Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04044-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04044-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04044-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04044-00
Demandante LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Prima técnica por evaluación el
desempeño.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de mayo de 2026, actuando mediante apoderado especial, el señor Luis
Alfonso Díaz Amorocho interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con la sentencia de 9 de
diciembre de 2025, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 11001-33-35-027-2021-00183-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales cumplirse DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO, DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN (DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
IGUALDAD) de mi representado LUIS ALFONSO DIAZ AMOROCHO.
SEGUNDO: Se ordene al honorable, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, revocar la sentencia de fecha 09 de diciembre de
2025, y en consecuencia ajustar su decisión sin vulnerar los derechos fundamentales de mi
mandante.
TERCERO: Se vinculen en el proceso al honorable JUZGADO VEINTISIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.- SECCIÓN SEGUNDA, con el fin de
que se pronuncie respecto de la presente acción de tutela.
CUARTO: Se vinculen en el proceso a NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO con el fin de que se garantice su derecho de contradicción.
QUINTO: Se falle ULTRA Y EXTRA PETITA, en protección de los derechos fundamentales
de mi poderdante».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho
2.1. El señor Luis Alfonso Díaz Amorocho interpuso demanda en el ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que solicitó la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó la
reasignación de la prima técnica por evaluación de desempeño.
2.2. En sentencia de 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Bogotá (radicado 11001-33-35-027-2021-00183-00) declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados.
El juez explicó que el Decreto 2285 de 1968 creó «una Prima Técnica destinada a
atraer o mantener personal altamente calificado para cargos de especial responsabilidad o
superior especialización técnica», y que el Decreto 1724 de 1997 delimitó los
beneficiarios de tal prestación al disponer que «La prima técnica establecida en las
disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes,
a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo,
Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder
Públicos». Dicho Decreto estipuló un régimen de transición en los siguientes
términos: «Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán
disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su
pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento».
El a quo explicó que algunas normas posteriores restringieron aún más la
prima técnica, en el sentido de limitarla solo a los cargos de los niveles
directivo, asesor y de jefes de oficina asesora, y también consagraron un
régimen de transición similar al creado por el Decreto 1724 de 1997, con lo
que se pretendió proteger los derechos adquiridos del personal al cual se le
asignó la prima técnica bajo normas previas. En virtud del régimen de
transición, los titulares de la prima técnica conservaban el derecho a su
reconocimiento y pago conforme a las normas vigentes antes de su entrada
en vigor, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos en aquellas.
El Juzgado explicó que los titulares del régimen de transición tienen derecho
a solicitar de nuevo la prima técnica si cumplen los requisitos establecidos en
la normatividad anterior, aun si sus empleos fueron excluidos del listado de
cargos autorizados en normas posteriores.
Aseguró que según el precedente de la Sección Segunda del Consejo de
Estado la prima técnica es renovable. Conforme a tal Corporación, los
servidores cobijados por el mencionado régimen de transición tienen derecho
a que se les reconozca nuevamente la prima técnica correspondiente a las
anualidades subsiguientes en las que se logre demostrar que cumplieron con
los requisitos de ley.
A su vez, la autoridad judicial explicó que la pérdida de la prima técnica por
sanción disciplinaria de suspensión de funciones es un efecto temporal que
opera únicamente durante los dos años subsiguientes a la fecha de ejecutoria
de dicha sanción, lo cual no implica la pérdida definitiva del derecho. Por lo
tanto, su titular puede solicitar su reasignación una vez superado tal periodo,
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente en
el momento de su otorgamiento. Resaltó que la aludida reasignación está
supeditada al cumplimiento de las condiciones originales que justificaron su
reconocimiento, con lo cual se reivindica su carácter periódico y renovable.
Con base en tales reglas, aseguró que el actor fue vinculado en carrera
administrativa por el sistema de méritos, devengó la prima técnica conforme a
los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y 1724 de 1997 y estuvo amparado por el
régimen de transición del Decreto 1336 de 2003. En consecuencia, sostuvo
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que la sanción disciplinaria de suspensión que motivó la pérdida temporal de
la prima técnica no extinguió ese derecho adquirido ni lo excluía del régimen
de transición. La tesis adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado que salvaguarda los
derechos adquiridos en virtud del régimen de transición.
Por las razones expuestas, se declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados. A título de restablecimiento del derecho, se condenó al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a reconocer y pagar a favor del señor
Luis Alfonso Díaz Amorocho la prima técnica por evaluación del desempeño
dejada de pagar entre el 13 de mayo de 2020 y el 31 de enero de 2021.
2.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
2.4. En sentencia de 9 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A revocó el fallo apelado.
Explicó que «si bien es procedente la pérdida de la prima técnica por sanción
disciplinaria de suspensión tiene un efecto temporal de dos (2) años y una vez cumplido
dicho término el empleado puede volver a solicitarla, la norma también impone la
condición de que el empleo continúe siendo susceptible de asignación de prima técnica».
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente, por las
razones que se expondrán a continuación.
3.1. Defecto sustantivo: adujo que se cumple con los parámetros establecidos en
el artículo 2 del Decreto Ley 1661 de 1991 para el reconocimiento de la prima
técnica.
3.2. Violación directa de la Constitución: se transgredieron los principios al
debido proceso y a la igualdad, teniendo en cuenta que las funciones del actor
como jefe de división 2040-25 y posteriormente como profesional de gestión
institucional 2165- 21 eran semejantes.
Además, señaló que conforme al precedente del Consejo de Estado la pérdida
de la prima técnica por sanción disciplinaria de suspensión de funciones es un
efecto temporal que opera únicamente durante los dos años subsiguientes a
la fecha de ejecutoria de dicha sanción, lo cual no implica la pérdida definitiva
del derecho. De suerte que su titular, por ser beneficiario de los regímenes de
transición, puede solicitar su reasignación una vez superado tal periodo,
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente al
momento de su otorgamiento. La aludida reasignación está supeditada al
cumplimiento de las condiciones originales que justificaron su reconocimiento.
Indicó que tal regla es aplicable al caso del actor, porque el señor Luis Alfonso
Díaz Amorocho es un servidor público vinculado desde 1996 mediante
concurso de méritos y ascendido por concurso de méritos en 1997, cobijado
por el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1336 de 2003 y a quien
se le negó la reasignación de la prima técnica mediante un acto administrativo
que adolece de falsa motivación.
3.3. Decisión sin motivación: hizo alusión al concepto de derechos adquiridos y
su diferencia con las expectativas legítimas.
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3.4. Desconocimiento del precedente: no se tuvieron en cuenta las sentencias
21 de enero de 2016, radicado 73001-23-33-000-2014-00136-01; 1 de marzo
de 2012, radicado 25000-23-25-000-2008-00366-01; 22 de marzo de 2012,
radicado 25000-23-25-000-2008-00276-01; 15 de junio de 2006, radicado
5792-2005; 8 de agosto de 2003, radicado 0426-2003 del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.
La parte actora afirmó que en esas decisiones se indicó que los servidores
públicos de niveles distintos al directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes
tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación del
desempeño, aún en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que bajo las
reglas establecidas por el régimen anterior, esto es el del Decreto 1661 de
1991, hubieren tenido derecho a la citada prestación.
También se hizo alusión a que el derecho adquirido a percibir la prima técnica
por evaluación de desempeño no se pierde.
Indicó que en las providencias mencionadas se estableció que cualquier
funcionario público del orden nacional, sin importar el nivel del cargo ocupado,
estaba cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997, siempre y cuando: (i) cumpla los requisitos para el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño bajo el
régimen del Decreto 1661 de 1991; (ii) haya reclamado la prima técnica antes
o después de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997; y (iii) no haya
logrado respuesta por parte de la entidad demandada frente a la petición.
Asimismo, se pasó por alto la sentencia del 1º de junio de 2000, radicado 2949-
1999 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y la sentencia
de 2 de marzo de 2023, radicado 11001-03-15-000-2022-05645-01 del Consejo
de Estado, Sección Quinta. Según la parte actora, en dichas sentencias se
precisó que el régimen de transición debía cobijar a aquellos empleados del
nivel profesional, excluido de la prima técnica, que hubieren cumplido los
requisitos previstos en el Decreto Ley 1661 de 1991 bajo su vigencia, incluso
si el organismo estatal correspondiente no les hubiere reconocido tal beneficio
con anterioridad.
Igualmente, se afirmó que se desconocieron las sentencias C-983 de 2010 y
C-147 de 1997 que según la parte actora tratan sobre derechos adquiridos1.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 29 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Asimismo,
se ordenó notificar en calidad de terceros con interés al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al
Ministerio Público y al Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá; y se
ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección A aseveró que en el fallo de 9 de diciembre de 2025 se
expusieron las razones por las cuales se revocó la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar, estas se negaron.
En su decisión, se explicó que la pérdida del derecho a percibir la prima técnica
«conlleva a que cuando la vuelve a solicitar, no se reactiva la que traía reconocida, sino que
debe cumplir los requisitos normativos existentes a la fecha en que solicita nuevamente el
reconocimiento».
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Se precisa que dichas sentencias versan sobre temas de minería tradicional y arrendamiento de vivienda urbana.
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El artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, que reglamentó a la Ley 1661 de
1991, prevé las causales de pérdida de la prima técnica y en su literal b) señala
que cuando esta se pierde por sanción disciplinaria, el empleado «sólo podrá
volver a solicitarla transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria
de la providencia mediante la cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo
continúe siendo susceptible de asignación de prima técnica».
En el caso no se cumple el requisito dispuesto en la norma, dado que para el
mes de mayo de 2020 el nivel profesional al que pertenece el empleo
denominado profesional de gestión institucional 2165-21 no era susceptible de
asignación de la prima técnica y, por tanto, no se le podía reconocer.
En consecuencia, sostuvo que la sentencia fue debidamente motivada y
acogió los argumentos de la demandada. Esto denota que la acción de tutela
se está utilizando como una tercera instancia para reabrir la discusión y que,
por ende, carece de relevancia constitucional.
En conclusión, afirmó que no ha incurrido en vulneración de derecho
fundamental alguno del accionante.
4.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que el tutelante
perdió la prima técnica como consecuencia de la imposición de una sanción
disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo, porque se configuró la
causal consagrada en el artículo 11 literal b) del Decreto 2164 de 1991.
Dicha sanción fue proferida dentro del proceso disciplinario adelantado por la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la entidad, cuya ejecución fue
ordenada mediante la Resolución 1538 del 30 de mayo del 2018.
Indicó que el empleado puede volver a solicitar la prima transcurridos dos
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la
cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo
susceptible de asignación de prima técnica.
En el caso del tutelante adujo que no fue posible volver a otorgar al actor la
mencionada prima técnica porque aquel ya no pertenecía al nivel directivo, ni
asesor de los altos despachos, que son los cargos beneficiarios de la prima
técnica de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1336 de 2003. De manera
que aquel no podía ser nuevamente beneficiario de la prima referida.
La reasignación de la prima técnica solicitada por el doctor Luis Díaz
Amorocho no dependía de su excelente desempeño, como se afirmó en la
tutela, sino de la naturaleza del cargo que ejerce, el cual no es susceptible de
prima técnica a la luz del Decreto 1336 de 2003.
De otra parte, afirmó que no se transgredieron los derechos fundamentales del
actor y que en todo caso aquel pudo ejercer su defensa en el marco del medio
de control.
Añadió que no se desarrolló una carga argumentativa suficiente sobre cuál fue
la regla jurisprudencial presuntamente desconocida, por qué resultaba
aplicable al caso, cuál fue la ratio decidendi omitida o en qué consistió la
supuesta ausencia de motivación de la providencia judicial. Subrayó que la
acción de tutela no puede utilizarse para reabrir etapas válidamente concluidas
ni para revivir oportunidades procesales ya vencidas.
Por las razones expuestas, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir la sentencia de 9 de diciembre de 2025, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió
en alguno de los defectos alegados por la parte actora.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada erró al revocar la sentencia de primera instancia en la
que se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Segundo, la acción de tutela se presentó (25 de mayo de 2026) antes de los seis
meses desde la notificación de la sentencia de 9 de diciembre de 2025 (el 12 de
diciembre de 20253 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación4). Esto
demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la
defensa de sus derechos fundamentales.
Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la
tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte
actora la que ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en consideración a que esa decisión fue favorable a sus intereses.
Además, se advierte que la tutela interpuesta persigue la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y del acceso a la administración de justicia
vulnerados por la presunta configuración de los defectos invocados.
En cuanto a la carga argumentativa, se considera que no se cumplió tal requisito
frente a los defectos sustantivo y decisión sin motivación. La parte actora se limitó
a mencionar que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el artículo 2 del
Decreto Ley 1661 de 1991 que consagra los requisitos para el reconocimiento de
la prima técnica y procedió a transcribir dicha norma. Sin embargo, no mencionó al
menos de forma somera por qué, en su criterio, se falló al margen de esa
disposición normativa. Lo mismo sucede con el defecto por decisión sin motivación,
frente al cual solamente se hizo una referencia sobre la distinción entre las nociones
de derechos adquiridos y expectativas legítimas.
Por ende, se considera que se cumple con el requisito de relevancia constitucional
únicamente respecto de los defectos por desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.
Así las cosas, al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de
la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
5. Alcance de los defectos por desconocimiento del precedente y
vulneración directa de la Constitución
5.1. El precedente judicial hace referencia a la resolución previa de un caso similar
que sirve como referente para decidir otros semejantes. La Corte
Constitucional ha señalado que su aplicación exige que: (i) los hechos
relevantes del caso que se analiza sean semejantes a los del caso resuelto;
(ii) la consecuencia jurídica del asunto pasado coincida con la pretensión
actual; y (iii) la regla de decisión no haya cambiado ni evolucionado de manera
que modifique sus supuestos de hecho.
Así entonces, se configura la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de decisiones con identidad fáctica y jurídica entre el caso
analizado y el citado como precedente; (ii) la vinculatoriedad de esas
decisiones para el juez accionado; (iii) que la sentencia cuestionada sea
contraria al precedente vinculante y vigente; y (iv) que no exista justificación
razonable para el apartamiento.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical,
3
Información obtenida de Samai bajo el radicado 11001-33-35-027-2021-00183-01, índice 18.
4
La notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme lo
establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
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que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía,
en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las
providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, se tiene que su
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical,
pues, es comprensible que entre jueces de la misma jerarquía existan criterios
de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos, en virtud de la
autonomía e independencia judicial.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos
para apartarse válidamente del mismo, la Corte Constitucional ha precisado
que deben cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud
de los cuales, el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la
decisión judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los
que decide apartarse del precedente existente; evento en el cual, es
insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues
además se debe demostrar, con argumentos sólidos, que el precedente
vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso sometido a
decisión5.
5.2. Por su parte, el defecto por violación directa de la Constitución se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
En el primer supuesto, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: (i) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.
En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4 de la Carta Política, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
6. Análisis del caso
6.1. Inicialmente, la Sala se referirá a las consideraciones de la sentencia de
segunda instancia de 9 de diciembre de 2025. En dicha providencia el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A revocó el
fallo de primera instancia.
La autoridad judicial explicó que el Decreto 2164 de 1991 permite que el
empleado pueda volver a solicitar la asignación de la prima técnica cuando (i)
transcurran los dos años desde la ejecutoria de la providencia que le impuso
la sanción y (ii) al vencimiento de los dos años, el empleo continúe siendo
susceptible de tal reconocimiento.
Aseguró que el actor no cumple con la segunda condición, ya que la prima
técnica fue desmontada al punto que para el año 2003 los únicos empleos
susceptibles de asignación de prima técnica eran los de niveles jerárquicos
directivo y asesor, conforme con el Decreto 1336 de 2003. De ahí que no era
5
Corte Constitucional. Ver entre otras, Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019
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procedente que al año 2020 se reconociera al actor dicha prestación, teniendo
en cuenta que uno de los requisitos para su otorgamiento es que «el empleo
continúe siendo susceptible de asignación de prima técnica». Necesariamente debía
analizarse la normatividad vigente en ese momento que no consagra la prima
técnica para el nivel profesional, al que pertenece el empleo del que es titular
el demandante.
En ese sentido, el cumplimiento del término de dos años desde la ejecutoria
de la sanción disciplinaria no habilita por sí solo la reasignación de la prima
técnica. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al momento de evaluar la
procedencia de dicha asignación en mayo de 2020, debía verificar no solo el
desempeño del funcionario, sino también si el cargo que este ocupaba seguía
siendo susceptible de prima técnica conforme a la normativa vigente en ese
momento.
Ahora bien, la autoridad judicial precisó que el demandante no era beneficiario
del régimen de transición de que trata el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997,
porque el derecho fue reconocido en el año 1998, conforme a la Resolución
1247 de 26 de mayo de 1998, mientras su empleo pertenecía al nivel ejecutivo,
bajo la denominación de jefe de división 2040-25. Tal derecho lo conservaría
hasta su retiro o hasta que se cumplieran las condiciones para su pérdida, las
cuales se concretaron en el momento que fue sancionado con suspensión.
Esto último en consideración a que el «Decreto Ley 1661 de 1991, (…) artículo 8º, en
cuanto a temporalidad de la prima técnica dispuso que, además del retiro del servicio del
funcionario o empleado, “igualmente se perderá cuando se imponga sanción disciplinaria de
suspensión”». En consecuencia, el Tribunal manifestó que la voluntad del
legislador extraordinario estuvo orientada a que la prima técnica se pierde por
el solo hecho de la sanción disciplinaria de suspensión.
El derecho a la prima del actor se mantuvo, incluso tras la eliminación del nivel
ejecutivo y su incorporación en el rango profesional, hasta el momento que fue
sancionado disciplinariamente con suspensión. Por tanto, el correctivo
disciplinario no solo trajo consigo la suspensión, sino también la pérdida
definitiva del derecho. Esto se debe a que, aunque la norma hace referencia a
una temporalidad de dos años, también impone la condición de que el empleo
continúe siendo susceptible de la prima técnica, lo cual no se cumple en el
presente caso.
Asimismo, sostuvo que las sentencias sobre las cuales el Juzgado fundamentó
su decisión no son aplicables a la pérdida de la prima técnica por sanción
disciplinaria de suspensión, pues estas aludían a un supuesto de hecho
diferente: la pérdida de la prima técnica por evaluación de desempeño, mas
no por sanción disciplinaria.
6.2. Expuestas las motivaciones de la providencia atacada, se procederá a efectuar
en conjunto el análisis de los defectos por desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que las razones que
sustentaron este último aluden, justamente, al apartamiento del precedente y
la consecuente vulneración al principio de igualdad.
La Sala considera que el Tribunal accionado no se apartó del precedente
alegado, en tanto que las decisiones invocadas por el actor no fijan una regla
de decisión que haya sido desconocida por la autoridad judicial accionada. De
hecho, se encuentra que las providencias alegadas no comparten los mismos
supuestos de hecho que los del tutelante, en tanto que no versan sobre
asuntos relacionados con una sanción disciplinaria. En estas no se analizó el
efecto que la sanción disciplinaria genera frente al reconocimiento de la prima
técnica.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04044-00
Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho
En las sentencias del 21 de enero de 2016 (radicado 73001-23-33-000-2014-
00136-01), del 1° de marzo de 2012 (radicado 25000-23-25-000-2008-00366-01)
y del 22 de marzo de 2012 (radicado 25000-23-25-000-2008-00276-01) del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B se resolvieron asuntos
sobre servidores de diferentes ministerios y alcaldías que durante una
anualidad obtuvieron una calificación inferior al 90%.
En esas providencias se consideró que los demandantes tenían derecho al
reconocimiento y pago de la prima técnica pues, al margen de los periodos
con una calificación menor al puntaje requerido, dicha prestación tiene una
naturaleza periódica y, por lo tanto, se causa anualmente. De manera que esta
no se pierde definitivamente por una calificación anual insuficiente.
Por su parte, en la sentencia del 15 de junio de 2006 (radicado 5792-2005) del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B se efectuó un análisis
sobre el reconocimiento de la prima técnica a servidores que viniendo del
Ministerio de Educación Nacional fueron incorporados a la planta de Bogotá
Distrito Capital. A su vez, en la providencia de 8 de agosto de 2003, radicado
0426-2003 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el debate
giró en torno a si se cumplían o no los requisitos de ley para el reconocimiento
de la prestación.
La sentencia del 2 de marzo de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2022-05645-01)
del Consejo de Estado, Sección Quinta fue proferida en el marco de una acción
de tutela, en la que se hizo referencia a la sentencia del 21 de enero de 2016
(radicado 73001-23-33-000-2014-00136-01). El juez de tutela indicó que en esa
providencia «los servidores del orden nacional cobijados por el régimen de transición
previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y que hayan obtenido durante algún período
una calificación en la evaluación del desempeño inferior al 90%, tienen derecho a que se les
reconozca nuevamente la prima técnica correspondiente para las anualidades subsiguientes
en las que se logre demostrar que superaron el puntaje requerido».
En el mismo sentido, en las sentencias C-983 de 2010 y C-147 de 1997 se
analizaron casos relacionados con minería tradicional y arrendamiento de
vivienda urbana.
En consecuencia, se corrobora que las providencias invocadas por la parte
actora no analizaron específicamente cuál es el efecto de la sanción
disciplinaria sobre el reconocimiento de la prima técnica y si la primera de estas
genera su pérdida.
Por ende, no hay lugar a concluir que las sentencias indicadas constituyen un
precedente obligatorio desconocido por el Tribunal accionado, al versar sobre
supuestos fácticos distintos a los del caso del tutelante.
Con base en lo expuesto, se desestiman los cargos relacionados con el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución por la
presunta transgresión al principio de igualdad.
7. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas por la parte
actora, por considerar que no se configuran los defectos alegados.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04044-00
Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho
FALLA
1. NEGAR las pretensiones formuladas por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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