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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05645-01

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05645-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de diciembre de 2022 proferida por la Sección Primera de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela y en su lugar: SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia reclamados por la señora Gloria María Beltrán Martín porque se encuentra configurado el defecto de desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEJAR sin efectos la providencia del 3 de mayo de 2022 proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, emítase una providencia de reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros señalados en la parte motiva de este proveído. CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05645-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de marzo de 2023

Demandante: Gloria María Beltrán Martín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05645-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05645-01
Demandantes: GLORIA MARÍA BELTRÁN MARTÍN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F.

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca – ampara –
desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA1

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la accionante contra la
sentencia proferida en primera instancia el 14 de diciembre de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En ese fallo se declaró improcedente la presente
acción de tutela por no encontrarse superado el requisito general de procedibilidad
de la relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Con escrito radicado en la ventanilla virtual de esta Corporación el 24 de
octubre de 2022, la señora Gloria María Beltrán Martín, actuando por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La parte actora consideró
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al trabajo.

2. Desde el punto de vista de la accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se presentó con ocasión de la providencia proferida el 3
de mayo de 2022. En la sentencia reprochada, la referida autoridad judicial
accionada confirmó el fallo del 29 de octubre de 2020 en el que el Juzgado 2. º
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por la accionante contra el departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Educación2.

1 En similar sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia del 27 de mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01758-00.
2 Rad. 2589-33-33-002-2019-00181-01.

1
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Demandante: Gloria María Beltrán Martín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05645-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales al LA
IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL TRABAJO además de todos aquellos que
resultaron violentados y/o amenazados a mi poderdante, por el desconocimiento e
inaplicación del precedente judicial obligatorio en el que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección segunda- Subsección “F” M.P. Dra.
Beatriz Helena Escobar Rojas al emitir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de radicado: 25899333300220190018101, mediate la cual, confirmó la
decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Judicial de Zipaquirá.

SEGUNDA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la Sentencia de
fecha 03 de mayo de 2022 emitida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección segunda- Subsección “F” (…) dentro del proceso de radicado
25899333300220190018101, y en su lugar se le ordene emitir una sentencia de
reemplazo dentro del término que usted considere pertinente, en la cual, se aplique
el precedente judicial obligatorio que regula la materia (expuesto previamente). (Sic
a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. La señora Gloria Inés Beltrán se encuentra vinculada a la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca desde el 25 de agosto de 1995; y
actualmente se desempeña como operaria grado 04 de la Institución Educativa
Departamental Monseñor Abdón López en el municipio de Gachetá –
Cundinamarca.

6. En ejercicio de su cargo, la accionante ha obtenido los siguientes puntajes
de calificación de servicio por evaluación de desempeño:

Periodo calificado Porcentaje de calificación
1° de octubre de 1995 y el 31 de enero de 2008 Superior al 90%
el 1° de febrero de 2008 hasta el 28 de febrero Inferior al 90%
de 2010
A partir del 1 de febrero de 2011 Superior al 90%

7. El 16 de agosto de 2018 la señora Gloria María Beltrán Martín presentó ante
el departamento de Cundinamarca una solicitud tendiente a obtener el pago de la
prima técnica por evaluación de desempeño3 con fundamento en lo dispuesto en

3 Solicitó el pago de la prima técnica por evaluación de desempeño “para las anualidades en las

cuales nuestra poderdante adquirió el derecho a que se le reconociera y concediera el mencionado
incentivo, según resulte probado, de acuerdo a los hechos y fundamentos”.
2
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los Decretos 2164 de 19914 y 1724 de 19975. Sin embargo, esta petición fue
atendida negativamente por el ente territorial en los Oficios No. 2018606814 del 12
de octubre de 2018 y 2019529188 (sin fecha).

8. Por lo anterior, la accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instauró demanda contra el departamento de
Cundinamarca. Esto, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño y en consecuencia que se ordenara el pago de tal prestación. Esto,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1724 de 1997 .

9. La demanda en comento fue conocida en primera instancia por el Juzgado
2.º Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá. Esa autoridad, en sentencia del
29 de octubre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos acusados. Sin embargo, no accedió
a lo solicitado a título de restablecimiento del derecho en cuanto al pago de la prima
técnica por evaluación de desempeño.

10. Como fundamento de su decisión, señaló que la señora Gloría María Beltrán
Martín era beneficiaria de la prima técnica. Esto, porque encontró acreditado que la
accionante había dado cumplimiento a los requisitos para percibir aquella
prestación, a saber: i) haber desempeñado un cargo en propiedad de carácter
nacional; ii) obtener calificaciones del desempeño iguales o superiores al 90%; y iii)
no contar con sanciones disciplinarias.

11. Sin embargo, el juez de primer grado negó el reconocimiento y pago de la
aludida prestación, porque encontró acreditado que la accionante para el año 2008

4 El Decreto Reglamentario 2164 de 1991 – Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-

Ley 1661 de 1991– dispuso en su articulo 4º que tendrán derecho a la prima técnica por evaluación
de desempeño los empleados que ejerzan en propiedad cargos en los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo o sus equivalentes en los sistemas
especiales, que obtuvieron un porcentaje correspondiente al 90% como mínimo del total de puntos
de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la
solicitud de otorgamiento. En síntesis, los requisitos para su asignación se concretan en: i) el
desempeño del empleo en propiedad; ii) que el cargo desempeñado se encuentre dentro de los
niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo; y iii) que en la
calificación de servicios anual se obtenga más del 90% total de puntos posibles.
5 Por medio del Decreto 1724 de 1997 – por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para

los empleados públicos del Estado–, el Gobierno nacional modificó el régimen general y las normas
especiales existentes en materia de prima técnica restringiendo su campo de aplicación a los niveles
directivo, asesor y ejecutivo únicamente. Esto, implicó en cuanto a la prima técnica por evaluación
de desempeño la eliminación de los niveles profesional, administrativo, técnico y operativo como
susceptibles de su asignación. Sin embargo, esta disposición normativa preservó el derecho a la
prima técnica por evaluación de desempeño de quienes a la fecha de su entrada en vigencia lo
habían consolidado de conformidad con la normatividad anterior. Al respecto, en el artículo 4º señaló:
“aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de
niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su
retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las
normas vigentes al momento de su otorgamiento.
Así, el régimen de transición permitió que quienes hubiesen reunido los requisitos para acceder a la
prima técnica, con anterioridad al 11 de julio de 1997, preservaran o continuaran disfrutando de dicho
beneficio económico hasta su retiro de la entidad o hasta que se cumpliera alguna de las condiciones
para su pérdida.
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obtuvo una calificación menor al 90%6. Es decir, que para esa anualidad no cumplió
con el requisito establecido en las disposiciones normativas que regulan la materia
y por ello perdió el derecho a percibir aquella a partir del año 2009.

12. En contra del fallo de primera instancia, la parte demandante presentó
recurso de apelación. La alzada la resolvió la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal de Cundinamarca. Esa autoridad judicial, en sentencia del 3 de mayo
de 2022, confirmó la decisión de primer grado.

13. Como fundamento de su determinación, la autoridad judicial accionada
consideró que la señora Gloría María Beltrán Martín resultó beneficiada del régimen
de transición, comoquiera que para el 11 de julio de 1997 ocupaba un cargo en
propiedad. Asimismo, demostró que para esa fecha tenía la calificación de su
evaluación superior al 90%.

14. Sin embargo, mencionó que no ocurrió lo mismo respecto de la evaluación
de los periodos del 1.º de febrero de 2009 al 28 de febrero de 2010. Esto, porque
obtuvo una calificación menor al 90%.

15. Por lo anterior, el juez ordinario de segunda instancia concluyó que:

i) aunque a la accionante si le pudo haber asistido el derecho al régimen de
transición al haber obtenido un porcentaje inferior al 90% en el año 2008, a partir
del 1º de febrero de 2009, no era procedente el reconocimiento de la prima
técnica;

ii) la peticionaria volvió a obtener una calificación superior al 90% en el período
comprendido del 1º de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012, por lo que al 1º
de febrero de 2012 podría haber adquirido nuevamente la prima técnica si
cumpliera los demás requisitos establecidos para la misma en las normas
vigentes en ese momento, entre ellos, desempeñar uno de los cargos
susceptibles de asignación de prima técnica.

iii) Finalmente, mencionó como la prima técnica se generó desde el año 1997 hasta
que operó su perdida, en el año 2009, el derecho al pago de las sumas
generadas se encontraba prescrito.

1.4. Sustento de la vulneración

16. En primer lugar, el apoderado judicial de la parte actora señaló que se
encontraban acreditados todos los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial. Luego, consideró que la autoridad
judicial accionada desconoció los derechos fundamentales de su defendida por los
siguientes motivos:

17. Sin hacer alusión a un defecto en específico, mencionó que la autoridad
judicial accionada desconoció de forma “errónea” que, para el periodo comprendido
entre el 1.º de febrero de 2009 al 28 de febrero de 2010, obtuvo un porcentaje

6 Obtuvo una calificación del 86.5%.

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inferior al 90%, lo cual no corresponde a la verdad. Esto, porque en la evaluación
de ese periodo, obtuvo un porcentaje del 96% del total de puntos consolidados.

18. Por otro lado, mencionó que la decisión de segunda instancia desconoció el
precedente judicial establecido en la sentencia del 21 de enero de 2016 por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación7. De acuerdo con aquel,
el derecho adquirido a percibir la prima técnica por evaluación de desempeño no se
pierde de forma definitiva por obtener calificaciones inferiores al 90% y que aquella
no prescribe por tratarse de una prestación periódica.

19. También, la accionante refirió que la Corte Constitucional en sentencia C-569
de 2003, en la que estudio la exequilibidad del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991,
definió las circunstancias en las que se pierde la prima técnica por evaluación de
desempeño y dicha interpretación ha sido aplicada por los jueces.

20. Por lo anterior, consideró que no se ajustaba al debido proceso que un
servidor público, teniendo su derecho consolidado a recibir emolumentos, se vea
afectado de forma definitiva por una calificación insatisfactoria, cuando en período
posterior será nuevamente realizada.

21. Como quiera que la accionante no enlistó expresamente los defectos de los
que adolece la providencia objeto de cuestionamiento, la Sala en uso de las
facultades interpretativas enmarca los reproches alegados por ella en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

1.5. Trámite de primera instancia

22. Mediante auto del 27 de octubre de 2022, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación de los
magistrados que integran la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

23. También dispuso en aquella oportunidad, la vinculación del Juzgado 2.º
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá que conoció en primera instancia el
proceso ordinario y del departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación
que figura como demandado de la litis.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Juzgado 2.º Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá

24. El juez de primera instancia solicitó que se declarara improcedente la
presente acción de tutela. Esto, porque la accionante se limitó a manifestar las
razones por las que estimaba que no se encontraba de acuerdo con las
motivaciones y las valoraciones probatorias realizadas en las providencias objeto

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 21 de enero de 2016.
Rad.73001-23-33-000-2014-00136-01.
5
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de reproche. Estas argumentaciones, en su sentir no eran suficientes para
demostrar que el juez de primera o segunda instancia incurrió en una actuación
dolosa o negligente que habilite el examen de fondo de la presente solicitud de
amparo.

25. Aunado a lo anterior, consideró que no se presentó en la decisión accionada,
defecto alguno y además que adoptó su decisión conforme a lo contenido en el
acervo probatorio, con observancia de la Constitución y la Ley. También, mencionó
que no desconoció el precedente judicial obligatorio.

26. Finalmente, el despacho reiteró que la accionante desconoció que para el
periodo 2008, obtuvo una calificación del 86,5%, y que, por ello, perdió
automáticamente el derecho a continuar disfrutando del régimen de transición y por
tanto de la prima técnica por evaluación de desempeño.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

27. El Juez de segunda instancia solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción constitucional, por los siguientes motivos:

28. En primer lugar, manifestó que en la decisión confutada valoró todos los
medios de convicción que obraban en el plenario. Estas pruebas lo llevaron a
concluir que la señora Beltrán Marín durante los periodos comprendidos entre el 1.º
de febrero de 2008 y el 31 de enero de 2009 y del 1.º de febrero de 2009 al 28 de
febrero de 2010 obtuvo calificaciones inferiores al 90%, esto es, 86.5% y 89.00%,
respectivamente.

29. Por lo anterior, consideró que la accionante no perdió el derecho al
otorgamiento de la prima técnica que a futuro pudiera llegar a tener en los términos
del Decreto 1724 de 1997 (cargo en propiedad de Director – Asesor – Ejecutivo),
sino al beneficio del régimen de transición previsto en esa norma, a través de la cual
se le aplicaba para el reconocimiento respectivo el Decreto 2164 de 1991, pues
incurrió en una de las causales de pérdida previstas en la norma, esto es, obtener
una calificación de desempeño inferior al 90%.

30. Por otro lado, destacó que hasta la fecha, esta Corporación no ha proferido
sentencia de unificación sobre el tema del reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño prevista en el Decreto 2164 de 1991 para los
beneficiarios del régimen de transición de que trata el Decreto 1724 de 1997; y
tampoco ha sentado regla jurisprudencial alguna sobre el evento en que dichos
beneficiarios llegaren a obtener una evaluación inferior al 90% sobre la anualidad
con posterioridad al 11 de julio de 1997.

31. También, el Tribunal destacó que no desconoció en la sentencia reprochada
el precedente judicial del Consejo de Estado, máxime, se reitera, que existen
múltiples interpretaciones sobre la materia, por lo que en virtud del principio de
autonomía judicial se dispuso tener como referencia jurisprudencial la sentencia del
22 de enero de 2015.
6
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Sección Segunda, Subsección F.
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32. Sobre lo anterior, la autoridad judicial accionada precisó que, en la sentencia
referida por la accionante en el escrito de tutela, se observa que la decisión tuvo
como fundamento la situación fáctica particular probada en ese trámite judicial; y
que dicho fallo no fue proferido con fines de unificación jurisprudencial y sus efectos
son inter partes.

33. El departamento de Cundinamarca pese a que fue notificado de la presente
acción de tutela, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

34. La Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 14 de diciembre
de 20228, declaró improcedente la acción de tutela. Esto, porque consideró que no
se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

35. Al respecto, el juez de tutela de primera instancia consideró que la
controversia planteada por la accionante era propia del derecho administrativo
laboral. Esto, porque, se insiste, su inconformidad está relacionada con el acto
administrativo que negó el reconocimiento de una prima técnica. De esta manera,
consideró que el debate se centraba en un asunto de naturaleza legal porque lo que
en realidad discute la peticionaria es la legalidad del acto. Además, mencionó que
se trataba de un asunto eminentemente económico, en la medida en que, a través
del amparo, pretende insistir en el reconocimiento de la prima técnica.

1.8. Impugnación

36. La parte accionante presentó escrito de impugnación9 en el que solicitó que
se revocara la decisión de primera instancia y en su lugar que se amparara sus
derechos fundamentales. Esto, porque, en su sentir, la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente judicial obligatorio establecido en materia de prima
técnica por esta Corporación de acuerdo con el cual el derecho adquirido a percibir
la prima técnica por evaluación de desempeño no se pierde de forma definitiva por
obtener calificaciones inferiores al 90% y que aquella no prescribe por tratarse de
una prestación periódica.

37. También, la peticionaria hizo alusión a 2 decisiones del Consejo de Estado10
en las que se estudiaron en sede de tutela, asuntos con similitud fáctica al presente;
y en las que se ampararon los derechos fundamentales conculcados por los
peticionarios. Esto, porque las autoridades judiciales desconocieron el precedente
aplicable de esta Corporación relacionado con el reconocimiento de la prima técnica
a personas que han obtenido una calificación inferior al 90%.

8 Esta decisión fue notificada el 12 de enero de 2023.
9 El escrito de impugnación fue presentado el 17 de enero de 2023.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de julio de 2022. Rad.

11001-03-15-000-2022-1830-01. Sección Quinta. Sentencia del 8 de abril de 2021. Rad. 11001-03-
15-000-2021-00619-00.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Gloría María Beltrán Martíncontra la sentencia de primera instancia proferida
el 14 de diciembre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa – límite de la impugnación

39. La Sala al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela y en
sede de impugnación y en aras de garantizar el derecho al debido proceso de la
accionante, circunscribe el debate al defecto por desconocimiento del precedente
fijado en la sentencia del 21 de enero de 2016 proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación11 en la que se establecieron que no se pierde
de manera definitiva el derecho a percibir la prima técnica por evaluación de
desempeño por obtener calificaciones inferiores al 90%.

40. Por otro lado, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre el presunto
desconocimiento del precedente establecido en las decisiones de tutela
mencionadas por el accionante en el escrito de impugnación. Esto, porque de
hacerlo se podría vulnerar el derecho de contradicción de la autoridad judicial
accionada.

41. Igual suerte corre el defecto fáctico aludido en el escrito de tutela. Esto,
porque no fue objeto de impugnación. Así, de llegarse a estudiar aquel se podría
vulnerar el derecho de contradicción de la autoridad judicial accionada.

42. En consecuencia, de encontrar superados los requisitos generales de
procedibilidad, esta Sección procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre
el defecto de desconocimiento del precedente de esta Corporación relacionado con
el derecho a percibir la prima técnica por evaluación de desempeño.

2.3. Legitimación en la causa

43. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

44. La Sala advierte que la señora Gloria María Beltrán Martín se encuentra
legitimada en la causa por activa. Esto porque figura como demandante en el

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 21 de enero de 2016.
Rad.73001-23-33-000-2014-00136-01.
8
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Sección Segunda, Subsección F.
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
providencia aquí cuestionada.

45. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra legitimado en
la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda
instancia reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 14 de
diciembre de 2022.

47. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿La
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al trabajo de
la parte actora? Lo anterior, al haber incurrido en el defecto de desconocimiento del
precedente con la expedición del fallo del 3 de mayo de 2022 que confirmó la
decisión de primer grado que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la accionante
con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de
desempeño.

48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) estudio de los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse
los anteriores supuestos, y (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201212. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema13. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales14.

50. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 15. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia16 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial17.

51. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

52. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
16 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
17 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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53. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

54. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Tutela contra tutela

55. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una providencia
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se
identifica con el radicado No. 2589-33-33-002-2019-00181-01.

2.6.2. Subsidiariedad

56. Por tratarse de una sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso
de apelación que interpuso la parte demandante contra la providencia de primer
grado que decidió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la accionante, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.

57. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258
de la Ley 1437 de 2011.

2.6.3. Inmediatez
58. También se acredita el requisito de inmediatez. La providencia de segundo
grado quedó ejecutoriada el 17 de mayo de 202218 y la solicitud de amparo se
interpuso el 24 de octubre de 2022. Por ende, la Sala advierte que la acción de
tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la
jurisprudencia19.

2.6.4. Relevancia constitucional

59. La Sala considera que se cumple con este requisito. Esto, porque la parte
tutelante justificó de manera suficiente y en clave constitucional los motivos por los

18 Esto, teniendo en cuenta que fue notificada de manera electrónica el 10 de mayo de 2022. Por

tanto, teniendo en cuenta el término establecido en el inciso tercero del artículo 8 del Decreto 806
de 2020 y el numeral segundo del artículo 205 del CPACA modificado por el artículo 52 de la Ley
2080 de 2021, se entiende notificada el 13 del mismo mes y año. Luego, la decisión quedó
ejecutoriada el 17 de mayo de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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que consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales.

60. En efecto, la Sala nota que se trata de una discusión que involucra un debate
ius fundamental -que no es de mera legalidad-. Esto, porque tiene su origen en la
presunta configuración del defecto de desconocimiento del precedente
jurisprudencial de esta Corporación de acuerdo con el cual el derecho adquirido a
percibir la prima técnica por evaluación de desempeño no se pierde de forma
definitiva por obtener calificaciones inferiores al 90%. De esta manera, se evidencia
también que este yerro se encuentra debidamente sustentado.

61. En ese orden, la Sala encuentra que el debate se circunscribe al
desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación20 que indica que en
aplicación del régimen de transición no se pierde de manera definitiva el derecho a
percibir la prima técnica por evaluación de desempeño por obtener calificaciones
inferiores al 90%. Lo anterior, repercute en el contenido de los derechos
fundamentales de igualdad y al debido proceso.

62. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron los
derechos deprecados por la accionante al incurrir en desconocimiento del
precedente por los motivos aquí expuestos.

63. Al respecto, es preciso recordar que la relevancia constitucional implica que
el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la
Constitución, su aplicación, su eficacia y para la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales, como en efecto ocurre en esta oportunidad.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

64. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

65. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un desconocimiento del
precedente.

2.6.6. Irregularidad procesal

66. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 21 de enero de 2016.

Rad.73001-23-33-000-2014-00136-01.
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67. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente.
68. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto alegado, para posteriormente abordar el fondo del asunto.

2.7. Desconocimiento del precedente

69. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente21.

70. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos22 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

71. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Caso concreto

72. Como se ha explicado, la accionante alega la vulneración a sus derechos
fundamentales con la providencia proferida el 3 de mayo de 2022, dictada por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En esta decisión judicial se confirmó la decisión de primer grado que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la señora Gloria María Beltrán Martín contra el
departamento de Cundinamarca.

73. Como quedó plasmado al inicio de esta providencia, la accionante considera
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales con la
decisión antes mencionada. Esto, porque desconoció el precedente fijado en la
sentencia del 21 de enero de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación23. De acuerdo con aquel, el derecho adquirido a
percibir la prima técnica por evaluación de desempeño no se pierde de forma

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 21 de enero de 2016.
Rad.73001-23-33-000-2014-00136-01.
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definitiva por obtener calificaciones inferiores al 90% y que aquella no prescribe por
tratarse de una prestación periódica.

74. La acción de tutela la conoció la Sección Primera, que en providencia del 14
de diciembre de 2022 declaró improcedente el amparo constitucional. Esto, porque
no encontró acreditado el requisito general de relevancia constitucional. En contra
de esta decisión, la parte accionante presentó recurso de impugnación.

75. Así, corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto es procedente
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado. Sin embargo, previo a
desatar la alzada, resulta oportuno indicar la línea jurisprudencial fijada por esta
Corporación relacionada con el reconocimiento de la prima técnica por evaluación
de desempeño.

2.8.1. La línea jurisprudencial fijada por esta Corporación relacionada con el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño – aplicación
del régimen de transición establecido en el artículo 4.º del Decreto 1724 de
1997

76. Al punto, la Sala nota que la Sección Segunda de esta Corporación en
diferentes oportunidades ha fijado como parámetro para determinar si a una
persona le asiste o no el derecho a obtener el reconocimiento de la prima técnica
en los eventos en los que ha obtenido un puntaje inferior al 90% con posterioridad
a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 el siguiente:

77. Parámetro: A pesar de que el interesado hubiera obtenido durante un
período un porcentaje inferior al 90% exigido, tiene derecho a que se le reconozca
nuevamente la prima técnica para las anualidades subsiguientes en las que logre
demostrar que su calificación superó el puntaje requerido. Esto, porque se trata de
un derecho que se causa anualmente en razón a la misma periodicidad propia de
su esencia y, por tanto, no puede perderse definitivamente por una calificación anual
insuficiente.

78. Lo anterior, se evidencia en las providencias que se pasan a estudiar por esta
Sección:

79. Sentencia del 1.º de marzo de 2012, Sección Segunda – Subsección “B”
del Consejo de Estado24

80. La Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 1.º de marzo de
2012 conoció de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que
el demandante solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos por
medio de los cuales se había negado la prima técnica. Esto, porque a pesar de
haber cumplido con los requisitos establecidos por las normas que regulan la

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.

Sentencia del 1 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-00366-01(0371-10).
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aplicación del régimen que gobierna esa prestación, la entidad en la cual se
desempeñaba laboralmente le negó el reconocimiento y pago de tal beneficio.

81. En segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
lo conoció la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación que al
resolver el caso concreto determinó:

“(…) quedó demostrado que la actora obtuvo en el período comprendido entre el
01/03/1999 al 29/02/2000 como calificación 896.36, es decir, un porcentaje inferior al
90% exigido y por tanto en este período no se causó el derecho al reconocimiento y
pago de la prima técnica.

Pero la anterior afirmación no impide que, si como se demostró también, en los
períodos anuales subsiguientes, la calificación superó el 90% exigido, la servidora
tenga derecho a que se le reconozca nuevamente y por esos precios (sic) períodos
calificados, la prima técnica, dado que como ya se concluyó, se trata de un derecho
que se causa anualmente en razón a la misma periodicidad que lo caracteriza y que
no puede perderse definitivamente por una calificación anual insuficiente.

En este orden y acorde con el presupuesto normativo que refiere sobre la
temporalidad del derecho, y como no encuentra la Sala causal alguna diferente a una
mala calificación anual, la actora tiene derecho a que se reactive por las anualidades
subsiguientes en que fue calificada y obtuvo un porcentaje superior del 90%, el
disfrute de la prima técnica cuyo derecho se causó en vigencia del Decreto 1661 y su
reglamentario, en concordancia con el Decreto 1724 de 1997 que previó el régimen
de transición del cual es beneficiaria la actora tal y como quedó demostrado.”
(Subrayas fuera del texto)

82. A su vez, se concluye que en esta providencia se configuró un parámetro, de
acuerdo con el cual, los servidores del orden nacional cobijados por el régimen de
transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y que hayan obtenido
durante algún período una calificación en la evaluación del desempeño inferior al
90%, tienen derecho a que se les reconozca nuevamente la prima técnica
correspondiente para las anualidades subsiguientes en las que se logre demostrar
que superaron el puntaje requerido.

83. Hasta aquí, esta Sala encuentra que el caso en cuestión es análogo al
examinado debido a que la tutelante prestó sus servicios como funcionario del orden
nacional, vinculado por medio de carrera administrativa al Ministerio de Educación
y, por tanto, cobijado por el régimen de transición previsto para este tipo de
servidores, al igual que la demandante al interior del proceso en el que se profirió la
sentencia estudiada. De igual forma, el accionante alegó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró que había perdido definitivamente su
derecho a percibir la prestación, en la medida en que, durante un período de tiempo,
obtuvo una calificación inferior a la requerida en la evaluación del desempeño.

84. Por tanto, la Sala concluye que este precedente es una regla aplicable al
caso concreto en examen, en la medida en que el accionante fue un servidor del
orden nacional, cobijado por el régimen de transición en cuestión y, a pesar de que
obtuvo durante un período un puntaje inferior al 90% en la evaluación del
desempeño, logró demostrar que entre el período comprendido a partir del 1° de

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febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2018, obtuvo nuevamente un puntaje
superior a los 90 puntos requeridos para acceder al mentado beneficio.

85. Sentencia del 22 de marzo de 2012, Sección Segunda – Subsección “B”
del Consejo de Estado25

86. En esta sentencia se resolvió un recurso de apelación al interior de proceso
de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la
accionante era una funcionaria del orden nacional, vinculada al Ministerio de Interior
y de Justicia por medio de carrera administrativa.

87. En dicho proceso, la demandante alegó que a pesar de haber cumplido con
los requisitos establecidos por las normas que regulan la aplicación del régimen de
prima técnica por evaluación del desempeño, la entidad en la cual se desempeñaba
laboralmente le negó el reconocimiento y pago de tal beneficio; por lo anterior,
interpuso la acción en cuestión y solicitó que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se había negado la prima técnica y que, en
consecuencia de ello, se le otorgara el reconocimiento y pago de dicho beneficio.

88. En aquella providencia, se consideró que cualquier funcionario público del
orden nacional, sin importar el nivel del cargo ocupado, estaba cobijado por el
régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, siempre y
cuando cumpliera con los siguientes requisitos:

“i. que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren laborado
para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde
luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

ii. que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en vigencia
del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima mencionada en
vigencia del Decreto 1661 de 1991;

iii. que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a la
petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.”

89. A su vez, reiteró en términos idénticos la ratio de la sentencia del 1º de marzo
de 2012, analizada con antelación, y concluyó que a pesar de que el interesado
hubiera obtenido durante un período un porcentaje inferior al 90% exigido, tiene
derecho a que se le reconozca nuevamente la prima técnica para las anualidades
subsiguientes en las que logre demostrar que su calificación superó el puntaje
requerido; lo anterior, toda vez que se trata de un derecho que se causa anualmente
en razón a la misma periodicidad propia de su esencia y, por tanto, no puede
perderse definitivamente por una calificación anual insuficiente.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.

Sentencia del 22 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-00276-01(2259-10)

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90. Por tanto, por idénticas razones a las expuestas en los numerales 82, 83 y
84 de la presente providencia, la Sala concluye que este precedente también
constituye una regla de derecho aplicable al caso concreto en examen, en la medida
en que el accionante fue un servidor del orden nacional, cobijado por el régimen de
transición previsto por el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y, a pesar de que
obtuvo durante un período un puntaje inferior al 90% en la evaluación del
desempeño, logró demostrar que entre el período comprendido a partir del 1° de
febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2018, obtuvo nuevamente un puntaje
superior a los 90 puntos requeridos para acceder al mentado beneficio.

91. Sentencia del 21 de enero del 2016 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado26

92. En esta sentencia, se resolvió recurso de apelación al interior de proceso de
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la demandante
era una funcionaria del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación por
medio de carrera administrativa.

93. En dicho proceso, la demandante alegó que, a pesar de haber cumplido con
los requisitos establecidos por las normas que regulan la aplicación del régimen de
prima técnica por evaluación del desempeño, la Secretaría de Educación y Cultura
del departamento del Tolima le negó el reconocimiento y pago de tal beneficio; por
lo anterior, interpuso la acción en cuestión y solicitó que se declarara la nulidad del
acto administrativo por medio del cual se había negado la prima técnica y que, en
consecuencia de ello, se le otorgara el reconocimiento y pago de dicho beneficio.

94. En relación con la aplicación del régimen de transición previsto por el artículo
4 del Decreto 1724 de 1997, en esta providencia se reiteró lo señalado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 22 de marzo de 2012, analizada previamente,
y se concluyó que los servidores públicos de niveles distintos al directivo, asesor,
ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica
por evaluación del desempeño, “aún en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre
que bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, esto es, el del Decreto 1661
de 1991, hubieren tenido derecho a la citada prestación”.

95. A su vez, reiteró el precedente establecido por la sentencia del 1 de marzo
de 2012 estudiada anteriormente, y concluyó que a pesar de que un servidor
público, cobijado por el régimen de transición en cuestión, hubiera obtenido durante
un período un porcentaje inferior al 90% exigido, ello no implica que el interesado
no pueda seguir disfrutando posteriormente de la prima técnica por evaluación de
desempeño, en la medida en que cuenta con el derecho a que se le reconozca la
mentada prestación en las anualidades posteriores en las que demuestre que su
calificación superó el puntaje requerido; lo anterior, toda vez que se trata de un
derecho que se causa anualmente en razón a la misma periodicidad propia de su

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 21 de enero de 2016. Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01.
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Sección Segunda, Subsección F.
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esencia y, por tanto, no puede perderse definitivamente por una calificación anual
insuficiente.

96. A continuación, se trae a colación lo señalado expresamente por la Sección
Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado:

(…) la Sala no pasa por alto que para el año 1998 la accionante obtuvo una
calificación inferior al 90% exigido por los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño. Empero, dicha
circunstancia como lo ha sostenido esta misma Corporación en anteriores
ocasiones no constituye óbice para que el interesado pueda seguir disfrutando de la
prima técnica, siempre que en los períodos subsiguientes alcance la calificación
exigida.

En efecto, la naturaleza periódica de la prima técnica por evaluación del desempeño
se traduce en su causación anual, esto es, siempre que el solicitante cuente con una
calificación de servicio igual o superior al 90%. Bajo este supuesto, el hecho de que
el beneficiario de la prima técnica por evaluación de desempeño no obtenga, respecto
de una anualidad en concreto, una calificación de servicio igual o superior al 90% no
conlleva, per se, la pérdida definitiva y a futuro del derecho a percibir el referido
incentivo técnico.

97. A su vez, se concluye que en esta providencia se configuró un precedente
jurisprudencial, de acuerdo con el cual, los servidores del orden nacional cobijados
por dicho régimen y que hayan obtenido durante algún período una calificación en
la evaluación del desempeño inferior al 90%, tienen derecho a que se les reconozca
nuevamente la prima técnica correspondiente para las anualidades subsiguientes
en las que se logre demostrar que superaron el puntaje requerido.

2.8.2. Solución al caso concreto

98. En este punto, es preciso señalar que la Sala nota que la autoridad judicial
accionada en la sentencia del 3 de mayo de 2022 reprochada en esta oportunidad
decidió confirmar el fallo de primer grado. Esto, porque la accionante a partir del año
2009 perdió el derecho a que se le reconociera y pagara la prima técnica por
evaluación de desempeño que perseguía a través de dicho medio de control.

99. Para llegar a la anterior conclusión, la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó el recuento de las disposiciones
normativas aplicables al asunto concreto y explicó que siempre y cuando el
funcionario haya cumplido los requisitos para causar el derecho al pago de la prima
técnica aludida con anterioridad a la vigencia del Decreto 1724 de 1997, entre ellos,
obtener una puntaje superior al 90% en la respectiva evaluación y se le haya
otorgado o no por la entidad respectiva, tiene derecho a que se le reconozca, o siga
reconociendo dicha prestación.

100. Con fundamento en lo anterior, al arribar al caso concreto, determinó:

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Demandante: Gloria María Beltrán Martín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05645-01

“Observa la Sala que la señora Gloria María Beltrán Martín resultó beneficiada del
régimen de transición, comoquiera que para el 11 de julio de 1997 ocupaba un cargo
en propiedad (auxiliar administrativo – grado 01), así mismo, demostró que para esa
fecha tenía la calificación de su evaluación de desempeño anual en el porcentaje
exigido por la norma (90%), toda vez que obtuvo una evaluación de desempeño
excelente (…).

Lo anterior implica que pese a que la demandante para el año 1997 ocupaba un
cargo que no pertenecía al nivel asesor o directivo, tenía el derecho a devengar la
prima técnica por virtud del artículo 4º de Decreto 1724 de 1997. Así sucedió en los
años subsiguientes hasta el periodo 2007-2008.

No ocurrió lo mismo con la evaluación de los periodos del 1º de febrero de 2008 al
31 de enero de 2009 y del 1º de febrero de 2009 al 28 de febrero de 2020 porque
(…) obtuvo calificaciones del 86.5% y 89.00%, respectivamente.

Así las cosas, considera la Sala que, aunque a la demandante sí le pudo haber
asistido el derecho al régimen de transición, al haber obtenido un porcentaje inferior
al 90% en el año 2008, a partir del 1º de febrero de 2009 se configuró una causal de
pérdida del derecho a la prima técnica.

La Sala resalta que es erróneo afirmar que esa situación significa, como afirma la
demandante, que solo en los años en los que no obtuvo la calificación mínima
exigida (90%) perdería el derecho, pero que lo seguiría teniendo en los siguientes
años. [Sin embargo], el no obtener la calificación exigida constituye causal de
“perdida del derecho”.
(…)
En otras palabras, esto es, una vez perdido el derecho a la prima técnica por haber
estado incursa en una de las causales establecidas, sólo le era posible acceder
nuevamente al derecho cumpliendo los requisitos actualmente exigibles, entre ellos,
desempeñar en propiedad alguno de los cargos a los que hace alusión el Decreto
1724 de 1997 y normas posteriores que rigen la materia, lo cual en este caso no
ocurrió, pues el cargo que desempeña desde la entrada en vigencia del mencionado
decreto ya no es destinatario de la prima técnica.

En efecto, la accionante volvió a obtener una calificación superior al 90% en el
periodo del 1.º de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012, por lo que al 1.º de febrero
de 2012, podría haber adquirido nuevamente la prima técnica si cumpliera los demás
requisitos establecidos para la misma en las normas vigentes en ese momento,
entre ellos, desempeñar uno de los cargos susceptibles de asignación de prima
técnica en esa época”.

101. Sin embargo, la Sala evidencia que, para llegar a las anteriores conclusiones,
la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el precedente establecido por la
Sección Segunda de esta Corporación que, como se viene de decir, fijo como regla,
que los servidores del orden nacional cobijados por el régimen de transición y que
hayan obtenido durante algún período una calificación en la evaluación del
desempeño inferior al 90%, tienen derecho a que se les reconozca nuevamente la
prima técnica correspondiente a las anualidades subsiguientes en las que se logre
demostrar que superaron el puntaje requerido.

102. Lo anterior, en la medida que, en el caso concreto, se evidencia que la
accionante fue una servidora del orden nacional, cobijada por el régimen de
transición en cuestión y, a pesar de que obtuvo durante un período un puntaje
inferior al 90% en la evaluación del desempeño, logró demostrar que entre el

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Demandante: Gloria María Beltrán Martín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05645-01

período posterior comprendido a partir del 1.º de febrero de 2011 al 31 de enero de
2012, obtuvo nuevamente un puntaje superior a los 90 puntos requeridos para
acceder al mentado beneficio.

103. En este orden de ideas, esta Sala concluye que, en primer lugar, existe un
criterio jurisprudencial, en asuntos de naturaleza idéntica o semejante al caso
actualmente examinado, que ha sido mantenido por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las sentencias estudiadas con antelación. Así, se ha
configurado un precedente jurisprudencial al interior del máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo el cual, siendo aplicable al caso en concreto, fue
desconocido por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia censurada por medio de la presente acción
constitucional.

104. Por esto, tampoco le asiste razón a la autoridad judicial accionada cuando
refiere que en lo relacionado a la prima técnica existe una disparidad de criterios al
interior de esta Corporación y que en virtud de tal y en ejercicio de su autonomía de
la voluntad adoptó una interpretación contraria a la aquí mencionada.

105. Lo anterior, porque se evidencia que en la sentencia cuestionada no se
expuso alguna decisión de la Sección Segunda en el sentido contrario al aquí
mencionado (acápite 2.8.1). Así, si bien se citaron algunas decisiones de la Sección
Segunda de esta Corporación27, lo cierto es que de los extractos citados en la
providencia enjuiciada de aquellas sentencias no se concluye una posición diferente
a la mencionada en las providencias aquí citadas. Y tampoco se concluye que la
calificación inferior al 90% impida volver a recibir la prima en un periodo posterior.

106. Con fundamento en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes,
la Sala procede a revocar la decisión de primer grado y en su lugar, amparará los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, reclamados por la accionante, toda vez que la Sala
considera que se cuenta con los elementos suficientes para la configuración del
defecto de desconocimiento de precedente.

107. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 3 de mayo de 2022 y se ordenará a dicha autoridad judicial proferir nueva
providencia acogiendo el criterio fijado por la jurisprudencia establecida por el
Consejo de Estado en las sentencias analizadas en la parte motiva del presente
fallo.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias del 22

de julio de 2014. Rad. 2012-00182; 22 de enero de 2015. Rad. 2013-00025; y del 27 de mayo de
2015. Rad. 2012-00255.
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Demandante: Gloria María Beltrán Martín
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05645-01

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de diciembre de 2022 proferida por la
Sección Primera de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela
y en su lugar:

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia reclamados por la señora Gloria
María Beltrán Martín porque se encuentra configurado el defecto de
desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: DEJAR sin efectos la providencia del 3 de mayo de 2022 proferida por
la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar, emítase una providencia de reemplazo dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los
parámetros señalados en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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