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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00341-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00341-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso del señor Héctor Martín Rodríguez López, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, en el término de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un reemplazo del juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, Héctor Rodríguez López, para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00341-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

3 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00341-00
Demandante: Héctor Martín Rodríguez López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00341-00
Demandante: HÉCTOR MARTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Acción de tutela. Derecho fundamental al descanso. Vacaciones
individuales empleado de la Rama Judicial. Obstáculos
administrativos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Martín Rodríguez
López contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela1, el señor Héctor Martín Rodríguez López pidió la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la dignidad
humana, al descanso y a la salud, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán. En concreto, formuló la siguiente pretensión:
Mediante el presente escrito de acción de tutela pretendo que el nominador (Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Popayán, Cauca) me conceda las vacaciones a las que tengo derecho a disfrutar
durante el periodo ya manifestado, solicitando que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
proceda a expedir el respectivo certificado de disponibilidad para ello y se nombre a una persona
en dicho cargo.

2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Héctor Martín Rodríguez López se desempeña como juez primero de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Popayán (Cauca).

2.2. El 29 de octubre de 2021, el señor Rodríguez López solicitó al Tribunal Superior de
Popayán que se concedieran las vacaciones individuales a las que tenía derecho, para
ser disfrutadas a partir del 27 de diciembre de 2021 y hasta el 20 de enero de 2022,
inclusive.

2.3. Mediante Resolución No. 101 del 23 de noviembre de 2021, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Sala de Gobierno, concedió las vacaciones solicitadas por
el señor Rodríguez López, imputadas para los periodos comprendidos entre el 01 de
febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.

1 El actor presentó la acción de tutela mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2021.

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Demandante: Héctor Martín Rodríguez López

2.4. Mediante Resolución 103 del 2 de diciembre de 2021, se nombró a la abogada
Josefina Elizabeth García Pérez, asistente jurídica del Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, como juez encargada, durante las
vacaciones solicitadas por el titular.

2.5. El 6 de diciembre de 2021, la señora García Pérez informó que no aceptaba el
nombramiento en encargo.

2.6. Por oficio No. 1304 del 7 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán se sirviera a certificar sobre la disponibilidad presupuestal para hacer el
cubrimiento de las vacaciones del actor.

2.7. Mediante oficio DESAJPOO21-2726 del 9 de diciembre de 2022, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Popayán indica la imposibilidad de expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para efectos de cubrir el remplazo durante las
vacaciones del demandante, toda vez que en ese despacho cumplía los requisitos para
ser designada en encargo la abogada Josefina Elizabeth García Pérez.

2.8. Por Resolución No. 109 del 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán aplazó indefinidamente el disfrute de las vacaciones solicitadas por
el actor, por cuanto no fue posible cubrir la vacante temporal y, por necesidades del
servicio, el despacho no podía quedar acéfalo.

3. Argumentos

3.1. El actor alegó que al aplazarse indefinidamente el disfrute de las vacaciones se
vulneró el derecho fundamental al descanso y, consecuentemente, el de la salud física y
mental. Lo anterior, teniendo en cuenta que una persona que ha servido por el término
de un año tiene derecho al disfrute de vacaciones “para salvaguardar la salud mental ya
que al estar todos los días frente a la pantalla de un computador se desgasta la siquis y
por ende la salud física”.

3.2. Puso de presente que, en otras oportunidades, cuando en los cinco juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán el empleado que cumple no
acepta el encargo, se expide el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal.

4. Trámite procesal

4.1. La demanda de tutela fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, que, por auto del 12 de enero de 2022, la remitió por reglas de reparto
a esta Corporación.

4.2. Por auto del 21 de enero de 20222, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al presidente
del Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo seccional de Administración
Judicial de Popayán y al presidente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán.

4.3. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 de enero de
2022.

2 Índices 14 y 15 de Samai.

2

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5. Intervenciones

5.1. La apoderada judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán solicitó que se desvinculara del presente trámite y se denegaran
las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor.

5.1.1. Informó que en lo relacionado con las vacaciones de funcionarios judiciales del
Régimen Individual, esa entidad estaba aplicando los procedimientos legales
establecidos en la Circular PSAC11-44 de 2011, expedida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, y que, adicionalmente, la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reiteró el cumplimiento que
debían dar las Direcciones Seccionales a esa disposición, en cuanto establece: “numeral
2. El Consejo Seccional del respectivo distrito judicial, dentro de la programación de
turnos de vacaciones que efectúe, tendrá como prioridad la de los funcionarios judiciales
que tienen mayor número de periodos acumulados de vacaciones, siempre que no afecte
la prestación del servicio público de Administrar Justicia”.

5.1.2. Que, además, esa normativa prevé que las designaciones en encargo son
procedentes. De ahí que, tratándose de jueces, los nominadores deban ejercer esa
potestad en todos los casos en que exista un empleado que cumpla con los requisitos
para ser designado como juez.

5.1.3. Que, de hecho, para el caso particular, a la abogada Josefina Elizabeth García
Pérez, por cumplir con los requisitos, se ha designado en encargo en ocasiones
anteriores, mientras el señor Héctor Martín Rodríguez López disfrutaba del periodo de
vacaciones, así: (i) Resolución No. 052 del 25 de junio de 2018, para las concedidas del
3 al 27 de julio de 2018; (ii) Resolución No. 136 del 13 de diciembre de 2019, para las
concedidas del 7 de enero al 31 de enero de 2020, y (iii) Resolución No. 058 del 22 de
julio de 2021, para las concedidas del 17 de agosto al 10 de septiembre de 2021.

5.1.4. Que a la fecha no se ha dado la orden por parte de ninguna autoridad judicial ni
por parte del Consejo Superior de la Judicatura de inaplicar la Circular PSAC11-44 de
2011, de ahí que no pudiera desatender ese reglamento.

5.1.5. Resaltó que las Direcciones Ejecutivas Seccionales son órganos técnicos y
administrativos que tienen a su cargo la ejecución de actividades administrativas de la
Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y que, en ese sentido, ha dado trámite a la solicitud
del actor.

5.2. El vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca solicitó la
desvinculación, con fundamento en que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el demandante, si se tenía en cuenta que ha actuado conforme a las
directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. Que, además, correspondía a la autoridad
nominadora conceder el disfrute de las vacaciones del funcionario judicial y a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán, la expedición del respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento correspondiente.

5.2.1. Resaltó que esa Seccional anualmente recuerda a los servidores judiciales sujetos
a vacaciones individuales y a la Presidencia del Tribunal Superior de Popayán, el
acatamiento de la circular PSAC11 de 2011, a efectos de gestionar los recursos
presupuestales para atender los reemplazos durante el lapso de disfrute vacacional y así
responder sin contratiempos la programación de vacaciones.

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5.3. A pesar de haber sido notificado, el presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y el presidente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán no rindieron informe sobre los hechos que motivaron la
interposición de la presente acción de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela. Generalidades.

1.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier
autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la
ley.

1.2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado
como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para
conceder la tutela.

2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico a resolver, la Sala debe hacer la siguiente
precisión preliminar respecto del requisito de subsidiariedad

2.1. Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

2.1.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

2.1.2. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de
protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz
de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó 4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se
da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera
ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales (…).

2.1.3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
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la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen
las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

2.1.3.1. En el presente asunto, si bien, en principio, el actor podría cuestionar la
Resolución No. 109 del 10 de diciembre de 2021, mediante el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20113,
por tratarse del medio para cuestionar actos administrativos, lo cierto es que no resulta
ser eficaz en el caso objeto de estudio. En este punto, es importante resaltar que la Corte
Constitucional4 ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial,
si en el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de
tutela es procedente como mecanismo principal.

2.1.4. En el sub lite, el señor Rodríguez López solicita el reconocimiento del derecho al
descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida desde el 01 de febrero
de 2020 al 31 de enero de 2021, circunstancia que denota la necesidad urgente de evitar
que se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso, que puede comprometer
la salud mental y física del actor, condiciones que justamente se busca salvaguardar con
el descanso, como se explicará en detalle más adelante.

2.1.5. Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales invocados por el actor.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán y
Tribunal Superior de Popayán vulneraron los derechos fundamentales a la a la igualdad,
al trabajo, a la dignidad humana, al descanso y a la salud del señor Héctor Martín
Rodríguez López, al aplazar indefinidamente el disfrute de vacaciones por motivos de
orden presupuestal.

3.2. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, al derecho fundamental al
descanso, seguidamente a las vacaciones de los servidores judiciales y estudiará el caso
concreto.

4. Del derecho fundamental al descanso

4.1. El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que está
estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

4.2. En el ámbito internacional, diferentes tratados internacionales, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido, el
artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona
tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la

3 Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado

en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y
se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará
a partir de la notificación de aquel.
4 Ver sentencia T-471 de 2017.

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duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En sentido análogo se dispone en
el artículo 75 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4.3. En reiterada jurisprudencia6, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales
del trabajo”7. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe entenderse como
la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y
materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de tiempo es que el
trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña, así como proteger
su salud física y mental.

4.4. Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones se constituyen
como el derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de
un tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador
y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional8, respecto del
derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:

Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la
dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo
sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones
está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que
el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

4.4.1. Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para
concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del
trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia,
en el ejercicio de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las vacaciones
garantice el descanso efectivo para el trabajador.

5. De las vacaciones de los servidores judiciales y solución al problema jurídico
planteado

5.1. El artículo 146 de la ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia–
dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama judicial serán
colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses”.

5.1.1. Asimismo, la norma señala que las vacaciones individuales serán concedidas de
acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior
y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los
Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de 22 días
continuos por cada año de servicio.

5 Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones

de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial:
(…)
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
6 Sentencias C-710 de 1996, C-019 de 2004, C-035 de 2005.
7 Sentencia T-076 de 2001.
8 Sentencia C-598 de 1997, reiterado en sentencia C-019 de 2004

6

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5.2. Por su parte, mediante Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció el procedimiento
para la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al
régimen de vacaciones individuales.

5.2.1. La expedición de la citada circular, que derogó las circulares 44 y 899 de 2005,
tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran sujetos
al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho” y
dispuso el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho, consistente en el
deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes de marzo del año
siguiente a la causación ante el Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección
Seccional, del respectivo distrito judicial.

5.2.2. En el asunto objeto de análisis, no se accedió a la solicitud de vacaciones del señor
Héctor Martín Rodríguez López, porque la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán manifestó la imposibilidad de expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal para efectos de cubrir el remplazo durante las vacaciones
del demandante.

5.2.3. La Sala advierte que las barreras de tipo administrativo por las que se impidió al
demandante el disfrute de sus vacaciones son una carga desproporcionada que no debe
soportar, porque únicamente le correspondía demostrar el cumplimiento de los requisitos
legales para acceder a dicho beneficio, entre los que se encuentra el periodo de
causación, que para el presente caso es del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de
2021.

5.2.4. La Sala no puede pasar por alto que la falta de asignación de recursos para el
reemplazo del señor Rodríguez López, necesariamente repercutiría en el desarrollo de
las funciones jurisdiccionales del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, por la falta del titular del despacho, situación que incidiría de
manera negativa en la calidad del servicio de administración de justicia.

5.2.4.1 En concordancia con lo expuesto, debe tenerse en cuenta que los Consejos
Seccionales, tienen el deber de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia
se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de
funcionarios y empleados de esta Rama (…)”10. Siendo así, ante situaciones que puedan
alterar el normal desarrollo de un despacho judicial, se requiere que exista un trabajo
conjunto de las autoridades demandadas en el que se permita garantizar tanto la
continuidad del servicio como el derecho al descanso remunerado.

5.2.5. Es así que la Sala encuentra que en el sub lite el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y al descanso del señor Héctor Martín Rodríguez López, al no acceder a la

9 La circular 089 de 2005 establecía que asignación de recursos para remplazos por vacaciones del personal
perteneciente al régimen de vacaciones individuales, se supeditaba al cumplimiento de al menos alguna de las
siguientes condiciones:
2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios, sea menor o igual
a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el
reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados
restantes.
2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga mas de
tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún
empleado que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada
e igualmente certificada por el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.
10 Ley 270 de 1996. Artículo 101.

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solicitud de disfrute de vacaciones y, en ese sentido, queda resuelto el problema jurídico
planteado.

5.2.6. Por lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo
y al descanso del señor Héctor Martín Rodríguez López. En consecuencia, se ordenará
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán
que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de
un reemplazo del juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, Héctor Rodríguez López, para que se materialice el derecho al disfrute del
descanso remunerado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso del señor
Héctor Martín Rodríguez López, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

2. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán que, en el término de 30 días, contados a partir de la notificación de
la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el
nombramiento de un reemplazo del juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Héctor Rodríguez López, para que se materialice su derecho al
disfrute del descanso remunerado.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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