiento específico sobre el único cuestionamiento expuesto
en la apelación, sino que se realizaron consideraciones ajenas al recurso.
Sin embargo, la actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto
en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) para que se aborde el
planteamiento relativo a la carencia de motivación en la que presuntamente
incurrió la autoridad judicial accionada, pues al margen de la razonabilidad de lo
argumentado, mediante esta acción constitucional no es posible determinar si la
providencia bajo cuestionamiento adolece de fundamento.
Ello es así, por cuanto la Sala Veintidós Especial de Revisión del Consejo de
Estado13 fijó la postura consistente en que la falta de motivación de una
providencia origina la vulneración del derecho al debido proceso, lo que da lugar
a la nulidad originada en la sentencia, que se encuentra establecida como una
de las causales que hacen procedente tal recurso, al tenor de lo previsto en el
numeral 5º del artículo 250 ibídem.
Igualmente, esta sección14 refirió que resulta procedente el recurso
extraordinario antes mencionado al: «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al
proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio
in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o
(iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso».
En este orden de ideas, la sala advierte que en lo referente a este cargo la tutela
no cumple el requisito de subsidiariedad, según el cual «[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.15
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
13
Providencia de 2 de febrero de 2016. rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (RER).
14
Criterio reiterado, entre otras, en las sentencias de 2 de junio de 2022, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-2022-02431-00, 14 de marzo de 2024, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-00716-00 y 30 de enero de 2025, M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-06834-00.
15
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante».
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Demandante: Luz Eneida Viveros Quiñónez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03398-00
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En ese sentido, la acción de tutela de la referencia también se torna
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
actora tiene a su alcance otro medio de defensa para obtener la protección de
sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A al dictar una decisión sin motivación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional.
SEGUNDO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Luz Eneida Viveros Quiñónez.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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