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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07053-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07053-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Jhon Freddy Sepúlveda Restrepo, por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07053-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de febrero de 2025

Demandante: Jhon Freddy Sepúlveda Restrepo
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07053-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07053-00
Demandante: JHON FREDDY SEPÚLVEDA RESTREPO
Demandados: TRIBUINAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Jhon Freddy Sepúlveda Restrepo, mediante apoderado Judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión y el Juzgado Primero Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a
la igualdad, al trabajo, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la prevalencia del derecho sustancial.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 8 de agosto de 2024 emitida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, que confirmó la
providencia de primera instancia proferida por Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Sincelejo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento con radicado 70001-33-31-001- 2017-00250-00/01 y cuyo
demandado fue la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jhon Freddy Sepúlveda Restrepo
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07053-00

1.2. Pretensiones

Con base a lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:
«Primero. Dejar sin efecto la decisión judicial contenida en los siguientes
fallos: de primera instancia de fecha 12 de diciembre de 2023, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el No. 70001 33 31
001 2017 00250-00, siendo demandante: John Fredy Sepúlveda Restrepo y
demandados la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, proferido
por el doctor Carlos Mario de la Espriella Oyola (JUEZ PRIMERO
ADMINISTRATIVO - SINCELEJO SUCRE); de segunda instancia de fecha
08 de agosto de 2024, proferido por la señora Magistrada Ponente. Dra.
Tulia Isabel Jarava Cárdenas (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
SALA TERCERA DE DECISIÓN), por la vulneración de los derechos
fundamentales a la Vida, a la Igualdad, al Trabajo, al Debido Proceso, al
Acceso a la Administración de Justicia y la prevalencia del derecho
sustancial.

Segundo: En lugar, pronunciar la decisión que se ajuste a derecho respecto
de las pretensiones del accionante en el medio de control en cuestión»1.

1.3. Hechos

Manifestó el accionante que ingresó al escalafón militar el 25 de junio de 2004
hasta el 19 de agosto de 2015, desempeñándose como Cabo Segundo de
Infantería de Marina Orgánico del Batallón de Instrucción No. 3 que a su vez
hace parte de la unidad superior denominada Base de Entrenamiento de
Infantería de Marina.

Señaló que mediante las resoluciones 0661 del 19 de agosto de 2015 y 0790
del 16 de septiembre de la misma anualidad proferidas por el Ministerio de
Defensa – Armada Nacional, fue retirado del servicio activo por facultad
discrecional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 104 del decreto 1790 de
2000.

Expresó que, los fundamentos para su retiro fueron expuestos por el Comité
de Evaluación de los informes presentados por el comandante del Batallón
dirigido al comandante de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina y
de este al comando de la Armada ante la pérdida de confianza hacia el
suboficial Sepúlveda Restrepo al dejarle en custodia las llaves de armerillo a
un aspirante a infante de marina regular sin experiencia y que condujo al
deceso del aspirante regular Camilo Salazar González, el cual se quitó la vida
con un arma de fuego ubicada en dicho lugar.

1 Transcripción del texto original con posibles errores

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Por lo anterior el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara nulo el acto administrativo que conllevo
a su retiro del servicio y se le reintegrara ascendiéndolo al escalafón
correspondiente y ordenando el pago de todos los emolumentos dejados de
percibir

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo,
mediante providencia de 12 de diciembre de 2023, declaró probadas las
excepciones de mérito denominadas «presunción de legalidad del acto
acusado» y «cobro de lo no debido»; por tanto, negó las pretensiones de la
demanda. Fallo que fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión.

1.4. Sustento de la petición

El accionante indicó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
fáctico por cuanto la decisión administrativa adoptada por la Armada Nacional,
al aplicar el retiro discrecional del tutelante, se efectuó sin ninguna causa de
base, por cuanto la conclusión que llevó a afirmar la necesidad del servicio no
corresponde a los hechos ocurridos.

Adujo que en los fallos de primera y segunda instancia se empleó mal la
jurisprudencia aplicable al caso al avalar la interpretación fáctica del
demandado, al momento de motivar y emitir el acto administrativo de retiro
discrecional.

Arguyó que «también hay una decisión judicial sin motivación parcial de los
fallos basada en el limitarse tanto el fallo de primera instancia, como el de
segundo grado, en la simple verificación probatoria del cumplimiento por la
administración de la formalidad establecida jurisprudencialmente, al decidir el
retiro discrecional».

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 14 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre y al Juez Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Sincelejo, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad accionados. Así mismo, se
ordenó notificar al Ministerio de Defensa Nacional y al comandante de la
Armada Nacional como terceros interesados en las resultas del proceso.

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1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo.

Se limitó a remitir el expediente con radicado 70001-33-31-001- 2017-00250-
00 incluyendo los videos de las audiencias.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional

Solicitó negar el amparo de los derechos invocados por el accionante por
considerar improcedente la tutela interpuesta y por estimar que las
autoridades accionadas no han vulnerado derecho fundamental alguno.

Expresó que las decisiones tomadas se enmarcan dentro del campo de
interpretación legal, constitucional y jurisprudencial propia del juez y por ello
no constituye vía de hecho como lo alega el accionante.

Indicó que, lo que se intenta con esta tutela es abrir una instancia más el cual
ya se encuentra definida y superada, lo anterior por cuanto, el retiro del señor
Sepúlveda Restrepo se realizó conforme a las normas correspondientes
establecidas en el literal a numeral 8, artículos 100 y 104 del Decreto 1790 de
2000, teniendo en consideración la recomendación del Comité de Evaluación.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión y la
Armada Nacional. Pese a ser notificados en debida forma, guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación

4

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2.2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte
actora, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión y el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo,
vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al trabajo, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del
derecho sustancial del señor Sepúlveda Restrepo, al proferir los fallos de
primera y segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-31-001- 2017-00250-
00/01 en la cual se le negaron las pretensiones.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente,
de encontrarse superados, (iii) caso concreto.

2.3 . Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos
mil doce (2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la
Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales3, conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que
la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de
2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»4.

2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
4 Idem.

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La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones
de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas
vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica
la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -
procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el
asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la

5 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el
caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional,
por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede
colegir que la parte actora pretende reabrir el debate zanjado por el juez
ordinario por no estar de acuerdo con la interpretación aplicada respecto a su
retiro discrecional del servicio activo de acuerdo a lo estipulado en el artículo
104 del decreto 1790 de 2000 aplicado por el Ministerio de Defensa, Armada
Nacional.

Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios
respecto del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
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preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal6» (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.

En el caso objeto de estudio, el accionante alega la configuración de defecto
fáctico al considerar que en las decisiones tomadas al interior del proceso de
nulidad restablecimiento del derecho, las autoridades judiciales cuestionadas
aplicaron mal la jurisprudencia aplicable al caso al avalar la interpretación
efectuada por la parte demandada al motivar y emitir el acto administrativo por
el cual fue retirado de manera discrecional del servicio.

Así las cosas, resulta claro que los reparos de la parte actora respecto a la
interpretación jurídica brindada por las autoridades judiciales accionadas solo
demuestran su inconformidad con lo resuelto por ser contrario a sus intereses,
mas no conducen a efectuar un estudio sobre el alcance de los derechos
fundamentales presuntamente invocados frente a las providencias judiciales
cuestionadas.

Por ende, se advierte que la acción de tutela presentada por el señor Jhon
Freddy Sepúlveda Restrepo no satisface el requisito de relevancia
constitucional, ya que no existe una argumentación tendiente a demostrar la
grave violación de los derechos fundamentales invocados y solo se plantea un
desacuerdo con la interpretación brindada a fin de que el juez de tutela

6 Sentencia SU 573 de 2019.

8

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reevalúe la postura finalmente adoptada por las autoridades judiciales
accionadas, circunstancia que es a todas luces improcedente.

Así las cosas, es evidente para la Sala que los argumentos presentados con
la demanda de tutela buscan reabrir una controversia que ya fue definida por
el juez ordinario, sin que de ellos se pueda verificar una posible vulneración
de las garantías fundamentales de la accionante, más allá de la inconformidad
que presenta frente a la decisión que resultó contraria a sus intereses.

En consecuencia, como la discusión versa sobre la interpretación jurídica y
probatoria respecto a la normatividad aplicable a los actos administrativos que
facultan a la Armada Nacional para el retiro de manera discrecional del
accionante dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento, no es
posible que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones que desbordan su
competencia, pues de lo contrario, se desnaturalizaría el carácter excepcional
y especial de la acción de amparo.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo
pretende reabrir el debate de instancia y no tiene la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental, la acción de tutela será declarada improcedente.

De otra parte, el actor manifestó que la providencia objeto de cuestionamiento
fue proferido sin motivación parcial, argumento frente al cual la presente
solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto
existe otro mecanismo de defensa judicial para controvertir dicho aspecto.

En lo concerniente al requisito de subsidiariedad se tiene que el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución lo contempla como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991.7

7 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no

procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante.»

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La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de
la tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben
ser resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y
administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas
alternativas o cuando estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de
los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este
mecanismo.

En el asunto bajo estudio, la Sala advierte que no se satisface este requisito
en lo referente al cargo consistente en que la autoridad judicial accionada
profirió una decisión sin motivación, debido a que el tutelante cuenta con el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA) para que se aborde tal planteamiento.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionante consideró que la
corporación enjuiciada incurrió en dicha irregularidad tras fundamentar su
decisión únicamente en lo argumentado por la Procuraduría General de la
Nación, «(...) sin una exégesis profunda de porqué impera una ley sobre una
norma constitucional (...)», pese a que el juez natural debe tener un papel
activo «(...) en la búsqueda de la genuina realización de los valores del
derecho en especial la justicia, la seguridad jurídica, la equidad.»

Al margen de la razonabilidad de estos argumentos, lo cierto es que en esta
sede constitucional no es dable determinar si la providencia bajo
cuestionamiento adolece de falta de motivación, toda vez que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de
revisión.

La Sala Veintidós Especial de Revisión del Consejo de Estado8 fijó la postura,
según la cual, la carencia de motivación de una providencia origina la
vulneración del derecho al debido proceso, lo que da lugar a la nulidad
originada en la sentencia, que se encuentra establecida como una de las
causales que hacen procedente tal recurso, al tenor de lo previsto en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

8 Providencia de 2 de febrero de 2016. rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (RER).

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Igualmente, esta Sección9 señaló que resulta procedente el recurso
extraordinario antes mencionado al: «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i)
al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta
a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no
fue vinculado al proceso».

En ese sentido, la acción de tutela de la referencia también se torna
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
actor tiene a su alcance otro medio de defensa para obtener la protección de
sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el tribunal
demandado al dictar una decisión sin motivación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Jhon Freddy Sepúlveda Restrepo, por no cumplir los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto

9 Sentencia de 2 de junio de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-

2022-02431-00, criterio reiterado en sentencia de 14 de marzo de 2024, M.P. Omar Joaquín
Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-00716-00.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07053-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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