Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00203-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00203-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00203-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00203-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA APLICÓ EN DEBIDA FORMA EL PRECEDENTE VINCULANTE, ESTO
ES, LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE 28 DE AGOSTO DE 2018 – EL IBL DEL INCISO TERCERO
DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, CONFORME AL CUAL SOLO SE
INCLUYEN LOS FACTORES SALARIALES SOBRE LOS QUE SE HAYAN
EFECTUADO LOS APORTES O COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE
PENSIONES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora
contra el fallo de 18 de febrero de 2022, mediante el cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1, denegó el amparo solicitado.
1 En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00203-01
Actora: ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA, actuando a
través de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2, al haber proferido la sentencia de 8 de julio de 2020,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-
2013-01612-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que durante 27 años estuvo vinculada laboralmente con
entidades del sector público y privado y en los dos últimos años de
servicio se desempeñó como Auditora General de la República.
2 En adelante la Sección Segunda
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Actora: ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA
Indicó que, debido a lo anterior, el 28 de octubre de 2009,
COLPENSIONES le reconoció la pensión de jubilación con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1o. de febrero de 19903.
Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y
de apelación, los cuales fueron denegados mediante las resoluciones
núms. 17817 de 17 de junio y 4538 de 19 de noviembre de 2010,
toda vez que no le resultaba favorable que en su caso se le aplicara
la Ley 71 de 19 de diciembre de 19884, pues aquella le proporcionaba
como tasa de reemplazo el 75% y el Decreto 758 de 11 de abril de
19905, el 84%.
Sostuvo que inconforme con lo anterior, promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichos actos
administrativos, el cual fue identificado con el numero único de
radicación 25000-23-42-000-2013-01612-01 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA6
que, a través de sentencia de 15 de octubre de 2015, declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, en
3 “Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez,
Vejez y Muerte”.
4 “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”
5 Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
6 En adelante el Tribunal
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consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión con fundamento
en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, con la inclusión de la asignación
básica, los gastos de representación y la prima de alta gestión.
Afirmó que la parte demandada apeló la decisión referida ante la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 8 de julio de 2021,
revocó la providencia recurrida y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda al considerar que no tenía derecho a la
reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios,
porque: i) la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19937
y el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable y los factores que
se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron los previstos
en el Decreto 1158 de 3 de junio de 19948 y ii) su pensión de
jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto le
aplicaba como fuente normativa las reglas y subreglas fijadas en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
7 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
8
“Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994”
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
porque no tuvo en cuenta que dentro de sus últimos 10 años de
servicios devengó la prima de alta gestión cuando se desempeñó
como Auditora General de la República y, en esas condiciones,
desconoció lo establecido por el Decreto 728 de 6 de marzo de 20099,
según el cual la prima de alta gestión constituía factor salarial para
el ingreso base de cotización del sistema general de pensiones.
Refirió que, aunque la interpretación del precedente jurisprudencial
pretende evitar las reliquidaciones incluyendo valores devengados
que no tienen vocación prestacional, el mismo también exige aportes
pensionales para obtener reliquidaciones, como la inclusión de
factores devengados que nunca se concibieron como obligatorios
para reportar cotizaciones.
Explicó que es diferente un factor salarial, unos aportes en proceso
de cobro por Colpensiones y un promedio de 10 años que genera una
pequeña reliquidación, por lo cual no tendría sentido iniciar una
9
“Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos de la Auditoría General de la República y se dictan otras disposiciones”
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nueva demanda ya que ello generaría la prescripción de las mesadas
reliquidadas.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos
fundamentales invocados up supra y, además:
“[…] SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA (ORAL) MAGISTRADO
PONENTE: Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS EL DÍA OCHO (08) de
julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso con
radicado No. 250002342000-2013-01612-01, viola la
Constitución Política de Colombia.
TERCERA: REVOCAR la sentencia proferida por el CONSEJO DE
ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOS O ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA (ORAL) MAGISTRADO PONENTE: Dr. CÉSAR
PALOMINO CORTÉS EL DÍA OCHO (08) de julio de dos mil
veintiuno (2021), dentro del proceso con radicado No.
250002342000-2013-01612-01.
CUARTA: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOS O ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA (ORAL)
MAGISTRADO PONENTE: Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS EL DÍA
OCHO (08) de julio de dos mil veintiuno (2021), dentro del
proceso con radicado No. 250002342000-2013-01612-01,
proferir una nueva sentencia dentro del proceso con radicado
No. 250002342000-2013-01612-00, donde se accedan a las
pretensiones de la señora ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA.
QUINTA: Ordenar la reliquidación pensional efectivamente con
el promedio de los últimos 10 años de salarios, incluyendo el
factor salarial y prestacional efectivamente y legalmente
reconocido como tal (del cual no hay debate legal) sobre el cual
la Auditoría General de la Nación debió realizar durante toda la
vinculación laboral pero que sólo hizo parcialmente, y que está
demostrado en el proceso, y así se solicitó en las pretensiones
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en caso de no aceptarse la reliquidación más favorable
generando una pequeña reliquidación desconocida en segunda
instancia por resolver con el típico modelo para estos casos, sin
entrar en análisis más profundo. […]”.
I.5. Intervinientes
I.5.2.- Colpensiones, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, por intermedio de la directora de
acciones constitucionales, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, en razón a que el accionante ya hizo uso de
los procedimientos que contempla el ordenamiento jurídico, para
controvertir los actos administrativos origen de la controversia.
Destacó que, en todo caso, la autoridad judicial accionada efectuó un
estudio exhaustivo de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al
caso, por lo que no había ninguna vulneración a los derechos
deprecados y lo que se evidenciaba era que la actora pretendía usar
la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las
decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después
de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el
efecto.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 18 de febrero de 2022, la SECCIÓN
TERCERA denegó el amparo solicitado, por considerar que la
providencia censurada no incurrió en defecto sustantivo.
Afirmó que la determinación adoptada por la autoridad judicial
accionada estuvo debidamente motivada y acorde con la normativa
que se ajustaba al sub lite, teniendo en cuenta que aunque cuando
la actora se desempeñó como Auditora General de la República
devengó la prima de alta gestión, la misma no podía ser reconocida
como factor salarial para la liquidación de la pensión, toda vez que la
accionante no logró demostrar en el proceso ordinario que se
hubieran realizado los respectivos aportes y, en consecuencia, no
podía ser tenida en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación.
Explicó que la decisión controvertida tuvo en cuenta la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, conforme a la
cual la accionada concluyó que el ingreso base de liquidación no hace
parte del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, que aplica tanto para el régimen general
como para los regímenes especiales, por lo que el IBL se debía
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calcular en los términos del inciso 3° de ese artículo, en concordancia
con el artículo 21 de la misma ley y teniendo en cuenta únicamente
los factores sobre los que se hubiera cotizado, lo cual evidenciaba
que no se había configurado el defecto alegado.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que sean amparados sus derechos fundamentales.
Reiteró que en aplicación del Decreto 728 de 2009, se le debía
reconocer la prestación económica reclamada con la inclusión de la
prima de alta gestión como factor salarial, teniendo en cuenta que
durante los dos últimos años de servicio se desempeñó como
Auditora General de la República.
Afirmó que Colpensiones debió adelantar las respectivas acciones de
cobro frente al empleador moroso de las cotizaciones por el factor
salarial denominado prima de alta gestión, con el propósito de
propender por el manejo diligente de los fondos de pensiones de sus
afiliados y futuros pensionados.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, por medio de la cual se revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, se denegaron las pretensiones de la demanda promovida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el numero único de radicación 25000-23-
42-000-2013-01612-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social, al mínimo vital y móvil y de acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo.
Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada desconoció que se había desempeñado en sus
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últimos dos años de servicio como Auditora General de la República
y que, por tanto, la prima de alta gestión que devengó debía ser
tenida en cuenta como factor salarial para la liquidación de su
pensión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 728 de
2009.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, denegó el amparo solicitado, por cuanto
encontró razonable el análisis efectuado por la autoridad judicial
accionada en la providencia cuestionada, en particular, porque la
decisión cuestionada estuvo debidamente fundamentada y motivada
de conformidad con la normativa que se ajustaba a los supuestos
fácticos y jurídicos del caso.
La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración
de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica
inicial, conforme a la cual reiteró que en aplicación del Decreto 728
de 2009, se le debía reconocer la prima de alta gestión como factor
salarial para la liquidación de su pensión.
Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos
expuestos en la impugnación y debe determinar si la SECCIÓN
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SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en defecto
sustantivo, al haber proferido la sentencia de 8 de julio de 2021
aludida.
En el caso concreto, se observa que, a través de la sentencia
cuestionada, la SECCIÓN SEGUNDA sostuvo que no había lugar a
reliquidar la pensión de jubilación de la actora, por cuanto los
factores salariales que debían tenerse en cuenta para la liquidación
de su IBL eran los previstos en el artículo 36 de la Ley 100, habida
cuenta que su derecho pensional fue adquirido en vigencia de dicha
normativa. Al respecto expuso:
“[…] Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero
que ha de advertirse es que la actora está amparada por
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de abril de 1994
tenía 41 años de edad (nació el 6 de octubre de 1953) y
superaba los 15 de servicios.
Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se
desprende que la accionante cumplió 55 años de edad el 6 de
octubre de 2008, laboró en la Superintendencia Financiera (1 de
febrero de 1982 al 30 de junio de 1986); en Llave Plan S.A. (24
de julio de 1986 al 30 de diciembre de 1999); en Ecopetrol (3 de
enero de 2005 al 30 de abril de 2007); y en la Auditoría General
de la República (2 de mayo de 2007 al 1 de mayo de 2009); para
un total de 22 años, 2 meses y 1 día.
En consecuencia, (i) el desaparecido ISS reconoció a la
demandante pensión de vejez por Resolución 39397 de 28 de
octubre de 2009 a partir del 1 de noviembre de 2009 en la suma
de ($6.862.365). La liquidación de la pensión se realizó con
base en 1.173 semanas, sobre un IBL de ($8.169.482) al
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cual se le aplicó una tasa de remplazo del 84%, de
conformidad con artículo 21 de la Ley 100 de 1993 “sobre
lo cotizado o devengado dentro de los 10 años anteriores
al reconocimiento de la prestación”; esto es, (9 de febrero
de 1999 hasta el 1 de mayo de 2009); y en atención al
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del
mismo año. La prestación reconocida se dejó en suspenso hasta
que la actora acreditara el retiro del servicio; (ii) por Resolución
017817 de 17 de junio de 2010 la entidad pensional al resolver
el recurso de reposición, modificó el acto administrativo anterior
(en el sentido de ingresar en nómina la prestación reconocida en
suspenso), bajo el amparo de lo normado en las normas citadas,
en cuantía inicial de ($6.865.278) a partir del 1 de mayo de 2009,
liquidación basada en 1.168 semanas cotizadas, y un IBL de
($8.172.950), al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 84%;
(iii) el 13 de agosto de 2010, la interesada interpuso recurso de
apelación y pidió del ISS la reliquidación de la pensión con
inclusión de los factores salariales sobre los que cotizó
durante el último año de servicios, en los términos de la
Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, artículo 6; y,
(iv) mediante Resolución 04538 de 19 de noviembre de 2010, la
entidad pensional negó tal pedimento y confirmó en todas y cada
una de sus partes el acto administrativo anterior al considerar
que, “la reliquidación de la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988,
(pensión de jubilación por aportes); exige para acceder contar
con 55 años de edad en el caso de las mujeres, y 20 años de
cotizaciones a caja o entidad de previsión y al ISS traducidos en
1.029 semanas, sería desfavorable para los intereses de la
asegurada, ya que la normatividad en mención permite
aplicar al IBL un porcentaje del 75%, mientras que se
observa que se reconoció a la asegurada la pensión de
vejez, aplicando un monto del 84% al IBL”.
Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de
que la accionante cumplía los requisitos fijados en la Ley
71 de 1988 y en el Decreto 758 de 1990, para ser
beneficiaria de las pensiones contenidas en tales normas,
no obstante, la entidad accionada aplicó la que le era más
favorable. En efecto, con el aludido Decreto 758 de 1990
la tasa de reemplazo de la pensión reconocida arrojó el
84%, en tanto que con la ley que prevé la pensión de
jubilación por aportes es del 75%.
Ahora bien, se observa que a la demandante le fue calculada
su pensión de vejez con los factores salariales sobre los
cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en
atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la
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Corte Constitucional como por el Consejo de Estado,
plasmadas en las sentencias citadas en el acápite
precedente, en el sentido de que en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del
régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso
base de liquidación que consagraba el régimen anterior al
que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por
lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el
artículo 21 ib., según corresponda, lo que además guarda
relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que “Para
la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)”, motivo por el cual el fallo de primera instancia
no se ajusta a tal derrotero jurisprudencial hoy vigente.
Al respecto, la Subsección destaca que los aludidos parámetros
rigen el cálculo del IBL de la pensión de jubilación por aportes
(Ley 71 de 1988) y el correspondiente al de la de vejez del
Decreto 758 de 1990, y no es dable, como lo reclama la
demandante, tener en cuenta los factores salariales
recibidos durante el último año de servicios, por lo que, se
insiste, como en el sub lite la tasa de reemplazo del 84%
arroja un mayor valor por concepto de mesada pensional,
no hay lugar a aplicar la norma que se pretende, porque le
resultaría desfavorable.
Cabe destacar que en los fallos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, en los cuales se precisó la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en
relación con el ingreso base de liquidación pensional, la sala
plena de esta Corporación advirtió que “(…) por regla
general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
En conclusión, la señora Ana Cristina Sierra de Lombana
no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez
incluyendo la totalidad de los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, porque: i)
la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el
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Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, y los factores
que se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron
los previstos en el Decreto 1158 de 1994; ii) su pensión
de jubilación fue reconocida con fundamento en el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por lo tanto le aplica como fuente normativa
la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018; y siendo ello así, se revocará la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
negarlas.
Frente a la prima de alta gestión, la Subsección precisa
que la misma no se tendrá en cuenta como factor salarial,
toda vez que de las certificaciones salariales avizoradas
en el proceso10, se evidencia que sobre la misma no se
hicieron aportes, tal y como lo indicó el Tribunal11; y siendo
ello así, no se tendrá en cuenta en el IBL […]”. (Resaltado fuera
del texto).
De la revisión de la providencia objeto de la solicitud, la Sala advierte
que para resolver el caso concreto la autoridad judicial accionada
tuvo en cuenta las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, conforme a las cuales
se estableció que para efectuar la liquidación de las pensiones en el
régimen de transición sólo podían ser tenidos en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
En efecto, se advierte que a la tutelante le fue calculada su pensión
de vejez con los factores salariales sobre los cuales cotizó durante
10
Folio 278 y 279
11 Folio 288
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los últimos 10 años de servicios, en atención a que la reliquidación de
la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988, esto es, la pensión de
jubilación por aportes resultaba lesivo para sus intereses, ya que
únicamente permitía aplicar al IBL una tasa de reemplazo en un
porcentaje del 75%, mientras que sí se le aplicaba el Decreto 758 de
1990, la tasa de reemplazo de la pensión reconocida arrojaba un
mayor valor, esto es, del 84%, por lo cual la liquidación y la
reliquidación se hicieron bajo la aplicación del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de
1990, por ser más favorable este último.
Así mismo, en la providencia controvertida se aclaró que debido a que
la pensión de jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la
actora le era aplicable como fuente normativa la regla y las subreglas
fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, conforme a la cual “los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre
los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones” y, en consecuencia, no era posible tener en cuenta como
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factor salarial la prima de alta gestión, toda vez que las
certificaciones salariales allegadas al proceso evidenciaban que sobre
la misma no se hicieron aportes, por lo cual no era posible incluirla
en el IBL.
Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se concluye que la
SECCIÓN SEGUNDA no incurrió en el defecto sustantivo invocado por
cuanto de la revisión de la providencia de 9 febrero de 2021, se
desprende que para resolver el caso concreto se aplicó en debida forma
la segunda subregla del precedente vinculante contenido en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que estableció que
para calcular el IBL del inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993,
únicamente podían ser incluidos como elementos salariales en la
liquidación de la mesada pensional los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización al Sistema General de Pensiones, por
lo cual no era posible tener en cuenta como factor salarial la prima de
alta gestión, pues, en efecto, en el proceso ordinario no se logró
demostrar que se hubieran realizado los respectivos aportes respecto
de dicha prestación.
Así las cosas, la Sala advierte que la providencia cuestionada está
debidamente motivada, con fundamento en la jurisprudencia, la
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normativa aplicable y el material probatorio allegado en su momento
al proceso ordinario, por lo que el hecho de que la actora no comparta
la decisión allí dispuesta, no implica la vulneración de los derechos
fundamentales ni la configuración del defecto alegado.
Consecuente con lo anterior, se confirmará el fallo impugnado, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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