Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00459-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
IMPROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron los recursos judiciales
ordinarios / TERCERA INSTANCIA- la parte actora pretende reabrir un debate ya
surtido y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido en
el proceso.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro de la acción de tutela formulada por las señoras Mary Judith Jaime de
González y María Vibiana Caballero contra el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
Por tratarse de una tutela contra las mismas providencias judiciales, las cuales
comparten supuestos fácticos, esta Sala abordará el análisis de los fundamentos
de hecho de forma conjunta, así:
1.- El 19 de junio de 2012, la señora Mary Judith Jaime de González en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad
de la Resolución 230 del 15 de marzo de 2010, por medio de la cual se negó
temporalmente el reconocimiento de la sustitución de la pensión de jubilación
solicitada por la actora y otras2, hasta cuando la justicia ordinaria decidiera quién
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
María Vibiana Caballero (como presunta compañera permanente) y Yenny Soltimar González
(como hija extramatrimonial).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
poseía el derecho pensional, así como el acto administrativo negativo presunto,
fundado en el silencio administrativo de la demandada frente al recurso de
reposición interpuesto contra la resolución antes citada y, a modo de
restablecimiento del derecho, entre otros, se ordenara el reconocimiento y pago
de la sustitución de pensión ordinaria de jubilación de su fallecido cónyuge Jorge
Jesús González Cáceres.
1.1.- El asunto en primera instancia le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, despacho que, por auto
de 23 de noviembre de 2012, admitió la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho antes señalada y, por proveído de 9 de mayo de 2013 vinculó al
proceso a la señora María Vibiana Caballero, quien propuso las excepciones de
“la demandante señora Mary Judith Jaime no cumple con los requisitos
establecidos en la ley para ser beneficiaria de la sustitución pensional”,
“inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido”, “mala fe de la
demandante” y “falta de legitimación en la causa para demandar” y, a su vez,
demandó en reconvención. Posteriormente, el conocimiento del caso pasó al
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, despacho que, por auto de
10 de octubre de 2017 vinculó a Jenny Soltimar González García quien propuso
la excepción de “inexistencia de la obligación”; lo anterior, toda vez que aquella
también había solicitado el derecho pensional.
1.2.- Surtido todo el trámite de ley, el Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Ibagué el 31 de marzo de 2020 emitió fallo, en el cual declaró probadas las
excepciones propuestas por la señora María Vibiana Caballero, denominadas “la
demandante señora Mary Judith Jaime no cumple con los requisitos establecidos
en la ley para ser beneficiaria de la sustitución pensional”, “inexistencia de la
obligación y “cobro de lo no debido” y la de Jenny Soltimar González García, que
denominó “inexistencia de la obligación”; al tiempo de negar las pretensiones de
la demanda inicial y la de reconvención, al considerar que ni la señora Mary
Judith Jaime de González ni María Vibiana Caballero lograron probar la
convivencia con el señor Jorge Jesús González Cáceres durante los últimos
cinco años de vida.
1.3.- Inconforme con la anterior decisión, la señora María Vibiana Caballero en
calidad de demandante de la demanda de reconvención, interpuso recurso de
apelación solicitando fuera revocado el numeral segundo de la sentencia de
primera instancia -que negó las pretensiones de la demanda principal y de
reconvención- y, en consecuencia, se ordenara a su favor el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional del causante Jorge Jesús González Cáceres.
Estimó, en resumen, que el material probatorio había sido mal valorado por el A
quo3.
3
La señora Mary Judith de González en los hechos de la tutela afirma que fue ella quien presentó
recurso de apelación.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
1.4.- El asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Tolima, corporación que,
mediante fallo de 9 de septiembre de 20214confirmó en su totalidad el fallo de
primera instancia y, consideró, en síntesis, que en el caso en estudio no encontró
que se haya incurrido en un defecto fáctico, toda vez que dentro del margen de
valoración probatoria y de los principios de la sana crítica y autonomía judicial de
la que goza el juez, el cuerpo colegiado valoró las pruebas obrantes en el
proceso, las cuales permitieron deducir que no se vislumbró la convivencia
permanente e ininterrumpida entre los señores María Vibiana Caballero y Jorge
Jesús González Cáceres (q.e.p.d) durante los últimos años al fallecimiento del
causante, por lo que concluyó que no se advirtió una valoración probatoria
irrazonable por parte del A quo.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00
2.- El 17 de enero de 2022, la señora Mary Judith Jaime de González, interpuso
demanda de tutela contra el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué
y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, seguridad social,
vida digna y mínimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas, al proferir los fallos de 31 de marzo de 2020 y 9 de
septiembre de 2021, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (rad. 73001-33 -31- 701-2012-00237-01) que
promovió contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.1- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenida se
contraen a lo siguiente:
<<…se declare la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas
por el JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ el 31 de
marzo de 2020 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA el 9 de septiembre de
2021, por haberse proferido con vicios de INCONGRUENCIA, DEFECTOS
SUSTANCIALES Y DEFECTO MATERIALES en consecuencia, se ordene al
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el trámite del reconocimiento y pago
de la sustitución de la pensión ordinario de mi esposo JORGE JESUS GONZALEZ
CACERES a mi nombre…>>5.
2.2.- Como fundamento de derecho de las pretensiones6, la tutelante indicó que
en la sentencia de primera instancia hubo violación al principio de congruencia,
toda vez que el juez no resolvió las pretensiones de la demanda, relacionadas
con la nulidad de la Resolución 230 de 2010 y el acto ficto o presunto, pues solo
resolvió lo relacionado con las excepciones propuestas por la señora Vibiana
Caballero.
4
Notificado el 14 de septiembre de 2021, según la información sustraída del expediente allegado
en préstamo.
5
Expediente digital, folio 1 del escrito de demanda.
6
Folios 3 a 8 del escrito de tutela.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.3.- Así mismo, señaló que en el fallo se le da a la señora Caballero la condición
de “demandada principal”, cuando era una tercera interviniente, pues la única
demandada era la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien era la legitimada para proponer
excepciones. Por lo anterior, consideró que hubo una “clara usurpación por parte
de la tercera interviniente, a los derechos procesales de la parte demandada”, y
se evidenció una confusión de roles de las partes involucradas en el litigio.
2.4.- Por otra parte, adujo que hubo un defecto sustantivo en las sentencias de
primera y segunda instancia al seleccionar las normas aplicables al caso.
2.5.- Posteriormente, manifestó que el fallo de primera instancia omitió las
normas que conforman el bloque legal pensional exceptuado de los docentes,
establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, aplicando de forma errada
el artículo 47 de la misma codificación. Añadió que, en su caso, como el señor
González Cáceres falleció en el 2005 y el régimen exceptuado de la seguridad
social de los docentes se prorrogó hasta el 31 de julio de 2010, estaban vigentes
y eran aplicables la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988, el Decreto 1160 de 1989,
la Ley 91 de 1989, la Ley 54 de 1980 y el Decreto 2820 de 1974.
2.6.- Consecutivamente citó el parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 1 de
2005 y los artículos 7 y 6, numeral 1 del Decreto 1160 de 1989, e indicó que,
según este último, la sustitución de la pensión de sobrevivientes en primer lugar
le corresponde a la cónyuge, y sólo a falta de esta, a la compañera permanente.
2.7.- Además, indicó que el fallo impugnado incurrió en “defecto material o
fáctico”, toda vez que, al incurrir en el defecto antes descrito, también afectó la
idoneidad, conducencia y eficacia de la prueba, por no ser valorada a la luz de
las normas vigentes para conceder el derecho a la señora Mary Judith. A su
sentir, el fallo incurrió en los siguientes errores: i) enfocar la decisión en las
excepciones propuestas por la tercera interviniente como si tuviera la calidad de
demandada, ii) fallar sin otorgarle ningún mérito a los documentos allegados en
la demanda como medios probatorios y, iii) negarle el valor de plena prueba a los
supuestos de hecho que la norma aplicable exige para otorga el derecho a la
demandante -transcribió las pruebas por ella allegadas al proceso-.
2.8.- Por otra parte, hizo referencia al fallo de segunda instancia, para lo cual
indicó que aquel también había cometido los mismos defectos de la sentencia del
A quo, pues incurrió en incongruencia “al negar el pronunciamiento sobre los
planteamientos de la apelación y negarse a corregir los yerros de la sentencia de
primera instancia”; así mismo, al tener a la señora Vibiana Caballero como
“demandante”, así como el A quo la tuvo como “demandada principal”, cuando
no lo era, pues la demandante era Mary Judith Jaime y la demandada era la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; razón por la cual considera visible la incoherencia entre
las sentencias de las dos instancias.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00
3.- El 4 de febrero de 2022, la señora María Vibiana Caballero, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, con
el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, vida digna, mínimo vital y
seguridad social, así como los principios de congruencia, convencionalidad, del
derecho sustancial sobre el formal, non bis in idem, inquisitivo y seguridad
jurídica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al
proferir los fallos de 31 de marzo de 2020 y 9 de septiembre de 2021,
respectivamente, pero, únicamente en la parte donde negaron las pretensiones
de la demanda en reconvención por ella formulada y no condenaron en costas a
la contraparte, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (rad.
73001-33 -31- 701-2012-00237-01) que promovió la señora Mary Judith Jaime
de González contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio. En dicho proceso, la señora María Vibiana
Caballero fue vinculada como tercera e interpuso demanda de reconvención.
3.1.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenida se
contraen a lo siguiente:
<<En consecuencia se solicita que para la protección de los derechos de mi cliente, se
retire del ordenamiento jurídico dicha sentencia lesiva, y se le ordene al Tribunal
Administrativo del Tolima, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la sentencia, deje sin efecto la sentencia de 9 de septiembre
de 2021, y proceda a emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo precisado
en antelación, accediendo am las pretensiones de la demanda de reconvención y
condenando en costas a la contraparte>>7.
3.2- Como fundamento de derecho de las pretensiones8, la tutelante indicó que
el juez de segunda instancia vulneró los principios del apelante único,
congruencia y no reformatio in pejus, que generó un defecto fáctico y un error de
hecho, al no tener en cuenta que las demás partes o contrapartes del juicio no
apelaron la sentencia, por tanto, no podía confirmar el fallo de primera instancia
en su integridad y debió limitar su examen únicamente a los planteamientos del
apelante único, y no analizar las consideraciones, motivaciones y pruebas de
todo el proceso, involucrando la demanda principal. Así mismo, expuso que la
conducta omisiva de las partes de no contestar la demanda ni apelar la sentencia
de primera instancia debió ser analizada por los jueces de instancia como un
indicio grave con su contra, por lo que al no hacerlo dejó en letra muerta el artículo
97 del C.G.P.
7
Expediente digital, folio 86 del escrito de demanda.
8
Folios 21 a 85 del escrito de tutela.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.3.- Por otra parte, adujo que los jueces de instancia incurrieron en un defecto
fáctico por el análisis realizado de las pruebas documentales allegadas al
proceso y no decretar pruebas de oficio.
3.3.1.- Específicamente señaló la indebida valoración probatoria de: i) la
Resolución 230 del 15 de marzo de 2010, por medio de la cual se negó
temporalmente el reconocimiento de la sustitución pensional a la demandante
principal Mary judith Jaime, ii) copia de la sentencia de fecha 30 de septiembre
de 2010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué,
por la cual se le reconoció a la señora María Vibiana Caballero la sustitución de
la pensión gracia, iii) la certificación de 5 de noviembre de 2005, expedida por
Los Olivos, de un seguro fúnebre del cual era una de las beneficiarias, iv) la
certificación de 4 de noviembre de 2021, expedida por Servicios Exequiales
S.A.S., donde se certifica un contrato de previsión exequial de funerales casa
sagrada No.6103, Código No.0563, en el que aparece como titular el señor Jorge
Jesús González y como beneficiarios, entre otros, la señora Vibiana Caballero,
en calidad de compañera del titular, v) fotografías aportadas, vi) el carnet del
seguro Creasalud Ltda. donde la señora Vibiana se menciona como esposa del
de cujus y es válido hasta 31 de diciembre de 1999, carné que sí demuestra el
vínculo y, vii) por no decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos sobre
los cuales tenía alguna duda. Consecuentemente, expuso que las pruebas
allegadas no fueron controvertidas o tachadas, por lo que gozan de veracidad.
3.2.- Del mismo modo, señaló que se incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración de las pruebas testimoniales, pues adujo que el juez incurrió en un
“yerro de hecho” al desconocerle la credibilidad e imparcialidad a un gran número
de testimonios aportados por ella, y poner en boca de algunas “lo que nunca
dijeron”; igualmente, indicó que tampoco apreció los testimonios vertidos en el
proceso adelantado ante el Juzgado 6 Administrativo de Ibagué, presentándose
“ausencia de valoración por falta de coherencia, como error de derecho por
ausencia de apreciación conjunta de las pruebas”.
3.2.1.- Agregó que también incurrió en errores de hecho al momento de apreciar
las declaraciones de los testigos presentados por la demandante principal Mary
Judith, dándole credibilidad, pese a no ser coherentes y ser testigos de oídas,
prefiriendo un grupo minoritario de testigos frente al grupo mayoritario
presentados por la parte demandante en reconvención. Además, que el juez
indica que existe contradicción entre los testimonios, pero “no hay tal
contradicción y por el contrario el juzgador de segunda instancia hacer ver y
decirlo que los testigos no dicen ni vieron” -de manera in extenso indicó lo que su
juicio dan fe los testimonios-.
3.2.2.- Posteriormente, cuestionó el valor que el juez le dio al testimonio de la
señora Clementina García Castillo, pues “está claro que le tiene y tenía celos y
rabia a la señora María Vibiana Caballero dado que fue esta quien le impidió vivir
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
con el señor González” y María Inés Orjuela Prada, por ser una testigo de oídas,
además, estos no pudieron ser controvertidos.
3.3.- Por otra parte, manifestó que hay otras pruebas que el tribunal accionado
omitió tener en cuenta, las cuales hubieran llevado a una decisión totalmente
diferente: i) Declaración extra juicio rendida por el señor Jairo Humberto
Rodríguez Garay, ii) Declaración extra juicio realizada por la señora Ligia
Velásquez De Bautista, iii) Declaración rendida ante la Unidad Local de Fiscalías
de Icononzo Tolima por la señora Ligia Velásquez, iv) Declaración rendida ante
la Unidad Local De Fiscalías De Icononzo Tolima por el señor Dafly Enrique
Perea Garces, v) Declaración rendida por el señor Dafly Enrique Perea Garces,
ante el Juzgado Promiscuo Municipal De Icononzo, vi) Declaración rendida ante
la Unidad Local De Fiscalías De Icononzo Tolima por el señor Ramon Lisandro
Pulido Hidrobo, vii) Declaración rendida ante la Unidad Local De Fiscalías De
Icononzo Tolima por la señora Yaile Sierra Pinto, viii), Declaración rendida ante
la Unidad Local De Fiscalías De Icononzo Tolima por el señor Alfonso Aldana
Martínez, ix) Declaración rendida ante la Fiscalía Quince Delegada Ante Los
Jueces Penales Del Circuito de Bucaramanga por la señora Doris Hernández
Tarazona, x) declaraciones extrajuicio rendidas por los tres hijos del causante
señor Jorge Jesús González, xi) Declaraciones extrajuicio rendidas por Ramon
Lisandro Pulido Idrobo, Alfonso Aldana Martínez, Yaile Sierra Pinto y Dafly
Enrique Perea Garces, xii) testimonio de los señores Marlene Aldana Bautista y
Alonso Cupitre Cruz, xiii) el texto que aparecía en los carteles que se publicaron
invitando a las exequias del señor González y, xiv) la providencia del Fiscal 22
Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Ibagué.
3.4.- Finalmente, la recurrente expresó que cumple con los requisitos
consagrados en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó los artículos
46 y 47 de la Ley 100 de 1993, donde lo único que se exige es la convivencia con
el fallecido no menos de 5 años con anterioridad a su muerte.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00
4.- La tutela interpuesta por la señora Mary Judith Jaime de González fue
repartida al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral,
corporación que por auto de 17 de enero de 2022 lo remitió al Consejo de Estado
por falta de competencia.
4.1.- Posteriormente, este despacho sustanciador, por auto de 24 de enero de
2022, dispuso admitir la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00 y
notificar a las autoridades demandadas, al tiempo que vincular a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a las señoras María Viviana Caballero y Jenny Soltimar González
García como tercero interesado en las resultas del proceso, “para que se
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
pronunciaran en relación con los hechos contenidos en la solicitud de amparo y
ejercieran los derechos de contradicción y defensa”9.
4.2. Igualmente, allí se requirió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Ibagué para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
número 73001-33 -31- 701-2012-00237-00.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00
5.- Por su parte, la tutela presentada por la señora María Vibiana Caballero fue
asignado al Despacho de la Magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, bajo el
radicado 11001-03-15-000-2022-00945-00, quien, mediante auto de 15 de
febrero de 2022 ordenó remitir el asunto a este Despacho, con el fin de que se
estudiara una posible acumulación a la tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00.
5.1.- El Despacho sustanciador, por auto de 4 de marzo de 2022 10ordenó
acumular la acción de tutela promovida por la señora María Vibiana Caballero
(11001-03-15-000-2022-00945-00) a este proceso (11001-03-15-000-2022-
00459-00) y, por auto de 8 de marzo de 202211, dispuso admitir la acción de tutela
y notificar a las autoridades demandadas, al tiempo que vincular a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, así como a las señoras Mary Judith Jaime de González y Jenny
Soltimar González García como terceras interesadas en las resultas del proceso,
“para que se pronunciaran en relación con los hechos contenidos en la solicitud
de amparo y ejercieran los derechos de contradicción y defensa”.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00
(i) Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué12
6.- Frente a la violación del principio de congruencia, explicó que, de la lectura
del fallo acusado, se puede observar claramente que resolvió negar las
pretensiones de la demanda incoadas por la señora Mary Judith Jaime,
significando tal decisión, que los actos acusados no revestían de nulidad alguna,
motivo por el cual tampoco procedía el restablecimiento del derecho.
6.1.- Por otra parte, explicó que, mediante auto de 9 de mayo de 2013, proferido
por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué,
quien conocía el proceso para ese momento, dispuso la vinculación de la señora
María Vibiana Caballero, argumentando para ello, que dicha señora también
había presentó reclamación administrativa solicitando la sustitución pensional del
9
Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído, notificado el 27 de enero y 1 de febrero de
2022.
10
Notificado el 14 de marzo de 2022.
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Notificado el 14 de marzo de 2022.
12
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviada el 31 de enero de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
causante, teniendo a la mencionada señora como demandada desde ese
momento procesal. Agregó que, aunque la señora María Vibiana actuara como
tercera vinculada, ello no era óbice para que no pudiera ejercer su derecho de
defensa y contradicción, como lo pretende la tutelante al dar a entender que no
podía incoar excepciones previas y de fondo, pues contrariaría el artículo 83 del
C.P.C, norma aplicable al caso.
6.2.- Por último, explicó que al expresar “demandada principal” no se estaba
excluyendo a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales, por el contrario, se refería a la demanda principal, pues la
señora María Vibiana había presentado demanda de reconvención.
6.3.- Respecto del defecto sustantivo, señaló que, tal como se indicó en la
sentencia estudiada, la norma aplicable al caso era el artículo 47 de la Ley 100
de 1933 modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, de la cual, las
señoras Mary Judith Jaime y María Vibiana Caballero no lograron acreditar los
requisitos allí determinados. Así mismo, destacó que, si la ahora accionante no
estaba conforme con la decisión allí determinada, debió hacer uso del recurso de
apelación, situación que no aconteció, pues quien recurrió la providencia fue
únicamente la señora Caballero.
6.4.- Frente al defecto fáctico, después de citar la valoración probatoria realizada
en la sentencia acusada, sostuvo que es claro que de las pruebas aportadas por
la señora Mary Judith Jaime no se logró acreditar su convivencia con el causante,
en no menos de cinco años en cualquier tiempo, destacando que en la
providencia se estudiaron todas las pruebas allegadas por esta parte, las cuales
se valoraron conforme a la norma aplicable al caso.
(ii) Fiduprevisora S.A., quien actúa en calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio13.
7.- Solicitó que se desvinculara del presente asunto por falta de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que la entidad no tiene injerencia alguna en lo
pretendido por la parte actora.
7.1.- Por otra parte, solicitó declarar improcedente para presente acción, toda vez
que no existe vulneración de algún derecho fundamental, por cuanto las
entidades actuaron conforme a la normatividad establecida, sin que se pueda
aducir que el juez de segunda instancia haya desconocido entre otros, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.
(iii) María Vibiana Caballero14
13
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviada el 28 de enero de 2022.
14
Expediente digital, intervención contenida en 9 folios, enviada el 4 de febrero de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- Primero se refirió a cada uno de los hechos de la demanda e indicó si los
mismos eran ciertos, parcialmente ciertos o falsos.
8.1.- Así mismo, expuso que es falso que la accionante señora María Judith
Jaime haya interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, pues la señora Vibiana Caballero fue única apelante, tal como se puede
verificar en la página de consulta de procesos del Consejo Superior de la
Judicatura; pues la apoderada de la señora María Judith no interpuso recurso
alguno, guardó silencio y aceptó la decisión, razón por la cual considera que no
puede pretender que a través de la presente acción se le reconozca el derecho,
por lo que adujo se le debe negar el mismo, por carecer del requisito de
subsidiariedad.
8.2.- Así las cosas, indicó que se opone a la prosperidad de la acción, toda vez
que la parte actora dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios con los
que contaba, y tampoco da razón alguna para indicar porqué se abstuvo en su
momento de interponer los mimos.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00
(i) Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué15.
9.- Indicó que la accionante adujo en su escrito de tutela que tanto el ad-quem
como el a-quo no valoraron en debida forma las probanzas arrimadas dentro del
proceso como son las fotos aportadas en la demanda de reconvención, el
certificado del seguro exequial, el carnet de seguro, la sentencia proferida dentro
del proceso 2007-00225 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué mediante el cual se concedió la sustitución pensional de gracia a la señora
María Vibiana Caballero y los testimonios y declaraciones extrajuicio que dan
prueba que convivía con el señor Jorge Jesús González Cáceres al momento de
su deceso. No obstante, manifestó que el Juzgado analizó conforme al principio
de la sana crítica, todas las pruebas arrimadas al expediente, no probándose que
la señora María Vibiana Caballero hubiese vivido con el causante hasta la fecha
de su muerte, quedando desvirtuado así, un posible defecto fáctico como alega
la actora constitucional.
9.1.- Igualmente, destacó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
tiene carácter rogado y que conforme al artículo 167 del Código General del
Proceso, son las partes quienes tiene la carga de la prueba, motivo por el cual
era deber de la accionante aportar las pruebas necesarias que hubiesen
acreditado su convivencia con el causante hasta la fecha de su muerte, y no
fundamentar o excusar su falta de material probatorio en la facultad que reviste
al operador judicial de decretar pruebas de oficio.
15
Expediente digital, intervención contenida en 6 folios, enviada el 15 de marzo de 2022.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.2.- Por otro lado, recordó que la acción de tutela no debe actuar como una
tercera instancia judicial que reviva términos, interpretaciones o valoraciones
probatorias, como es el caso, pues son facultades propias del Juez natural. En
ese orden de ideas, el despacho señaló que para emitir la decisión de fondo en
el caso objeto de estudio, fueron estudiadas todas las probanzas arrimadas al
expediente en armonía con las pretensiones incoadas con el libelo introductorio,
por tanto, solicitó se deniegue el amparo.
Remisión del expediente digital del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
10.- El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué se sirvió allegar al
presente trámite el expediente digital radicado con el número 73001-33 -31- 701-
2012-00237-00, contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que adelantó la señora Mary Judith Jaime contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y María
Vibiana Caballero.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales16.
11.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala
Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo
de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción
es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de
los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior17.
11.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes18:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
11.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones
legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos
fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que,
en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un
derecho constitucional19. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una
determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar
por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación
clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con
el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales
invocados.
11.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional20 y, en ese sentido,
evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad21;
(ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
19
Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
20
Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la
decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en
el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como
juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial
al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia”.
21
Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones
distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos
en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha
reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o
reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes
o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009,
T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012,
T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales 22;
e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales23.
11.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por
la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales24: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
11.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional
al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una
providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar
el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de
respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la
autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar
al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación
detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden
legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a
asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos
fundamentales en los trámites judiciales”25.
11.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una
vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos,
22
Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez
constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario
en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata
es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición
de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones
de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.
23
En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
24
Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de
vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de
2005 de la Corte Constitucional.
25
Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente
formulados por el interesado26.
D. Análisis del caso concreto
Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00
12.- En esta oportunidad le corresponde a la Sala verificar si los hechos que se
alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, particularmente, si cumple el
requisito de subsidiariedad. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar
el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal
Administrativo del Tolima incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante, y si se justifica la adopción de
medidas de protección frente a los mismos.
13.- Al respecto, se advierte que en virtud de su carácter subsidiario, la acción de
tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se
impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
13.1.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8627 de la Constitución Política
y el numeral 1 del artículo 628 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como
causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de
defensa para la protección de los derechos invocados.
26
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de
7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01;
sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre
otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de
2016.
27
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
(se destaca).
28
“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante (…)”
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.2.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela,
el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a
su disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
13.3.- No obstante, en los casos en que concurran otros medios de defensa, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido
agotados, a saber:
<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio>>29.
13.4.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de
ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende,
es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre
que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo
de derechos fundamentales.
13.5.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es
inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv)
que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los
hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales”30.
14.- En el caso objeto de estudio, la parte actora aduce la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, seguridad social,
vida digna y mínimo vital por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, al
proferir el fallo de 9 de setiembre de 2021, por cuanto en dicha providencia la
referida autoridad judicial vulneró el principio de congruencia “al negar el
pronunciamiento sobre los planteamientos de la apelación y negarse a corregir
los yerros de la sentencia de primera instancia”, así como tener a la señora María
29
Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Vibiana Caballero como “demandante”, cuando no lo era, y en un defecto
sustantivo al momento de seleccionar las normas aplicables al caso 31.
14.1.- No obstante, de la revisión completa del asunto, junto con el material
probatorio allegado, la Sala observa que la parte actora no interpuso, en su
momento, los recursos de Ley que tenía a su alcance, específicamente el recurso
de apelación, contra el fallo de primera instancia de 31 de marzo de 2021,
proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el
cual se declararon probadas las excepciones propuestas por María Vibiana
Caballero (demandante en reconvención y vinculada) y Jenny Soltimar González
García (vinculada), al tiempo de negar las pretensiones de la demanda inicial y
la de reconvención, por considerar que ni la señora Mary Judith Jaime de
González ni María Vibiana Caballero lograron probar la convivencia con el señor
Jorge Jesús González Cáceres durante sus últimos cinco años de vida.
14.2.- Sobre el particular, el artículo 243 de la Ley 1437 de 201132 señala:
<<ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia
y los siguientes autos proferidos en la misma instancia…>> (resaltado fuera del texto
original).
14.3.- Además, se advierte que la anterior providencia únicamente fue apelada
por la señora María Vibiana Caballero (demandante en reconvención y
vinculada), y el Tribunal Administrativo del Tolima se ciñó a los temas apelados
por dicha parte33. Igualmente, para esta Sala es claro que la parte actora está
exhibiendo en sede de tutela las inconformidades que no presentó dentro del
proceso ordinario, particularmente las relacionadas con el fallo de primera
instancia; pues de la lectura del escrito de tutela, se ve con claridad que casi
todos los argumentos van dirigidos contra el fallo proferido por el A quo el 31 de
marzo de 2020.
14.4.- Por lo anterior, ante la omisión de presentar el recurso ordinario de
apelación previsto en el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión
respecto de la cual ahora alega la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, defensa, seguridad social, vida digna y mínimo vital, la
presente acción se torna improcedente, comoquiera que la acción de tutela no
puede sustituir ni revivir etapas procesales, así como tampoco se puede utilizar
como mecanismo para subsanar yerros cometidos dentro del proceso ordinario.
31
Se advierte que el defecto sustantivo y fáctico planteado en la presente acción se dirige
únicamente contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Ibagué.
32
Modificado por la Ley 2080 de 2021 “Por Medio De La Cual Se Reforma El Código De
Procedimiento Administrativo Y De Lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 De 2011- Y Se
Dictan Otras Disposiciones En Materia De Descongestión En Los Procesos Que Se Tramitan
Ante La Jurisdicción”.
33
Información sustraída del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
allegado en préstamo.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
14.5.- En este sentido, la Corte Constitucional, ha señalado:
<<… nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los
recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba
el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales
(artículos 29 y 31 de la Carta Política), el interesado se abstuvo de utilizar los
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela
como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el
alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el
carácter subsidiario de la acción …>>34(resaltado fuera del texto original).
15.- Aunado a lo anterior, no se avizora un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional, así sea de forma transitoria, pues la
accionante ni siquiera hizo manifestación alguna al respecto y sin duda el aspecto
que se trae a consideración a esta judicatura está desprovisto de toda
connotación y relevancia constitucional, máxime cuando el asunto pudo ser
cuestionado a través de los mecanismo judiciales ordinarios, pero por impericia
de la ahora accionante aquello no ocurrió. En consecuencia, al no cumplirse el
requisito de subsidiariedad esta Sala declarará improcedente el amparo
solicitado.
16.- En virtud de lo anterior, la solicitud de amparo presentada por la señora Mary
Judith Jaime de González se torna improcedente por la ausencia del antedicho
requisito general.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00
17.- En lo que sigue, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos que se
alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si
cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito
de establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en el yerro o
defecto endilgado al fallo de 9 de septiembre de 2021 y si se justifica la adopción
de medidas de protección frente a los mismos.
Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
18.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con
dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber35:
34
Corte Constitucional, sentencias C-543 de 1992, T-469 de 2000, T-018 de 2017, entre otras.
35
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que
revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien
promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez,
encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental
fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este
caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión,
asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en
que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la
medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga
frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el
anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía
para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún
raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve
favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza
constitucional de la decisión judicial.
19.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y el escrito de
apelación que presentó la ahora accionante contra el fallo de 31 de marzo de
2020 proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, se
advierte que esta acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y
continuar con el debate que se surtió en el proceso ordinario para que se acceda
a las pretensiones de la demanda en reconvención, cuando lo cierto es que el
mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una
tercera instancia.
19.1- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues en la presente acción
planteó los mismos argumentos que expuso en el recurso de apelación
formulado contra el fallo de 31 de marzo de 2020; toda vez que en el escrito de
tutela sostuvo que la parte accionada incurrió, en síntesis, en un defecto fáctico,
por cuanto no valoró o lo hizo de forma errada, las siguientes pruebas: i)
Resolución 230 del 15 de marzo de 2010, ii) copia de la sentencia de fecha 30
de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Ibagué, iii) la certificación de 5 de noviembre de 2005, expedida por
Los Olivos, iv) la certificación de 4 de noviembre de 2021, expedida por
Servicios Exequiales S.A.S., de un seguro fúnebre del cual era una de las
beneficiarias v) fotografías aportadas, vi) el carnet del seguro Creasalud Ltda,
vii) los testimonios y declaraciones extrajuicio, viii) el texto que aparecía en los
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
carteles que se publicaron invitando a las exequias del señor González y, ix) la
providencia del Fiscal 22 Unidad de Delitos contra la Administración Pública de
Ibagué.
19.2.- Así mismo, cuestionó el valor que el juez le dio al testimonio de las
señoras Clementina García Castillo y María Inés Orjuela Prada, e indicó que el
juez incurrió en un error por no decretar pruebas de oficio para esclarecer los
hechos sobre los cuales tenía alguna duda.
19.3.- Así, en el recurso de apelación formulado en el proceso ordinario, la parte
actora -hoy accionante en el asunto de la referencia- planteó las mismas
inconformidades. Al respecto, señaló:
<<…PRUEBAS VALORADAS ARRADAMENTE POR EL AS-QUO EN LAS CUALES
FUNDAMENTO SU NEGACION
● Declaración extra juicio rendida por el señor JAIRO HUMBERTO RODRIGUEZ
GARAY…
Es errada o mejor incompleta la manifestación realizada por el Ad-quo, ya que la toma
de manera parcial, tal y como lo demuestro a continuación, transcribiendo la
declaración realizada por el señor JAIRO HUMBERTO RODIGUEZ GARAY…
● La segunda prueba que valoró erradamente el Ad-quo, fue la declaración extra juicio
realizada por la señora LIGIA VELASQUEZ DE BAUTISTA, a la cual no le da
credibilidad cuando interpreta erradamente en la parte del caso concreto de la
sentencia la declaración extra juicio de la señora LIGIA VELASQUEZ…
Manifestación que fue ratificada por la señora LIGIA VELASQUEZ en la declaración
rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONOZO TOLIMA…
PRUBAS MENCIONADAS POR EL AD-QUO SOBRE LAS CUALES FUNDAMENTA
SU NEGACION
⮚ El extrajuicio rendido por la señora María Inés Orjuela…
⮚ La declaración de la señora CLEMENTINA GARCIA CASTILLO…
Antes de nada, debo manifestar que la señora CLEMENTINA GARCIA CASTILLO
nunca tuvo una buena relación con mi mandante MARIA VIVIANA CABALLERO,
siempre la culpó de que ella era quien le había quitado la posibilidad de tener un hogar
con el causante JORGE JESUS GONZALEZ CACERES…
Le pido al Ad-quem al resolver el presente recurso, que tenga en cuenta que ninguna
de las dos pruebas en mención es decir ni la declaración extra juicio de la señora
MARIA INÉS ORJUELA ni la declaración rendida por la señora CLEMENTINA GARCIA
CASTILLO, pudieron ser controvertidas por el suscrito apelante, situación que afecta
los derechos de mi poderdante…
PRUEBAS QUE EL AD QUO NO TUVO EN CUENTA O NO DIO POR CIERTAS A
PESAR DE SERLAS
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por el señor DAFLY ENRIQUE PEREA GARCES, prueba decretada por la FISCALIA
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
22 SECCIONAL DE IBAGUE, quien vive en el municipio de Icononzo Tolima y fue
compañero docente del causante; bajo la gravedad de juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida por el señor DAFLY ENRIQUE PEREA GARCES, ante el
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ICONONZO, prueba decretada por el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ, quien bajo la gravedad de
juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por el señor RAMON LISANDRO PULIDO HIDROBO, prueba decretada por la
FISCALIA 22 SECCIONAL DE IBAGUE, quien bajo la gravedad de juramento
manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por el señor RAMON LISANDRO PULIDO HIDROBO, prueba decretada por la
FISCALIA 22 SECCIONAL DE IBAGUE, quien bajo la gravedad de juramento
manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por la señora LIGIA VELASQUEZ DE BAUTISTA, prueba decretada por la FISCALIA
22 SECCIONAL DE IBAGUE, quien bajo la gravedad de juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por el señor ALFONSO ALDANA MARTINEZ, prueba decretada por la FISCALIA 22
SECCIONAL DE IBAGUE, quien bajo la gravedad de juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la UNIDAD LOCAL DE FISCALIAS DE ICONONZO TOLIMA
por el señor ALFONSO ALDANA MARTINEZ, prueba decretada por la FISCALIA 22
SECCIONAL DE IBAGUE, quien bajo la gravedad de juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida ante la FISCALIA QUINCE DELEGADA ANTE LOS JUECES
PENALES DEL CIRCUITO de Bucaramanga por la señora DORIS HERNANDEZ
TARAZONA, prueba decretada por la FISCALIA 22 SECCIONAL DE IBAGUE, quien
bajo la gravedad de juramento manifestó…
⮚ DECLARACIONES EXTRAJUICIO RENDIDAS POR LOS TRES HIJOS DEL
CAUSANTE SEÑOR JORGE JESUS GONZALEZ CACERES, DE NOMBRES: JORGE
ANDRES GONZALEZ GUERRERO, PAUL RICARDO GONZALEZ GUERRERO,
DEISSY MILENA GONZALEZ HERNANDEZ, A PESAR DE QUE NO ERAN HIJOS DE
MARIA VIBIANA CABALLERO.
⮚ Declaración Extrajuicio rendida por JORGE ANDRES GONZALEZ GUERRERO, hijo
del señor JORGE JESUS GONZALEZ CACERES quien declaró ante la Notaria Primera
del Circulo de Buenaventura y bajo la gravedad del juramento manifestó…
⮚ Declaración rendida por JORGE ANDRES GONZALEZ GUERRERO, hijo del señor
JORGE JESUS GONZALEZ CACERES, quien declaró ante la Inspectora de Policía de
Icononzo Tolima y bajo la gravedad del juramento manifestó…
⮚ Declaración Extrajuicio, rendido por PAUL RICARDO GONZALEZ GUERRERO, hijo
del señor JORGE JESUS GONZALEZ CACERES, ante la Notaria Primera de Santa
Marta y bajo la gravedad del juramento manifestó…
⮚ Declaración Extrajuicio, rendido por DEISSY MILENA GONZALEZ HERNANDEZ, hija
del señor JORGE JESUS GONZALEZ CACERES, ante la Notaria Octava de
Bucaramanga y bajo la gravedad del juramento manifestó…
⮚ DECLARACIONES EXTRAJUICIO RENDIDAS POR:
● RAMON LISANDRO PULIDO IDROBO, quien bajo la gravedad ante la Notaria Única
del Circulo de Melgar, bajo la gravedad del juramento manifestó…
● ALFONSO ALDANA MARTINEZ, quien bajo la gravedad ante la Notaria Única del
Circulo de Melgar, bajo la gravedad del juramento manifestó…
● YAMILE SIERRA PINTO, quien bajo la gravedad ante la Notaria Única del Circulo de
Melgar, bajo la gravedad del juramento manifestó…
● DAFLY ENRIQUE PEREA GARCES, quien bajo la gravedad ante la Notaria Única del
Circulo de Melgar, bajo la gravedad del juramento manifestó…
● El testimonio de los señores MARLEME ALDANA BAUTISTA y ALONSO CUPITRE
CRUZ, los cuales fueron decretados por el Ad-quo y comisonado y recepcionado por
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00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el Juzgado Promiscuo Municipal de Icononzo; bajo la gravedad de juramento
manifestaron que…
● QUE LA SEÑORA MARIA VIBIANA ERA LA BENEFICIARIA EN SALUD DEL SEÑOR
JORGE JESUS GONZALEZ CACERES…
● QUE EL SEÑOR JORGE JESUS GONZALEZ CACERES ASEGURO COMO
CONYUGE Y BENEFICIARIA A LA SEÑORA MARIA VIBIANA CABALLERO.
El señor JORGE JESUS GONZALEZ CACERES (q.e.p.d.), adquirió ante LOS OLIVOS
un seguro de exequias, en donde afilió como cónyuge y beneficiaria a la señora MARIA
VIBIANA CABALLERO, copia de la afiliación que se allegó como prueba.
● EXEQUIAS DEL SEÑOR JORGE JESUS GONZALEZ CACERES
En los carteles que se publicaron invitando a las exequias del señor GONZALEZ,
aparece el siguiente texto…
● SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE
IBAGUE Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho No. 2007 - 225 de MARIA
VIBIANA CABALLERO contra CAJANAL y MARY JUDITH JAIME MARTINEZ…
● PROVIDENCIA FISCAL 22 UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE IBAGUÉ…
Mi mandante cumple con los requisitos consagrados en el artículo 13 de la Ley 979 de
2003 que modificó los artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, donde el único requisito
que se exige es la convivencia con el fallecido no menos de cinco (5) años con
anterioridad a su muerte. Condición que la señora MARIA VIBIANA CABALLERO
cumple a cabalidad, tal y como se probó dentro de la presente acción…>>.
21.4.- Los anteriores aspectos fueron resueltos por el Tribunal accionado, en el
fallo de 9 de septiembre de 2021. Por interesar a esta causa, la Sala traerá a
colación el análisis allí efectuado:
<<…Del caso concreto
En el caso sometido a consideración de la Sala de decisión, la señora María Judith
Jaime de González a través de apoderado judicial presentó demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, para que se declarara la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio No. 230 del 15 de marzo de 2010, por medio del cual se negó
temporalmente el reconocimiento de la sustitución pensional por ella solicitado, hasta
cuando la justicia ordinaria decida quién tiene la vocación hereditaria y cuando termine
el proceso penal que adelanta la Fiscalía 22 Unidad de delitos contra la administración
pública…
La tercera vinculada y demandante en reconvención, señora María Vibiana Cabalero,
única recurrente del fallo de primera instancia, a través de apoderado aduce en su
recurso que el Juez Once Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué no valoró
adecuadamente el material probatorio que obra en el proceso.
Ahora bien, advierte la Sala de decisión que se confirmará la sentencia de primera
instancia puesto que no se logró demostrar por parte de las accionantes la convivencia
durante los últimos años de vida del señor Jorge Jesús González Cáceres, conforme
los siguientes.
Hechos Probados
En el expediente se encuentran el material probatorio que se relacionan a continuación,
que no fueron tachados por ninguna de las partes, teniendo la oportunidad procesal
para hacerlo, y cuya conclusión impone su credibilidad como presupuesto de decisión:
• Registro civil de defunción del señor Jorge Jesús González Cáceres con indicativo
serial número 03678766 (fl. 5, documento cuaderno principal 1, expediente digital). Lo
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
anterior, prueba que el cesante tuvo como lugar de defunción el municipio de Icononzo
-Tolima, y fecha el 5 de octubre de 2005 a las 11:00.
• Certificado de Registro Civil de Matrimonio número 000143347 expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 6, documento cuaderno principal 1,
expediente digital). El certificado demuestra que el difunto Jorge Jesús González
Cáceres y la señora Mary Judith Jaime Martínez el 14 de noviembre de 1963 celebraron
matrimonio en la Parroquia San José de Convención ubicada en el Norte de Santander
y realizaron la inscripción en la registraduría el 27 de octubre de 2005.
• Certificación funerales La Paz (fl. 13, documento cuaderno principal 1, expediente
digital). Lo anterior certifica el servicio funerario prestado el señor Jorge Jesús
González Cáceres (q.e.p.d.), el día 7 de octubre de 2005, y que se elaboró un cartel
con texto dictado por los familiares así: “El señor Jorge Jesús González C. descanso
en la paz del señor su esposa: Biviana (Sic) Caballero. Sus hijos: Jorge Andrés, Deisy
Milena, Paul Ricardo y Yenny agradecerán a sus amigos y relacionados su asistencia
a las exequias que se efectuarán el día viernes 07 de octubre. Iglesia: San Vicente de
Paul. Cementerio: Local. Hora: 11:00 A.M. Velación: Calle 9 No. 2 – 61 Icononzo…
• Acto Administrativo demandado, Resolución número 230 del 15 de marzo de 2010
“Por la cual se resuelve un derecho de petición”, expedida por el Secretario de
Educación del Departamento del Tolima. (fls. 76 a 77, documento cuaderno principal
1, expediente digital). El acto administrativo prueba que el Departamento del Tolima dio
respuesta a derecho de petición radicado el 13 de febrero de 2006, en la que solicitó
reconocimiento y pago de la sustitución de pensión de jubilación, resolviendo negar
temporalmente el reconocimiento pensional, así…
• Solicitud Individual del seguro de exequias de la funeraria Los Olivos (fl. 125,
documento cuaderno principal 1, expediente digital). Este formulario no tiene fecha de
suscripción, y no evidencia la convivencia de manera permanente e ininterrumpida
entre el señor Jorge Jesús González Cáceres y María Vibiana Caballero.
• Cédula de ciudadanía de la señora María Vibiana Caballero (fl. 140, documento
cuaderno principal 1, expediente digital). Lo anterior, evidencia que la actora de la
demanda de reconvención nació el 18 de junio de 1966, por lo que actualmente tiene
55 años de edad.
• Carnet de salud de la señora María Vibiana Caballero (fl. 141, documento cuaderno
principal 1, expediente digital). Este carnet demuestra que la actora de la demanda de
reconvención María Vibiana Caballero, estaba vinculada a la entidad Creasalud Dtda,
en el que se indicó la existencia de parentesco “Esposa de Jorge J. González”, no
obstante, el carnet fue válido hasta el 31 de diciembre de 1999, pese a que el causante
Jorge Jesús González Cáceres murió el 7 de octubre de 2005.
Ahora bien, esta Sala entrará a analizar los planteamientos dispuestos por la parte
recurrente, en lo que atañe a la valoración probatoria en aras de determinar si el a quo
incurrió en un defecto fáctico, al no realizar el análisis y valoración de las pruebas, en
forma armónica y conforme a la sana crítica y reglas de la experiencia, que dé lugar a
revocar la decisión de primera instancia. Por lo que, se entrará a hacer un acucioso
análisis probatorio, dado que es el punto sobre el cual recae el recurso interpuesto.
…Así, se ha impuesto al juez el deber de evaluar de manera razonada y conjunta el
material probatorio, por lo que se analizará las pruebas obrantes en el proceso que
buscan demostrar la convivencia permanente e ininterrumpida entre María Vibiana
Caballero y Jorge Jesús González Cáceres, por ser la primera la única recurrente, en
especial durante los últimos cinco años al fallecimiento del último, fundamento que
sirvió de base para el que Juez de Primera instancia negara las pretensiones de la
demanda, tanto la principal como la de reconvención, al considerar que no se acreditó
esta convivencia en dos últimos años al deceso del cujus.
Tomando en cuenta las declaraciones extra proceso de los señores Jairo Humberto
Rodríguez Garay, Ligia Velásquez de Bautista, Ramón Lisandro Pulido Idrogo, Doris
Hernández Tarazona, Deissi Milena González Hernández, María Inés Orjuela Prada y
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Paul Ricardo González Guerrero obrantes en el expediente digital, tiene validez
probatoria y no tienen la necesidad de agotarse la formalidad preceptuada en el artículo
222 del Código General del Proceso, por tener relevancia en demostrar la calidad de
compañera permanente de la señora María Vibiana Caballero. Así mismo, es necesario
aclarar que las pruebas sumarias cuando se trata de acreditar la relación de
compañeros permanentes, tienen la misma potencialidad que las pruebas plenas para
generar credibilidad, sin necesidad de que respecto de ellas se realice una verificación
adicional o se surta su contradicción.
Aunado a lo anterior, estas declaraciones serán confrontadas con otras pruebas que
obran en el expediente, para probar el hecho de la convivencia permanente e
ininterrumpida, en especial, durante los cinco últimos al deceso del señor Jorge Jesús
González Cáceres.
Inicialmente, se analizará las declaraciones extra proceso enunciadas anteriormente
así:
Acta de declaración juramentada con fines extraprocesales del señor Jairo Humberto
Rodríguez Garay, con número 1.0516 expedida en la Notaría Única del Círculo de
Melgar – Tolima. (fls. 116 a 116 vto, documento cuaderno principal 1, expediente
digital). Lo anterior, evidencia que se realizó declaración juramentada en la que se
indicó…
Ligia Velásquez de Bautista (fls. 117 a 117 vto, documento cuaderno principal 1,
expediente digital), expresó…
Ramón Lisandro Pulido Idrogo (fls. 119 a 119 vto, documento cuaderno principal 1,
expediente digital), declaró…
La señora Doris Hernández Tarazona (fls. 120, documento cuaderno principal 1,
expediente digital), indicó…
La señora Deissi Milena González Hernández (fl. 123, documento cuaderno principal
1, expediente digital), declaró…
Paul Ricardo González Guerrero (fl. 124, documento cuaderno principal 1, expediente
digital), expresó…
Las anteriores declaraciones extra proceso manifiestan al unísono que la señora María
Vibiana Caballero y el señor Jorge Jesús González Cáceres, convivieron en unión
marital de hecho por el periodo de 16 años desde el año de 1989 al 2005. Ahora bien,
se entrará a analizar las declaraciones juramentadas tomadas en la Fiscalía 69
delegada ante los Juzgado Penales Municipales de Icononzo dentro del proceso de
Fraude Procesal adelantado por la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué, iniciado contra la
señora María Judith Jaime de González y otros.
Declaración juramentada ante la Fiscalía 69 Local delegada ante los Juzgados Penales
Municipales de Icononzo del señor Dafly Enrique Perea Garcés (fls. 9 a 13, documento
701-2012-00237 N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte demandante, expediente digital),
quien respecto a la pregunta de que, si conocía al señor Jorge Jesús González
Cáceres, sobre el grupo familiar de este y convivencia con la señora María Vibiana
Caballero indicó…
Declaración juramentada ante la Fiscalía 69 Local delegada ante los Juzgados Penales
Municipales de Icononzo del señor Alfonso Aldana Martínez (fls. 15 a 19 documento
701-2012-00237 N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte demandante, expediente digital),
quien respecto a la pregunta de que, si conocía al señor Jorge Jesús González
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Cáceres, sobre el grupo familiar de este y convivencia con la señora María Vibiana
Caballero indicó…
Declaración juramentada ante la Fiscalía 69 Local delegada ante los Juzgados Penales
Municipales de Icononzo de la señora Velásquez de Bautista Ligia (fls. 21 a 25,
documento 701-2012-00237 N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte demandante, expediente
digital), quien respecto a la pregunta de que, si conocía al señor Jorge Jesús González
Cáceres, sobre el grupo familiar de este y convivencia con la señora María Vibiana
Caballero, indicó…
Declaración juramentada ante la Fiscalía 69 Local delegada ante los Juzgados Penales
Municipales de Icononzo de la señora Yaile Sierra Pinto (fls. 27 a 31, documento 701-
2012-00237 N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte demandante, expediente digital), quien
respecto a la pregunta de que, si conocía al señor Jorge Jesús González Cáceres,
sobre el grupo familiar de este y convivencia con la señora María Vibiana Caballero,
indicó…
De las anteriores declaraciones, se puede establecer que la señora María Vibiana
Caballero y el señor Jorge Jesús, tuvieron una unión marital de hecho por un periodo
de quince años o más. Que el causante tuvo una unión marital de hecho primero con
la señora Judith Cecilia Guerrero, luego con Clementina Castillo y posteriormente con
la recurrente María Vibiana. Sin embargo, dichas declaraciones se contradicen con
algunas declaraciones extra proceso antes indicadas, tal como se indica a
continuación:
Inicialmente la señora Ligia Velásquez de Bautista tanto en la declaración extra proceso
(fls. 117 a 117 vto, documento cuaderno principal 1¸ expediente digital) como en la
declaración rendida ante la Fiscalía, indica que los señores Jorge Jesús González
Cáceres (q.e.p.d) convivio en los últimos siete años con la señora Vibiana Caballero,
en su casa de habitación ubicada en el municipio de Icononzo Tolima -Carrera 6 No 3-
43- como arrendatarios; pero en la declaración rendida ante la Fiscalía 69 Local de
Icononzo, cuando se le pregunta acerca de la convivencia permanente de los antes
citados indica que le consta hasta cuando vivieron en su casa no después “que me di
cuenta permanente, hasta cuando vivieron en mi casa no sé después, ...”. Entonces,
se pone en tela de juicio que los señores María Vibiana Caballero y Jorge Jesús
González Cáceres hayan vivido en los últimos siete años en la casa de la declarante.
A su turno, el señor Alfonso Aldana Martínez en la declaración rendida ante la Fiscalía
(fls. 15 a 19, documento 701-2012-00237 N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte
demandante, expediente digital) manifiesta que el señor Jorge Jesús González
Cáceres falleció en la casa del señor Talo Suárez, contradiciendo la versión dada por
la señora Ligia Velásquez de Bautista, quien manifestó que los señores María Vibiana
Caballero y Jorge Jesús González convivieron sus últimos siete años en su casa en
calidad de arrendatarios.
Ahora bien, se hará una valoración probatoria de los testimonios recepcionados por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Icononzo el día 17 de septiembre de 2018, dado que
permite esclarecer la convivencia del señor Jorge Jesús González con la señora María
Vibiana Caballero, objeto del recurso de apelación, de la siguiente forma:
La recepción del testimonio de la señora Marlene Aldana Bautista esposa de Alonso
Cupitre Cruz, el cual fue recepcionado por el Juzgado Promiscuo de Icononzo por
despacho comisorio emanado del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Ibagué (Audio VTS_01_2.VOB, del Cuaderno Despacho Comisorio Icononzo,
expediente digital), sobre el conocimiento de los hechos de la demanda manifestó…
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00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Respecto a este testimonio se extrae que la señora María Aldana Bautista, no asegura
la convivencia ininterrumpida y permanente de los señores María Vibiana Caballero y
Jorge Jesús González Cáceres hasta el día que este último falleció, en atención a que
indica que para el año 2005, fecha en la que murió el señor González tanto ella como
la pareja antes citada vivían aparte y se habían cambiado de residencia, por lo que
indica que hasta donde ella sabía si habían convivido, respuesta que si bien es
afirmativa lo manifiesta con inseguridad, aunado a esto, indica que mientras fueron
vecinos dicha relación si fue constante, poniendo en tela de juicio la convivencia
permanente e interrumpida durante los últimos años de vida del señor González con la
señora Caballero.
De esta manera, no se logra probar la convivencia del señor Jorge Jesús González
Cáceres y María Vibiana Caballero, en los últimos años al fallecimiento del primero
mencionado, dado que la declarante manifiesta que eran vecinos para los años 80 o
85, y es durante este periodo, que le consta la convivencia de la recurrente con el
causante.
La recepción del testimonio del señor Alonso Cupitre Cruz identificado con cédula de
ciudadanía 19.397.223 de Bogotá, esposo de Marlene Aldana Bautista, anterior testigo,
el cual fue recepcionado por el Juzgado Promiscuo de Icononzo por despacho
comisorio emanado del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué (Audio
VTS_01_1.VOB, del Cuaderno Despacho Comisorio Icononzo, expediente digital.),
bajo la gravedad de juramento este testigo declaro sobre los hechos de la demanda,
así…
Del anterior testimonio, se puede concluir que pese a que el señor Alonso Cupitre Cruz
es esposo de la señora Marlene Aldana Bautista, primera testigo que rindió testimonio,
no coinciden que en el periodo que fueron vecinos, es decir el señor Alonso manifiesta
que fueron vecinos con los señores Jorge Jesús González Cáceres y María Vibiana
Caballero desde los años 90 en adelante, mientras que su esposa manifiesta que solo
fueron vecinos en los años 80 o 85. Aunado a lo anterior, no se logra probar la
convivencia permanente e ininterrumpida para el año 2000 a 2005, fecha última del
deceso del señor Jorge Jesús González Cáceres.
Asimismo, esta Sala encuentra otras contradicciones en el proceso, respecto de la
convivencia, tales como las direcciones en las que falleció el señor Jorge de Jesús
González Cáceres (q.e.p.d), inicialmente la señora María Vibiana Caballero en la
contestación de demanda y demanda de reconvención indica que vivió con el señor
Jorge Jesús González Cáceres hasta su fallecimiento en la carrera 6 No. 3 - 43 en un
apartamento de propiedad de la señora Ligia Velásquez, versión que no coincide con
la declarada por Dafly Enrique Perea Garcés (fls. 9 a 13, documento 701-2012- 00237
N Y R Cuaderno 3 Pruebas parte demandante, expediente digital), ante la Fiscalía 69
Seccional, que indicó que la pareja antes citada vivió de manera constante e
ininterrumpida hasta la fecha del fallecimiento del cujus, tanto así que lo velaron en la
misma casa donde vivían, y revisando el cartel de la funeraria (fl. 13, documento
cuaderno principal 1, expediente digital), indica la dirección de velación es la Calle 9
No 2-61.
A su turno, el testimonio rendido por la señora Clementina García Castillo ante la
cancillería consulado de Colombia en Miami (fls. 485 a 487, documento 01. 701-2012-
00237 … cuaderno principal 2, expediente digital), en el que indica que el señor Jorge
Jesús González Cáceres vivía solo para junio de los años 2004 y 2005, en la casa
ubicada en la calle 9 No 5-26 de propiedad de la señora María Inés Orjuela. Esta última
señora, también coincide con esta dirección, en declaración extra proceso, (fls. 12 a 12
vto, documento Cuaderno principal 1, expediente digital), donde manifestó…
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
00945-00) acumulados
Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
De lo anterior, se colige que las incongruencias dadas por los testigos y declarantes,
así como la de la demandante en reconvención son palmarias, respecto a la última
dirección donde falleció el señor Jorge Jesús González Aldana (q.e.p.d). Además, se
desvirtúa lo manifestado por la señora María Vibiana Caballero de que convivio de
manera permanente e ininterrumpida con el señor Jorge Jesús González Cáceres
hasta el día de su fallecimiento. Asimismo, con la declaración extra proceso de la
señora María Inés Orjuela, ratificada con el testimonio rendido por la señora Clementina
García Castillo, se concluye que no existieron las obligaciones de permanencia, ayuda
desinteresada, auxilio o apoyo mutuo, convivencia efectiva, comprensión, solidaridad
y vida en común, propias de una vida en pareja entre los señores María Vibiana
Caballero y el causante, para los dos últimos al deceso.
Es de precisar que aunque el apoderado de la recurrente indica que, no se debe tener
en cuenta el testimonio rendido por la señora Clementina García Castillo, porque esta
declaró por los celos que le tenía a la señora María Vibiana Caballero dado que fue
esta quien le impidió vivir con el señor González, lo cierto es que en la declaración dada
por la primera citada, indica que su separación con el señor Jorge Jesús González se
dio por violencia intrafamiliar, y no quería que su hija viviera en este ambiente, no
manifestó en ningún momento que fuera por infidelidad. En conclusión, lo manifestado
por la recurrente no tiene fundamento alguno.
Por otra parte, al analizar la prueba documental que obra en el proceso entre estos el
carnet de afiliación de salud (fls. 141, documento cuaderno principal 1), este tiene una
fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 1999, lo que no logra probar una
convivencia durante los últimos cinco años al fallecimiento del cujus, lo único que se
prueba es la unión marital de hecho que existió para esa época. Del mismo modo, el
formulario seguro de exequias de la funeraria los olivos (fl. 125, documento cuaderno
principal 1) no tiene fecha de suscripción, por lo que tampoco logra probar la
convivencia de manera permanente e ininterrumpida hasta la fecha del deceso del
señor Jorge Jesús González Cáceres.
De conformidad con las anteriores pruebas, la Sala encuentra que el sistema de
apreciación basado en el análisis en conjunto y las reglas de la sana crítica, impone
ultimar que carece de razón la apelante al afirmar que el a quo erró en su apreciación
probatoria, porque una valoración en conjunto y bajo dichos parámetros de las pruebas
obrantes en el plenario permite a la Sala concluir que, a la señora María Vibiana
Caballero no le asiste el derecho a la sustitución de la pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala de decisión precisa que el Juez Once
Administrativo del Circuito de Ibagué no incurrió en el defecto fáctico aludido, porque
el ejercicio valorativo de las pruebas i. fue razonable y ajustado al principio probatorio
de la sana crítica y, por ende, ii. está cobijada por los principios de autonomía e
independencia característicos de la labor de administrar justicia…>>.
19.5.- Bajo este escenario, no hay duda de que la accionante propuso en sede
de tutela los mismos argumentos expuestos en el escrito de apelación que
presentó contra el proveído de 31 de marzo de 2020 y simplemente amplió su
argumentación frente a cada uno de ellos y, que estos, a su vez, fueron resueltos
en su totalidad por el Tribunal Administrativo del Tolima. Se precisa, además, que
fueron esas instancias judiciales las que tuvieron a su cargo valorar los alegatos
de derecho y hecho que el demandante sometió a su consideración, sin que
ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es
mecanismo principal, no complementario al del control ordinario, y no tiene por
fin revisar las bases del debate judicial, para definir como instancia final las
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
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Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
razones del derecho que se debate. De aquí que verificado que el malestar que
se formula contra la providencia judicial fue el mismo que se debatió y definió
ante los jueces de la causa, ningún espacio cabrá para el juez constitucional.
19.6.- Así mismo, la Sala observa de la lectura íntegra del recurso de apelación
y de la presente acción, que la parte actora pretende que se le dé la interpretación
que ella considera correcta a los testimonios, indicando en cada uno “el
verdadero alcance” de lo que los testigos querían decir y culpando al juez por no
decretar pruebas de oficio “si tenía dudas”, olvidando, primero, que es deber de
las partes probar los hechos y afirmaciones que alega36, segundo, que la
potestad del juez de solicitar pruebas de oficios es facultativa37, y si en este caso
el juez no consideró necesario decretarlas al no tener dudas, es una decisión
ajustada al ordenamiento legal y, tercero, la valoración de los diferentes medios
de prueba se debe realizar en conjunto.
19.7.- Así mismo, aunque la parte promotora del recurso expuso que el juez no
ciñó el estudio del caso a su recurso de apelación, como apelante única, se
advierte que tal afirmación es alejada de la realidad, pues de la simple lectura del
fallo acusado y del recurso de interpuesto, se observa con claridad que el análisis
se centró exclusivamente en lo alegado por la señora María Vibiana, es decir, en
el defecto fáctico invocado; por lo que dicha afirmación no tiene razón de ser.
19.8.- Por otra parte, se advierte que, si bien el tribunal accionado no estudió
todos los testimonios y declaraciones extrajuicio aportadas al proceso, sí realizó
una valoración probatoria de gran cantidad de los mismos, los cuales en su
momento consideró útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos,
lo que no indica de forma alguna que su valoración se haya realizado de forma
errónea, parcializada o desacertada, pues se advierte que los testimonios o
declaraciones que dejó a estudiar son repetitivos, es decir, son afirmaciones de
las mismas personas pero ante autoridades diferentes.
19.9.- Así las cosas, las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión
sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal
Administrativo del Tolima, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en
una indebida aplicación legal o en una falta de motivación, ni mucho menos que
se haya abstenido de efectuar un examen de los medios de prueba o
desconocido precedente judicial. Por el contrario, la decisión cuestionada en esta
sede encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes
de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de
36
Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen…
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Artículo 169. Prueba de oficio ya petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a
petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados
con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos
será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal
de las partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos
que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva
sobre costas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
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Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su
vez, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban
aplicables al caso; por lo anterior, se advierte que es válida la conclusión
arrimada, es decir, confirmar la decisión la decisión del A quo.
20.- En este punto, cabe recordar que el respeto al principio de autonomía judicial
impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su
competencia, según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en
una arbitrariedad”, evento que no se avizora en el sub examine, puesto que el
Tribunal justificó de manera razonada su decisión.
21.- Aunado a ello, aunque la parte actora también expuso que la conducta
omisiva de las partes de no contestar la demanda ni apelar la sentencia de
primera instancia debió ser analizada por los jueces de instancia como un indicio
grave con su contra y que tampoco apreció los testimonios vertidos en el proceso
adelantado ante el Juzgado 6 Administrativo de Ibagué, dichos argumentos tuvo
que haberlos planteado en el recurso de apelación que presentó contra el fallo
de primera instancia, no obstante, no lo hizo, y esta acción no es la instancia para
proponer nuevos argumentos que nunca fueron puesto a consideración de los
jueces naturales de la causa.
22.- Visto lo anterior, la presunta deficiencia alegada respecto de la valoración
probatoria que hizo el Tribunal Administrativo del Tolima en el fallo objeto de
reproche y que llevó a confirmar la providencia del A quo en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, responde, en realidad, a una discrepancia
valorativa sobre la forma de los argumentos jurídicos y la metodología de
estimación de las pruebas evaluadas, que no es susceptible de admitirse como
una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana
crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
23.- Por todo lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que
su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias
respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de
los derechos fundamentales.
24.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-00 (11001-03-15-000-2022-
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Accionante: Mary Judith Jaime de González y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado tanto por la señora
Mary Judith Jaime de González como por la señora María Vibiana Caballero, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE38
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
38
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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