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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-11334-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-11334-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Concejo de Barrancabermeja a través de su presidenta, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Leonardo González Campero, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto del defecto de decisión sin motivación, porque no superó el estudio del agotamiento de los mecanismos judiciales. CUARTO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos, participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, debido proceso e igualdad, de Luis Fernando Calderón Mejía, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11334-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de marzo de 2022

Demandante: Luis Fernando Calderón Mejía
Demandado: Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2021-11334-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11334-00
Demandante: LUIS FERNANDO CALDERÓN MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente –
subsidiariedad – niega amparo – defecto sustantivo –
desconocimiento del precedente – defecto fáctico – violación
directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela formulada por Luis
Fernando Calderón Mejía en contra de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 6 de diciembre de 2021 por correo electrónico al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Luis Fernando
Calderón Mejía actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de
tutela en contra de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado; con el fin de que le fueran amparado sus derechos
fundamentales de elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos, participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, debido proceso e igualdad.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Fernando Calderón Mejía
Demandado: Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2021-11334-00

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales
con ocasión de la sentencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 21 de mayo de 2021. En esta
providencia, al resolver el recurso de apelación, la autoridad judicial accionada
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, del 30 de octubre de
2020, a través de la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Luis
Fernando Calderón Mejía como concejal del municipio de Barrancabermeja –
Santander, para el periodo constitucional 2016-2019, en el proceso promovido por
el señor Jhon Jairo Rueda Calderón en su contra1.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:

PRIMERA: Amparar los derechos políticos, en particular el derecho de elegir y ser
elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a participar en el
ejercicio del poder político; el derecho a la igualdad; y, el derecho al debido proceso de
mi representado, consagrados en los artículo 13, 29 y 40, de la Constitución Política, al
haber sido decretada la pérdida de investidura de calidad de concejal del Distrito de
Barrancabermeja.
SEGUNDO: Como medida definitiva, dejar sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, fechada el 21 de mayo de
2021, proferida dentro del radicado 68001-23-33-000-2020-00172-01, que confirmó la
sentencia de fecha 30 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, radicado 68001-23-33-000-2020-00172-00, mediante la cual se decretó la
pérdida de investidura como concejal del Distrito de Barrancabermeja de Luis Fernando
Calderón Mejía.
TERCERO: Una vez suspendidos los efectos en los términos del artículo anterior,
ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado que, dentro del término de 30 días
siguientes a la notificación de la decisión, profiera una nueva sentencia que ampare los
derechos fundamentales del actor, revoque la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander y, mantenga vigente la investidura como
concejal del Distrito de Barrancabermeja de Luis Fernando Calderón Mejía2. (SIC en
toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 25 de octubre de 2015, Luis Fernando Calderón Mejía fue elegido como
concejal del municipio de Barrancabermeja – Santander, para el periodo
constitucional 2016-2019, cuya posesión tuvo lugar el 2 de enero de 2016.

6. El 19 de marzo de 2018, el accionante fue elegido vicepresidente de la Mesa
Directiva del concejo municipal de Barrancabermeja (Santander), y, en virtud de tal

1
Este medio de control se identifica con radicado 68001-23-33-000-2020-00172-01.
2
Folio 43 del escrito de tutela. Documento 004 cargado a SAMAI.

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condición, suscribió unos actos administrativos3 por medio de los cuales autorizó y
ordenó el pago de derechos pecuniarios –auxilio educativo para estudios
superiores– a favor de hijos o cónyuges de algunos empleados públicos
sindicalizados pertenecientes a la planta de personal de esa corporación pública
territorial4.

7. Jhon Jairo Rueda Calderón presentó demanda a través de la que solicitó
declarar la pérdida de investidura de, entre otros5, el señor Luis Fernando Calderón,
por considerar que incurrió en la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley
136 de 19946 y en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 20007. Esto, por
cuanto como ordenador del gasto, autorizó el pago de los auxilios educativos antes
mencionados.

8. El asunto fue conocido en primera instancia por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander que, en sentencia del 30 de octubre de 2020, decretó
la pérdida de investidura de Luis Fernando Calderón Mejía.

3
Al ser miembro de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja durante el año
2019 y ordenador del gasto, expidió y autorizó el pago de auxilios y subsidios a través de las
resoluciones Nos. 031 del 14 de marzo de 2019, 041 del 11 de abril de 2019, 061 del 19 de junio de
2019 y 080 del 24 de septiembre de 2019, en favor de hijos o cónyuges de algunos empleados
públicos sindicalizados.
4
Esto, con fundamento en el Acuerdo Laboral pactado el 7 de julio de 2016 (acogido mediante
Resolución No. 069 del 21 de julio de 2016) entre el Concejo Municipal de Barrancabermeja y el
sindicato de trabajadores que establece:
“Artículo 51. Auxilio Educativo para Estudios Superiores al Núcleo Familiar de los Servidores
Públicos. El Concejo municipal de Barrancabermeja, cancelará dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por matricula de cada hijo (as), cónyuge y/o compañera (o) permanente de los
servidores públicos afiliados al SINDICATO que estén cursando estudios técnicos, tecnológicos,
pregrado y posgrado en universidades públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de
Educación y que demuestran haber aprobado el semestre.
Para el pago del auxilio educativo para estudios superiores al núcleo familiar de los servidores
públicos, deberá hacer llegar la constancia que cursó y aprobó el semestre.
PARÁGRAFO 1.- El Concejo cancelará el 50% del valor del pre-universitario previa presentación de
la certificación de aprobación.
PARÁGRAFO 2.- El pago de los gastos educacionales para preescolar, primaria y secundaria, se
destinará un monto de diecisiete (17) SMLMV que es el resultado de dividir el valor global del recurso
asignado por el Concejo Municipal de Barrancabermeja para becas entre el número de beneficiarios
conforme a la relación y soportes que suministre EL SINDICATO. Este beneficio será otorgado
siempre y cuando demuestre que su año fue aprobado y promovido al año siguiente para el caso de
primaria y secundaria.
5
También se solicitó la pérdida de investidura de Leonardo González Campero y Jaser Cruz
Gambindo.
6
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios.
7
Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes
a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional.

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9. El juez de primera instancia, encontró demostrado que el tutelante, en su
calidad de Vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermeja, suscribió los actos administrativos ya mencionados –que
otorgaron los beneficios a los empleados públicos y sus familiares– a pesar de que
el único criterio para ello fue la verificación de requisitos como el parentesco entre
hijo y trabajador afiliado al sindicato, la acreditación de estudios en educación formal
y la aprobación del año escolar o semestre, sin tener en cuenta criterios objetivos
relacionados con la eficiencia, desarrollo y eficacia del desempeño laboral en
beneficio de la Corporación.

10. A partir de lo anterior, determinó que estaba acreditada la conducta culposa
desplegada por, entre otros, el aquí tutelante, toda vez que aquel estaba en la
capacidad de conocer las prohibiciones previstas en el ordenamiento jurídico en
cuanto a las donaciones y beneficios a empleados del Estado, pues era su
obligación revisar la norma que regula la materia, en aras de actuar con la diligencia
y cuidado antes de proceder a la suscripción de las citadas resoluciones, sobre todo
cuando era de público conocimiento la existencia de decisiones judiciales emitidas
por el Consejo de Estado que dirimieron controversias similares en las que se
involucraba a miembros del concejo municipal de Barrancabermeja.

11. La decisión fue apelada. En segunda instancia, la Sección Primera del
Consejo de Estado, a través de la sentencia del 21 de mayo de 2021, confirmó lo
resuelto por el a quo.

12. En primer lugar, realizó el análisis objetivo de la causal de pérdida de
investidura, del que se desprendió que el señor Luis Fernando Calderón sí tenía la
calidad de concejal del municipio de Barrancabermeja y de presidente de la Mesa
Directiva, y que, en efecto, firmó las resoluciones a través de las que se reconoció
y ordenó el pago de diversas sumas de dinero público por concepto de auxilios
educativos para primaria, secundaria y educación superior a los hijos de empleados
del concejo municipal de Barrancabermeja.

13. Posteriormente, llegó a la conclusión de que se incurrió en indebida
destinación de dineros públicos, ya que se ordenó pagar el beneficio en dinero,
directamente, a los mencionados empleados, a pesar de que el mandato legal

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contenido en el artículo 188 de la Ley 1940 de 20189 establece que los recursos
destinados a programas de bienestar social no pueden servir para otorgar beneficios
directos o en especie. En efecto, en vez de que el dinero fuera entregado en la
modalidad de becas, se enviaron directamente a los empleados. Aunado a ello, los
beneficiarios no fueron escogidos de conformidad con los criterios y requisitos
preestablecidos en la reglamentación, tales como llevar por lo menos un año de
servicio continuo en la entidad para la época de la expedición de las resoluciones
en cita, y acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente
al último año de servicio.

14. De igual forma, la autoridad judicial accionada señaló que las resoluciones
en cuestión fueron expedidas y con base en ellas se efectuó el pago sin tener en
cuenta el criterio de escogencia de empleados públicos beneficiarios de educación
formal para sus familiares, que impedía que los empleados vinculados con
nombramiento provisional y los temporales pudieran participar en programas de
educación formal ofrecidos por el cabildo municipal, en cambio, tal beneficio debía
ser otorgado únicamente a empleados de carrera administrativa.

15. Ahora, frente al análisis subjetivo de la conducta, adujo que a pesar de que
se encontraba acreditado que se solicitaron conceptos ante el Ministerio del Trabajo,
relacionados con el reconocimiento y pago que posteriormente se haría a través de
las resoluciones por medio de las cuales se reconoció el auxilio económico en
cuestión, aquellos se limitan a manifestar que los acuerdos colectivos son ley para
las partes y que su desconocimiento podría acarrear sanciones, por lo que no era
posible desprender de estos la certeza y convicción necesaria para sustentar la
expedición de los citados actos, pues no se abordaron aspectos tales como el
proceso de selección y la asignación de los incentivos, la irregularidad de pagar
directamente a los empleados públicos el valor de las matriculas, o la entrega de los
beneficios a empleados vinculados en provisionalidad. Por otra parte, frente a los
conceptos rendidos sobre el asunto por unos abogados, tuvo que aquellos carecían
de criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, por lo que no era lógico que los procesados se fundaran en aquellos
para adoptar la decisión censurada.

8
ARTÍCULO 18. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por
objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales,
remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los
servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
Todos los funcionarios públicos de la planta permanente o temporal podrán participar en los programas de
capacitación de la entidad; las matrículas de los funcionarios de la planta permanente o temporal se girarán
directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992,
modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación
interna para la planta permanente o temporal del órgano respectivo.
9
Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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16. Por lo anterior concluyó que, conforme con la presunción establecida en los
artículos 4 Constitucional y 9 del Código Civil, el tutelante conocía sus deberes
constitucionales, legales y reglamentarios como concejal del municipio de
Barrancabermeja, que le imponían ejercer sus funciones como servidor público,
consultando al bien común y en prevalencia del interés general. De esto, infirió que
el tutelante junto con el otro concejal demandado conocían que en los términos de
los numerales 3 del artículo 55 de la Ley 136 y 4 del artículo 48 de la Ley 617, la
indebida destinación de dineros públicos constituía una causal de pérdida de
investidura para los concejales municipales y distritales.

17. Luego, Luis Fernando Calderón Mejía solicitó la adición de la sentencia del
21 de mayo de 2021, por cuanto se omitió hacer un pronunciamiento en torno a las
circunstancias personales del demandado. Esta petición que fue despachada
desfavorablemente por la Sección Primera de esta Colegiatura a través de
providencia del 23 de julio de 2021.

1.4. Fundamentos de la vulneración

18. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales de elegir y
ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a participar en
el ejercicio del poder político, a la igualdad y al debido proceso, al haberse decretado
su pérdida de investidura como concejal del municipio de Barrancabermeja –
Santander, por hechos ocurridos dentro del periodo constitucional 2016-2019.

19. Luego de reiterar los hechos que rodearon la referida solicitud de pérdida de
investidura, manifestó que en la sentencia censurada se incurrió en los siguientes
defectos.

1.4.1. Defecto sustantivo

20. En primer lugar, a juicio del actor, el proceso de pérdida de investidura se usó
para un objetivo diferente al que legalmente corresponde, pues se usó para valorar
la legalidad del Acuerdo colectivo suscrito entre el concejo municipal y el sindicato
de trabajadores de esa Corporación.

21. Así, lo que en realidad hizo la Sección Primera de esta Corporación fue
cotejar el Acuerdo Colectivo contra normas legales, so pretexto de analizar los
hechos vs tales disposiciones normativas. Que, en esencia, la Sección Primera
derivó la alteración de las finalidades y cometidos estatales en que: los auxilios se
pagaron directamente a los empleados; para pagarlos no tuvieron en cuenta que se
tratara de los mejores equipos o del mejor trabajador; y los auxilios se pagaron a
empleados provisionales que no tenían ese derecho.

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22. En segundo lugar, consideró que el yerro de la decisión que se cuestiona
está en el desconocimiento del Acuerdo Colectivo como fuente normativa de la
orden de pago de tales auxilios educativos. En este punto, refirió que el Acuerdo
Colectivo no vulnera las restricciones de la negociación; por el contrario, resaltó que
por medio de él se concertó una determinada condición del empleo superior a la
señalada en la ley.

23. En razón de lo anterior, refirió que el cotejo de los hechos debió hacerse
frente a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Colectivo, así como aquellas
necesarias para su implementación, tal como la incorporación de las partidas en el
presupuesto del Distrito de Barrancabermeja y los programas de bienestar social.

24. En tercer lugar y en línea con lo anterior, señaló que la autoridad judicial
accionada sujetó el juicio de legalidad a disposiciones impertinentes, como lo es el
Decreto 1567 de 1998 por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el
Sistema Nacional de Estímulos.

25. En este punto, también señaló que la Sección Primera parte del hecho que
los auxilios educativos no hacen parte del sistema nacional de capacitación sino de
los programas de bienestar social del sistema nacional de estímulos, pero al final
hace reproches a las órdenes de pagos de los auxilios educativos por desconocer
normas del Sistema Nacional de Capacitación.

26. En cuarto lugar y en línea con lo anterior consideró errado pretender aplicar
al pago de los auxilios educativos restricciones para los empleados provisionales
con base en el artículo 1º del Decreto 894 de 2017 porque: i) éste expresamente
incluye a todos los servidores públicos independientemente de su tipo de
vinculación como beneficiario tanto de los programas de capacitación como de los
de bienestar social; ii) la condición de exequibilidad contenida en la sentencia C-527
de 2017 cobijó solo a los programas de capacitación de los servidores públicos
nombrados en provisionalidad se utilizará para la implementación del Acuerdo de
Paz, sin establecer condición alguna a los programas de bienestar social que
incluyen la educación formal para sus familiares; y iii) desde la expedición del
Decreto 1567 de 1998, su artículo 20 incluyó como beneficiarios de los programas
de bienestar social a todos los empleados, sin restricción alguna.

27. En este punto, admitió que si bien el artículo 2.2.10.5 del Decreto
Reglamentario 1083 de 2015, había reiterado que la financiación de la educación
formal hará parte de los programas de bienestar social, lo que hace imposible tratar
de juzgarlos al tenor de las disposiciones de las normas propias de los programas
de incentivos, lo cierto es que esta norma los restringió solo a los empleados de
carrera y de libre nombramiento y remoción y excluyó de los mismos a los
provisionales y temporales. Sin embargo, tal disposición reglamentaria resulta, de

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una parte, contraria a la establecida previamente en el artículo 20 del Decreto Ley
1567 de 1998 y, de la otra, a la expresa habilitación que de esos beneficios hizo con
posterioridad el artículo 1º del Decreto Ley 894 de 2017, de manera que, tanto por
ser contrarias a normas de superior jerarquía, como a normas posteriores, tal
restricción no puede aplicarse en el presente caso.

28. Sostuvo que la habilitación de los empleados provisionales no había ocurrido
con la Ley 960 de 2019, como lo afirma la Sección, sino con la Ley 1940 de 2018,
aunque estos empleados nunca tuvieron limitación para ello, de conformidad con el
artículo 20 del Decreto Ley 1567 de 1998 y 1º del Decreto 894 de 2017. Es decir,
que si el artículo 18 de la Ley 1940 de 2018 fuera aplicable al caso, entonces no
sería posible fundar la pérdida de investidura en el hecho de haber entregado el
auxilio a empleados en provisionalidad y si ello no fuere aplicable, como no lo es,
entonces no podría fundarse la decisión en el giro directo a los empleados.

29. En quinto lugar, alegó que de conformidad con el literal C) del artículo 12 del
Decreto 111 de 1996, las disposiciones generales corresponden a las normas
tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación,
las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan.

30. Del concepto en cita, el actor señaló que se desprendían dos consecuencias
de interés para el caso: i) La Ley 1840 de 2018 –por medio de la cual se aprueba el
presupuesto general la Nación para el periodo 2019–, no se aplica a la ejecución de
los presupuestos municipales/ distritales, por tanto, no regía la ejecución del gasto
en el distrito de Barrancabermeja; y ii) que esta disposición normativa perdió
vigencia el 31 de diciembre de 2019.

31. En sexto lugar, refirió que contrario a lo mencionado por la autoridad judicial
accionada, el pago directo a las instituciones educativas resulta incompatible con la
forma como se pactó el auxilio educativo en el Acuerdo Colectivo por cuanto: i) se
trata de un reconocimiento posterior a la aprobación del semestre o año educativo,
mientras que el pago de las matriculas es previo al inicio de los cursos; ii) se trata
de un pago condicionado a la aprobación del año o semestre; y iii) se trata de un
auxilio que regularmente es inferior al costo real de una matricula.

1.4.2. Defecto fáctico

32. El accionante relató que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, por cuanto la Sección Primera
del Consejo de Estado dio por probado que los auxilios educativos autorizados
mediante resoluciones de la Mesa Directiva del concejo fueron efectivamente
pagados a sus beneficiarios, sin que ello este acreditado en el proceso.

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33. Además de lo anterior, el solicitante señaló que los documentos aportados
por el concejo de Barrancabermeja y valorados por la accionada, denominados
comprobantes de egreso carecen de autenticidad por cuanto no se tiene certeza de
quién los elaboró porque no tienen las firmas autorizadas para su creación, así como
de la firma del beneficiario y los valores que relacionan no coinciden con los
ordenados por las resoluciones. En resumen, no acreditan que hayan sido
efectivamente pagados, haciendo imposible hablar de indebida destinación de
recursos públicos.

1.4.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial

34. De acuerdo con el tutelante, la Sección Primera de esta Corporación violó el
precedente jurisprudencial10 que exige que para configurar la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de recursos públicos se debe acreditar que
ellos fueron destinados a eventos por fuera de la finalidad y los cometidos estatales
que le dan la Constitución, la ley y los reglamentos.

1.4.4. Decisión sin motivación

35. El accionante mencionó que, a pesar de la extensa exposición de argumentos
por parte de la Sección Primera en la providencia reprochada, ellos no hacen
relación alguna a cómo o porqué se alteró el destino de la finalidad o los cometidos
estatales. Esto quiere decir, que los argumentos expresados no resultan
congruentes con los supuestos fácticos necesarios para determinar la sanción.

36. En otras palabras, para el tutelante, la decisión omite una motivación que
guarde “relación de congruencia entre los hechos acreditados en el proceso y los
supuestos fácticos de la norma cuyos efectos jurídicos se pretenden, supuestos
que, en el presente caso, ante la vaguedad de la norma, han sido establecidos por
la jurisprudencia. Esta motivación brilla por su ausencia en la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado del 21 de mayo de 202111”.

1.4.5. Defecto material y violación directa de la Constitución

37. Señaló que la Sección Primera al tener en cuenta normas que ya no eran
aplicables en el derecho sancionador y dejar de aplicar el artículo 29 de la
Constitución Política, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

38. En este punto, también mencionó que la autoridad judicial accionada
descartó los conceptos emitidos por el Ministerio del Trabajo, en virtud de los cuales

10
Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 6 de mayo de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2013-
00865-00 (PI).
11
Folio 29 del escrito de tutela. Documento 004 cargado a SAMAI.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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las disposiciones de los Acuerdos Colectivos son ley para las partes y deben
cumplirse so pena de incurrir en sanciones.

1.5. Trámite de la acción de tutela

39. Por medio del acta de 9 de diciembre de 202112, la Secretaría General del
Consejo de Estado asignó por reparto la acción de tutela con radicado N°. 11001-
03-15-000- 2021-11334-00 al magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio para
conocer del asunto.

40. Mediante escrito del 16 de diciembre de 202113, el magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio manifestó su impedimento para conocer e intervenir en la solicitud de
amparo del vocativo de la referencia, al considerar que estaba incurso en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable al trámite
de la acción de tutela por la remisión establecida en el artículo 39 del Decreto Ley
2591 de 1991. Esto porque el apoderado judicial de la acción de tutela es el doctor
Alberto Yepes Barreiro, quien fue magistrado de la Sección Quinta del Consejo de
Estado durante el periodo constitucional 2011-2019 y con quien le une estrechos
lazos de amistad íntima y de profundo afecto.

41. Mediante auto del 20 de enero de 2022, esta Sección, resolvió declarar
fundado el impedimento.

42. En consecuencia de lo anterior, la Secretaría General remitió el expediente
del vocativo de la referencia al despacho del magistrado que funge como ponente
del presente fallo.

43. Mediante auto del 26 de enero de 202214, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de
Estado – Sección Primera, como autoridades judiciales accionadas.

44. Así mismo, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico legítimo a: i)
Jhon Jairo Rueda Calderón (demandante dentro del proceso de pérdida de
investidura); ii) Leonardo González Campero y Jaser Cruz Gambindo (en su calidad
de demandados en el mismo); iii) al Tribunal Administrativo de Santander, como
autoridad que conoció en primera instancia el asunto; iv) al sindicato al que
pertenecen los trabajadores de la planta de personal del Concejo Municipal de
Barrancabermeja; v) al Concejo de Barrancabermeja; y vi) a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

12
Documento 006 cargado a SAMAI.
13
Documento 008 cargado a SAMAI.
14
Documento 0014 cargado a SAMAI.

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45. Finalmente, en proveído del 10 de febrero de 202215, se ordenó la vinculación
en su condición de terceros con interés, de las personas que fueron llamadas a
ocupar los escaños del concejo que quedaron vacantes con la declaración de
pérdida de investidura de Luis Fernando Calderón y de Leonardo González
Campero; y se ofició al presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja –
Santander, para que procediera a informar de la presente solicitud de amparo a
todos los miembros de esa corporación político-administrativa.

1.6. Intervenciones

46. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica16, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Concejo de Barrancabermeja

47. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la corporación vinculada a través de su presidenta rindió informe17 en el
que se opuso a todas las pretensiones de la acción de tutela. Esto, por cuanto no
ha vulnerado derecho fundamental alguno del aquí accionante.

48. Igualmente, solicitó su desvinculación, por su falta de legitimación en la causa
por pasiva, como quiera que lo pretende el accionante con la acción de tutela es
que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia, que confirmó la pérdida
de investidura del aquí actor, luego de determinar que se incurrió en la causal de
indebida destinación de los recursos públicos.

49. Además de lo anterior, solicitó que se declaré la improcedencia de la acción
de tutela por cuanto no se cumple el requisito de relevancia constitucional, pues lo
pretendido por el accionante es que se discutan asuntos legales que no le competen
resolver al juez de tutela.

50. De otro lado, advirtió que al interior del proceso ordinario, el accionante tuvo
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, no obstante, luego
de verificar la configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de los recursos públicos, el Consejo de Estado, tuvo a bien, confirmar
la decisión del A quo conforme a las pruebas allegadas al proceso.

15
Documento 0029 cargado a SAMAI.
16
Documentos 0015, 0016, 0017 y 0018 cargados a SAMAI.
17
Obra en carpeta 0019 cargada a SAMAI.

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1.6.2. Sindicato de Trabajadores del Concejo de Barrancabermeja

51. Mediante escrito, enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación18, el sindicato vinculado rindió informe, en el que consideró que la
actual solicitud de amparo estaba llamada a prosperar. Esto, porque la autoridad
judicial accionada desconoció el acuerdo laboral o convención colectiva, que es ley
para las partes; el cual además se encuentra ajustado al orden legal.

52. Además señaló que la sentencia reprochada reconoció que los auxilios
educativos hacen parte de los programas de bienestar social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2.2.10.05 del Decreto Reglamentario 1083 de 2015 que
señala que “la financiación de la educación formal hará parte de los programas de
bienestar social”, lo que hace imposible tratar de juzgarlos al tenor de las
disposiciones de las normas propias de los programas de incentivos, como
erróneamente lo hizo la autoridad judicial accionada.

53. Finalmente, señaló que de la lectura detenida de la sentencia se evidencia
que se hacen reproches con base en normas inaplicables a este caso concreto, bien
porque regulan el sistema de capacitación y no de estímulos, bien porque regulando
éste hacen referencia al programa de incentivos y no al de bienestar social.

1.6.3. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado

54. Mediante escrito, enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación19, la autoridad judicial accionada luego de hacer un recuento de la
demanda de tutela, solicitó que se declarara su improcedencia, por cuanto el
accionante pretende por esta vía constitucional reabrir la misma discusión de fondo
propuesta en la solicitud del proceso contencioso de pérdida de investidura, y que
fue resuelta, oportunamente, a través de las sentencias del 30 de octubre de 2020
y 21 de mayo de 2021, proferidas por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Santander y la Sección Primera de esta Corporación.

55. Así, resaltó que la acción de amparo pretende cimentar los supuestos
defectos a partir de su evidente disconformidad con las conclusiones a las que arribó
la Sala, luego del análisis integral del acervo probatorio que descansa en el
expediente, por cuanto, en su sentir, la sentencia ha debido acoger las mismas
apreciaciones propuestas desde la contestación de la demanda y adoptar idéntica
perspectiva exculpatoria en el marco de la causal de pérdida de investidura de

18
Obra en carpeta 0020 cargada a SAMAI.
19
Documento 0025 cargado a SAMAI.

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indebida destinación de dineros públicos, lo que, sin lugar a duda, esta lejos de
constituir los defectos invocado en la tutela.

56. Finalmente, señaló que la providencia objeto de tutela, fue producto de un
análisis juicioso y extenso, con fundamento en las normas aplicables al caso
concreto y la valoración completa y correcta del acervo probatoria allegado al
expediente.

1.6.4. Leonardo González Campero

57. Mediante escrito, enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación20, Leonardo González rindió informe en el que manifestó que coadyuva
las pretensiones del actor; e hizo un extensa motivación sobre la posición asumida
por la presidenta del Concejo de Barrancabermeja en el actual trámite
constitucional.

1.6.5. Tribunal Administrativo de Santander

58. Mediante escrito, enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación21, allegó el expediente digital 2010-00172-00 correspondiente al
proceso de pérdida de investidura. Sin embargo, no hizo consideración alguna
frente a lo pretendido por esta vía constitucional.

1.6.6. Cesar Augusto Guzmán Areiza y Jhon Jairo Rueda Calderón

59. Mediante escritos, enviados al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación22, Cesar Augusto Guzmán Areiza, quien fue la persona que ocupó la
curul del partido verde en Barrancabermeja que tenía el accionante, y Jhon Jairo
Rueda Calderón (demandante dentro del proceso de pérdida de investidura
adelantado en contra del accionante) rindieron informes en los que coincidieron en
solicitar no acceder a las pretensiones de la acción de tutela, bajo los siguientes
argumentos.

60. Señalaron que de acuerdo con el artículo 69 del Decreto 1227 de 2005, las
entidades deben organizar programas de estímulos con el fin de motivar el
desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, a través de programas de
bienestar social.

61. Así, de la lectura de la anterior norma, en el concejo de Barrancabermeja
debió existir con antelación el acto administrativo que contemplara dicha situación

20
Documento 0027 cargado a SAMAI.
21
Carpetas 0032 y 0038 cargadas a SAMAI.
22
Carpetas 0033 y 0035 cargada a SAMAI.

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administrativa, es decir el programa de bienestar social pero además de eso debía
cumplir con la rigurosidad del sistema de estímulos especificados en las normas de
los decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y 4661 de 2005, de tal manera que el
reconocimiento de las erogaciones que realizara la mesa directiva donde se
encontraba el concejal Calderón no actuó bajo los presupuestos legales y acuerdo
con la expedición de las resoluciones por medio de las cuales se ordenó el pago del
auxilio educativo a los empleados sindicalizados, se transgredieron los principios,
fines y objetivos de las mencionadas normas.

62. Finalmente, solicitaron “tener presente23” los siguientes expedientes 11001-
03-15-000-2021-05322-00 y “111001031500020180351000 (sic)”, para que se
atienda el precedente llano y pacifico proveniente del mismo órgano y que se
encuentran íntimamente relacionado con el asunto aquí debatido.

1.6.7. Kelly Zulima Ortiz Calao

63. Mediante escrito, enviado al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación24, Kelly Zulima Ortiz Calao, quien fue la persona que ocupó la curul del
partido de la U en Barrancabermeja y que ostentaba Leonardo González Campero
(a quien también se ordenó su pérdida de investidura en la sentencia reprochada),
rindió informe.

64. La tercera vinculada, indicó que no se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela.

65. Mencionó que este asunto carece de relevancia constitucional, por cuanto lo
pretendido por el accionante es reabrir el debate jurídico y probatorio del proceso
de pérdida de investidura en sede de tutela, y confundir al juez constitucional con
argumentaciones basadas todas en el acuerdo laboral, que por si solo no es fuente
principal del análisis jurídico y probatorio sobre las erogaciones realizadas por el
Concejo de Barrancabermeja.

66. También, señaló que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por
cuanto el accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión, para
controvertir la decisión aquí reprochada. Y además, consideró que no se cumple
con el requisito de inmediatez, por cuanto se presentó luego de 6 meses de
proferido el fallo del 21 de mayo de 2021.

23
Folio 3 de los informes rendidos por los aquí intervinientes.
24
Carpetas 0039 y 0040 cargadas a SAMAI.

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67. Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta el precedente judicial ya
estudiado por el Consejo de Estado25, que versa sobre los mismos hechos que hoy
nos ocupa en la presente tutela.

68. Los demás Concejales que hacen parte de la Corporación y Jaser Cruz
Gambindo, pese a que fueron notificados26 del trámite constitucional guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

69. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por Luis
Fernando Calderón Mejía, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – solicitud de desvinculación

70. El Concejo de Barrancabermeja a través de su presidenta, solicitó su
desvinculación alegando su falta de legitimación en la causa por pasiva, como
quiera que lo pretende el accionante con la acción de tutela es que se deje sin
efectos la sentencia de segunda instancia, que confirmó la pérdida de investidura
del aquí actor, luego de determinar que se incurrió en la causal de indebida
destinación de los recursos públicos.

71. Sin embargo, una vez analizados los hechos acreditados con el material
probatorio obrante en el plenario, la Sala considera que si bien la Corporación
vinculada no fue la autoridad que emitió la providencia judicial que dio origen a la
actual solicitud de amparo; si es necesaria su participación dentro del actual trámite,
en razón a que por sus competencias constitucionales y legales, tienen incidencia
en el asunto discutido.

72. Además, ante la posibilidad que se suscite el trámite de impugnación en el
presente proceso, esta instancia estima pertinente que dicha autoridad haga parte
del curso procesal hasta tanto se agoten todos los mecanismos de defensa judicial
con que cuentan las partes demandante y demandada.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 15 de octubre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-05322-00.
26
Carpeta 0034 cargada a SAMAI.

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73. Por esa razón en la parte resolutiva de este fallo se negará la solicitud de
desvinculación presentada por el Concejo de Barrancabermeja a través de su
presidenta, por los motivos aquí expuestos.

2.3. Cuestión previa – solicitud de coadyuvancia

74. Ahora, la Sala encuentra que la acción de tutela fue coadyuvada por el señor
Leonardo González Campero.

75. Al respecto, le corresponde a esta Sala precisar que la coadyuvancia en la
acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el inciso 2º del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991, el cual señala que: “[q]uien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

76. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha destacado que “(…) la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante (…) 27”.

77. Bajo este contexto, la Sala encuentra que el señor Leonardo González
Campero no se puede tener como coadyuvante, en tanto que lo pretendido por el
accionante es que se ordene la revocatoria de la providencia que ordenó su pérdida
de investidura y no la del peticionante de coadyuvancia, de quien se advierte
presentó en una anterior oportunidad una acción de tutela, con el fin de obtener el
mismo amparo del aquí tutelante y la cual su resulta le fue desfavorable a sus
pretensiones.

2.4. Legitimación en la causa28

78. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen, y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente.

27
Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2018.
28
En reiteración de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 24 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-00446-00.

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79. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda29.

80. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva. Después, en este
mismo acápite, se realizará un análisis de la legitimidad como terceros con interés
de cada una de las personas –naturales y jurídicas– que fueron vinculados al
proceso en el auto admisorio.

2.3.1. Legitimación en la causa por activa

81. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

82. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no este en condiciones de promover su propia defensa.

83. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que Luis
Fernando Calderón Mejía es el titular de los derechos fundamentales que reclama,
en razón a que es la parte demandada y en todo caso derrotada dentro del proceso
de pérdida de investidura en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

84. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

85. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente

29
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.

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la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello30.

86. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, entidad que
profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual, se encuentra legitimada
por pasiva.

2.5. Problemas jurídicos

87. Con fundamento en el examen de la situación fáctica y de los argumentos
expuestos por la parte actora en el libelo introductorio y de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela invocadas, el primer problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren en el caso concreto
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

88. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado vulneró los derechos invocados, por presuntamente
incurrir en los defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente,
fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, al
proferir la sentencia del 21 de mayo de 2021, mediante la cual confirmó la
emanada de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró la pérdida de investidura de Luis Fernando Calderón Mejía por
indebida destinación de los recursos públicos?

89. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) las nociones generales de los defectos y; iv) el análisis del caso concreto
con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

30
Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2016.

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90. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201231. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema32. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales33.

91. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201434. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia35 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial36.
92. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y

31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
32
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
33
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
35
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
36
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.

93. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

94. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.

95. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

96. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.7. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.7.1. Relevancia constitucional37

97. Sea lo primero advertir, que el actor pretende la protección de los derechos
fundamentales al de elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos, participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, debido proceso e igualdad, que
considera transgredidos por la Sección Primera de esta Corporación, con ocasión
de la expedición de la sentencia que decidió en segunda instancia el proceso de
pérdida de investidura seguido contra él.

37
Al respecto consultar en reiteración, Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 4 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-06321-00; del 25 de noviembre de 2021. Rad.
11001-03-15-000-2021-06578-00; y del 3 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11103-
00.

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98. De la lectura del escrito de tutela se permite avizorar un desarrollo razonable
de los cargos planteados en contra de la providencia aludida, teniendo en cuenta
las particularidades del proceso en cuestión, a partir de los cuales considera que se
vulneraron sus derechos fundamentales. De esta manera, el demandante alegó la
configuración de defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente
judicial, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución Política en los
que consideró se incurrió en la sentencia reprochada.

99. Por lo anterior, se advierte que los reparos contra la providencia de segunda
instancia bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en
que presuntamente incurrió la parte demandada, en tanto comprometen garantías
de orden superior, más allá del debate legal surtido en las instancias del caso, por
lo que el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional ante la evidente
tensión entre los derechos fundamentales invocados y la decisión judicial que se
controvierte.

100. Luego, contrario a lo mencionado por la autoridad judicial accionada y los
terceros vinculados al sub lite en sus informes, la Sala considera que el asunto
reviste relevancia constitucional pues subsiste violación o amenaza de las garantías
superiores del accionante, pese a haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que
el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

101. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su eficacia y la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas, concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

2.7.2. Tutela contra tutela38

102. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida al interior del
proceso de pérdida de investidura rad. 68001-23-33-000-2020-00172-01.

2.7.3. Inmediatez39

38
Ibídem.
39
Ibídem.

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103. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales, con ocasión de la sentencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, el 21 de mayo de 2021, que fue notificada el 11 de agosto de
2021, y que cobró ejecutoria el 17 de agosto de 202140 mientras que la acción de
tutela se presentó el 6 de diciembre del mismo año.

104. En ese orden y contrario a lo manifestado por Kelly Zulima Ortiz en su informe
en el que señaló que no se cumple con el requisito de inmediatez41, la Sala
encuentra presentó dentro del término razonable de 6 meses, razón por la que se
encuentra superado éste.

2.7.4. Subsidiariedad42

105. Como viene de decirse, el accionante considera que la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado vulneró sus
derechos invocados, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, de
desconocimiento del precedente, fáctico, “decisión sin motivación” y violación
directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 21 de mayo de 2021, mediante
la cual confirmó la emanada de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la pérdida de investidura de Luis Fernando Calderón Mejía
por indebida destinación de los recursos públicos.

106. Sea lo primero advertir que, en relación con la subsidiariedad, se encuentra
que contra la referida decisión no proceden recursos ordinarios y tampoco cuenta
con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia conforme al artículo
258 de la Ley 1437 de 2011.

107. Sin embargo, respecto del defecto que la parte actora denominó “decisión sin
motivación”, se advierte que procede el recurso extraordinario de revisión, lo que
conlleva a que por este cargo deba declararse la improcedencia de la solicitud de
tutela, por los siguientes motivos:

108. La parte demandante sostuvo que en la providencia acusada, a pesar de la
extensa exposición de argumentos realizada por la autoridad judicial accionada,
ellos no hacen relación alguna a cómo o porqué se alteró el destino de la finalidad
o los cometidos estatales. Esto quiere decir, que los argumentos expresados no
resultan congruentes con los supuestos fácticos necesarios para determinar la
sanción.

40
Documento 43 cargado a SAMAI. Expediente Rad. 68001-23-33-000-2020-00172-01.
41
Carpetas 0039 y 0040 cargadas a SAMAI.
42
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias del 18 de noviembre de
2021. Rad. 2021-07029-00; y del 25 de noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.

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109. De lo anterior, se evidencia que el tutelante fundamenta el cargo de decisión
sin motivación: i) la falta de congruencia entre los argumentos esbozados en la
providencia reprochada y los hechos acreditados en el proceso; y ii) la omisión de
pronunciamiento frente a cómo o porqué se alteró el destino de la finalidad o los
cometidos estatales –presupuesto de la falta de destinación indebida de recursos
públicos–. Argumentos que, en este orden, se procederán a estudiar.

110. En lo particular, se observa que frente al cargo referido, que se dirige a
cuestionar la decisión que a juicio de la demandante carece de congruencia y de
motivación, se configura la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 de
Ley 1437 de 2011, es decir, «…existir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

111. En lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión cuando
se alega una incongruencia existe una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, el reiterado derrotero
jurisprudencial43 ha sido claro en establecer que pueden existir otros motivos no
contemplados en los estatutos procesales como causales de nulidad44, como es el

43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00. Citada en
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.
44
En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, en
sentencia del 2 de febrero de 2016 señaló: En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte,
conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a
los cuales no se podía pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este principio y la
violación del derecho al debido proceso ha considerado que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ‘en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que
en él se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de
congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de
congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente
para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina de
la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un elemento
de validez de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada
en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia externa o interna
pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal

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caso de la violación al debido proceso constitucional en la sentencia, contemplado
en el artículo 29 superior.

112. A su vez, en lo atinente a la omisión de pronunciamiento frente a cómo o
porqué se alteró el destino de la finalidad o los cometidos estatales (presupuesto de
la falta de destinación indebida de recursos públicos), en la que fundamenta también
la decisión sin motivación, se advierte que tal asunto también es susceptible del
recurso extraordinario de revisión, bajo la citada causal, pues al respecto, esta
Corporación ha considerado que aquella ocurre al “[p]retermitir la instancia, por
ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada)
o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso”45.

113. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela frente a los
argumentos expuestos para el defecto de decisión sin motivación, puesto que no se
cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad, ya que el accionante aun
cuenta con el recurso extraordinario de revisión para proponerlos, razón por la cual
esta Sección del Consejo de Estado, en su calidad de juez constitucional, no puede
pronunciarse de fondo frente a los mismos.

114. En lo que atañe a los demás cargos, esto es, los defectos, sustantivo,
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución, la
Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter
excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

115. Así, la Sala pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general
de los defectos invocados, y posteriormente, el estudio del caso concreto.

2.8. Nociones de los defectos invocados

2.8.1. Defecto sustantivo46

116. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja

magnitud que no exista remedio distinto a su nulidad”. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Rad.
11001-03-15-000-2015-02342-00
45
Cita tomada de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 14 de mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.
46
En reiteración: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 17 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-07186-01.

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de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”47.

117. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas
por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 48.

118. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente
o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos
distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una interpretación razonable
de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; d)
el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; e) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma; f) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

119. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.8.2. Desconocimiento del precedente

120. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente49. Este se sintetiza en los siguientes términos:
(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…).50 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

121. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella

47
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002.
48
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de 2021.
Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de
febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente51.

122. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos52 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

123. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.

2.8.3. Defecto fáctico

124. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201553, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

125. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
Omisión de decreto
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
y práctica de
relevante para resolver el problema jurídico sometido a
pruebas
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
indispensables para
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
fallar el asunto
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que

51
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
52
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de
noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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Evento Características
no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de
la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que la parte:

a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan
decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
Desconocimiento pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
del acervo desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la
veracidad de los a) Identifique los elementos de prueba no valorados
hechos alegados por el juez.
por las partes b) Demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
Valoración crítica, la apreciación efectuada por el fallador
irracional o resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
arbitraria de las por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
pruebas aportadas alterado.

Se requiere entonces que la parte:

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Evento Características

a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
particular, la consideración del operador judicial se
aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica.

El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.

c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
decide el asunto con base en pruebas que no
observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra
al haberla tenido en cuenta para decidir el problema
Dictar sentencia jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que
con fundamento desconoce el debido proceso de las partes.
en pruebas
obtenidas con Para su configuración corresponde:
violación del
debido proceso a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.

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126. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

127. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Constitución Política.

128. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.8.4. Violación directa de la Constitución54

129. Al respecto, la Corte Constitucional55 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

130. El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto”56. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución57.

131. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”58, y se fundamenta
en el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad”59.

54
En reiteración: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-06996-00.
55
Corte Constitucional, Sentencia SU-198 del 11 de abril de 2013.
56
Ibídem
57
Ibídem
58
Ibídem
59
Ibídem

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2.9. Caso concreto

132. Como viene de explicarse, el accionante busca que se deje sin efecto la
decisión del 21 de mayo de 2021, que resolvió confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró su pérdida de investidura, por indebida destinación de
recursos públicos. Esto, porque tal determinación, a su juicio, vulnera sus derechos
fundamentales al de elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos, participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, debido proceso e igualdad, ante
la posible configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente, fáctico y violación directa de la Constitución.

133. Sin embargo, la Sala anticipa desde ya, que los defectos aquí invocados no
se encuentran configurados en el caso concreto, como se pasa a explicar.

2.9.1. Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

134. En el sub judice, el accionante señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo, por los siguientes motivos que la Sala para efectos
prácticos sintetiza así: i) por el desconocimiento y la indebida valoración del acuerdo
colectivo como fuente normativo; y ii) porque la Sección Primera del Consejo de
Estado sujetó el juicio de legalidad a disposiciones impertinentes;

135. Para efectos metodológicos y prácticos, la Sala procederá a contrastar los
argumentos expuestos en la demanda de tutela contra la sentencia del 21 de mayo
de 2021 sobre: i) el derecho a la negociación colectiva, que lleva consigo la
suscripción de acuerdos colectivos (que aduce como desconocido el accionante); ii)
la aplicación del sistema Nacional de Capacitación y el Sistema Nacional de
Estímulos para los empleados del Estado y sus beneficiarios; iii) la aplicación de la
Ley 1840 de 2018 – por medio del cual se aprueba el presupuesto general de la
Nación para el periodo 2019–.

136. En cuanto al derecho de negociación colectiva de empleados públicos
en la sentencia del 21 de mayo de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, luego de realizar un recuento del marco normativo, desarrollo y
jurisprudencial de esta garantía, estableció:

137. En materia de negociación colectiva se expidió el Decreto 160 de 5 de
febrero de 201460, el cual fue compilado posteriormente en el Capítulo 4 del Decreto
Único 1072 de 26 de mayo de 201561, sobre sindicatos de empleados públicos.

60
Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo
a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de
empleados públicos.
61
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

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138. Así, la autoridad judicial accionada, señaló que la norma estableció, por un
lado, que la negociación debe respetar el presupuesto público o principio de
previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo, para la
suscripción de los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal,
teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica
del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal; y, por el otro, solo se debe
implementar una mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o
autoridad pública.

139. Además que el artículo 2.2.2.4.4. de la disposición normativa en cita es claro
al establecer que no es pasible de negociación colectiva entre las organizaciones
sindicales de empleados públicos y las entidades públicas lo atinente a: i) La
estructura del Estado y la estructura orgánica e interna de sus entidades y
organismos; ii) las competencias de dirección, administración y fiscalización del
Estado; iii) el mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la
carrera administrativa general y sistemas específicos; iv) la atribución disciplinaria
de las autoridades públicas; v) la potestad subordinante de la autoridad pública en
la relación legal y reglamentaria; y vi) en materia prestacional.

140. También, que, en materia salarial, podrá haber negociación y concertación,
siempre y cuando se consulte a las posibilidades fiscales y presupuestales y sin
perjuicio del deber en el nivel territorial de respetar los límites que fije el Gobierno
Nacional.

141. Entonces tal análisis resultaba importante para la Sala en esa oportunidad,
como quiera que el asunto bajo examen giraba en torno a la eventual configuración
de la causal de pérdida de investidura consistente en indebida destinación de
dineros públicos a partir de la expedición de actos administrativos que reconocieron
auxilios educativos para primaria, secundaria y educación superior de hijos de
empleados públicos sindicalizados, en cumplimiento del acuerdo laboral suscrito
entre el concejo municipal de Barrancabermeja (Santander) y el sindicato de
trabajadores de esa Corporación.

142. Hasta aquí entonces es preciso señalar que contrario a lo manifestado por
el accionante, no se evidencia que aquellas consideraciones se sujeten a un juicio
de legalidad frente al Acuerdo Colectivo celebrado en el año 2016 y mucho menos
que se desconozca tal. Contrario sensú, tales apreciaciones realizadas sobre el
derecho a la negociación colectiva –del cual emana el acuerdo colectivo en el que
se aprobó el pago del auxilio educativo para los familiares–, se realizaron a título

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ilustrativo, y que en todo caso constituye un criterio auxiliar de interpretación62 para
efectos del estudio del caso concreto, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores
en casos similares a los que en esa oportunidad se estudió63.

143. Ahora bien, de la extensa línea argumentativa señalada en la sentencia
reprochada, la Sala tampoco evidencia que se haya realizado alguna consideración
tendiente a realizar un juicio de legalidad sobre el Acuerdo Colectivo suscrito en el
año 2016. En este punto, es preciso señalar que la autoridad judicial accionada
para efectos de determinar la indebida destinación de recursos públicos en el caso
concreto consideró necesario pronunciarse sobre la naturaleza de ese auxilio, que
tiene su génesis en lo pactado en tal acuerdo, pero ello no significa que se este
realizando un juicio de legalidad sobre el Acuerdo Colectivo y mucho menos que se
le haya restado valor jurídico a tal.

144. En otras palabras, la Sala en esa oportunidad para dilucidar si está probada
en el caso la indebida destinación de dineros públicos, estimó pertinente estudiar la
negociación colectiva de los empleados públicos, para así abordar las conclusiones
del caso concreto, sin que en todo caso ello implique un posible desconocimiento o
valoración indebida del acuerdo colectivo, como lo refiere el accionante.

145. Así, la Sala considera que los cargos planteados relacionados con el
desconocimiento del derecho a la negociación colectiva no estan llamados a
prosperar, por los motivos aquí expuestos.

146. Ahora, para determinar si en el caso concreto, se encontraba acreditada la
indebida destinación de dineros públicos, la Sala realizó un análisis sobre el
Sistema Nacional de Capacitación y de Estímulos para los empleados del
Estado y la la aplicación de la Ley 1840 de 2018 – por medio del cual se
aprueba el presupuesto general de la Nación para el periodo 2019–, el cual tal
como se evidenció en líneas atrás el actor reprocha por cuanto se fundamenta en
normas impertinentes que no deben aplicarse al caso concreto.

147. Entonces, como quiera que los hechos que invocaba el solicitante tenían que
ver con la expedición de unos actos que autorizaron el reconocimiento y pago de
unos auxilios educativos, la Sección Primera consideró pertinente realizar un
análisis sobre tales sistemas para efectos de determinar el fundamento sobre el que
aquel derecho pecuniario se otorgó.

62
“Los obiter dicta o ‘dichos de paso’, no tienen poder vinculante, sino una ‘fuerza persuasiva’ que
depende del prestigio y jerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de interpretación”. Corte
Constitucional, sentencia T-388 de 2015.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencias del 24 de
junio de 2021. Rad. 68001-23-33-000-2019-00942-01(PI); y del 29 de julio de 2021. Rad. 68001-23-
33-000-2019-00892-01(PI).

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148. Al respecto, dada la importancia de la materia, la Sala considera pertinente
hacer alusión a las disposiciones normativas que rigen el Sistema Nacional de
Capacitación y de Estímulos para los empleados del Estado, en contraste con lo
mencionado en la providencia reprochada64.

149. El Decreto Ley 1567 de 1998 creó el sistema nacional de capacitación y
el sistema de estímulos (dentro del cual se encuentran los programas de bienestar
social) para los empleados del Estado. Sistemas que se diferencian a partir de sus
características, como se pasa a evidenciar en el siguiente gráfico –realizado para
un mayor entendimiento–:

Sistema Nacional de Sistema Nacional de Estímulos
Capacitación (programa de bienestar social)
Concepto Conjunto coherente de políticas, Es el conjunto interrelacionado y
planes, disposiciones legales, coherente de políticas, planes,
organismos, escuelas de entidades, disposiciones legales y
capacitación, dependencias y programas de bienestar e
recursos organizados con el incentivos que interactúan con el
propósito común de generar una propósito de elevar los niveles de
mayor capacidad de eficiencia, satisfacción, desarrollo
65
aprendizaje . y bienestar de los empleados del
Los programas de capacitación Estado en desempeño de la labor
de las entidades públicas no y de contribuir al cumplimiento
hacen parte de la educación efectivo de los resultados
formal66. institucionales67.
El sistema de estímulos a
empleados del Estado se expresa
en programas de bienestar social
e incentivos. Dichos programas
serán diseñados por cada entidad
armonizando las políticas
generales y las necesidades
particulares e institucionales68.
Destinatarios Se excluían de los programas de Tendrán derecho a beneficiarse
capacitación, a los empleados de aquellos todos los empleados
de la entidad y sus familias71, sin

64
Argumentos inextenso a folios 52-78.
65
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 2.
66
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 4.
Parágrafo. Educación formal. La educación definida como formal por las leyes que rigen la materia
no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como capacitación. El apoyo de las entidades a
programas de este tipo hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se regirá por
las normas que regulan el sistema de estímulos.
67
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 13.
68
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 16.
71
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 20.

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vinculados mediante hacer ninguna diferencia por
nombramiento provisional69. razón del tipo de vinculación.
Sin embargo, el mencionado
principio fue sustituido por la Ley
1960 de 201970, en el que se
estableció la profesionalización
del servidor público, razón por la
que todos los servidores públicos
sin consideración del tipo de
vinculación, tendrían derecho a
acceder a tales programas.

150. Ahora, una vez planteada la anterior diferenciación, la Sala enfocó su análisis
en los programas de bienestar. Al respecto, señaló:

151. La regulación de los programas de bienestar configura: i) el deber para el
empleador público de organizar tales programas a partir de la iniciativa de sus
servidores públicos, y ii) el derecho de todos los empleados y sus familias, sin
hacer diferencia alguna por razón del tipo de vinculación. Sin embargo, debe
tenerse presente que, dentro de los programas de bienestar, algunos incentivos no
tienen como destinatarios a todos los empleados. Para los programas de incentivos,
el artículo 26 del referenciado Decreto Ley 1567 de 1998, determinó:

“(…) Artículo 26. Programas de incentivos. Los programas de incentivos, como
componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a:

1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño
laboral cumpla con los objetivos previstos.
2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.
Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen
desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral. Y los
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos (…)”.

152. También mencionó que como tipos de planes de incentivos, el artículo 30
referenció los pecuniarios y los no pecuniarios, en los siguientes términos:

“(…) Artículo 30. Tipos de planes. Para reconocer el desempeño en niveles de
excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios y planes de
incentivos no pecuniarios.

69
Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 6.
70
“[…] Por la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras
disposiciones […]”.

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Tendrán derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de
carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional,
técnico, administrativo y operativo (…)”.

153. La Sección advirtió que los planes a los que se refiere el artículo 30 del
Decreto Ley 1567 de 1998, esto es, planes pecuniarios y no pecuniarios, no están
dirigidos a todos los empleados del respectivo organismo o entidad, puesto que
expresamente la norma señala a los empleados de carrera y de libre nombramiento
y remoción, que se encuentran en los niveles jerárquicos indicados, con lo cual
quedan excluidos los niveles asesor y directivo y los nombrados en provisionalidad.

154. También observó la autoridad judicial accionada que de acuerdo con el
artículo 33 del Decreto Ley 1567 de 1998, la educación formal quedó prevista bajo
la modalidad de beca dentro de los incentivos no pecuniarios, así:

“(…) Artículo 33. Clasificación de los planes de incentivos no pecuniarios. Las
entidades de las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes
específicos de incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados,
encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en proyectos
especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e
internacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de
investigaciones, programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda
y otros que establezca el Gobierno Nacional.

Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor
equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los
requisitos, la organización y los procedimientos que establezca el Gobierno
Nacional (…)”.

155. A su turno, el artículo 2.2.10.5 del Decreto Único Reglamentario 1083 de
2015 –recopila las normas pertinentes del Decreto 1227 de 2005, reglamentario del
Decreto Ley 1567 de 1998–, determinó los siguientes requisitos que deben cumplir
los empleados para acceder a la educación formal: i) llevar por lo menos un año de
servicio continuo en la entidad; y ii) acreditar nivel sobresaliente en la calificación de
servicios correspondiente al último año de servicio.

156. Sin embargo, los empleados con nombramiento provisional y los temporales
fueron excluidos de los programas de educación formal y no formal. Dicha norma
reglamentaria guardó armonía con el Decreto Ley 1567 de 1998, respecto de los
destinatarios de estímulos no pecuniarios dentro de los programas de incentivos y
de bienestar.

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157. Pese a lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 201872
sí son beneficiarios de los programas de bienestar social, todos los servidores
públicos de la entidad, independientemente de su tipo de vinculación. Todos, por
consiguiente, tienen acceso a la educación no formal y a los apoyos para la
educación formal que como parte de los incentivos del sistema de bienestar deben
regular internamente los organismos y entidades a las cuales se aplica el Decreto
Ley 1567 de 1998, con las modificaciones de la Ley 1960.

158. A partir de lo anterior, la Sección Primera concluyó en esa oportunidad que
la educación formal es uno de los programas que integran el sistema de estímulos,
el cual solamente está dirigido a los mejores empleados de libre nombramiento y
remoción y de carrera que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normativa indicada supra y tiene como objeto el de propiciar una cultura de
trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor
compromiso con los objetivos de las entidades.

159. Y en todo caso, consideró que se trataban de incentivos no pecuniarios que,
por expresa disposición legal, por un lado, no pueden tener por objeto el de crear o
incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales,
remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no
haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
directos en dinero o en especie; y, por el otro, en el caso de los programas de
capacitación, podrán comprender la matrícula de los funcionarios, bajo la condición
de que el giro se haga directamente a los establecimientos educativos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1873 de la Ley 1940 de 201874.

160. Con fundamento en lo anterior, la Sección Primera procedió a revisar los
medios probatorios que obraban en el plenario, a efectos de determinar la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, a partir
de lo cual llegó a la conclusión que el accionante al expedir las resoluciones por
medio de las cuales otorgó el auxilio educativo, incurrió en indebida destinación de
dinero público, por los siguientes motivos, así:

(…) En los términos del artículo 4º del Decreto Ley 1567 de 1998, la educación
definida como formal75 por las leyes que rigen la materia no está incluida en los

72
Publicada en el Diario Oficial, año CLV, núm. 50997 de 27 de junio de 2019, pág. 1.
73
Artículo 18. (…) Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley
no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero
o en especie (…)”.
74
“(…) Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 (…)”.
75
Ley 115 de 8 de febrero de 1994 “[…] por la cual se expide la ley general de educación […]”, “[…]
Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte

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procesos definidos como ‘capacitación’, sino que el apoyo de las entidades a
programas de ese tipo hace parte de los programas de bienestar social e incentivos
y se regirá por las normas que regulan el sistema de estímulos.
Además, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Ley 1567 de 1998, la educación
formal quedó prevista bajo la modalidad de becas como un incentivo no pecuniario,
para lo cual el concejo municipal de Barrancabermeja (Santander) tenía que haber
seleccionado y asignado los incentivos no pecuniarios para el mejor equipo de
trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos,
la organización y los procedimientos establecidos en la pluricitada norma, todo lo
cual se omitió en el caso concreto.
Estos pagos realizados por el concejo municipal de Barrancabermeja (Santander),
según consta en las mencionadas resoluciones y comprobantes de egreso,
permiten advertir que no fueron girados a las instituciones educativas bajo la
modalidad de becas sino que fueron enviados directamente a los empleados
sindicalizados de ese concejo municipal, lo cual constituye una indebida
destinación de dineros públicos en la medida en que la misma corporación permitió
que resultaran por fuera del propósito establecido en los acuerdos laborales que le
sirvieron de fundamento, esto es en contravía del mandato establecido en el
mencionado artículo 18, de la Ley 1940.
Pero, además, como fue reseñado, ello tampoco fue consecuencia de un diligente
proceso de selección y asignación de incentivos no pecuniarios para el mejor
equipo de trabajo ni para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios y
requisitos prestablecidos en la reglamentación, tales como llevar por lo menos un
año de servicio continuo en la entidad para la época de expedición de las citadas
resoluciones y acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios
correspondiente al último año de servicio, circunstancias que permanecen
improbadas en el presente asunto, -artículo 2.2.10.5 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015-.
En virtud de la ley de presupuesto, vigente para la época en que se expidieron los
actos administrativos involucrados, -vigencia 2019-, tampoco estaba permitido que
en el marco de los programas de educación formal se entregaran dineros
directamente a los empleados públicos como quiera que, se reitera, se trata de un
incentivo no pecuniario en forma de beca que debía concederse acorde con el
objeto y la finalidad del mismo, que es el de otorgar reconocimientos a los mejores
empleados y generar una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades, y que
no puede constituirse en un beneficio directo en dinero.

A partir de lo anterior, la Sala observa con certeza que los denominados auxilios
educativos para primaria, secundaria y educación superior reconocidos,
autorizados y pagados a los hijos de los empleados públicos del concejo municipal
de Barrancabermeja (Santander), constituyeron en la práctica erogaciones
arbitrarias e irregulares que no cumplieron con los estrictos lineamientos
prestablecidos por el sistema de estímulos para los empleados del Estado y sus

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción
a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos […]”.

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programas de incentivos para los empleados del Estado y sus programas de
incentivos en educación formal, esto es, que en los términos del artículo 355 de la
Carta Política en los términos del artículo 355 de la Carta Política, desarrollado
legalmente por el artículo 41, numeral 7, de la Ley 136, los concejales demandados
incurrieron en la prohibición de decretar auxilios o donaciones en favor de personas
naturales, restricción de especial acatamiento al interior de esta corporación
pública territorial76. (Subrayado fuera de texto)

161. Resulta evidente y contrario a lo mencionado por el accionante que la
Sección Primera de esta Sala Contencioso Administrativo, realizó un extenso
estudio sobre las normas legales y reglamentarias que establecían la forma en la
que el auxilio debía ser otorgado, las calidades de sus beneficiarios.

162. Así, a partir de estos elementos jurídicos junto con los medios probatorios
que obraban en el proceso, la Sección Primera de esta Corporación, llegó a la
certeza de que el auxilio en mención fue otorgado directamente a los beneficiarios
y que algunos de ellos no tenían derecho de percibirlos, en tanto que no cumplieron
con los lineamientos prestablecidos por el sistema de estímulos para los empleados
del Estado.

163. En otras palabras, la Sección Primera de esta Corporación, evidenció que el
reconocimiento de los auxilios educativos se dio sin apego a los citados
fundamentos normativos, como si fuese una transferencia mecánica de recursos sin
ostentar un carácter redistributivo, cuando tenía que encontrarse sujeto a unos
parámetros prestablecidos, que en todo caso se encontraron desconocidos en el
caso concreto; y que llevó a la certeza de señalar que razón por la que tales auxilios
constituyeron en la práctica erogaciones arbitrarias e irregulares y en consecuencia
a que se encontraba configurado el elemento objetivo de la causal de destinación
indebida de recursos públicos.

164. Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra
que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo, pues la
decisión de confirmar la providencia de primera instancia, en el sentido de declarar
la pérdida de investidura del señor Luis Fernando Calderón, estuvo soportada en un
estudio razonable y pertinente de las disposiciones normativas aplicables al caso
concreto.

165. Por último, para la Sala, en el caso debatido, se presentó un razonamiento
que obedece a la autonomía judicial, que no da lugar a que se configure una
decisión ilegítima, de tal forma que en la providencia acusada no se desconocieron
las disposiciones aquí aludidas ni tampoco se fundamentó en el marco legal

76
Folios 94-97 de la providencia reprochada. Documento 008 cargado a SAMAI.

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impertinente al caso concreto, por el contrario, las razones que la fundan son
plausibles en un todo.

166. En conclusión, lo precedente pone de manifiesto que la providencia objeto de
tutela, fue producto de un análisis juicioso, con fundamento en las normas aplicables
al caso concreto y la valoración completa y correcta del acervo probatorio allega al
expediente. Ello, sin dejar de mencionar que el accionante, a través de la acción
constitucional de la referencia, pretende revivir la discusión en torno a la solicitud de
pérdida de investidura, lo que descarta la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

167. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada77, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario78.

2.9.2. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

168. De acuerdo con el tutelante, la Sección Primera de esta Corporación violó el
precedente jurisprudencial que exige que para configurar la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de recursos públicos se debe acreditar que
ellos fueron destinados a eventos por fuera de la finalidad y los cometidos estatales
que le dan la Constitución, la ley y los reglamentos.

169. Sin embargo, sin hacer mayores alusiones a las providencias mencionadas,
en tanto fueron citadas inextenso en la providencia reprochada79, la Sala encuentra
en primer lugar que la Sección Primera fundamentó su decisión en el desarrollo
jurisprudencial de esta Corporación sobre los elementos y características que
componen el concepto de la causal de destinación indebida de recursos públicos.

170. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la autoridad judicial
accionada no incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia,
en el sentido de declarar la pérdida de investidura del accionante, estuvo
fundamentada en un estudio razonable de la jurisprudencia aplicable al caso

77
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
78
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
79
Folios 32-38 de la sentencia reprochada. Documento 008 cargado a SAMAI.

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concreto, entre ellas la sentencia aludida por el tutelante como desconocida, y que
establecen los elementos constitutivos de la causal de pérdida de investidura de
indebida destinación de los recursos públicos.

171. En ese orden de ideas, desde ya se advierte que no se evidencia que la
autoridad judicial haya desconocido las providencias mencionadas como
precedente por la parte actora, razón por la que este cargo no esta llamado a
prosperar.

172. En este punto, también es importante advertir que no esta llamada a
prosperar la solicitud de los terceros vinculados al proceso, consistente en que sea
valorado como precedente diferentes providencias proferidas en el curso de
acciones de tutela, que comparten una similitud fáctica al sub judice.

173. Al efecto, esta Sección advierte que las sentencias citadas por los terceros
vinculados como desconocidas, no establecen una regla o sub-regla del derecho
que debía ser aplicada al caso concreto por la autoridad judicial accionada; razón
por la que de tener en cuenta las sentencias por ellos mencionadas y en
consecuencia, su petición será negada.

2.9.3. Defecto fáctico

174. El accionante relató que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, por cuanto la Sección Primera
del Consejo de Estado dio por probado que los auxilios educativos autorizados
mediante resoluciones de la Mesa Directiva del Concejo fueron efectivamente
pagados a sus beneficiarios, sin que ello este acreditado en el proceso.

175. Además de lo anterior, el solicitante señaló que los documentos aportados
por el concejo de Barrancabermeja y valorados por la accionada, denominados
comprobantes de egreso carecen de autenticidad por cuanto no se tiene certeza de
quién los elaboró por carecer de las firmas autorizadas para su creación, así como
de la firma del beneficiario y los valores que relacionan no coinciden con los
ordenados por las resoluciones. En resumen, no acreditan que hayan sido
efectivamente pagados, haciendo imposible hablar de indebida destinación de
recursos públicos.

176. Desde ya, es preciso advertir que este cargo no esta llamado a prosperar en
el caso concreto, por las razones que se pasan a explicar.

177. En este punto, es importante también mencionar que el señor Luis Fernando
Calderón pretende por este medio el desconocimiento de la información probada a
través de los referidos comprobantes de egreso, bajo superfluas razones; sin

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embargo, aquellos fueron certificados y remitidos por el propio Concejo Distrital de
Barrancabermeja, y además contenían los elementos necesarios para generar la
certeza de su desembolso; razón por la que no era procedente la omisión de su
valoración probatorio, junto con el resto del material probatorio.

178. Ello, sumado a que los certificados de egreso no fueron tachados de falso,
oportunamente, por el accionante de la tutela, no contrarrestado el alcance y
contenido de éstos bajo los precisos mecanismos de oposición probatoria que tenía
a su disposición. Lo que se evidencia, es que el accionante no está de acuerdo con
la realidad que se evidencia en tales documentos, pero tampoco adelantó ninguna
actividad en procura de demostrar que los auxilios reconocidos y ordenados pagar
se detuvieron, fueron abortados y no terminaron en manos de sus empleados.

179. Ahora, la Sala evidencia que en la sentencia cuestionada, se realizó una
valoración probatoria de los comprobantes de egreso, así como de otros
documentos que hacen parte de una cadena de pruebas examinadas de manera
conjunta, por la Sección Primera de esta Corporación en la sentencia reprochada,
sin que ello, como lo sugiere el accionante constituya la prueba reina, sobre la
configuración en la causal de pérdida de investidura en comento.

180. Además de lo anterior, en el caso concreto, los comprobantes de egreso son
evidencias que permitieron reafirmar, acompañar y complementar el restante grupo
de pruebas principales pormenorizadamente en el fallo, con el que se demostraron
los elementos objetivo y subjetivo de la mencionada causal de desinvestidura.

181. Así, por ejemplo los actos administrativos involucrados en el proceso de
pérdida de investidura, llevó a la certeza de la autoridad judicial accionada, que no
se abordaron aspectos vitales como: i) el proceso de selección y asignación de
incentivos no pecuniarios para el mejor equipo de trabajo ni para sus mejores
empleados, de acuerdo con los criterios y requisitos prestablecidos en la
reglamentación, tales como llevar por lo menos un año de servicio continuo en la
entidad para la época de expedición de las citadas resoluciones y acreditar nivel
sobresaliente en la calificación de servicios correspondientes al último año; y ii) la
irregularidad de pagar directamente a los empleados públicos el valor de las
matriculas cuando en realidad se trata del reconocimiento de becas de educación
formal, para generar una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades, que no
puede constituirse en un beneficio directo en dinero.

182. En conclusión, resulta evidente que la Sección Primera de esta Corporación
no solo tuvo en cuenta las ya mencionados certificados de egreso emitidos por el
Concejo Distrital de Barrancabermeja para llegar a la conclusión de que se había
configurado la causal de pérdida de investidura, sino que se reitera, realizó un

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extenso estudio sobre las normas legales y reglamentarias que establecían la forma
en la que el auxilio debía ser otorgado, las calidades de sus beneficiarios y los
conceptos rendidos por el Ministerio del Trabajo y los abogados convocados por los
miembros de la Mesa Directiva, elementos a partir de los cuales se desprendieron
dos conclusiones: la primera, que el auxilio en mención fue otorgado directamente
a los beneficiarios y que algunos de ellos no tenían derecho a percibirlos; y segundo,
que los demandados incurrieron en una conducta gravemente culposa.

183. En consecuencia, la Sala encuentra que la valoración probatoria realizada
por la Sección Primera de esta Corporación no resulta arbitraria ni irrazonable, pues
es el producto de un análisis probatorio que fue realizado dentro de las reglas de la
sana crítica y en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial.
Distinto es que el actor se encuentre en desacuerdo con la conclusión a la que se
llegó en la providencia objeto de reproche y pretenda desconocer tal decisión
queriendo imponer su propio criterio, únicamente por ser contraria a sus intereses.

2.9.4. Violación directa de la Constitución

184. Finalmente, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no incurrió
en violación directa de la Constitución. Es preciso recordar que, la autoridad judicial
accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y
sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos
allegados al proceso ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar
satisfactoria en su integridad a la parte demandante, hoy tutelante, no se puede
colegir que su actuación fue contraria a los derechos fundamentales alegados como
vulnerados.

2.10. Conclusión

185. La Sala declarara la acción de tutela improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad respecto del defecto alegado de decisión sin motivación;
y negará el amparo frente a los demás cargos, en tanto que la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de
la Constitución, por las razones aquí expuestas; y por ello, no se vulneró los
derechos fundamentales de elegir y ser elegido, acceso a cargos públicos, participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político, debido proceso e igualdad,
de Luis Fernando Calderón Mejía.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Concejo de
Barrancabermeja a través de su presidenta, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Leonardo
González Campero, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto del defecto de
decisión sin motivación, porque no superó el estudio del agotamiento de los
mecanismos judiciales.

CUARTO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de elegir y ser
elegido, acceso a cargos públicos, participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político, debido proceso e igualdad, de Luis Fernando Calderón Mejía, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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