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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04044-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO: REVOCAR el fallo del 9 de julio de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04044-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04044-01
Demandante: LUIS ALFONSO DÍAZ AMOROCHO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca negativa, para en su
lugar, declarar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 9 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó
la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Luis Alfonso Díaz Amorocho, por medio de apoderado judicial1, instauró
acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A3, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 9 de diciembre de 2025, dictada por la autoridad judicial accionada
que, revocó la providencia del 18 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado
27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el medio de control de nulidad

1
Índice 2 de Samai de primera instancia. Poder otorgado al abogado Germán David Barrera Ardila,
a través de mensaje de datos.
2
El mecanismo constitucional fue presentado el 25 de mayo de 2026, por medio del buzón web del
aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3
Magistrados: Andrés José Quintero Gnecco, Néstor Javier Calvo Chaves y Carlos Leonel Buitrago
Chávez.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04044-01

y restablecimiento del derecho, iniciado contra la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, identificado con el radicado 11001-33-35-027-2021-00183-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: Se ordene al honorable, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, revocar la sentencia
de fecha 09 de diciembre de 2025, y en consecuencia ajustar su decisión sin
vulnerar los derechos fundamentales de mi mandante.

TERCERO: Se vinculen en el proceso al honorable JUZGADO VEINTISIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.- SECCIÓN SEGUNDA, con
el fin de que se pronuncie respecto de la presente acción de tutela.

CUARTO: Se vinculen en el proceso a NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO con el fin de que se garantice su derecho de contradicción.

QUINTO: Se falle ULTRA Y EXTRA PETITA, en protección de los derechos
fundamentales de mi poderdante4.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Luis Alfonso Díaz Amorocho ingresó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el 27 de julio de 1996, luego de superar un concurso de méritos para
desempeñar el cargo de profesional universitario grado 14. Posteriormente, en
1998, fue ascendido a jefe de división 2040-25 en propiedad.

Por medio de la Resolución 1247 del 26 de mayo de 1998, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público le reconoció una prima técnica por evaluación del desempeño,
equivalente al 40% de la remuneración básica mensual. Luego, mediante
Resolución 91 del 22 de enero de 2007, dicho porcentaje fue incrementado en un
10%, para un total equivalente al 50%.

Con ocasión de la reestructuración administrativa adelantada en la cartera
ministerial, a través de la Resolución 181 del 31 de enero de 2007, el señor Díaz
Amorocho fue ubicado en el cargo de profesional de gestión institucional código
2165, grado 21, conservando la prima técnica que le había sido reconocida con
anterioridad.

4
Transcripción literal que puede contener errores y resaltado propio del texto.
2

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Demandante: Luis Alfonso Díaz Amorocho
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04044-01

Más adelante, en el 2018, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad
declaró responsable disciplinariamente al señor Díaz Amorocho y le impuso sanción
de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes.

Como efecto de la sanción disciplinaria, el demandante dejó de percibir la prima
técnica que venía devengando. Por ello, una vez transcurrieron los dos años
previstos en el literal b) del artículo 11 del Decreto 2164 de 19915, el actor elevó
solicitud de reasignación de dicha prestación el 17 de julio de 2020, la cual fue
resuelta de manera desfavorable en la Resolución 2143 del 11 de noviembre de
2020, tras considerar que el cargo que ocupaba el solicitante no era susceptible de
tal asignación6.

En consecuencia, el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de que se estudiara la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales le fue negada la
reasignación de la prima técnica por evaluación de desempeño.

En sentencia de 18 de noviembre de 2024, el Juzgado 27 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó la reasignación de la prima técnica por evaluación del desempeño en favor
del demandante desde el 13 de mayo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. La
autoridad judicial consideró que la pérdida de la prima técnica derivada de la sanción
disciplinaria tenía carácter temporal y que, una vez vencido el término previsto en la
normativa, el actor recuperaba la posibilidad de percibirla al encontrarse amparado
por el régimen de transición correspondiente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
fallo del 9 de diciembre de 2025 revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.

La corporación concluyó que, aunque la normativa permitía solicitar nuevamente la
prima técnica después de transcurridos dos años desde la ejecutoria de la sanción
disciplinaria, también exigía que el empleo continuara siendo susceptible de tal
reconocimiento. Así, en atención a que el cargo ejercido por el demandante
pertenecía al nivel profesional y no a aquellos directivos que podían acceder a la

5
«El disfrute de la prima técnica se perderá por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión
en el ejercicio de las funciones, caso en el cual el empleado sólo podrá volver a solicitarla
transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la
cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible de asignación
de prima técnica».
6
Tal acto administrativo fue objeto de recurso de reposición, sin embargo, mediante la Resolución
0290 del 8 de febrero de 2021 fue confirmada la anterior decisión.
3

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prima técnica conforme al Decreto 1336 de 20037, estimó que no se cumplía uno de
los presupuestos indispensables para su reasignación.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 11 de diciembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Defecto sustantivo: El accionante afirmó que la autoridad judicial accionada efectuó
una interpretación errónea del régimen jurídico que regula la prima técnica por
evaluación del desempeño, particularmente de los decretos 16618 y 2164 de 19919.

Adujo que, la sentencia cuestionada pasó por alto que él reunía todas las
condiciones legales exigidas para acceder nuevamente a dicha prestación, toda vez
que había sido titular de la prima técnica desde el año 1998 y su pérdida obedeció
exclusivamente a la imposición de la sanción disciplinaria de suspensión,
circunstancia que producía una restricción temporal para su disfrute. Así, señaló que
una vez vencido el término de 2 años previsto en el literal b) del artículo 11 del
Decreto 2164 de 1991, recuperaba la posibilidad de solicitar su reasignación, razón
por la cual resultaba contrario al ordenamiento jurídico concluir que el derecho se
había extinguido de manera definitiva.

Asimismo, destacó que desempeñó durante varios años el cargo de profesional de
gestión institucional 2165-21 percibiendo la prima técnica y que, por tanto, resultaba
contradictorio concluir que dicho empleo carecía de aptitud jurídica para acceder a
ella.

Decisión sin motivación: El actor manifestó que la providencia atacada omitió
efectuar un estudio suficiente sobre la protección constitucional de los derechos
adquiridos y sobre la diferencia existente entre estos y las meras expectativas
legítimas. Indicó que el fallo no ofreció razones suficientes para explicar por qué una
prestación económica que había ingresado a su patrimonio durante años podía
considerarse extinguida definitivamente después del cumplimiento de la sanción

7
«ARTÍCULO 1º. (Modificado por el Decreto 2177 de 2006, Art. 2). La prima técnica establecida en
las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a
quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina
Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y
Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del
Poder Público.

ARTÍCULO 4º. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen
cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto o cargos de asesor en
condiciones distintas a las establecidas en el artículo 1º, continuarán disfrutando de ella hasta su
retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las
normas vigentes al momento de su otorgamiento».
8
«Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar
estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones».
9
«Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991».
4

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disciplinaria.

En ese sentido, sostuvo que la motivación del tribunal fue insuficiente porque no
examinó adecuadamente la jurisprudencia constitucional relacionada con la
protección de situaciones jurídicas consolidadas ni explicó por qué el derecho que
había venido disfrutando dejó de merecer el amparo (sentencias C-938 de 2010 y
C-147 de 1997).

Desconocimiento del precedente: La parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial desarrollada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado10 en materia de prima técnica por
evaluación del desempeño y régimen de transición. En particular, invocó las
sentencias del 1° de marzo de 201211, 22 de marzo de 201212 y 21 de enero de
201613, así como la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta el 2 de marzo de 202314.

A juicio del accionante, dichos pronunciamientos reconocieron que los servidores
públicos amparados por los regímenes de transición conservan el derecho a obtener
nuevamente la prima técnica cuando desaparecen las circunstancias que
ocasionaron su pérdida y se acreditan nuevamente los requisitos exigidos para su
causación. Afirmó que tales providencias establecieron que la pérdida de la prima
técnica no implica necesariamente la extinción definitiva del derecho y que los
empleados pertenecientes a niveles excluidos por reformas posteriores continúan
amparados por el régimen transitorio cuando el beneficio les había sido reconocido
con anterioridad.

En consecuencia, consideró que el tribunal omitió aplicar reglas jurisprudenciales
vinculantes que resultaban directamente aplicables al caso.

Violación directa de la Constitución: El actor sostuvo que se desconocieron los
artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política. Señaló que la interpretación
acogida por el tribunal no aplicó los principios de igualdad, favorabilidad laboral,

10
«Consejo de Estado, Sección 2ª, Subsección B proferida el 15 de junio de 2006, C. P. Jesús María
Lemos Bustamante, expediente Nº 5792-2005; Consejo de Estado, Sección 2ª, Subsección B
proferida el 8 de agosto de 2003, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente Nº 0426-2003 y
Consejo de Estado, Sección 2ª, Subsección A proferida el 1º de junio de 2000, C. P. Ana Margarita
Olaya Forero, expediente Nº 2949-1999 (El Consejo de Estado precisó que dicho régimen de
transición debía cobijar también a aquellos empleados del nivel profesional (excluido) que hubieren
cumplido los requisitos previstos en el Decreto Ley 1661 de 1991 bajo su vigencia, aún si el
organismo estatal no les hubiere reconocido tal beneficio con anterioridad, y añadió que esa
transición regía, indistintamente si hubiere o no reclamado)».
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia 01.03.12, Rad. 25000-23-25-000-2008- 00366-01.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia 22.03.12, Rad. 25000-23-25-000-2008- 00276-01.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia 21.01.16, Rad. 73001-23-33-000-2014- 00136-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 02.03.23,
Rad. 11001-03-15-000-2022-05645-01.
5

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progresividad y protección de los derechos adquiridos.

Indicó que, pese a la modificación de la denominación del empleo que
desempeñaba, continuó ejerciendo sustancialmente las mismas funciones que
desarrollaba cuando le fue reconocida la prima técnica, situación que, en su criterio,
imponía mantener el mismo tratamiento jurídico y salarial. Por ello, afirmó que la
negativa de reconocer nuevamente la prestación produjo una diferencia injustificada
respecto de una situación que permanecía materialmente idéntica.

Agregó que la decisión judicial avaló una disminución de las condiciones salariales
previamente alcanzadas y desconoció el carácter progresivo de los derechos
laborales, al admitir que una prestación reconocida y disfrutada durante varios años
desapareciera definitivamente pese al cumplimiento de los requisitos legales para
solicitar nuevamente su reconocimiento. A su juicio, ello comportó una afectación
directa de las garantías constitucionales invocadas y una restricción
desproporcionada de derechos previamente consolidados en su esfera jurídica.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La Magistrada Ponente del Consejo de Estado, Sección Cuarta en providencia del
29 de mayo de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al extremo
demandante15 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A16.

Además, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público17, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado18, al Ministerio Público19 y al Juzgado 27
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá20.

Adicionalmente, reconoció al abogado Germán David Barrera Ardila como
apoderado judicial de la parte accionante.

15
Índices 7 y 12 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
ladapocho2017@gmail.com, germanbarrera.abogago@gmail.com y
callfiandi.notificaciones@gmail.com.
16
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
17
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones electrónicos:
tutelasmhcp@minhacienda.gov.co y notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co.
18
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: agencia@defensajuridica.gov.co
y notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
19
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón web:
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
20
Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a:
admin27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin27bta@notificacionesrj.gov.co.
6

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

En informe recibido el 1º de junio de 2026, el Magistrado Ponente del fallo enjuiciado
explicó que la decisión de segunda instancia se sustentó en que la pérdida del
derecho a percibir la prima técnica generada por la imposición de una sanción
disciplinaria implica que, una vez transcurrido el término de dos años previsto en el
artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, no se reactiva automáticamente el beneficio
que el servidor venía disfrutando, sino que este debe acreditar nuevamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente al momento
de solicitar su reconocimiento.

En consecuencia, especificó que para el caso concreto el empleo denominado
profesional de gestión institucional 2165-21 no era susceptible de asignación de la
prima técnica y, por tanto, no se le podía reconocer.

Por último, adujo que la sentencia estuvo debidamente motivada y acogió los
argumentos de la demandada. Así, resaltó que la tutela se estaba utilizando como
una tercera instancia para reabrir la discusión y que, por tanto, carecía de relevancia
constitucional.

1.6.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Mediante memorial remitido el 3 de junio del presente año, el coordinador del Grupo
de Acciones de Tutela de la Subdirección Jurídica de la entidad manifestó que la
controversia planteada por el accionante ya había sido objeto de un amplio debate
en el proceso ordinario y que el mecanismo constitucional no podía convertirse en
una instancia adicional destinada a cuestionar la interpretación jurídica efectuada
por el juez natural.

Explicó que el señor Díaz Amorocho perdió el derecho a percibir la prima técnica
como consecuencia de la sanción disciplinaria de suspensión que le fue impuesta y
aunque la disposición contenida en el literal b) del artículo 11 del Decreto 2164 de
1991, le permitía al servidor volver a solicitar la prima técnica, tal posibilidad se
encontraba supeditada al cumplimiento de un requisito adicional, consistente en que
el empleo continuara siendo susceptible de la asignación de dicha prestación. En
ese sentido, sostuvo que la sola expiración del término de dos años después de la
sanción no genera automáticamente el restablecimiento del beneficio.

7

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Bajo esa premisa, afirmó que para el momento en que el actor elevó nuevamente la
solicitud de reconocimiento de la prima técnica, el cargo de Profesional de Gestión
Institucional 2165-21 que desempeñaba ya no pertenecía a los niveles jerárquicos
habilitados para recibir tal prestación, pues el Decreto 1336 de 2003 restringió su
reconocimiento a determinados empleos de los niveles directivo y asesor.

Añadió que la negativa a reconocer nuevamente la prima técnica no obedeció a una
valoración sobre las funciones ejercidas por el actor ni a su desempeño laboral, sino
exclusivamente al análisis de la naturaleza jurídica del empleo ocupado al momento
de formular la solicitud.

Respecto del alegado desconocimiento del precedente, señaló que la acción de
tutela carecía de una carga argumentativa suficiente que permitiera identificar con
precisión cuál era la regla jurisprudencial supuestamente desconocida, por qué
resultaba obligatoria para resolver el caso concreto y de qué manera la providencia
cuestionada se había apartado de ella. En particular, sostuvo que las decisiones
invocadas por el accionante se referían a supuestos distintos relacionados con la
pérdida de la prima técnica por efectos de la evaluación del desempeño y no por la
imposición de una sanción disciplinaria.

Finalmente, reiteró que la sentencia cuestionada se fundamentó en una
interpretación razonable del ordenamiento jurídico aplicable, fue producto del
ejercicio legítimo de la autonomía judicial y no se evidenciaba arbitrariedad alguna
que justificara la intervención excepcional del juez constitucional. Por ello, solicitó
que se declarara improcedente el mecanismo de amparo o, en su defecto, que se
negaran las pretensiones formuladas por la parte accionante. También solicitó su
desvinculación.

1.6.3. Pese a que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el
Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 9 de julio de 2026, negó la
solicitud de amparo.

Para empezar, verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó que se encontraban
satisfechos los presupuestos de inmediatez, subsidiariedad, identificación
razonable de los hechos y relevancia constitucional, esta última únicamente
respecto de los cargos asociados al desconocimiento del precedente y a la presunta
violación directa de la Constitución. En contraste, consideró que frente a los
defectos sustantivo y de decisión sin motivación la demanda no cumplía una carga
argumentativa suficiente que permitiera adelantar un estudio de fondo.
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Posteriormente, realizó un análisis conjunto de fondo sobre los yerros superados.
Al respecto, concluyó que las providencias invocadas por el actor como
desconocidas no constituían precedentes vinculantes para resolver el caso
concreto, puesto que los supuestos fácticos examinados en dichas decisiones
diferían sustancialmente de los debatidos en el proceso ordinario.

Explicó que las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado citadas
por el accionante contenían situaciones relacionadas con la pérdida de la prima
técnica como consecuencia de una calificación de desempeño inferior al porcentaje
exigido por la ley, mientras que la controversia objeto de estudio se refería a los
efectos jurídicos derivados de la imposición de una sanción disciplinaria de
suspensión. Por tal razón, estimó que no existía identidad fáctica ni jurídica
suficiente para predicar la obligatoriedad de la regla jurisprudencial invocada.

Asimismo, sostuvo que el tribunal realizó un análisis expreso de las normas
aplicables al asunto y fundamentó su decisión en el contenido del literal b) del
artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, disposición que supeditaba la posibilidad de
solicitar nuevamente la prima técnica al hecho de que el empleo continuara siendo
susceptible de asignación de dicha prestación. En criterio del juez constitucional de
primera instancia, la autoridad judicial accionada construyó una interpretación
razonable de esa disposición normativa y explicó por qué el empleo desempeñado
por el actor no cumplía con dicha exigencia para el momento en que solicitó
nuevamente el reconocimiento del beneficio.

Respecto del alegado desconocimiento de los derechos de igualdad y debido
proceso, la Sección Cuarta señaló que la inconformidad del accionante se dirigía
realmente contra la interpretación jurídica adoptada por el tribunal y no contra una
actuación arbitraria o caprichosa que permitiera evidenciar una vulneración directa
de la Constitución. Indicó que la providencia judicial cuestionada expuso de manera
detallada las razones por las cuales consideró que la sanción disciplinaria produjo
la pérdida del derecho previamente reconocido.

Por último, el juez constitucional de primera instancia consideró que la sentencia
revisada fue adoptada dentro del margen de autonomía e independencia judicial
reconocido a los jueces de la República, se encontraba suficientemente motivada y
desarrolló una interpretación jurídicamente admisible del marco normativo aplicable.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 21 de julio de 202621, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado.

21
El fallo de primer grado fue notificado mediante correo electrónico enviado el 15 de julio de 2026.
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Sección Segunda, Subsección A
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En primer lugar, reiteró que la providencia judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues, en su criterio, la interpretación acogida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A desconoció el
alcance de los decretos 1661 y 2164 de 1991. Sostuvo que el derecho a la prima
técnica le había sido reconocido legítimamente desde 1998 y que la sanción
disciplinaria impuesta en 2018 únicamente produjo una suspensión temporal de su
disfrute, mas no la extinción definitiva del beneficio.

En consecuencia, insistió en que una vez vencido el término de dos años previsto
en el literal b) del artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, recuperó la posibilidad
jurídica de solicitar su reasignación, razón por la cual consideró equivocada la
conclusión según la cual el derecho desapareció por el hecho de que el cargo
desempeñado perteneciera al nivel profesional.

Adicionalmente, manifestó que la decisión cuestionada no tuvo en cuenta la realidad
funcional del empleo ejercido por el actor. Explicó que el cargo de profesional de
gestión institucional 2165-21 conservaba funciones, responsabilidades, requisitos y
competencias sustancialmente equivalentes a las desarrolladas cuando ocupaba el
cargo de jefe de división 2040-25. Por ello, sostuvo que resultaba jurídicamente
insostenible concluir que se trataba de un cargo no susceptible de la prestación
cuando durante varios años el servidor la percibió ejerciendo funciones
equivalentes.

En segundo lugar, reiteró la existencia de una violación directa de la Constitución,
particularmente de los derechos al debido proceso y a la igualdad. Indicó que la
decisión produjo una desmejora injustificada de las condiciones salariales y
desconoció el principio de «a trabajo igual, salario igual», pese a que continuó
desarrollando funciones equivalentes a las que ejercía cuando se le reconoció la
prima técnica.

En tercer lugar, insistió en la configuración del defecto de decisión sin motivación,
bajo el argumento de que el tribunal no explicó adecuadamente por qué una
prestación reconocida durante años y protegida por el régimen de transición dejó de
formar parte de su patrimonio jurídico. En ese contexto, reiteró las consideraciones
relativas a la protección constitucional de los derechos adquiridos.

En cuarto lugar, recalcó lo relativo al cargo de desconocimiento del precedente,
señalando que la autoridad judicial accionada se apartó de manera injustificada de
las líneas jurisprudenciales desarrolladas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en las sentencias de 1º y 22 de marzo de 2012 y 21 de enero de 2016, así
como de la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta el 2 de marzo de
2023.

Afirmó que dichas decisiones reconocían la protección derivada de los regímenes
de transición y la posibilidad de recuperar la prima técnica cuando desaparecían las
10

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Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04044-01

circunstancias que dieron lugar a su pérdida, sin que las modificaciones normativas
posteriores pudieran afectar situaciones jurídicas previamente consolidadas.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Luis Alfonso Díaz Amorocho contra la sentencia del 9 de julio de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021
y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de
marzo de 201922.

2.2. Solicitud de desvinculación

Pese a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación
desde la contestación allegada en primera instancia, el a quo omitió referirse frente
ello.

En ese orden, este juez de segunda instancia anuncia que la petición será negada,
en tanto la cartera ministerial fue vinculada al presente trámite como tercero por
presentar interés en la decisión que se adopte en este trámite, y no como la parte
contra la cual se alega la vulneración de las garantías fundamentales.

2.3. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 9 de
julio de 2026 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, para lo cual deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:

● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A vulneró las garantías fundamentales de la parte actora en la providencia
del 9 de diciembre de 2025 dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-027-
2021-00183-01?

22
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente,
iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201223
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema24 y declaró su
procedencia25.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
24
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
25
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12

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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202226, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal27 (Énfasis de la Sala).

26
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
27
Sentencia SU-573 de 2019.
13

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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico28; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional29[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal30”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales31”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto32, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal33. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

El señor Luis Alfonso Díaz Amorocho consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 9
de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A mediante la cual se revocó el fallo del 18 de
noviembre de 2024 dictado por el Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en el que se había declarado la nulidad de los actos administrativos que
negaron la reasignación de la prima técnica por no acreditar los requisitos
posteriores al cumplimiento de la sanción disciplinaria.

28
Sentencia SU-103 de 2022.
29
Sentencia SU-103 de 2022.
30
Sentencia SU-103 de 2022.
31
Sentencia SU-128 de 2021.
32
Sentencia SU-573 de 2019.
33
Ib.
14

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La parte actora atribuyó a la providencia censurada la configuración de varios
yerros.

En primer lugar, alegó un defecto sustantivo, al estimar que el tribunal efectuó una
interpretación errónea de los decretos 1661 y 2164 de 1991, en particular de las
disposiciones que regulan la pérdida y la eventual reasignación de la prima técnica.
Sostuvo que la prestación había sido reconocida desde 1998 y que la sanción
disciplinaria únicamente produjo una pérdida temporal, razón por la cual,
transcurridos los dos años previstos en el literal b) del artículo 11 del Decreto 2164
de 1991, procedía nuevamente su reconocimiento.

En segundo lugar, afirmó la existencia de una decisión sin motivación, por
considerar que la autoridad judicial accionada no efectuó un análisis suficiente
acerca de la naturaleza de los derechos adquiridos y de la protección constitucional
que, en su criterio, merecía la situación jurídica consolidada derivada del
reconocimiento previo de la prima técnica.

En tercer lugar, propuso un desconocimiento del precedente, tras señalar que el
tribunal se apartó de distintas providencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda relacionadas con la protección del régimen de transición aplicable
a la prima técnica y con la posibilidad de recuperar dicha prestación cuando
desaparecieren las circunstancias que ocasionaron su pérdida. Particularmente
invocó las sentencias de 1.º y 22 de marzo de 2012, 21 de enero de 2016, 15 de
junio de 2006, 8 de agosto de 2003 y 1.º de junio de 2000, así como la sentencia de
tutela de la Sección Quinta del 2 de marzo de 2023.

Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución, por considerar que la
interpretación acogida por el tribunal desconoció los principios de igualdad,
favorabilidad laboral, progresividad y protección de los derechos adquiridos.

Ahora bien, revisada la sentencia del 9 de diciembre de 2025, se observa que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A abordó
de manera detallada el régimen jurídico de la prima técnica y realizó un estudio
sobre la evolución normativa de dicha prestación desde los decretos 1661 y 2164
de 1991, pasando por los decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003.

Explicó que el beneficio fue concebido como un mecanismo destinado a atraer y
conservar servidores públicos altamente calificados, y que su régimen jurídico había
sido objeto de sucesivas modificaciones normativas. Destacó que inicialmente
podía reconocerse a funcionarios pertenecientes a diversos niveles de la
administración pública, pero que progresivamente el legislador y el Gobierno
Nacional restringieron su ámbito de aplicación hasta circunscribirlo,
fundamentalmente, a determinados empleos de los niveles directivo y asesor.

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Asimismo, analizó las circunstancias particulares del actor, el reconocimiento
original de la prima técnica, la sanción disciplinaria impuesta en 2018 y la posterior
solicitud de reasignación presentada en 2020.

La autoridad judicial explicó que el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991 establece
dos condiciones para que un servidor sancionado disciplinariamente pueda volver
a solicitar la prima técnica: i) el transcurso de dos años contados desde la ejecutoria
de la sanción y, ii) que el empleo continúe siendo susceptible de asignación de dicha
prestación.

Con fundamento en ello concluyó que, aunque el actor cumplía el primero de tales
requisitos, no satisfacía el segundo, debido a que el cargo de profesional de gestión
institucional 2165-21 pertenecía al nivel profesional y que, desde la entrada en
vigencia del Decreto 1336 de 2003, los empleos de dicho nivel habían dejado de
estar habilitados para recibir la prima técnica.

La corporación accionada indicó que el juez a quo había aplicado por analogía una
línea jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda relativa a la pérdida
de la prima técnica por bajas calificaciones en la evaluación del desempeño, la cual
no era trasladable al caso concreto porque trataba de una hipótesis completamente
distinta. Mientras en aquellos asuntos la pérdida obedecía a una evaluación anual
inferior al 90% y la prestación podía recuperarse en periodos posteriores al
obtenerse nuevamente una calificación favorable, en el caso del señor Díaz
Amorocho la pérdida se había originado en una sanción disciplinaria, circunstancia
específicamente regulada por el literal b) del artículo 11 del Decreto 2164 de 1991.

En ese mismo sentido, sostuvo que la naturaleza periódica de la prima técnica no
permitía extender automáticamente a las sanciones disciplinarias las reglas
jurisprudenciales construidas para eventos de bajas calificaciones de desempeño.
Manifestó que cada causal de pérdida tenía un régimen normativo propio y que la
autoridad judicial no podía desconocer las condiciones expresamente previstas por
la regulación vigente para su eventual recuperación.

Asimismo, el tribunal analizó el argumento relacionado con el régimen de transición.
Reconoció que el actor había continuado percibiendo la prima técnica aun después
de que los empleos del nivel profesional quedaran excluidos de dicho beneficio,
precisamente porque estaba amparado por las disposiciones transitorias que
preservaban los derechos ya adquiridos. No obstante, puntualizó que tal protección
se mantenía únicamente mientras no se configurara alguna de las causales legales
de pérdida. En criterio de la corporación, una vez impuesta la sanción disciplinaria
y producida la pérdida del beneficio, cesó el amparo transitorio del que venía
gozando el actor.

A partir de lo anterior, concluyó que el señor Díaz Amorocho no conservaba un
derecho adquirido a la reasignación automática de la prima técnica. Señaló que, al
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haber operado una causal legal de pérdida, cualquier nueva solicitud debía
examinarse conforme a las condiciones normativas existentes al momento de
formularla y, dado que para el año 2020 el empleo desempeñado no era susceptible
de prima técnica, la solicitud no podía prosperar.

En ese sentido, la Sala advierte que los cargos relacionados con el defecto
sustantivo, la decisión sin motivación y la violación directa de la Constitución se
limitan a expresar la inconformidad del accionante frente a la interpretación jurídica
realizada por el juez natural. En efecto, los reproches planteados no evidencian una
controversia genuinamente constitucional sino una discrepancia respecto de una
decisión adoptada en el marco de un proceso ordinario.

Se observa, que lo que el actor pretende en realidad es que el juez de tutela
reemplace el criterio jurídico expuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y adopte la interpretación que fue
acogida por el juzgado de primera instancia, finalidad que resulta incompatible con
el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En ese contexto, el debate propuesto no trasciende el ámbito de la legalidad ni
compromete de manera directa la vigencia de derechos fundamentales. Por el
contrario, corresponde a una discusión sobre la interpretación y aplicación de
normas que regulan la reasignación de la prima técnica, cuestión que fue estudiada
y resuelta por el juez competente mediante una providencia amparada bajo el
principio de autonomía judicial.

Frente al presunto desconocimiento del precedente, la Sala advierte que, si bien el
juez constitucional de primera instancia estudió de fondo las providencias invocadas
por el actor como desconocidas, lo cierto es que estas no guardan identidad fáctica
ni jurídica con el asunto examinado, lo cual no permite que sean examinadas a la
luz de la relevancia constitucional.

En efecto, las sentencias del 1.º de marzo de 2012 y 22 de marzo de 2012
resolvieron controversias relacionadas con la pérdida de la prima técnica originada
en evaluaciones del desempeño inferiores al 90%, supuesto respecto del cual se
concluyó que la prestación podía recuperarse cuando en anualidades posteriores
se alcanzaran nuevamente los puntajes exigidos. Mismo presupuesto analizado por
la autoridad judicial accionada, como fue referido anteriormente.

Igualmente, la providencia del 21 de enero de 2016 reiteró esa misma regla
jurisprudencial y examinó la situación de servidores beneficiarios del régimen de
transición que habían perdido temporalmente la prestación como consecuencia de
una calificación insuficiente en la evaluación del desempeño.

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A su vez, la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 2 de marzo de 2023, examinó una controversia en la que se discutían los
efectos de una calificación de desempeño inferior al porcentaje legalmente exigido
y la aplicación de la línea jurisprudencial construida por la Sección Segunda sobre
esa materia.

Así las cosas, ninguna de tales providencias estudió un escenario equivalente al
aquí debatido, esto es, la pérdida de la prima técnica derivada de una sanción
disciplinaria y la necesidad de verificar, al momento de formular una nueva solicitud,
si el empleo continuaba siendo susceptible de asignación de dicha prestación. En
consecuencia, no es posible predicar la existencia de un precedente específico y
obligatorio que hubiera sido desconocido por el tribunal accionado.

Por las razones expuestas, se revocará la negativa, para en su lugar, declarar la
improcedencia por no encontrar satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO: REVOCAR el fallo del 9 de julio de 2026 proferido por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta que negó la solicitud de amparo, para en su lugar,
DECLARAR la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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