Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00250-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00250-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00250-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315 000 2022 00250 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 24 de febrero de 2022, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por
carencia del requisito de la inmediatez.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
Número único de radicación: 110010315 000 2022 00250 01
Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA2
y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ3, al haber
proferido las sentencias de 24 de agosto de 2018 y 27 de enero de
2021, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el número único de
radicación 50013333002 2015 00112 00 01.
I.2.- Hechos
Manifestó que, agotado el trámite administrativo previo, el 22 de
junio de 2015, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES -CREMIL4 con la finalidad de que le fuera
2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.
4
En adelante CREMIL.
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 00250 01
Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
reconocida la sustitución de una asignación de retiro, con ocasión al
fallecimiento del señor SEGUNDO SIMÓN CORTÉS CUERO.
Indicó que el proceso referido fue identificado con el número único
de radicación 50013333002 2015 00112 00 00 y atribuido para su
trámite al JUZGADO que, mediante sentencia de 24 de agosto de
2018, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio,
no se había acreditado la convivencia requerida para el
reconocimiento de la prestación solicitada.
Adujo que presentó el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 27 de enero de 2021,
confirmó la decisión recurrida con base en la misma apreciación.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto
factico, porque las autoridades accionadas no apreciaron las
pruebas que demostraban que convivió con el causante de la
prestación durante los últimos 5 años previos a su fallecimiento.
Explicó que, en efecto, conforme con las declaraciones y testimonios
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Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
de los señores JOSÉ ÉDISON CORTÉS CUERO, MARGARITA
YOLANDA ESTACIO ARAUJO y EDGAR MORA VALENCIA
RENDIDO estaba acreditada la convivencia requerida para que le
fuese reconocida la sustitución reclamada.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la accionante pretende lo
siguiente:
“[…] PRIMERA. - AMPARAR a la suscrita mis derechos
fundamentales al debido proceso y derecho a la seguridad social
vulnerados con el procedimiento de las providencias judiciales
aquí cuestionadas.
SEGUNDA. - Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Boyacá que dentro del término improrrogable
de veinte (20) días contados a partir de la notificación del fallo
que así lo disponga, profiera nueva sentencia apreciando los
medios de prueba demostrativos de la convivencia por más de
cinco años surgida entre el causante y la suscrita […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la sentencia que profirió “[…] tuvo
como fundamento la línea jurisprudencial trazada en varias
decisiones del Consejo de Estado, la Constitución Política, la ley,
tomando en consideración los documentos obrantes dentro del
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expediente, en un sano ejercicio hermenéutico que no comporta
vulneración alguna de los derechos y garantías de la accionante […]”.
Agregó que, conforme con el material probatorio obrante en el
proceso, encontró que no existía certeza de la convivencia de la
actora con el causante de la prestación por el tiempo requerido para
la sustitución demandada.
Sostuvo que, si bien las declaraciones y testimonios aludidos por la
actora concluían que había convivido con el causante de la
prestación, no se refirieron al período durante el cual se presentó
dicha situación.
Concluyó que lo decidido “[…] no amenaza ninguno de los derechos
fundamentales invocados, pues el proceso se surtió con las
ritualidades establecidas y garantizando en todo momento el derecho
de defensa del actor (sic), debiendo descartarse todo argumento que
justifique una transgresión al debido proceso y a la seguridad social
[…]”.
I.5.2.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de la
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inmediatez.
Arguyó que transcurrieron más de seis meses entre la notificación de
la sentencia proferida por el TRIBUNAL y la interposición de la
acción de tutela de la referencia, por lo que no se cumple con el
término razonable exigido por la jurisprudencia.
I.5.3.- CREMIL expuso que lo pretendido por la actora es que se
profiera una nueva sentencia, sobre un asunto que ya fue resuelto
en sede ordinaria, sin que haya logrado probar que hubo algún tipo
de fraude que amerite un nuevo pronunciamiento.
Destacó que, en todo caso, no podía entrar a apoyar la posición de
las partes en conflicto, no obstante, a estar presta a acatar y respetar
las decisiones de los Jueces de la República.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 24 de febrero de 2022, la SECCIÓN
SEGUNDA de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de
amparo, por carencia del requisito de inmediatez.
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Para tal efecto, señaló que la decisión judicial que puso fin al proceso
ordinario origen de la controversia fue notificada el 29 de enero de
2021, mientras que la acción de tutela fue radicada el 14 de enero
de 2022, esto es, luego de 11 meses.
Agregó que, además, “[…] de los fundamentos expuestos en el
escrito de tutela, no se advierte que la parte accionante haya
señalado alguna razón válida que justifique la tardanza en la
presentación de la acción o que encaje dentro de las causales por las
cuales el juez constitucional considere procedente un estudio de
fondo de los argumentos planteados […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no
obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] en mi calidad de accionante dentro de la acción pública de
la referencia, respetuosamente me permito IMPUGNAR el fallo
de tutela del 24 de febrero de 2022 […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Análisis del caso concreto
En el presente caso la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 27 de enero de 2021, mediante la cual el
TRIBUNAL confirmó la decisión de denegar las pretensiones que
elevó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el número único de radicación
50013333002 2015 00112 00 01.
Como fundamentos de la solicitud de amparo, la actora adujo que la
autoridad judicial accionada no valoró las declaraciones y testimonios
que demostraban que había convivido el tiempo requerido con el
titular de la asignación de retiro, para que le fuera reconocida la
sustitución de esta prestación.
En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por carencia
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Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
del requisito de inmediatez, en la medida que, entre la fecha de la
notificación de la providencia que concluyó el proceso ordinario y la
presentación de la solicitud de amparo transcurrieron más de 11
meses.
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin
aducir motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala5, ha precisado lo siguiente:
“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 00250 01
Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20206, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 00250 01
Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que la actora no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
en la que fue declarada improcedente la solicitud de amparo, la Sala
encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio de fondo
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Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
del asunto, habida consideración que, por un lado, en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal
desatención, razón por la que no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 30
de septiembre de 20217 y 19 de junio de 20208, se pronunció en el
mismo sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00309-
01.
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Actor: DORA EDEY GONZÁLEZ HERRERA
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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