Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01612-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de jubilación: reliquidación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01612-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01612-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
8 de julio de 2021
PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Reliquidación / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
Se observa que a la demandante le fue calculada su pensión de vejez con los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib., según corresponda, lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”, motivo por el cual el fallo de primera instancia no se ajusta a tal derrotero jurisprudencial hoy vigente. La actora no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, porque: i) la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, y los factores que se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994; ii) su pensión de jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto le aplica como fuente normativa la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018; y siendo ello así, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(4403-13) (IJ), MP. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / DECRETO 1158 DE 1994 ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-01612-01(3305-16)
Actor: ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011. REFERENCIA: APLICACIÓN DEL PRECEDENTE VINCULANTE - SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 28 DE AGOSTO DE 2018 - EL IBL DEL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 - SOLO SE INCLUYEN LOS FACTORES SALARIALES SOBRE LOS QUE SE HAYAN //EFECTUADO LOS APORTES O COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 15 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
Pretensiones
La señora Ana Cristina Sierra de Lombana, mediante apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
“PRETENSIONES
Que se DECLARE la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de los efectos del Acto Administrativo compuesto por: a) Resolución No. 39397 de 28 de Octubre de 2009 notificada el 16 de Enero de 2010 b) Resolución No. 17817 de 17 de Junio de 2010 notificada el 6 de Agosto 2010 c) Resolución No. 4538 de 19 de Noviembre de 2010 notificada 18 de Enero de 2011, mediante los cuales 1-) la entidad demandada reconoce y ordena pagar la pensión de jubilación dando aplicación al régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de 1990, 2-) resuelve el Recurso de Reposición y 3-) resuelve el Recurso Apelación, y se niega a reconocer la pensión de jubilación dando aplicación a lo establecido en el Decreto 728 de 6 de Marzo de 2009, el artículo 274 de la Constitución Política, el artículo 81 de la Ley 106 de 1993 declarado parcialmente exequible por la Sentencia de Constitucionalidad C - 499 de 1998, el Decreto 272 de 2000, artículo 15 de la Ley 4ª del 1992 declarado parcialmente exequible por Sentencia de Constitucionalidad C- 681 de 2003, y el régimen especial establecido en la Ley 71 de 1988 reglamentario Decreto 1160 De 1989 inciso Segundo artículo 22.
Que como consecuencia de lo anterior, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, se obligue a reconocer y pagar la pensión de jubilación de mi representada ANA CRISTINA SIERRA DE LOMBANA, dando aplicación a lo establecido en el Decreto 728 de 6 de Marzo de 2009, el artículo 274 de Constitución Política, el artículo 81 de la Ley 106 de 1993 declarado parcialmente exequible por la Sentencia de Constitucionalidad C - 499 de 1998, el Decreto 272 de 2000, artículo 15 de la Ley 4 del 1992 declarado parcialmente exequible por Sentencia de Constitucionalidad C- 681 de 2003, y el régimen especial establecido en la Ley 71 de 1988 reglamentario Decreto 1160 de 1989 inciso segundo artículo 22.
Que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA COLPENSIONES-, reliquide y pague la pensión mensual vitalicia de Jubilación con el 75% del salario correspondiente al último año de servicio, utilizando los factores que establece Decreto 728 de 6 de Marzo de 2009, en observancia de la Ley 71 de 1988 reglamentario Decreto 1160 de 1989 inciso segundo artículo 22.
Que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES-, cancele el valor correspondiente al retroactivo resultante, desde la fecha en que se causó la pensión de jubilación, es decir a partir del 1 de Mayo de 2009, debidamente actualizado.
Que se reconozca y pague además de la obligación a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, la tasa máxima de intereses moratorios vigente (…) desde la fecha en que se cumple 4 meses siguientes a la radicación como término máximo para resolver la pensión, hasta el momento en que se efectué el pago, conforme a las normas vigentes y al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor del retroactivo que se llegare a originar con ocasión de la reliquidación retroactiva de la pensión como consecuencia de la demora y extemporaneidad en el reconocimiento pensional con el régimen favorable.
Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, a pagar mi poderdante los intereses moratorios desde la fecha en que se cumple 4 meses siguientes a la radicación como término máximo para resolver la pensión, hasta el mes de Julio de 2011, liquidados a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera, sobre el valor del retroactivo girado y pagado por la Resolución No. 017817 de 17 de Junio de 2010.
Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, a cancelar en favor de la demandante el valor de la Actualización del Retroactivo del valor girado y pagado en la Resolución No. 017817 de 17 de junio de 2010”.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
La demandante laboró 27 años en el sector público y privado (9 años fueron con el Estado).
En los últimos 2 años se desempeñó como Auditora General de la República, una vez cumplió los requisitos de tiempo de servicios y edad; solicitó la pensión de jubilación a la entidad demandada.
Por Resolución 039397 de 28 de octubre de 2009, la entidad enjuiciada le reconoció la pensión de jubilación, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990.
Decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y apelación (desatados por Resoluciones 17817 de 17 de junio y 4538 de 19 de noviembre de 2010); bajo el argumento que no es favorable aplicar la Ley 71 de 1988, toda vez que aquella da como tasa de reemplazo el 75%, y con el Decreto 758 de 1990, el 84%.
Precisó que, el ISS hoy Colpensiones en el acto de reconocimiento pensional señaló que, por ser su representada beneficiaria del régimen de transición el reconocimiento pensional se haría conforme al Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta “55 años y 20 años de aportes o cotizaciones”; y la liquidación se efectuaría “aplicando el 84% del promedio cotizado en los últimos 10 años”, por ser régimen aplicable antes de la expedición de la Ley 100 de 1993; de conformidad con lo normado por el artículo 36 de esta norma. Ello, sin tener en cuenta que para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años y 15 de servicio. Por consiguiente, indicó que “al tener derecho a los dos regímenes, se debía aplicar el más favorable, que en su caso es la pensión de ex dignatario de la función pública en la forma de la ley 71 de 1988 liquidada con el promedio del último año de servicio”.
Refirió que, la demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, tiene derecho a jubilarse a los 55 años de edad y 20 años de servicios y con el 75% de lo devengado en el último año de servicio, “acorde con la Ley 71 de 1988”. Sumado a que, en atención al principio de favorabilidad la pensión se debe liquidar conforme a lo establecido en el inciso 6 de la Ley 71 de 1988, es decir, con lo devengado en el último año.
Sostuvo que, la entidad de previsión social retuvo desde el 28 de octubre de 2009 el pago de la mesada pensional, hasta que “anexara fotocopia auténtica del acto administrativo mediante el cual se acreditara el retiro del servicio y del sistema general de pensiones”. Razón por la cual le adeuda intereses moratorios entre “el 29 de septiembre de 2009 y el mes de julio”.
Normas violadas y concepto de violación
Se precisan las siguientes:
Los artículos 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 274 de la Constitución Política; 2, 36, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 274 del Decreto 728 del 6 de marzo de 2009; 81 de la Ley 106 de 1993; Decreto 272 de 2000; 15 de la Ley 4 de 1992; Ley 71 de 1988; inciso 2 del artículo 22 del Decreto 1160 de 1989; 11, 36, 273 y 288 de la Ley 100 de 1993; 31 del Decreto 3135 de 1968; 4 del Decreto 691 de 1994; 3 del Decreto 2709 de 1994; y 3 del Decreto 314 de 1994.
Como concepto de violación precisó que “la demandante cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la cual el ingreso base es el contemplado en el régimen anterior, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado”.
Contestación de la demanda
La Administradora Colombina de Pensiones - Colpensiones -; guardó silencio.
La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de octubre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda.
Declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 39397 de 28 de octubre de 2009, “por medio de la cual se reconoce y ordena pagar la pensión de vejez”; 017817 de 17 de junio de 2010, “que resolvió un recurso de reposición y modificó la cuantía”; y 4538 de 19 de noviembre de 2010, “a través de la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución anterior”. Ello en atención a que, la entidad acusada no le tuvo en cuenta a la demandante el 75% de lo devengado en el último año de servicios.
Precisó que, al revisar las pruebas obrantes en el plenario pudo establecer que, la demandante es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigor de la ley tenía más de 35 años, puesto que “nació el 6 de octubre de 1953”. Luego, la mesada pensional debe ser liquidada según lo normado en la Ley 71 de 1988, pues la accionante efectuó aportes con empleadores públicos y privados. De manera que, “al no modular sus efectos el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 nunca salió del mundo jurídico”; en consecuencia, el salario base de liquidación de la pensión en el sub lite será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
Indicó que, si bien está acreditado que la Auditoría General de la República no efectuó aportes sobre la prima de alta gestión al no incluirla en la base de cotización, “ordenó su inclusión en la reliquidación de la prestación teniendo en cuenta que el parágrafo 2 del canon 2 del Decreto 728 de 6 de marzo de 2009 la creo como factor salarial”. Por lo que, Colpensiones deberá efectuar los descuentos por aportes por tal concepto
Por consiguiente, condenó a la parte demandada a reliquidar la pensión de la actora, teniendo en cuenta el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, esto es, del 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009; con la inclusión de los siguientes emolumentos “asignación básica, los gastos de representación y la prima de alta gestión”; a partir del 1 de mayo de 2009, “con el pago de todas las mesadas pensionales a partir del 26 de abril de 2010”.
Consideró que las mesadas causadas entre 1 de mayo de 2009 y el 25 de abril de 2010 se encuentran prescritas, “comoquiera que la demanda fue presentada el 26 de abril de 2013, es decir, que transcurrieron más de tres años entre la fecha de reconocimiento pensional y la presentación de la misma”; de acuerdo a lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Negó la pretensión de intereses moratorios. No condenó en costas a la parte demandada.
Recurso de apelación
La Administradora Colombina de Pensiones - Colpensiones, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal.
Sostuvo que, la pensión reconocida a la accionante se ajustó a las disposiciones legales. Señaló que, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no hace alusión al monto de la pensión; por lo tanto, si el status se adquiere en vigencia de la citada ley, la pensión debe liquidarse sobre los factores de salario devengados y consagrados en el Decreto 1158 de 1994, en concordancia con el inciso 3 del artículo 36 de la mencionada Ley; (tal y como lo hizo la entidad de previsión social).
Insistió en que, el ingreso base de liquidación (IBL) de los afiliados al Instituto de Seguros Sociales beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se rige por el Acuerdo 049 de 1990. El IBL se regulará por la reglamentación contenida en la precitada ley; es decir, a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, (al momento en que entró a regir el Sistema General de Pensiones), se les aplicará las reglas contenidas en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; pero a quienes, les faltare más de 10 años, el IBL será el previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Precisó que, para cuantificar el IBL de acuerdo con el artículo 21 de la mencionada ley, se toma el (promedio de lo devengado y cotizado por el afiliado durante los 10 años que anteceden al reconocimiento de la pensión); es decir, se “efectúa un conteo retrocediendo en la historia laboral o salarial hasta completar un lapso igual a 10 años de tiempo cotizado”; dichos salarios se actualizan a la fecha de la pensión y se promedian.
Concluyó que, el IBL de los afiliados al ISS beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (no se rige por las normas anteriores, sino por la nueva reglamentación contenida en esta ley); y el monto de la pensión al que se le tiene que aplicar el IBL, es el previsto en la norma anterior a la entrada en vigor de la Ley 100.
Alegatos de conclusión
La parte demandante, reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
La parte demandada, insistió en la contestación de la demanda y en el recurso de alzada.
Concepto del Ministerio Público.
Luego de hacer un resumen completo de las actuaciones surtidas en el proceso de la referencia, la Procuradora Segunda delegada ante el Consejo de Estado, solicitó que se revoque la sentencia del a quo al considerar que “las pensiones como las que nos ocupan se deben reliquidar teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años devengados por el trabajador, (incluyendo aquellos factores salariales sobre los cuales realizó las respectivas cotizaciones), al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Máxime, si se tiene en cuenta que el mismo artículo 8 del Decreto 2709 de 1994 estableció que, el monto de la pensión por aportes no puede ser superior a 15 salarios mínimos legales. En consecuencia, si la pensión de la demandante se reconoció a partir de abril de 2009 (en dicho año el salario mínimo legal era de $ 497.000); por lo tanto, la fórmula utilizada por el a quo supera ampliamente dicho limitante”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.
2.2. Cuestión previa
En escrito de 29 de agosto de 2016, la Consejera de Estado, doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, en su condición de magistrada sustanciadora del proceso, manifestó su impedimento para conocer del asunto por “haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior (…)”; de conformidad con la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso.
Mediante auto de 29 de junio de 2017, se declaró fundado el impedimento y el Despacho del magistrado ponente de esta sentencia, avocó el conocimiento del asunto.
2.3. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que accedió a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se establecerá si la señora Ana Cristina Sierra de Lombana tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, con la totalidad de los factores salariales sobre los que cotizó durante el último año de servicios, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 71 de 1988, o por el contrario, le resulta más beneficioso el contenido en el Decreto 758 de 1990 y para efectos de la liquidación pensional le es aplicable el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, como se efectuó en sede administrativa.
Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento; 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1. El régimen pensional aplicable en el acto de reconocimiento
Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.
Sin embargo, y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.
En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1 de abril de 1994 para servidores públicos nacionales y 30 de junio de 1995 del nivel departamental, municipal y distrital) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.
En lo atañedero al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición “(…) que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (subrayado fuera de texto).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional precisó:
(…) En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… (…)
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”
El precedente jurisprudencial citado fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, y la Subsección aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. La misma Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la siguiente:
“(…)85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)”
La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
“(…)
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.(…)”
La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Esta subregla se sustenta, así:
“(…) 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”
Visto lo anterior, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, según el caso) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron al sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6 se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: “asignación básica mensual, gastos de representación; prima técnica, cuando sea factor de salario; primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; remuneración por trabajo dominical o festivo; remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y bonificación por servicios prestados”.
Por otro lado, en lo pertinente a la normativa cuya aplicación se solicita en la demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en la Ley 71 de 1988, que en relación con el asunto objeto de examen, en su artículo 7, dispone:
“A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas (…)”.
Puestas así las cosas adviértase que, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado veinte (20) años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el Instituto de Seguros Sociales, cuando cumplan la edad de cincuenta y cinco (55) años, si es mujer, y sesenta (60), si es hombre.
Es de resaltar que, el precitado artículo 7 de la Ley 71 de 1988 fue reglamentado por el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, que prescribe:
Artículo 1. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.
Artículo 3. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.
Artículo 4. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
(…)
Artículo 8. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley”.
En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes, el precitado artículo 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establece en un 75% del salario base de liquidación.
Por otra parte, resulta menester examinar el régimen contenido en el Decreto 758 de 1990, “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 (…)”, que sirvió de fundamento a la reliquidación de la pensión del actor, que en su artículo 12 prevé:
“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
Respecto al campo de aplicación de esta normativa, advierte que cobijaba en forma forzosa u obligatoria a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) “Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él”; y de manera facultativa, a los trabajadores independientes (…) y a los servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadores ante el ISS.
2.1.1. Hechos relevantes probados
El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:
El Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 39397 de 28 de octubre de 2009, le reconoció una pensión de vejez a la señora Ana Cristina Sierra de Lombana, a partir del 1 de noviembre de 2009, en cuantía de 6.862.365, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, condicionada al retito del servicio.
Para el reconocimiento de la pensión se tuvo en cuenta lo siguiente:
La señora Ana Cristina Sierra de Lombana nació el 6 de octubre de 1953.
Laboró un total de 1.173 semanas.
Adquirió el estatus jurídico el 6 de octubre de 2008.
La liquidación del monto de la pensión se hizo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993; “con el promedio de lo devengado o cotizado durante los 10 últimos años actualizado anualmente con el IPC”.
“para el ingreso base de cotización de la presente prestación se tomaron los factores salariales establecidos en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994”.
El porcentaje que se aplicó para la liquidación de su pensión fue de 84%, la cual fue condicionada al retiro definitivo del servicio.
Por Resolución 017817 de 17 de junio de 2010; la entidad demandada al resolver el recurso de reposición modificó el acto administrativo anterior y ordenó ingresar en nómina la prestación reconocida en suspenso bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, “en cuantía inicial de $6.865.278 a partir del 1 de mayo de 2009, liquidación basada en 1.168 semanas cotizadas, y un IBL de $8.172.950.00; al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 84%”.
Mediante escrito de 13 de agosto de 2010, la actora solicitó la reliquidación de la mesada pensional, de conformidad con el articulo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, artículo 6 “con base en el promedio de lo devengado durante el último año de servicios”.
Frente a la reliquidación efectuada, la accionante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto de manera negativa por Resolución 04538 de 19 de noviembre de 2010 al considerar que:
“(…) la reliquidación de la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988, (pensión de jubilación por aportes); exige para acceder contar con 55 años de edad en el caso de las mujeres, y 20 años de cotizaciones a caja o entidad de previsión y al ISS traducidos en 1029 semanas, sería desfavorable para los intereses de la asegurada, ya que la normatividad en mención permite aplicar al IBL un porcentaje del 75%, mientras que se observa que se reconoció a la asegurada la pensión de vejez, aplicando un monto del 84% al IBL”. (sombreado fuera de texto).
Conforme a los certificados laborales y la Resolución 39397 de 28 de octubre de 2009, la demandante aportó para el sistema general de seguridad social en pensiones los siguientes lapsos:
Empleador
Desde
Sumatoria de tiempo
Superintendencia Financiera de Colombia
1/02/1982
a
30/06/1986
4 años, 4 meses y 29 días
Llave plan S.A.
24/07/1986
a
30/12/1999
13 años, 5 meses y 6 días
Ecopetrol
3/01/2005
a
30/04/2007
2 años, 3 meses y 27 días
Auditoría General de la República
2/05/2007
a
1/05/2009
1 año, 11 meses y 29 días
Tiempo total laborado: 22 años, 2 meses y 1 día
Según constancia laboral de 14 de febrero de 2014, expedida por el Secretario General de la Auditoría General de la República, la demandante en el último año de servicios (1/05/2008 a 30/04/2009); devengó los siguientes emolumentos “sueldo, gastos de representación y prima de alta gestión”.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la actora está amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1 de abril de 1994 tenía 41 años de edad (nació el 6 de octubre de 1953) y superaba los 15 de servicios.
Asimismo, de las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la accionante cumplió 55 años de edad el 6 de octubre de 2008, laboró en la Superintendencia Financiera (1 de febrero de 1982 al 30 de junio de 1986); en Llave Plan S.A. (24 de julio de 1986 al 30 de diciembre de 1999); en Ecopetrol (3 de enero de 2005 al 30 de abril de 2007); y en la Auditoría General de la República (2 de mayo de 2007 al 1 de mayo de 2009); para un total de 22 años, 2 meses y 1 día.
En consecuencia, (i) el desaparecido ISS reconoció a la demandante pensión de vejez por Resolución 39397 de 28 de octubre de 2009 a partir del 1 de noviembre de 2009 en la suma de ($6.862.365). La liquidación de la pensión se realizó con base en 1.173 semanas, sobre un IBL de ($8.169.482) al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 84%, de conformidad con artículo 21 de la Ley 100 de 1993 “sobre lo cotizado o devengado dentro de los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación”; esto es, (9 de febrero de 1999 hasta el 1 de mayo de 2009); y en atención al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. La prestación reconocida se dejó en suspenso hasta que la actora acreditara el retiro del servicio; (ii) por Resolución 017817 de 17 de junio de 2010 la entidad pensional al resolver el recurso de reposición, modificó el acto administrativo anterior (en el sentido de ingresar en nómina la prestación reconocida en suspenso), bajo el amparo de lo normado en las normas citadas, en cuantía inicial de ($6.865.278) a partir del 1 de mayo de 2009, liquidación basada en 1.168 semanas cotizadas, y un IBL de ($8.172.950), al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 84%; (iii) el 13 de agosto de 2010, la interesada interpuso recurso de apelación y pidió del ISS la reliquidación de la pensión con inclusión de los factores salariales sobre los que cotizó durante el último año de servicios, en los términos de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, artículo 6; y, (iv) mediante Resolución 04538 de 19 de noviembre de 2010, la entidad pensional negó tal pedimento y confirmó en todas y cada una de sus partes el acto administrativo anterior al considerar que, “la reliquidación de la pensión a la luz de la Ley 71 de 1988, (pensión de jubilación por aportes); exige para acceder contar con 55 años de edad en el caso de las mujeres, y 20 años de cotizaciones a caja o entidad de previsión y al ISS traducidos en 1.029 semanas, sería desfavorable para los intereses de la asegurada, ya que la normatividad en mención permite aplicar al IBL un porcentaje del 75%, mientras que se observa que se reconoció a la asegurada la pensión de vejez, aplicando un monto del 84% al IBL”.
Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que la accionante cumplía los requisitos fijados en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 758 de 1990, para ser beneficiaria de las pensiones contenidas en tales normas, no obstante, la entidad accionada aplicó la que le era más favorable. En efecto, con el aludido Decreto 758 de 1990 la tasa de reemplazo de la pensión reconocida arrojó el 84%, en tanto que con la ley que prevé la pensión de jubilación por aportes es del 75%.
Ahora bien, se observa que a la demandante le fue calculada su pensión de vejez con los factores salariales sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib., según corresponda, lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”, motivo por el cual el fallo de primera instancia no se ajusta a tal derrotero jurisprudencial hoy vigente.
Al respecto, la Subsección destaca que los aludidos parámetros rigen el cálculo del IBL de la pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988) y el correspondiente al de la de vejez del Decreto 758 de 1990, y no es dable, como lo reclama la demandante, tener en cuenta los factores salariales recibidos durante el último año de servicios, por lo que, se insiste, como en el sub lite la tasa de reemplazo del 84% arroja un mayor valor por concepto de mesada pensional, no hay lugar a aplicar la norma que se pretende, porque le resultaría desfavorable.
Cabe destacar que en los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en los cuales se precisó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en relación con el ingreso base de liquidación pensional, la sala plena de esta Corporación advirtió que “(…) por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
En conclusión, la señora Ana Cristina Sierra de Lombana no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, porque: i) la liquidación y la reliquidación se hicieron bajo la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, por ser más favorable, y los factores que se tuvieron en cuenta para liquidar su pensión fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994; ii) su pensión de jubilación fue reconocida con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto le aplica como fuente normativa la regla y subreglas fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018; y siendo ello así, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar negarlas.
Frente a la prima de alta gestión, la Subsección precisa que la misma no se tendrá en cuenta como factor salarial, toda vez que de las certificaciones salariales avizoradas en el proceso, se evidencia que sobre la misma no se hicieron aportes, tal y como lo indicó el Tribunal; y siendo ello así, no se tendrá en cuenta en el IBL.
Retroactivo de la mesada pensional
Frente a la referida pretensión, la Subsección precisa que la misma no tiene vocación de prosperidad, toda vez que revisada la Resolución 017817 de 17 de junio de 2010 , se evidencia que se ordenó el giro del retroactivo así:
“(…)
A PARTIR DE
VALOR DE LA PENSION
01 de Mayo de 2009
$6.865.278
01 de Enero de 2010
$7.002.584
VALOR PENSION RETROACTIVO $96.937.728
PRIMA RETROACTIVO $6.865.278
TOTAL PENSION RETROACTIVO $103.803.006
APORTES LEY 797 (1%) $1.038.030
TOTAL, DESCUENTOS $1.038.030
Total a pagar $102.764.976
La liquidación de la pensión se realizó con base en 1.168 semanas, sobre un Ingreso base de Liquidación de $8.172.950, al cual se le aplicó el 84%.
PARÁGRAFO: El retroactivo que asciende a la suma de $102.764.976 será girado junto a la mesada de Julio de 2010, que se paga en Agosto del mismo año (…)”.
En cuanto a los intereses moratorios
Con relación a los intereses moratorios solicitados por la demandante, debe decirse que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, establece que “A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”; es decir, que su pago procede cuando se presente demora en la cancelación de la mesada pensional (luego de su reconocimiento).
Como se dejó anotado, estos se causan cuando con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión social incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo que no ocurre en el presente caso, habida cuenta que dicho reconocimiento se origina en la presente sentencia.
Además, se precisa que el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas, en consideración a que estas obedecen a la misma causa “cuál es la devaluación del dinero”, sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite de esta instancia no se observa de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia.
DECISIÓN
Bajo estas consideraciones se revocará la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 15 de octubre de 2015 que accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por la señora Ana Cristina Sierra de Lombana contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar, niéguense tales pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Ana Cristina Sierra de Lombana contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); en su lugar, negar las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER Impedida (Firmada electrónicamente)
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folio 102 a 126
Folios 130 a 133 y 144 y 282
Folios 281 a 292
Folio 298 a 303
Folio 357 y 358
Folio 360 a 365
Folio 366 a 374
Folio 327
Folio 334 y 335.
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
El artículo 36 indica: «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (negrilla fuera del texto).
Folio 6 a 9
Tiempo laborado y cotizado al ISS.
Folio 13
Folio 10 a 14
Folio 15 a 18
Folio 42 y 166
Folio 6 a 9
Folio 154 a 158
Folio 278 y 279
Folio 288
Folio 10 a 14
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de noviembre de 2020. Rad. 05001-23-33-000-2016-00460-01(4412-18). Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (…) Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código”.
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