Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00131-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2023-00131-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
20 de octubre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Demandante: CARMENZA CAVIEDES VALENCIA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA – HUILA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
VACACIONES DE SERVIDOR JUDICIAL. NO PUEDE
NEGARSE EL DERECHO AL DESCANSO POR RAZONES
DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO O PRESUPUESTAL.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la negativa frente a la expedición del certificado
presupuestal para nombrar a su reemplazo mientras disfruta de las vacaciones individuales que
tenía previamente causadas. La Sala modificará la decisión de primera instancia que ordenó la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y confirmará en lo restante la decisión.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Coordinación Administrativa de
Florencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva contra
la sentencia de 3 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá,
mediante la cual se dispuso:
“Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, a la igualdad y la salud de la señora Carmenza Caviedes Valencia.
Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, ejecute todas las acciones administrativas y
presupuestales necesarias, tendientes a la expedición del correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal –CDP– para el nombramiento de un
empleado judicial que reemplace al actor mientras disfruta su período de
vacaciones. El período para la expedición del respectivo CDP no podrá
exceder de 15 días y deberá remitir en el mismo término respuesta al Juez
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
Tercero. Una vez la Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia reciba la comunicación proveniente de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Neiva, procederá dentro del término de cinco (5) días a
conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas y
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo por los días en que
la actora se encuentre disfrutando de aquellas.”.(negrillas y subrayas del original
• archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Los hechos
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante petición de 5 de septiembre de 2023 solicitó a la juez Segunda de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia que le conceda las vacaciones
remuneradas individuales para que pudiera disfrutarlas a partir del 17 de octubre de 2023,
por haber laborado de forma ininterrumpida en el cargo de asistente administrativo grado
6, entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023.
2) Con Oficio no. 0866 de 11 de septiembre de 2023, la juez le solicitó a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Neiva–Huila la asignación de partida
presupuestal.
3) Por medio de Oficio DESAJNEO23-C12 de 14 de septiembre de 2023, el director
ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Neiva–Huila negó la referida solicitud
por inexistencia de disponibilidad presupuestal para su remplazo.
4) Mediante Resolución no. 10 de 18 de septiembre de 2023, el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó la solicitud para el disfrute
de vacaciones de la demandante.
Fundamento de la vulneración
La actora argumentó que la negativa al disfrute de sus vacaciones es una carga que no
está en la obligación de soportar, pues si bien existen unas necesidades del servicio,
también lo es que no se puede garantizar el mismo a costa de la privación de sus
derechos laborales, a sabiendas de que tiene una excesiva carga laboral que implica un
desgaste físico y mental.
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
En todo caso, el derecho al disfrute de las vacaciones es un derecho constitucional
irrenunciable que no se puede limitar por problemas administrativos estructurales de
índole presupuestal, los cuales son completamente ajenos a su voluntad.
El hecho de que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no
hubiere apropiado los rubros necesarios para los reemplazos de los empleados judiciales
no puede desconocer su garantía al descanso.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:
“(...) SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva Huila ejecute, de manera inmediata, todas las
acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que
demande el nombramiento de un empleado judicial que reemplace a la señora
CARMENZA CAVIEDES VALENCIA, asistente administrativa Grado VI,
mientras ésta disfruta de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y
remitido dicho certificado, ORDENAR a la doctora DIANA MILENA LLANOS
ESCOVAR, en su calidad de JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FLORENCIA, o a
quien hiciere sus veces, que en el menor tiempo posible, proceda a conceder
mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas por la
señora CARMENZA CAVIEDES VALENCIA, y a efectuar el nombramiento
provisional para su reemplazo.
TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Judicial Seccional Neiva – Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que
cada vez se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar
durante el disfrute de vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir
en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las
vacaciones me las nieguen por no contar con Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos
hechos y derechos.
CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me
permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad
accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)
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Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto de 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caquetá
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva y la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura,
la Coordinación Administrativa de Florencia y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caquetá
amparó los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y salud de la actora, por cuanto
consideró que no se podía limitar su derecho al descanso por cuestiones de índole
presupuestal y administrativas, motivo por el cual ordenó la expedición del CDP y, que
una vez se haya expedido, la nominadora debía concederle el descanso a la demandante.
Impugnación
La Coordinación Administrativa de Florencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva aseguró que no es procedente que por la vía de la acción
de tutela se ordene adelantar acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos a
través de la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal porque el régimen
legal no previó tal privilegio y porque la demandante pudo acudir a los mecanismos
judiciales oportunos para cuestionar los actos que le negaron el disfrute de vacaciones.
No resulta procedente, aun cuando el propósito es proteger los derechos fundamentales
de la demandante, que el juez de la acción de tutela decida en asuntos públicos de orden
presupuestal, pues ello contraría la Constitución Política por cuanto en este tipo de
acciones constitucionales no pueden ordenarse apropiaciones del gasto del presupuesto
nacional.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva por no estar obligada
a disponer de sus propios recursos para el reemplazo de la actora; la improcedencia de
la acción de tutela porque se cuestiona un acto administrativo de carácter general y
abstracto; y la ausencia de un perjuicio irremediable.
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Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Neiva (Huila) con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, igualdad y salud,
presuntamente vulnerados por cuanto no expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal para que le sean concedidas las vacaciones individuales a la actora.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caquetá amparó los derechos
fundamentales de la actora y emitió las órdenes correspondientes para la protección de
estos1.
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“Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y la salud
de la señora Carmenza Caviedes Valencia.
Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, ejecute todas las acciones
administrativas y presupuestales necesarias, tendientes a la expedición del correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal –CDP– para el nombramiento de un empleado judicial que reemplace al actor
mientras disfruta su período de vacaciones. El período para la expedición del respectivo CDP no podrá
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
En la impugnación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva sostuvo,
en resumen, que no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Caquetá decida en
asuntos públicos de orden presupuestal pues ello contraría la Constitución Política por
cuanto los jueces constitucionales no pueden ordenar apropiaciones del gasto del
presupuesto nacional.
Como cuestión previa, la Sala negará la falta de legitimación en la causa por pasiva
invocada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva en su
impugnación, pues a dicha autoridad le asiste interés en las resultas del proceso, a tal
punto que en la providencia de primera instancia se le impusieron órdenes específicas,
motivo suficiente para despachar desfavorablemente su solicitud.
Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia la Sala modificará la
decisión de primera instancia y, en su lugar, i) confirmará el ordinal primero que amparó
el derecho invocado y ii) revocará el ordinal segundo frente a la orden para que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva expida el CDP, por las
siguientes razones:
1) En primer lugar, cabe destacar que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968
y 1045 de 1978).
2) El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 dispone que las vacaciones de los funcionarios
y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los
Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
exceder de 15 días y deberá remitir en el mismo término respuesta al Juez Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia.
Tercero. Una vez la Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia reciba la
comunicación proveniente de la Dirección Ejecutiva Seccional de Neiva, procederá dentro del término de
cinco (5) días a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas y a efectuar
el nombramiento provisional para su reemplazo por los días en que la actora se encuentre disfrutando de
aquellas (...)”.
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Actor: Carmenza Caviedes Valencia
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3) En este caso la señora Carmenza Caviedes Valencia solicitó que le fuera concedido
el disfrute de las vacaciones que ya tenía causadas entre el 1 de marzo de 2022 y el 28
de febrero de 2023, por lo cual la titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia–Caquetá, a su vez, solicitó la expedición de
certificado de disponibilidad presupuestal para tal efecto.
4) Por consiguiente, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
negó la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal para atender el pago
por concepto de vacaciones de la actora, con fundamento en que no era posible asignar
recursos para el nombramiento de su reemplazo, situación que, a juicio de la actora,
impidió que disfrutara de su derecho al descanso.
5) En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caquetá amparó los derechos
fundamentales de la actora y emitió las órdenes correspondientes para la protección de
estos y por ocasión de esa orden, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia profirió la Resolución no. 20 de 10 de octubre de 2023, por
medio de la cual concedió las vacaciones a la actora en los siguientes términos:
“PRIMERO: CONCEDER VACACIONES a la señora CARMENZA CAVIEDES
VALENCIA, Identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.731.167 de El
Doncello- Caquetá, a partir siete (07) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
hasta el primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) inclusive, por
haber laborado en forma continua e ininterrumpida entre el primero (01) de
marzo del año dos mil veintidós (2022) al veintiocho (28) de febrero de dos mil
veintitrés (2023).”. (negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)
6) El debate en este caso se centra en el derecho al descanso y la garantía de la
demandante en su condición de empleada de disfrutar de un descanso remunerado por
cada año de trabajo, no así en el derecho a las vacaciones -que ya están reconocidas- o
mucho menos el del trabajo, motivo por el cual la Sala considera que se encuentra
superado el presupuesto de procedibilidad, por cuanto la acción de tutela sí es
procedente como mecanismo principal, pues no solo se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable con las condiciones de urgencia, gravedad y que exige del juez de
tutela medidas impostergables, sino que no hay discusión en lo que al derecho a las
vacaciones se refiere, por lo que en el presente asunto sí se cumple con tal presupuesto.
7) En efecto, en este punto es preciso aclarar que como la demandante no le endilgó la
vulneración de sus derechos fundamentales a un acto administrativo, sino que dirigió las
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Actor: Carmenza Caviedes Valencia
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pretensiones de la acción de tutela a que se expidiera el certificado de disponibilidad
presupuestal para que le fueran concedidas sus vacaciones individuales, exigirle a la
actora que demande dicho acto a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho implicaría someterla a las cargas y al estrés laboral propios
de sus funciones durante todo el tiempo que demorara el proceso ordinario, de donde
resulta forzoso concluir que dicho mecanismo no resultaría eficaz ni efectivo para lograr
el fin pretendido, esto es, el disfrute de sus vacaciones, tal como lo ha considerado esta
Corporación en diferentes oportunidades.
8) Aclarado lo anterior, además, la Sala advierte que le asiste razón al a quo en cuanto a
que en este caso es claro que existió la alegada vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales de la demandante, por cuanto debido a asuntos de índole
administrativo, presupuestal y de organización interna se afectó el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente le asiste a la actora, pese a que el
descanso constituye una garantía fundamental derivada del derecho al trabajo en
condiciones dignas, como ya lo ha resuelto esta Corporación en anteriores
oportunidades2.
9) Además, tampoco le asiste razón a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva en cuanto a que debió demandarse la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, dado el objeto de la solicitud
de amparo -obtener el disfrute inmediato de vacaciones- y el hecho de que no se
endilgaron reparos contra dicho acto que, se insiste, no es el causante de que la
empleada no pueda disfrutar de las vacaciones a las que legalmente tiene derecho.
10) Ahora, la Sala encuentra que, si bien la Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, referente a la asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal
titular en los despachos judiciales –con excepción de los juzgados del sistema penal
2
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-
2019-02681-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número
11001-03-15-000-2019-04170-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021,
expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio
de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; v) de 11
de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-
00451-01, Hernando Sánchez Sánchez; y de viii) 3 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-
00341-00, CP Julio Roberto Piza.
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
acusatorio–, lo cierto es que a través de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 derogó de manera expresa dichas disposiciones “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales
cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el
procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello”.
11) De esta manera, para la Sala resulta claro que a pesar de que el Consejo Superior
de la Judicatura profirió una circular en la que indicó unas directrices a las Direcciones
Ejecutivas de Administración Judicial del país, relacionadas con la programación de
vacaciones de los funcionarios públicos, la designación del reemplazo en encargo y/o la
expedición del CDP para garantizar dichos reemplazos, en ella no dispuso el
procedimiento que debía realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del
personal titular de los despachos judiciales, omisión que, en ningún caso, puede servir
de base para desconocer el derecho al descanso de estos3.
12) Ahora bien, en relación con el argumento de la autoridad accionada sobre la presunta
imposibilidad de desconocer los lineamientos de la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, es preciso anotar
que estos no son de recibo, pues, tanto funcionarios como empleados judiciales tienen
derecho indistintamente a disfrutar de un período de descanso sin que sea dable
distinguir o poner obstáculos infundados en razón únicamente del cargo 4.
13) Tampoco es de recibo que se aduzca como limitante la presencia de otros empleados
en el despacho o razones de índole similar, puesto que el servidor reemplazante debería
ostentar al tiempo dos cargos con funciones distintas, pero recibiendo el salario del cargo
de menor jerarquía, lo cual no resulta lógico desde ningún punto de vista justo.
14) Sumado a lo expuesto, como lo indicó recientemente esta misma Sala de Decisión
“el alcance y las finalidades del derecho al descanso se ven comprometidas si las
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente 08001-23-33-
000-2018-00756-01(AC), CP Milton Chaves García.
4
“Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 no haya establecido el
procedimiento tendiente a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir
los recursos del nombramiento de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar el disfrute
de las vacaciones de los empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial.”
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
asignaciones de trabajo que competen al empleado no cesan durante sus vacaciones o
no son asumidas por un reemplazo, pues, dada la naturaleza del servicio, por cada día
de vacaciones aumenta la carga laboral, de forma que al reanudar sus funciones el
empleado deberá adelantar todo lo que no pudo hacer durante el receso. En otras
palabras, la sola cesación de laborales no garantiza el derecho al descanso que le
permita al trabajador reanudar sus fuerzas, si durante ese término subsiste la
preocupación respecto al trabajo pendiente y que aumenta durante las vacaciones5”.
15) En esa medida, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute del
derecho al descanso, el servidor público debe comunicar al nominador sobre la
programación de las vacaciones, sin que esté a su cargo resolver problemas de tipo
presupuestal o administrativo, pues el procedimiento diseñado por el Consejo Superior
de la Judicatura en la Circular n.º PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, únicamente
le impone al interesado dicha obligación para que sea incluido en los turnos, así:
“1. Los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales deberán
hasta el mes de marzo de cada año, reportar la programación de vacaciones
correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de la Judicatura,
Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial.”.
16) En ese orden de ideas, la Sala estima que impedir el derecho al goce de las
vacaciones por situaciones de índole administrativas no son obligaciones que la
demandante se encuentre en la obligación de soportar, más aún cuando el procedimiento
diseñado por el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular no. PSAC11-44 de 2011,
impone únicamente al interesado la obligación aludida, deber que en este caso tampoco
hay discusión en que se cumplió.
17) Ahora bien, en cuanto a la pretensión encaminada a que se ordene a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva–Huila que expida el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el disfrute de las
vacaciones, la Sala considera importante precisar que le asiste razón a la autoridad
impugnante en punto a que la acción de tutela no faculta al juez para que ordene
apropiaciones presupuestales a la Nación, pues esto supondría coartar el espacio de
discrecionalidad que la Constitución y la ley le confieren a los órganos de administración
para ejecutar el presupuesto y desconocer el principio de planeación, teniendo en cuenta
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp. 11001-
03-15-000-2021-05027-01 (AC).
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
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que en tal operación intervienen variables determinantes como la priorización del gasto
público y la disponibilidad de recursos que no le está dado analizar al juez constitucional.
18) Por consiguiente, como no existe prueba que permita determinar que la actora se
encuentra disfrutando las vacaciones que le fueron concedidas mediante Resolución no.
20 de 10 de octubre de 2023, en este caso se modificará la decisión de primera instancia
y, en lo referido a la orden de expedición de CDP, se revocará dicha determinación y se
negará dicha pretensión, pues, como se explicó i) la acción de tutela no es el medio
idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o apropiaciones presupuestales
y ii) la falta de nombramiento de un remplazo y la consecuente congestión a la que se
vería avocado el despacho o dependencia mientras el servidor judicial disfruta de su
derecho al descanso, son dificultades administrativas propias del servicio de
administración de justicia, de ahí que sean los órganos representantes de la Rama
Judicial quienes están llamados a plantear soluciones y ejecutarlas en aras de garantizar
que el servicio se preste en condiciones adecuadas y de manera oportuna, pero, además,
sin que se afecte los derechos del empleado que ha dedicado sus esfuerzos durante todo
un año a prestar sus servicios y que no tiene porqué padecer dichas dificultades.
19) En atención a que en el proceso existe prueba que demostró que la titular del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia-Caquetá, como
nominadora de la actora, cumplió el fallo de primera instancia y adoptó las medidas
necesarias para el disfrute efectivo del derecho al descanso a través de la expedición de
la Resolución no. 20 de 10 de octubre de 2023, se declarará que en cuanto a la actualidad
del objeto esa orden se encuentra cumplida.
20) Debido a que se trata de una problemática reiterada y extendida que afecta a todos
los servidores judiciales que se encuentran en tales situaciones, a tal punto que por ese
motivo se han presentado una gran cantidad de acciones de tutela por hechos similares
sin que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura, como representantes de la Rama Judicial para tales efectos, hayan dictado
medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les exhortará para que adopten las
decisiones necesarias en aras de garantizar que, mientras los servidores judiciales
disfrutan de su derecho al descanso, el servicio se preste en condiciones adecuadas y
de manera oportuna, pero, además, sin que se afecte los derechos de los empleados que
han dedicado sus esfuerzos durante todo un año a prestar sus servicios y que no tienen
que padecer las dificultades que pueda generar la autorización de sus vacaciones.
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
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21) En conclusión, en este caso la Sala modificará la decisión de primera instancia y, en
su lugar: i) confirmará el numeral primero que amparó los derechos invocados y ii)
revocará lo referente a la orden de expedición del CDP y iii) declarará el cumplimiento de
la orden dictada a la titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia-Caquetá quien con Resolución no. 20 de 10 de octubre de 2023
acaró el fallo de primera instancia y concedió las vacaciones de la actora.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Modifícase la sentencia de 3 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caquetá, la cual quedará así:
1º) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la demandante.
2º) Revócase el numeral segundo de la sentencia de 3 de octubre de 2023, por las
razones hasta aquí expuestas.
3°) Declárase cumplida la orden dictada en primera instancia a la titular del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia para que permita
el disfrute efectivo del derecho al descanso de la señora Carmenza Caviedes Valencia,
por ocasión de la Resolución no. 20 de 10 de octubre de 2023 con la que concedió las
vacaciones a la actora sin supeditar esa decisión a la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo.
4°) Exhórtase al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
administrativos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas que conlleva la autorización de las vacaciones de los
empleados judiciales y su consecuente reemplazo, sin que con las nuevas medidas a
adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de
administración de justicia en los despachos o dependencias de los que hacen parte.
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Expediente: 18001-23-33-000-2023-00131-01
Actor: Carmenza Caviedes Valencia
Acción de tutela
5º) Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
6°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
7°) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
8°) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas y una vez
retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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