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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07673-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07673-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia reclamados por los señores Fernando Florencio Rúales Otero, Jorge Eliecer Muñoz Bolaños, Marco Noel Salazar Rivera, Marial Norbey Rojas, Viviana Martínez Ojeda (en calidad de heredera procesal del señor Mauro Martínez Martínez), Pablo Enrique Solarte Rúales y Silvio Orlando Ramos Genoy porque se encuentran configurados los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR sin efectos la providencia del 7 de julio de 2023 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar, emítase una providencia de reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros señalados en la parte motiva de este proveído. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07673-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de febrero de 2024

Demandantes: Fernando Florencio Rúales Otero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07673-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07673-00
Demandantes: FERNANDO FLORENCIO RÚALES OTERO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA
DE DECISÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Ampara – Precedente judicial
– Prima técnica por evaluación de desempeño

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor Fernando Florencio
Rúales Otero y otros1 contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Fernando Florencio Rúales Otero y otros, presentaron acción de
tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño2. A
través de la solicitud de amparo pretenden que se les protejan sus derechos
fundamentales a «LA IGUALDAD, E IGUALDAD PROCESAL, AL DEBIDO PROCESO, Y
AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA».

2. Las mencionadas garantías se consideraron vulneradas con ocasión de la
sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio de 2023 por parte de la Sala

1 La acción fue promovida por los señores Fernando Florencio Rúales Otero, Jorge Eliecer Muñoz

Bolaños, Marco Noel Salazar Rivera, Marial Norbey Rojas, Viviana Martínez Ojeda (en calidad de
heredera procesal del señor Mauro Martínez Martínez), Pablo Enrique Solarte Rúales y Silvio
Orlando Ramos Genoy.
2 Inadmitida por medio de auto del 12 de enero de 2024 y subsanada mediante memoriales

presentados los días 16, 17 y 19 de enero de 2024. Índices 4, 8, 9, 10 y 11 de SAMAI.

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Demandantes: Fernando Florencio Rúales Otero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07673-00

Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que confirmó la
providencia del 18 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto en primer grado. En esta decisión judicial, se
negaron las pretensiones de la demanda en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado
52001-33-33-004-2014-00324-00/013.

1.2. Pretensiones

3. Las solicitudes planteadas por la accionante fueron las siguientes:

PRIMERA. - Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales a LA
IGUALDAD, E IGUALDAD PROCESAL, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA además de todos aquellos que resultaron
violentados y/o amenazados a nuestra poderdante, por omisión e indebida la
valoración probatoria (defecto factico), desconocimiento e inaplicación del
precedente judicial obligatorio en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Nariño-
Sala Primero de decisión. M.P. Alvaro Montenegro Calvachy al emitir sentencia de
segunda instancia de fecha 07 de julio de 2023, dentro del proceso de radicado:
52001333300420140032400, mediate la cual, confirmó la decisión de primera
instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Pasto.
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la Sentencia de
fecha 07 de julio de 2023, emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño- Sala
Primero de decisión. M.P. Alvaro Montenegro Calvachy, dentro del proceso de
radicado: 52001333300420140032400, y en su lugar se le ordene emitir una
sentencia de reemplazo dentro del término que usted considere pertinente, en la
cual, se protejan los derechos fundamentales a LA IGUALDAD, E IGUALDAD
PROCESAL, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA; corrigiendo los defectos encontrados en la valoración probatoria, y
aplique el precedente judicial obligatorio que regula la materia (expuesto
previamente)4.

1.3. Hechos

La Sala encuentra que los hechos que resultan relevantes para resolver la presente
controversia son los siguientes:

4. Los señores Fernando Florencio Rúales Otero, Jorge Eliecer Muñoz Bolaños,
Marco Noel Salazar Rivera, Marial Norbey Rojas, Mauro Martínez Martínez, Pablo
Enrique Solarte Rúales y Silvio Orlando Ramos Genoy laboran en diferentes
instituciones educativas del departamento de Nariño, así:

Nombre Cargo Plantel Municipio
Fernando Florencio Rúales Otero Celador IE Diego Luis Córdoba Linares
Jorge Eliecer Muñoz Bolaños Pagador IE Antonio Nariño San Pablo
Marco Noel Salazar Rivera Pagador IE San Luis Gonzaga Túquerres
Marial Norbey Rojas Celador IE San Juan Bautista Sotomayor

3 Promovido por los señores Fernando Florencio Rúales Otero, Jorge Eliecer Muñoz Bolaños, Marco

Noel Salazar Rivera, Marial Norbey Rojas, Mauro Martínez Martínez, Pablo Enrique Solarte Rúales
y Silvio Orlando Ramos Genoy contra el Departamento de Nariño - Secretaría de Educación
Departamental.
4 Transcrito con posibles errores ortográficos, de redacción y negrillas y mayúsculas sostenidas.

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Demandantes: Fernando Florencio Rúales Otero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
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Mauro Martínez Martínez Celador IE Pablo VI Tamimango
Pablo Enrique Solarte Rúales Auxiliar IE Diego Luis Córdoba Linares
Administrativo
Silvio Orlando Ramos Genoy Aux. Ser. IE Ntra Señora del Aldana
Generales Pilar

5. Con fundamento en su evaluación de desempeño se les reconoció la prima
técnica mediante las Resoluciones núm. 782 del 4 de marzo 19975, 321 del 4 de
agosto de 19976 y 1407 del 19 de noviembre de 19997. Esta prestación la
percibieron por 10 años hasta el mes de febrero de 2006, fecha en la cual el
departamento de Nariño procedió a la suspensión del reconocimiento y pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño a los funcionarios administrativos que
venían devengándola porque se concluyó que había desaparecido su sustento
legal8, situación que, indicaron, les causó perjuicios toda vez que la misma
representaba casi la mitad de sus ingresos mensuales.

6. En el mes de septiembre de 2013, los accionantes, por medio de apoderado,
solicitaron la restitución del pago de la prima técnica por mantener el derecho a este
beneficio y ser una prestación periódica, para lo cual señalaron que están
vinculados con la administración departamental sin solución de continuidad, no han
sido sancionados disciplinariamente, ni suspendidos de sus cargos y han obtenido
en todas las evaluaciones de desempeño un puntaje superior al 90% del total, lo
que les asegura jurídicamente la continuidad en el devengado de la pluricitada prima
técnica.

7. La anterior solicitud fue negada por la administración departamental. Los
accionantes, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovieron demanda contra los referidos actos administrativos.

8. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2016, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto negó las pretensiones de la demanda
al considerar que los actores no tenían derecho a percibir la prima técnica. Lo
anterior porque no acreditaron dos de los requisitos exigidos por el artículo 5 del
Decreto núm. 2164 de 1991, para acceder a dicha prestación, a saber: i) haberles
sido reconocida la prestación antes de la entrada en vigencia del Decreto núm. 1724
de 1997 y ii) ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional,
técnico, administrativo y operativo9.

5 «Por la cual se resuelven unas peticiones».
6 «Por la cual se reconoce y ordena el pago de prima técnica a los empleados administrativos de

colegios nacionales y nacionalizados del departamento de Nariño».
7 «Por la cual se reconoce y ordena el pago de prima técnica a los empleados administrativos de

colegios nacionales y nacionalizados del departamento de Nariño».
8 Para el efecto por medio de la Resolución 401 del 15 de agosto de 2006 «Por la cual se resuelven

unas solicitudes de reanudación y pago de prima técnica por evaluación de desempeño», se dispuso
no negar las solicitudes de reanudación y pago de la prima al considerar que los accionantes eran
empleados públicos del orden territorial y que la norma que habilitaba a los gobernadores y alcaldes
a reconocer dicha prestación a los empleados del orden territorial, esto es el artículo 13 del Decreto
2164 de 1991, fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 19 de marzo de
1998, Exp 11955 MP Silvio Escudero Castro.
9 El juzgado explicó que: «el artículo 5o del Decreto 2164 de 1991, estableció como requisitos para

disfrutar de la prima técnica (i) que el desempeño del cargo sea en propiedad; (ii) que el cargo

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9. Para fundamentar la decisión esta autoridad explicó que en el proceso se
acreditó que a los accionantes les fue reconocida dicha prestación mediante
Resolución núm. 321 de 23 de julio de 1997, esto es, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la norma, y porque desempeñan empleos del nivel asistencial10, lo
que le permitió concluir que a dichos servidores públicos no les asistía el derecho
para reclamar la prima técnica.

10. Contra la anterior decisión, la parte accionante interpuso recurso de
apelación en el que pidió que se revocara la sentencia por las graves fallas de
observación de la prueba obrante en el expediente y de interpretación y
desconocimiento de la jurisprudencia vertida sobre el tema de la prima técnica por
evaluación del desempeño por parte del Consejo de Estado. Para sustetar el
recurso señaló que:

i) No se realizó una adecuada valoración probatoria.
ii) De la misma jurisprudencia del Consejo de Estado que se cita en la decisión
«se deduce sin hesitación alguna que sus poderdantes tienen derecho a la
prima deprecada, por cuanto, causaron el derecho a gozar de la prima técnica
por evaluación del desempeño, antes de la expedición del Decreto 1724 del 11
de julio de 1997, beneficio que a unos se les reconoció en plena vigencia de los
Decretos 1661 y 2164 de 1991 y a los otros, sólo se les vino a reconocer con
posterioridad a la expedición del mismo, circunstancia que no anula el derecho
adquirido con anterioridad tal como lo aclara sin atenuantes la jurisprudencia
que extrañamente cita el Juzgado»11.
iii) El fallo «desconoció, el régimen de transición contenido en el mismo Decreto
1724 de 1.997 y en el posterior 1336 de 2003, 2177 de 2006 y 1164 de 2012
que garantizan a los niveles diferentes al directivo, ejecutivo y asesor, continuar
percibiendo la prima técnica, hasta su retiro o pérdida definitiva, como es fácil
constatarlo con una sencilla lectura de sus textos».

11. La alzada fue desatada en la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de
julio de 2023 por la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Nariño en la que se
confirmó la providencia de primera instancia.

ocupado se encuentre dentro de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo; y (iii) que el empleado obtuviera un porcentaje igual o superior al 90%
del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año anterior a la
solicitud de otorgamiento».
10 El A-quo, en su decisión, sostuvo: «De los documentos allegados al expediente como pruebas,

observa el Despacho que todos los demandantes ocupan su cargo en propiedad y que obtuvieron
una calificación por desempeño de su labor superior al 90% del total de los puntos posibles, no
obstante, la fecha en que se les reconoció la prima técnica, esto es, el 23 de julio de 1997 es
posterior a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1724 de 1997 el 11 de julio de 1997, fecha
en que fue publicado en el diario oficial No. 43081, aunado a lo anterior, los empleos ocupados por
ellos no se encuentran dentro del nivel exigido por la norma que se pretende aplicar, dado que los
señores FERNANDO FLORENCIO RUALES OTERO, JORGE ELIECER MUÑOZ BOLAÑOS,
MARCO NOEL SALAZAR R. MARIAL NORBEY ROJAS, MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PABLO
ENRIQUE SOLARTE RUALES Y SILVIO ORLANDO RAMOS GENOY desempeñan empleos del
nivel asistencial».
11 Los apelantes refieren, sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado, la sentencia del 19 de abril

de 2012, MP Víctor Hernando Alvarado Ardila; la sentencia de radicación No. 15001 23 31 000 2000
00835 01(0304 08) del 10 de noviembre de 2010, MP Luis Rafael Vergara Quintero, Consejo de
Estado-Sección Segunda.

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12. Para arribar a esta decisión el referido tribunal planteó las siguientes
consideraciones:

53. Para el caso que nos ocupa, del material probatorio allegado al expediente,
debe distinguirse que, frente al primer requisito, para los actores, son indicativos
de una vinculación de carácter territorial, ocupando sus cargos en propiedad, y
que dentro de los mismos obtuvieron una calificación por desempeño de su
labor superior al 90% del total de los puntos posibles; es decir, se tiene que los
demandantes no demostraron una vinculación de orden nacional.

54. Adicionalmente, se encuentra que, ninguno de los demandantes
desempeñó un cargo del nivel Directivo, Jefe de Oficina Asesora o Asesor, y
tampoco se verifica que antes de la expedición del Decreto n° 1724 de 1997, se
le haya reconocido el beneficio en comento, de tal manera que sean acreedores
del régimen de transición.

55. Corolario de todo lo anterior, se tendría que decir que las súplicas de la
demanda no estaban llamadas a prosperar, porque la presunción de legalidad
de los actos demandados, no pudieron ser desvirtuados, razón por la cual, no
hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones n° 4164 del 13 de noviembre
de 2013 y n° 045 de 10 de enero de 2014; y por tal motivo, se define que la
decisión que se adoptó en la primera instancia se ciñe a los lineamientos
legales, jurisprudenciales y constitucionales que se debían aplicar al caso bajo
estudio.

56. Por estas razones, se confirmará la sentencia objeto del recurso12.

13. Al considerar que la decisión de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales a «LA IGUALDAD, E IGUALDAD PROCESAL, AL DEBIDO PROCESO, Y
AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA», los accionantes interpusieron
acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Nariño.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La parte accionante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en
los siguientes defectos.

15. Manifestó que se advierte el defecto de violación directa de la Constitución
por desconocimiento del principio non reformatio in pejus, toda vez que el a quo
encontró probado que el departamento de Nariño les había reconocido a los
accionantes la prima técnica por evaluación del desempeño como servidores
públicos de orden nacional, y el tribunal, desmejoró lo reconocido al dar por probado
la calidad de servidores públicos de orden territorial a los accionantes, sin una sola
prueba que desvirtuara lo aceptado por el juzgado.

16. Explicó que el tribunal con su fallo configuró el defecto fáctico porque: (i)
incurrió en una indebida valoración probatoria de la Resolución núm. 321 del 4 de

12 Transcrito del texto original.

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agosto de 199713 proferida por el Ministerio de Educación Nacional; (ii) incurrió en
una omisión probatoria respecto de la Resolución núm. 1407 del 19 de noviembre
de 199914 dictada por el Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior, al señalar
que de haber valorado la prueba omitida o de haber valorado en debida forma las
referidas resoluciones, las resultas del fallo serían diferentes a las obtenidas en
sentencia de fecha 07 de julio de 2023, toda vez que «las mismas prueban
plenamente la calidad de servidores públicos de orden nacional de los
accionantes, y por ello, se le reconoció la prima técnica por evaluación del
desempeño»15.

17. Expuso que se advierte el desconocimiento de precedente judicial al
desatender el «precedente judicial vertical obligatorio emitido por el H. Consejo
de Estado en cuanto a las reglas de derecho que ha creado frente al artículo 4° del
Decreto 1724 de 1997, garantizando el reconocimiento y pago de la prima técnica
por evaluación del desempeño, como derecho adquirido a los servidores públicos
administrativos que desempeñaron cargos en el nivel asistencial, y que fueron
incorporados a las plantas territoriales, el cual es aplicable al caso de nuestros
poderdantes, en virtud del principio de Igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia»16.

1.5. Trámite de la acción de tutela e intervenciones

18. Mediante auto del 25 de enero de 2024, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela17 y dispuso la notificación de la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño, para que contestara la demanda y allegara los
documentos que pretenda hacer valer como pruebas.

19. Además, ordenó la vinculación del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Pasto18 y del Departamento de Nariño - Secretaría de Educación
Departamental19 como terceros con interés, y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
Finalmente, requirió al Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto para que allegaran el expediente ordinario.

13 «[P]or la cual se reconoce y ordena el pago de prima técnica a los empleados administrativos de

colegios nacionales y nacionalizados del Departamento de Nariño».
14 «[P]or la cual se reconoce y ordena el pago de la prima técnica a los empleados administrativos

de colegios nacionales y nacionalizados del Departamento de Nariño».
15 Transcrito del texto original.
16 Para el efecto refirió la siguiente providencia; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso

Administrativo- Sección segunda- Subsección B. sentencia del 21 de enero de 2016. MP. Gerardo
Arenas Monsalve, número de radicación: 73001-23-33-000-2014-00136-01(4507-14).
17 Inadmitida por medio de auto del 12 de enero de 2024 y subsanada mediante memoriales

presentados los días 16, 17 y 19 de enero de 2024. Índices 4, 8, 9, 10 y 11 de SAMAI.
18 Autoridad judicial que profirió la decisión de la primera instancia.
19 Entidad demandada en el proceso ordinario.

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1.6. Informes
20. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

21. El Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto
rindió informe en el que hizo alusión al trámite de primera instancia y al análisis
realizado por dicho despacho judicial para concluir que a los accionantes no les
«asistía el derecho para reclamar la prima técnica, como quiera que en el plenario
se logró demostrar que no cumplieron con dos de las exigencias de la normatividad
aplicable para obtener el reconocimiento y pago de dicha prestación, por lo tanto,
que conllevaran indefectiblemente a la negativa de las pretensiones de la
demanda». Por lo anterior, indicó que acoge la decisión tutelada objeto de sentencia
de segunda instancia y se está a lo probado y resuelto en el trámite de la presente
acción de tutela.

22. El Tribunal Administrativo de Nariño, después de exponer los
antecedentes del caso, el resumen de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho impetrada por los accionantes y los principales aspectos de la providencia
cuestionada, señaló que la Sala de Decisión hizo un análisis exhaustivo del proceso
y de las pruebas que reposaban en aquel, lo que le permitió concluir que,
considerando los diferentes pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado,
se debía confirmar la decisión de primera instancia, tal y como aconteció, por no
haberse estructurado derecho alguno en favor de los demandantes respecto del
restablecimiento y pago de la citada prima técnica, bajo la figura de evaluación en
su desempeño.

23. Adicionalmente, explica que la accionante acude a la acción constitucional
como una instancia o etapa procesal adicional en la que se controvierta un asunto
que ya fue resuelto atendiendo las garantías legales y constitucionales en la etapa
procesal correspondiente.

24. La Secretaría de Educación del Departamento de Nariño solicitó declarar
improcedente la acción de tutela formulada por la parte accionante, dada la
inobservancia al principio de inmediatez, en tanto, la decisión de segunda instancia
dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el núm. 520013333004201400324, fue proferida el 7 de julio de 2023 y
notificada el 17 del mismo mes y año, y «existe una tardanza injustificada o
irrazonable al momento de decidir acudir a la presente acción constitucional».

25. La parte accionante, por conducto se su apoderado intervino, mediante
memorial en el que se refirió a los pronunciamientos del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada contra
la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio de 2023 por parte de la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. Considerando lo explicado la Sala considera que la parte tutelante se
encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque fue la demandante en el
proceso ordinario en el que se profirió la decisión que se cuestionan por esta vía.

29. Por otro lado, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Nariño está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que dictó la
decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

30. Le corresponde a la Sala determinar si con las decisiones que se cuestionan
en el presente trámite constitucional se vulneraron los derechos fundamentales de
la parte accionante. Para tal efecto, se deberá abordar el siguiente problema
jurídico:

• ¿La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño vulneró
los derechos fundamentales a la igualdad, igualdad procesal, al debido
proceso y del acceso a la administración de justicia de la parte tutelante?
Esto, con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio
de 2023 por parte de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Nariño, respecto de la cual la parte accionante advierte la configuración
de los defectos: violación directa de la constitución, fáctico y desconocimiento
de precedente judicial.

31. Para resolver la interrogante planteada, se estudiarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos generales de procedibilidad,

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de encontrarse superados dichos requisitos; (iii) las generalidades de los defectos
planteados y; (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201220. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema21. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales22.

33. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201423. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia24 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela;
ii) inmediatez;
iii) subsidiariedad;
iv) relevancia constitucional;
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
24 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.

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35. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

37. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial los de subsidiariedad y de
relevancia constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá
si con las providencias censuradas incurrió en el defecto aludido por la tutelante.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Tutela contra tutela

38. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una providencia
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se
identifica con el radicado 52001-33-33-004-2014-00324-00/01

2.5.2. Subsidiariedad

39. Por tratarse de una sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso
de apelación que interpuso la parte demandante contra la providencia de primer
grado que decidió negar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la parte accionante, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios. Así mismo, no proceden los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las
inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales
establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.

2.5.3. Inmediatez

40. También se acredita el requisito de inmediatez. La providencia de segundo
grado quedó ejecutoriada el 24 de julio de 202325 y la solicitud de amparo se

25 Esto, teniendo en cuenta que fue notificada de manera electrónica el 17 de julio de 2023. Por

tanto, teniendo en cuenta el término establecido en el inciso tercero del artículo 8 del Decreto 806
de 2020 y el numeral segundo del artículo 205 del CPACA modificado por el artículo 52 de la Ley
2080 de 2021, se entiende notificada el 20 del mismo mes y año. Luego, la decisión quedó
ejecutoriada el 24 de julio de 2023.

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interpuso el 19 de diciembre de 202326. Por ende, la Sala advierte que la acción de
tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la
jurisprudencia27.

2.5.4. Relevancia constitucional

41. La Sala considera que se cumple con este requisito. Esto, porque la parte
tutelante justificó de manera suficiente y en clave constitucional los motivos por los
que consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales.

42. En efecto, la Sala advierte que el presente asunto, reviste especial
connotación constitucional, en tanto que, a partir de los hechos, las pretensiones y
el debate probatorio que en él se evidencia, es posible observar que el litigio
propuesto, gira en torno al eventual desconocimiento de una postura jurídica
adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual, asuntos de
idéntica connotación al de la parte accionante, habrían sido resueltos de manera
diferente a la que se aplicó en su caso, de acuerdo con el cual los servidores
públicos de niveles distintos al directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes tienen
derecho al reconocimiento de la prima técnica, aún en vigencia del Decreto 1724 de
1997, siempre que bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, esto es, el
del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho a la citada prestación, aspecto
que, según la parte actora lesiona sus derechos fundamentales.

43. También porque se advierte la posible violación directa de la constitución por
desconocimiento del principio non reformatio in pejus, toda vez que el juez de
primera instancia dio por probado que al momento del reconocimiento de la prima
técnica los accionantes ostentaban la calidad de servidores públicos de orden
nacional, y el tribunal, en la decisión de segundo grado desmejoró lo reconocido al
dar por probada la calidad de servidores públicos de orden territorial a los tutelantes,
sin referir elementos de prueba que soportaran tal conclusión.

44. Así mismo, porque plantea un debate respecto de la omisión o indebida
valoración de algunas pruebas que, de haberse considerado hubieran cambiado el
sentido de la decisión adoptada por el juez de segunda instancia. Lo anterior,
repercute en el contenido de los derechos fundamentales de igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

45. Así las cosas, se advierte una tensión respecto de los derechos que debe
ser abordada por el juez constitucional. Por lo que para esta Sala es relevante
determinar si se conculcaron los derechos deprecados por la parte accionante al
incurrir en los defectos señalados por los motivos aquí expuestos.

26 Índice 1 de Samai.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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46. Al respecto, es preciso recordar que la relevancia constitucional implica que
el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la
Constitución, su aplicación, su eficacia y para la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales, como en efecto ocurre en esta oportunidad.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

47. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

48. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales el Tribunal Administrativo del Nariño
incurrió en los defectos alegados.

2.5.6. Irregularidad procesal

49. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

2.6. Generalidades de los defectos planteados
50. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará en primer término si la autoridad judicial accionada
incurrió en alguno de los defectos planteados por la parte accionante.
51. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación sobre
las generalidades de los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo
del asunto.

2.6.1. Defecto fáctico
52. Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201528, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

53. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.

28 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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54. Así las cosas, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.

55. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

56. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

2.6.2. Violación directa de la Constitución Política29
57. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

58. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»31. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución32.

59. El segundo caso, tiene lugar cuando el juez «aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución» 33, y se fundamenta en el artículo 4° de la Carta Política
que establece que la Carta es norma de normas y, por tanto, en todo caso que el
juez deduzca que una norma es incompatible con la Constitución, es deber del
mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»34.

29 En reiteración: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 18 de noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-06996-00; del 10 de marzo
de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11334-00.
30 Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 2013.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem.

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2.6.3. Desconocimiento del precedente
60. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente35.

61. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos36 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.

62. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.7 Caso concreto
63. La Sala encuentra que la parte accionante consideró que el Tribunal
Administrativo de Nariño vulneró sus derechos a «la igualdad, igualdad procesal, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia» con ocasión de la
sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio de 2023. Con esta decisión, se
confirmó la providencia del 18 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto en primer grado, en la que se negaron
las pretensiones de la demanda en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 52001-33-33-
004-2014-00324-00/01.

64. La parte accionante advierte la vulneración de sus garantías porque la
providencia cuestionada, entre otros defectos que se alegan, desconoció el
precedente fijado en la sentencia del 21 de enero de 2016 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación37. Al respecto, resulta
oportuno reiterar la línea jurisprudencial fijada por el alto tribunal relacionada con el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño38.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
36 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de enero de 2016.

Rad.73001-23-33-000-2014-00136-01.
38 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad.

11001-03-15-000-2022-05645-01.

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2.8 La línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado relacionada con
el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño –
aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 4.º del Decreto
1724 de 1997
65. La Sala advierte que la Sección Segunda de esta Corporación en diferentes
oportunidades39 ha fijado como parámetro, para determinar si a una persona le
asiste o no el derecho a obtener el reconocimiento de la prima técnica, pese a no
ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo el
nuevo régimen con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997,
el siguiente:

Parámetro: Sí es posible aplicar el régimen de transición del artículo 4 del Decreto
1724 de 1997 a quienes, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo
o sus equivalentes bajo el nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:

(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y
que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;
(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;
(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio
frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

Consideró la Subsección B de la Sección Segunda40. que el Decreto 1724 de 1997
puede ser aplicado a servidores que no se encuentren en los niveles a los que se
refiere el citado decreto, a saber, directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si
el servidor público tuvo derecho a la prima técnica bajo el régimen anterior, el del
Decreto 1661 de 1991, y el mismo le fue negado contraviniendo esta última
disposición. 41

66. Así mismo la Corporación también precisó que:

[S]e tiene que no obstante los continuos cambios sustanciales que ha sufrido la prima
técnica, dirigidos básicamente a limitar a algunos niveles su reconocimiento, no
tuvieron la virtualidad de afectar las situaciones de quienes habían adquirido el
derecho a su otorgamiento antes de la expedición del Decreto Ley 1724 de 1997, y
que ahora no accederían a él por encontrarse ejerciendo empleos excluidos de su
concesión.

La jurisprudencia ha considerado al respecto42, que el derecho al «mantenimiento»
de la prima técnica por «evaluación del desempeño», a futuro y después de la

39 Al respecto puede verse la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”,

del 8 de agosto de 2003, MP: Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente No.23001-23-31-000-
2001-00008-01, referencia No.0426-03, actor: Benjamín Antonio Vergara.
40 Ibídem.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B”,

Sentencia del 21 de enero de 2016. Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 3 de

julio de 2010. Rad. 25000-23-25-000-2002-08335-01. M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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expedición del Artículo 4° del Decreto Ley 1724 de 1997, corresponde a quienes lo
tengan causado y no sólo a quienes se les había otorgado.43

67. Lo anterior, se evidencia en la providencia que puso de presente como
precedente desconocido la parte accionante y que se pasa a estudiar por esta
Sección:

68. Sentencia del 21 de enero de 2016, Sección Segunda – Subsección “B”
del Consejo de Estado44.

69. En esta sentencia, se resolvió recurso de apelación al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la demandante era una
funcionaria vinculada al Ministerio de Educación por medio de carrera
administrativa.

70. En dicho proceso, la demandante alegó que, a pesar de haber cumplido con
los requisitos establecidos por las normas que regulan la aplicación del régimen de
prima técnica por evaluación del desempeño, la Secretaría de Educación y Cultura
del departamento del Tolima le negó el reconocimiento y pago de tal beneficio45; por
lo anterior, interpuso la acción en cuestión y solicitó que se declarara la nulidad del
acto administrativo por medio del cual se había negado la prima técnica y que, en
consecuencia de ello, se le otorgara el reconocimiento y pago de dicho beneficio.

71. En relación con la aplicación del régimen de transición previsto por el artículo
4 del Decreto 1724 de 1997, en esta providencia se reiteró lo señalado por la
Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado en la sentencia del 22
de marzo de 201246, y se concluyó que los servidores públicos de niveles distintos
al directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño, «aún en vigencia del Decreto
1724 de 1997, siempre que bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, esto
es, el del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho a la citada prestación».

72. En esta providencia se consideró que cualquier funcionario público sin
importar el nivel del cargo ocupado, estaba cobijado por el régimen de transición
previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, siempre y cuando cumpliera con
los siguientes requisitos:

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 21 de mayo de 2020. Rad. 25000-23-42-000-2014-02658-01(2730-18). M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B”,

Sentencia del 21 de enero de 2016. Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01 (4507-14). Demandante:
Gloria Fanny Padilla de Huérfano.
45 La entidad territorial argumentó que la servidora: «no había peticionado en vigencia [de los

Decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997] por lo que no se pudo materializar [la prima técnica] como
un derecho subjetivo adquirido».
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.

Sentencia del 22 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-00276-01(2259-10).

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i. que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y
que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

ii. que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

iii. que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a
la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

73. En esta providencia, la subsección se refirió a la prima técnica para los
funcionarios de la planta del Ministerio de Educación Nacional para definir que «a
través de la Resolución No. 05737 de 1994 el Ministro del Educación posibilitó el
reconocimiento del referido incentivo técnico a los funcionarios administrativos
del orden nacional que laboran en los fondos educativos regionales, oficinas
seccionales de escalafón, centros experimentales piloto, centros auxiliares de
servicios docentes y colegios nacionales y nacionalizados bajo las reglas
previstas para los funcionarios de la planta del Ministerio de Educación Nacional»47

74. A su vez, reiteró en términos idénticos la ratio de la sentencia del 1º de marzo
de 201248, y concluyó que a pesar de que el interesado hubiera obtenido durante
un período un porcentaje inferior al 90% exigido, tiene derecho a que se le
reconozca nuevamente la prima técnica para las anualidades subsiguientes en las
que logre demostrar que su calificación superó el puntaje requerido; lo anterior, toda
vez que se trata de un derecho que se causa anualmente en razón a la misma
periodicidad propia de su esencia y, por tanto, no puede perderse definitivamente
por una calificación anual insuficiente.

75. Adicionalmente, en esta providencia la Subsección sentó una clara posición
respecto del alcance del fenómeno de la descentralización de la educación y señaló
que:
[L]a homologación de los empleos administrativos de las instituciones educativas
nacionales frente a las plantas de personal de los entes territoriales per se no supuso
la pérdida del incentivo técnico previsto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para
los servidores administrativos afectados con esta medida toda vez que, el derecho
adquiridos a disfrutar de una prima técnica fue respetado y garantizado a través del

47 «Al respecto, la referida resolución posibilitó el reconocimiento del incentivo técnico a los
funcionarios administrativos del orden nacional que laboraran en colegios nacionales o
nacionalizados. En otras palabras, se viabilizó el reconocimiento de la prima técnica a los servidores
del Ministerio de Educación Nacional que: i) desempeñaran labores administrativas ajenas al
servicio docente y ii) que laboraran, entre otras dependencias, en instituciones educativas
nacionales o nacionalizadas».
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.

Sentencia del 1 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-00366-01(0371-10).

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Demandantes: Fernando Florencio Rúales Otero y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07673-00

régimen de transición contemplado por el legislador extraordinario en el Decreto 1724
de 199749.

76. Esto permite concluir que en esta providencia se configuró un precedente
jurisprudencial que contiene una regla aplicable al caso concreto en examen, en la
medida en que la accionante en su condición de servidora administrativa del
Ministerio de Educación Nacional para el nivel territorial cumplió con los requisitos
exigidos en el Decreto 1661 y 2164 de 1991, en cuanto a lograr evaluaciones del
desempeño iguales o superiores al 90% y sin sanciones disciplinarias, y obtuvo el
derecho a reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño,
en su condición de servidora administrativa nacional del Ministerio de Educación
Nacional, en el departamento del Tolima, en la forma prevista en los Decretos 1661
y 2164 de 1991; 1724 de 1997 y la Resolución No. 05737 de 1994, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.

2.7. Solución al caso concreto

77. Ahora bien, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Nariño en la
sentencia de segunda instancia dictada el 7 de julio de 2023 confirmó la providencia
del 18 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Pasto en primer grado, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 52001-33-33-004-2014-00324-00/01.

78. Lo anterior porque en su sentir la fecha en la que se reconoció la prestación
fue posterior a la de entrada en vigencia del Decreto núm. 1724 de 1997 y porque
los empleos ocupados por los demandantes, no se encuentran dentro del nivel
exigido por la norma que se pretende aplicar en búsqueda de su restablecimiento.

79. Para llegar a la anterior conclusión, el tribunal realizó un recuento de las
disposiciones normativas y de la jurisprudencia aplicables al asunto concreto y
explicó que, siempre y cuando el funcionario haya cumplido los requisitos para
causar el derecho al pago de la prima técnica aludida con anterioridad a la vigencia
del Decreto 1724 de 1997 y se le haya otorgado o no por la entidad respectiva, tiene
derecho a que se le reconozca, o siga reconociendo dicha prestación.

80. Con fundamento en lo anterior, al arribar al caso concreto, determinó:

47. Conforme al marco normativo que antecede, sea lo primero advertir que la
Resolución n° 321 del 04 de agosto de 1997 adelantó el reconocimiento de la prima
técnica respecto de los demandantes, pero con desconocimiento del Decreto n° 1724
del 04 de julio de 1997, por medio del cual se modificará el régimen de Prima Técnica
para los empleados públicos del Estado, el cual previó la posibilidad de que las
personas que adquirieron el derecho a recibir la prima técnica antes de su expedición
y publicación (10 de julio de 1997), y que ocupan empleos diferentes a los señalados

49
Al respecto puede verse la sentencia de 14 de abril de 2005. Rad. 5726-2003. M.P.
Tarsicio Cáceres Toro.

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en dicho Decreto, continuarían disfrutando de ella hasta su retiro o hasta que se
cumplan las condiciones de su pérdida; y en aplicación de lo expuesto en los
pronunciamientos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado; es decir, en la
medida que no se exigió la acreditación de formación avanzada, ni la experiencia
altamente calificada superior a tres o seis años, ni se tuvo en cuenta si los cargos
pertenecían al nivel director, asesor o ejecutivo.

48. Ahora bien, al margen de la legalidad o no del reconocimiento de la prima técnica
efectuado por la Administración, la discusión gira en punto de la reclamación que los
demandantes efectuaran con el fin de que dicha prima se les otorgara la reanudación
y pago de prima técnica por evaluación de su desempeño; es decir, el
restablecimiento de su pago ordenado en la Resolución n° 321 del 04 de agosto de
1997, el cual solo fuere concedido desde el 30 de enero de 2003 al 31 de enero de
2006, y, posteriormente, fuere la entidad demandada, que al encontrar configurada
una ilegalidad sobre tal pago reclamado por los demandantes, dejó simplemente de
pagarlo, con lo que se entiende que se retiró el acto administrativo del mundo jurídico
de dicha entidad a través de una actuación administrativa verbal, pues tal conducta
omisiva en el pago implicó su clausura.

49. De acuerdo con lo expuesto debe distinguirse que, fue ante el citado
acontecimiento, donde los demandantes, elevaran diferentes reclamaciones de
reanudación y pago de prima técnica por evaluación de desempeño, las cuales fueren
negadas por parte de la Secretaría de Educación Departamental, con Resolución n°
401 del 15 de agosto de 2006, y mediante los actos administrativos en esta
oportunidad demandados, Resolución n° 4164 de 13 de noviembre de 2013 y
Resolución n° 045 de 10 de enero de 2014, especificando de forma determinante, que
en virtud del Decreto Departamental n° 0319 de 23 de febrero de 2006, el personal
administrativo vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
ostentaba la calidad de empleados públicos del orden territorial y como la prima
técnica por evaluación de desempeño regulada en los Decretos n° 1661 de 1991 y n°
2164 de 1991, solo beneficiaba a los empleados del orden nacional, no era extensible
su reclamación en el nivel departamental.

50. Respeto a dicho contexto, y contrariamente a lo expuesto por el apelante, no
puede predicarse a favor de sus poderdantes, la existencia de un derecho adquirido
por haber percibido la prima técnica durante el desempeño del cargo en propiedad, y
en virtud de que dicha prima no estuviere prevista para los servidores del orden
territorial; es decir, que el citado reconocimiento inicial, no se encontraba acorde con
lo dispuesto en el Decreto n° 1724 de 1997, y mucho menos que previo la posibilidad
de que las personas que adquirieron el derecho a recibir la prima técnica antes de su
expedición y que ocupan empleos diferentes a los señalados en dicho Decreto,
continuarían disfrutando de ella hasta su retiro o hasta que se cumplan las
condiciones de su pérdida; y de forma adicional, sin entrar a discutir, se insiste, en
que dicho beneficio salarial para los empleados del orden territorial desapareciera del
ordenamiento, por efecto de la declaración de nulidad del - art. 13 del Decreto n° 2164
de 1999 - en aplicación de lo expuesto en los pronunciamientos jurisprudenciales del
Honorable Consejo de Estado, en virtud de que dicha prima no está prevista para los
servidores del orden territorial.

51. Así las cosas, la Sala comparte plenamente el argumento del A-quo cuando
precisó que luego de estudiar la viabilidad de que dichos empleados gocen de la
prestación reclamada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
1724 de 1997, y el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991, como requisitos para disfrutar
de la prima técnica, y que a la fecha en que se les reconoció la figura (Resolución n°
321 del 04 de agosto de 1997), fuere posterior a la fecha de entrada en vigencia del
Decreto n° 1724 de 1997 (10 de julio de 1997), según publicación revisada en el diario
oficial n° 43081; en sus efectos, los empleos ocupados por los demandantes, no se

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encuentran dentro del nivel exigido por la norma que se pretende aplicar, en búsqueda
de su restablecimiento.

52. Sumado a lo anterior, y de conformidad con las pruebas reseñadas, la
jurisprudencia y normatividad en cita, la Sala luego de proceder en verificar si los
actores cumplían o no con los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la
prima técnica - además de una sobresaliente evaluación de desempeño -, esto es, si
acreditó: i). Una vinculación nacional; ii). El desempeño de un cargo del nivel
Directivo, Jefe de Oficina Asesora o Asesor, cuyo empleo se encuentre adscrito a los
despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa
Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público; iii).
O que antes de la expedición del Decreto n° 1724 de 1997, se le haya reconocido el
beneficio en comento y sean los acreedores del régimen de transición.

53. Para el caso que nos ocupa, del material probatorio allegado al expediente, debe
distinguirse que, frente al primer requisito, para los actores, son indicativos de una
vinculación de carácter territorial, ocupando sus cargos en propiedad, y que dentro de
los mismos obtuvieron una calificación por desempeño de su labor superior al 90%
del total de los puntos posibles; es decir, se tiene que los demandantes no
demostraron una vinculación de orden nacional.

54. Adicionalmente, se encuentra que, ninguno de los demandantes desempeñó un
cargo del nivel Directivo, Jefe de Oficina Asesora o Asesor, y tampoco se verifica que
antes de la expedición del Decreto n° 1724 de 1997, se le haya reconocido el beneficio
en comento, de tal manera que sean acreedores del régimen de transición.

55. Corolario de todo lo anterior, se tendría que decir que las súplicas de la demanda
no estaban llamadas a prosperar, porque la presunción de legalidad de los actos
demandados, no pudieron ser desvirtuados, razón por la cual, no hay lugar a declarar
la nulidad de las Resoluciones n° 4164 del 13 de noviembre de 2013 y n° 045 de 10
de enero de 2014; y por tal motivo, se define que la decisión que se adoptó en la
primera instancia se ciñe a los lineamientos legales, jurisprudenciales y
constitucionales que se debían aplicar al caso bajo estudio. 50

81. Sin embargo, la Sala evidencia que, para llegar a las anteriores conclusiones,
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el precedente establecido por la
Sección Segunda de esta Corporación que, como se observa, fijo como regla, que
los servidores del orden nacional, indistintamente de su nivel, cobijados por el
régimen de transición, y que hayan logrado evaluaciones de desempeño iguales o
superiores al 90% y sin sanciones disciplinarias, obtuvieron el derecho al
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño,
respetado por el régimen de transición del Decreto 1724 de 1997, siempre que bajo
las reglas establecidas por el régimen anterior, esto es, el del Decreto 1661 de 1991,
hubieren tenido derecho a la citada prestación.

82. Lo anterior, en la medida que, en el caso concreto, se evidencia que los
accionantes fueron, como en el precedente aplicable, servidores públicos del orden
nacional que prestaron sus servicios al Ministerio de Educación Nacional en
distintas instituciones del nivel territorial, que cumplieron con los requisitos exigidos
en el Decreto 1661 y 2164 de 1991, en cuanto a obtener evaluaciones del

50 Transcrito del texto original.

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desempeño iguales o superiores al 90%51 y sin sanciones disciplinarias y, por tanto,
obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación
del desempeño52, respetado por el régimen de transición del Decreto 1724 de 1997
y en consideración del criterio de homologación de los empleos administrativos
expuesto en el numeral 76 de esta providencia.

83. En este orden de ideas, esta Sala concluye que, en primer lugar, existe un
criterio jurisprudencial, en asuntos de naturaleza idéntica o semejante al caso
actualmente examinado, que ha sido mantenido por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las sentencias estudiadas con antelación. Así, se ha
configurado un precedente jurisprudencial al interior del máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo el cual, siendo aplicable al caso en concreto, fue
desconocido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
en la providencia censurada por medio de la presente acción constitucional
afectando con ello los derechos fundamentales de igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los tutelantes.

84. En segundo lugar, atendiendo el cargo que se refiere al defecto fáctico, la
Sala anticipa que lo encuentra fundado, en la medida en que extraña del análisis
probatorio que adelantaron los jueces de instancia, el estudio integral de las
Resoluciones núm. 782 del 4 de marzo 1997, 321 del 4 de agosto de 1997 y 1407
del 19 de noviembre de 1999.

85. Lo anterior en consideración a que se advierte que la Resolución núm. 782
del 4 de marzo 1997, proferida con ocasión de una petición elevada por los

51 Verificada la calificación de las evaluaciones de desempeño que obran en la certificación que para

el efecto emitió la Secretaría de educación Departamental del Nariño que reposa en el cuaderno
núm. 1 del expediente ordinario, observa la Sala que los accionantes obtuvieron las siguientes
calificaciones de servicio entre 2006 y el 2016:
Fernando Florencio Jorge Eliecer Muñoz Marco Noel Salazar Marial Norbey Rojas Mauro Martínez Pablo Enrique Solarte Silvio Orlando Ramos
Rúales Otero Bolaños Rivera Martínez Rúales Genoy
Periodo Puntaje Periodo Puntaje Periodo Puntaje Periodo Puntaje Periodo Puntaje Periodo Puntaje Periodo Puntaje
2006- 991.7 2006- 998 2006- 989.74 2006- 966.5 2006- 966 2006- 991.7 2006- 961.18
2007 Satisfactoria 2007 Satisfactoria 2007 Satisfact 2007 Satisfact 2007 Satisfac 2007 Satisfactor 2007 Satisfactor
oria oria toria ia ia
2007- 991.72 2007- No registra 2007- 990 2007- 966.8 2007- 961.2 2007- 991.37 2007- 962.59
2008 Satisfactoria 2008 2008 Satisfact 2008 Satisfact 2008 Satisfac 2008 Satisfactor 2008 Satisfactor
oria oria toria ia ia
2008- 97 puntos - 2008- No registra 2008- 95 2008- 95 2008- No 2008- 97 puntos 2008- 98 puntos
2009 Sobresaliente 2009 2009 puntos - 2009 puntos - 2009 registra 2009 - 2009 -
Sobresali Sobresali Sobresalie Sobresalie
ente ente nte nte
2009- 96 puntos - 2009- 95 puntos - 2009- 96 2009- 97 2009- 93 2009- 96 puntos 2009- 95 puntos
2010 Sobresaliente 2010 Sobresaliente 2010 puntos - 2010 puntos - 2010 puntos 2010 - 2010 -
Sobresali Sobresali - Sobresalie Sobresalie
ente ente Sobres nte nte
aliente
2010- 94 puntos - 2010- 95 puntos - 2010- 97 2010- No 2010- 94 2010- 94 puntos 2010- 96 puntos
2011 Sobresaliente 2011 Sobresaliente 2011 puntos - 2011 registra 2011 puntos 2011 - 2011 -
Sobresali - Sobresalie Sobresalie
ente Sobres nte nte
aliente
2011- 98% - 2011- 100% - 2011- 99% - 2011- 90% - 2011- 92% - 2011- 98% - 2011- 100% -
2012 Sobresaliente 2012 Sobresaliente 2012 Sobresali 2012 Sobresali 2012 Destac 2012 Sobresalie 2012 Sobresalie
ente ente ado nte nte
2012- 97% - 2012- 98% - 2012- 98% - 2012- 96% - 2012- 95% - 2012- 97% - 2012- 100% -
2013 Sobresaliente 2013 Sobresaliente 2013 Sobresali 2013 Sobresali 2013 Sobres 2013 Sobresalie 2013 Sobresalie
ente ente aliente nte nte
2013- 98% - 2013- 98% - 2013- 97% - 2013- 95% - 2013- 95% - 2013- 96% - 2013- 100% -
2014 Sobresaliente 2014 Sobresaliente 2014 Sobresali 2014 Sobresali 2014 Sobres 2014 Sobresalie 20174 Sobresalie
ente ente aliente nte nte
2014- 97% - 2014- 98% - 2014- 97% - 2014- 95% - 2014- 98% - 2014- 96% - 2014- 100% -
2015 Sobresaliente 2015 Sobresaliente 2015 Sobresali 2015 Sobresali 2015 Sobres 2015 Sobresalie 2015 Sobresalie
ente ente aliente nte nte
2015- 97% - 2015- 95% - 2015- 98% - 2015- 90% - 2015- 95% - 2015- 96% - 2015- 100% -
2016 Sobresaliente 2016 Sobresaliente 2016 Sobresali 2016 Destacad 2016 Destac 2016 Sobresalie 2016 Sobresalie
ente o ado nte nte

52 Tal como se advierte en las Resoluciones núm. 782 del 4 de marzo 1997, 321 del 4 de agosto de

1997 y núm. 1407 del 19 de noviembre de 1999.

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accionantes, les reconoció a estos la prestación requerida de manera retroactiva
incluso, sujetando el pago de la misma al respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal de conformidad con lo indicado en la sentencia C-015 del 23 de enero
de 1996 dictada por la corte Constitucional y la Resolución núm. 0547 de 1996, así:

Nombre Resolución Años
Fernando Florencio Rúales Otero Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997. Art. 1 92,93,94,95,96
Jorge Eliecer Muñoz Bolaños Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 1 92,93,94,95,96
Marco Noel Salazar Rivera Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 1 92,93,94,95,96
Marial Norbey Rojas Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 2 92,93,94,95,96
Mauro Martínez Martínez Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 1 92,93,94,95,96
Pablo Enrique Solarte Rúales Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 1 92,93,94,95,96
Silvio Orlando Ramos Genoy Resolución núm. 782 del 4 de marzo 1997 Art. 1 92,93,94,95,96

86. Se destaca que el referido acto administrativo se dictó el 4 de marzo de 1997,
es decir, antes de la expedición del pluricitado Decreto núm. 1724 del 4 de julio de
1997. Ahora bien, después de emitido el referido certificado de disponibilidad
presupuestal, la administración departamental, procedió a expedir la Resolución
321 del 4 de agosto de 1997. Por medio de esta decisión se dispuso reconocer y
cancelar a favor de los accionantes, la prima técnica con retroactividad al primero
de enero de 1993, en porcentaje del 40% del valor total de la nómina, así:

Fernando Florencio Rúales Otero Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Jorge Eliecer Muñoz Bolaños Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Marco Noel Salazar Rivera Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Marial Norbey Rojas Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Mauro Martínez Martínez Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Pablo Enrique Solarte Rúales Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo
Silvio Orlando Ramos Genoy Resolución núm. 321 del 4 de agosto 1997. Art. Segundo

87. Así mismo, la Resolución núm. 1407 del 19 de noviembre de 199953,
reconoció y ordenó el pago de la prima técnica, a favor de algunos de los
tutelantes54, tras considerar, entre otros aspectos, que «[e]xisten empleados
vinculados en los planteles Nacionales y Nacionalizados del Departamento de
Nariño, que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1661 del 27 de
junio de 1991, y su reglamentario 2164 del 27 de septiembre del mismo año;
resoluciones 03528 de julio 16 de 1993 y 5737 del 12 de julio de 1994» y además,
que «[m]ediante Resolución No. 782 de marzo 4 de 1997, fue reconocida personería
jurídica a los doctores CELSO JAIME ERASSO Y JAIRO BAQUERO PRADA (…)
para actuar como mandatarios de los empleados administrativos».

88. Lo anterior, permite concluir que la prima técnica por evaluación de
desempeño de los accionantes fue reconocida desde el 4 de marzo de 1997, esto
es, de forma previa a la entrada en vigencia del Decreto núm. 1724 de 1997, norma
que modificó el régimen de prima técnica para los empleados públicos del Estado,
pero que estableció un régimen de transición que previó la posibilidad de que las
personas que adquirieron el derecho a recibir la prima técnica antes de su
expedición y publicación (10 de julio de 1997), y que ocupan empleos diferentes a

53 En dicho acto administrativo se les reconoció a favor de Mauro Martínez Martínez, Silvio Orlando

Ramos Genoy y Marial Norbey Rojas.
54 Tal como se advierte en las Resoluciones núm. 782 del 4 de marzo 1997 y 321 del 4 de agosto de

1997.

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los señalados en dicho decreto, continuarían disfrutando de ella hasta su retiro o
hasta que se cumplan las condiciones de su pérdida.

89. Esta Sala no encuentra la razón que tuvo el tribunal para omitir un análisis
integral de la prueba en el sentido referido y, por el contrario, fundar su decisión
considerando solo el reconocimiento de las prestaciones a favor de los accionantes
contenida en la Resolución núm. 321 del 4 de agosto de 1997, sin observar de forma
integral que la misma ya había sido objeto de reconocimiento por parte de la
administración en la Resolución núm. 782 de marzo 4 de 1997 e ignorando que,
incluso en la Resolución núm. 1407 del 19 de noviembre de 1999, se hizo referencia
al anterior acto administrativo y a la situación jurídica que en ella se reconoció. Lo
descrito configura la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.

90. Así las cosas, otro hubiera sido el resultado de la decisión adoptada en la
sentencia del 7 de julio de 2023, si el tribunal hubiera considerado, dentro del
análisis probatorio, las circunstancias referidas, configurándose de esta manera el
alegado defecto fáctico, tanto por realizar una indebida valoración probatoria al
sustentar su decisión en el análisis unitario de la Resolución núm. 321 del 4 de
agosto de 1997 para determinar que el reconocimiento de la prestación fue posterior
a la entrada en vigencia del Decreto núm. 1724 de 1997, como por omitir dentro del
análisis integral de las pruebas, incluso la Resolución núm. 1407 del 19 de
noviembre de 1999.

91. Con fundamento en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes,
la Sala amparará los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, reclamados por la parte accionante, toda vez
que considera que se cuenta con los elementos suficientes para la configuración de
los defectos fáctico y por desconocimiento de precedente.

92. Ahora bien, como de lo anterior se desprende que el análisis realizado por el
tribunal debió considerar de forma integral las resoluciones por medio de las cuales
se reconoció la prestación a los tutelantes y que la alegada violación directa de la
Constitución por desconocimiento del principio del nom reformatio en pejus, se
deriva precisamente de la indebida valoración probatoria que realizó el juez de
segunda instancia y que se reconoce como defecto que sustenta la presente
decisión, la Sala no considera necesario profundizar sobre el mismo, razón por la
cual prescindirá de dicho estudio.

2.8. Conclusión

93. Por los motivos aquí expuestos, se dejará sin efecto la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño el 7 de julio de 2023 y se ordenará a dicha
autoridad judicial proferir nueva providencia acogiendo el criterio fijado por la
jurisprudencia establecida por el Consejo de Estado en las sentencias analizadas
en la parte motiva del presente fallo.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia reclamados por los señores
Fernando Florencio Rúales Otero, Jorge Eliecer Muñoz Bolaños, Marco Noel
Salazar Rivera, Marial Norbey Rojas, Viviana Martínez Ojeda (en calidad de
heredera procesal del señor Mauro Martínez Martínez), Pablo Enrique Solarte
Rúales y Silvio Orlando Ramos Genoy porque se encuentran configurados los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos la providencia del 7 de julio de 2023 proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar,
emítase una providencia de reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a
la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros señalados en la parte
motiva de este proveído.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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