RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-15-000-2022-00451-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-00451-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
42 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-00451-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 19 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará establecida en los siguientes términos: “PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora, los cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Dayana Michel Martínez Hernández. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. TERCERO: ORDENAR al titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora Dayana Michel Martínez Hernández, deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 29 Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01 Actora: Dayana Michel Martínez Hernández partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante”. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2022-00451-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Sala Administrativa, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca y Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) dignidad humana e iii)
igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo, ii) dignidad humana e iii)
igualdad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por la actora y el Juzgado Quinto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá contra la sentencia de
tutela de 19 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
amparó los derechos fundamentales invocados por la actora.

2

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, porque, a su juicio, al no expedirse el certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones y,
en consecuencia, al habérsele negado la solicitud de sus vacaciones, vulneraron
sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…] Me encuentro vinculada en provisionalidad y laborando
en el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
en el cargo de Oficial Mayor desde el mes de febrero de 2021 de manera
continua e ininterrumpida […]”.

4. Señaló que, el 13 de febrero de 2022, una vez causado el respectivo periodo
(del 8 de febrero de 2021 a 7 de febrero de 2022), le solicitó al juez titular del
Despacho sus vacaciones para hacerlas efectivas desde el 19 de septiembre de
2022.

5. Precisó que, de manera previa a resolver su solicitud, el Juez Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca el

3

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante
dichas vacaciones.

6. Indicó que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca, mediante Oficio núm. DESAJBOTHO22-311 de 21 de
febrero de 2022, informó que “[…] de acuerdo con la Circular PSAC05-89,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, que indica que para
Despachos judiciales de más de 3 servidores, incluido el juez, no se expide
disponibilidad presupuestal y la Circular PSAC11-44 que en su numeral 1 señala
“Los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales, deberán
hasta el mes de marzo de cada año, reportar la programación de vacaciones
correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de la Judicatura,
Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial”, le
informamos que no es viable dar trámite a su petición […]”.

7. Sostuvo que, a través de la Resolución núm. 004 de 9 de marzo de 2022, el
Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, negó sus
vacaciones, luego de considerar lo siguiente:

“[...] 2. Que en atención a la comunicación allegada por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca en la que
informa que no es posible asignar disponibilidad presupuestal para nombrar el
reemplazo durante el tiempo que duren las vacaciones de la servidora adscrita a
este Despacho Judicial, conforme las directrices trazadas por la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura en la circular PSACO5-89 y PSAC11-44, en
respuesta allegada a la servidora referida con No. DESAJBOTHO22-311 del 21 de
febrero de 2022.

3. Teniendo en cuenta que la peticionaria ostenta las funciones de Oficial Mayor del
despacho se torna forzoso, por el momento, a no otorgar el disfrute de sus
vacaciones por la necesidad del servicio esto por cuanto de favorecerse existiría un
lapso superior a veinticinco (25) días en que el suscrito no contaría con la
colaboración de un servidor para suplir las funciones del Oficial Mayor, situación
que de presentarse sin lugar a duda afectaría y comprometería considerablemente
el adecuado funcionamiento de esta sede judicial al reducir su capacidad
operacional a más de un 50%.

4. En efecto no puede pasar por inadvertido que solo para el trimestre comprendido
entre enero a marzo de 2022, ingresaron al despacho más de 1000 peticiones y 70
procesos para avocar y reasumir conocimiento, al igual que acciones de tutela y
oficios corriendo traslado de acciones constitucionales.

4

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

5. Aunado a lo anterior es importante resaltar que la creación efectuada por el
consejo superior de la judicatura correspondiente al cargo de oficial mayor de
descongestión con los acuerdos PCSJA20-11548 PCSJA20-11550 Y PCSJA20-
11578, solo fue hasta el 31 de diciembre de 2020, por tal razón se ha incrementado
la cantidad de trabajo que debe desarrollar la única Oficial Mayor, quedando el
despacho con una carga mayor para el personal del juzgado, por lo anterior este
despacho negará por estricta necesidad del servicio la solicitud de disfrute de
vacaciones presentada por la servidora judicial, con fundamento en los artículos
146 de la ley 1996 y 2.2.1.2.2.1. Sección 2 del Decreto 1072 del 2015.

6. Teniendo en cuenta la necesidad del servicio se reitera que se debe negar el
disfrute vacacional, el cual obedeció principalmente a la falta de asignación de
presupuesto para el reemplazo de la persona en vacaciones, que este despacho
como los demás de la especialidad de Ejecución de Penas resulta de imperiosa
necesidad su reemplazo dada la alta carga laboral que debemos soportar a diario
como en el caso del Juzgado 05.

7. Adicional a ello, la aquí solicitante desarrolla actividades Jurídicas,
especialmente respecto a los 1200 casos SIN PRESO que cuenta el despacho a la
fecha que demandan la presencia permanente y continua de una persona
designada para ellas, pues al otorgado disfrute vacacional de la solicitante del
despacho le generaría un trastorno serio en el funcionamiento y en la recta,
oportuna y eficaz impartición de justicia, en especial de los asuntos de orden
constitucional y denominados urgentes, como liberaciones definitivas,
prescripciones de la pena, extinciones de la misma, ocultamientos, certificaciones
del estado actual de procesos, ejecuciones inmediatas de las sentencias,
legalizaciones de personas capturadas, expedición de órdenes de captura y/o
cancelaciones de las mismas, respuestas frente a diferentes acciones de tutela,
habeas corpus interpuestas por los sentenciados, incluso la atención que se realiza
de forma virtual, por correo electrónico y la recepción de memoriales y procesos
allegados por el Centro de Servicios de estos Juzgados y el avoque de procesos y
acciones de tutelas allegadas por reparto etc.

8. Que lo anterior de modo alguno significa que por parte del suscrito se
desconozca el derecho que le asiste a la colaboradora DAYANA MICHEL
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, de disfrutar de sus periodos de vacaciones, solo que en
aplicación al inciso 2° del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, al existir necesidad
del servicio se toma inviable acceder a su solicitud de disfrute [...]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y/O
DIRECCION (sic) EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION (sic)
JUDICIAL BOGOTÁ- CUNDINAMARCA, que apropie en el término que
consideren prudente las partidas presupuestales que corresponden para el
nombramiento de mi remplazo (sic) y emita el correspondiente certificado de

5

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

disponibilidad presupuestal CDP para el disfrute de mis vacaciones por el
término de veinticinco (25) días (a partir del 19 de septiembre de 2022).

2. Se conmine al señor JUEZ 5º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y/O DIRECCION (sic) EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION (sic) JUDICIAL BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, decida nuevamente frente a mi solicitud de vacaciones.
3. Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA y DIRECCION
(sic) EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINITRACION (sic) JUDICIAL DE
BOGOTA (sic) Y CUNDINAMARCA para que en el futuro, esta situación no se
vuelva a
presentar especialmente en mi caso y se gestione a Nivel Nacional la
apropiación de recursos para designar en encargo a otra persona, para que los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus
vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia […]”.

9. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que:

“[…] Entonces, resulta evidente que el descanso es para todo ser humano la
manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un
tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un
mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas.

El descanso en el campo laboral se denomina "vacaciones", siendo un derecho
adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año
continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y
mentales para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas
por el empleador o patrono, pueda el servidor público, en este caso, disfrutar de
un merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con
sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad,
devolviéndole las fuerzas para iniciar con energía a ejercer sus actividades
laborales.

Quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el empleador o el
nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito mencionado, se
proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de esta manera
no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.

Además del disfrute de mis vacaciones, resulta de mayor trascendencia en este
momento, la designación de mi remplazo (sic), pues el cargo que desempeño y
funciones encomendadas revisten de vital importancia en el funcionamiento del
Juzgado, y al quedar vacante, la repercusión en el acceso a la administración de
justicia y continuidad del servicio va a ser desfavorable, no solo para los usuarios
de justicia, en este caso las personas privadas de la libertad, se itera, por el
incremento desmesurado de carga laboral generado por la pandemia COVID 19 y
personal del Juzgado que queda, sino para la suscrita, todas vez que al retornar
debo asumir todas las actuaciones que se acumulen durante ese largo periodo,
pues es obvio que a los demás colaboradores les va quedar imposible asumir las
actuaciones a mi cargo, salvo los asuntos muy urgentes […]”.

6

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

Actuación

10. El Despacho Sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 6 de mayo de 2022; i)
admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura – Sala Administrativa, al Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y al Juez Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, concediéndoles el término de
veinticuatro (24) horas para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

11. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura indicó que no le
asiste responsabilidad alguna frente a la solicitud de amparo que presentó la
actora, toda vez que las acciones u omisiones que adujo la tutelante recaen
exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca, entidad que actúa como ordenadora del gasto de conformidad
con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19901 y
que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
designar los reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de
sus vacaciones.

12. La Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva
al considerar “[…] la imposibilidad fáctica y jurídica en la que está inmersa esta
Entidad, para satisfacer la pretensión de los (sic) accionantes (sic), en atención a
las competencias de esta Entidad […]”.

12.1. Señaló que:

“[…] En virtud de la información señalada por el área de talento humano, la cual fue
notificada a la Juez 05 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, como bien
lo relató el accionante en el acápite anterior, se solicita de manera respetuosa tener
en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, carece

1 “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

7

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

de legitimidad por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la parte actora,
teniendo en cuenta que es el Juez nominador quien tiene la discrecionalidad de
programar los turnos de descanso, de la planta de personal que presta sus
servicios dentro del despacho judicial, razón por la cual es evidente que la Juez 05
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, ha omitido al (sic)
deber de acatar y cumplir una orden jurídica impartida por un Superior generando
controversias entre el accionante y esta Seccional, pues finalmente es esté, quien
vulnera el derecho fundamental al descanso que tiene el tutelante por norma
constitucional.

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en
el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, los empleados de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad pertenecen al régimen
de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador,
de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 25 días continuos
por cada año de servicios […]”.

[…]

“[…] para la asignación de recursos para las vacaciones individuales, se deberá
tener en cuenta inicialmente que el único facultado para concederlas es el
nominador, así mismo, para la expedición de los CDPs destinados para los
remplazos (sic), éste recae únicamente para los funcionarios; por otra parte, se
contempla para los despachos que tengan una planta de personal igual o inferior a
tres personas, que no se considere conveniente aplicar la figura de encargo para el
reemplazo del juez o el desempeño de las funciones del empleado que disfrutará
de las vacaciones […]”.

[…]

“[…] De entrada este entidad, no encuentra acreditado el criterio de la
subsidiariedad, en tanto se debe resaltar que al versar el litigio que se presenta
entre las partes sobre la no expedición de certificado de disponibilidad presupuestal
para el nombramiento del empleado en reemplazo de la accionante, con el fin de
que ésta pueda disfrutar de sus vacaciones, es claro que dicho correctivo se puede
debatir en su legalidad mediante el uso de los mecanismos ordinarios que para el
efecto trae la normatividad colombiana, y que para el asunto en estudio, son
completamente eficaces e idóneos para resolver lo planteado, sin que con ellos
resulten vulnerados derechos del (sic) actor (sic) […]”.

13. El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá rindió informe en el sentido de indicar que “[…] entiende la necesidad de
la servidora de disfrutar vacaciones, pero requiere que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial expida el correspondiente Certificado de Disponibilidad
presupuestal, para poder nombrar una persona que asuma las funciones del cargo
de Oficial Mayor mientras la doctora DAYANA MICHEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,
se encuentra disfrutando del periodo vacacional […]”.

13.1. Expuso que:

8

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

“[…] El Despacho que presido en este momento no se opone a que la precitada
colaboradora disfrute del descanso solicitado máxime cuando se trata de un
derecho constitucional, empero en atención a la comunicación allegada por parte
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Cundinamarca en la que informa que no es posible asignar disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo durante el tiempo que duren las
vacaciones de la servidora adscrita a este Despacho Judicial, conforme las
directrices trazadas por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura en la
circular PSACO5-89 y PSAC11-44, en respuesta allegada al servidor con No.
DESAJBOTHO22-311, por necesidad del servicio este titular se vio en la imperiosa
necesidad de negar el disfrute de vacaciones solicitado, teniendo en cuenta los
siguientes argumentos […]”.

[…]

“[…] Corolario de lo anterior, se reitera señor Magistrado, la doctora MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, desarrolla actividades netamente jurídicas y especialmente
relacionadas con los 1200 PROCESOS SIN PRESO Y LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES QUE CURSAN EN ESTE DESPACHO JUDICIAL, que
demandan la presencia permanente y continua de una persona designada para
ellas, pues al otorgarse el disfrute vacacional solicitado ello generaría un trastorno
serio en el funcionamiento y en la recta, oportuna y eficaz impartición de justicia, en
especial de los asuntos de orden constitucional y denominados urgentes, como
liberaciones definitivas, prescripciones de la pena, extinciones de la pena,
legalizaciones de personas capturadas, expedición de ordenes (sic) de captura y
cancelaciones de las mismas, respuestas frente a diferentes acciones
constitucionales, tales como de tutela, habeas corpus interpuestas por los
condenados, incluso la atención que se realiza de forma virtual, por correo
electrónico y obviamente recepción de memoriales y procesos allegados por el
Centro Administrativo de Servicios de estos Juzgados y el avoque de procesos y
acciones de tutela designadas por reparto etc. […]”. (Resaltado del texto original)

La sentencia impugnada

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia, en primera instancia, el 19 de mayo de 2022, por
medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Amparar los derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y
a la igualdad invocados por la señora Dayana Michel Martínez Hernández,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Ordenar al señor Juez Quinto (5o) de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá D.C., que en un término no superior a las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar trámite a
la solicitud de vacaciones de la señora Dayana Michel Martínez Hernández, sin
motivaciones de índole presupuestal, las cuales no se requieren cuando existen
más de tres empleados en un Despacho Judicial, y dando aplicación a lo dispuesto
en la normatividad que sobre el régimen vacacional de los servidores judiciales

9

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

sometidos al régimen de vacaciones individuales existe, incluyendo la Circular
PSAC05-89 de 2005 […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] vale resaltar que si bien es cierto en el caso en estudio se profirió un acto
administrativo (Resolución No. 0004 de 9 de marzo de 2022), por medio del cual se
negó el disfrute de las vacaciones, el cual podría ser controvertido mediante un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no es menos cierto que la
accionante no pretende enjuiciar la legalidad de éste, así como tampoco está
alegando que él mismo se haya expedido infringiendo la normas en que debía
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de
poder, razón por la cual resulta procedente esta acción constitucional.

Así mismo, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el
mecanismo judicial idóneo y oportuno para proteger los derechos fundamentales
alegados por la actora, porque, el principal hecho que agrava el desgaste físico y
mental de la servidora judicial es el paso del tiempo sin que puedan disfrutar de su
derecho al descanso […]”.

[…]

“[…] Visto lo anterior, el número total de servidores judiciales, incluido el Juez, debe
ser menor o igual a tres para que sea procedente la asignación de recursos. Lo
anterior, no es óbice para que el nominador coordine las etapas vacacionales de
cada uno de sus colaboradores quienes ostentan derecho a vacaciones
individuales.

Por tanto, como ha sido previsto que sólo en los Despachos Judiciales con planta
de personal de hasta tres servidores, se dispondrán de recursos para nombrar en
reemplazo a un empleado, cuando el titular salga a disfrutar de su derecho al
descanso remunerado, este supuesto no se encuentra acreditado por el juzgado en
donde presta sus servicios la tutelante, el cual posee una planta de cuatro
personas, incluido el Juez y por ende no se dispone de recursos para nombrar su
reemplazo.

En conclusión, como el juzgado referido posee una planta de personal superior a
tres servidores, se deberá cada vez que uno de sus empleados desee salir a
disfrutar de sus vacaciones individuales distribuir temporalmente las cargas y las
funciones en pro de asegurar una eficaz administración de justicia […]”.

[…]

“[…] Por todo lo expuesto y sin que se requiera de otras elucubraciones, la Sala
advierte quebrantos a los derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso y a
la igualdad y por ello, se accederá al amparo deprecado. En Consecuencia, se
ordenará al señor Juez Quinto (5o) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá D.C., que en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar trámite a la solicitud
de vacaciones de la señora Dayana Michel Martínez Hernández, sin motivaciones
de índole presupuestal, las cuales no se requieren cuando existen más de tres
empleados en un Despacho Judicial, y dando aplicación a lo dispuesto en la

10

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

normatividad que sobre el régimen vacacional de los servidores judiciales
sometidos al régimen de vacaciones individuales existe, incluyendo la Circular
PSAC05-89 de 2005 […]”.

La impugnación

15. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las siguientes
razones:

“[…] El disenso surge en que no desconoce esta accionante que el despacho
donde me encuentro vinculada siempre ha sido claro en exponer que NO SE
OPONE A QUE LA SUSCRITA COLABORADORA DISFRUTE DEL DESCANSO
SOLICITADO MÁXIME TRATÁNDOSE DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL,
empero en atención a la comunicación allegada por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca en la que informa
que no es posible asignar disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo
durante el tiempo que duren las vacaciones de la servidora vinculada al Juzgado
Quinto de Ejecución de Penss (sic) y Medidas de Seguridad, conforme las
directrices trazadas por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura en la
circular PSACO5-89 y PSAC11-44, en respuesta allegada al Juez Quinto con No.
DESAJBOTHO22-311, por necesidad del servicio soy consciente que el titular SE
VIO EN LA IMPERIOSA NECESIDAD de negar el disfrute de vacaciones solicitado
previamente […]”.

[…]

“[…] A más de lo anterior, me vi en la necesidad e (sic) presente (sic) al Magistrado
Ponente los dos fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado respecto de
dos colaboradores del despacho a quienes HACIENDO UN ANÁLISIS DE LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES EL DESPACHO NO PUEDE QUEDARSE
ACÉFALO DE UNA COLABORADORA ANTE LOS 1200 ASUNTOS SIN PRESO
QUE MANEJO, ADEMÁS DE LAS ACCIONDES CONSTITUCIONALES DE
TUTELA Y DEMÁS […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, el no nombramiento de una persona en reemplazo
mientras disfruto mis vacaciones generaría una sobrecarga laboral al momento de
retornar al Juzgado, pues al no contar el despacho judicial una persona que se
encargue de las funciones realizadas, se generaría un atraso y cúmulo de
peticiones y asuntos por resolver, violentando significativamente además mi
derecho a la igualdad respecto de los dos funcionarios del despacho que
desempeñan los cargos de Asistente Administrativo y Asistente Jurídico, cómo se
relacionó anteriormente […]”. (Subrayas del texto original)

16. El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección

11

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las siguientes
razones:

“[…] no se hizo un análisis ponderado y sustentado de la respuesta suministrada
por este despacho judicial, respecto a los motivos por los cuales no encontró
procedente el disfrute de las vacaciones de la colaboradora MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ.

El Despacho siempre ha sido claro en exponer que NO SE OPONE A QUE LA
PRECITADA COLABORADORA DISFRUTE DEL DESCANSO SOLICITADO
MÁXIME CUANDO SE TRATA DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL, empero
en atención a la comunicación allegada por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca en la que informa
que no es posible asignar disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo
durante el tiempo que duren las vacaciones de la servidora adscrita a este
Despacho Judicial, conforme las directrices trazadas por la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura en la circular PSACO5-89 y PSAC11-44, en
respuesta allegada al servidor con No. DESAJBOTHO22-311, por necesidad del
servicio este titular SE VIO EN LA IMPERIOSA NECESIDAD de negar el
disfrute de vacaciones solicitado […]”.

[…]

“[…] En esas condiciones el Despacho entiende la necesidad de la servidora de
disfrutar vacaciones, pero solicita a esa H. Corporación que la decisión sea
ADICIONADA en el sentido que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidan el correspondiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para poder nombrar una persona que
asuma las funciones del cargo de Oficial Mayor mientras la doctora DAYANA
MICHEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, se encuentra disfrutando del periodo
vacacional […]”. (Resaltado en el texto original)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.

12

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca adujo que carece de legitimación en la causa
por pasiva al considerar “[…] la imposibilidad fáctica y jurídica en la que está
inmersa esta Entidad, para satisfacer la pretensión de los (sic) accionantes (sic),
en atención a las competencias de esta Entidad […]”.

23. Al respecto, es preciso indicar que conforme con lo establecido en los
numerales 3.°, 8.° y 9.° del artículo 3 del Acuerdo núm. PSAA09-6203 de 2 de

6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

14

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

septiembre de 20098, para la Sala es claro que quien ostenta la competencia para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la
contratación del reemplazo de la actora, no es otra que la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, en cabeza de
su director; es decir que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca le asiste
interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.

Problema jurídico

26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Administrativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la actora, al no expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones y,
en consecuencia, habérsele negado la solicitud de sus vacaciones.

27. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al

8 “Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a las Direcciones

Seccionales de Administración Judicial”.

15

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

trabajo; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a
la igualdad; para posteriormente v) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos

28. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.
29. En ese sentido, la jurisprudencia9 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso
de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que
toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió. […]”.

[…]

9 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

16

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus
derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y
restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza
dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del
acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad
en abstracto de dicho acto. […]”.

30. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de
derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 200310, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).

31. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una
vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de
tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 200611, señaló:

“No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no
sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá
concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se
señaló sobre este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En

10 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

17

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de
tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.’

Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho.” (Resaltado por la Sala).

32. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que
esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de
manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho
administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la
protección definitiva mediante la acción constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

33. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

34. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente12:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la

12 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

18

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad
que lo pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

35. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala)

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de
su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia;
y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la
norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la
dignidad: i) Es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado;

13 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

19

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de
derecho fundamental autónomo […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

38. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha entendido que el derecho a
la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso en concreto

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

14 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

20

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Informes presentados por las partes con sus debidos anexos.

Solución del caso concreto

42. En el caso sub examine, la actora presentó acción de tutela al considerar
que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Administrativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Cundinamarca y el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá vulneraron sus derechos fundamentales, al no expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus
vacaciones (Oficio núm. DESAJBOTHO22-311 de 21 de febrero de 2022) y, en
consecuencia, al habérsele negado la solicitud de sus vacaciones (Resolución
núm. 004 de 9 de marzo de 2022).

43. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el régimen de vacaciones de
los empleados y funcionarios de la Rama Judicial se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199615, en los siguientes términos:

15 “LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

21

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio. […]”.

44. Por su parte, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo
mencionado supra, expresó que:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el
ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los
casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades,
en las mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los
demás funcionarios del Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley
-o en su defecto la autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos
márgenes razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso
y determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin que
ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha
dado a la administración de justicia. […]”. (Resaltado por la Sala)

45. A partir de lo anterior, se concluye que el régimen de vacaciones de los
empleados de la rama judicial se divide en dos: i) los empleados que disfrutan
sus vacaciones de manera colectiva, y ii) los empleados pertenecientes a la “[…]
Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura,
las (sic) de los (sic) Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución
de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

46. Sin embargo, la Sala advierte que en ambos supuestos el empleado de la
Rama Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el
cual se considera fundamental e irrenunciable.

22

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

47. Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine,
la Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría
improcedente en razón a que lo que cuestiona la actora corresponde a actos
administrativos, a saber, el Oficio núm. DESAJBOTHO22-311 de 21 de febrero
de 2022 y la Resolución núm. 004 de 9 de marzo de 2022, lo cierto es que, en
este caso concreto, la solicitud de amparo procede de manera excepcional.

48. En efecto, la Sala encuentra que:

i) La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
vulneración se originó con ocasión del Oficio núm. DESAJBOTHO22-311 de 21 de
febrero de 2022 y la Resolución núm. 004 de 9 de marzo de 2022, en tanto que el
escrito de amparo se radicó el 27 de mayo de 2022, es decir, se advierte la
urgencia que caracteriza el uso de esta acción constitucional.

ii) La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para cuestionar la legalidad de los actos administrativos acusados resultaría
ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) si bien la actora tiene
derecho al disfrute de los periodos de vacaciones que reclama, ante la necesidad
del servicio se le negó lo solicitado hasta tanto se disponga de presupuesto
para su reemplazo y b) lo pretendido por ella es el reconocimiento y disfrute de
sus vacaciones laborales que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, debe ser entendido como un derecho fundamental y una garantía
mínima del trabajador, cuyo propósito consiste en recuperar las energías producto
del desgaste físico y mental de la labor.

49. Precisado lo anterior, procede la Sala a estudiar el fondo del asunto, en el
cual está acreditado lo siguiente:

i) La señora Dayana Michel Martínez Hernández desempeña el cargo de
oficial mayor en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá.

23

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

ii) La señora Dayana Michel Martínez Hernández presentó por escrito solicitud
para disfrutar de un periodo de vacaciones por 25 días efectivas desde el 19 de
septiembre de 2022.

iii) El Juzgado al cual se encuentra adscrita la actora, se rige por el régimen de
vacaciones individuales.

iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, mediante Oficio núm. DESAJBOTHO22-311 de 21 de febrero de
2022, informó que “[…] de acuerdo con la Circular PSAC05-89, proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura, que indica que para Despachos judiciales de
más de 3 servidores, incluido el juez, no se expide disponibilidad presupuestal y la
Circular PSAC11-44 que en su numeral 1 señala “Los funcionarios judiciales del
régimen de vacaciones individuales, deberán hasta el mes de marzo de cada año,
reportar la programación de vacaciones correspondientes al siguiente año, ante el
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del
respectivo distrito judicial”, le informamos que no es viable dar trámite a su petición
[…]”.

v) El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, mediante Resolución núm. 004 de 9 de marzo de 2022, resolvió negar a la
señora Dayana Michel Martínez Hernández el disfrute de sus vacaciones.

50. Esta Sala pone de presente que, en un caso similar al presente, la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 5 de julio de 2019 16,
tuteló el derecho fundamental de la accionante y, como consecuencia de ello,
ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión
de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones de la accionante.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de

2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-02681-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 11 de octubre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04170-
00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

24

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

51. La Sala advierte que el criterio expuesto supra, también ha sido sostenido
por la Sección Cuarta y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridades
que, mediante las sentencias de 12 de diciembre 201817 y de 30 de mayo de
201918, ordenaron a las correspondientes Direcciones Seccionales de
Administración de Justicia expedir los certificados de disponibilidad presupuestal
que garantizaran los recursos necesarios para nombrar en provisionalidad el
reemplazo de la accionante.

52. Igualmente, esta Sección, mediante providencia de 7 de mayo de 2021 19,
consideró que, “[…] La interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de los actos
administrados acusados resultaría ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se
advierte que a) el actor comparte con su nominador la justificación expuesta en la
Resolución núm. 001 de 26 de marzo de 2021 relacionada con la necesidad de
que se expida el CDP de la referencia, so pena de afectar el servicio de
administración de justicia; y b) lo pretendido por el actor es el reconocimiento y
disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo a los pronunciamientos de
la Corte Constitucional, debe ser entendido como un derecho fundamental y una
garantía mínima del trabajador, cuyo propósito consiste en recuperar las energías
producto del desgaste físico y mental de la labor. […]”.

53. Asimismo, esta Sección, mediante providencia de 11 de noviembre de
202120, consideró que, “[...] la función judicial, principalmente la penal, en el caso
de la actora, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que
redunden en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus actividades
laborales posteriores al período vacacional. En efecto, impedir el derecho al goce
de las vacaciones por cuenta de restricciones administrativas no es una

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de tutela de 12 de

diciembre de 2018, número único de radicación 08001-23-33-000-2018-00756-01 (AC), C.P. Milton Chaves
García.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-01633-00(AC), C.P. Rocío Araujo Oñate.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 8 de

mayo de 2021, número único de11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 11 de

noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.

25

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

obligación que deba soportar la actora, además porque las dificultades de la
carga laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales
[...]”.

54. Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 no haya establecido el procedimiento tendiente a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir los recursos del
nombramiento de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar
el disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que están al
servicio de la Rama Judicial. Así lo resaltó la Sección Cuarta de esta
Corporación, cuando en sentencia de 12 de diciembre de 2018 indicó lo
siguiente:

“[…] Así las cosas, considera la Sala que si bien la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso
directrices dirigidas a las Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
país atinentes a la programación de vacaciones de los funcionarios públicos y
la expedición del CDP para garantizar los reemplazos, la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento
para desconocer el derecho al descanso de estos […]”21. (Resaltado del
texto original)

55. Siguiendo esa misma línea argumentativa, la Sala advierte que, si bien es
cierto algunas de las subsecciones de la Corporación han considerado que el
mecanismo de amparo resulta improcedente para obtener la expedición de
certificados de disponibilidad presupuestal, no es menos cierto que esta Sección
así como la Subsección B de la Sección Segunda, la Sección Cuarta y la Sección
Quinta de esta Corporación, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en
que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores.

56. En tal sentido, en pronunciamiento de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión, consideró que “[…] impedir el derecho al goce de las vacaciones por

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre

de 2018. Expediente No.: 08001 23 33 000 2018 00756 01 Actor: ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ Y
OTROS

26

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

cuenta de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar
el tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la
organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”22. (Resaltado por la Sala)

57. En igual sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado al considerar que, “[…] si bien es cierto el referido instrumento
solo mencionó a funcionarios judiciales, esto no puede servir de excusa para
desconocer el derecho al descanso de los servidores judiciales que tienen la
categoría de empleados23, pues no puede desconocerse que la finalidad de la
Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho
fundamental al descanso de servidores judiciales, motivo por el cual buscó
eliminar las condiciones que previamente se constituyeron en obstáculos al goce
de tal garantía ius fundamental […]”24. (Resaltado por la Sala)

58. En este contexto, tal como esta Sección lo ha advertido en otras
oportunidades25, cabe destacar que, si bien es cierto la Circular PSAC05-89 de 18
de noviembre de 2005 no prevé la disposición de los recursos para los reemplazos
por vacaciones para los despachos que se encuentran integrados por más de tres
(3) servidores; lo cierto es que la referida circular excluye expresamente a los
juzgados “[…] pertenecientes al Sistema Penal Acusatorio, quienes continuarán
bajo las instrucciones y procedimientos contenidos en la Circular 044 de 2005
[…]”.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de

2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
23 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-

2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de

16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

septiembre de 2021, número único de radicación 110010315000202101150-01, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés (E).

27

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

59. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el juzgado en el que labora la aquí
accionante pertenece al sistema penal acusatorio, tal directriz no resulta aplicable
en el sub examine.

60. De otra parte, la Sala advierte que, frente a la petición de la actora
consistente en que “[…] Se exhorte a las autoridades respectivas, en este caso
al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA y
DIRECCION (sic) EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINITRACION (sic)
JUDICIAL DE BOGOTA (sic) Y CUNDINAMARCA para que en el futuro, esta
situación no se vuelva a presentar especialmente en mi caso y se gestione a
Nivel Nacional la
apropiación de recursos para designar en encargo a otra persona, para que los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus
vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia […]”, la
misma escapa de la órbita del juez constitucional, en tanto no le corresponde al
juez en sede de tutela conceder el amparo a derechos fundamentales en
casos futuros e hipotéticos; como es el planteado por la accionante.

Conclusiones de la Sala

61. De conformidad con lo expuesto, esta Sala modificará la sentencia de tutela
de 19 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará establecida en los
siguientes términos:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora, los
cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y el Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración
Judicial de Bogotá - Cundinamarca, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de
las vacaciones de la señora Dayana Michel Martínez Hernández. Una vez cuente
con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

28

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

TERCERO: ORDENAR al titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, o quien haga sus veces, que una vez, se
disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en
provisionalidad el reemplazo de la señora Dayana Michel Martínez Hernández,
deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
tutelante”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, por lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 19 de mayo de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la cual quedará establecida en los siguientes términos:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora, los
cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y el Juzgado Quinto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración
Judicial de Bogotá - Cundinamarca, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de
las vacaciones de la señora Dayana Michel Martínez Hernández. Una vez cuente
con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

TERCERO: ORDENAR al titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, o quien haga sus veces, que una vez, se
disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en
provisionalidad el reemplazo de la señora Dayana Michel Martínez Hernández,
deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a

29

Núm. único de radicación: 250002315000202200451-01
Actora: Dayana Michel Martínez Hernández

partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
tutelante”.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.