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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02241-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02241-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por la señora Gladys Camacho Párraga por no superar el requisito de la subsidiaridad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02241-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de mayo de 2022

Demandante: Gladys Camacho Párraga
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02241-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02241-00
Demandante: GLADYS CAMACHO PÁRRAGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Improcedencia por no superarse el requisito de la
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
señora Gladys Camacho Párraga, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito radicado el 20 de abril de 2022, Gladys Camacho Párraga,
actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B1. Lo anterior, por la presunta
vulneración de sus garantías constitucionales a la igualdad, al debido proceso, al
mínimo vital y a la seguridad social.

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en las providencias del 1 de noviembre
de 2019 y 21 de octubre de 2021, proferidas por las referidas autoridades
accionadas, respectivamente. En dichas sentencias se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, que, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 El escrito de tutela fue radicado en la ventanilla virtual dispuesta en la página web del Consejo de

Estado el 20 de abril de 2022 e ingresó al Despacho del magistrado ponente el 22 siguiente.

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Demandantes: Gladys Camacho Párraga
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02241-00

restablecimiento de derecho, promovió la actora contra el Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)2.

1.2. Pretensión

3. A título de amparo constitucional, solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida
por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B de fecha 21
de octubre de 2021, mediante la cual se confirmó la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN F el 01 de noviembre de 2019.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B a proferir sentencia de fondo confirmando parcialmente la sentencia
de primera instancia y además ordenando al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN de la señora GLADYS CAMACHO PARRAGA, identificada con
Cédula de Ciudadanía N.º 51.556.120 expedida en Bogotá, con la inclusión del factor
salarial HORAS EXTRA en lo concerniente a las HORAS EXTRA ADULTAS, HORAS
EXTRA DE PLANTA y H.E. UNICA.

TERCERO: Solicito comedidamente a su distinguida Sala oficial al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F
para que allegue en su integralidad 25000234200020170452700, como quiera que
el expediente ya ha sido devuelto al Tribunal al despacho de origen.
(Transcripción literal del original).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Gladys Camacho Párraga nació el 11 de junio de 1960 y prestó sus
servicios como docente nacional por más de 20 años, entre el 24 de julio de 1991
hasta el 19 de abril de 2017.

5. Por medio de la Resolución N.º 882 del 11 de noviembre de 2015, la Secretaría
de Educación del Municipio de Fusagasugá, en nombre y representación del
FOMAG, le reconoció pensión de jubilación. Su mesada pensional fue liquidada en
un 75% del promedio salarial devengado en el último año de servicio anterior al
estatus pensional, en consideración a la asignación básica, la prima de vacaciones
y las horas extras, resultando una cuantía de $2.423.384, a partir del 12 de junio de
2015.

2 Proceso identificado con el radicado N.º 25000-23-42-000-2017-04527-00/1.

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6. A través del Oficio N.º 1512-07.2017RE2266 del 14 de agosto de 2017, suscrito
por el secretario de educación del Municipio de Fusagasugá, se le negó a la actora
la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales que devengó en el año anterior a la adquisición del estatus pensional. Lo
anterior porque los emolumentos que sirvieron de base para la liquidación de esa
prestación en consideración a su vinculación como docente nacional, son los
incluidos en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y en las Leyes 33 de 1985
y 71 de 1988. En ese acto, también se le informó que su solicitud de suspensión del
descuento por concepto de salud debía ser realizada ante la Fiduprevisora S.A.

7. Inconforme con lo resuelto, la accionante decidió promover demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, proceso que se identificó con el radicado N.º 25000-
23-42-000-2017-04527-00/1. Para ello indicó que en el acto acusado se desconoció
el inciso 1 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que dispuso el reconocimiento de
la pensión de jubilación según las disposiciones establecidas en la Ley 91 de 1989,
norma que remite al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 y sus decretos
reglamentarios, que establecieron que tal prestación debía liquidarse con el 75%
del promedio salarial devengado en el último año de servicios, con la inclusión de la
totalidad de los factores salariales percibidos en este periodo3.

8. Asimismo, señaló que los descuentos efectuados para salud de las mesadas
adicionales de cada año, constituye una infracción al artículo 1 del Decreto 1073 de
2002, el cual dispone que las instituciones pagadoras de pensiones no están
obligadas a realizar otro descuento diferente a los autorizados por la ley y los
reglamentados en aquella disposición.

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia de 1 de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Al respecto, entre otras, ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación teniendo en cuenta únicamente la bonificación mensual devengada en el
último año de servicios, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2012, y negó
la inclusión de las primas de navidad, servicios y lo relacionado con el reintegro del
descuento por concepto de aporte a salud sobre las mesadas adicionales.

10. Pese a lo anterior, la demandante recurrió parcialmente la mentada decisión.
Al respecto, entre otras cosas, y como argumentó nuevo, indicó que en el acto de
reconocimiento de la pensión se incluyó en el ingreso base de liquidación (IBL) las
horas extras, pero que, al revisar el contenido en pleno de la resolución en cuestión,
frente a este criterio, evidenció que devengó unas denominadas “HE ADULTOS, HE
COM PLANTA, HE ÚNICA” para el periodo de 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre
de 2015, las cuales no fueron incluidas en el ingreso base de cotización, por lo que
solicitó su inclusión “pues sobre los mismos procede descuento por aportes a
seguridad social”.

3 Debe precisarse que, en aquella oportunidad, la señora Camacho Párraga no pormenorizó a cuáles

factores salariales aludía expresamente, dejando su pretensión de manera genérica.

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11. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con providencia de
21 de octubre de 2021, confirmó la decisión adoptada por el a quo. Sobre el
particular, trajo a colación la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25
de abril de 2019, para lo cual precisó las reglas aplicables en cuanto al derecho a la
pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981
nacionales y nacionalizados, y de los nombrados desde el 1 de enero de 1990, de
acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.

12. En relación con el IBL, adujo que este comprende el periodo del último año
de servicio docente y los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al descender al caso
concreto, encontró que a la señora Camacho Párraga se le liquidó su pensión
teniendo en cuenta la asignación básica, la prima de vacaciones y las horas extras4,
por lo que no había lugar a modificar la decisión adoptada por la primera instancia.

1.4. Sustento de la vulneración

13. Indicó que la trasgresión obedece a que las autoridades accionadas en sus
providencias no tuvieron en cuenta que devengó, dentro de las horas extras,
aquellas denominadas “HE ADULTOS, HE COM PLANTA, HE ÚNICA”, lo que a su
juicio implica la configuración de los siguientes defectos:

14. Sustantivo: por cuanto se desconocieron las Leyes 4 de 1992 y 30 de 1993
en lo concerniente a la delimitación del magisterio como un régimen especial.
Asimismo, las Leyes 60 de 1993, 115 de 1994, 812 de 2003, en consonancia con el
Acto Legislativo N.º 01 de 2005, pues en estas disposiciones normativas se clarifica
el régimen prestacional de los educadores. A su turno, la Ley 91 de 1989,
específicamente el artículo 15, literal b, donde se trazan los lineamientos para el
reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación de los docentes.

15. Desconocimiento del precedente: invocó las siguientes providencias:

• Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 10 de
septiembre de 2009 en el que se expuso el régimen pensional de los docentes
y los efectos del Acto Legislativo N.º 01 de 2005.

4 En relación con este factor salarial, acotó: “de acuerdo con el Oficio 1512-07.2018EE3093 del 20

de diciembre de 2018 (Fl. 113), «(…) el aplicativo con el cual se liquida la nómina de docentes y
directivos docentes, “Sistema de Información Humano”, que implementó el Ministerio de Educación
a nivel nacional, tiene parametrizado el pago de las diferentes horas extras, por conceptos de
prestación del servicio educativo, sin afectar al valor de la hora extra, que establece la norma, de la
siguiente manera: 1. Horas Extras Adultos G.12, 13 y 14 D-2277: Son aquellos que corresponden a
la jornada nocturna y sabatina (ciclos adultos). 2. Horas Extras Com. Planta G.12, 13 y 14 D-2277:
Son aquellos que corresponden a la prestación del servicio educativo por reemplazo de alguna
situación administrativa que se presenta, tales como: incapacidades y permisos. 3. Horas Extras
Jornada Única G.12, 13 y 14 D2277: Corresponden a la implementación de la jornada única en las
Instituciones Educativas Municipales.»”. (Cursiva del original).

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• Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Hernando Sánchez Sánchez,
sentencia de 28 de junio de 2018 (expediente N.º 2017-02688), en la que se
resuelve, mediante acción de tutela, amparar la protección de los derechos
fundamentales del actor en aplicación a la sentencia de unificación de 4 de
agosto de 2010 por una indebida interpretación del marco normativo sobre el IBL
en el régimen de transición.

• Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de
tutela de 21 de junio de 2018 (sin identificar el radicado), en la que se resaltó
que el reconocimiento de la pensión de jubilación docente se rige, para aquellos
vinculados con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por los
lineamientos contemplados en la Ley 91 de 1989.

• Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, para lo cual adujo que las reglas allí fijadas no aplicaban, entre otros, para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de 26 de junio de 2003.

• Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
sentencia de 24 de octubre de 2018 (radicado N.º 2017-03228) en la que se
señaló, vía tutela, la diferenciación de los regímenes aplicables a los empleados
públicos y que, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los docentes
vinculados al FOMAG, no se encuentran cobijados por el régimen de transición.

• Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
en la que se indicó expresamente los factores salariales para tener en cuenta al
momento de calcular el IBL en las pensiones del magisterio.

16. Violación directa de la Constitución: desconocimiento de los artículos 13
(derecho a la igualdad frente a casos similares al aquí debatido), 29 (debido proceso
ante la “aplicación de manera errada del precedente judicial”), 53 de la Constitución
Política concordante con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la
aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral. Así como del mínimo
vital (por la afectación económica y emocional que ha generado desmedro en su
calidad de vida). A su turno, indicó que las providencias enjuiciadas no tuvieron en
cuenta los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, retrospectividad
y de derechos adquiridos.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Trámite de admisión

17. Mediante auto de 26 de abril de 2022, el magistrado ponente resolvió admitir
la acción de tutela. En esta providencia se ordenó, entre otras cosas, (i) notificar a
la parte actora y (ii) al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y al

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, como
autoridades accionadas. También se vinculó, en calidad de terceros con interés: (iii)
al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio5 y (iv) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.5.2. Intervenciones

18. Remitidos los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Ministerio de Educación Nacional

19. De manera breve indicó que, conforme a lo ha desarrollado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, ante la existencia de otros mecanismos judiciales
idóneos la acción de tutela se torna improcedente, máxime si se tiene que se está
ante una ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora y,
además, no media un perjuicio irremediable.

20. En todo caso, solicitó su desvinculación del trámite en atención a que no es
la autoridad responsable de la conducta que motivó la presente solicitud de amparo,
careciendo así de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.2.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

21. La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia cuestionada por
vía constitucional pidió que se declarara la improcedencia de la acción toda vez que
lo pretendido por la accionante es convertirla en una tercera instancia de un proceso
ya decidido y concluido. Además, sostuvo que la actora cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial para controvertir la providencia censurada en esta
tutela, como lo es el recurso extraordinario de revisión a la luz del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.

22. No obstante, adujo que de superarse lo anterior, la providencia enjuiciada
analizó el por qué no se podían incluir las horas extras para reliquidar la pensión de
jubilación de la actora. Para complementar su argumento, refirió que en atención a
que las diferentes horas extras, por conceptos de prestación del servicio educativo,
se realiza en un único pago luego de ser parametrizado en el sistema de información
humano, aplicativo con el cual se liquida la nómina de docentes, y a que dicho
emolumento ya había sido incluido en la liquidación de la pensión de jubilación de
la actora, por lo que la Sala estableció que no procedía la reliquidación pretendida
con la inclusión de este factor.

5 Entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la cual se

impetró la acción constitucional.

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23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a
haber sido notificados en debida forma de la existencia de este proceso, guardaron
silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Gladys Camacho Párraga contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 20196 de la Sala Plena de esta Corporación7.

2.2. Legitimación en la causa

25. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

26. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19918, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales9.

27. Con fundamento en el marco conceptual expuesto10, la Sala advierte que la
señora Gladys Camacho Párraga es la titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

6 Reglamento interno de la Corporación.
7 Debe precisarse que, si bien la parte actora cuestiona las decisiones emitidas tanto por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, comoquiera que esta última es la que puso fin al proceso, la Sala
centrará su estudio de cara a esta providencia.
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
10 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.

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28. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.

29. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón
por la cual, se encuentra legitimada por pasiva.

30. Finalmente, con relación a la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Educación Nacional, esta será negada comoquiera que su
participación en la presente acción de tutela es en calidad de tercero con interés.

2.3. Problemas jurídicos

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
32. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos invocados, por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, de desconocimiento del precedente y de violación directa de
la Constitución al proferir la sentencia del 21 de octubre de 2021,
mediante la cual confirmó la emanada del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad y
de superarse lo anterior; iii) nociones de los defectos invocados y; iv) el análisis del
caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales13.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia15 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial16.
36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
16 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial

2.5.1. Tutela contra decisión de la misma naturaleza

39. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad. En efecto, no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial controvertida fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora
Gladys Camacho Párraga contra el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

2.5.2. Inmediatez

40. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia de 21 de octubre de 2021, notificada por
correo electrónico el 9 diciembre de 2021 y cuya ejecutoria se dio el 14 de aquel
mes y año. En consecuencia, la Sala considera que la acción de tutela contra
providencia judicial radicada el 20 de abril de 2022, se presentó dentro de un término
razonable.

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41. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200518, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.5.3. Subsidiaridad

42. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

43. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no al presente mecanismo constitucional.

44. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia19.

45. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
19 En sentencia, la Corte Constitucional en sentencia T-313 de 2005, se estableció: “En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.

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46. De esta manera, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 como de
esta Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la
tutela, imposibilita al juez del presente mecanismo a estudiar argumentos que no
fueron planteados dentro del trámite ordinario.

47. Al descender al caso concreto se tiene que, la señora Gladys Camacho
Párraga cuestiona que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
adelantó contra el FOMAG, no se tuvo en cuenta que en la Resolución N.º 882 del
11 de noviembre de 2015, la Secretaría de Educación del Municipio de Fusagasugá,
al reconocer su pensión de jubilación, también incluyó como elementos devengados
las horas extras denominadas “HE ADULTOS, HE COM PLANTA, HE ÚNICA” para
el periodo de 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, pero que, en todo
caso, no fue incluido en la base de cotización, lo que variaría su IBL.

48. Pues bien, como la Sala refirió en los antecedentes, dicho argumento solo
fue puesto de presente en la apelación adelantada dentro del medio de control. En
efecto, en la demanda únicamente solicitó, de manera genérica, que la pensión de
la accionante fuera liquidada con la inclusión de los factores salariales devengados
en el último año de servicios. Al respecto, se lee dentro de sus pretensiones:

[Q]ue se declare la NULIDAD del oficio número 1512-07.2017RE2266 del 14 de
agosto de 2017 proferido por la Alcaldía de Fusagasugá - Secretaría de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual SE NIEGA
EL AJUSTE de una pensión de jubilación y el reintegro y suspensión de los dineros
descontados para salud sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre.

[Q]ue como consecuencia de la declaratoria de Nulidad del oficio numero 1512-
07.2017RE2266 del 14 de agosto de 2017 se CONDENE a LA NACIÓN -
MINISTERIO OE EDUCACIÓN NACIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE
FUSAGASUGÁ - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, a proferir el acto administrative que RECONOZCA Y PAGUE a favor
de mi poderdante: 2.1. La revisión y ajuste de la pensión jubilación, incluyendo todos
los factores salariales devengados por mi representada en el año anterior al estatus
pensiona (…). [Transcripción literal]

49. Asimismo, dentro del acápite que denominó CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE
NORMAS LEGALES, hizo referencia a la regulación normativa sobre el régimen
prestacional de los docentes vinculados al magisterio con anterioridad a la Ley 812
de 2003 y aludió la necesidad de incluir todos los factores salariales en la liquidación
de pensión, conforme al marco legal señalado.

50. Ahora, este juez constitucional no desconoce que lo pretendido en sede
constitucional fue puesto de presente en el recurso de apelación. Empero, si lo que
buscaba es que las autoridades judiciales tuvieran en cuenta específicamente el
presunto error por parte del FOMAG de no reconocer dentro de la base de cotización
las horas extras denominadas “HE ADULTOS, HE COM PLANTA, HE ÚNICA”, lo
cierto es que era desde la interposición de la demanda la oportunidad procesal

20 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.

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oportuna para poner de presente tal cuestión. Esto por cuando el objeto de la litis
del proceso ordinario giró entorno a establecer si la actora tenía derecho a la
reliquidación de su mesada pensional con algunos factores que no fueron tenidos
en cuenta en el acto que reconoció su pensión. En consecuencia, el problema
jurídico no fue determinar si las horas extras incluyeron todos los rubros que realizó
la actora, sino determinar si dicho factor debía hacer parte del IBL.

51. Al no poner de presente el anterior argumento en la demanda la actora perdió
la oportunidad procesal de aportar las pruebas que evidenciarían que, pese a que
las horas extras le fueron reconocidas de manera genérica, algunos rubros
específicos de esas horas no le fueron canceladas. Por ende, pese a que en el
recurso de apelación la actora se refirió a este hecho, era imposible para el juez
colegiado de segunda instancia poder determinar que faltaban algunos
complementos de las horas extras. Además, en el recurso de apelación la actora no
aportó elementos que le permitieran a la Sección Segunda de esta Corporación
determinar que, aunque las horas extras les fueron reconocidas, faltaba el pago de
lo que la actora ha denominado “HE ADULTOS, HE COM PLANTA, HE ÚNICA”.

52. Si en gracia de discusión esto se superara, dado que fue un tema objeto de
la litis en segunda instancia, de considerar que no fue resuelto o generaba duda lo
desarrollado por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, la
actora tenía a su alcance la figura de adición21 de la sentencia conforme con lo
establecido en el Código General del Proceso. Mediante el uso de estas figuras
jurídicas la parte demandante hubiese podido adicionar si el reconocimiento de las
horas extras como factor salarial para su mesada pensional incluyó los rubros que
ella ha denominado “HE ADULTOS, HE COM PLANTA, HE ÚNICA”.

53. Se recuerda que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que no
puede ser empleado para subsanar los yerros o falencias que dejaron de ponerse
de presente dentro del trámite ordinario. Para finalizar es importante resaltar que la
actora no manifestó, y la Sala tampoco pudo advertir, que en este asunto existan
circunstancias y particularidades excepcionales que permitan superar el requisito
de la subsidiaridad para evitar que se configure un perjuicio irremediable.

54. Así las cosas, la presente acción de tutela no supera el requisito de la
subsidiaridad. En consecuencia, se declarará improcedente el mecanismo de
amparo constitucional solicitado por la señora Gladys Camacho Párraga.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

21 Artículo 287: Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o

sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…).

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3. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por la
señora Gladys Camacho Párraga por no superar el requisito de la subsidiaridad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Salva voto)

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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