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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06834-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06834-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Desvincúlase a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA de la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Diego Rojas Girón. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06834-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

30 de enero de 2025

Demandante: Diego Rojas Girón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06834-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06834-00
Demandante: DIEGO ROJAS GIRÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Diego Rojas Girón, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Primera, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la «doble
instancia» y a los «derechos políticos, en conexidad con la dignidad humana»,
con ocasión de la sentencia de 31 de octubre de 2024.

Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial en mención negó las pretensiones
de la demanda que promovió contra la Procuraduría General de la Nación, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-24-000-2016-00414-00, aunado a que lo condenó al pago
de costas en la modalidad de agencias en derecho.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1. Amparar los derechos FUNDAMENTALES VIOLADOS:
• Derecho a la igualdad (Artículo 13 CP/91)
• Derecho al debido proceso (Artículo 29 CP/91)
• Derecho a doble instancia (Artículo 31 CP/91)

1
Con escrito radicado el 11 de diciembre de 2024.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Diego Rojas Girón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06834-00

• Derechos políticos (Artículo 40 CP/91), en conexidad con la dignidad humana

2. Dejar sin efectos la sentencia Radicación: 11001 03 24 000 2016 00414 00
proferida: Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) por el CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO-SECCIÓN PRIMERA, Consejero Ponente: OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ. Consejeros de Sala: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN y
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El accionante relató que mediante sentencia de 7 de julio de 2008 la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo declaró responsable del
delito de prevaricato por acción agravado y lo condenó a 59 meses de prisión,
una multa de 104,16 smlmv3 para el año 2003 e inhabilidad para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por 77 meses.

Indicó que el 28 de enero de 2015 el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá4 declaró la extinción de la
pena privativa de la libertad, así como de la interdicción de derechos y
funciones públicas debido a que cumplió con los 77 meses, por lo que operó
su «rehabilitación».

Puso de presente que el 13 de mayo siguiente solicitó a la Procuraduría
General de la Nación eliminar el registro de la inhabilidad prevista en el
numeral 1º del artículo 385 de la Ley 734 de 20026 para desempeñar cargos
públicos en su certificado de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, no se
accedió a su requerimiento por medio de la Resolución 021 de 5 de agosto de
2015 expedida por la viceprocuradora general de la Nación.

Señaló que en contra de dicha decisión interpuso el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación. No obstante, en la Resolución 041 de 5 de octubre de
2015 no se repuso el mencionado acto y en la Resolución de 26 de noviembre
del mismo año se confirmó la negativa a su solicitud.

Narró que el 13 de noviembre de 2015 y el 3 de enero de 2016 se expidieron
certificados de antecedentes disciplinarios en los cuales se informaba que no
tenía ninguna inhabilidad vigente. A pesar de lo anterior, el 8 de marzo de
2016 se emitió otro documento en el que aparecía la sanción que le fue
impuesta.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4
Proceso que se identificó con el radicado 11001-02-04-000-2005-23933-00.
5
«ARTÍCULO 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar
cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 1. Además de la descrita en el
inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa
de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo
que se trate de delito político.»
6
Código Disciplinario Unico. Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.

2

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Demandante: Diego Rojas Girón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06834-00

Expuso que el 5 de julio de 2016 promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación para
controvertir la legalidad de los actos administrativos antes mencionados,
asunto que fue resuelto en única instancia por el Consejo de Estado, Sección
Primera en la sentencia de 31 de octubre de 2024.

Precisó que en esa providencia se negaron las súplicas de la demanda, con
respaldo en que i) el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución no aplica para
su caso, ii) el registro de la inhabilidad se hizo en atención a la condena
impuesta por el juez penal y iii) los certificados que no registraron la inhabilidad
no tenían incidencia, por cuanto no se originaron con ocasión de la actuación
allí demandada.

Además, explicó que fue condenado a pagar por concepto de costas, en la
modalidad de agencias en derecho, la suma equivalente a un smlmv7 a favor
de la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que la entidad
actuó por conducto de un apoderado debidamente constituido, según lo
previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso.8

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del señor Rojas Girón, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo al no aplicar el inciso 59 del artículo 122 de la Constitución
para resolver su caso. Al respecto, indicó que en el artículo 38 de la Ley 734 de
2002 se estableció una inhabilidad de 10 años, pero con las reformas
constitucionales de 2004 y 2009 este tipo de sanción pasó a ser perpetua.

Sin embargo, explicó que no era dable considerar que la inhabilidad de 10 años
que le fue impuesta para ejercer cargos públicos es de tal naturaleza,
comoquiera que esto aplica solo cuando se ocasiona un daño al patrimonio del
Estado, lo que no fue señalado en la sentencia que lo condenó penalmente.

Refirió que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico, por cuanto la
Sección Primera del Consejo de Estado prescindió del hecho relativo a que
transcurrieron los 77 meses de inhabilidad que le atribuyó la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, así como que en dos certificados de antecedentes
disciplinarios se indicó que no se registraba alguna sanción en su contra.

De modo que, era viable acceder a su solicitud de cancelación del registro de
la inhabilidad, en la medida que se cumplió el término establecido por el juez

7
Salario mínimo legal mensual vigente.
8
«8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.»
9
«(...) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos,
ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan
sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior.»

3

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penal. No obstante, la Procuraduría General de la Nación por iniciativa propia
determinó la continuidad de la inhabilitación.

Además, consideró que la decisión debatida carece de motivación por cuanto
solo tuvo sustento en lo argumentado por la Procuraduría General de la
Nación, «(...) sin una exégesis profunda de porqué impera una ley sobre una
norma constitucional- no hubo una base probatoria invocada», pese a que el
juez natural debe tener un papel activo «(...) en la búsqueda de la genuina
realización de los valores del derecho en especial la justicia, la seguridad
jurídica, la equidad.»

De otro lado, el accionante controvirtió la decisión de condenarlo en costas
pues la persona que respondió la demanda en representación de la
Procuraduría General de la Nación laboraba como asesora en esa entidad,
mas no como abogada contratista, aunado a que no actuó de forma temeraria,
sino que pretendía «no ser doblemente sancionado con certificaciones incluso
a favor provenientes de la misma procuraduría que no obstante luego
desconoció.»

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 16 de diciembre de 2024, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados
que integran la Sección Primera del Consejo de Estado. Además, se vinculó a
la Procuraduría General de la Nación y a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA10, en calidad de terceros con interés en las resultas del
presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones11, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Procuraduría General de la Nación

El apoderado de la entidad intervino con memorial radicado el 19 de diciembre
de 2024, en el cual se opuso al amparo deprecado por el accionante, pues en
su sentir, la judicatura accionada estudió de forma integral los argumentos
plasmados en la demanda, a partir de los cuales evidenció que no se configuró
la irregularidad invocada por el señor Rojas Girón.

Agregó que la presente acción resulta a todas luces improcedente, comoquiera
que lo pretendido por el actor se encuentra única y exclusivamente dirigido a
generar una tercera instancia judicial dentro de la problemática tratada en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo fallo se profirió con
apego de las normas que regulan la temática objeto de debate.

10
Esto, en atención a que dicha entidad fue vinculada al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho objeto de la presente acción de tutela, mediante auto admisorio de 12 de diciembre
de 2016 proferido por el magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado a cargo del
asunto.
11
Mediante oficios enviados el 18 de diciembre de 2024.

4

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1.5.2. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

Se pronunció el 14 de enero del año en curso por intermedio de apoderado
judicial, quien solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la entidad, pues la controversia planteada por el tutelante no tiene alguna
relación con las funciones atribuidas a esa autoridad ambiental, aunado a que
no se expuso algún reproche en su contra, dado que la presunta transgresión
de los derechos alegada se deriva de la sentencia proferida en el medio de
control promovido por el señor Rojas Girón.

1.5.3. Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe el 14 de enero
del presente año, por medio del cual solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por carecer de relevancia constitucional, toda vez que la discusión
concerniente a la condena en costas es de aquellas consideradas como de
naturaleza meramente legal y económica.

Igualmente, puntualizó que este mecanismo se está utilizando como una
instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para
reabrir el debate zanjado en el fallo censurado, pues las inconformidades
expuestas por el actor están encaminadas a controvertir la valoración del
acervo probatorio y la interpretación que se hizo en torno a las normas
aplicables al litigio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 201512, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA solicitó que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, cabe aclarar que su
vinculación se realizó en calidad de tercero y no como la autoridad contra la
cual se dirijan los reproches expuestos por la parte actora.

Sin embargo, al revisar el expediente del proceso objeto de controversia se
constató que, si bien dicha entidad fue vinculada al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Rojas Girón en el auto
admisorio de la demanda, lo cierto es que en la audiencia inicial se declaró su
falta de legitimación en la causa por pasiva.

La anterior decisión obedeció a que el magistrado a cargo de la litis advirtió que
«(...) se incurrió en un yerro en el auto admisorio de la demanda que ordenó su

12
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

5

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notificación a la ANLA, pues (...) dicho ente nada tiene que ver con lo que se
pretende en este proceso (...)».13

En tales condiciones, no se observa que a la autoridad ambiental le asista un
posible interés en las resultas del presente asunto, por lo tanto, se desvinculará
de la acción de tutela de la referencia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos fundamentales
invocados por el señor Rojas Girón, por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico y decisión sin motivación planteados, así como por
condenarlo en costas en la modalidad de agencias en derecho.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201214, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un

13
Según la información visible en el índice 10 de SAMAI.
14
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

6

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mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las

7

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competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben
tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

El señor Rojas Girón controvierte la providencia de 31 de octubre de 2024
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera i) negó las
pretensiones de la demanda que promovió contra los actos en los que la
Procuraduría General de la Nación no accedió a cancelar el registro de la
inhabilidad que se le impuso para ejercer cargos públicos y ii) lo condenó al
pago de costas en la modalidad de agencias en derecho.

En su sentir, la sentencia en cuestión adolece de defecto sustantivo debido a
que no se aplicó el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución para resolver su
caso. Sobre este punto, el actor afirmó que en el numeral 1º del artículo 38 de
la Ley 734 de 2002 se estableció una inhabilidad de 10 años, pero con las
reformas constitucionales de 2004 y 2009 este tipo de sanción pasó a ser
perpetua.

Por esto, el actor estimó que la sanción de 10 años que le fue impuesta ya no
era aplicable, pues fue reemplazada por una inhabilidad constante con el inciso
5º del artículo 122 de la Constitución, la cual está condicionada a que se
origine un daño al patrimonio del Estado, lo que no indicó en el fallo que lo
condenó penalmente.

Además, hizo referencia a que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico al no tener en cuenta que transcurrieron los 77 meses de inhabilidad
que le adjudicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como que en
dos certificados de antecedentes disciplinarios se refirió que no se registraba
alguna sanción en su contra, por lo que era viable acceder a su solicitud para
que se eliminara el registro en el sistema.

De entrada la Sala advierte que no se cumple el requisito de procedibilidad
bajo análisis en lo concerniente a tales cargos, pues con los argumentos
expuestos en el escrito de la tutela no se observa a primera vista alguna
actuación arbitraria de la sección enjuiciada que posiblemente atente contra las
garantías iusfundamentales del actor, sino las inconformidades que tiene
respecto del estudio abordado en su caso.

Esto es así, por cuanto el debate propuesto en el defecto sustantivo versa
sobre una cuestión de interpretación meramente legal y los reproches del
accionante están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación

8

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enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna
discusión que justifique razonablemente una afectación desproporcionada de
sus derechos invocados, entre estos, el del debido proceso. 15

En el presente caso, el actor se limitó a reiterar las consideraciones que expuso
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las
cuales la colegiatura accionada se pronunció, aunque no fuera en el sentido
que él esperaba, pues concluyó que el inciso 5º del artículo 122 de la
Constitución no regulaba el asunto sometido a su consideración.

La razón de dicha decisión se justificó en que la inhabilidad del numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 200216 se configura cuando un ciudadano es
condenado a pena privativa de la libertad mayor a 4 años por delito doloso,
salvo que se trate de uno político, mientras que la contenida en el inciso 5º del
artículo 12217 de la Constitución se origina por la comisión, entre otros, de
delitos que afectan el patrimonio del Estado. Desde esta óptica, la sección
accionada dedujo:

Bajo los presupuestos indicados, se observa que las reformas constitucionales
de los años 2004 y 2009 no derogaron tácitamente lo previsto en el numeral 1
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002; ello, pues se trata de presupuestos
normativos claramente diferenciables, como quiera que el de la Constitución
Política siempre ha hecho referencia a delitos específicos que no descartan
otros, precisamente los que prevé la Ley.

Por consiguiente, no le asiste razón a la parte actora cuando argumenta que el
asunto está regulado por el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política y,
por lo tanto, se descarta que los actos acusados se hayan proferido con
vulneración de dicha disposición.

Entonces, lo argumentado por el tutelante en esta oportunidad está dirigido a
que se varíe la interpretación legal realizada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sin que lo pretendido sea trascendente para la
aplicación de la Constitución o la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales invocados.

15
Al respecto, en la sentencia SU-215 de junio de 2022 la Corte Constitucional señaló que el
núcleo esencial de este derecho radica en «(...) hacer valer ante los jueces derechos e
intereses de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una
respuesta fundada en derecho”[121]. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a
la justicia no se traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.»
16
Código Disciplinario Unico. «ARTÍCULO 38. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen
inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las
siguientes: 1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución
Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito
doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político (...).»
17
«(...) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o
por narcotráfico en Colombia o en el exterior.»

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En criterio de la Sala, el defecto fáctico invocado también carece de
relevancia constitucional, dado que el actor pretende reabrir el debate zanjado
por la autoridad judicial demandada en lo que atañe a la valoración de los
hechos de la demanda y los certificados de antecedentes disciplinarios
referenciados, sin que puntualizara por qué las consideraciones realizadas al
respecto se alejaron de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica.

Justamente en la providencia de 31 de octubre de 2024 se puso de presente
que la Procuraduría General de la Nación registró en el certificado de
antecedentes del señor Rojas Girón la inhabilidad prevista en el numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 como consecuencia de la condena impuesta
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de
prevaricato por acción agravado.

Además, la judicatura accionada explicó que las constancias en las que se
indicó que el actor no tenía vigente alguna inhabilidad no tenían incidencia en
el caso particular, pues lo que se pretendía era la nulidad de los actos que
negaron la cancelación del registro de dicha sanción, los cuales se expidieron
en atención a la petición elevada por el señor Rojas Girón, análisis que se
realizó en los siguientes términos:

(...) (i) [L]os certificados que no registraron la inhabilidad no están relacionados
con el trámite administrativo que culminó con los actos aquí acusados, sino que
aquel tiene que ver con el certificado que sí registró la inhabilidad de manera
anterior y por el cual el actor elevó la solicitud de cancelación; (ii) la parte actora
dentro de la actuación administrativa que aquí se examina no alegó que se
habían proferido los mencionados certificados, lo que evidencia que los
certificados que no registraron la inhabilidad no hicieron parte del debate en el
que se profirieron los actos atacados, y, (iii) por último, el debido proceso se
predica y se examina respecto de la actuación administrativa en la que se
profirieron los actos censurados; entonces, si la expedición de los certificados
que no registraron la inhabilidad no se discutieron ni tuvieron lugar con ocasión
de la actuación acá demandada, dicha circunstancia no tiene ninguna incidencia
frente al debido proceso que había que garantizar para adelantar aquella
actuación administrativa.

Esto quiere decir que los planteamientos del accionante no podían limitarse a
la discrepancia de criterios con la decisión controvertida e insistir en la
viabilidad de eliminar en el sistema el registro de la inhabilidad, sino que era
necesario que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria de la sección atacada.

Lo anterior es de especial importancia debido a que la intervención del juez
constitucional no puede implicar la realización de un nuevo estudio de los
fundamentos jurídicos que respaldaron las decisiones proferidas por otra
autoridad, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados por
los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional explicó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende

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la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales»
y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para
debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

Ahora bien, el actor controvirtió la condena en costas en la modalidad de
agencias en derecho que se le impuso en la providencia de 31 de octubre de
2024, con sustento en que no fue una decisión acertada en la medida que la
persona que respondió la demanda en representación de la Procuraduría
General de la Nación laboraba como asesora en esa entidad, aunado a que su
actuar no fue temerario.

No obstante, la presente acción también se torna improcedente respecto a este
cargo, debido a que lo señalado por el señor Rojas Girón se limita
exclusivamente a la posibilidad de imponerle dicha sanción, es decir, a una
cuestión meramente legal y de carácter patrimonial, así que la situación
descrita es «de competencia exclusiva del juez ordinario».18

En este orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la tutela en lo
que atañe a los defectos sustantivo, fáctico y el reparo atinente a la condena en
costas, toda vez que el actor no presentó argumentos contra la providencia a la
que le atribuye la presunta transgresión de sus derechos que ameriten la
intervención del juez constitucional, especialmente si se tiene en cuenta que el
estudio del requisito de la relevancia constitucional es más riguroso cuando se
pretenden cuestionar sentencias proferidas por una alta Corte.

2.5.2. En lo concerniente al requisito de subsidiariedad se tiene que el inciso
3º del artículo 86 de la Constitución lo contempla como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.19

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del

18
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
19
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.»

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ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de
los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este
mecanismo.

En el asunto bajo estudio, la Sala advierte que no se satisface este requisito en
lo referente al cargo consistente en que la Sección Primera del Consejo de
Estado profirió una decisión sin motivación, debido a que el tutelante cuenta
con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA) para que se aborde tal planteamiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionante consideró que la corporación
enjuiciada incurrió en dicha irregularidad tras fundamentar su decisión
únicamente en lo argumentado por la Procuraduría General de la Nación, «(...)
sin una exégesis profunda de porqué impera una ley sobre una norma
constitucional (...)», pese a que el juez natural debe tener un papel activo «(...)
en la búsqueda de la genuina realización de los valores del derecho en
especial la justicia, la seguridad jurídica, la equidad.»

Al margen de la razonabilidad de estos argumentos, lo cierto es que en esta
sede constitucional no es dable determinar si la providencia bajo
cuestionamiento adolece de falta de motivación, toda vez que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión.

La Sala Veintidós Especial de Revisión del Consejo de Estado20 fijó la postura,
según la cual, la carencia de motivación de una providencia origina la
vulneración del derecho al debido proceso, lo que da lugar a la nulidad
originada en la sentencia, que se encuentra establecida como una de las
causales que hacen procedente tal recurso, al tenor de lo previsto en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente, esta Sección21 señaló que resulta procedente el recurso
extraordinario antes mencionado al: «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al
proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a
la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso».

En ese sentido, la acción de tutela de la referencia también se torna
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
actor tiene a su alcance otro medio de defensa para obtener la protección de
sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Sección Primera
del Consejo de Estado al dictar una decisión sin motivación.

20
Providencia de 2 de febrero de 2016. rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (RER).
21
Sentencia de 2 de junio de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-
2022-02431-00, criterio reiterado en sentencia de 14 de marzo de 2024, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-00716-00.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Desvincúlase a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA de la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Diego Rojas Girón.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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