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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00372-00

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00372-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor William Hernández Gómez, al encontrarse configurada la causal de que trata el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso – CGP. 50 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. 51 Con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que modificó el CPACA. 52 El criterio que se aplicaba en vigencia del Código Contencioso Administrativo era el subjetivo, que estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad durante el proceso; en este sentido, se puede consultar la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la sentencia de 28 de febrero de 2020 con radicado 19001-23-33-000- 2017-00086-01(2445-18), C.P. William Hernández Gómez. 53 CGP. «Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]». 33 Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00 Demandante: José Pompilo Menjura Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto a través de apoderado judicial por el señor JOSÉ POMPILIO MEJURA en contra de la sentencia de 18 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2016-00997- 01, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en los términos y conforme con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. CUARTO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00372-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

9 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: JOSÉ POMPILIO MENJURA
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y MUNICIPIO DE
MANIZALES
Tema: CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN - NULIDAD ORIGINADA EN LA
SENTENCIA – INFUNDADA - INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO
TARDÍO DEL RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN
SALARIAL

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor José
Pompilio Mejura en contra de la sentencia de 18 de noviembre de 2020, proferida
por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-
33-000-2016-00997-01, con fundamento en la causal de revisión prevista en el
numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – en adelante CPACA1.

I.- ANTECEDENTES2

I.1.- La demanda ordinaria

1. El señor José Pompilio Menjura, mediante apoderado especial y obrando en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
1
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».
2
Revisada la copia digital del expediente 17001-23-33-000-2017-00617-00, índice 16 expediente digital en SAMAI. El proceso
ordinario inicialmente fue conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, bajo el radicado 17001-
33-33-004-2016-00030-00, que después de la reforma de la demanda, mediante auto de 3 de agosto de 2017, lo remitió por
competencia (cuantía) al Tribunal Administrativo de Caldas, en donde se tramitó bajo el radicado 17001-23-33-000-2017-
00617-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

en el artículo 138 del CPACA, demandó a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y al municipio de Manizales – Secretaría de Educación, con miras a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«Primera.- Se declare la nulidad del oficio SEM-UAF-2063 “acto administrativo”
del 18 de julio de 2016, notificado el día 25 de julio de 2016, respecto de la
petición del (la) demandante, el (la) señor(a) JOSE POMPILIO MENJURA; y
por medio del cual desconocieron y negaron los intereses moratorios
generados con ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y
Nivelación salarial.

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que [el actor]
tiene pleno derecho a que el MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le
reconozcan y ordenen pagar los intereses moratorios, efectivos a partir del día
siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación -1 de Enero de 2003
al año 2011- y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de mayo de
2014.

Tercera.- Se condene al MUNICIPIO DE MANIZALES- SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a
pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho, liquidados con base
al interés bancario corriente desde la fecha de causación hasta la fecha efectiva
de pago; en consideración a que, el pago de la nivelación salarial debe hacerse
igual que el salario, por periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido
dicho vencimiento, su no pago genera automáticamente la obligación de
cancelar los intereses aludidos.

Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas del MUNICIPIO DE
MANIZALES- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor [del actor], los intereses reclamados, con
base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que por concepto de
indexación salarial se reconoció.

Quinta.- Que se ordene al MUNICIPIO DE MANIZALES- SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL dar
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso segundo del
artículo 192 del CPACA, igualmente que en virtud de la voluntad contemplada
en el poder conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.

Sexta.- Se condene al MUNICIPIO DE MANIZALES- SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a

3

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Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

pagar a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el
inciso 3ero. Del artículo 192 del CPACA.

Séptima.- Se condene en costas al MUNICIPIO DE MANIZALES-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de
esta demanda.

[…]

DECLARACIÓN Y CONDENA SUBSIDIARIA

[…]

Décima.- Se declare ocurrido el silencio administrativo negativo surgido por la
falta de respuesta por parte del MUNICIPIO DE MANIZALES- SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
sobre el derecho de petición presentado el 27 de julio de 2015 con radicado
SAC 7270, con el cual desconocieron los intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de Homologación y Nivelación salarial.

Décimo segunda.- Declarar la nulidad del acto administrativo ficto presunto
derivado del Silencio Administrativo presuntamente negativo originado del
MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, sobre el derecho de petición
presentado el 27 de julio de 2015 con Radicado SAC 7270, con el cual
desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con ocasión al
pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial» (sic para
toda la cita).

I.2. Los hechos

2.El señor José Pompilio Menjura prestó sus servicios en la planta de personal
administrativo de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales.

3. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley 60 de
12 de agosto de 19933 expidió la Resolución 2451 de octubre de 2002, a través de
la cual certificó al municipio de Manizales para la prestación del servicio educativo4.

3
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
4
Ver artículo 14 de la Ley 60 de 1993.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

4. Mediante el Decreto 011 de 20 de enero de 2004, se transfirió, a partir del 1° de
enero de 2003, al personal administrativo adscrito al servicio público educativo del
departamento de Caldas a la planta de cargos y personal que laboraban en el
municipio de Manizales con los mismos cargos, códigos y salarios con los que
venían vinculados en el ente departamental, sin que dicho personal fuera nivelado
ni homologado salarialmente a los de la planta central del municipio.

5. La Secretaría de Educación del municipio de Manizales realizó el estudio técnico
de homologación y nivelación de cargos, el cual fue aprobado mediante el Oficio
2077EE6185 de 21 de diciembre de 2007 por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, y se expidió el Decreto 083 del 11 de marzo de 2008, por medio del cual
se homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos, financiados con
recursos del Sistema General de Participaciones.

6. La Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, con fundamento en la
Directiva Ministerial núm. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo de
2006, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, con fecha 10 de agosto de
2012 presentó ante la cartera ministerial una propuesta de ajuste a la homologación.

7. El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Oficio 2012EE50479 de 28 de
agosto de 2012, aprobó la modificación al estudio técnico de homologación y
nivelación salarial del municipio de Manizales, y con base en ello, dicha entidad
territorial, a través del Decreto 0388 de 12 de octubre de 2012, modificó el Decreto
083 de 11 de marzo de 2008, por el cual homologó y niveló los cargos
administrativos pertenecientes a la planta de personal del municipio de Manizales.

8. La Secretaría de Educación del municipio de Manizales expidió la Resolución 526
del 11 de abril de 2014, mediante la cual reconoció y ordenó el pago en favor del
señor José Pompilio Menjura del retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 y el 31
de diciembre de 2011.

9. El apoderado judicial del señor José Pompilio Menjura afirma que el pago del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial se hizo de forma
tardía porque solo se efectuó hasta mayo de 2014 -como lo certifica la secretaría de
educación del municipio de Manizales-, derecho salarial que tuvo desde el 1° de enero
de 2003 cuando fue trasladado a la planta de personal del municipio de Manizales.

5

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Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

10. Indicó que presentó derecho de petición, con fecha 27 de julio de 2015 (SAC
7270) y ante la secretaría de educación del municipio de Manizales, a través del
cual solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, argumentando que los
intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de su traslado como
empleado administrativo del nivel territorial municipal, pues desde ese momento
debió percibir el mayor valor correspondiente a los emolumentos propios de los
empleados territoriales, de allí que, al no recibirlos, la administración local incurrió
en mora en el pago de esa parte del salario que debió homologar desde el principio,
lo cual fue negado, mediante el oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016 -
peticiones de 127 funcionarios-5.

11. Igualmente, invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72,
93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, 1617, y 1649 del Código Civil,
177 del Decreto 01 de 1984 –CCA-, además de la Ley 60 de 1993 y apartes de la
sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995. En este sentido argumentó que en la
homologación y nivelación salarial se debió prever, calcular y ordenar el pago de
intereses moratorios desde el 1° de enero de 2003 hasta su desembolso, por el
pago tardío de estos salarios.

12. Señaló, por último, que si bien es cierto que las sumas pagadas por concepto del
retroactivo por homologación y nivelación salarial fueron indexadas, con el fin de
contrarrestar los efectos del transcurso del tiempo, la mora tiene carácter
resarcitorio y sancionatorio por el pago tardío de la obligación, motivo por el cual
también debe ser reconocida.

5
La secretaría de educación del municipio de Manizales, mediante Oficio SE-UAF-3067 de 4 de diciembre de 2015, negó
unas solicitudes de reconocimiento y pago de intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo; sin embargo, en esa
respuesta no se refirió a la petición de 27 de julio de 2015, por lo que solicitó que se le diera respuesta individual el 16 de
diciembre de 2016.

La secretaría de educación del municipio de Manizales, mediante Oficio SEM-UAF-575 de 25 de febrero de 2016, en respuesta
a la última petición, negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora reclamados; sin embargo, y atendiendo a que en
esta respuesta no hubo pronunciamiento respecto de la petición de 27 de julio de 2015, manifestó que seguía a la espera de
la respuesta a la primera petición; a lo cual, la secretaría de educación respondió, mediante Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de
julio de 2016, que esa petición había sido resuelta con anterioridad, negando el reconocimiento y pago de los intereses de
mora reclamados.

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I.3. Intervención del municipio de Manizales6

13. Por intermedio de apoderado judicial, la secretaría de educación municipal se
opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto pagó, con recursos del Sistema
General de Participaciones, al señor José Pompilio Menjura los emolumentos en su
favor debidamente indexados resultado del proceso de homologación y nivelación
salarial que se desarrolló en varias etapas con el acompañamiento del Ministerio de
Educación Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2001.
14. Indicó que el demandante no demostró la existencia de un término legal para
efectuar el proceso de homologación y nivelación salarial como fruto de la
descentralización ordenada por la Ley 715 de 2001, así como tampoco para el
ajuste de aquella y, por lo tanto, de la mora alegada.

15. Adujo también que no le asiste derecho al reconocimiento y pago de intereses
moratorios a los que se refieren los artículos 1608, 1607 y 1649 del Código Civil,
dada la naturaleza al derecho de homologación y nivelación del demandante que
«[…] no es de tracto sucesivo sino único ni un canon ni una pensión periódica».

16. Formuló como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva; ii)
inepta demanda, iii) caducidad; iv) prescripción, y v) cualquier otra que durante el
transcurso del proceso se llegare a probar.

I.4. Intervención del Ministerio de Educación Nacional7

17. La contestación de la demanda fue extemporánea, como quedó señalado en la
audiencia inicial celebrada el 22 de mayo de 20188.

I.5. La sentencia de primera instancia9

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 26 de abril de 2019,
resolvió:

6
Ff. 88 a 107 del expediente ordinario en copia digital en índice 14 expediente en SAMAI
7
Ff. 126 a 146 del expediente ordinario en copia digital en índice 14 expediente en SAMAI.
8
Acta de audiencia en folios 160 a 164 del expediente ordinario en copia digital en índice 14 expediente en SAMAI.
9
Ff. 213 a 218 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado. Índice 14 expediente SAMAI.

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Demandante: José Pompilo Menjura
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«PRIMERO: NEGAR LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE las
cuales se liquidarán por secretaría conforme lo señala el C. G. del P.

Se fijan agencias en derecho a cargo de la parte demandante por la suma de
$500.000 los que se cancelarán en un 50% a cada una de las entidades
demandadas.

[…]» (sic para toda la cita)

19. Previamente a arribar a la anterior decisión, planteó los siguientes problemas
jurídicos: «1.Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios por el pago
tardío de una homologación salarial?», y refirió que, en caso de ser negativa la
respuesta, se debía establecer: «¿Si el actor tiene derecho a que se le reconozca
por equidad y justicia indexación que actualice el valor pasado a presente de los
salarios homologados?», resaltando que, en caso de prosperar la pretensión
invocada, se deberá determinar: «¿Cuál entidad es la llamada a responder por el
pago de los interese, o de la indexación?».

20. Luego de referirse al proceso de homologación y nivelación salarial en la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales, así como a las pruebas
obrantes en el expediente, concluyó que: «teniendo en cuenta la naturaleza
indemnizatoria de los intereses, sin que exista norma expresa y concreta que
imponga esta sanción por pago extemporáneo de la homologación salarial [el actor]
no tiene derecho al pago de intereses por pago tardío del retroactivo por
homologación salarial».

21. De igual forma, estimó que los valores del retroactivo fueron indexados hasta el
11 de abril de 2014, y como el pago del retroactivo se hizo en el mes siguiente -
mayo de 2014- a la expedición de la Resolución -abril de 2014- que lo reconoció,
tampoco hay lugar a indexación.

I.6. El recurso de apelación del señor José Pompilio Menjura10

22. Porintermedio de apoderado judicial, el demandante interpuso recurso de
apelación en contra del referido fallo, en el que reiteró que solicita el reconocimiento

10
Ff. 220 a 239 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.

8

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y pago de los intereses moratorios causados por el pago tardío de la homologación
y nivelación salarial sobre el capital neto sin indexación.

23. Menciona el aludido apoderado que la sentencia del Consejo de Estado11 -que el
a quo cita en apoyo de su providencia- corresponde a la reliquidación de una pensión
en la que se adujo la incompatibilidad de la indexación e intereses moratorios, dado
que estos últimos operan a partir de la ejecutoria de la sentencia, es decir, que dicha
tesis opera cuando se trata del cumplimiento de una sentencia judicial, lo que no se
adecúa al presente caso porque el reconocimiento de la homologación y nivelación
salarial no fue judicial sino administrativo.

24. Insisteen que se le debió reconocer a su prohijado el retroactivo no con
indexación sino con intereses de mora, con apoyo en los principios de favorabilidad
laboral y analogía, entre otros, dado que debió recibir estos salarios desde el
momento en que fue trasladado el personal de la planta departamental a la
municipal, por lo que permaneció desde el 1° de enero de 2003 al 2014 devengando
un saldo inferior al que legalmente le correspondía, que solamente se lo cancelaron
en el mes de mayo del 2014.

25. Alegó que en ningún aparte normativo se establece la incompatibilidad entre la
indexación e intereses de mora como consecuencia del pago tardío de una
obligación prestacional, como tampoco que los mismos sean conceptos no
acumulables, además de ser innecesaria la exigencia de una norma que así lo
establezca, dado que, por tratarse de una obligación dineraria, se deben reconocer
intereses de mora, como indemnización de perjuicios por la mora, y no la indexación
sobre las sumas debidas, conforme lo disponen los artículos 1608, 1613, 1614,
1615, 1616 y 1617 del Código Civil.

26. Afirma que: «[…] la única figura jurídicamente viable, que permite indemnizar de
una parte y sancionar de otra, el pago tardío de una obligación de dinero, lo
constituye los intereses de mora, los cuales sí tienen un carácter indemnizatorio, de
allí que cuando se reconoce el pago de intereses corrientes, según la jurisprudencia,
se entiende que estos abarcan tanto el componente resarcitorio como inflacionario,
no sucede lo mismo con la INDEXACIÓN, LA CUAL SOLO COMPORTA UN

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Sentencia del 22 de abril de 2015.
Radicado: 25000-23-25-000-01312-01 (2506-2013)

9

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COMPONENTE INFLACIONARIO, PERO NUNCA RESARCITORIO O
INDEMNIZATORIO».

27. Por último, alude su desacuerdo con la condena en costas, en la medida que no
hay actuación temeraria o dolosa que la justifique, toda vez que se ha actuado de
buena fe y pide que se tenga en cuenta lo dispuesto por el numeral 8° del artículo
365 de la ley 1564 de 2014 –Código General del Proceso (en adelante CGP)-, siempre
y cuando aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

I.7. Sentencia de segunda Instancia12

28. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control le correspondió a la
Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2020 -ejecutoriada el 16 de enero de
202113-, confirmó la sentencia de primera instancia que había negado las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas en la citada
instancia.

29. Lareferida Subsección estimó que los problemas jurídicos a resolver eran
consistentes en determinar si «¿El señor José Pompilio Menjura tiene derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo
correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Caldas?, y si ¿Es posible
condenar a la parte demandada a pagar las costas procesales y agencias en
derecho de primera instancia?».

30. Para resolver los problemas jurídicos planteados, el a quo se refirió de manera
general al proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos, luego de lo cual concluyó que: «[…] como
consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo las entidades
territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas
plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de las
incorporación, previa homologación de los cargos».

12
Ff. 277 al 291 vlto. del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
13
Notificada electrónicamente el 15 de enero de 2021, conforme se observa en el índice 16 del expediente digital ordinario.

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31. A manera de corolario, indicó que: «[…] los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente y que faculte su cobro
para los casos de pagos de retroactivos por homologación de cargos y nivelación
salarial o, estar incluidos en el documento que reconoce el derecho, dado su
carácter sancionatorio».

32. Frenteal caso concreto, luego de examinadas las pruebas del expediente
concluyó que: «[…] el señor JOSÉ POMPILIO MENJURA no tiene derecho al
reconocimiento de los intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo
correspondiente por homologación y nivelación de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Manizales, en la medida
que no hubo incumplimiento en el pago, toda vez que se llevó a cabo luego de
cumplir con diversas etapas señaladas en la Ley e igualmente no estaban incluidos
en el documento que reconoció el derecho ni existe norma que los consagre
expresamente».

33. En relación con la condena en costas en primera instancia, adujo que la decisión
del a quo fue acertada, dado que: «[…] la parte demandante resultó vencida en el
proceso y hubo una intervención directa en el trámite por parte del Ministerio de
Educción Nacional y del municipio de Manizales».

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario – causal invocada

34. El señor José Pompilio Menjura, por conducto de apoderado judicial y mediante
escrito presentado el 14 de enero de 202214, instauró el recurso extraordinario de
revisión que ocupa la atención de la Sala, a través del cual solicitó que se efectuarán
las siguientes declaraciones:

«PRIMERO.- Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado- Sección Segunda- Subsección A, del 18 de noviembre de 2020 […]
que confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la
sentencia viciada en nulidad, se declare que el (la) señor(a) José Pompilio

14
Enviado del correo electrónico acopresbogota@gmail.com al email secgeneral@consejodeestado.gov.co (índice 3
expediente digital SAMAI)

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

Menjura le asiste el derecho a que la Nación-Ministerio de Educación Nacional
y el Municipio de Manizales / Secretaría de Educación, le reconozcan y
ordenen pagar los intereses moratorios, efectivos a partir del día siguiente a
los treinta (30) posteriores a su causación (2003), hasta el día en que fue
efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial,
esto es, mayo de 2014..

TERCERO.- Las demás que el H. Despacho considere necesarias» (sic para
toda la cita)

35. En criterio del aludido apoderado judicial, en el sub lite se configura la causal
prevista en el numeral 5°, del artículo 250, del CPACA, precepto según el cual
procede la revisión de providencias judiciales por «Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

36. Como sustento de sus pretensiones, afirma que la sentencia objeto de revisión
vulnera el principio de congruencia, en la medida que se negaron las pretensiones
«por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, esto es, de manera citra petita […]», lo que trasgrede la garantía del
debido proceso.

37. Señala que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial y, como sustento
de ello, sostuvo que el periodo para liquidarlos es el causado entre el año 2003, esto
es, cuando el personal administrativo del sector educación del departamento de
Caldas fue incorporado al municipio de Manizales, y el año 2014, cuando se
concretó el pago del retroactivo sobre el capital neto, sin incluir indexación; sin
embargo, cuestiona la decisión judicial en tanto que: «[…] el problema jurídico versó
sobre un planteamiento que en nada tenía que ver, con lo pretendido en la
demanda, y mucho menos, con lo decantado en los hechos, la contestación, sus
alegaciones y el recurso de apelación».

38. El mismo apoderado judicial refiere que la autoridad judicial:

«Al resolver de fondo el asunto, a través de la sentencia objeto de revisión,
reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue realizado de manera
posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera totalmente
diferente a la expuesta en la demanda; la autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 11 de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

abril de 2014, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de mayo de 2014, cuando se efectuó el pago
correspondiente, por lo que tal lapso fue razonable, según la comprensión del
despacho.

En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora
desde el año de 2003, cuando pasó a pertenecer a la planta de personal
territorial, y hasta el año 2014, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se
evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del
retroactivo, dictado el 11 de abril de 2014, y hasta el año 2014 cuando se
efectuó el pago.

Traducido lo anterior, el sentido que le han dado al periodo a reclamar, difiere
con el pedido en la demanda; la parte actora no se refirió a una mora causada
entre la resolución que reconoció y ordenó la homologación y, la fecha de su
pago; la parte demandante lo que reclamó en vía administrativa y luego judicial,
fueron unos intereses desde el momento del traslado del personal de una
planta a otra, hasta la fecha que la entidad efectuó el pago, de allí que, lo
resuelto por el despacho nunca guardó relación con el objeto de la demanda,
por tal razón en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo debidamente
pedido.

Lo que se resolvió en la sentencia, desconoció el principio de congruencia, de
acuerdo con el cual el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto
por la parte demandante como la parte demandada».

39. Asimismo, se indicó por el aludido apoderado judicial que la sentencia no tuvo en
cuenta la normativa preexistente, dado que:

«Si se revisa con detenimiento su parte considerativa, el Juez no indica las
razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses de
mora, en su lugar, el escenario es una mera interpretación argumentativa, que
no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi
representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y
exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las
etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la
decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso.

Por lo tanto, tenemos que la decisión no se encuentra, dentro del margen de
interpretación razonable, en consideración a que se trata de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) y claramente perjudicial para los
intereses legítimos de quienes acuden a la administración de justicia, lo que
genera que las decisiones Judiciales adoptadas estén por fuera del marco de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable, de manera que la
sentencia, tal y como fue resuelta, indefectiblemente genera vulneración del
derecho fundamental al Debido Proceso

[…]»

40. Por
último, insiste en el presunto vicio de nulidad por incongruencia de la
sentencia objeto del presente recurso extraordinario:

«[…] en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún petitum
respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los
intereses moratorios, luego entonces la confusión de los jueces de instancia
reina de principio a fin dentro del proceso, pues se atrevieron a decir en sus
sentencias que los intereses de mora y el fenómeno de indexación son
incompatibles; pues resulta obvio, por no decir más que lógico que estos dos
son como el agua y el aceite, no se pueden confundir de manera subjetiva,
pues la indexación como se sabe fue creada para salvaguardar el valor
adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con el paso del tiempo, en razón a
la inflación que vive permanentemente nuestra patria, y que los intereses
legales igualmente, como debe saberse en los ámbitos jurídicos, operan de
pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables magistrados de
confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico, prueban de facto la
incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte el pedido de la
demanda, que es más que justo y legal, y reconocen una indexación que por
obvias razones no cabría dentro de la expectativa de éste pleito.».

II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

41. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado ante la
Secretaría General del Consejo de Estado el 14 de enero de 2022, y luego de
efectuarse el correspondiente reparto, se asignó el conocimiento del mismo a la
Sala Veinte Especial de Decisión con el número de radicado 11001-03-15-000-
2022-00372-00.

42. En decisión del 9 de mayo de 202215, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Caldas que allegara copia digital del
expediente ordinario con radicado 17001-23-33-000-2016-00997-00.

15
Índice 4. del expediente digital en SAMAI.

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43. Mediante auto de 24 de junio de 202216 se tuvo por oportunamente contestada
la demanda, por parte del Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Manizales - Secretaría de Educación, y se resolvió sobre el decreto y práctica de
pruebas.

44. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II.3. Intervención del Ministerio de Educación Nacional17

45. El apoderado de la cartera de Educación Nacional contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, en la medida que, a su
juicio, no se configura la causal invocada y dado que lo que pretende el señor José
Pompilio Menjura es reabrir el debate jurídico que se encuentra concluido.

46. Indicó que: «[…] dentro de los argumentos planteados por el recurrente [no se
encuentra] tal disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado a partir de la cual
se pueda considerar la configuración de una falta de congruencia de tal
protuberancia, que no exista justificación objetiva y relacionada con las materias
medulares del proceso, como lo indica el fallo aludido […]».

II.3. Intervención del municipio de Manizales18

47. La apoderada judicial de la entidad territorial municipal se opone a las
pretensiones del presente recurso extraordinario, toda vez que considera que no se
demostró la configuración de la causal alegada, en la medida que no se cumplen
los derroteros señalados para ello por el Consejo de Estado, y los cita así: «1) Que
el vicio invocado se haya configurado en el momento procesal en que se profirió la
sentencia y 2) Que el vicio invocado se haya fundamentado en un desconocimiento
grave o insaneable de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación».

48. Aduce que los yerros que se atribuye a la incongruencia de la sentencia
recurrida respecto de los hechos y pretensiones de la demanda no se constituyen
en causal de nulidad ni afectan el debido proceso, en la medida en que los
elementos fácticos, probatorios y jurídicos aportados, permitieron a los operadores

16
Índice 18. del expediente digital en SAMAI.
17
Índice 15. del expediente digital en SAMAI.
18
Índice 16. del expediente digital en SAMAI.

15

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judicial de primera y segunda instancia concluir la inexistencia del derecho al
reconocimiento y pago de intereses moratorios sobre la homologación y nivelación
salarial realizada en el municipio de Manizales mediante los Decretos 083 del 11 de
marzo de 2008 y 0388 del 12 de octubre de 2012, con la autorización y financiación
del Ministerio de Educación Nacional, por lo que solicita declarar infundado el
recurso extraordinario.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

49. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que el recurso extraordinario de revisión procede en contra
de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.

50. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.

51. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación en los asuntos que esta última les encomiende, salvo en los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.

52. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo:

16

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Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]». (negrilla fuera del texto)

53. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.

54. En el presente caso, el señor José Pompilio Menjura el 14 de enero de 2022
interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de 18 de
noviembre de 202019, proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2016-00997-00, con fundamento en la
causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA20; lo que
significa que el mecanismo extraordinario fue presentado oportunamente.

55. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por
la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, motivo por el
cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo de este.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

56. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

19
Ejecutoriada el 16 de enero de 2021.
20
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».

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57. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues
puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión
judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar
que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa
juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]».

58. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 21;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido22.

III.3. De las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA

59. El artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden proponerse como
fundamento de este recurso, las cuales dan cuenta de la naturaleza eminentemente
procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos
que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se
analiza.

60. En este contexto, la Sala advierte que el recurso extraordinario de revisión «[…]
no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas
pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso […]»,

21 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
22 Ibidem.

18

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pues para estas circunstancias se encuentran establecidos los recursos ordinarios
dentro del propio proceso23.

61. Asimismo, tampoco es una tercera instancia que pueda ser utilizada para
remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para
controvertir juicios de valor del fallador24; en este sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

«[…] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que
los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que
el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […].

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del
debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de
una sentencia ejecutoriada […]»25

62. Ensíntesis, en todos los eventos previstos en el artículo 250 ejusdem, se
pretende proteger al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia
material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus
derechos.

63. En consecuencia, en este proceso no son admisibles argumentos de fondo en
relación con la sentencia o aquellos que pretendan subsanar conductas omisivas o
negligentes en que las partes hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso, pues las pretensiones deben ceñirse estrictamente a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia.

III.4. Cuestión previa

64. Previamente a descender sobre el caso concreto, la Sala se pronuncia sobre el
impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor William Hernández

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2004. C.P. María Inés Ortiz
Barbosa Rev. 194.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de 2014. C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110.

19

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Gómez, quien solicita26 que se le aparte del conocimiento del proceso27, por cuanto
considera que se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del
artículo 141 del CGP, toda vez que como integrante de la Subsección «A», de la
Sección Segunda del Consejo de Estado discutió, aprobó y firmó el fallo de 18 de
noviembre de 202028 del que es objeto el presente recurso extraordinario de
revisión.

65. Sustenta la manifestación del impedimento en que:

«Al analizar el sub examine, se advierte que el recurso extraordinario de revisión se
sustenta en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. A juicio
del demandante, la sentencia del 18 de noviembre de 2020 es nula porque
desconoce el derecho al debido proceso pues el estudio y la decisión contenidos en
ella resultan violatorios del principio de congruencia. Además, porque en su criterio,
la providencia refleja una ausencia total de motivación y una postura infundada en
relación con la causación de los intereses de mora y la normatividad aplicable al caso.

En tales condiciones, es factible concluir que los hechos que se discuten por vía de
este recurso extraordinario tienen una íntima relación con los que fueron objeto de
decisión en el mencionado proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho. Además, nótese que la causal de revisión invocada y los argumentos en
que se fundamenta se dirigen a controvertir frontalmente la legalidad de la decisión
respecto de factores intrínsecos a ella, en otras palabras, se discute la validez de la
sentencia que firmó el suscrito por presuntos errores in judicando y, con ello, se
cuestiona mi actuación como juez de segunda instancia».

26
Sala del 30 de enero de 2023 y escrito del 1° de febrero de 2023 (índice 25 de SAMAI).
27
Refiere que sobre el particular se pueden consultar, las siguientes providencias: «(i) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2013-01008-00(A), auto del 1.º
de agosto de 2017. En dicha providencia se declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, sobre la base de considerar que si bien “se pronunció de fondo en un proceso que es distinto desde el
punto de vista procesal al que se inicia con ocasión de la interposición de un recurso extraordinario de revisión, lo cierto es
que los argumentos expuestos por la parte actora en el texto del recurso están dirigidos a sustentar que la sentencia
impugnada “incurre en error consistente en incongruencias, contradicciones, desconocimiento sobre la aplicación
de las normas procesales y aplicación de normas indebidamente, que violan el debido proceso y el derecho de
defensa y llaman a reexaminar las situaciones fácticas y de derecho, como también las probanzas, para establecer con
certeza la existencia de falencias en la segunda instancia y con ella destruir la presunción de verdad legal que la ampara” (se
resalta); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicado 2017- 02831, Auto de julio 3 de 2018 en el
que se lee: “Se observa que a la magistrada sí le asiste un interés en el resultado del proceso, al menos indirecto (CGP, art.
141-1), ya que se está cuestionando su actuación como juez de segunda instancia, lo que evidentemente podría afectar
su objetividad e imparcialidad a la hora de tramitar y decidir el presente recurso extraordinario de revisión. Recuérdese que
el presente recurso extraordinario se fundamenta en la nulidad de la sentencia de la que fue ponente y en la omisión de darle
trámite a la petición de unificación de jurisprudencia formulada por la parte demandante, circunstancias que moral y
jurídicamente no puede entrar a resolver el mismo juez que las generó”. (Se resalta) [y] ; (iii) Consejo de Estado, Sala dieciocho
Especial del Decisión, radicado 11001-03-15-000-2018-03604-00(A), Auto del 6 de agosto de 2019».
28
Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado: 17001-23-33-000-2016-00997-01.

20

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66. Al respecto, los impedimentos y las recusaciones establecidas en la ley, son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
imparcialidad, independencia y transparencia.

67. Estas instituciones procesales tienen igualmente su fundamento constitucional
en el derecho al debido proceso, pues el trámite judicial adelantado por un juez no
puede entenderse desarrollado bajo el amparo de la presunción de imparcialidad a
la cual se llega, sólo en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial
procede y juzga con absoluta rectitud; esto es, apartado de designios anticipados
o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan
favorecer o perjudicar a una de las partes.

68. Descendiendo al caso concreto, como se anotó en líneas atrás, el Consejero de
Estado, doctor William Hernández Gómez, fundamenta su impedimento en el
numeral 1° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del
CPACA, norma procesal que preceptúa:

«[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad,
interés directo o indirecto en el proceso.
2. […]». (Negrillas fuera del texto)

59. En relación con esta causal, cabe resaltar que como bien lo ha sostenido la
Sección Primera del Consejo de Estado29 para la configuración de la misma, deben
concurrir dos presupuestos: (i) el objetivo: que consistente en que en la actuación
intervenga el juez y/o uno de sus parientes en cierto grado determinado por la ley.
Para la determinación de dicho presupuesto es suficiente que el impedido afirme la
existencia del parentesco o la condición de juez para que se configure la causal, y
(ii) el subjetivo: relacionado con el hecho de que el juez o sus parientes tengan
interés calificado en las resultas del proceso. Este interés se presenta en variadas
situaciones que deben identificarse en cada caso concreto, y tiene como común

29
Consejo de Estado, Sección Primera, 15 de diciembre de 2015. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Expediente
2013-06956.

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denominador que los sujetos respecto de los cuales se predica la causal pueden
resultar afectados o favorecidos con la decisión.

60. En relación con el interés directo o indirecto en el proceso, la Sección Tercera
de esta Corporación con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez30, sostuvo:

«[…] en relación con la referida causal de impedimento, la Sala, de manera
reiterada, ha adoptado el criterio expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en los siguientes términos:

´Si bien la causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier
tipo de interés, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés
además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto
mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que,
teniendo en cuenta al caso concreto, implique un verdadero trastorno en
la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento
y el desempeño eficaz y ajustado a derecho respecto de la labor que
desempeña.

´Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada
o en la que no se evidencia de manera clara y precisa la posibilidad de que el
juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado
asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para
declarar fundado el impedimento […]».

69. Con base en lo anterior, la Sala advierte que el Consejero de Estado, doctor
William Hernández Gómez, como sustento de la presente manifestación de
impedimento, consideró que le asiste interés en que se mantenga incólume la
decisión recurrida, por esta vía extraordinaria, en atención a que hizo parte de la
misma y ya fijó su posición en torno a la controversia jurídica suscitada al interior
de dicho trámite ordinario, comoquiera que discutió aprobó y firmó el fallo de 18 de
noviembre de 2020, por lo que podría verse afectada su imparcialidad dentro del
recurso extraordinario de la referencia.

70. Así las cosas, resulta claro el interés que le asiste para que la decisión objeto de
revisión se mantenga, por lo que se podría ver afectada la imparcialidad del fallador
respecto del asunto objeto de pronunciamiento, motivo por el cual se considera que,

30
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de julio de 2010, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 2009-
0016.

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el impedimento se encuentra fundado, con base en la causal contenida en el
numeral 1º del artículo 141 del CGP.

71. Sobre el particular esta Corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciase
mediante providencias de 4 de junio de 201931, de 10 de junio de 201932, 8 de abril
de 202133 y 1° de julio de 2022, en las cuales se declararon fundados los
impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado, doctores William
Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Jorge Octavio Ramírez, para
conocer de un recurso extraordinario, con fundamento en el interés que les asistía
«[…] en cuanto ya anunci[aron] su criterio respecto del fallo, pues indica[ron] que
[habían] guard[ado] el debido proceso y las garantías procesales […]», inclusive en
un caso de similar temática le fue aceptado el impedimento, al mismo magistrado,
por la Sala Diecinueve Especial de Decisión34.

III.5. Problema jurídico

72. Ala Sala le corresponde determinar si se configura la causal de revisión
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, la nulidad de la
sentencia de 18 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección «A», de la
Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el radicado 17001-23-33-000-2016-
00997-00, en tanto que, a juicio del recurrente, tal providencia fue proferida de forma
incongruente, por lo que se vulneró el debido proceso.

65. Para resolver lo anterior, se analizarán: (i) las características y elementos de
configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso; (ii) el principio de congruencia en las providencias judiciales, y
posteriormente se emitirá pronunciamiento (iii) en relación con la configuración o no
de la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.

III.5.1. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

31
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial Trece. Auto de fecha 4 de junio de 2019. Rad.: 2018-02341.C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Trece Especial de Decisión. Auto de 10 de junio de
2019. Rad. 13001031500020190083200. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
33
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Auto de 8 de abril
de 2021. Rad. 111001031500020200090400. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
34
Auto de 27 de mayo de 2022, recurso extraordinario de revisión con radicado: 11001-03-15-000-2022-0098-00, demandante:
Jorge Buriticá Marín, demandados: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales; Tema: Sanción
moratoria por el pago tardío de retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

66. Respecto de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, la Sala hace suyo el
pronunciamiento de esta Corporación en la que se precisaron los elementos para
que la misma se configure, el cual es del siguiente tenor:

«4.4.1 Elementos para la configuración de la causal invocada

[…] para su estructuración que concurran los siguientes presupuestos: i) que
exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia
que ponga fin al proceso, contra la que no proceda recurso de apelación.

Este primer elemento nos permite identificar a partir del concepto procesal,
cuáles son aquellos eventos que se consideran constitutivos de nulidad;
mientras que el segundo, representa la verificación de que la sentencia de que
se predique esta causal debió proferirse en única o segunda instancia, pues
solo en estos casos, el proceso ha llegado a su fin, ante la improcedencia del
recurso ordinario de apelación.

[…] Superada esta verificación debemos adentrarnos en el análisis
concerniente a cuándo se predica o puede ocurrir que una sentencia se
encuentra afectada de nulidad procesal. Al respecto de manera reiterada la
Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que la irregularidad que se
invoque debe originarse en la sentencia que se cuestiona, es decir, que
debe acreditar que no hubo otro momento a efectos de plantear la
irregularidad, sino que la misma ocurrió con su expedición.

En este punto vale resaltar que esta causal no se estableció con el objeto de
vaciar en ella los planteamientos de oposición que el recurrente tenga respecto
de la decisión adoptada por el juez de conocimiento, pues los aspectos
procedimentales a invocar son precisos y no tiene un margen de movilidad que
abarque el sentido mismo de la decisión. Darle este alcance desnaturalizaría
este mecanismo de defensa extraordinario.

En efecto, otorgarle un entendimiento que acepte la posibilidad de controvertir
las apreciaciones fácticas y jurídicas encontradas por el juzgador al momento
de resolver el asunto sometido a su examen, sería tanto como asignarle al juez
extraordinario la competencia de pronunciarse sobre un debate que es propio
de las instancias ordinarias, éstas sí diseñadas para promover una discusión
de legalidad sobre lo decidido por el fallador cuando la sentencia sea
susceptible del recurso de alzada.

Aclarado este punto, conviene revisar los límites que deben considerarse como
examen de la causal de nulidad invocada. Al respecto esta Corporación en
reiterados pronunciamientos ha sido consistente y reiterativa en la siguiente
regla:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están
de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un
proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o
perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o
cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el
proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos
que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución
Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada’.

En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso (art. 152 del
C.P.C.), con la generada en la sentencia, que solo admite el manejo fáctico
que se ha dejado precisado, en todos los casos en que el fallo no era
susceptible de otro recurso35 […]» (negrilla fuera de texto).

67. Por otra parte, también se han aceptado como constitutivas de esta causal,
aquellas situaciones que devienen de la vulneración del artículo 29 de la
Constitución Política, aunque no se encuentren previstas en los estatutos
procesales como causales de nulidad; pero con la advertencia de que al juez le
corresponde establecer si el hecho que se afirma es irregular y tiene la entidad de
afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin al proceso, y, por ende,
configurar la mentada causal de revisión36.

68. En armonía con lo anterior, la Sala Veintiséis Especial de Decisión de esta
Corporación así lo concibió al señalar que: «[…] las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que
establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación
del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 […]»37.

69. En suma de lo expuesto, la Sala precisa que, para efectos de declarar probada
la existencia de esta causal de revisión se requiere: (i) que el vicio que se alega se

35
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2017. Radicado: 1100103-28-000-2016-00073-00. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
36
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 16 de enero de 2017. Radicado: 11001-03-28-000-2016-00070-00. C.P.
Alberto Yepes Barreiro.
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 3 de
febrero de 2015. Radicado: 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso; (ii) que contra la
sentencia recurrida no proceda recurso de apelación, y (iii) que el vicio sea tan grave
que afecte la validez de la sentencia, bien sea porque se configura alguna de las
causales de nulidad hoy contenidas en el artículo 133 del Código General del
Proceso -CGP-38 o porque se advierte una vulneración flagrante del debido proceso
-artículo 29 constitucional-.

III.5.2. El principio de congruencia en las providencias judiciales

70. Frente al principio de congruencia regulado por el artículo 281 del CGP, la
sentencia debe tener correspondencia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda, a lo que se agrega que no puede haber condena por objeto distinto
al pretendido ni por causa diferente a la invocada en la demanda. Ello se traduce
en que debe existir identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o y las
excepciones o planteamientos de defensa oportunamente aducidos.

71. En este mismo sentido, y de acuerdo con lo regulado en los artículos 280 del
CGP y 187 del CPACA, la sentencia debe ser motivada y contener el análisis crítico
de las pruebas junto con los razonamientos legales -normativos y jurisprudenciales-
necesarios para fundamentar la decisión que se profiera.

72. Del mismo modo, y en lo que respecta al recurso de apelación, este se entiende
interpuesto en lo desfavorable al apelante y, por regla general, el superior no puede
enmendar la providencia en aquello que no fue objeto del recurso, salvo cuando
todas las partes apelen, circunstancia que otorga competencia sin limitaciones para
la revisión total de la decisión39. No de otra forma se respetan los derechos al debido
proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

38
En lo que atañe a las normas procesales que deben aplicarse en la resolución de un recurso extraordinario de revisión
cuando la sentencia fue proferida en vigencia del CGP, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de Recurso Extraordinario de Revisión de 13 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-26-000-2020-00079-00. C.P. Martha
Nubia Velásquez Rico.
39
«Artículo 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
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73. Por otra parte, la congruencia también debe ser interna y externa, la primera
equivale a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de
la sentencia; y la segunda, que la decisión contenida en la parte resolutiva se
encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda, como a lo aludido en la
contestación o en los recursos interpuestos.

74. Contrario a lo anterior, la Corporación40 ha señalado que se presenta una
sentencia incongruente cuando (i) se falla de manera extra petita, es decir: «[…]
por objeto distinto del pretendido en la demanda […]» o «[…] por causa diferente a
la invocada en esta […]»; (ii) en los eventos en que se condena al demandado de
manera ultra petita, esto es, «[…] por cantidad superior a la solicitada en la
demanda […]» y (iii) cuando se omite decidir sobre alguna de las pretensiones
invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de una decisión
mínima petita.

75. Se erige entonces el principio de congruencia como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, asociado
a que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base
en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable
dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso
de omitir pronunciarse sobre lo solicitado como pretensión tiene el deber de explicar
de forma clara las razones de tal omisión41.

III.5.3. De la configuración de la causal contenida en el numeral 5° del artículo
250 del CPACA

76. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios citados en acápites anteriores para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, por haberse
proferido de manera incongruente y, por ello, con violación al debido proceso.

78. Examinada la demanda el señor José Pompilio Menjura solicitó que se
declarara la nulidad del oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, por medio del
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2017. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicado 41001233100020020092801.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia de 26 de octubre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01

27

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cual le negaron los intereses moratorios con ocasión del pago tardío del retroactivo
de la homologación y nivelación salarial de los empleos de la planta de cargos
administrativos de la secretaría de educación del municipio de Manizales.
Adicionalmente, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento
y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días posteriores
a su causación -1° de enero de 2003- y hasta el día que se pagó el retroactivo por
homologación y nivelación salarial, es decir, desde el 1° de febrero de 2003 y hasta
mayo de 2014, con base en el capital neto, sin incluir el valor que por concepto de
indexación salarial se le reconoció.

79. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la audiencia inicial celebrada el 22 de
mayo de 2018, al momento de fijar el litigio identificó los siguientes problemas
jurídicos a resolver:

•«¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios sobre la
liquidación del retroactivo por homologación salarial cancelado a la parte
actora?

En caso afirmativo:

•¿Deben liquidarse los intereses moratorios de acuerdo a lo peticionado por la
parte actora, esto es, a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su
causación, desde el 1° de enero de 2003 hasta el años 2011, y en adelante
hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por homologación
y nivelación salarial, mes de mayo de 2014; o conforme a otros límites
temporales? En caso positivo ¿están probados estos límites temporales?

•¿Si el pago se hizo en fecha posterior al de proferirse la resolución de
homologación, tiene derecho la demandante a que se le reconozca interese por
ese lapso o indexación, están probados los límites temporales?

•¿Cuál es la entidad llamada a responder por el pago de los intereses y/o
indexación que está reclamando la parte actora?

•¿Hay prescripción de derechos?»

80. En sentencia de primera instancia de 26 de abril de 2019, el aludido Tribunal
Administrativo de Caldas denegó las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que el demandante no tiene derecho al pago de los intereses moratorios
reclamados dada la naturaleza indemnizatoria de estos, sin que exista norma
expresa y concreta que imponga tal sanción por la extemporaneidad de la

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homologación y nivelación salarial; y sumado a ello adujo que el actor tampoco
tenía derecho a alguna indexación fuera de la reconocida, toda vez que el pago del
retroactivo por la homologación y nivelación salarial se hizo dentro del mes
siguiente a la expedición del acto administrativo que lo reconoció; también condenó
en costas a la parte demandante.

81. El fallo fue oportunamente apelado por el apoderado judicial del señor José
Pompilio Menjura, y la Subsección «A», Sección Segunda, de esta Corporación,
en sentencia de 18 de noviembre de 2020, consideró que el problema jurídico a
resolver raducaba en determinar si: «¿El señor José Pompilio Menjura tiene
derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el pago del valor del
retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de
personal administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Caldas? y si:
¿Es posible condenar a la parte demandada a pagar las costas procesales y
agencias en derecho de primera instancia?».

82. Para resolver el primer problema jurídico, el ad quem se refirió de manera
general al proceso de descentralización de la prestación del servicio público de
educación; posteriormente, analizó en detalle proceso de homologación y
nivelación de la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del
municipio de Manizales del año 2003 a 2011, para luego confirmar la decisión
denegatoria de reconocer los intereses moratorios pretendidos, previas las
siguientes consideraciones:

«(a). Por su carácter sancionatorio los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoció el derecho.

En el sub lite se impone colegir que tampoco se generó a cargo de la entidad
el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la naturaleza
eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan la castigar al
deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en la
resolución que reconoció el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no puede en consecuencia, entrar a reconocerse
los intereses moratorios.

(b). No puede concluirse que por el hecho de no haberse “pactado” el pago
de un interés moratorio, deba acudirse en subsidio a la regla que trae el

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
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artículo 1617 del Código Civil42, pues en estricto sentido no se está hablando
de un asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a su
arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las
sumas de dinero obedecieron a la homologación y nivelación que debió
realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a la
nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.

De modo que el señor JOSÉ POMPILIO MEJURA no le asiste derecho al
reconocimiento de los intereses moratorios solicitados, puesto que del
contenido de los actos administrativos a través de los cuales se reconoció el
retroactivo derivado del proceso previamente mencionado, no se estableció
nada al respecto máxime que el interesado no manifestó oposición e
inconformidad frente a estos, por lo que no es dable a través de un nuevo
procedimiento administrativo iniciado en ejercicio de una petición presentada
en interés particular pretenda recurrir lo reconocido a través de la Resolución
526 de abril 11 de 2014, en tanto no incluyó los intereses moratorios».

83. Cabe señalar que la Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de
Estado mencionó en la sentencia de 18 de noviembre de 2020 objeto de análisis,
que, en similares asuntos, la misma Sección43 consideró que no había lugar al
reconocimiento de intereses moratorios, por lo que en aquel pronunciamiento
mantenía pacífica su línea jurisprudencial.

84. Destaca la Sala que el fallo objeto del mecanismo extraordinario se pronunció
expresamente sobre los intereses moratorios solicitados y que no hubo
consideraciones adicionales o decisiones respecto de la indexación, tema que,
valga resaltarlo, no era objeto de la controversia litigiosa planteada en la demanda.

85. Respecto del segundo problema jurídico asociado con la condena en costas a la
parte actora en la primera instancia, la Sala se abstendrá de pronunciarse toda vez
que este tema no fue objeto del presente recurso extraordinario de revisión.

42
ARTÍCULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar una
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1ª) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los
intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el
cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual […]»
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de
2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01 (2624-2019): (ii) Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 660012333000-2016-00565-01 (4947-2018); (iii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de marzo de 2018, C.P. William Hernández
Gómez, número de radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01 (3484-2015)

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87. Significa lo anterior que la Subsección «A», de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, en su ejercicio hermenéutico profirió la sentencia de alzada con
la competencia que le otorgó el apelante único para pronunciarse sobre lo que le
era desfavorable, frente a lo cual realizó el análisis de la normativa aplicable y
criterios jurisprudenciales pertinentes sobre: i) la procedencia o no del
reconocimiento de los intereses moratorios en el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal de la planta administrativa de la secretaría de
educación del municipio de Manizales, conforme fue planteado en la demanda, y ii)
respecto de la condena en costas en primera instancia.

88. Visto lo anterior, no se incurrió en una decisión citra petita, como fuera alegado
por señor José Pompilio Menjura, en la medida que la sentencia se pronunció sobre
todo lo planteado por las partes en el litigio, pues no se omitió ningún aspecto de
los que fueron planteados en la demanda acorde con los hechos y las pretensiones
de la misma ni en el recurso de apelación.

89. Cosa distinta es que el recurrente disienta de la decisión que no le fue favorable
a sus pretensiones -como lo aduce en gran parte argumentativa de la demanda del
recurso extraordinario- y que utilice este mecanismo extraordinario para insistir en
sus planteamientos de oposición, reabrir el debate y controvertir la tesis jurídica
adoptada por el juez natural del asunto; lo que, valga resaltarlo, desvirtúa la
naturaleza de este instrumento excepcional, no se adecúa a los presupuestos que
legal y jurisprudencialmente se le han dado a la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA, y escapa al objeto del recurso extraordinario de revisión.

90. Al respecto, cabe traer a colación el pronunciamiento de esta Corporación,
según el cual: «[…] los eventos de nulidad originada en la sentencia, que ha
desarrollado el Consejo de Estado para definir la causal, son de aplicación
restrictiva y no admiten interpretación o aplicación extensiva a otros supuestos»44,
por lo que «No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia,
motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se
aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en
que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal […]»45.
44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia de 13 de julio de 2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00072-00 (66086) REV.
45
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P Mauricio Fajardo
Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
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91.A manera de corolario, la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2020 por la
Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue proferida de
manera congruente con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda,
motivo por el cual no se le vulneró el debido proceso al señor José Pompilio
Menjura.

92. Cabe señalar que similares conclusiones ha tenido esta Corporación en sus
otras Salas Especiales de Decisión46, en la que ha examinado casos de idéntica
situación fáctica y que, en general, determinaron que las consideraciones de las
sentencias examinadas, en cada caso, se enmarcaron dentro de las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el
acervo probatorio debatido en el mismo, sin que se observara pronunciamiento
alguno que no guardara relación con el objeto del litigio o con los reparos concretos
formulados en los respectivos recursos de apelación, quedando así desvirtuada la
vulneración al principio de congruencia.

III.6. Conclusión

93. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que no se configura la causal de
procedencia adjetiva del recurso extraordinario de revisión alegada en el caso
concreto, esto es, la nulidad originada en la sentencia, pues la sentencia no se
profirió de manera incongruente ni citra petita.

III.7. De la condena en costas

94. Las costas procesales se definen47 como la «erogación económica que debe
asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las
i) expensas48 y las ii) agencias en derecho49».

46
Ver del Consejo de Estado: (i) Sala 8 Especial de Decisión. Sentencia de 6 de junio de 2022. C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón. Radicado: 11001-03-15-000-2022-03730-00; (ii) Sala 3 Especial de Decisión. Sentencias de 29 de junio de 2022 y 3
de agosto de 2022. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Radicados: 11001-03-150-000-2022-00721-00 y 11001-03-15-000-
2021-11463-00 respectivamente; y (iii) Sala 15 Especial de Decisión. Sentencias de 23 de septiembre de 2022 y 24 de octubre
de 2022. C. P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicados: 11001-03-15-000-2022-02420-00 y 11001-03-15-000-2022-04663-
00 respectivamente.
47
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate.
48
«73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de copias, publicaciones,
impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias
fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos”.
49
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida con
la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre
propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.»

32

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

95. Para el caso en estudio, en el recurso extraordinario de revisión el artículo 255
del CPACA50 en su inciso final prevée que cuando «[…] se declare infundado [el
recurso] se condenará en costas».

96. Cabe señalar que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos
de la fijación de las costas51, se aplica el criterio objetivo valorativo52, lo que exige
que la autoridad judicial revise, en cada caso concreto, si las mismas efectivamente
se causaron, bajo la premisa consistente en que solo habrá lugar al reconocimiento
de expensas y agencias en derecho en la medida de su causación, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 365 del CGP53.

97. Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código General del
Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, contentivo de las tarifas de
agencias en derecho expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de
acuerdo con las actuaciones procesales realizadas, no encuentra que se hubieren
causado expensas pero si considera que se deben reconocer agencias en derecho
en la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, en favor del Ministerio de Educación Nacional, y en igual cuantía en
favor de la Alcaldía municipal de Manizales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado, doctor William Hernández Gómez, al encontrarse configurada la causal
de que trata el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso – CGP.

50
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
51
Con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que modificó el CPACA.
52
El criterio que se aplicaba en vigencia del Código Contencioso Administrativo era el subjetivo, que estaba atada a la prueba
del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad durante el proceso; en este sentido, se puede consultar la del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la sentencia de 28 de febrero de 2020 con radicado 19001-23-33-000-
2017-00086-01(2445-18), C.P. William Hernández Gómez.
53
CGP. «Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación […]».

33

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00372-00
Demandante: José Pompilo Menjura
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto a través de apoderado judicial por el señor JOSÉ POMPILIO MEJURA
en contra de la sentencia de 18 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección
«A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2016-00997-
01, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, en los términos y
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcialmente

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados de la Sala Veinte Especial de
Decisión del Consejo de Estado en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. P (6)

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