Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-90122-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Contrato de prestación de servicios: cumplimiento de las obligaciones contractuales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2012-90122-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2012-90122-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
8 de agosto de 2019
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Cumplimiento de las obligaciones contractuales / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Presunción legal / CONTRATO REALIDAD – Debe demostrarse la relación laboral alegada
[Q]uien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 23001-23-33-000-2012-90122-01(4396-15)
Actor: SIMEÓN VILLAR MARTÍNEZ
Demandado: E.S.E. CAMU DE CANALETE - CÓRDOBA
Referencia: CONTRATO REALIDAD. NO SE DEMOSTRÓ LA RELACIÓN LABORAL ALEGADA COMO QUIERA QUE LO PROBADO OBEDECE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS ENTRE LAS PARTES
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación que presentó la parte demandada contra la sentencia adiada el 23 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accede a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La demanda
El señor SIMEÓN VILLAR MARTÍNEZ, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra de la Empresa Social del Estado - CAMU DE CANALETE, para que se acceda a la declaratoria de nulidad del acto contenido en el Oficio No. 0107, de fecha 6 de agosto de 2012, mediante el cual se negó la relación de trabajo del actor con la E.S.E demandada.
La relación de trabajo al decir del demandante, se habría generado de forma ininterrumpida entre el 9 de enero de 2008 y el 15 de agosto de 2011, de tal forma solicita la indemnización equivalente a cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y sanción moratoria.
2.1.1 Pretensiones
Declarar nulo el acto administrativo contenido en la respuesta, Oficio 107 de 6 de agosto de 2012, el cual denegó la relación laboral entre las partes en la reclamación administrativa presentada por el actor el 25 de agosto de 2012 (fl.4).
Que como restablecimiento del derecho se pague a favor del actor en calidad de empleado público y a manera de indemnización por el tiempo laborado y hasta el 24 de noviembre de 2012, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y sanción moratoria (fl.4).
Se reconozcan a manera de indemnización y a favor del demandante, los respectivos aportes en salud, pensiones y riesgos profesionales (fl.5).
A la indexación de la condena desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le pongan fin al proceso (fl.5).
A la condena en agencias en derecho y gastos procesales a la entidad demandada (fl.5).
Fundamentos fácticos
La Sala sintetiza la situación fáctica de la presente acción de nulidad de la siguiente manera:
Dice el demandante, señor SIMEÓN VILLAR MARTÍNEZ, que prestó sus servicios a la E.S.E CAMU DE CANALETE, mediante contrato realidad con la denominación formal de prestación de servicios desde el 9 de enero del 2008, en forma ininterrumpida hasta el 15 de agosto del 2011, fecha en la que la E.S.E dio por terminada la relación laboral (fl.1).
Informa el contratista que se desempeñó como almacenista de la E.S.E, cumpliendo las funciones del cargo en horario de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m., siempre bajo la subordinación y dependencia del gerente y recibiendo por esta labor la correspondiente remuneración (fl.1).
Sostiene que durante todo el tiempo que prestó sus servicios personales a la E.S.E, existió una relación de Derecho Público y su condición “era asimilable a la de un empleado público vinculado mediante una relación legal y reglamentaria” y por ende tenía derecho a todas las prerrogativas laborales consagradas en la ley para esos servidores (fl.1).
El demandante afirma que no gozaba de autonomía personal o independencia, debía acudir al CAMU DE CANALETE a diario, dentro de un horario determinado y bajo la supervisión y control del gerente, además desarrollaba funciones de un empleado público en el cargo de almacenista, las cuales consistían en:
“Adelantar las actividades orientadas a la adecuada y oportuna prestación de los servicios de la institución, coordinar los procedimientos para la elaboración del plan anual de compras, mantener actualizados los inventarios que se encuentran en la bodega, atender el suministro de los elementos de consumo y devolutivos a las diferentes dependencias, presentar los informes solicitados por la gerencia, atender las necesidades que se presentaran en las dependencias relacionados con la adquisición de bienes, mantener en buen estado los bienes existentes en la bodega y otras funciones descritas en los contratos” (fl.2).
Explica que al momento de la terminación unilateral por parte de la E.S.E, no se le cancelaron las prestaciones de ley “tales como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, dotación y subsidio familiar” (fl.2).
Se observa que el actor elevó derecho de petición, ante la E.S.E CAMU DE CANALETE el 25 de julio de 2012 (fl.21), solicitando el pago de sus prestaciones sociales, el cual fue respondido por el gerente de la empresa el 6 de agosto de 2012, donde manifiesta que los contratos de prestación de servicios mediante los cuales laboró no permiten el pago de las mismas (fl.20).
Posteriormente, se constata que se realizó audiencia de conciliación extrajudicial entre el demandante y la E.S.E CAMU DE CANALETE, ante la Procuraduría 124 Judicial II para Asuntos Administrativos – Ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 6 de noviembre de 2012, la cual se declaró fallida y sin la asistencia de la demandada (fls.84 – 86).
Según figura, el actor mediante apoderado judicial, interpone demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 26 de noviembre de 2012 (fls.1 - 18), con admisión de demanda el 5 de diciembre de 2012 (fl.88) y dentro de la cual se emitió fallo el 23 de julio de 2015 (fls.414 - 422), en el cual se declara la nulidad del acto acusado.
Normas violadas
Constitución Política de Colombia: artículos 1, 25, 29, 53 y 228.
Ley 80 de 1993: artículo 32, Nº 3.
Ley 6 de 1945: artículo 17.
Ley 65 de 1946: artículo 1º.
Decreto 1160 de 1947: artículo 6º.
Decreto 2567 de 1946.
Decreto 3118 de 1968: articulo 27
Ley 50 de 1990.
Ley 798 de 2002: artículo 65
El demandante sustentó los cargos contra el acto acusado, de la siguiente manera:
Concepto de violación
Señala el demandante que la normatividad señalada resulta vulnerada en cuanto la E.S.E CAMU DE CANALETE, desconoció la existencia de una relación laboral con el actor derivada del ejercicio personal, subordinado y retribuido en el cargo de “ALMACENISTA”, siendo simulada la relación laboral mediante sucesivos contratos de prestación de servicios. Cita la sentencia C-614 de 2009, de la Corte Constitucional (fl.6).
Habla de la realidad sobre las formas y frente a los contratos de prestación de servicios realizados con el actor apunta que se suscribieron “para disfrazar la verdadera naturaleza de la relación laboral” y en consecuencia evadir el reconocimiento prestacional siendo una abierta violación a los derechos laborales establecidos en los artículos 25, 53 y 228 de la Constitución Política (fl.7).
En consideración al desarrollo del concepto de contrato realidad, el demandante cita apartes de la sentencia C – 154 de la Corte Constitucional, frente a la cual expresa que en el caso actual, “existieron exactamente los elementos necesarios que configuran una relación de empleo (…), el cumplimiento de funciones personalmente, una subordinación, y una dependencia de la institución demandada, concretada en horarios de trabajo igual que los demás trabajadores de planta (…), y el pago de un salario”, con lo cual se tiene derecho por parte del actor, al reconocimiento de una relación laboral (fl.8).
Luego de citar jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el elemento de la subordinación, sostuvo que en el caso de estudio, se demuestra claramente la calidad de empleado que tuvo en el CAMU DE CANALETE, pues a pesar de su vinculación por órdenes de prestación de servicios, en realidad existió una relación de derecho laboral público “y su condición era asimilable a la de un empleado público vinculado mediante relación legal o reglamentaria (…), ya que se encuentra probado, plenamente demostrado, que los cargos de confianza y manejo como el ser ALMACENISTA, son de carácter administrativo”, no siendo legal por este motivo, realizar vinculaciones mediante órdenes de prestación de servicios para este tipo de funciones (fl.10).
Matiza el actor, que no se está ante un contrato de trabajo, pues el cargo es de manejo y confianza, lo que impide que se le vincule como trabajador oficial, pues además se está ante una entidad pública descentralizada de la salud “que se rige por el derecho privado, pero que por ciertos cargos como el de ALMACENISTA, se debe efectuar el correspondiente nombramiento y no mediante contratos de prestación de servicios o de trabajo como en efecto se hizo” (fl.11).
Oposición a la demanda
E.S.E. CAMU - CANALETE se opone a las pretensiones de la demanda argumentando que la misma carece de fundamentos de hecho y de derecho, y que “no se puede pretender que por el solo hecho de recibir órdenes de la persona encargada de coordinar las actividades a realizar y consideradas como propias del contrato de prestación de servicios, se pueda pregonar la existencia de un Contrato de Trabajo, máxime cuando al señor SIMEON VILLAR, no se le exigía horario, el mismo acudía a la E.S.E, cuando se daba cuenta que su presencia era importante”, asevera la demandada, que él podía dejar de asistir en cualquiera de las dos jornadas “se le contrato para realizar una labor determinada y por un tiempo determinado en cada una de sus contrataciones”, de tal forma que la ley no prohíbe en ningún momento realizar una contratación de ese tipo (fl.102).
Indica la E.S.E, que el actor sabía cuál era el vínculo con la administración el cual era ley para las partes y no podía invalidarse si no por consentimiento mutuo o por errores legales y que además “la coordinación entre varias personas que en virtud de un contrato administrativo de prestación de servicios deben cumplir similares obligaciones en un mismo sitio de trabajo, no necesariamente implica que haya subordinación o dependencia, sino una necesaria distribución de las áreas para que el encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo de voluntades pueda establecer cual o cuales contratistas lo están haciendo a cabalidad y quienes no, para aplicar las cláusulas pertinentes”, así habla de la normal interventoría para constatar las obligaciones contraídas por las partes del contrato de prestación de servicios establecido en la Ley 80 de 1993, el cual no generara relación laboral y en consecuencia tampoco prestaciones sociales, atendiendo a que se celebra por un término estrictamente indispensable (fl.103).
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, declara la nulidad del acto demandado y a título de indemnización condena a la E.S.E CAMU DE CANALETE a reconocer y pagar las prestaciones sociales correspondientes al periodo del 15 de enero de 2008, al 31 de marzo de 2011 (fl.442).
Considera el Tribunal de Instancia que de las pruebas obrantes dentro del proceso se puede concluir que entre el demandante y la E.S.E, existió un contrato realidad dentro del citado periodo, al encontrarse probados los elementos de la relación laboral, encubierta bajo la celebración de contratos y órdenes de prestación de servicios.
“(…) de las pruebas tanto documentales como testimoniales, se puede concluir que la labor de Almacenista adelantada por el demandante no se realizaba con autonomía e independencia sino que se encontraba subordinada al gerente (…), sometido a horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 a 5 p.m. que debía se cumplido por el demandante, teniendo dentro de sus funciones atender las necesidades de las diferentes áreas relacionadas con el suministro o adquisición de bienes, lo cual es indispensable para el correcto funcionamiento de la entidad, siendo necesaria su permanencia en las instalaciones de la E.S.E, adicionalmente dentro de sus obligaciones encontraba la realización de sus funciones bajo el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la entidad dentro del manual de procedimientos, características propias de la subordinación” (fl.421).
Dicta el Tribunal, que sin embargo, se debe precisar que el reconocimiento de la existencia de la mencionada relación laboral no implica conferir al demandante la condición de empleado público, con lo cual procede es la indemnización consistente en el pago de las prestaciones sociales que no fueron canceladas en virtud de la relación laboral que fue encubierta mediante esos contratos (fl.421).
RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la E.S.E. CAMU DE CANALETE - CORDOBA, demandada dentro del proceso, fundamenta su recurso de apelación en contra del fallo de 23 de julio de 2015, emitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión, mediante los siguientes argumentos:
Las pruebas decretadas y practicadas en el proceso no demuestran la existencia de una relación laboral, ya que solamente se probaron los extremos de la prestación del servicio y del pago por dicha prestación, “pero en lo referente al principal elemento de la relación laboral que es la “subordinación” en este caso no se demostró (…), solo existen testimonios de personas que a su vez están demandando a la E.S.E (…)”, así dice que a los testimonios se les dio un valor probatorio que no corresponde y sustenta que no se aportó al expediente ningún documento que demostrara órdenes, memorandos o directrices que demostraran subordinación (fl.426).
La vinculación del actor fue de naturaleza contractual de conformidad a lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, luego no es posible “condenar a la E.S.E CAMU DE CANALETE a la existencia de una relación laboral” (fl.427).
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante guardó silencio (fl.462).
La entidad demandada guardó silencio (fl.462).
Concepto del Ministerio Público. No emitió concepto (fl.462).
CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo a los argumentos expuestos por la E.S.E CAMU DE CANALETE, apelante dentro del proceso, el problema jurídico se contrae a determinar si en la sentencia de primera instancia se realizó una debida valoración jurídica y probatoria de lo aportado en el expediente, lo cual permitiría establecer si existió una relación laboral entre las partes o esta obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Para dilucidar el problema jurídico planteado, inicialmente se hace necesario analizar la normatividad y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y al caso concreto. En segundo orden, se procederá al análisis y estudio de las pruebas recaudadas a fin de establecer si en el caso particular, la labor ejecutada fue subordinada y con ello determinar si sobrevino la realidad sobre las formas.
Normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto
En una primera aproximación se hace indispensable, abordar la discusión jurídica en torno del contrato realidad el cual ha generado importantes estados del arte en la materia. Sin lugar a dudas uno de los más relevantes, se ventiló frente al examen de exequibilidad que realizó la Corte Constitucional al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual permite la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, se cita el artículo:
“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” (Subrayado propio)
De tal forma, el legislador mediante esta norma, dejó sentados los elementos de los que se debe disponer para que se configure un contrato de prestación de servicios, así, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o se (ii) requieran de conocimientos especializados.
De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.
Justamente la Corte Constitucional en la precitada Sentencia C-154-97 con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, después de realizar precisiones constitucionales en materia de contratación estatal, de definir las características del contrato de prestación de servicios y de dilucidar las diferencias con el contrato de trabajo, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado en fallos como el de 23 de junio de 2005, proferido dentro del expediente No. 0245, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. Así mismo, lo estableció esta Sala en anterior pronunciamiento:
“Así las cosas, se concluye que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de ésta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales. (Subraya la Sala) (…)”
Y agregó específicamente sobre la subordinación:
“Precisamente uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato de trabajo es la subordinación, la cual -según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo- faculta al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo y cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos internos, sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador.
Respecto a la subordinación, se ha entendido como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr el objetivo misional trazado.” (Subraya la Sala)
En este mismo sentido, la sentencia de Unificación de la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:
“De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales”.(Subraya la Sala)
De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.
“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” (Subrayado propio)
Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.
El caso concreto
Se procede a la revisión de los contratos suscritos entre el señor SIMEÓN VILLAR MARTÍNEZ y la E.S.E CAMU DE CANALETE (fls.195 a 249):
Contrato
Plazo
Fechas
Objeto
15 de enero de 2008
2 meses y 16 días
15 de enero al 31 de marzo de 2008
ALMACENISTA
1º de abril de 2008
3 meses
1º de abril hasta 30 de junio de 2008
NO SE ESPECIFICA OBJETO
1º de julio de 2008
3 meses
1º de julio hasta 30 de septiembre de 2008
NO SE ESPECIFICA OBJETO
1º de octubre de 2008
2 meses
1º de octubre hasta 30 de noviembre de 2008
NO SE ESPECIFICA OBJETO
Interrupción 33 días
2 de enero de 2009
30 días
2 de enero hasta el 31 de enero de 2009
ALMACENISTA
1º de febrero de 2009
3 meses
1º de febrero hasta el 1º de mayo de 2009
ALMACENISTA
1º de mayo de 2009
3 meses
2 de mayo hasta el 31 de julio de 2009
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
1º de agosto de 2009
3 meses
1º de agosto hasta el 31 de octubre de 2009
Prestar sus servicios como ALMACENISTA
1º de noviembre de 2009
No se determina
1º de noviembre
(no es clara la fecha de terminación)
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
No indica su terminación
1º de enero de 2010
28 días
1º de enero hasta el 28 de enero de 2010
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
Contrato No. 63 de 29 de enero de 2010
5 meses
29 de enero hasta 29 de junio de 2010
Prestar sus servicios como Auxiliar de Almacén
Interrupción 31 días
Contrato No. 0108 -71 de 1º de agosto de 2010
3 meses
1º de agosto hasta 31 de octubre de 2010
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
Contrato No. 01-11-71 de 1º de noviembre de 2010
2 meses
1º de noviembre hasta 31 de diciembre
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
Contrato No. 44 de 3 de enero de 2011
2 meses y 27 días
3 de enero hasta 31 de marzo
Prestar sus servicios personales como ALMACENISTA
Como objeto contractual se tiene que el contratista se obligó para con la E.S.E CAMU DEL MUNICIPIO DE CANALETE a “prestar los servicios personales como almacenista”, aunque no todos los contratos establecen un objeto, tal como se evidencia de la relación precedente, específicamente de los 3 contratos suscritos entre las partes, entre el 1º de abril de 2008 al 30 de noviembre de 2008.
Se establece que existieron interrupciones mayores a 15 (quince) días en la contratación entre el 30 de noviembre de 2008 al 2 de enero de 2009 y del 29 de junio al 1º de agosto de 2010, también que no es posible determinar el periodo del contrato de 1º de noviembre de 2009, en cuanto es imprecisa la fecha de terminación. Así mismo, que atendiendo la fecha de solicitud del actor sobre el reconocimiento de la relación laboral ante la E.S.E. el 25 de julio de 2012 (fl.21), se encuentran prescritas las pretensiones sobre los contratos entre el 15 de enero de 2008 hasta 1º de mayo de 2009.
En la generalidad de los contratos se tuvieron como obligaciones del contratista las siguientes:
“1. Coordinar todas las actividades concernientes con la administración y funcionamiento del Almacén de acuerdo con las normas y técnicas existentes al respecto. 2. Coordinar controlar y diseñar los mecanismos y procedimientos para la elaboración del plan anual de compras. 3. Responder por el correcto manejo, recibo, custodia, almacenamiento y distribución de los bienes de consumo y distributivos de la entidad. 3. Elaborar un plan de adquisición de bienes, de tal forma que se garantice la calidad, oportunidad y economía. 4. Mantener actualizada la existencia de los bienes de la entidad que se encuentren en bodega. 5. Coordinar y practicar inventarios selectivos y uno general durante el año, con el fin de verificar la existencia de los bienes. 6. Garantizar la calidad en la prestación de los servicios y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área a cargo. 7. Disponer todos los procedimientos inherentes al funcionamiento, administración y organización del almacén. 8. Coordinar con el personal a cargo, las actividades relacionadas con la recepción, clasificación e inspección de los elementos, registro de ingresos y egresos correspondiente. 9. Atender el suministro de elementos de consumo y devolutivos a las diferentes dependencias de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 10. Presentar oportunamente los informes solicitados por la gerencia, dependencias y entidades gubernamentales. 11. Coordinar la compra y recargas de extintores y velar por su fácil acceso en caso de emergencia. 12. Verificar que la E.S.E cuente con las señalizaciones al interior de la empresa. 13. Velar por el mantenimiento periódico del sistema eléctrico de la institución. 14. Llevar según las normas y procedimientos establecidos el inventario de los bienes almacenados en bodega y de los bienes que se encuentran al servicio de las dependencias. 15. Responder por la pérdida de elementos bajo su custodia de conformidad con las normas administrativas vigentes e informar a los organismos correspondientes en caso de pérdida de los elementos a cargo de cada uno de los funcionarios. 16. Efectuar los trámites de reclamación ante las aseguradoras o proveedores cuando se genere algún siniestro o deterioro que cubra la garantía según corresponda. 17. Atender las necesidades de las diferentes áreas, relacionadas con el suministro o adquisición de bienes. 18. Cumplir con las normas y procesos del área a cargo establecidos en el manual de procedimientos. 19. Gestionar la compra de pólizas de seguros que permitan amparar aquellos bienes, activos y suministros de la entidad (farmacia), en caso de una emergencia o siniestro. 20. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 21. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 22. Promover la cultura del autocontrol con la finalidad de cumplir la misión y visión institucional. 23. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo”. (Subraya la Sala)
Entre las partes se estableció una cláusula de “Condiciones de cumplimento de la orden” donde se trazó:
“CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN: La orden de prestación de servicios técnicos de cumplirá sin que el proveedor cumpla un horario de trabajo, ni existirá dependencia o subordinación con la entidad contratante y las actividades a desarrollar no interrumpirán las labores habituales del proveedor, se trata del desempeño de actividades técnicas relacionadas con áreas específicas para efectos de cumplimiento de la misión de la empresa E.S.E CAMU DE CANALETE.” (Subraya la Sala)
Estipularon las partes la exclusión de la relación laboral así:
“INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL O EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo a lo establecido en el inciso 2, numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la presente orden de prestación de servicios técnicos no genera derechos de permanencia en el servicio, ni relación laboral alguna con la E.S.E CAMU DE CANALETE, y por ende no otorga derechos a prestaciones sociales” (Subraya la Sala)
El contratante se obligó a la supervisión y control del contrato, en la prestación de los servicios a que se comprometió el contratista, bajo la cláusula de “INTERVENTORÍA O CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN” que estableció:
“INTERVENTORÍA O CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN: El asistente administrativo de la E.S.E. CAMU DE CANALETE, supervisará directamente el cumplimiento de la misma y establecerá el detalle de los resultados. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones 1. Verificar que el autorizado cumpla con las actividades profesionales descritas en la presente orden 2. Informar a la oficina asesora o de control interno, respecto al cumplimiento de dichas actividades. 3. Certificar respecto al cumplimiento del autorizado, dicho certificado o constancia se constituyen en requisito previo para el pago respectivo 4. Suscribir las actas de inicio y de liquidación. 5. Presentar un informe mensual que contenga las actividades realizadas” (subraya la Sala)
Se lee en el contrato que este no generaría ningún tipo de relación laboral y consecuentemente con ello, tampoco prestaciones sociales, consignándose adicionalmente, la conservación de la autonomía del contratista en su ejecución por cuanto lo desarrollaría “sin que el proveedor cumpla un horario de trabajo, ni existirá dependencia o subordinación con la entidad contratante y las actividades a desarrollar no interrumpirán las labores habituales del proveedor.”
Así mismo, se formalizó dentro de algunos de los contratos, “que quien celebre con un ente público una orden de prestación de servicios técnicos adquiere como autor del acuerdo el carácter de titular de una relación contractual y no se transforma en empleado público, ni en trabajador del estado solo ostenta la posición de un autorizado o proveedor independiente”.
El contratista al suscribir los contratos, aceptó acatar la interventoría o control en su ejecución como se dejó consignado al establecer que “el asistente administrativo de la E.S.E. CAMU DE CANALETE, supervisará directamente el cumplimiento de la misma y establecerá el detalle de los resultados”.
De tal forma, controlar y supervisar debidamente la ejecución del contrato, hizo parte de las obligaciones que tiene la entidad de velar por su adecuado desarrollo y el cumplimiento de las finalidades del mismo, siendo una obligación que las entidades públicas vigilen de manera permanente la correcta ejecución de los contratos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
Otro elemento que obra en el expediente es el manual de funciones para el año 2008 – 2011, de la E.S.E. CAMU DE CANALETE, dentro del cual se establece que no existe el cargo de almacenista (fl.282), con lo cual no es posible realizar un examen de equivalencia entre un cargo de planta y la labor desempeñada por el actor.
Obra también, el Acuerdo número 010 de 1997, por medio del cual se crea el CAMU del municipio de Canalete como una Empresa Social del Estado del orden municipal, que en su artículo cuarto establece:
“ARTÍCULO 4: Objeto. El objeto de la EMPRESA será la prestación de salud entendidos como un servicio público y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia en desarrollo de este objeto, adelantara acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud.”
Ahora bien, la E.S.E. CAMU DE CANALETE como apelante se queja de que “a los testimonios se les dio un valor probatorio que no corresponde” de tal forma la Sala los analizará de acuerdo a lo obrante en el vídeo de la Audiencia de Pruebas del 28 de agosto 2013 (CD, fl.329).
El primer testimonio fue solicitado por la parte demandante, y corresponde al rendido por MANUEL SEGUNDO PATERNINA MACIAS, amigo del actor desde la infancia y quien laboró junto al demandante en la E.S.E demandada:
La Magistrada pregunta sobre el conocimiento que pudiera tener el testigo sobre el vínculo laboral entre el actor y la E.S.E. CAMU DE CANALETE, a lo cual respondió:
“(…) el amigo Simeón sí trabajó en la Empresa como almacenista, el subordinaba unas órdenes, sin las órdenes del gerente (…) no se podía hacer nada”
Preguntado: Usted trabajó en el CAMU de CANALETE?.
Respondió: “sí, trabajé como archivista, contratado por prestación de servicios”.
Preguntado: Explíquenos si usted ha presentado demanda contra el CAMU de CANALETE.
Respondió: “sí, también tengo un proceso igual al del amigo”.
Preguntado: Explíquenos que funciones desarrollaba el demandante CAMU de CANALETE.
Respondió: “él le daba entrada y salida a los elementos de aseo cosas varias de la CAMU de CANALETE.”
Preguntado: Explíquenos si el demandante cumplía horarios y si ejerció de manera ininterrumpida.
Respondió: “(…) de 7 a 12 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde.”
Preguntado: Explíquenos las órdenes que le daba el gerente al demandante.
Respondió: “eran de por lo menos la entrada y salida de las cosas, las compras el gerente lo subordinaba, siempre cualquier movimiento (…) lo subordinaba”
Agrega que de no cumplirse el horario por parte del actor se le pasaría un memorando por parte de la empresa.
Continúa el testimonio rendido por el señor LUIS MANUEL SILGADO PÉREZ solicitado por la parte demandada, quien laboró para la E.S.E y conoce al actor desde la infancia:
La Magistrada pregunta sobre el conocimiento que pudiera tener el testigo sobre el vínculo laboral entre el actor y la E.S.E. CAMU DE CANALETE, a lo cual respondió:
“(…) conozco a Simeón desde peladitos y trabajé con él en la E.S.E. CAMU DE CANALETE, él tenía el cargo de almacenista, mi trabajo fue celaduría”
La Magistrada pregunta sobre el conocimiento que pudiera tener el testigo sobre las funciones del actor en la E.S.E. CAMU DE CANALETE, a lo cual respondió:
“(…) yo de eso no le puedo explicar porque ese no era mi trabajo, el mantenía en su oficina (…)”
La Magistrada pregunta sobre las órdenes dadas al actor, a lo cual respondió
“(…) el gerente le daba órdenes.”
Ante la pregunta del apoderado de la E.S.E sobre si cursa una demanda por parte del testigo en contra de la E.S.E. CAMU DE CANALETE, el testigo responde afirmativamente.
Del análisis de los testimonios no se logra determinar si existió subordinación o dependencia en cuanto se limitan a realizar narraciones que no revelan las funciones del actor en la empresa, como tampoco permiten determinar el tipo de órdenes que recibía del gerente, no consiguen dar cuenta de los elementos de tiempo, modo y lugar en que desarrolló las actividades el demandante y dejan ver que no tuvieron conocimiento del tipo de relación contractual que este sostuvo con la empresa.
Encuentra la Sala al realizar una valoración bajo las reglas de la sana critica de las pruebas allegadas al proceso, que antes que probarse una relación de subordinación, lo que se establece es que se cumplieron los elementos propios del contrato de prestación de servicios, pues solo se tiene noticia de instrucciones dadas por la gerencia lo cual respeta las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que el objeto del contrato implicaba un seguimiento y control a la labor pero sin que ello implicara actos de subordinación.
Dentro del material probatorio obrante no es posible establecer que existió el elemento de la subordinación y continuada dependencia. No se aportaron memorandos, correos, comunicaciones u otros elementos probatorios que permitieran establecer con mayor claridad cómo se desarrolló la labor del actor, obran escasos documentos donde se consignaron entradas y salidas de funcionarios en un periodo no corroborable de tiempo, presumiblemente de la E.S.E, con escritura incipiente y no legible, circunstancia que no puede estar sometida a la discrecionalidad del demandante.
En cuanto al punto del cumplimiento de un horario laboral por parte del demandante, claramente obedece a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo expuesto por esta Sala en pronunciamiento del 31 de mayo de 2016, en donde el tema del contrato realidad y la subordinación fueron ampliamente desarrollados, aclara en mayor medida este panorama, de tal forma, la Subsección “B” en ese entonces resolvió:
“Atendiendo lo dispuesto en la norma precitada, esta Sección ha sostenido que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.
En desarrollo del anterior postulado, la Sección Segunda ha dicho:
“...
Aunque a primera vista se puede pensar que el cumplimiento de un horario es de suyo elemento configurativo de la subordinación transformando una relación que ab initio se consideró como contractual en laboral, lo cierto es que en determinados casos el cumplimiento de un horario es sencillamente la manifestación de una concertación contractual entre las partes, administración y particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma coordinada con los usos y condiciones generalmente aceptadas y necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la labor.
...
El sub lite se encuadra dentro de tal circunstancia, pues entre el libelista y la entidad accionada hubo una relación de coordinación, que no permite configurar la existencia de una subordinación, y por tanto, no hay lugar a deducir que en realidad se hubiera encubierto una relación laboral, aun cuando los otros dos (2) elementos, prestación personal del servicio y remuneración si se hallan suficientemente probados en el expediente… ”
Además de lo anterior, debe agregarse que el referido asunto no se puede encuadrar dentro de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009, que define el concepto de función permanente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor SIMEÓN VILLAR MARTÍNEZ, en contra de la E.S.E. CAMU DE CANALETE.
SEGUNDO: En su lugar se niegan las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Por la secretaría de la Sección Segunda de la Corporación devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Tercera de Decisión y déjense las constancias de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Folios 1 a 15.
Folios 100 a 105.
Folios 414 a 422.
Folios 426 y 427.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”. Consejera Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) radicación número: 05001233300020130081301 (3867-14) Actor: DIANA MARCELA LONDOÑO AGUDELO Demandado: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16.
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).
Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”. Consejera Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) radicación número: 05001233300020130081301 (3867-14) Actor: DIANA MARCELA LONDOÑO AGUDELO Demandado: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.
Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”
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