Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01829-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01829-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
28 de abril de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Demandantes: MIGUEL ÁNGEL NAVARRO NAVARRO
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ANÁLISIS DEL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE. SE NIEGA EL AMPARO
Síntesis del caso: el demandante interpone acción de tutela para que se protejan sus derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y trabajo, vulnerados con ocasión
de la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y, en su lugar, las negó. La Sala negará el amparo tras verificar
que no se configuró el defecto alegado.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Miguel Ángel Navarro
Navarro1 en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, igualdad y trabajo, consagrados en los artículos 13, 29 y 25 de la
Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 26 de
febrero de 2025 proferida por la autoridad judicial demandada, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación 25899-33-33-001-2019-00081-00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Mediante escrito del 27 de marzo de 2025
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
1) El demandante se desempeña como auxiliar administrativo en el Instituto Técnico
Agrícola a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
2) Desde el año 1996 prestó sus servicios en la alcaldía Municipal de Zipaquirá –
Secretaría de Educación y allí se le reconoció al demandante la prima técnica por
evaluación del desempeño, con fundamento en el Decreto 2164 de 1991.
3) En la evaluación del desempeño realizada al demandante para el periodo del 1º de
febrero de 2008 al 31 de enero de 2009, obtuvo una calificación de 88.5, inferior al 90%,
por tal motivo, se le suspendió el pago de la prima técnica.
4) En los periodos comprendidos entre el 1º de febrero de 2010 al 31 de enero de 2018,
el demandante obtuvo calificaciones superiores al 90%; en consecuencia, el 2 de
noviembre de 2018 el demandante solicitó ante la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Municipal de Zipaquirá el reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación del desempeño desde el año 2010.
5) Mediante Resolución de 3 de enero de 2019 esa autoridad negó dicha solicitud, tras
considerar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 1336 de
20032, se cumplió la condición para la pérdida de la prima técnica, al obtener una
calificación por evaluación del desempeño inferior al 90% como mínimo del total de
puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas durante el año
inmediatamente anterior.
6) El actor presentó demanda en ejercicio del medio de control judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Municipio de Zipaquirá – Secretaría de
Educación, con el fin de que i) se declarara la nulidad de la Resolución del 3 de enero
de 2019; ii) se reconociera y pagara la prima técnica por evaluación del desempeño
respecto de las anualidades posteriores al año 2009 y iii) se reliquidaran todos los
salarios, primas, bonificaciones y demás emolumentos salariales pagados sin dicho
beneficio, el cual constituye factor salarial.
2
“ARTÍCULO 4º. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen
cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto o cargos de asesor en condiciones
distintas a las establecidas en el artículo 1º, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo
o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al
momento de su otorgamiento.”
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
7) Mediante sentencia del 24 de junio de 2024 el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 3;
señaló que debido a la naturaleza periódica de la prima técnica por evaluación del
desempeño, el hecho de que el beneficiario de la misma obtenga, respecto de una
anualidad en concreto, una calificación de servicio inferior al 90% no conlleva a la
pérdida definitiva y a futuro del derecho a percibir dicho beneficio, en tanto el parágrafo
del artículo 8º del Decreto 1616 de 1991 concede la posibilidad de revisar la concesión
de la prima técnica.
8) La parte demandada4 y el demandante 5 apelaron la anterior decisión y, en sentencia
de 26 de febrero de 2025 la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.
a) El tribunal expuso que, pese a que el Decreto 1336 de 27 de mayo de 2003
estableció que únicamente tenían derecho a la prima técnica quienes estuvieran
nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel directivo, jef es de oficina
asesora y asesor, contempló un régimen de transición para casos en los cuales se
reconoció la prima técnica con fundamento en las normas anteriores y dispuso que la
continuidad de su disfrute sería viable hasta el retiro de la entidad o hasta que se
cumplieran las condiciones para su pérdida.
b) Por lo anterior, afirmó que dicho emolumento fue reconocido al demandante con
fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1661 de 1991, reglamentado por el Decreto
2164 de 1991 que estableció que, de no alcanzarse un puntaje mínimo del 90% del
total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año
inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento, se configura una causal para
su pérdida, que debe entenderse en forma definitiva.
3
Negó la pretensión relacionada con la reliquidación de las demás prestaciones laborales, en tanto la
prima técnica no constituye factor salarial y declaró la prescripción extintiva del incentivo causado con
anterioridad al 2 de noviembre de 2015, pues el demandante solicitó en sede administrativa el pago y
reconocimiento de la prima técnica el 2 de noviembre de 2018, por lo cual dio aplicación a la prescripción
trienal.
4
Expuso que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
1336 de 2003, que establece que la prima técnica únicamente puede ser asignada a quienes estén
nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel directivo, jefes de oficina asesora y a los de
asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de ministros, viceministros, director de
Departamento Administrativo, superintendente y director de Unidad Administrativa Especial o sus
equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público; añadió que, en el periodo de
calificación del 2008 al 2009 el demandante obtuvo una calificación inferior al 90%, por lo cual se cumplió
una de las condiciones para su pérdida.
5
Apeló lo relacionado con la prescripción trienal y, expuso que el incentivo debía ser reconocido hasta
que se configurara alguna de las causales para su pérdida definitiva, como lo son el retiro de la entidad
o la sanción disciplinaria de suspensión.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues omitió lo dispuesto por el
Consejo de Estado6 respecto del reconocimiento y pago de la prima técnica por
evaluación del desempeño y su pérdida por obtener calificaciones inferiores al 90%.
La Corte Constitucional estableció, en sentencia de constitucionalidad C-569 de 2003
presentada contra el artículo 8º del Decreto 1661 de 1991, que la pérdida de la prima
por calificación insatisfactoria de desempeño no es definitiva, sino que en todo caso es
viable su revisión.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales a
LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL TRABAJO además de todos
aquellos que resultaron transgredidos a mi poderdante, por el
desconocimiento e inaplicación del precedente judicial obligatorio en el que
incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección segunda-
Subsección “C” M.P. Dra. Amparo Oviedo Pinto al emitir sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de radicado:
25899333300120190018101, mediante la cual, y desconociendo toda la
jurisprudencia que sobre el particular -como se ha explicado- ha edificado el
H. Consejo de Estado, revocó la decisión de primera instancia proferida por
el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Zipaquirá que
había acogido favorablemente las pretensiones del aquí actor.
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la Sentencia
de fecha 26 de febrero de 2025 emitida por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección segunda Subsección “C” M.P. Dra. Amparo Oviedo
Pinto dentro del proceso de radicado 25899-33-33-001-2019-00081-01, y en
su lugar se le ordene emitir una sentencia de reemplazo dentro del término
que usted considere pertinente, en la cual, se aplique el precedente judicial
obligatorio que regula la materia (expuesto previamente), y en los términos
del fallo de tutela que aquí se promueve.” (Índice 2 aplicativo SAMAI -
mayúsculas y negrillas del original).
6
Citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación
73001-23-33-000-2014-00136-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta, radicación 11001-03-15-000-
2022-05645-01.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
4. Actuación procesal
Mediante auto de 1º de abril de 2025 7 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó como terceros con interés al
titular del Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Zipaquirá
y al secretario o quien haga sus veces de la Secretaría de Educación del Municipio de
Zipaquirá, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas
1) La titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá 8 solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues el demandante pretendió
reabrir un debate que fue analizado y decidido en el proceso ordinario.
2) La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca9 señaló que no se
vulneraron los derechos fundamentales del demandante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
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Índice 4 del expediente digital en Samai.
8
Índice 8 del expediente digital en Samai.
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Índice 9 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos fundamentales de la igualdad, debido
proceso y trabajo, supuestamente vulnerados con la providencia del 26 de febrero de
2025, mediante la cual se revocó la decisión del 24 de junio de 2024 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantada por el demandante contra la Secretaría de Educación del Municipio
de Zipaquirá y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocó un desconocimiento del precedente
jurisprudencial, argumentos que no pudieron ser planteados en el curso del proceso
ordinario, máxime cuando la providencia que se ataca revocó la decisión de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
negó las pretensiones; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles
al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación 10 de la providencia cuestionada.
10
La sentencia fue notificada el 3 de marzo de 2025 y el escrito de tutela fue radicado el 27 de marzo de
2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
2.1 Caracterización del desconocimiento del precedente
1) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia11”.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.
2) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 12 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las
órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones
o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta
o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para
la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior;
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean
semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente 7”.
11
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
3) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una
regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
4) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior
a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto
de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”.
5) No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas
las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del
mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están
llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor
manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de
protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
apartamiento del precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de
argumentación”.
2.2. Análisis del desconocimiento del precedente jurisprudencial en el caso
concreto
1) El demandante alegó que con la decisión cuestionada se desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, en el cual se estableció que “el derecho
adquirido a percibir la prima técnica por evaluación del desempeño no se pierde de
forma definitiva por obtener calificaciones inferiores al 90%, se pierde por el periodo
calificado, pero no de forma definitiva”; a su vez, afirmó que se desconoció la sentencia
C-569 de 2003, que dispuso que la pérdida de la prima por calificación insatisfactoria
de desempeño no es definitiva, sino que es viable su revisión.
2) Sin embargo, la Sala evidencia que la providencia atacada se fundamentó en
pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado13, en los cuales se ha
establecido que, los empleados que consolidaron el derecho a percibir la prima técnica
antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997 cuentan con un derecho adquirido
que pueden reclamar siempre y cuando no se encuentren afectados por las
causales previstas en el régimen de transición para su pérdida, tales como la
evaluación en porcentaje inferior al señalado en las normas o por el fenómeno de
prescripción.
3) De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la autoridad judicial
demandada expuso:
“Para la época, regulaba la materia el decreto 1336 de 27 de mayo de 2003
que, pese a que estableció la prima técnica solo para quienes estuviesen
nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes
de Oficina Asesora y Asesor, contempló un régimen de transición para casos
como el del actor, en que habiéndose reconocido la prima técnica con
fundamento en las normas anteriores sería viable la continuidad de su disfrute
hasta su retiro de la entidad o hasta que se cumplieran las condiciones para
su pérdida, “consagradas en las normas vigentes al momento de su
otorgamiento”
En el caso del actor, tal como lo indica el propio acto demandado, para el año
2003 que entró en vigor el decreto 1336 de 2003 que modificó el régimen de
prima técnica, estaba disfrutando de ese beneficio y así permaneció hasta el
2009 (…)
Se tiene entonces que este emolumento le fue reconocido por evaluación de
desempeño con fundamento en lo dispuesto en el decreto 1661 de 1991
reglamentado por el decreto 2164 del mismo año, que estableció el derecho
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2012, radicación
25000-23-25-000-2009-00538-01 y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
28 de octubre de 2015, radicación 54001-23-31-000-2008-00164-01.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
para quienes obtuvieran un puntaje mínimo del 90% del total de puntos de
cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año
inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento, y dispuso
expresamente que de no alcanzarse este puntaje se configuraría una causal
para su pérdida, que ha de entenderse, en forma definitiva (…)
En suma, las calificaciones de 88.5 y 83 puntos obtenidas por el demandante,
lo ubicaron en el supuesto fáctico legal estipulado como causal para la
pérdida definitiva del derecho. Y si bien el reconocimiento y pago de la prima
técnica por evaluación de desempeño es un derecho que se causa
anualmente como lo manifiesta la parte demandante, al haberlo perdido,
cuando aspire a otro reconocimiento porque alcanzó la calificación superior a
90%, ello ya no basta para su recuperación, por cuanto al volver a considerar
su reclamación, pesa contra él la nueva normatividad vigente que exige para
el reconocimiento estar desempeñando en propiedad, funciones en un cargo
que pertenezca a los niveles Directivo, Jefes de Oficina Asesora y Asesor, y,
probado está que a ninguno de estos pertenecía el demandante14”. (negrillas
y mayúsculas del original).
4) Adicionalmente, resulta pertinente reiterar que, tal como lo indicó la autoridad judicial
demandada, el artículo 4º del Decreto 2164 de 1991 establece que las personas que
tuvieran derechos adquiridos respecto de la prima técnica la devengarían hasta su
retiro de la entidad o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida;
además, el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991 dispone expresamente que el disfrute
de la prima técnica por evaluación de desempeño se pierde cuando el empleado
obtiene una calificación inferior al 90%.
5) De conformidad con lo expuesto, la autoridad judicial demandada concluyó:
“Corolario de lo expuesto, si bien el demandante se encontraba amparado
por el régimen de transición contemplado en el decreto 1336 de 2003 para
disfrutar la prima técnica que le fue reconocida en aplicación de las normas
anteriores (decreto 1661 de 1991 y 2461 de 1991), no lo es menos que la
calificación de desempeño correspondiente a años 2008 y 2013 de 88.5 y 83
puntos respectivamente le generó la pérdida definitiva del derecho y con
ello, los beneficios del régimen de transición, por lo cual, en adelante, quedó
sujeto al cumplimiento de las normas posteriores, que consagran el derecho
para quienes desempeñen en propiedad cargos en los niveles Directivo, Jefes
de Oficina Asesora y Asesor. Como el demandante no ha desempeñado
cargo en propiedad en estos niveles no le asiste el derecho pretendido y se
debe revocar el fallo que accedió a las pretensiones de la demanda, tal como
lo solicita el apoderado de la entidad demandada en su recurso de alzada. 15”
(negrillas y mayúsculas del original)
6) A su vez, afirmó que con dicha decisión no se desconoce la sentencia C-569 de
2003, pues en ella la Corte señaló que “Este “en todo caso” que utiliza el artículo 8º
impone entender que la pérdida de la prima por calificación insatisfactoria de
desempeño no es definitiva, sino que en todo caso es viable su revisión”; afirmó que
en el caso del demandante, cuando este obtuvo nuevamente una calificación superior
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Índice 8 del expediente digital en Samai.
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Índice 8 del expediente digital en Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
al 90% y fue viable su revisión, en el año 2009, su cargo ya no era susceptible de
reconocimiento de la prima técnica, en tanto el demandante perdió los beneficios del
régimen de transición, por lo cual quedó sujeto al cumplimiento de las normas
posteriores, que consagran el derecho a percibir la prima técnica para quienes
desempeñen en propiedad cargos en los niveles directivo, jefes de oficina asesora y
asesor.
7) Así las cosas, la autoridad judicial demandada no transgredió los derechos
fundamentales del demandante ni incurrió en el desconocimiento del precedente
jurisprudencial alegado, pues la decisión cuestionada (i) se sustentó en el marco
normativo aplicable; (ii) la interpretación de la norma resulta plausible; (iii) sobre el
asunto no existe una postura jurisprudencial unificada, pues si bien en las decisiones
invocadas por el actor se dispuso que el derecho a percibir la prima técnica por
evaluación del desempeño no se pierde de forma definitiva por obtener calificaciones
inferiores al 90%, lo cierto es que, en otras decisiones, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha establecido que, cuando el beneficiario del régimen de transición obtiene
una calificación inferior al 90%, automáticamente pierde el derecho al pago de la
mencionada prestación y, en consecuencia, a seguir beneficiándose del régimen de
transición del cual era titular 16; (iv) la postura adoptada se apoyó en pronunciamientos
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el mismo sentido y (v) la decisión
resulta razonable.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Sentencia del 22 de junio de 2023, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Expediente
05001-23-33-000-2016-02248-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01829-00
Actor: Miguel Ángel Navarro Navarro
Acción de tutela
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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