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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00711-00

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00711-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia respecto del argumento de la inclusión de las semanas cotizadas paralelamente por la Universidad Santo Tomás, por las consideraciones expuestas. SEGUNDO: NEGAR en lo demás la solicitud de amparo de los derechos fundamentales deprecados por el señor Guillermo Monsalvo Urueña, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00711-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de marzo de 2022

Demandante: Guillermo Monsalvo Urueña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-00711-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-00711-00
Demandante: GUILLERMO MONSALVO URUEÑA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento
del precedente y violación directa a la Constitución –
Improcedencia por subsidiariedad y niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Guillermo Monsalvo Urueña contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado el 27 de enero de 2022 al buzón web de la Secretaría General
de esta Corporación, actuando por intermedio de apoderado judicial, el señor
Guillermo Monsalvo Urueña ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales “a la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad laboral, a la
inoponibilidad administrativa en temas pensionales y a la seguridad social”.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la providencia proferida el 29 de abril de 2021 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” el 28 de febrero de 2018, que negó las pretensiones de
la demanda instaurada en el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por el señor Guillermo Monsalvo Urueña
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), identificado con
radicación Nº 25000-23-42-000-2016-03166-01.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Guillermo Monsalvo Urueña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Rad: 11001-03-15-000-2022-00711-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Se tutele los derechos fundamentales (…) en temas pensionales, Seguridad
Social en modalidad del reconocimiento oportuno e integral de la pensión por
indebida cuantificación y liquidación del IBL en tenor de las reglas y subreglas
ordenadas en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, y todos los
que oficiosamente encuentre vulnerados en virtud de la decisión del Ad quem
viciada por defecto sustancial por aplicación indebida de las reglas y subreglas
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 a la luz del decreto 1158
de 1994 y el principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades;
como por Defecto Procedimental por exceso ritual manifiesto en denegación de
justicia y en contravención del Debido Proceso, defecto sustancial por
desconocimiento injustificado de los artículos 18,23,24 y 53 de la ley 100 de
1993, la jurisprudencia reiterada y vinculante respecto a la mora patronal, y el
principio de inoponibilidad administrativa en el reconocimiento de prestaciones
pensionales; en consecuente transgresión directa del contenido constitucional.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “D” a proferir una nueva providencia en tenor del
compendio normativo vigente y aplicable, la debida aplicación de las reglas y
subreglas de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, los mínimos
del debido proceso, la Jurisprudencia garantista unificada respecto a la mora
patronal e inoponibilidad de la misma para fines de reconocimiento pensional
adecuado, y en respeto de los principios y contenidos constitucionales de
aplicación directa expuestos”. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. El señor Monsalvo Urueña prestó sus servicios al Estado durante más de 20 años,
ejerciendo como último cargo el de vicerrector de la Universidad Militar Nueva
Granada hasta el 1º de diciembre de 2004; razón por la cual el extinto Instituto de
Seguros Sociales mediante resoluciones 36530 de 11 de septiembre y 47903 de 17
de noviembre de 2006, le reconoció la pensión de jubilación, a partir del 1º de
diciembre de 20041.

5. El 25 de junio de 2016, el accionante solicitó ante Colpensiones la reliquidación
pensional teniendo en cuenta los factores devengados durante el último año de
servicios, de acuerdo con el contenido de la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 del Consejo de Estado. Dicha pretensión fue desestimada mediante
Resolución GNR 275089 del 8 de septiembre de 2015.

6. A pesar de que mediante Resolución VPB 18317 del 20 de abril de 2016, la
decisión fue revocada y se ordenó la reliquidación de la pensión, en esta se dispuso
ajustar la pensión con efectos fiscales desde el 25 de junio de 2012, pero sin

1
La entidad no incluyó en la liquidación, todos los factores salariales que el trabajador devengó
durante el último año de servicios, es decir desde el 1º de diciembre de 2003 hasta el 30 de
noviembre de 2004.

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computar todos los factores salariales que el demandante devengó durante el
último año de servicios.

7. Por lo tanto, el recurrente interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, solicitando la nulidad
parcial de la Resolución VPB 18317 de 2016 y la reliquidación de la pensión de
jubilación en cuantía del 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
que devengó durante el último año de servicios, en aplicación del régimen pensional
anterior a la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de diciembre de 2004.

8. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, negó las
súplicas de la demanda, tras considerar que la pensión se había reconocido de
acuerdo con el régimen aplicable, es decir el Decreto 2701 de 1988 “(…) en cuanto
a la edad, tiempo de servicio y monto – tasa de reemplazo, último que se liquida con el IBL
de la ley 100 de 1993 y el decreto 1158 de 1994”.

9. La alzada fue resuelta por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado que, en fallo del 29 de abril de 2021, confirmó el fallo de primera instancia,
tras considerar que:

“(…) la Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional
como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite
precedente, en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó
del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen
anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se
someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ibídem según
corresponda; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto
dispone que “Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”,
motivo por el que la pretensión de reliquidación pensional con lo devengado durante
el último año de servicios en aplicación de la Ley 33 de 1985, no se ajusta al
derrotero jurisprudencial hoy vigente”.

10. Posteriormente, el tutelante presentó solicitud de aclaración o adición de la
sentencia2, la cual fue resuelta mediante providencia del 9 de septiembre de 2021
por la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que negó la
petición por no encontrar partes de la sentencia en las que se evidenciaran frases
o conceptos que ofrecieran verdaderos motivos de duda ni se omitió
pronunciamiento sobre cualquiera de los extremos de la Litis.

11. La anterior decisión fue notificada por estado electrónico el 24 de noviembre de
2021.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues para el momento en que se falló la segunda instancia del proceso

2
En esta el actor indicó que se omitió la inclusión de la prima técnica como factor salarial para la
reliquidación de su pensión de vejez y de las semanas paralelamente cotizadas por la Universidad
Santo Tomás.

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ordinario, ya se había proferido la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
por lo que resultaba exigible que el juez ad quem aplicara las reglas y subreglas
jurisprudenciales (respecto a la liquidación del IBL teniendo en cuenta los factores
devengados durante los últimos diez años de servicio sobre los que se efectuaron
o debieron legalmente efectuarse aportes), a los hechos del caso.

13. Asimismo, refirió que se debió tener en cuenta el contenido de la sentencia de
unificación para la inclusión de las cotizaciones efectuadas por vinculaciones
privadas paralelas en el ejercicio de la función de catedrático para el cálculo del IBL,
además del factor legal de prima técnica, en consonancia con el Decreto 1158 de
1994.

14. Adicionalmente, argumentó que “(…) resulta inadecuada la adecuación normativa
efectuada por la Segunda Instancia quien en una lectura simplista y superficial de las
normas jurisprudenciales del 2018, omitieron darle lectura y aplicación en concordancia con
Principio de supremacía de realidad sobre formalidades, de Legalidad teniendo en cuenta
el Decreto 1158 de 1994, y de Igualdad teniendo en cuenta que NO ES CUESTIONABLE,
DEBATIBLE, O SI QUIERA MODULABLE lo omitido por COLPENSIONES en el cálculo del
IBL al ser todo ello remuneración directa de la jornada laboral, factores o remuneraciones
taxativamente contemplados, y no “privilegios injustificados” o un factor no relacionado
directamente con la contraprestación salarial del trabajador como pretendía eliminar el
Consejo de Estado y la Jurisprudencia relacionada a la Sentencia de Unificación del 20183”.

15. De igual forma señaló que, la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo
de Estado no tuvo en cuenta que los actos administrativos debatidos se encontraban
viciados de legalidad al tenor de los artículos 1, 18, 22, 23, 24, 25 y 53 de la Ley
100 de 1993, dado que “(…) Colpensiones omitió efectuar valoración de los aportes
efectuados por la Universidad Santo Tomas de manera paralela a la vinculación con la
Universidad (sic) Nueva Granada, así como se desconoció la obligatoriedad de descontar
y efectuar los aportes a pensión en cabeza del empleador y en su defecto fiscalizable por
el Fondo Pensional, únicos extremos de la relación laboral en los que puede recaer las
consecuencias de la mora o inconsistencia de aportes lo cual encuentra fundamento en la
Ley 100 de 1993 (…)”.

16. Por otra parte, indicó la configuración de un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto tanto en la sentencia recurrida como en la providencia que
resolvió la solicitud de aclaración o adición, pues a su juicio no se adecuaron las
pretensiones de la demanda a lo consagrado en la sentencia de unificación de 2018,
en virtud de la favorabilidad laboral, el principio iura novit curia y la realidad laboral
del último decenio laborado por el actor.

17. Mencionó que la judicatura demandada incurrió en un desconocimiento del
precedente de acuerdo con las siguientes providencias:

• Corte Constitucional, Sentencia T-920 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla –
“No corresponde al trabajador asumir las consecuencias negativas de la mora del
empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social toda vez que,
pese a la falta de transferencia de dichos recursos, al trabajador sí se le realizan las
deducciones mensuales de su salario. Además, la normatividad establece

3
Para fundamentar ello, citó apartes de una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
la cual no fue identificada de ninguna forma.

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mecanismos específicos mediante los cuales las entidades encargadas de
reconocer las prestaciones sociales pueden afrontar las situaciones de mora, ya que
se encuentran facultadas para exigir la cancelación de los dineros adeudados y para
imponer las sanciones de rigor”.

• Corte Constitucional, Sentencia T-064 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos –
“MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES-Entidad
administradora de pensiones no puede negar a un trabajador la pensión a que tiene
derecho argumentando el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes
(…) tal como lo señala el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de
la Ley 797 de 2003 parágrafo 1 literal d) habilitándose a perseguir el pago del cálculo
o título actuarial correspondiente, so pena de desconocer las garantías ius
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital y no pasarle
dicha carga a los afiliados, toda vez que las Administradoras de Fondos de
Pensiones tienen la obligación de efectuar el cobro de las semanas laboradas a los
empleadores”.

• Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero – sobre esta adujo que: “estableció que son las Entidades las que
deben determinar en forma precisa las cuantías y los periodos presuntamente
adeudados, debidamente soportados y discriminados, además de las acciones que
puede adelantar para su cobro en uso de las facultades otorgadas por la Ley”.

• Corte Suprema de Justicia, M.P. Clara Cecilia López Quevedo, Sentencia
28.05.15, Rad. 459854 – “(…) Ello significa que, si el empleador incumple las
obligaciones que el sistema de seguridad social le impone, debe soportar no solo el
pago de tales aportes, también las demás sanciones a que haya lugar tal como lo
precisa el art. 23 ibídem”.

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “A”, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia
30.09.21:

“(…) El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de
los trabajadores a su servicio.

(…)

Las amplias facultades que el legislador les atribuyó con ese objeto impiden
que los efectos del pago extemporáneo de esas cotizaciones se les trasladen
a los afiliados (…)

Existe, en efecto, una regla jurisprudencial consolidada respecto de la
imposibilidad de trasladarles a los trabajadores las consecuencias negativas
de la mora del empleador y de la falta de gestión de las administradoras en
el cobro de los aportes.

(…)

En ese orden de ideas, la Corte ha concluido que son las administradoras de
pensiones las llamadas a asumir los efectos que puedan derivarse del
retraso o de la falta de pago de los aportes a pensiones. Su tarea, ante tales

4
Hizo referencia a dos providencias más, una de la Corte Suprema de Justicia y otra del Consejo de
Estado, sin embargo, no las identificó de forma correcta.

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circunstancias, consiste en desplegar los instrumentos jurídicos que fueron
puestos a su disposición para asegurar que los aportes de sus afiliados se
consignen efectivamente.

(…) no pueden ser los trabajadores quienes asuman los efectos de la falta
de pago de esos aportes. Dejar de reconocer una pensión sobre el supuesto
de que las cotizaciones no se han efectuado equivaldría a trasladarle a la
parte más débil de la relación tripartita de la que participan los trabajadores,
los empleadores y las administradoras de pensiones las consecuencias de
la negligencia de quienes, en contrapartida, ostentan la posición más fuerte.
(…) la Corte ha mantenido una jurisprudencia pacífica acerca de la
inoponibilidad de la mora patronal (…).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Sentencia 15.12.21, Rad. 11001-03-15-000-
2021-08901-00:

“(…)

En mérito de lo anterior, a juicio de la Sala, el hecho de que no se hayan
efectuado aportes a pensión, ya sea por omisión total de dicha obligación, o
parcial respecto de algunos factores respecto de los cuales la Ley lo exige,
no es óbice para que el juzgador niegue el reconocimiento del derecho, pues
es una situación que no debe padecer el trabajador como parte débil en las
relaciones laborales.

En mérito de lo expuesto, para la Sala es claro que i) si la Ley exige la
cotización sobre un factor y este no se ha realizado, el trabajador no debe
sufrir las consecuencias de esa omisión y mucho menos, obstaculizar el
reconocimiento del derecho que le asiste, como ser a la reliquidación de la
pensión y ii) la sentencia que vaya a disponer lo propio, esto es, incluyendo
un factor adicional para calcular el monto de la prestación, debe ordenar los
descuentos por los aportes respectivos.

En ese orden de ideas, bajo los presupuestos particulares del caso que
ocupa la atención de la Sala, se advierte que en el presente asunto también
se presenta una situación excepcional, pues verificados los factores
enlistados del Decreto 1158 de 1994, el empleador debía realizar los aportes
por el concepto de horas extras, dominicales y festivos que fueron
devengados por el accionante, aspecto que no fue advertido por el juzgador
de instancia y ello no puede implicar un obstáculo para el reconocimiento de
ese emolumento dentro de la liquidación de la pensión.

66. Además, en la providencia del 18 de noviembre del 2020, la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, rad. No. 25000-23-42-000-
2013-01753-03(2384-19) hizo claridad al respecto y dijo que los factores que
deben ser incluidos en la liquidación de la pensión, son aquellos que se
encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994(…)”.

18. De lo anterior expresó que, la Universidad Militar Nueva Granada, como
responsable de la retención, deducción, reporte y pago, debió asumir la sanción
moratoria respectiva por la inconsistencia en los aportes efectuados por el ente
nominador y lo realmente devengado por el trabajador, y Colpensiones debió
oportunamente haber promovido la acción de cobro con motivo de ese
incumplimiento, tal como lo dispone el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, sin que en
ningún escenario, fuera el trabajador quien asumiera las consecuencias y/o efectos
de la mora o inconsistencia de dichos aportes.

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19. Finalmente, afirmó que se había configurado una violación directa a la
Constitución al desconocer los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
igualdad y al debido proceso, en concordancia con el principio de supremacía de la
realidad sobre las formas por cuanto, “(…) al constituirse la posición del Ad quem un
aval a la imprecisión, o inocuo descuento de aportes a pensión sobre factores legalmente
exigibles así como respecto al desconocimiento de los aportes efectuados por la
universidad Santo Tomas, omisión cuya justificación legal fue no solo no comprobada o si
quiera debatida dentro del proceso o argumentada en el fallo en censura, así como tampoco
lo fue la omisión de fiscalización de aportes en cabeza de las entidades Administradoras
(…)”.

20. En conclusión, mencionó que no se tuvieron en cuenta las semanas
paralelamente cotizadas por la Universidad Santo Tomás, así como el factor de
prima técnica legalmente exigible por ser objeto de descuento por la Universidad
Militar Nueva Granada en virtud del Decreto 1158 de 1994.

1.5. Tramite de la acción de tutela

21. Mediante auto de 3 de febrero de 2022, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y dispuso su notificación al accionante y a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, como autoridad judicial
accionada.

22. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, como
autoridad que conoció en primera instancia el asunto y a la Administradora de
Pensiones (Colpensiones), toda vez que fungió como parte pasiva del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que se debate.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”

23. Con escrito enviado el 8 de febrero del 2022, el magistrado ponente de la
decisión recurrida indicó que se atenía a lo que se lograra demostrar dentro del
trámite tutelar, pues todas las razones que sirvieron de fundamento para proferir la
providencia se encontraban consignadas en las motivaciones.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “C”

24. Mediante documento remitido el 8 de febrero del año en curso, la magistrada
perteneciente a la autoridad judicial vinculada señaló que no se encontraba
vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor con la decisión tomada
bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario.

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25. Pese a que Colpensiones fue notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Guillermo Monsalvo Urueña, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral
7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

27. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B” y la misma se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis
de fondo.
• Solo en el evento se superar tales requisitos, se determinará si ¿la
providencia bajo cuestionamiento omitió incluir como factor salarial la prima
técnica y tener en cuenta a las semanas cotizadas de forma paralela por la
Universidad Santo Tomas?

29. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) de las generalidades de los defectos alegados; y (iv) análisis del caso
concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 20125,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6. Así,

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,
Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

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después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

31. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

32. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia10 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

33. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.

34. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de
2005, y acogida por esta Sección11.

35. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales12; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
11
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-
02213-01.
12
Sentencia T-309 de 2005.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

36. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra plenamente
superado, lo anterior, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de
tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la
carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la favorabilidad
laboral, a la inoponibilidad administrativa en temas pensionales y a la seguridad
social, por cuanto la autoridad judicial accionada, confirmó la decisión de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” el 28 de febrero de 2018, que negó las pretensiones de
la demanda instaurada en el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por el señor Guillermo Monsalvo Urueña
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), identificado con
radicación Nº 25000-23-42-000-2016-03166-01.

37. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales en mención subyacen en
el sublite, por tener un rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29
de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.

38. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho
o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus garantías
constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa
ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en preservador de los
derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela quien deberá realizar el
análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho,
salvaguardando la dignidad humana.

39. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima
facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o
judicial establecido por la ley para su protección.

40. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

41. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno
en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se
trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
de 29 de abril de 2021 fue proferida al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por el señor Guillermo Monsalvo Urueña

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contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), identificado con
radicación Nº 25000-23-42-000-2016-03166-01.

2.3.2.3. Inmediatez

42. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la providencia
que resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia cuestionada fue proferida el 9
de septiembre de 2021 y notificada por estado electrónico el 24 de noviembre de la
misma anualidad. Por su parte, la acción de tutela fue presentada el 27 de enero de
2022, es decir que sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria de la
decisión, por cuanto transcurrieron menos de 6 meses, se presentó dentro del
tiempo que esta Sala ha considerado razonable para el uso de este mecanismo
excepcional14, con ocasión de los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200515.

2.3.2.4. Subsidiariedad

43. El accionante alegó que la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado había incurrido en el defecto sustantivo, así como de violación directa de
la Constitución al no hacer la inclusión de las semanas paralelamente cotizadas por
la Universidad Santo Tomás.

44. Sin embargo, de la revisión de la demanda presentada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento, los alegatos de conclusión de primera
instancia y la apelación a la decisión del 28 de febrero de 2018, no se encontró que
el señor Monsalvo Urueña hubiese argumentado lo referido en aquellas
oportunidades.

45. Solamente, dicho argumento fue puesto de presente en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, cuando ya no le era posible a la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ejercer su derecho de contradicción y
defensa, razón por la cual la autoridad judicial accionada se limitó a resolver el
razonamiento planteado en las etapas previamente mencionadas.

46. Por lo anterior, no se supera el requisito de procedibilidad adjetiva de
subsidiariedad, en el sentido que el argumento traído en el escrito de tutela sobre la
inclusión de las semanas paralelamente cotizadas no fue alegado en el proceso
ordinario.

47. En consecuencia, no es posible al juez de tutela referirse sobre ello, por no hacer
parte de lo conocido por los jueces de instancia. Así, se tiene que la oportunidad
para manifestar ese motivo de inconformidad referente a la conformación del IBL,
era en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no en la
acción de tutela.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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48. Por ello, al existir otro mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a est3 (nulidad y restablecimiento del derecho) y no a
la acción de tutela.

49. En conclusión, esta Sala de Decisión considera que no se supero el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el accionante debió exponer la estructura argumentativa
antes referida ante el juez contencioso administrativo para que este determinara si
en efecto dichas semanas laboradas no se habían incluido como parte de la pensión
de jubilación que se le reconoció.

50. En lo referente a los otros argumentos señalados en el libelo introductorio, serán
estudiados de fondo, en la oportunidad correspondiente, por haber sido alegados
en el medio de control, además de no proceder frente a ellos recurso ordinario o
extraordinario alguno, pues los motivos que los sustentan no se enmarcan en las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, ni el de
unificación de jurisprudencia.

2.4. De las generalidades defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto

51. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de 201416,
el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido.

52. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015, manifestó:

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el
derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen
en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales
que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto;
(ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir
para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas17”.

2.5. De las generalidades del defecto sustantivo

53. Acerca del defecto sustantivo, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional18,
ha sentado criterios para el reconocimiento de este, delimitando su aparición cuando
las autoridades judiciales entran a desconocer las disposiciones de rango legal o
infralegal aplicadas a un determinado caso. Específicamente, una providencia
adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional:

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015 MP María Victoria Calle Correa.
18
Entre ellas la Sentencia T-781 de 2011.

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“(i) aplica una disposición en el caso, que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
(iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del
precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; (v) omite
motivar su decisión o la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso19” (negrilla propia).

54. Es importante recalcar que la interpretación del juez de tutela se circunscribe a
evitar la arbitrariedad que se presenta, cuando sin motivación alguna, el juez de
conocimiento decide en los términos expuestos en líneas atrás.

55. Desde esta óptica, quien alegue que una providencia ha incurrido en defecto
sustantivo o material susceptible de tutela no puede limitarse a expresar su parecer
sobre la norma que debe ser aplicada, o sobre el significado y el sentido que a ella
deba dársele, pues tiene la carga de demostrar la arbitrariedad en que ha incurrido la
sentencia que ataca.

56. Ya sea indicando de manera contundente la razón por la cual tal providencia se
funda en norma indiscutiblemente aplicable al caso concreto, o poniendo de presente
la sentencia con efecto erga omnes que definió el alcance de la norma aplicable de
manera distinta a como lo hace la sentencia cuestionada; o detallando las
disposiciones que fueron desatendidas y que eran necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; o exponiendo de manera inobjetable las razones por las
cuales la norma indiscutiblemente pertinente fue inobservada y por ende inaplicada, o
finalmente, los efectos que el legislador expresamente ha dado a la norma y que son
distintos a la situación fáctica planteada20.

2.6. De las generalidades del desconocimiento del precedente

57. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada
como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias
de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.

58. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez21”.

19
Sentencia SU-635 de 2015.
20
Sentencia T-781 de 2011.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

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2.7. De las generalidades de la violación directa a la Constitución

59. La Corte Constitucional, en sentencia SU-069 del 21 de junio de 2018, con
ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, indicó sobre el defecto
denominado violación directa a la Constitución, lo siguiente:

“(…) 32. El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento
constitucional, puesto que a los preceptos contenidos en la Carta de 1991 se les ha
reconocido valor normativo, de manera que pueden ser aplicados directamente por
las autoridades y los particulares en algunos casos. En ese sentido, es posible
discutir las decisiones judiciales por medio de la acción de tutela en los eventos
donde los jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores (…).

33. El desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis.
Así, se ha sostenido que esta figura se estructura cuando el juez en la decisión
desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma
fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no
se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este caso, se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben
tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º
Superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales.

34. En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela se genera
a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la Constitución, conforme con
el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados (…)”. (Énfasis propio)

2.8. Caso concreto

60. El accionante alegó que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, con la providencia de 29 de abril de 2021, incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa a la
Constitución y desconocimiento del precedente.

61. El primero de ellos, lo argumentó indicando que el juez ad quem no había
aplicado las reglas y subreglas definidas en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018, en específico respecto de: (i) el IBL teniendo
en cuenta los factores devengados durante los últimos diez años de servicio sobre
los cuales se efectuaron aportes, y (ii) la inclusión de la prima técnica como factor
salarial, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994.

62. En lo referente al segundo defecto, mencionó que la autoridad judicial accionada
no adecuó las pretensiones de la demanda a lo consagrado en la sentencia de
unificación mencionada, lo que significaba una vulneración al principio de
favorabilidad laboral.

63. Sobre la violación directa a la Constitución señaló que habían vulnerado los
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso, en

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concordancia con el principio de supremacía de la realidad sobre las formas al no
hacer la inclusión de la prima técnica como factor salarial.

64. Respecto al desconocimiento del precedente, el accionante trajo a colación
múltiples apartes de providencias proferidas tanto por el Consejo de Estado, como
por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que tenían en común
demostrar la jurisprudencia “pacífica” que se ha establecido en torno a la
imposibilidad del juez de castigar al trabajador por la omisión del empleador de
efectuar los aportes a pensión correspondientes.

65. Teniendo en cuenta lo anterior, por cuestiones metodológicas, la Sala analizará
los defectos alegados de forma conjunta, ya que los argumentos del tutelante están
dirigidos a establecer que la reliquidación de su pensión de jubilación debe hacerse
con la inclusión de la prima técnica como factor salarial, de acuerdo con la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sobre el
reconocimiento de prestaciones al empleado por más que el empleador no haya
efectuado los respectivos aportes o cotizaciones.

66. Después de revisar la decisión recurrida, se evidencia que la autoridad judicial
demandada realizó un análisis normativo completo a efectos de establecer la
solución jurídicamente aplicable al caso concreto. Para ello, explicó la creación de
la Ley 100 de 1993, pasando por los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 ibídem y las condiciones para acogerse a este o quedarse
bajo los regímenes anteriores de acuerdo a las condiciones aplicables a cada
persona. De esta forma indicó que:

“(…) el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor
aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad
de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el
ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida
en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante
el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1°. de abril de
1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el
promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado
anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo
cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibídem”.

67. De lo anterior y en atención a la sentencia de unificación multicitada, señaló que
la reliquidación pensional por requisitos cumplidos dentro de la vigencia del régimen
de transición se resolvería conforme a las reglas que sobre el IBL contemplaba el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el artículo 21 ibídem, teniendo en cuenta que
los factores llamados a integrar el ingreso base de liquidación eran los establecidos
en el Decreto 1158 de 1994.

68. Además, fue transcrito un aparte de la sentencia de 28 de agosto de 2018 para
demostrar la razonabilidad de la decisión de Colpensiones respecto a la normativa
aplicable al señor Monsalvo Urueña para el reajuste de su pensión de jubilación:

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“(…) Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición
pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones (…)”.

69. Así las cosas, recordó que el Instituto de Seguros Sociales “(…) le reconoció
pensión vitalicia de jubilación, con Resoluciones 36530 de 11 de septiembre y 47903 de 17
de noviembre, ambas de 2006, a partir del 1° de diciembre de 2004, de conformidad con
los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional (75%), contenidos en el
Decreto 2701 de 1988, y calculada con el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le
hacía falta para tener derecho a la pensión a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales previstos
en el Decreto 1158 de 1994, la cual fue reajustada por Colpensiones mediante Resolución
VPB 18317 de 20 de abril de 2016, con fundamento en la Ley 33 de 1985 (en cuanto a los
requisitos y tasa de reemplazo), liquidada con base en lo cotizado en los 10 últimos años
de servicio y los emolumentos enunciados en el Decreto 1158 de 1994”.

70. Lo anterior, para afirmar que de acuerdo con las reglas y subreglas establecidas
en la sentencia de unificación, se había determinado que el inciso 3º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el legislador, “(…) excluyó del régimen de transición la
expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar
en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo
21 ibídem (…)“; condición que como fue referida anteriormente, se ajustaba a los
aspectos concretos del caso del señor Monsalvo Urueña.

71. Por ello, encuentra esta Sala que el IBL definido por Colpensiones y confirmado
por la judicatura accionada se encuentra ajustado a lo establecido en la sentencia
de unificación de 2018, pues para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, tenía más de 50 años y superaba los 30 años de servicio,
por lo que debía aplicarse la Ley 33 de 1985.

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72. Además, dicha sentencia determinó que solamente serían tenidos en cuenta los
factores salariales para conformar el IBL, respecto de los cuales se hubiera
efectuado aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Tal como lo advirtió la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia de
29 de abril de 2021:

“Ahora bien, la Sala itera las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas
en el acápite precedente, en el inciso 3°. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor
aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo
21 ibídem, según corresponda; lo que además guarda relación con el artículo 48
superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones […]», motivo por el que la pretensión de reliquidación pensional con lo
devengado durante el último año de servicios en aplicación de la Ley 33 de 1985,
no se ajusta al derrotero jurisprudencial hoy vigente”.

73. En ese sentido, es importante poner de presente que el Acto Legislativo 1 de
2005, en su inciso sexto, introdujo una regla en materia de liquidación pensión, que
no puede pasarse por alto, tendiente a que “para la liquidación de las pensiones solo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”.

74. Sumado a lo anterior, resulta pertinente indicar que la Corte Constitucional, en
las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, indicó que en
procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional todas las pensiones,
independientemente del régimen que les sea aplicable, deben liquidarse conforme
a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los aportes,
criterio que esta Sección acoge y que fue enriquecido con los argumentos
anteriormente explicados.

75. Asimismo, de las pruebas obrantes en el expediente del proceso ordinario, se
evidenció a través de un certificado de la Universidad Militar Nueva Granada que,
solamente constituyeron factor salarial los siguientes conceptos: asignación básica,
bonificación y servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima
de navidad.

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76. En consecuencia, se desestima el argumento presentado por el actor, en tanto
la prima técnica no fue tenida en cuenta para la conformación del IBL porque a pesar
de devengarla no constituía factor salarial. Esto además encuentra sustento en la
normativa que fue aplicable al actor, es decir el Decreto 1158 de 1994, el cual
consagra que: “(…) El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido
por los siguientes factores: (…) c) La prima técnica, cuando sea factor de salario (…)”.

77. Por lo tanto, no se encuentran configurados los defectos sustantivo y de
violación directa de la Constitución en el presente caso y ello mismo sucede con el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues se evidencia que la
autoridad judicial accionada adecuó de manera correcta las pretensiones de la
demanda ejercida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con la sentencia del 28 de agosto de 2018, al aplicar las reglas y subreglas
establecidas en esta, para tomar la decisión proferida el 29 de abril de 2021.

78. En lo referente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la
providencia que resolvió la solicitud de aclaración y adición del 9 de septiembre de
2021, esta Sala considera que no se configuró el yerro alegado por cuanto la
autoridad judicial accionada fue clara al explicar que al momento de desatar la
alzada se resolvió la controversia con base en el recurso de apelación, las
pretensiones de la demanda y lo pedido en sede administrativa, esto es, que la
pensión de jubilación fuera reliquidada con lo devengado durante el último año de
servicios en aplicación de la Ley 33 de 1985.

79. Por ello, indicó que la solicitud del actor carecía de fundamento, pues los
argumentos esbozados tendientes a que se aclarara y/o adicionara la providencia
de segunda instancia, comportaban motivos de inconformidad contra la decisión
adoptada. Con ocasión de lo anterior, señaló que en ninguna de las partes de la
sentencia se evidenciaron frases o conceptos que ofrecieran verdaderos motivos de

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duda, que implicaran confusión, ni se omitió pronunciamiento sobre cualquiera de
los extremos de la Litis, es decir que lo argumentado por el señor Monsalvo Urueña
no podía ser objeto de aclaración y/o adición porque no había sido debatido en las
instancias.

80. Con respecto al desconocimiento del precedente alegado por el señor Monsalvo
Urueña, se arroja la misma conclusión anterior, por el criterio fijado en esta Sección,
sin embargo, se harán un par de precisiones al respecto. En primer lugar, se debe
indicar que frente a las sentencias de tutela22 traídas en el libelo introductorio, no es
admisible su estudio, porque no constituyen precedente según el criterio mayoritario
de esta Sala de Decisión, pues no fueron proferidas por la Sala Plena del órgano de
cierre de la jurisdicción constitucional, sino por un juez de tutela, ni se unificó el
criterio de esa Corporación o resolvió una demanda de inconstitucionalidad.

81. Igual sucede con la providencia de la Corte Suprema de Justicia23, la cual no
constituye precedente, pues si bien ambas jurisdicciones hacen parte de la rama
judicial, lo cierto es que entre ellas gozan de independencia y autonomía, existiendo
una clara restricción de interferir entre una y otra; tan es así que el artículo 12 de la
Ley 270 de 1996 mencionó que, la jurisdicción ordinaria conocería de todos los
asuntos que no estén en cabeza de otra. Por ello, la Sala precisa que constituye
precedente aquella regla creada por una Alta Corte, según su jurisdicción24.

82. Frente a la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado25, se pone de presente que no es posible aplicar lo decidido en ella por
cuanto contiene supuestos fácticos totalmente disímiles que imposibilitan asemejar
ambos casos. En el caso traído como desconocido se tiene que el accionante laboró
entre diciembre de 2001 y junio de 2013, por lo que le era aplicable el régimen
especial previsto en el Decreto 1047 de 1978 para los servidores que desempeñan
funciones de dactiloscopia en el extinto DAS. Además de que fue hallado que no se
le estaba reconocimiento su pensión de vejez porque los aportes se habían
realizado de manera extemporánea.

83. Finalmente, acerca del fallo proferido por esta misma Sala de Decisión el 15 de
diciembre de 2021, es claro que en aquella ocasión se estableció que decisiones
como esa eran de carácter particular y excepcional y que era el juez constitucional
quien caso a caso debía estudiar las particularidades para determinar si se debía
aplicar la obligación del patrono de realizar cotizaciones que por ley le corresponden
en aras de no crear una consecuencia adversa para el trabajador.

84. En aquel caso, se evidenció que el empleador debía realizar los aportes por
concepto de horas extras, dominicales y festivos que fueron devengados y hacían
parte de los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Caso
completamente distinto al presente, pues a pesar de que la prima técnica se

22
Corte Constitucional, Sentencia T-920 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y Sentencia T-064 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Corte Suprema de Justicia, M.P. Clara Cecilia López Quevedo, Sentencia 28.05.15, Rad. 45985.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, Sentencia 07.12.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-07422-00.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 30.09.21, Rad. 25000-23-42-000-2015-05290-01.

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encuentra dentro de la lista determinada en el artículo 1º del Decreto mencionado,
solamente se tiene en cuenta cuando es factor salarial, situación que no ocurrió.

85. En mérito de lo expuesto, esta Sala no encuentra configurado el
desconocimiento del precedente, de acuerdo con lo analizado previamente.

2.9. Conclusión

86. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos
alegados por el accionante, debido a que la sentencia recurrida, aplicó de forma
correcta las reglas y subreglas señaladas en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia respecto del argumento de la inclusión
de las semanas cotizadas paralelamente por la Universidad Santo Tomás, por las
consideraciones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR en lo demás la solicitud de amparo de los derechos
fundamentales deprecados por el señor Guillermo Monsalvo Urueña, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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