Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00521-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00521-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de abril de 2022
Demandante: Fredy Oscar Camacho González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00521-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00521-01
Demandante: FREDY OSCAR CAMACHO GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico – revoca
sentencia de primera instancia y, en su lugar, niega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver las impugnaciones presentadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) contra la sentencia del 21 de febrero de 2022,
por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”,
amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor y negó en lo
relacionado con la defectuosa valoración de los contratos de prestación de
servicios, los testimonios y los correos electrónicos.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Fredy Oscar Camacho González, a través de apoderado, presentó acción
de tutela1 con el fin de que se ampare su derecho fundamental “al debido proceso”.
La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” que, en
providencia de 13 de agosto de 2021, revocó la sentencia de 30 de noviembre de
2019, proferida por el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por el accionante contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), y que se identificó con el radicado
No. 11001-33-35-028-2017-00226-00/01.
1 Con escrito presentado el 20 de enero de 2022, a través de la ventanilla virtual del Consejo de
Estado, como se evidencia en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Fredy Oscar Camacho González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00521-01
1.2. Pretensiones
La parte actora elevó las siguientes peticiones:
“2.1. Se ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor Fredy Oscar
Camacho González, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección E, quien al proferir la Sentencia del 13 de agosto
de 2021, con ponencia del magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, dentro del
proceso con radicado 11001333502820170022600, omitió valorar las pruebas
oportunamente allegadas y las pocas que valoró, lo hizo de forma arbitraria,
irracional y caprichosa.
2.2. Como fundamento de la anterior declaración, solicito se deje sin efectos la
Sentencia del 13 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, con ponencia del magistrado
Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, dentro del proceso con radicado
11001333502820170022600.
2.3. Se ordene Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección E, para que en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, profiera una nueva providencia en la que se realice
una valoración probatoria que atienda a los postulados constitucional y legalmente
establecidos”.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que es docente y que desde el 30 de julio de 2004, ingresó al SENA en
calidad de contratista, como instructor para la formación profesional.
Indicó que desde que comenzó su labor se le entregó la orden de trabajo No.
00176 en la que se especificó: cuales serían sus funciones, que se le pagarían
$14.522 pesos la hora, que impartiría formación durante 242 horas hasta el 31 de
octubre de 2004 y que su trabajo lo vigilaría el coordinador del área de alimentos y
bebidas del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. Asimismo, que
debería cubrir la seguridad social con lo que recibiera del pago por la prestación
de sus servicios.
Alegó que todos los días asistía presencialmente a la sede del Centro Nacional de
Hotelería, Turismo y Alimentos y que su jornada laboral empezaba con los cursos
de 6 a.m. y finalizaba con el último curso de las 8 p.m. Además, explicó que sus
funciones eran desarrolladas por igual por los instructores de planta, solo que
estos últimos tenían una remuneración diferente, al percibir prestaciones y otros
beneficios.
Informó que el SENA le renovó su contrato como instructor durante 12 años, hasta
el 23 de agosto de 2016, cuando sin ninguna justificación la entidad decidió no
volverlo a contratar.
Destacó que en el 2017, presentó una reclamación ante el SENA con el fin de que
le pagaran las primas, vacaciones, indemnización por despido sin justa causa,
sanciones moratorias por el pago tardío de las acreencias, así como el pago de los
aportes al sistema de seguridad social en pensión que le correspondía a la entidad
en calidad de empleador.
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Demandante: Fredy Oscar Camacho González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E”
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Manifestó que mediante el oficio No. 2-2017-009074 del 15 de marzo de 2017, el
SENA resolvió desfavorablemente su petición, al señalar que su vinculación se
hizo por contratos de prestación de servicios que excluían los sueldos,
prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados, los cuales se
encuentran prohibidos expresamente por el numeral 32 de la Ley 80 de 1993.
Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, el 24 de julio de 2017, radicó una
demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá,
Comentó que la autoridad judicial de primera instancia, en sentencia del 30 de
noviembre de 2019, accedió parcialmente a sus pretensiones, al declarar la
nulidad del acto acusado y, en consecuencia, declaró la existencia de una relación
laboral en el período comprendido entre el 30 de julio de 2004 y el 31 de agosto de
2014, y entre el 14 de agosto de 2015 y el 23 de agosto de 2016. Además,
condenó a la entidad a pagar prestaciones sociales y vacaciones, y a efectuar las
cotizaciones al sistema general de seguridad en salud y pensión.
Expuso que la anterior decisión fue apelada por las partes y que los recursos
fueron desatados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E” que, en providencia de 13 de agosto de 2021, revocó el
fallo de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
al considerar que no se encontraban demostrados los elementos que conforman la
relación laboral.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El señor Fredy Oscar Camacho González consideró vulnerado su derecho
fundamental “al debido proceso”, con la sentencia de 13 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, al considerar que se incurrió en un defecto fáctico.
Al respecto, precisó que la autoridad judicial accionada en la providencia de
segunda instancia (i) omitió valorar algunas pruebas que permitían establecer los
extremos de la relación laboral, con lo cual la decisión judicial habría sido otra; y
(ii) valoró los elementos probatorios de manera arbitraria, irracional y caprichosa,
al analizarlos en forma aislada y no en su conjunto (como lo ordena el artículo 176
del Código General del Proceso), al no darles el alcance que tenían, o
simplemente al apreciarlas con base en estándares probatorios inexistentes.
Indicó que para el Tribunal “el demandante no aportó pruebas pertinentes que
acreditaran la intensidad horaria ni los extremos temporales en los que había ejecutado el
2 En el escrito de tutela se indicó que con la demanda se aportaron algunas pruebas, como las
siguientes: “certificaciones de contratos expedidos por el SENA, en el que se indica fecha de inicio
y de terminación de cada uno de los contratos de prestación de servicios celebrados, copia de
todos los contratos de prestación de servicios que se encontraban en poder del accionante, con
especificación de las funciones a desarrollar, copia de los diplomas que el SENA entregó al
contratista como constancia de haber participado en diferentes cursos y capacitaciones, historial de
cotización en pensiones, instructivos que el SENA entregó y en el que se indicaban los
lineamientos para el desempeño de las funciones, así como múltiples correos electrónicos que
enviaban los coordinadores del SENA impartiéndole diferentes órdenes e instrucciones”.
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objeto contractual en cada uno de los contratos”, por tal razón determinó que no
valoraría las pruebas diferentes a los contratos de prestación de servicios y que
del análisis de estos no tendría en cuenta aquellos que no le dieran certeza
respecto de los tiempos y plazos de la relación contractual, con lo cual omitió que
las probanzas deben ser valoradas en conjunto.
Alegó que el ad quem desechó la mayoría de pruebas practicadas sin dar razones
claras de ello, pese a que fueron las mismas que llevaron al juez de primera
instancia a concluir que sí existió una relación laboral entre las partes. Mencionó
las siguientes:
• Certificaciones del 02 de noviembre del 2011, 18 de julio de 2016 y 06 de
marzo de 2017, expedidas por el subdirector del Centro Nacional de
Hotelería, Turismo y Alimentos, en las que se detallan los plazos durante
los cuales se ejecutaron cada uno de los contratos de prestación de
servicios.
• Actas de inicio y terminación de los contratos, en las que se especificaron
los periodos en los que se prestó el servicio y se certificó el cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en los contratos.
• El indicio que surgió de la conducta procesal de la entidad cuando en la
contestación de la demanda aceptó como ciertos los hechos primero y
cuarto, que detallan los extremos de la relación laboral.
Por otro lado, explicó que la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca impuso una tarifa legal probatoria inexistente “al
afirmar que la prueba del cumplimiento de la carga horaria sólo podía acreditarse con el
sistema Sofía plus o algún otro sistema con que contara la entidad y por tanto,
desechando de tajo los demás medios de prueba obrantes en el expediente que daban fe
del cumplimiento del demandante de la carga horaria”, tales como las correspondientes
actas de liquidación de los contratos aprobadas por la entidad, que itera, probaban
el cumplimiento de sus obligaciones y de la intensidad horaria.
En relación con las pruebas que demostraban la subordinación, manifestó que el
Tribunal con los correos electrónicos aportados al plenario encontró probado tal
elemento del contrato de trabajo para los años 2011, 2012, 2014 y 2016, pero optó
por desconocer dicha evidencia solo porque para el período comprendido entre el
10 y 27 de diciembre de 2007, no reposaba prueba alguna sobre la subordinación.
Es decir que, no solo desechó el acervo probatorio, sino que además valoró de
forma ilógica las pruebas, pues diciembre de 2007, solo constituye un mes de los
140 que prestó el servicio.
De igual forma, expresó que la autoridad accionada desconoció sin justificación
alguna el testimonio rendido por el señor Luis Orlando Jiménez Montes, al señalar
que no existía constancia sobre las afirmaciones realizadas por el tercero sobre la
prestación de sus servicios junto con el demandante durante los años 2005 a
2010, el cumplimiento de un horario y las órdenes que recibían de los
supervisores, pues si hubiera valorado en conjunto todas las probanzas, por
ejemplo los correos electrónicos (que no fueron tachados de falsos), la decisión
judicial sería otra.
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Insistió en que no se valoraron: (i) las pruebas que dan cuenta de que no contaba
con autonomía para prestar sus servicios, como erradamente lo afirmó el Tribunal,
verbigracia los testimonios de los señores Luis Orlando Jiménez Montes y Walter
Natalio Valdez Montañez; (ii) los demás elementos que acreditan la subordinación,
sin que el Tribunal diera alguna razón del porqué estas pruebas no serían
valoradas, dado que, reitera, solo se analizaron los contratos; y (iii) el indicio de la
contestación de la demanda donde se aceptan los hechos 1 y 4, y en
consecuencia, los extremos temporales, en los términos del artículo 241 del
Código General del Proceso.
Por último, agregó lo siguiente:
“Es claro entonces que el Tribunal (i) no fundó su decisión en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, como son las pruebas testimoniales y los
diversos correos electrónicos que daban cuenta de la subordinación del contratista
en la ejecución de su labor (artículo 164 CGP) (ii) existiendo pruebas que el
permitían al juez la formación del convencimiento, este simplemente las desechó,
sin exponer razonablemente el porqué de su decisión (artículo 165 del CGP) (iii) no
valoró las pruebas en conjunto, ni conforme a las reglas de las sana crítica, ni
tampoco expuso razonadamente el mérito que le asignaría a cada una de las
pruebas (artículo 176 del CGP)”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 25 de enero de 2022, el magistrado ponente de la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia
y ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “E”, en calidad de autoridad demandada, así como al SENA
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés
e interviniente, respectivamente.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”
Con escrito de 26 de enero de 2022, el magistrado ponente de la providencia
judicial enjuiciada solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia, teniendo en cuenta que se pretende ejercer como una tercera instancia
o que, en su defecto, se nieguen las pretensiones del actor, por las siguientes
razones:
Manifestó que en la decisión de segunda instancia emitida el 13 de agosto de
2021, se plasmaron todos los argumentos que justificaron la revocatoria de la
sentencia de 30 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por considerarse que en la
ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el
SENA no se configuró una relación laboral.
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Lo anterior, comoquiera que la prestación del servicio se pactó por horas y que
estas fueron inferiores a las desempeñadas por un instructor de planta. Además,
porque tampoco se demostró la continua subordinación y/o dependencia.
Por lo anterior, consideró que en el proceso no se incurrió en ninguna irregularidad
procesal, ni se vulneró derecho fundamental alguno como lo señala el accionante.
1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
A través de escrito de 28 de enero de 2022, el director de la Regional Distrito
Capital de la entidad pidió que se nieguen todas las pretensiones y condenas
invocadas por el actor y que se confirme que el fallo de segunda instancia
adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”, se ajustó a derecho y no vulneró los derechos fundamentales.
Resaltó que no se configuran los defectos endilgados contra la providencia
censurada, pues no fue arbitraria, irracional, ni contraria a derecho. Por el
contrario, esta se adoptó con fundamento en el ordenamiento jurídico colombiano,
luego de que se realizara un proceso interpretativo que respetó los precedentes
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y en el cual se analizó todos
los elementos de prueba.
Igualmente, enunció que el juez de segunda instancia dentro del proceso ordinario
estudió lo pertinente en relación con el elemento de subordinación, esto es la
cantidad de contratos de prestación de servicios celebrados entre el actor y el
SENA, para demostrar la solución de continuidad entre uno y otro, con lo cual no
se probó los extremos temporales de la relación laboral.
Además, indicó que en la sentencia enjuiciada se observa en los folios 10 al 15 la
valoración probatoria que efectuó el Tribunal, en armonía con la sana crítica, la
lógica y la experiencia. En consecuencia, afirmó que no es cierto, como lo aseguró
el demandante, que no se haya realizado un análisis profundo de los elementos de
juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto.
Por otro lado, señaló que la presente acción de tutela no es de relevancia
constitucional pues lo que realmente pretende la parte actora es abrir un debate
mediante una tercera instancia; máxime cuando no se encuentra probada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que implique la adopción de medidas
urgentes.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 21 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, resolvió:
“PRIMERO: NIÉGASE el amparo en lo relacionado con la defectuosa valoración frente
a los contratos de prestación de servicios, los testimonios y los correos electrónicos.
SEGUNDO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del señor Fredy
Óscar Camacho González por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
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TERCERO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 13 agosto de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia y se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado No. 11001-33-35-028-2017-
00226-01.
CUARTO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte
motiva aquí expuesta”.
Como fundamento de la decisión, indicó que se encontraban superados todos los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela, motivo por el que
estudió de fondo el defecto fáctico invocado por la parte actora y consideró que
concedería el amparo solicitado respecto a la omisión en la valoración de las
certificaciones expedidas por el SENA y las actas de liquidación de los contratos y
que lo negaría en cuanto a la valoración defectuosa sobre los contratos de
prestación de servicios, los testimonios y los correos electrónicos.
Sobre el primer aspecto, precisó que la autoridad judicial accionada no valoró las
certificaciones expedidas por el SENA, las actas de liquidación de los contratos y
la confesión realizada por la entidad a través de apoderado y se limitó a afirmar
que estas no permitían probar los extremos temporales en los que se ejecutó el
contrato, sin exponer razonadamente por qué y solo hizo una mención general
sobre el valor probatorio de los contratos de prestación de servicios.
De igual modo, observó que el ad quem no estudió las actas de liquidación de los
contratos 030 de 2011, 110 de 2021 y 5611 de 2015, suscritas por la subdirectora
del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, el coordinador misional del
área y el contratista, ni las certificaciones del 2 de noviembre del 2011, 18 de julio
de 2016 y 6 de marzo de 2017 expedidas por el subdirector del Centro Nacional
de Hotelería, Turismo y Alimentos, por lo que encontró configurado el defecto
fáctico invocado por ausencia de valoración.
Manifestó que la autoridad judicial fijó una tarifa legal al afirmar que para probar la
intensidad horaria era necesario aportar la información contenida en el sistema
“Sofía Plus” o alguno otro de la entidad demandada, máxime cuando las
certificaciones y actas de liquidación que dejó de valorar provienen del SENA y
son documentos que tienen incidencia en la decisión adoptada, pues esclarecen la
información sobre la intensidad horaria y extremos temporales en los que se
ejecutó el contrato, elementos que el Tribunal no encontró acreditados.
En este punto, precisó que “el amparo concedido se circunscribe a que el tribunal
valore, respetando su independencia judicial, las referidas pruebas; por lo cual, su
conclusión respecto a la acreditación del requisito de prestación personal del servicio
dependerá del análisis que efectúe”.
Finalmente, en cuanto a la valoración defectuosa de los contratos de prestación de
servicios, los testimonios y los correos electrónicos, concluyó que el estudio
realizado en el fallo fue razonable. Sin embargo, enfatizó lo siguiente:
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“Ahora bien, lo anterior no impide que, si el tribunal encuentra superado el requisito
de prestación personal del servicio al analizar las pruebas no valoradas –
certificaciones expedidas por el SENA y las actas de liquidación de los contratos–,
éste realice un nuevo estudio sobre la subordinación (que no incluya el periodo
entre el 10 y el 27 de diciembre de 2007, pues, como se expuso, fue
razonablemente estudiado) donde tenga en cuenta estas pruebas”.
1.8. Impugnaciones
A través de correos electrónicos enviados los días 8 y 10 de marzo de 20223, al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y el SENA
impugnaron el fallo de 21 de febrero de 2022.
1.8.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “E”
A través del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, manifestó que
reitera cada uno de los argumentos plasmados en la contestación de la acción de
tutela, según los cuales se debió revocar la sentencia del 30 de octubre de 2019,
proferida por el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, pues en la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre el actor y el SENA no se configuró una relación laboral, dado que estos se
pactaron por horas, las cuales fueron inferiores a las desempeñadas por un
instructor de planta, además, tampoco se demostró la continua subordinación y/o
dependencia.
Explicó que en la providencia enjuiciada se señaló que los tiempos prestados
como contratista se deben acreditar con los contratos de prestación de servicios,
teniendo en cuenta que las certificaciones expedidas por la demandada no pueden
ser valoradas, pues no constituyen la prueba idónea, pertinente y conducente que
den certeza de las circunstancias de tiempo, modo, lugar sobre las labores y
obligaciones de cada una de las partes, tal como lo ha señalado la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
Agregó que “Si bien dentro al expediente fueron allegados y relacionados los contratos
de prestación de servicios celebrados entre el año 2004 y 2010, lo cierto es que en estos
se fijó un plazo contractual por “horas” de formación, las cuales se debían ejecutar en el
plazo de ejecución o hasta cuando se agotaran las mismas, razón por la cual no existió en
este caso una fecha límite de ejecución, luego, se impide determinar el período en que
inició y culminó la relación contractual”.
Aclaró que el tutelante pudo haber prestado los servicios contratados, pero que el
objeto contractual establecido por horas de instrucción le daba autonomía para
suministrar sus servicios como instructor. Igualmente, indicó que no aparecía
determinada la forma de permanencia, el horario y los lineamientos para la
prestación sus funciones.
3 Las impugnaciones se presentaron dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 7 de marzo de
2022, y los recursos se interpusieron el 8 y 10 de marzo de 2022.
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Por último, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar,
se declare la improcedencia de la acción de tutela o que, si se llegare a determinar
que la misma es procedente, se nieguen las pretensiones de la demanda, puesto
que los documentos obrantes en el proceso fueron estudiados juiciosamente y
estos no acreditaron la intensidad horaria ni los extremos temporales en los que se
ejecutaron los contratos.
1.8.2. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
El director de la Regional de Distrito Capital de la entidad, pidió que se revoque el
fallo de primer grado, al manifestar que no es cierto, como lo señaló el a quo
constitucional, que el actor agotó los demás medios de defensa con los que
contaba en este caso, dado que este dispone del recurso extraordinario de
revisión para solicitar que se examinen las decisiones emitidas por el órgano
judicial de lo contencioso administrativo.
Alegó que en la sentencia de tutela no se encuentra plenamente probado y
motivado el defecto fáctico, sin embargo, que el juez constitucional lo dio por
configurado, cuando para que se tenga por acreditada una verdadera relación
laboral por la celebración de contratos de prestación de servicios, es indispensable
que la parte demandante pruebe los tres elementos constitutivos del contrato de
trabajo, tal como lo ha establecido el Consejo de Estado, por ejemplo, en la
sentencia de 23 de agosto del 2018, dentro del expediente 08001-23-33-000-
2012-00401-01.
Explicó que en el presente asunto tampoco se desvirtuó la presunción de legalidad
de los contratos de prestación de servicios contenida en el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, ni la del acto administrativo contenido en el artículo 88 de la Ley 1437 de
2011, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de agosto
de 2019, radicado 23001-23-33-000-2012-90122-01(4396-15).
Finalmente, concluyó que “el fallador de segunda instancia no encontró probada la
presunta subordinación alegada por el accionante y que dio lugar a negar las
pretensiones, elemento que no fueron tenidos en cuenta y valorados por el juez de tutela
al presumir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección segunda subsección
“E” incurrió en un presunto defecto factico según por no haber tenido en cuenta las actas
de liquidación configurando presuntamente la violación al debido proceso, argumento que
es contrario a la realidad”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra
el fallo de tutela de 21 de febrero de 2022, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 21 de febrero de 2022, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual se amparó el derecho
fundamental al debido proceso del señor Fredy Oscar Camacho González.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del
defecto fáctico; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto se interpreta que la
autoridad judicial incurrió en el defecto fáctico, por lo que se evidencia que
trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
11001-33-35-028-2017-00226-00/01.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
que se cuestiona fue proferida el 13 de agosto de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E” y notificada
en la misma fecha, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 20 de enero
de 2022, de manera que, sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria, se
observa que su interposición se hizo en un término que a juicio de la Sala es
razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses de la providencia
de segunda instancia.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 8, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.4.4. Ahora bien, en lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos
judiciales, esta Colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la sentencia que
se cuestiona es la proferida en segunda instancia el 13 de agosto de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E”, que
revocó la sentencia de 30 de noviembre de 2019, del Juzgado Veintiocho (28)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra el
SENA, y que se identificó con el radicado No. 11001-33-35-028-2017-00226-
00/01, para en su lugar negarlas; razón por la cual contra la providencia
controvertida no procede ningún recurso ordinario, y los cargos alegados no se
encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de
revisión ni de unificación de jurisprudencia.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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Ahora bien, en su escrito de impugnación el SENA alegó que no es cierto, como lo
señaló el juez constitucional de primera instancia, que el actor agotó los demás
medios de defensa con los que contaba en este caso, dado que este dispone del
recurso extraordinario de revisión para solicitar que se examine la sentencia que
se enjuicia con la presente acción de tutela.
Sin embargo, revisadas las causales de revisión enlistadas en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
Sala no advierte que estas se encuadren en alguno de los reproches realizados
por el señor Camacho González a través de este mecanismo de amparo, razón
por la cual los argumentos expuestos por la entidad accionada no están llamados
a prosperar.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
2.5. Generalidades del defecto fáctico
Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201510 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de este en
una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión
así:
i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
decreto y práctica que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de pruebas de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere que la parte:
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
10 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que se:
hechos alegados
por las partes a) Identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
juez.
b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Requiere entonces que:
Valoración
irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
arbitraria de las objeto de indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
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Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
2.6. Caso concreto
Como se ha mencionado, el señor Fredy Oscar Camacho González alegó que en
la sentencia proferida el 13 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” incurrió en el defecto fáctico, al
(i) omitir valorar algunas pruebas que permitían establecer los extremos de la
relación laboral, tales como las certificaciones expedidas por el SENA, las actas
de liquidación de los contratos y la confesión realizada por la entidad en su
contestación a la demanda; y (ii) valorar de manera arbitraria, irracional y
caprichosa los contratos de prestación de servicios, los testimonios y los correos
electrónicos aportados al plenario, al analizarlas en forma aislada y no en su
conjunto.
2.6.1. Al descender al caso sub examine, encuentra la Sala que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” en el proveído
de 13 de agosto de 202, realizó las siguientes consideraciones:
(i) En primer lugar, expuso que se encontraba probado que el señor Camacho
González prestó sus servicios en el SENA como instructor de tiempo completo
para formación profesional, para lo cual citó todas órdenes de trabajo y contratos
de prestación de servicios aportados al expediente.
Acto seguido, aclaró que dentro del proceso solamente los contratos de prestación
de servicios que se aportaron con la demanda o que se allegaron posteriormente
dentro de la etapa probatoria daban convencimiento de los tiempos prestados
como contratista, razón por la cual concluyó que las certificaciones expedidas por
la entidad accionada no podían ser tenidas en cuenta, al no constituir la prueba
idónea, pertinente y conducente que diera certeza de las circunstancias de tiempo,
modo, lugar, labores y obligaciones de cada una de las partes, dado que tales
condiciones fueron pactadas en los respectivos contratos. En consecuencia,
concluyó que los tiempos que se tomarían en consideración serian aquellos
contenidos en los contratos, sus adiciones o prórrogas.
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(ii) De los contratos aportados infirió las actividades que debía realizar el
demandante entre los años 2004 y 2010, así como la obligación de cumplir con la
programación académica de 40 horas semanales, 8 horas diarias, 160 horas
mensuales máximo, en los días y horarios predeterminados por la coordinación
académica correspondiente. Así mismo, resumió los testimonios recepcionados de
los señores Luis Orlando Jiménez Montes y Walter Natalio Valdez Montañez.
(iii) Luego, pasó a estudiar los elementos propios de la relación laboral, para lo
cual comenzó con el concerniente a la prestación personal del servicio.
En este punto, reiteró que las pruebas diferentes a los contratos, o aun, los
contratos que no dieran certeza sobre los tiempos prestados como contratista no
serían “tenidos en cuenta, pues no se puede dar una interpretación subjetiva y
caprichosa de la existencia y duración de la relación contractual que pretende ser
desvirtuada”. Igualmente, manifestó que esto no presuponía una indebida
valoración probatoria, en tanto que los acuerdos confusos o incompletos no
lograban dar pleno convencimiento de la relación contractual aparentemente
disfrazada, por el contrario, se darían por probados hechos que no cuentan con
soporte probatorio suficiente.
Encontró que la prestación del servicio del actor obedeció a necesidades
específicas, concretas y temporales de la entidad, que inicialmente fue para la
formación profesional integral en el área de cocina mediante horas de formación y
que para los años 2004 y 2015, el componente obligacional y el objeto contractual
cambió, aunque la labor fuera la de impartir formación.
Informó que el artículo 24 del Decreto 249 del 28 de enero de 2004 “Por el cual se
modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA” estableció las
funciones de las Direcciones Regionales y de la Dirección del Distrito Capital,
entre ellas, las de controlar el cumplimiento de la jornada de los instructores de
cuarenta y dos y media (42.5) horas semanales.
Por lo tanto, verificó si la intensidad horaria fijada en los contratos de prestación de
servicios allegados por el actor cumplía con aquella que debe ser desarrollada por
un instructor de planta, esto es, 42.5 horas, para un total de 170 horas mensuales,
teniendo en cuenta para el cálculo el plazo de ejecución contenido en cada uno de
ellos. Para el efecto, realizó una tabla que contenía la siguiente información:
Contrato de prestación Plazo o Horas Horas que debe
de servicios – Órdenes contenido contratadas cumplir un instructor
de trabajo o servicio en el plazo fijado
Resaltó que “pese a que en los contratos de prestación de servicios relacionados se
consignó que el plazo contractual y las horas de formación contratadas se debían ejecutar
bien fuera en el plazo de ejecución o hasta cuando se agotaran, solo fue posible realizar
el análisis teniendo en cuenta como parámetro el plazo de ejecución, el valor del contrato
y de las horas, pues no se aportó al expediente prueba alguna que demostrara el
cumplimiento de dicha carga horaria en el sistema Sofía Plus, o algún otro que la entidad
accionada contara para el efecto”.
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Enfatizó que a la Corporación se le impedía determinar el período en que inició y
culminó la relación contractual en años, meses y días, dado que en los contratos
celebrados entre los años 2004 y 2010, su duración se fijó en horas de formación
con fecha límite de ejecución. Además, que en la adición de la Orden de Trabajo
No. 00342 del 6 de octubre de 2004, así como en los contratos Nos. 000176 de
2005, 00000034 de 2008, 000000186 de 2008, 000000036 de 2009, 00000344 de
2009 y 001520 de 2013, no era posible establecer el periodo en que se ejecutaron
las horas.
De igual manera, precisó que en los contratos Nos. 00000030 de 2011, 00000193
de 2011, 00000110 de 2012, 00000300 de 2012, 00005611 de 2015, 00003989 de
2016 y 2335 de 2014 se estipularon 40 horas a la semana y un máximo de 160
horas por mes, mientras que el contrato No. 001520 de 2013 se pactó por un
periodo fijo de carácter temporal, sin precisar los extremos en los que fue
ejecutado.
En consecuencia, consideró que el demandante no aportó pruebas pertinentes
que acreditaran la intensidad horaria ni los extremos temporales en los que se
ejecutó el objeto de cada uno de los contratos. Sin embargo, aclaró que esto no
significaba que el accionante no hubiera prestado sus servicios, pues él debía
cumplir con la carga horaria programada en forma conjunta con la entidad, sino
que esta podía ser ejecutada dentro de un período comprendido entre el
perfeccionamiento del contrato hasta la fecha límite fijada documento o hasta
cuando se agotaran las horas contratadas.
En otras palabras, explicó que “si bien los contratos cuentan con fecha de iniciación y
de terminación, también lo es que, dentro del objeto contractual se establecieron las horas
de instrucción a impartir, es decir, que se podría decir que el demandante contaba con
total autonomía para prestar los servicios como instructor en cada componente, teniendo
en cuenta que la entidad accionada no estableció de forma clara la permanencia, los
horarios y los lineamientos para la prestación del servicio”.
Al respecto, comentó que no existe una sentencia de unificación en relación con la
existencia de una relación laboral entre una persona que desempeñó la labor de
instructor en el SENA, pero que esa Subsección acogía la tesis del Consejo de
Estado, según la cual la configuración de dicha relación está supeditada a la
comprobación de ciertos elementos, en especial, del cumplimiento de la intensidad
horaria de consagración legal para el empleo de instructor. Allí, citó la sentencia
de 4 de julio de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del radicado número 47001-23-33-000-2013-90117-01.
Por otro lado, aclaró que no se compartía la postura de realizar una equivalencia
de horas, para establecer cuándo inició y culminó la relación contractual entre las
partes, pues es un aspecto determinante que corresponde probar a la parte actora
mediante otros medios probatorios, como, por ejemplo, los reportes de horas
obrantes en el sistema “Sofía Plus”.
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Concluyó que en el expediente quedó probado que el tiempo laborado por el
demandante a través de los contratos de prestación de servicios pactados por
horas en los que fue posible determinar los extremos temporales, fue inferior al
desarrollado por un instructor de planta, con excepción del contrato No. 00000206
de 2007 (desarrollado entre el 10 y el 27 de diciembre de 2007), en el cual se
prestaron más horas (160) que las que desarrollaría un instructor de planta
durante el mismo lapso de tiempo (153).
(iv) Sobre la remuneración del servicio prestado, concluyó que dicho elemento se
encontraba acreditado, pues en los múltiples contratos se pactaron los honorarios
por los servicios prestados por el demandante Fredy Oscar Camacho González.
(v) Finalmente, en relación con el elemento de la subordinación o dependencia,
explicó que el demandante allegó diversos correos electrónicos de los años 2011,
2012, 2014 y 2016 en los que se le realizaban algunas observaciones, pero que
para el único periodo en que el demandante prestó sus servicios por un periodo
superior al de un instructor de planta (10 y el 27 de diciembre de 2007), “no
aparecen pruebas para la subordinación dentro del proceso, tan sólo lo señalado en el
testimonio del señor Luis Orlando Jiménez Montes, en el que relató que había prestado
sus servicios con el demandante durante los años 2005 a 2010 en programas similares en
el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, que cumplían un horario y recibían
órdenes de los supervisores, no obstante, no existe prueba o constancia quede muestre
que en efecto fue así, (…)”.
Sin embargo, comentó que entre el 10 y el 27 de diciembre de 2007, aparece
probado que quien realizó las cotizaciones para pensión fue la Fundación
Politécnica Sonría, lo que permitía concluir que el demandante desarrollaba
actividades adicionales en otros lugares mientras desarrollaba el objeto
contractual del contrato 00000206 de 2007, por lo que la relación laboral se
tornaba inexistente; máxime cuando no existía alguna referencia sobre que tuviera
que cumplir determinado horario y que haya ejecutado la labor de instructor en
forma diferente a la convenida en el contrato de prestación de servicios.
Por lo tanto, revocó la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019, del Juzgado
Veintiocho (28) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedía
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó por las
razones expuestas.
2.6.2. Realizado el anterior recuento, la Sala anticipa que revocará el fallo de
primera instancia, al no advertir la configuración del defecto fáctico invocado por la
parte actora, como pasa a exponerse.
Al revisarse la providencia de 13 de agosto de 2021, se observa que en efecto el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”
determinó que únicamente valoraría los contratos de prestación de servicios por
ser la prueba que daba certeza de los tiempos prestados como contratista y que
las certificaciones expedidas por la entidad accionada no serían tenidas en cuenta,
al no constituir la probanza idónea que diera certeza sobre las circunstancias de
tiempo, modo, lugar, labores y obligaciones de cada una de las partes, dado que
ello quedó estipulado en los respectivos contratos.
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Al respecto, el actor alegó que el Tribunal impuso una tarifa legal probatoria
inexistente “al afirmar que la prueba del cumplimiento de la carga horaria sólo podía
acreditarse con el sistema Sofía plus o algún otro sistema con que contara la entidad y
por tanto, desechando de tajo los demás medios de prueba obrantes en el expediente que
daban fe del cumplimiento del demandante de la carga horaria”, tales como las
correspondientes actas de liquidación de los contratos aprobadas por la entidad,
que probaban el cumplimiento de sus obligaciones y de la intensidad horaria.
Sin embargo, para esta Sala los argumentos expuestos por el tutelante, acogidos
parcialmente en el fallo impugnado, no están llamados a prosperar, toda vez que
las consideraciones realizadas por la autoridad judicial accionada fueron
razonables, al explicar el mérito que les asignó a las certificaciones expedidas por
el SENA, en el sentido de indicar que estas no eran la prueba idónea, pertinente y
conducente que diera certeza sobre el elemento de la prestación del servicio que
estaba estudiando.
Ahora bien, el actor insistió en que las actas de liquidación de los contratos de
prestación de servicios demostraban no solo el cumplimiento de sus obligaciones,
sino la intensidad horaria que extrañó el ad quem en la sentencia.
No obstante, para esta Corporación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “E” realizó un estudio juicioso de cada una de las
órdenes de servicio y contratos allegados al expediente ordinario, que conllevó a
que se determinara que el señor Fredy Oscar Camacho González no ejecutó la
misma cantidad de horas que la que debería haber realizado un instructor de
planta durante el mismo plazo pactado en los contratos suscritos con la entidad.
En otras palabras, si bien la autoridad judicial accionada no se refirió a las actas
de liquidación de cada uno de los contratos de prestación de servicios, lo cierto es
que este elemento probatorio no cambia el sentido del fallo, toda vez que no
prueba que el actor cumplió con la misma carga horaria que debía ejecutar un
instructor de planta por el mismo término que el pactado en los contratos. Las
actas de liquidación, en efecto, enseñan que el accionante cumplió con las
obligaciones establecidas en los contratos, pero no demuestran que se igualaran o
sobrepasaran las horas desempeñadas por un instructor de planta.
En cuanto a la falta de valoración del indicio que surgió de la conducta procesal de
la entidad cuando en la contestación aceptó como ciertos los hechos 1° y 4°, que a
juicio del actor detallan los extremos de la relación laboral, la Sala procede a
transcribir lo reseñado tanto en la demanda, como en la respectiva contestación:
• Demanda: “1. El señor Fredy Oscar Camacho Prestó sus servicios personales al
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA- entre el 30 de julio de 2004 hasta
el 23 de agosto de 2016. (…) 4. La vinculación con el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA se ha dado formalmente bajo la modalidad de sucesivos
contratos denominados “de prestación de servicios”, así:”
• Contestación: “1. Es parcialmente cierto. El accionante prestó sus servicios
mediante la celebración de varios y diferentes contratos de prestación de servicios, y lo
hizo de manera interrumpida e independiente. Se aclara que fueron ejecutados de
manera interrumpida, es decir, con solución de continuidad, como se evidencia en el
hecho cuatro. (…) 4. Es parcialmente cierto ya que en efecto se suscribieron varios
contratos de prestación de servicios pero se suscribieron de manera interrumpida”.
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Demandante: Fredy Oscar Camacho González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00521-01
Como se advierte, en la contestación otorgada por el SENA, ante los hechos 1° y
4° se dijo que estos eran parciamente ciertos, pero inmediatamente se argumentó
tal afirmación, en el sentido de señalar que el actor suscribió unos contratos de
prestación de servicios, por lo que para la Sala no existe ningún indició que haya
sido dejado de valorar por el Tribunal accionado.
Sobre las pruebas que demostraban la subordinación, el tutelante señaló que “el
Tribunal optó por desconocer toda una evidencia probatoria aportada al proceso para los
años en mención, sólo porque durante algunos días del mes de diciembre del año 2007
no reposaba prueba alguna” y que “valoró de forma ilógica la prueba, pues si para los
años 2011, 2012, 2014 y 2016, se acreditaron elementos propios de una subordinación,
consecuente era afirmar que también se configuró para el mes de diciembre de 2007, que
tan sólo constituye un mes entre los más de 140 meses que se laboró para la entidad”.
Al respecto, es importante precisar que, contrario a lo manifestado por el actor, la
autoridad judicial accionada no desconoció la evidencia probatoria aportada para
acreditar la subordinación en los años 2011, 2012, 2014 y 2016, sino que se limitó
a estudiar este elemento de la relación laboral únicamente respecto del periodo
comprendido entre el 10 y el 27 de diciembre de 2007, dado que solo en este se
probó que el tutelante prestó más horas de las que desarrollaría un instructor de
planta durante el mismo lapso de tiempo.
De igual forma, se encuentra que la valoración del testimonio de Luis Orlando
Jiménez Montes fue razonable, en atención a que, como bien lo expuso el tribunal
acusado, aquellas manifestaciones no encontraron soporte documental alguno con
los cuales pudiese evidenciarse la dependencia laboral del demandante respecto
de la entidad, pues los corres electrónicos que aportó datan de los años 2011,
2012, 2014 y 2016, más no del 2007 que, se reitera, era el periodo que se estudió
en la sentencia enjuiciada y en el que se cumplía el presupuesto de la carga
horaria para poder establecer la existencia de una relación laboral.
Por lo tanto, se advierte que los cargos invocados por el actor no están llamados a
prosperar, en la medida que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E” realizó una apreciación de los elementos probatorios
obrantes en el expediente bajo los criterios de la sana crítica y expuso de manera
razonada el mérito que le asignó a cada uno de ellos, diferente es que no
encontrara alguna prueba que le ofreciera un verdadero convencimiento de que el
actor prestó su servicio en forma subordinada y dependiente del empleador
durante el periodo en que pretendía se declarara la existencia del vínculo laboral.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de 21 de febrero de 2022, por
medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, amparó
el derecho fundamental al debido proceso y negó en lo relacionado con la
defectuosa valoración de los contratos de prestación de servicios, los testimonios
y los correos electrónicos, y en su lugar, negará el amparo invocado por el actor,
al no encontrase configurado el defecto fáctico expuesto por este en su escrito de
tutela.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección “E”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00521-01
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de febrero de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que amparó el derecho
fundamental al debido proceso de Fredy Oscar Camacho González y negó en lo
relacionado con la defectuosa valoración de los contratos de prestación de
servicios, los testimonios y los correos electrónicos, para, en su lugar, negar el
amparo de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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