Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04031-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04031-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04031-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04031-00
Accionante: CARLOTA CELIS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de reconocimiento de
prima técnica por evaluación del desempeño. Defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Carlota Celis, quién actúa a través de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de mayo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y a la igualdad,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los derechos fundamentales al LA IGUALDAD,
AL DEBIDO PROCESO Y AL TRABAJO además de todos aquellos que resultaron
violentados y/o amenazados a mi poderdante, por el desconocimiento e inaplicación del
precedente judicial obligatorio en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Caquetá- Sala
primera de decisión- mediante sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
de radicado N° 18001333300120190042201.
SEGUNDA. Se tutelen, protejan y amparen, los derechos fundamentales al LA IGUALDAD,
AL DEBIDO PROCESO Y AL TRABAJO además de todos aquellos que resultaron
violentados y/o amenazados a mi poderdante, por la configuración del defecto fáctico en el
que incurrió el Tribunal Administrativo de Caquetá- Sala primera de decisión- en la sentencia
de segunda instancia proferida dentro del proceso de radicado N°
18001333300120190042201.
TERCERA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la Sentencia de fecha 18 de
febrero de 2026 emitida por Tribunal Administrativo de Caquetá – Sala primera de decisión,
dentro del proceso de radicado No. 18001333300120190042201 y en su lugar se le ordene
emitir una sentencia de reemplazo dentro del término que se considere pertinente, en la cual,
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se aplique el precedente judicial obligatorio que regula la materia (expuesto previamente), y
se corrija el defecto factico configurado”.
2. Hechos1
La accionante relató que se vinculó al servicio del Ministerio de Educación Nacional
el 23 de mayo de 1982, cuando tomó posesión del cargo de auxiliar de servicios
generales en la Escuela Hogar La Consolata del municipio de San Vicente del
Caguán, Caquetá. Posteriormente, en el año 1988 adquirió derechos de carrera
administrativa al ejercer el cargo en propiedad y precisó que durante su trayectoria
laboral no registró antecedentes disciplinarios.
Manifestó que en desarrollo de sus funciones obtuvo evaluaciones de desempeño
sobresalientes. En particular, para el período comprendido entre marzo de 1994 y
febrero de 1995 alcanzó una calificación de 650 puntos sobre 700, equivalente al
92,8 % de la evaluación total. Asimismo, agregó que para el período comprendido
entre marzo de 1995 y febrero de 1996 obtuvo una calificación de 663 puntos sobre
700, correspondiente al 94,5 %. Por lo tanto, señaló que tales resultados superaron
el porcentaje mínimo exigido por el Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto 2164 de
1991 para acceder a la prima técnica por evaluación del desempeño.
En ese sentido, sostuvo que cumplía los requisitos previstos en el régimen de
transición establecido en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y que había
consolidado el derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación del
desempeño, por lo tanto, en julio de 2018 presentó por conducto de apoderado
judicial solicitud ante la Gobernación del Caquetá para que se le reconociera y
asignara dicha prestación.
Refirió que mediante Oficio no. 2018EE8266 de 10 octubre de 2018, la Gobernación
del Caquetá negó la solicitud. Contra esa decisión interpuso oportunamente los
recursos de reposición y apelación; sin embargo, la administración no emitió
pronunciamiento dentro del término legal, circunstancia que dio lugar a la
configuración del silencio administrativo negativo.
En virtud de lo anterior, señaló que agotado el requisito de conciliación prejudicial,
a través de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Caquetá con
la pretensión de que se declarara la nulidad del oficio no. 2018EE8266 de 10 octubre
de 2018, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de una prima técnica
de evaluación por desempeño, y del acto ficto que se originó por la falta de
resolución de los recursos de reposición y apelación presentados contra la decisión
inicial. Y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago
de la prima técnica por evaluación del desempeño contemplada en el Decreto Ley
1661 de 1991 y en el Decreto Reglamentario 2164 de 1991, así como el pago del
retroactivo de los dineros adeudados durante su vinculación y hacia el futuro.
Precisó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero
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Administrativo del Circuito de Florencia , que mediante sentencia de 19 de
septiembre de 2022 declaró la nulidad del oficio no. 2018EE8266 de 10 octubre de
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Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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2018, así como del acto ficto negativo por la falta de respuesta de la entidad
demandada a los recursos presentados el 25 de octubre de 2018, y como
consecuencia de lo anterior ordenó al departamento del Caquetá reconocer y pagar
la prima técnica por evaluación de desempeño correspondiente a los años 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019.
Lo anterior, al considerar que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la demandante tenía derecho a su reconocimiento, toda vez que dicha
prestación se causaba de manera anual siempre que el servidor obtuviera una
calificación igual o superior al 90%, por lo que una evaluación inferior en
determinado período no implicaba la pérdida del derecho respecto de las
anualidades posteriores en las que se acreditaran nuevamente los requisitos
exigidos por la ley. En cuanto a la prescripción, indicó que, de acuerdo con las
evaluaciones de desempeño obrantes en el expediente, la actora obtuvo
calificaciones satisfactorias superiores al 90% desde el año 1999. No obstante,
advirtió que la solicitud de reconocimiento fue presentada ante la entidad
demandada el 26 de julio de 2018 y que la demanda se radicó el 12 de junio de
2019. Por tal razón, concluyó que habían prescrito las sumas causadas por
concepto de prima técnica con anterioridad al 26 de julio de 2015, de modo que el
reconocimiento únicamente procedía respecto de los valores generados con
posterioridad a esa fecha.
Refirió que contra la anterior determinación, la parte demandada presentó recurso
de apelación, al considerar que la actora no cumplía los requisitos para el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño. Señaló que,
conforme a los Decretos 1661 y 2164 de 1991, ese beneficio exigía obtener una
calificación igual o superior al 90% en las evaluaciones de servicios, requisito que
también resultaba determinante para acceder al régimen de transición previsto en
el Decreto 1724 de 1997. Asimismo, indicó que la señora Carlota Celis no acreditó
dicho porcentaje en las evaluaciones correspondientes a los períodos
inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, por
lo que no consolidó el derecho a la prima técnica ni podía beneficiarse del régimen
de transición.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Caquetá por sentencia de 18 de febrero
de 2026 revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las
pretensiones y, en su lugar, resolvió negarlas porque la señora Carlota Celis no
tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño.
Para ello, precisó que aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado había
reconocido que los funcionarios vinculados en carrera administrativa al Ministerio
de Educación Nacional podían acceder a dicho beneficio sin importar el nivel del
cargo desempeñado, ello solo era posible si habían consolidado el derecho antes
de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 y, por tanto, eran beneficiarios
del régimen de transición previsto en esa norma. En ese contexto, señaló que dicho
régimen exigía acreditar una calificación de servicios igual o superior al 90% en el
año inmediatamente anterior al 4 de julio de 1997, requisito que la demandante no
cumplió, pues las pruebas obrantes en el expediente demostraron que las
evaluaciones obtenidas durante ese período fueron inferiores a ese porcentaje.
En consecuencia, determinó que la actora no había consolidado un derecho
adquirido a la prima técnica ni podía ampararse en el régimen de transición, razón
por la cual le resultaba aplicable la regla general del Decreto 1724 de 1997, que
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limitó el reconocimiento de ese beneficio a los servidores de los niveles directivo,
asesor y ejecutivo, categorías a las que no pertenecía.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplían los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto a la relevancia
constitucional, sostuvo que la acción de tutela tenía como finalidad el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y a la igualdad vulnerados por
la autoridad judicial accionada con la sentencia cuestionada, la cual se apartó del
precedente judicial del Consejo de Estado sin justificación alguna. Respecto de la
subsidiariedad, afirmó que no contaba con otro mecanismo judicial idóneo para
controvertir la decisión cuestionada, dado que se trataba de una sentencia de
segunda instancia frente a la cual no procedían recursos ordinarios ni
extraordinarios. De igual forma, indicó que la acción fue promovida dentro de un
término razonable, que se identificaron claramente los hechos y derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y no se trataba de tutela contra un fallo
de la misma naturaleza.
En relación con las causales específicas de procedibilidad, la accionante sostuvo
que la providencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.
Respecto del defecto fáctico, afirmó que el Tribunal Administrativo del Caquetá
omitió valorar pruebas determinantes para la solución del caso, las cuales
demostraban que había obtenido calificaciones de desempeño superiores al 90%
durante los períodos 1994-1995 y 1995-1996. A su juicio, dichas evaluaciones,
sumadas a la ausencia de antecedentes disciplinarios y a su vinculación en
propiedad mediante carrera administrativa, le permitieron consolidar el derecho a la
prima técnica por evaluación del desempeño antes de la expedición del Decreto
1724 de 1997, configurándose así un derecho adquirido protegido por el régimen de
transición previsto en esa normativa.
Indicó que el Tribunal centró su análisis exclusivamente en las evaluaciones
correspondientes al período 1997-1998, concluyendo que no cumplía los requisitos
para acceder al beneficio, pero ignoró las calificaciones favorables obtenidas con
anterioridad. Asimismo, afirmó que la autoridad judicial aplicó indebidamente
precedentes que correspondían a situaciones distintas, pues se referían a
servidores que no habían consolidado el derecho antes de la entrada en vigencia
del Decreto 1724 de 1997. En consecuencia, alegó que la sentencia cuestionada
desconoció pruebas esenciales y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
derechos adquiridos y régimen de transición, lo que condujo a la negativa
injustificada de la prima técnica y a la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y a la igualdad.
Ahora bien, la accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Caquetá
incurrió en desconocimiento del precedente judicial al apartarse sin justificación
suficiente de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la prima técnica por
evaluación del desempeño y el régimen de transición previsto en el artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997. En particular, afirmó que la autoridad judicial desconoció la
regla fijada por el Consejo de Estado en la sentencia proferida en el radicado 25000-
23-25-000-2008-00366-01 (0371-2010), según la cual los servidores que hubieran
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cumplido los requisitos para acceder a la prima técnica antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997 consolidaban un derecho adquirido protegido
por el régimen de transición. Asimismo, señaló que el Tribunal se apartó de la línea
jurisprudencial reiterada en las sentencias de tutela con radicados 11001-03-15-
000-2022-05645-01, 11001-03-15-000-2023-07673-00 y 11001-03-15-000-2025-
01829-01, en las que el Consejo de Estado habría precisado que la prima técnica
constituye un beneficio de causación anual y que una calificación inferior al 90% en
determinado período no implica la pérdida definitiva de un derecho previamente
adquirido.
Con fundamento en ello, argumentó que había consolidado el derecho a la prima
técnica al obtener calificaciones superiores al 90% durante los períodos 1994-1995
y 1995-1996, por lo que se encontraba cobijada por el régimen de transición. No
obstante, sostuvo que el Tribunal exigió indebidamente acreditar una calificación
superior al 90% en el año inmediatamente anterior a la expedición del Decreto 1724
de 1997, requisito que, a su juicio, no se desprendía de la norma ni de los
precedentes citados. En consecuencia, alegó que la sentencia cuestionada
desconoció el precedente obligatorio y vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
4. Trámite procesal
Por auto de 28 de mayo de 2026, el magistrado ponente admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia y al departamento del
Caquetá como tercero interesado en el resultado del proceso. De igual modo, se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 100754 a 100758
de 1° de junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá remitió link del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho no. 18001-33-33-001-2019-00422-00, no
obstante, guardó silencio.
5.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia
La titular del despacho rindió informe en el que precisó que la señora Carlota Celis
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
departamento del Caquetá, con la pretensión de que se declarara la nulidad del
oficio no. 2018EE8266 del 10 de octubre de 2018 y contra el acto ficto derivado de
la falta de respuesta a los recursos interpuestos, mediante los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño. Indicó
que la demandante solicitó, además de la nulidad de dichos actos, el reconocimiento
y pago de la prima técnica, junto con los retroactivos correspondientes y su inclusión
como factor salarial para efectos pensionales.
Señaló que, agotadas las etapas procesales, el Juzgado profirió sentencia el 19 de
septiembre de 2022 en la que accedió parcialmente a las pretensiones; sin
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embargo, dicha decisión fue revocada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá mediante providencia del 18 de febrero de 2026, que
declaró la existencia del acto ficto negativo y negó las pretensiones de la demanda.
Finalmente, manifestó que las decisiones adoptadas por el despacho se
fundamentaron en las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables al caso,
con observancia de los presupuestos procesales y constitucionales, y remitió el
enlace del expediente digital para los fines pertinentes dentro del trámite de tutela.
5.3. Respuesta del departamento del Caquetá
La Secretaría de Educación del departamento del Caquetá, en primer lugar, solicitó
su desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que la controversia se dirigía exclusivamente contra la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá
y no contra actuaciones atribuibles a dicha entidad. Señaló que en el proceso
ordinario actuó únicamente como parte demandada y carece de competencia para
modificar o revocar providencias judiciales, por lo que no podía ser responsable de
los presuntos defectos fáctico y de desconocimiento del precedente judicial
alegados por la accionante.
De manera principal, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al estimar que la actora contaba con
mecanismos extraordinarios de defensa judicial que no fueron agotados. En
particular, sostuvo que si consideraba que el Tribunal había desconocido la
jurisprudencia del Consejo de Estado, podía acudir al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 256 del CPACA, y que si
cuestionaba la valoración de las pruebas, disponía del recurso extraordinario de
revisión regulado en el artículo 248 ibidem.
Subsidiariamente, pidió negar el amparo al afirmar que no se configuró defecto
fáctico ni desconocimiento del precedente judicial. Explicó que las calificaciones
obtenidas por la señora Carlota Celis durante los períodos 1994-1995 y 1995-1996
sí fueron conocidas y valoradas por el Tribunal, por lo que la inconformidad de la
accionante no recaía sobre una omisión probatoria sino sobre la interpretación
jurídica realizada por esa corporación respecto de los requisitos para acceder al
régimen de transición del Decreto 1724 de 1997. Añadió que la sentencia
cuestionada se apoyó en la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, según la cual era necesario acreditar una calificación igual o superior al
90% en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de dicho decreto
para consolidar el derecho a la prima técnica.
Asimismo, sostuvo que la accionante omitió informar que, aun en el evento de
aceptarse su tesis, habría perdido el derecho a la prima técnica por haber obtenido
calificaciones inferiores al 90% en los períodos 2009-2010 y 2013-2014,
circunstancia que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991, constituía
causal de pérdida del beneficio. Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada
fue adoptada con fundamento en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia
aplicable, sin que existiera vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de la tutela.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
El departamento del Caquetá solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional porque carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
tiene competencia para resolver las pretensiones formuladas por la parte actora.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5° del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación, en tanto se advierte que el
departamento del Caquetá fue vinculado en calidad de tercero con interés legítimo
en las resultas del proceso, dada su condición de parte demandada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en la sentencia de 18 de
febrero de 2026 incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora al configurarse los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
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Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
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Accionante: Carlota Celis
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela goza de relevancia
constitucional porque debe definirse si la autoridad judicial accionada al revocar la
decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Carlota Celis contra el departamento del Caquetá y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, al considerar que el Tribunal omitió valorar
pruebas determinantes que acreditaban que la accionante obtuvo calificaciones de
desempeño superiores al 90% durante los períodos 1994-1995 y 1995-1996, las
cuales, junto con su vinculación en carrera administrativa y la ausencia de sanciones
disciplinarias, le permitían consolidar el derecho a la prima técnica antes de la
expedición del Decreto 1724 de 1997 y quedar amparada por el régimen de
transición. Asimismo, sostuvo que se configuró un desconocimiento del precedente
judicial al apartarse de la jurisprudencia del Consejo de Estado que reconocía como
derecho adquirido la prima técnica a quienes cumplieron los requisitos antes de la
entrada en vigencia de dicho decreto, exigiéndole indebidamente acreditar una
calificación superior al 90% en el período inmediatamente anterior a su expedición.
En el caso, se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar una supuesta vulneración de los
derechos fundamentales invocados, es decir, están relacionados con su contenido,
alcance y goce, además de cumplir con la carga mínima argumentativa.
Los demás requisitos generales se encuentran acreditados, toda vez que (ii) la
parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso la
parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, y se observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se
cumple el requisito de la inmediatez porque la providencia judicial se presentó
dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9
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Accionante: Carlota Celis
5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados
La señora Carlota Celis, quien actúa a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo y a la igualdad, presuntamente vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Caquetá con la decisión de 18 de febrero de 2026,
mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, resolvió negarlas en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 18001-33-33-001-2019-
00422-01.
La parte accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico
al omitir la valoración de las pruebas que acreditaban calificaciones de desempeño
superiores al 90% durante los períodos 1994-1995 y 1995-1996, las cuales, en su
criterio, demostraban que había consolidado el derecho a la prima técnica antes de
la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 y, por tanto, se encontraba
amparada por el régimen de transición. Asimismo, alegó el desconocimiento del
precedente judicial, al considerar que el Tribunal Administrativo del Caquetá se
apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre derechos adquiridos en
materia de prima técnica al exigirle acreditar una calificación superior al 90% en el
período inmediatamente anterior a la expedición de dicho decreto, requisito que, a
su juicio, no estaba previsto en la normativa ni en los precedentes judiciales
aplicables.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que realizará el análisis de los defectos
alegados de manera conjunta.
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando
“(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Asimismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
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Constitución18, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
19
probatorio que respalde su decisión .
Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo del Caquetá mediante sentencia de 18 de febrero de 2026, revocó
la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la señora
Carlota Celis no tenía derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación
del desempeño, toda vez que no acreditó haber consolidado dicho derecho antes
de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 y, por ende, no era beneficiaria
del régimen de transición previsto en esa normativa. Para arribar a esa conclusión,
la autoridad judicial desarrolló un análisis encaminado a establecer si la
demandante cumplía los presupuestos normativos y jurisprudenciales necesarios
para entender consolidado el derecho a la citada prestación antes de la
modificación introducida por el referido decreto.
En ese sentido, el Tribunal realizó un estudio del marco normativo que regula la
prima técnica por evaluación del desempeño, particularmente de los Decretos 1661
y 2164 de 1991, así como del régimen de transición consagrado en el artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997 y de la jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Posteriormente, examinó de manera conjunta el material probatorio obrante en el
expediente, en el que se encontraban las evaluaciones de desempeño de la
accionante, los documentos que acreditaban su vinculación al Ministerio de
Educación Nacional mediante carrera administrativa, los actos administrativos
expedidos con ocasión de la reclamación del reconocimiento de la prestación y los
demás elementos de prueba allegados al proceso con el propósito de determinar si
la señora Carlota Celis había consolidado un derecho adquirido a la prima técnica
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.
En desarrollo de ese análisis, el Tribunal precisó que si bien la señora Carlota Celis
obtuvo calificaciones satisfactorias durante distintos períodos de su trayectoria
laboral e incluso alcanzó porcentajes superiores al 90% en las evaluaciones
correspondientes a los períodos 1994-1995 y 1995-1996, dichas circunstancias no
resultaban suficientes por sí solas para concluir que había consolidado el derecho
a la prima técnica.
Lo anterior, por cuanto las pruebas allegadas al expediente demostraban que la
accionante no obtuvo una calificación igual o superior al 90% en el año
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997,
presupuesto que conforme a la interpretación normativa y a la línea jurisprudencial
acogida por esa Corporación resultaba indispensable para acceder al régimen de
transición previsto en el artículo 4 del citado decreto. Con fundamento en ello
concluyó que la demandante no consolidó un derecho adquirido a la prima técnica
18
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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por evaluación del desempeño y que, en consecuencia, le era aplicable el régimen
general introducido por el Decreto 1724 de 1997, el cual restringió el reconocimiento
de dicho beneficio a determinados niveles de empleo.
En ese orden de ideas, la Sala observa que los reparos formulados por la parte
actora no evidencian una omisión en la valoración del material probatorio ni una
apreciación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable de la misma. Por
el contrario, de la lectura integral de la providencia cuestionada se desprende que
el Tribunal sí examinó las evaluaciones de desempeño que la accionante
consideraba determinantes para la solución de la controversia y las confrontó con
el restante acervo probatorio y con el marco jurídico que estimó aplicable al caso.
Sin embargo, les otorgó un alcance distinto al pretendido en la acción de tutela, al
considerar que dichas calificaciones no eran suficientes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para consolidar el derecho a la prima técnica
bajo el régimen de transición, pues a su juicio, no demostraban que la accionante
hubiera satisfecho el presupuesto temporal requerido para ser beneficiaria de este.
En consecuencia, la inconformidad planteada por la accionante no se dirige a
demostrar la existencia de una omisión probatoria o de una valoración arbitraria de
las pruebas, sino que refleja su desacuerdo con las conclusiones jurídicas a las que
arribó el juez natural a partir del material probatorio oportunamente incorporado al
proceso. Por lo tanto, tal discrepancia no configura un defecto fáctico susceptible de
ser corregido mediante la acción de tutela, pues esta no constituye una instancia
adicional para replantear el juicio probatorio efectuado por la autoridad judicial
competente ni para imponer una interpretación distinta de las pruebas regularmente
valoradas.
Ahora bien, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica
que20 “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los)
caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye
la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto
de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas21:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 22.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.
De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que la parte accionante sostuvo que
el Tribunal Administrativo del Caquetá desconoció el precedente judicial contenido
en la sentencia con radicado no. 25000-23-25-000-2008-00366-01 (0371-2010), así
como en las sentencias de tutela con radicados 11001-03-15-000-2022-05645-01,
11001-03-15-000-2023-07673-00 y 11001-03-15-000-2025-01829-01, al exigirle
acreditar una calificación de desempeño igual o superior al 90% en el año
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 para
acceder al régimen de transición.
En ese sentido, corresponde a la Sala verificar, en primer lugar, el contenido y
alcance de las reglas jurisprudenciales invocadas y, posteriormente, establecer si
los supuestos fácticos y jurídicos allí analizados resultan equiparables al caso de la
señora Carlota Celis, de manera que permita concluir si la autoridad judicial
accionada se apartó injustificadamente del precedente obligatorio.
En primer lugar, la Sala observa que la sentencia de 19 de agosto de 2010 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado no. 25000-23-25-000-2008-
00366-01 (0371-2010), estudió el caso de una servidora pública a quien se le negó
el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño.
En esa oportunidad, la Corporación concluyó que la demandante había consolidado
el derecho a dicha prestación antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de
1997, toda vez que acreditó una calificación superior al 90% en el período
comprendido entre el 23 de mayo de 1996 y el 28 de febrero de 1997, cuando aún
se encontraba vigente el régimen previsto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991.
Con fundamento en ese supuesto fáctico, precisó que la actora era beneficiaria del
régimen de transición consagrado en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y reiteró
que la prima técnica por evaluación del desempeño constituía un derecho de
causación anual, de manera que una calificación inferior al porcentaje exigido en
determinada anualidad únicamente impedía el reconocimiento del beneficio para
ese período, sin extinguir definitivamente el derecho cuando en anualidades
posteriores volvieran a acreditarse los requisitos legales.
22
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
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En segundo lugar, la parte accionante invocó la sentencia de tutela con radicado no.
11001-03-15-000-2022-05645-01 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la que se estudió la acción de tutela presentada por una servidora pública
contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por
el presunto desconocimiento del precedente judicial en materia de reconocimiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño. En ese asunto, la accionante
sostenía que, pese a haber obtenido en un determinado período una calificación
inferior al 90%, recuperó posteriormente evaluaciones superiores a dicho
porcentaje, razón por la cual conservaba el derecho a que se le reconociera
nuevamente la prima técnica.
En ese sentido, la Corporación al verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, centró el
estudio exclusivamente en el desconocimiento del precedente judicial y concluyó
que el Tribunal accionado se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial
consolidada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual los
servidores cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997 no pierden de manera definitiva el derecho a la prima técnica
por obtener una calificación inferior al 90%, pues dicho beneficio se causa
anualmente y puede reconocerse nuevamente cuando en períodos posteriores se
acrediten las condiciones legales exigidas. En consecuencia, la Sección Quinta del
Consejo de Estado revocó la decisión que había declarado improcedente la tutela,
amparó los derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia
cuestionada y ordenó proferir una nueva decisión conforme al precedente
jurisprudencial vigente.
En tercer lugar, la parte accionante invocó la sentencia de tutela con radicado no.
11001-03-15-000-2023-07673-00, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la que se estudió la acción de tutela presentada por varios servidores
vinculados a instituciones educativas del departamento de Nariño contra una
decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por el presunto desconocimiento del precedente judicial y
la indebida valoración probatoria en un proceso relacionado con el reconocimiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño. En ese asunto, los accionantes
sostenían que la autoridad judicial había desconocido la línea jurisprudencial
consolidada del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen de transición
previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y había omitido valorar
integralmente las resoluciones mediante las cuales se les había reconocido la prima
técnica con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho decreto, circunstancia
que demostraba que habían adquirido el derecho bajo el régimen anterior.
En ese sentido, la autoridad judicial al verificar la procedencia de la acción de tutela,
centró su análisis en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y
fáctico, concluyendo que el Tribunal Administrativo de Nariño se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cual reconoce que los servidores públicos cobijados por el régimen de
transición conservan el derecho a la prima técnica cuando este se causó bajo la
vigencia del Decreto 1661 de 1991, aun cuando el reconocimiento formal se hubiera
materializado con posterioridad. Asimismo, estableció que la autoridad judicial
incurrió en un defecto fáctico al omitir el análisis integral de las Resoluciones 782
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de 4 de marzo de 1997, 321 de 4 de agosto de 1997 y 1407 de 19 de noviembre de
1999, las cuales acreditaban que el reconocimiento de la prestación se produjo
antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997. En consecuencia, el Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia
cuestionada y ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño proferir una nueva
decisión en la que realizara una valoración integral del material probatorio y aplicara
el precedente jurisprudencial vigente sobre el reconocimiento de la prima técnica
por evaluación del desempeño.
Finalmente, la accionante invocó la sentencia de tutela con radicado no. 11001-03-
15-000-2025-01829-01, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
la que se estudió la acción de tutela presentada por un servidor público contra una
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al trabajo por el presunto desconocimiento del precedente
judicial en materia de reconocimiento de la prima técnica por evaluación del
desempeño. En ese asunto, el accionante sostenía que pese a haber obtenido en
un determinado período una calificación inferior al 90%, posteriormente alcanzó
evaluaciones superiores a dicho porcentaje, por lo que conservaba el derecho a que
se le reconociera nuevamente la prima técnica en virtud del régimen de transición
aplicable.
Así las cosas, la autoridad judicial al verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, centró el
análisis en el desconocimiento del precedente judicial y concluyó que el Tribunal
accionado se apartó injustificadamente de la línea jurisprudencial consolidada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme a la cual los servidores
amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724
de 1997, posteriormente recogido por el Decreto 1336 de 2003, no pierden de
manera definitiva el derecho a la prima técnica por obtener una calificación inferior
al 90%, toda vez que dicha prestación tiene naturaleza periódica y puede
reconocerse nuevamente cuando en anualidades posteriores se acrediten las
condiciones legales exigidas, aun cuando el servidor continúe desempeñando un
cargo distinto de los niveles directivo, asesor o ejecutivo. En consecuencia, el
Consejo de Estado revocó la decisión que había negado el amparo, protegió los
derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia cuestionada y
ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva decisión
conforme al precedente jurisprudencial vigente.
Ahora bien, una vez examinadas las providencias invocadas por la parte accionante,
la Sala advierte que no se configura un desconocimiento del precedente judicial,
toda vez que los supuestos fácticos y jurídicos que dieron lugar a las reglas de
decisión allí fijadas difieren sustancialmente de los acreditados en el presente
asunto.
En efecto, se observa que en todas las decisiones citadas el elemento común que
sirvió de fundamento para la aplicación del precedente judicial consistió en que los
respectivos demandantes habían consolidado el derecho a la prima técnica bajo la
vigencia del régimen previsto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y, por ende, se
encontraban amparados por el régimen de transición consagrado en el artículo 4
del Decreto 1724 de 1997. A partir de ese supuesto, la discusión jurídica se centró
en establecer si una calificación inferior al 90% obtenida en una anualidad posterior
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implicaba la pérdida definitiva del derecho o si, por el contrario, este podía
recuperarse cuando en períodos subsiguientes se acreditaran nuevamente las
condiciones exigidas por la ley. Precisamente, sobre ese aspecto, el Consejo de
Estado consolidó la regla según la cual la prima técnica por evaluación del
desempeño constituye un derecho de causación periódica, de manera que una
evaluación insatisfactoria no extingue definitivamente el derecho previamente
adquirido.
No obstante, dicha hipótesis no corresponde a la situación fáctica que se presenta
en el caso de la señora Carlota Celis. En efecto, de conformidad con las pruebas
valoradas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la accionante no acreditó
haber obtenido una calificación de desempeño igual o superior al 90% en el período
inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997,
circunstancia que impedía tener por consolidado el derecho a la prima técnica bajo
el régimen previsto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y, en consecuencia,
acceder al beneficio otorgado por el régimen de transición. Por lo tanto, la Sala
precisa que la controversia planteada en el proceso ordinario no versó sobre la
recuperación de un derecho previamente adquirido, sino sobre la inexistencia de los
presupuestos necesarios para considerar que la accionante tenía derecho al
reconocimiento de la prima antes del cambio normativo.
En ese orden, la exigencia efectuada por el Tribunal Administrativo del Caquetá de
verificar el cumplimiento de los requisitos para consolidar el derecho con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997 no comporta un
desconocimiento de las reglas fijadas en las providencias invocadas, pues aquellas
parten de un supuesto previo que en este asunto no se encuentra acreditado, esto
es, la existencia de un derecho adquirido susceptible de mantenerse o recuperarse
en virtud del régimen de transición. En ese sentido, la Sala advierte que los
precedentes judiciales citados resolvieron controversias relativas a la conservación
o recuperación de una prima técnica ya consolidada, mientras que el presente caso
exige determinar si la accionante adquirió válidamente ese derecho antes de la
modificación normativa, aspecto que constituye una diferencia fáctica y jurídica
determinante para descartar la identidad de supuestos requerida para predicar la
existencia de un precedente vinculante.
En consecuencia, la Sala concluye que las providencias invocadas por la parte
accionante no resultan aplicables al caso concreto, en tanto la regla jurisprudencial
que contienen fue construida a partir de circunstancias sustancialmente distintas a
las aquí acreditadas. Por ello, no era exigible que la autoridad judicial accionada
resolviera el asunto conforme a dichos pronunciamientos, razón por la cual no se
configura el defecto por desconocimiento del precedente judicial alegado.
Finalmente, en relación con las sentencias de tutela con radicados nos. 11001-03-
15-000-2022-05645-01, 11001-03-15-000-2023-07673-00 y 11001-03-15-000-
2025-01829-01, si bien la accionante las invoca como precedente horizontal en
materia constitucional, la Sala considera que las mismas no resultan aplicables al
presente asunto, toda vez que fueron proferidas respecto de controversias que
partían de un supuesto fáctico esencialmente distinto, consistente en que los
accionantes habían consolidado previamente el derecho a la prima técnica y por
ende, ostentaban la calidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el
Decreto 1724 de 1997. En tales providencias, el debate constitucional se limitó a
establecer si las autoridades judiciales accionadas habían desconocido la regla
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Accionante: Carlota Celis
jurisprudencial relativa a la imposibilidad de perder de manera definitiva un derecho
previamente adquirido por el solo hecho de obtener una calificación inferior al 90%.
Sin embargo, en el caso objeto de estudio la discusión versa sobre la acreditación
de los presupuestos necesarios para consolidar inicialmente ese derecho,
circunstancia que impide predicar la identidad fáctica y jurídica exigida para la
aplicación del precedente judicial. En consecuencia, no era exigible al Tribunal
Administrativo del Caquetá resolver el asunto conforme a las reglas desarrolladas
en dichas decisiones, razón por la cual no se configura un desconocimiento del
precedente judicial alegado.
En virtud de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela, en
tanto no se demostró la configuración de los defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por el departamento del
Caquetá.
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Carlota Celis, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04031-00
Accionante: Carlota Celis
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