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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00459-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00459-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, únicamente, en cuanto a la solicitud de amparo solicitada por la señora Mary Judith Jaime de González en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y en relación con la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela instaurada por la señora precitada, en lo que tiene que ver con la transgresión del principio de congruencia y, revocarla, en el sentido de negar el amparo constitucional deprecado por la señora María Vibiana Caballero, frente al desacuerdo relativo al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00459-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

4 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
F.T: 200

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-
000-2022-00945-01
Accionantes: MARY JUDITH JAIME DE GONZÁLEZ Y OTRA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, en las que se negó la
sustitución pensional a cónyuge y compañera permanente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la señora María Vibiana Caballero en contra
de la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y demanda
de reconvención

La señora Mary Judith Jaime de González instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional-Fondo de Prestaciones del Magisterio, con el propósito de obtener la
nulidad de la Resolución 230 del 15 de marzo de 2010, mediante la cual la entidad
dejó en suspenso el reconocimiento de la sustitución pensional a aquella y de otras
personas, hasta tanto no se definiera judicialmente el derecho que les asistía, y del
acto ficto presunto derivado del silencio administrativo de la demandada frente al
recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución precitada. Además,
requirió ordenar a la entidad demandada reconocer la pensión de sobrevivientes en
condición de cónyuge supérstite del señor Jorge Jesús González Cáceres.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

Las señoras María Vibiana Caballero y Jenny Soltimar González García fueron
vinculadas al proceso. La segunda contestó la demanda y propuso la excepción de
inexistencia de la obligación y la primera contestó la demanda y propuso las
excepciones de incumplimiento de los requisitos legales para beneficiarse de la
pensión de sobrevivientes, cobro de lo no debido, mala fe de la demandante y falta
de legitimación en la causa por activa; asimismo, posteriormente, presentó
demanda de reconvención, en la que solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación, en calidad de compañera permanente del causante, la cual fue admitida
en proveído del 23 de enero de 2014.

El 31 de marzo de 2020 el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué negó las pretensiones de la demanda principal y de la de reconvención, al
concluir que las señoras Mary Judith Jaime y María Vibiana Caballero no acreditaron
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para acceder al
reconocimiento pensional. Inconforme con la anterior decisión, la señora María
Vibiana Caballero instauró recurso de apelación. El 9 de septiembre de 2021 el
Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el fallo de primera instancia.

b) Inconformidades

Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00/01

La accionante Mary Judith Jaime González consideró que el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima
transgredieron sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
igualdad y al debido proceso y el principio de seguridad jurídica. En cuanto a la
primera autoridad, señaló que aquel desatendió el principio de congruencia, ya que
no resolvió las pretensiones de la demanda principal ni se pronunció sobre la nulidad
de los actos administrativos demandados; además, le otorgó la condición de
demandante a la señora María Vibiana Caballero, cuando aquella fue vinculada al
proceso como tercera con interés, lo cual conllevó la usurpación de los derechos
procesales por parte de aquella.

Asimismo, indicó que el juzgado incurrió en un defecto sustantivo, por indebida
aplicación normativa, en tanto que aludió a las normas del Sistema General de
Pensiones para resolver la solicitud pensional, a pesar de que el señor Jorge Jesús
González Cáceres era docente y, por ello, debía aplicarse el régimen pensional
exceptuado vigente para la fecha del deceso, esto es, las leyes 33 de 1985, 71 de
1988, 91 de 1989 y 54 de 1980 y los decretos 2820 de 1974 y 1160 de 1989. Al
respecto, explicó que el parágrafo transitorio segundo del Acto Legislativo 01 de
2005 determinó que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales gozaban
de un régimen exceptuado hasta el 31 de julio de 2010, siendo aquel aplicable al
caso concreto, comoquiera que el causante falleció el 5 de octubre de 2005 y, en

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

ese orden de ideas, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, en los
términos previstos en el ordinal 1.° del artículo 6.° del Decreto 1160 de 1989.

Expuso que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué también
incurrió en la causal previamente citada y en un defecto fáctico, por incorrecta
valoración de las pruebas que allegó al proceso. En ese sentido, advirtió que le restó
alcance probatorio a los certificados del registro civil de matrimonio, en el que
constaba que no existía ninguna nota marginal y la vigencia del vínculo marital; al
registro civil de nacimiento del causante; a los registros civiles de matrimonio y de
defunción; a las declaraciones extraprocesales de los señores José Eduardo
Rodríguez García, Jairo Alonso Trillos e Inés Orjuela, con las que acreditó la
convivencia permanente con su cónyuge desde el matrimonio hasta su
fallecimiento; los documentos de identidad de los hijos procreados en el vínculo
matrimonial y al testimonio de la señora Clementina García Castillo.

De otra parte, manifestó que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los
mismos errores del juez de primera instancia, pues no se pronunció sobre los
planteamientos del recurso de apelación y siguió en el error de considerar a la
tercera interviniente como demandante.

Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00/01

Por su parte la accionante María Vibiana Caballero indicó que las autoridades
judiciales accionadas enunciadas transgredieron su derecho al debido proceso y los
principios de congruencia, convencionalidad, seguridad jurídica, primacía del
derecho sustancial sobre el formal, non bis in idem e impulso procesal en materia
probatoria, al negar las pretensiones de la demanda de reconvención y abstenerse
de condenar en costas a la demandante principal. Como fundamento, sostuvo que
el Tribunal Administrativo del Tolima desbordó el análisis del recurso de apelación
y, con ello, conculcó la non reformatio in pejus, puesto que al ser la única apelante
debió pronunciarse únicamente sobre la demanda de reconvención y no frente a
todo el debate jurídico y probatorio del proceso; además, resaltó que la Nación-
Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
guardó silencio en todo el proceso, por lo que debió tenerse como un indicio grave
en su contra y dársele credibilidad a los hechos y pruebas de su demanda, en los
términos previstos en los artículos 97 y 241 del Código General del Proceso.

De otra parte, señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, ya que omitieron la valoración de los siguientes elementos
probatorios: 1. Las declaraciones de convivencia aportadas por la demandante
principal, las cuales eran contrarias a la verdad, tanto así que promovió un proceso
penal por fraude procesal, el cual si bien terminó anticipadamente, por preclusión
de la investigación, lo cierto es que en él no se definió que esas pruebas no fueran
falsas; 2. La sentencia del 30 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Sexto

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en la que le reconoció la sustitución
de la pensión gracia y determinó que sí convivió con el señor González Cáceres
hasta el día de su deceso, esto con fundamento en los testimonios rendidos en el
proceso, la cual hizo tránsito a cosa juzgada; 3. La Certificación expedida por Los
Olivos, en la que indica que el causante se afilió ocho meses antes a los servicios
funerarios con la entidad COACREITOL Ltda. y que los beneficiarios eran ella, en
calidad de cónyuge, tres de sus hijos, dos hijastros y un cuñado, hermano suyo y 4.
Las fotografías que aportó.

Frente a la tercera prueba advirtió que los accionados debieron decretar alguna
prueba de oficio, con el propósito de corroborar, comprobar o esclarecer el supuesto
aducido en la demanda de reconvención, pues si bien el documento carecía de
fecha, lo cierto es que fue un error de la entidad que elaboró la certificación y no de
la parte demandante y, por esa razón, en particular, el Tribunal no podía dejar de
valorarla, sino que debió utilizar sus facultades oficiosas y solicitar la aclaración de
ese hecho. Asimismo, resaltó que, en sede de tutela, aporta la Certificación del 4 de
noviembre de 2021, en la que consta que era beneficiaria del contrato de previsión
exequial, el cual fue suscrito el 27 de marzo de 2005, como compañera permanente
del señor Jorge Jesús González. Y, en cuanto a las fotografías, aseveró que no
fueron discutidas por la contraparte, por lo que debieron valorarse, en conjunto con
los demás medios de prueba, como lo hizo otra autoridad judicial y, en ese sentido,
tenerlas como pruebas de la convivencia.

En segundo término, arguyó que los accionados también incurrieron en la causal
mencionada por no solicitar, de oficio, el expediente del proceso a cargo del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué o decretar los
testimonios rendidos en ese asunto, a partir de los cuales se constató la convivencia
entre ella y el causante hasta el momento de su deceso. Así mismo, indicó que el
juez de segunda instancia pudo solicitar a la E.P.S. a la que estuvo afiliado el señor
Jorge Jesús González que esclareciera quiénes eran los beneficiaros de los
servicios de salud y, con ello, comprobar la información contenida en el carné del
seguro Creasalud Ltda., en la que se menciona su registro como esposa y la
vigencia de aquel.

En tercer lugar, explicó que existió una indebida valoración de las declaraciones
rendidas en el proceso en relación con su demanda, ya que estos acreditaban la
convivencia con el causante durante los dos últimos años de vida. Resaltó que el
Tribunal accionado incurrió en varios errores, estos son: (i) omitió la declaración de
la señora María Inés Orjuela; (ii) concluyó que existía una contradicción en la
declaración de la señora Ligia Velásquez de Bautista, sin que existiera tal y, en todo
caso, con fundamento en eso, excluyó las otras diez declaraciones sobre el vínculo
entre ella y el señor González Cáceres hasta el año 2005; además, pasó por alto
que la testigo pudo tener una pérdida de recuerdos y, por esa razón, pudo corregir
sus afirmaciones respecto al tiempo que habían vivido juntos en su casa; (iii)

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

determinó que la declaración del señor Alfonso Aldana Martínez respecto a que el
causante falleció en la casa del señor Talo Suárez desvirtuaba la versión de que los
compañeros habitaron juntos en otra casa; sin embargo, tal aserto no altera la
convivencia ni lo afirmado por los demás testigos; (iv) afirmó que los testigos
Marlene Aldana Bautista y Alfonso Cupitre Cruz no coincidían en el período en que
fueron vecinos de la demandante y del causante, pero no existió ninguna
contradicción en las declaraciones de los esposos, en tanto que el primero de ellos
manifestó que vivieron cerca por un espacio de doce o trece años y la segunda
adujo que esa vecindad fue de más o menos siete años, lo cual debe entenderse
que fue el tiempo en que habitaron en la casa de al lado y luego mencionó que se
trasladaron cerca de su familiar, por otro espacio de tiempo igual; y (v) no consideró
que la señora Clementina García Castillo no fue objetiva en su declaración, puesto
que aquella le tenía animadversión a la demandante en reconvención, comoquiera
que su separación del causante obedeció a una infidelidad, y la señora María Inés
Orjuela era un testigo de oídas, porque reside en otro país.

Además, mencionó que la corporación accionada valoró de manera equivocada y
parcial las declaraciones extrajudiciales suscritas por los señores Jairo Humberto
Rodríguez Garay, quien sí afirmó que los compañeros vivieron juntos hasta el 5 de
octubre de 2005; Ligia Velásquez de Bautista, en la que señaló que le arrendó un
apartamento por un espacio de siete años (1998-2005); y María Inés Orjuela, a la
que le dio credibilidad sobre que el causante habitaba en una habitación de su
propiedad, pero no así en lo que tiene que ver con las supuestas visitas de la señora
Mary Judith Jaime.

Finalmente, señaló que el Tribunal omitió los siguientes elementos probatorios: 1.
Las declaraciones del señor Dafly Enrique Perea Garces ante la Unidad Local de
Fiscalías de Icononzo y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la misma
municipalidad; 2. Los testimonios de los señores Ramón Lisandro Pulido Hidrobo,
Yamile Sierra Pinto, Ligia Velásquez de Bautista, Alfonso Aldana Martínez, Judith
Cecilia Guerrero Pavajeau y Doris Hernández Tarazona, los cuales fueron
decretados por la Fiscalía Veintidós Seccional de Ibagué; 3. Las declaraciones
extrajuicio de los señores Jorge Andrés González Guerrero, Paul Ricardo González
Guerrero, Deissy Milena González Guerrero, Ramón Lisandro Pulido Idrobo,
Alfonso Aldana Martínez, Yamile Sierra Pinto, Dafly Enrique Perea Garces, sobre la
convivencia de ella con el causante hasta el día de su muerte; 4. Los testimonios
rendidos por los señores Marlene Aldana Bautista y Alonso Cupitre Cruz decretados
por el Juzgado Promiscuo de Icononzo, quienes afirmaron que los compañeros
vivieron juntos por más de dieciséis años; 5. La afiliación de salud y del plan exequial
del señor Jorge Jesús González Cáceres; 6. Los carteles de las exequias del
causante; 7. La sentencia del 30 de septiembre de 2010, en la que el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué concedió la sustitución de la pensión gracia a su favor y 8.
La decisión de la Fiscalía 22 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública
de Ibagué.

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Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

En último lugar, indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en la
causal de violación directa de la Constitución Política, comoquiera que
desatendieron las garantías constitucionales invocadas y los cánones 8.1 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

PRETENSIONES

Tutela 11001-03-15-000-2022-00459-00/01

La señora Mary Judith Jaime de González solicitó, de un lado, amparar los derechos
fundamentales a la vida digna, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la igualdad,
a la seguridad social y al debido proceso y, de otro, declarar la nulidad de las
sentencias del 31 de marzo de 2020 y 9 de septiembre de 2021 proferidas por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente. Así mismo, y, como consecuencia de lo
anterior, requirió ordenar al Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar en su favor la pensión
ordinaria del señor Jorge Jesús González Cáceres.

Tutela 11001-03-15-000-2022-00945-00/01

La señora María Vibiana solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
alegados como transgredidos. En consecuencia, requirió dejar sin efectos la
sentencia del 9 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, para que, en su lugar, dicte una nueva decisión, en la que acceda a las
pretensiones de la demanda de reconvención.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

El juez John Libardo Andrade Flórez indicó que debe negarse el amparo
constitucional invocado por la señora Mary Judith Jaime de González, toda vez que
no conculcó ningún derecho fundamental, puesto que negó las pretensiones del
medio de control, al concluir que ni aquella ni la demandante en reconvención
acreditaron el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, para acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada por ambas,
decisión que obedeció al examen detallado de las pruebas allegadas y a la
aplicación del ordenamiento jurídico vigentes sobre la materia.

De otra parte, destacó que la señora Jaime de González no instauró el recurso de
apelación en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2020, por lo que la acción
de tutela de la referencia no satisface los requisitos para su procedencia contra
providencias judiciales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

Fiduprevisora, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La coordinadora de tutelas, Aidee Johanna Galindo, solicitó declarar la
improcedencia del mecanismo constitucional y desvincular a la entidad del asunto
por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no existe ninguna
transgresión o amenaza de los derechos fundamentales que involucre a la
Fiduprevisora.

María Vibiana Caballero

Se refirió a los hechos del escrito de tutela promovido por la señora Mary Judith
Jaime de González y precisó que algunos de ellos eran ciertos y otros no.
Igualmente, indicó que la señora Mary Judith Jaime de González no instauró recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en el proceso
ordinario, por lo que no puede pretender, a través de la acción constitucional,
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, menos aun cuando no se
configuran las causales de procedibilidad que invocó.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 22 de abril de 2022 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia del amparo peticionado por las señoras Mary Judith Jaime
de González y María Vibiana Caballero.

En cuanto a la solicitud de la primera de las mencionadas, indicó que aquella no
satisfacía el requisito de la subsidiariedad, porque la señora Mary Judith Jaime de
González no había interpuesto, en su momento, el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia del 31 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, mecanismo ordinario con el que
contaba para obtener la protección de sus derechos fundamentales. Asimismo,
sostuvo que no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

Frente al amparo deprecado por la señora María Vibiana Caballero, advirtió que el
propósito era reabrir y continuar con el debate del proceso ordinario, para que se
accedan a las pretensiones de la demanda de reconvención, razón por la cual el
asunto no tenía relevancia constitucional. En ese sentido, explicó que la accionante
planteó los mismos argumentos del recurso de apelación, entre esos: (i) la omisión
y valoración errada de varias pruebas (Resolución 230 del 15 de marzo de 2010,
sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010 proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, certificación de 5 de noviembre de 2005
expedida por Los Olivos, fotografías aportadas, carné del seguro médico; los
testimonios y declaraciones; los carteles que se publicaron invitando a las exequias
del señor González y la providencia del Fiscal 22 Unidad de Delitos contra la

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Administración Pública de Ibagué); (ii) la indebida apreciación de los testimonio de
las señoras Clementina García Castillo y María Inés Orjuela Prada; y (iii) la falta de
decreto de pruebas de oficio para esclarecer los hechos sobre los cuales tenía
alguna duda, y, que tales desacuerdos habían sido resueltos por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por lo que era evidente que pretendía prologar el debate
sobre esos temas y que se acogiera la interpretación que considera correcta frente
a las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso.

De otra parte, precisó que el análisis de la corporación accionada se ciñó a las
alegaciones de la apelante única, por lo que no era cierto que se hubiera
desatendido tal situación; además, indicó que si bien el tribunal accionado no
estudió todos los testimonios y declaraciones extrajuicio aportadas al proceso, sí
realizó una valoración probatoria de gran cantidad de los mismos, los cuales, en su
momento consideró útiles, pertinentes y conducentes para esclarecer los hechos, lo
que no indica de forma alguna que su valoración se haya realizado de forma
errónea, parcializada o desacertada o que hubiere incurrido en una indebida
aplicación legal o en una falta de motivación, ni mucho menos que se haya
abstenido de efectuar un examen de los medios de prueba o desconocido un
precedente judicial.

Finalmente, advirtió que la señora María Vibiana Caballero debió plantear lo
relacionado con la conducta omisiva de las partes de no contestar la demanda ni
apelar la sentencia de primera instancia y que debió ser tomada como un indicio en
su contra, en el recurso de apelación que presentó contra el fallo de primera
instancia, pero no lo hizo así, sin que pueda emplearse la solicitud de amparo como
una instancia para proponer nuevos argumentos que nunca fueron puesto a
consideración de los jueces naturales de la causa.

IMPUGNACIÓN

La señora María Vibiana Caballero impugnó la sentencia de primera instancia y
aseguró que la acción de tutela de la referencia sí tiene relevancia constitucional,
puesto que expuso ampliamente los errores en la valoración probatoria en los que
incurrió la autoridad judicial accionada y el juez constitucional debía analizar uno a
uno los puntos de inconformidad enunciados y los derechos fundamentales
referidos como desatendidos. Asimismo, aclaró que no era cierto que buscara un
nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural y que los desacuerdos
sean los mismos del recurso de apelación, ya que pretende que se corrijan los
errores de hecho y de derecho en que incurrieron las autoridades judiciales a cargo
del proceso ordinario, los cuales, de manera contradictoria, fueron aceptados por el
fallador de tutela de primera instancia, quien reconoce que el Tribunal no valoró
algunos testimonios allegados al proceso y las fotografías, a pesar que la ley exige
examinar todas y cada una de las pruebas y darles el valor probatorio pertinente.

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De igual manera, arguyó que las autoridades judiciales accionadas y el juez de
tutela de primera instancia no se pronunciaron sobre el desacuerdo propuesto en el
proceso ordinario y en la acción constitucional relativo a que el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, a través de la sentencia del 30 de septiembre
de 2010, la cual hizo tránsito a cosa juzgada, concedió a su favor la pensión gracia
recibida por el señor Jorge Jesús González Cáceres, precisamente, porque acreditó
la calidad de compañera permanente y la convivencia con el causante hasta el día
de su deceso, debiéndose acoger las conclusiones probatorias expuestas en esa
decisión. Asimismo, manifestó que el Tribunal accionado analizó las pretensiones
de la demanda principal, a pesar de que la señora Mary Judith Jaime de González
no recurrió la decisión de primera instancia y, en ese orden de ideas, transgredió el
principio de congruencia y la non reformatio in pejus, toda vez que debió
pronunciarse únicamente sobre la demanda de reconvención y no frente a todo el
debate jurídico y probatorio del proceso.

De otra parte, reiteró que las accionadas incurrieron en un defecto fáctico, por varias
razones, esto es: 1. Por valoración indebida e incompleta de las declaraciones de
los señores Jairo Humberto Rodríguez Garay, Ligia Velásquez de Bautista, Marlene
Aldana Bautista y Alonso Cupitre Cruz, las cuales, contrario a la conclusión de
aquella, no son opuestas, sino que dan claridad sobre que los compañeros
convivieron hasta el 5 de octubre de 2005, de manera ininterrumpida; 2. Analizaron
las declaraciones de las señora María Inés Orjuela y Clementina García Castillo, a
pesar de la falta de credibilidad e imparcialidad de estas, comoquiera que, frente a
la primera testigo se probó ante la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué que existió
falsedad y, respecto a la segunda, no se apreció que no tuvo una buena relación
con la demandante en reconvención; y 3. No valoró los testimonios de Dafly Enrique
Perea Garces; Ramón Lisandro Pulido Hidrobo; Yamile Sierra Pinto; Ligia
Velásquez de Bautista; Alfonso Aldana Martínez; Judith Cecilia Guerrero Pavajeau;
Doris Hernández Tarazona, rendidos ante la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué; las
declaraciones extrajudiciales de Jorge Andrés González Guerrero, Paul Ricardo
González Guerrero y Deissy Milena González Hernández, hijos del causante,
quienes reconocieron que su padre convivió hasta el último día de su vida con la
señora María Vibiana Caballero y las de los señores Ramón Lisandro Pulido Idrobo,
Alfonso Aldana Martínez y Dafly Enrique Perea Garcés.

Igualmente, insistió en que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en cuenta
los documentos sobre la afiliación de salud del causante y que ella era la
beneficiaria; las publicaciones de las exequias del señor González Cáceres en las
que constaba que era la compañera permanente y las actuaciones de la Fiscalía 22
Seccional de Ibagué. Y, sostuvo que la corporación accionada, ante las dudas con
la certificación del servicio funerario o la afiliación al Sistema General de Salud,
debió decretar pruebas de oficio, con el propósito de comprobar y esclarecer los
hechos aducidos en la demanda de reconvención, de acuerdo con el criterio

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jurisprudencial de la Corte Constitucional definido en las sentencias SU-257 de 2021
y SU-129 del mismo año.

Finalmente, agregó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta el criterio
de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
relativas a la valoración probatoria y el defecto fáctico. Citó las sentencias del 18 de
mayo de 2000, 19 de septiembre de 2001, 9 de septiembre de 2011 y 31 de julio de
201, sin radicado; SC16250-2017, rad. 88001-31-03-001-2011-00162-01; CSJ SC-
12994 del 15 de septiembre de 2016, rad. 2010-00111-01; CSJ SC del 15 de mayo
de 2001, rad. 6562; CSJ SC del 14 de diciembre de 2010, rad. 2004-00170-01; CSJ
SC del 18 de diciembre de 2012, rad. 2007-00313-01 y del 11 de abril de 2018,
expediente 2012-01702-01, del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en ese orden de
ideas, ordenar a la Secretaría de Educación del Tolima y al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio conceder y pagar a su favor el 100 % de la sustitución
pensional de jubilación.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras
providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-
543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a
su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿La acción de tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia
constitucional?

En caso de una respuesta afirmativa a lo anterior, se resolverán los ulteriores
interrogantes:

2. ¿La señora María Vibiana Caballero cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial, idóneo y eficaz, para que se protejan sus derechos fundamentales,
por la presunta transgresión del principio de congruencia, derivados, de un
lado, de la desatención de la no reformatio in pejus y, de otro, de la falta de
decisión sobre uno de los desacuerdos del proceso ordinario?

3. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

4. ¿El Tribunal Administrativo del Tolima valoró las pruebas mencionadas por
la accionante, de conformidad con la reglas de la sana crítica?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática:
(I) relevancia constitucional, (II) satisfacción del aludido requisito en el caso bajo
estudio, (III) exigencia general de subsidiariedad, (IV) improcedencia de la acción
de tutela ante la existencia del recurso extraordinario de revisión en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, (V) análisis de la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, (VI) perjuicio irremediable, (VII) inexistencia en el presente asunto;
(VIII) defecto fáctico y (IX) análisis de los desacuerdos frente a la valoración
probatoria realizada por la corporación accionada. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿La acción de tutela de la referencia satisface el requisito de relevancia
constitucional?

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I. Relevancia constitucional

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al sostener que el
juez de tutela solamente puede analizar casos que tengan una marcada y evidente
relevancia constitucional5. Por el contrario, cuando la discusión se limite a aspectos
eminentemente legales, en los que no esté involucrado un derecho fundamental, no
hay lugar a un estudio de fondo del caso. En cuanto a ello, el máximo tribunal
constitucional ha determinado que este requisito tiene tres finalidades: 1. Evitar que
la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; 2. Impedir que
dicha acción se convierta en una instancia adicional y 3. Preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.

La afirmación precedente encuentra sustento en el entendido de que la omisión de
este requisito genera que el juez de tutela se pronuncie sobre asuntos que han sido
asignados a autoridades judiciales específicas y, por ende, termine adoptando
decisiones que excederían su marco de acción y que podrían causar inseguridad
jurídica. En ese orden, solo cuando un asunto tenga marcada relevancia
constitucional, y cumpla los demás requisitos generales, puede entenderse que
aquel está habilitado para el estudio del fondo de los reproches planteados.

En esa línea de ideas, para verificar esta exigencia general, resulta esencial realizar
un examen de lo alegado por la parte accionante en el escrito de tutela, con el fin
de definir si los derechos referidos como amenazados o vulnerados revisten la
condición de fundamentales al ser protegidos por la Constitución Política, para lo
cual es necesario comprobar, además, las finalidades de este requisito.

II. Satisfacción del aludido requisito en el caso bajo estudio

La señora María Vibiana Caballero impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción por insatisfacción del requisito de la
relevancia constitucional. Para el efecto, expuso que esa exigencia se encuentra
cumplida, puesto que no pretende reabrir el debate agotado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento, sino que se analice la configuración de los errores
frente a la valoración probatoria en los que, a su juicio, incurrieron las autoridades
judiciales accionadas.

Sobre el particular, la Subsección advierte que, contrario a lo sostenido en la
sentencia de primera instancia que ahora se impugna, el asunto planteado por la
accionante sí merece un pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, por
cumplir con la exigencia de la relevancia constitucional, en el entendido que los
derechos alegados por la parte accionante como vulnerados tienen la condición de

5 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, T-160 de 2010 y SU-041 de 2018.

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fundamentales; la petición de amparo no recae en un asunto de mera legalidad y
logra entenderse que su pretensión no está encaminada a reabrir el debate jurídico
agotado en el proceso ordinario ni a desconocer la autonomía e independencia del
juez natural, sino a discutir el fundamento del fallo del 9 de septiembre de 2021, en
el cual, en su criterio, se incurrió en alguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

En efecto, a juicio de la solicitante de la salvaguarda, el Tribunal Administrativo del
Tolima valoró de manera inadecuada algunos de los testimonios recaudados en el
proceso, a través de los cuales acreditó la convivencia con el causante; omitió el
análisis de algunos medios de prueba, testimonial y documental, y admitió
probanzas, a pesar de que era evidente su falta de credibilidad. Así las cosas, se
encuentran satisfechas las tres finalidades que tiene el presupuesto mencionado
como causal general de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.

En ese orden, la Subsección, en primer lugar, analizará si la señora María Vibiana
Caballero contaba con otro medio de defensa, para cuestionar la desatención del
principio de la congruencia, por la desatención de la non reformatio in pejus y la falta
de decisión de uno de los aspectos de la litis; y, en segundo término, estudiará si se
configura el defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria. Igualmente, se
aclara que el examen se efectuará únicamente sobre la decisión adoptada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, al ser el órgano de
cierre en el presente asunto.

• Segundo problema jurídico

¿La señora María Vibiana Caballero contaba con otro mecanismo de defensa
judicial, idóneo y eficaz, para que se protejan sus derechos fundamentales, por la
presunta transgresión del principio de congruencia, derivados, de un lado, de la
desatención de la non reformatio in pejus y, de otro, de la falta de decisión sobre
uno de los desacuerdos del proceso ordinario?

III. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para

6 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

IV. Improcedencia de la acción de tutela ante la existencia del recurso
extraordinario de revisión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo

La acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos fundamentales
que resulten amenazados o vulnerados por la actuación u omisión de las
autoridades o de algunos particulares, es procedente para controvertir providencias
judiciales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales y específicos
fijados jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias generales es
precisamente la subsidiariedad, como se expuso en precedencia.

Al respecto, se aprecia que es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal
de nulidad originada en la sentencia7, la herramienta judicial con la que cuenta quien
considera que se le ha vulnerado el derecho al debido proceso con ocasión de un
fallo judicial, concretamente, porque la sentencia carece de forma absoluta de
motivación8; en él la autoridad judicial desconoció el principio de congruencia, de
conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, bien sea porque
decidió extra, infra o ultra petita o sin garantía del principio de non reformatio in pejus
(congruencia externa) o porque no existe coherencia entre la parte motiva y la
resolutiva de la sentencia (congruencia interna)9.

En relación con lo anterior, en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 se determina
que el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias
dictadas por las Secciones o Subsecciones de la Sala de lo Contencioso

7 Esta posición que ahora se reitera, ha sido adoptada, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de

Estado. Sección Quinta, Sentencia del 21 de noviembre de 2018, radicado: 2018-01382-01 y Consejo de
Estado, Sentencia del 12 de abril de 2018, radicado: 2017-02550-01.
8 Sobre ese tema, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 13 de

octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).
9 Sobre el particular ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1.° de diciembre de

2016, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.11001-03-15-000-2016-03224-00.

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Administrativo del Consejo de Estado, de los Tribunales o de los jueces
administrativos y el artículo 250 ibidem regula como una de las causales de revisión
el «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación». Por lo tanto, quien estima que se ha vulnerado
el principio de congruencia dispone del recurso extraordinario de revisión de que
trata el título VI, capítulo I, de la Ley 1437 de 2011, dentro del término previsto en el
artículo 251 de la precitada norma.

V. Análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial

La señora María Vibiana Caballero solicitó la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, junto con los principios de congruencia, convencionalidad,
seguridad jurídica, primacía del derecho sustancial sobre el formal, non bis in idem
e impulso procesal en materia probatoria. En lo que se analiza en este acápite,
sostuvo que el Tribunal Administrativo del Tolima desbordó el estudio sobre el
recurso de apelación y, con ello, conculcó la non reformatio in pejus, puesto que, al
ser la única apelante, debió pronunciarse solamente sobre la demanda de
reconvención y no frente a todo el debate jurídico y probatorio del proceso.

Igualmente, arguyó que aquel no se pronunció sobre el desacuerdo que planteó en
el proceso ordinario, relacionado con que existía una decisión previa de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la que se reconoció, a su favor, la
sustitución de la pensión gracia. Al respecto, señaló que la corporación accionada
no tuvo en cuenta el argumento que expuso relativo a que el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, a través de la sentencia del 30 de
septiembre de 2010, luego de analizar las mismas pruebas testimoniales y
documentales del proceso objeto de cuestionamiento, encontró probado que entre
ella y el causante de la prestación existió una relación marital de hecho, que vivieron
juntos hasta el último día de vida de este último, por lo que desatendió el principio
de cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Sobre el particular, la Subsección advierte que la solicitante del amparo dispone de
otro mecanismo de defensa judicial, para que se analicen los desacuerdos que
propone en esta sede. Ciertamente, la entidad mencionada puede acudir al recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal de nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso, contenida en el ordinal 5.° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, pues, como quedó consignado en precedencia, esta es
procedente para alegar la desatención al principio de congruencia, porque, de un
lado, se conculcó la non reformatio in pejus y, de otro, se omitió decidir uno de los
puntos de controversia en el proceso contencioso.

Siendo así, se concluye que la acción de la referencia, en cuanto a los desacuerdos
mencionados no cumple con el requisito general de subsidiariedad, para su
procedibilidad en contra de providencias judiciales, el cual exige que se hayan

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agotado todos los medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento
jurídico, para salvaguardar el derecho que se estima conculcado, antes de formular
la tutela. Lo anterior encuentra su justificación en el carácter residual de esta acción
constitucional. Así las cosas, debe reiterarse que en el presente asunto lo
pretendido puede resolverse a través del precitado recurso, por lo cual, en primer
lugar, la accionante deberá hacer uso de este, para que sea en esa instancia donde
se resuelva lo aquí expuesto.

En todo caso, en el siguiente acápite se verificará si se está ante la probable
configuración de un perjuicio irremediable, que amerite estudiar de fondo el presente
asunto.

• Tercer problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

VI. Perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional10, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

VII. Inexistencia en el presente asunto

La señora María Vibiana Caballero no expuso ningún argumento tendiente a
demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, en caso de no conocerse el
fondo del asunto. Igualmente, se advierte que, de las pruebas obrantes dentro del

10 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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dossier, no es posible determinar la existencia de una circunstancia de
vulnerabilidad que demuestre la urgencia de un pronunciamiento por parte de esta
Subsección, por lo cual no es posible efectuar un análisis de fondo.

• Cuarto problema jurídico

¿El Tribunal Administrativo del Tolima valoró las pruebas mencionadas por la
accionante, de conformidad con la reglas de la sana crítica?

VIII. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia
directa en la decisión.

La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse un defecto fáctico: 1) Una negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración
y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente; esta dimensión comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez y 2) Una positiva, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución
Política.

A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En
primer lugar, el respeto por los principios de autonomía judicial y del segundo de los
mencionados impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del
material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997,
determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia
judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la
acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la
actividad evaluativa realizada por la autoridad judicial que ordinariamente conoce
de un asunto.

IX. Análisis de los desacuerdos frente a la valoración probatoria realizada por
la corporación accionada

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Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

La señora María Vibiana Caballero, en el escrito de impugnación, indicó que el
Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, porque: 1. Valoró de manera
indebida e incompleta las declaraciones de los señores Jairo Humberto Rodríguez
Garay, Ligia Velásquez de Bautista, Marlene Aldana Bautista y Alonso Cupitre Cruz,
las cuales, distinto a la conclusión de aquella, no son contradictorias, sino que dan
claridad sobre que los compañeros convivieron hasta el 5 de octubre de 2005, de
manera ininterrumpida; 2. Valoró las declaraciones de las señora María Inés Orjuela
y Clementina García Castillo, a pesar de la falta de credibilidad e imparcialidad de
estas; y 3. No valoró los testimonios de Dafly Enrique Perea Garces, Ramón
Lisandro Pulido Hidrobo, Yamile Sierra Pinto, Ligia Velásquez de Bautista, Alfonso
Aldana Martínez, Judith Cecilia Guerrero Pavajeau, Doris Hernández Tarazona,
rendidos ante la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué; las declaraciones extrajudiciales
de Jorge Andrés González Guerrero, Paul Ricardo González Guerrero y Deissy
Milena González Hernández, hijos del causante, quienes reconocieron que su padre
convivió hasta el último día de su vida con la señora María Vibiana Caballero y las
de los señores Ramón Lisandro Pulido Idrobo, Alfonso Aldana Martínez y Dafly
Enrique Perea Garces.

Igualmente, manifestó que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en cuenta
los documentos sobre la afiliación de salud del causante, en los que constaba que
ella era la beneficiaria; las publicaciones de las exequias del señor González
Cáceres, que enunciaban que era la compañera permanente y las actuaciones de
la Fiscalía 22 Seccional de Ibagué. Y, sostuvo que la corporación accionada, ante
las dudas con la certificación del servicio funerario o la afiliación al Sistema General
de Salud, debió decretar pruebas de oficio, con el propósito de comprobar y
esclarecer los hechos aducidos en la demanda de reconvención.

Pues bien, al revisar la sentencia del 9 de septiembre de 2021, se advierte que la
autoridad judicial precitada explicó, de manera previa, que, en los casos en que se
buscaba acreditar una unión marital de hecho, las declaraciones extrajudiciales
rendidas ante notario eran una prueba sumaria para ese efecto y no era exigible
agotar la formalidad prevista en el artículo 222 del Código General del Proceso, en
atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema. Luego, evaluó las
pruebas allegadas al proceso, con las que la demandada en reconvención buscaba
demostrar la convivencia permanente e ininterrumpida entre ella y el señor Jorge
Jesús González, entre estas: (i) las declaraciones extrajudiciales suscritas por los
señores Jairo Humberto Rodríguez Garay, Ligia Velásquez de Bautista, Ramón
Lisando Pulido Idrogo, Doris Hernández Tarazona, Deissy Milena González
Hernández, María Inés Orjuela Prada y Paul Ricardo González Guerrero; (ii) las
declaraciones juramentadas rendidas ante la Fiscalía 69 Local Delegada ante los
juzgados penales municipales de Icononzo por parte de Dafly Enrique Perea
Garcés, Alfonso Aldana Martínez, Ligia Velásquez de Bautista, Yaile Sierra Pinto;
(iii) los testimonios de los señores Marlene Aldana Bautista, Alfonso Cupitre Cruz,

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Clementina García Castillo; (iv) el carné de afiliación de salud del señor Jorge Jesús
Gonzáles Aldana y (v) el formulario del seguro exequial del causante.

En cuanto a las pruebas mencionadas, consideró que si bien las manifestaciones
juramentadas enlistadas inicialmente daban cuenta, de manera unísona, que los
señores María Vibiana Caballero y Jorge Jesús González Cáceres convivieron en
unión marital de hecho, por un período de dieciséis años, desde 1989 hasta 2005,
lo cierto era que, al confrontar tales pruebas, con los testimonios juramentados
rendidos ante la Fiscalía 69 Delegada ante los juzgados penales municipales de
Icononzo, existían ciertas contradicciones, comoquiera que, en primer lugar, la
señora Ligia Velásquez de Bautista manifestó, inicialmente, que los presuntos
compañeros habitaron en la casa de habitación ubicada en la carrera 6 # 3-43
durante los últimos siete años, pero, luego, ante el ente investigador, expuso que
solo le constaba la convivencia de estos en los años que vivieron en su casa.

En segundo término, indicó que la versión del señor Alfonso Aldana Martínez
contradecía la de la primer testigo, comoquiera que afirmó que el señor Jorge Jesús
González Cáceres falleció en un domicilio distinto al identificado por aquella.
Asimismo, posteriormente, realizó la transcripción de algunos apartes de los
testimonios rendidos por los esposos Marlene Aldana Bautista y Alfonso Cupitre
Cruz y el del interrogatorio absuelto por el abogado de la demandante en
reconvención y, advirtió que sus declaraciones no eran coincidentes frente al
período que fueron vecinos del causante y de su presunta compañera permanente
y no eran suficientes para probar la convivencia permanente e ininterrumpida para
los años 2000 a 2005, fecha del deceso del causante.

En tercer lugar, la corporación accionada manifestó que existía una contradicción
evidente en relación con el lugar de residencia del Jorge Jesús González Cáceres,
puesto que la demandante en reconvención afirmó que habitó con el causante hasta
el último día de vida en la carrera 6 # 3-43, en un apartamento de la señora Ligia
Velázquez; sin embargo, los testigos y declarantes enunciaron otras direcciones, de
un lado, el señor Dafly Enrique Perea Garcés informó que la pareja vivía en la
vivienda donde se llevó a cabo el velorio, esto es, en la calle 9 # 2-61 y, de otro, la
señora Clementina García Castillo indicó que su excompañero vivió en los años
2004 y 2005 solo en la casa de la señora María Inés Orjuela, esta última, quien
reafirmó lo dicho. En cuarto y último sentido, el Tribunal aclaró que, si bien la señora
María Vibiana Caballero adujo que la penúltima de las mencionadas no ofrecía
credibilidad, comoquiera que declaró por celos y porque ella les impidió vivir juntos,
tal situación no se había comprobado, en la medida en que la declarante aseguró
que se había separado del señor González Cáceres por un motivo de violencia
familiar.

A partir de lo anterior, el accionado concluyó que las declaraciones y los testimonios
rendidos en el proceso penal y los recaudados en el medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho no ofrecían certeza sobre la convivencia entre la
demandante y el causante los últimos años ni la existencia de obligaciones de
permanencia, ayuda desinteresada, auxilio o apoyo mutuo.

De otra parte, la Subsección avizora que la corporación accionada precisó que los
documentos allegados tampoco permitirían inferir que la señora María Vibiana
Caballero convivió con el cujus durante los cinco años anteriores al deceso de aquel,
comoquiera que, de un lado, el carné de afiliación de salud tenía como fecha de
vencimiento el 31 de diciembre de 1999 y, de otro, el formulario del seguro exequial
no tenía fecha de suscripción. Por las razones expuestas, el Tribunal Administrativo
del Tolima confirmó la decisión de primera instancia, al concluir que, contrario a lo
alegado por la apelante, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín no
había incurrido en el defecto alegado, toda vez que, una valoración conjunta y bajo
los parámetros de la sana crítica de las pruebas allegadas al proceso, permitía
concluir que la demandante en reconvención no acreditó los requisitos para obtener
la sustitución de la pensión ordinaria del señor Jorge Jesús González Cáceres.

En ese orden de ideas, se considera que la autoridad judicial accionada, en el fallo
del 9 de septiembre de 2021, sí analizó las pruebas que la solicitante echa de menos
y, en concreto, determinó que los testimonios, declaraciones y los documentos
allegados en el proceso eran insuficientes para acreditar la convivencia entre ella y
el señor Jorge Jesús González Cáceres y la existencia de una relación basada en
el apoyo mutuo y vida en comunidad, presupuestos necesarios para conceder la
pensión de sobrevivientes, de acuerdo con lo definido en las normas aplicables al
caso. Así las cosas, no le asiste razón a la accionante, al invocar la transgresión de
sus derechos fundamentales, puesto que la corporación judicial multicitada valoró
el material probatorio que fue aportado al proceso relacionado con la existencia de
la unión marital y la satisfacción de los presupuestos de convivencia entre los
compañeros permanentes y explicó, de manera razonada y suficiente, por qué no
podía reconocerse la prestación requerida.

Así mismo, se repara en que si bien la corporación mencionada no incluyó en la
decisión objeto de cuestionamiento las declaraciones extrajudiciales y las rendidas
ante la Fiscalía General de la Nación por cada uno de los testigos, lo cierto es que,
como se explicó en párrafos anteriores, sí examinó esas pruebas, incluso, confrontó
las afirmaciones de los declarantes antes las distintas autoridades y, a partir del
análisis conjunto de estas, concluyó que existían contradicciones en algunos de los
alegatos, particularmente, en lo que tiene que ver con el lugar de residencia del
causante y el lapso en que los señores María Vibiana Caballero y Jorge Jesús
González Cáceres habían convivido juntos.

Bajo este contexto, se colige que el Tribunal Administrativo del Tolima apreció las
pruebas obrantes en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica,
valoración a partir de la cual definió que la aquí accionante no acreditó que convivió

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los cinco años anteriores al fallecimiento con el causante y, por ende, en esta sede
no se evidencia la configuración de un defecto fáctico.

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, únicamente, en cuanto a la
solicitud de amparo solicitada por la señora Mary Judith Jaime de González en
contra del Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué y en relación con la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela instaurada por la señora precitada, en lo que tiene que ver con la
transgresión del principio de congruencia, pero por las razones aquí expuestas, y
se revocará, en el sentido de negar el amparo constitucional deprecado por la
señora María Vibiana Caballero, frente al desacuerdo relativo al defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, únicamente, en cuanto a la solicitud de
amparo solicitada por la señora Mary Judith Jaime de González en contra del
Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué y en relación con la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela instaurada por la señora precitada, en lo que tiene que ver con la
transgresión del principio de congruencia y, revocarla, en el sentido de negar el
amparo constitucional deprecado por la señora María Vibiana Caballero, frente al
desacuerdo relativo al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00459-01 y acumulado 11001-03-15-000-2022-00945-01
Accionantes: Mary Judith Jaime de González y otra

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto
Firma electrónica
LYGR

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