Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00718-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
14 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 16
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: JOSÉ ALONSO RAMÍREZ GIRALDO
Asunto: Causal de nulidad originada en la sentencia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión N° 16 decide en única instancia el recurso
extraordinario de revisión formulado por José Alonso Ramírez Giraldo contra la
sentencia proferida el seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020) por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 17001-23-33-000-2016-00858-01.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho N° 17001-23-33-000-2016-00858-01.
1.1. El treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)1, a través de
apoderado judicial, el señor José Alonso Ramírez Giraldo presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la anulación del Oficio SEM- UAF
2063 de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), a través del cual, según
adujo, el municipio de Manizales negó el reconocimiento de intereses moratorios en
el pago del retroactivo derivado de un proceso de homologación salarial.
1 Folio 25 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_57202 2” del índice 31 de SAMAI.
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Como sustento fáctico de su reclamación, la parte actora indicó que mediante
Resolución 2451 de 29 de octubre de 2002 se certificó al municipio de Manizales
para la administración del servicio educativo, por lo que a través del Decreto 011 de
20 de enero de 2004 la citada entidad territorial adoptó la planta de cargos y
personal al servicio del departamento de Caldas.
Señaló que, posteriormente y en respuesta a una pregunta elevada por el Ministerio
de Educación Nacional, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
emitió el Concepto 1607 de nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004), en el
que advirtió que la incorporación de personal a la planta de los municipios había
generado desigualdad entre esos funcionarios y los que seguían siendo
remunerados con el Sistema General de Participaciones pues, pese a desempeñar
las mismas funciones, los primeros devengaban menos emolumentos que los
segundos. Por tal razón, allí se indicó que resultaba necesario que las entidades
territoriales realizaran una nivelación salarial, cuya diferencia debía ser asumida por
la Nación.
Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de
Manizales iniciaron un procedimiento conjunto para realizar esa homologación y
nivelación salarial, para lo cual se expidieron los Decretos 083 de 11 de marzo de
2008 y 388 de 12 de octubre de 20122, en tanto mediante Resolución 552 de 11 de
abril de 2014 se reconoció que el accionante, como funcionario administrativo al
servicio de la Secretaría de Educación, tenía derecho a percibir un pago retroactivo
por ese concepto, el cual fue efectivamente cancelado en el mes de mayo de dos
mil catorce (2014)3.
Sin embargo, para el demandante, de conformidad con los artículos 1608, 1617 y
1649 del Código Civil y demás normas concordantes, el municipio debió reconocer
intereses moratorios sobre esa suma, generados desde la fecha de exigibilidad de
2 Según se afirmó en la demanda, mientras con el primero de esos decretos se realizó la
homologación y nivelación de los cargos administrativos de la Secretaría de Educación de Manizales,
con el segundo se modificó y ajustó esa decisión.
3 Resolución “[p]or la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de ajuste de la homologación
y nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación de Manizales”.
Específicamente, en el numeral 1° de dicho acto se dispuso: “ARTÍCULO 1° Liquidar y reconocer el
valor adeudado a favor del (la) señor (a) RAMÍREZ GIRALDO JOSÉ ALONSO (…), por concepto de
pago de ajuste de homologación y nivel salarial del periodo comprendido a partir del 01 de enero de
2003 al 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con los siguientes conceptos (…)”. Folios 36 a 40 del
PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
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la obligación —que señaló como el primero (1) de enero de dos mil tres (2003),
cuando, según afirma, se realizó la incorporación del señor Ramírez Giraldo a la
planta de personal del municipio— y la fecha en la que ésta finalmente se hizo
efectiva —mayo de dos mil catorce (2014)—, por lo que, en conjunto con otros
servidores, elevó derecho de petición en ese sentido ante la Secretaría de
Educación de Manizales, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Oficio
SEM-UAF-2063 de dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).
En consecuencia, en la demanda se solicitó la anulación de ese Oficio y el
reconocimiento de los intereses moratorios por el alegado pago tardío de la
homologación salarial4.
1.2. Mediante sentencia del tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el
Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
Como sustento de esta decisión, el Tribunal explicó que no hubo retardo en el pago
de la homologación salarial, debido a que la obligación surgió, únicamente, con la
expedición de Resolución 552 de 11 de abril de 2014, en tanto antes de esa fecha
no existía pronunciamiento alguno que permitiera predicar la exigibilidad de un
derecho que solo se concretó con la expedición de dicho acto administrativo. Así
las cosas, señaló que el reclamo del actor parte de una confusión entre el momento
en que se causó el derecho y aquél en el que este se reconoció, siendo claro que
lo segundo solo ocurrió con la expedición del citado acto.
Por lo demás, indicó que, de un lado, no existe fundamento legal para reclamar
intereses moratorios, pues dada su naturaleza sancionatoria resultaba necesario
que aquellos estuvieran expresamente contemplados en alguna disposición para
su reconocimiento y, del otro, que no es posible entender que estos se causaban
automáticamente con la incorporación del demandante a la planta de personal del
municipio, máxime cuando quedó acreditado que las sumas pagadas estuvieron
debidamente indexadas5.
4 Demanda visible en los folios 6 a 24 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
5 Folios 278 a 304 del PDF “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
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1.3. Inconforme con lo anterior, el entonces demandante formuló recurso de
apelación en el que, en términos generales, insistió en los argumentos de su escrito
introductorio, alegando que sí era posible reconocer los intereses moratorios en
tanto, de acuerdo con lo reglado en el Código Civil, estos se configuran
automáticamente ante el retardo en el cumplimiento de la obligación. De ahí que, a
su juicio, la negativa no podía sustentarse en la ausencia de una norma expresa
que contemplara el pago de intereses moratorios en los procesos de homologación
salarial, en especial, cuando, según su criterio, sí estaba acreditada la mora en el
pago de dicha obligación6.
1.4. El seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020), la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia7.
Como sustento de lo anterior, la Sala Laboral explicó el procedimiento que se surtió
para adelantar el trámite de homologación de los servidores que se incorporaron a
las plantas de las entidades territoriales y concluyó que, para el caso concreto, solo
fue con la expedición de la Resolución 552 de 11 de abril de 2014 que se generó la
obligación en favor del señor Ramírez Giraldo, obligación que se satisfizo dentro del
mes siguiente a la fecha de su promulgación, razón por la que no puede predicarse
tardanza o mora en el cumplimiento de la misma.
Además, señaló que, aunque se demostró que el accionante fue incorporado a la
planta de personal del municipio desde el año dos mil tres (2003) y que desde esa
fecha tenía derecho a que su salario se pagara correctamente, lo cierto es que las
sumas reconocidas por la entidad fueron debidamente indexadas para evitar la
pérdida del poder adquisitivo.
Finalmente, indicó que el reconocimiento de intereses moratorios resulta
incompatible con la figura de la indexación8 y que, en todo caso, como lo ha
6 Folios 305 a 33 del PDF ibidem.
7 Tal y como consta en el folio 4 del PDF denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H009JOSEALONSOR”, visible a índice 8
de SAMAI, dicha sentencia se notificó personalmente a las partes el veintiséis (26) de enero de dos
mil veintiuno (2021), quedando ejecutoriada al finalizar el veintinueve (29) de ese mismo mes y año.
Teniendo en cuenta que para esa fecha no se tenía certeza de la aplicación de lo reglado en el
numeral 2° del artículo 205 del CPACA con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 para
la notificación de las sentencias.
8 Folios 356 a 368 del PDF CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
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señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no existe disposición legal que
autorice a reconocer las sumas solicitadas en estos específicos casos.
2. El recurso extraordinario de revisión
El veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)9, a través de apoderado
judicial, el señor José Alonso Ramírez Giraldo formuló recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020)
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23-33-000-2016-
00858-01 alegando la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación”.
Como sustento de su recurso, la parte actora, además de presentar varios
reproches contra afirmaciones específicas contenidas en el fallo objeto de recurso
que califica como tesis y “posiciones acomodadas”, alega que en dicha providencia:
i) no se analizó su caso en particular, vulnerando así su derecho al debido proceso;
ii) se desconoció el principio de congruencia, y iii) no se juzgó su situación conforme
con las normas preexistentes, sino que se acuñaron tesis irrazonables.
Respecto a lo primero, el recurrente sostiene que la sentencia debe infirmarse toda
vez que la Sala no analizó las particularidades de su caso concreto, sino que expidió
una sentencia “plantilla” o “formato”, con la cual ha resuelto de manera idéntica
todos los casos que sobre este asunto —pago de intereses en el proceso de
homologación— fueron puestos a su consideración.
En segundo lugar, afirma que la sentencia es incongruente, pues no falló conforme
a lo alegado en los hechos y pretensiones de la demanda.
En este sentido, señala que la providencia resolvió “citra petita”, pues aunque en las
pretensiones de la demanda se indicó con toda claridad que el periodo respecto del
cual se reclamaba la mora era el comprendido entre el año dos mil tres (2003)
ꟷcuando supuestamente surgió el derecho a ser homologadoꟷ y el dos mil catorce
9 PDF denominado “ED_CORREO_DIEGOMARIO” visible en el índice 2 de SAMAI.
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(2014) ꟷcuando finalmente se procedió al pago del derechoꟷ, en la sentencia
acusada únicamente se analizó el lapso comprendido entre la expedición de la
Resolución 552 de 11 de abril de 2014 y la fecha en la que se pagó la suma ahí
reconocida ⎯mayo de ese mismo año⎯, encontrando que dicho término fue
razonable para proceder con el pago.
En consecuencia, afirma que lo decidido por el fallador de segunda instancia no
guarda relación con lo pedido en el escrito introductorio o en el recurso de apelación,
pues el ad quem se pronunció sobre un periodo que no fue objeto de debate en el
curso del proceso.
Finalmente, sostiene que la sentencia acusada desconoció las normas prexistentes
que eran aplicables al caso concreto y acuñó tesis irrazonables, pues atenta “contra
toda lógica jurídica” exigir que el interés moratorio derivado del retardo en el pago
de la homologación deba estar contemplado en una norma expresa para proceder
a su reconocimiento, cuando esta figura tiene su génesis misma en el derecho de
las obligaciones. En este contexto, afirma que la Ley 715 de 2001 concedió un
término perentorio para proceder con la homologación salarial, el cual fue
ampliamente desconocido por la administración, por lo que, a través del interés
moratorio, debe reconocerse la tardanza en la que incurrió el Estado.
En ese sentido, aduce que esa exigencia contenida en la sentencia atacada
corresponde a “una mera interpretación argumentativa, que no se encuentra
soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi representado(a) no fue
juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y exclusivamente se dijo que
en el proceso de homologación se agotaron las etapas necesarias, sin embargo, al
tratarse de los intereses de mora, la decisión no tuvo un análisis normativo concreto
al caso”, con el agravante, según su dicho, de que se confundieron los conceptos
de indexación e interés moratorio.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), el Despacho
inadmitió el recurso y le concedió a la parte actora el término de cinco (5) días para
que, de considerarlo del caso, procediera a su subsanación10.
10 Índice 4 de SAMAI.
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3.2. Habiéndose efectuado las correcciones pertinentes, por auto de veintiséis (26)
de abril de dos mil veintidós (2022) el Despacho admitió el recurso y ordenó la
notificación personal del Ministerio de Educación Nacional, del municipio de
Manizales, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y del
Ministerio Público11.
Dentro del término de ley, se presentaron las siguientes intervenciones12:
3.2.1. El Ministerio de Educación Nacional, por escrito del diez (10) de
mayo de dos mil veintidós (2022), se opuso a la prosperidad del recurso bajo
la consideración de que lo que se pretende es reabrir el debate ya concluido.
Al efecto, aseguró que la sentencia acusada sí se pronunció sobre lo
solicitado, solo que no en el sentido en el que lo pretendía la parte actora. En
cualquier caso, explicó que no podía predicarse incumplimiento o retardo en
el pago pues entre el reconocimiento del derecho, a través del acto
administrativo correspondiente, y el pago efectivo transcurrió un lapso
razonable, al tiempo que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado ha establecido que los intereses moratorios y la indexación son
figuras incompatibles13.
3.2.2. Mediante memorial de doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022),
el municipio de Manizales señaló que no existen elementos que permitan
desvirtuar las conclusiones a las que arribaron las autoridades judiciales en
las instancias del proceso ordinario, ni mucho menos reputar como nula la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado14.
3.3. Por auto de veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022), el Despacho
decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas
con el recurso15. Además, en atención a la solicitud probatoria formulada por el
11 Índice 11 de SAMAI.
12 Ni el Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervinieron en este
trámite.
13 Índice 20 de SAMAI.
14 Índice 21 de SAMAI.
15 Índice 23 de SAMAI. Estas fueron: i) las sentencias proferidas en las instancias respectivas, esto
es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 3 de mayo de 2019 y la expedida el 6 de
noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y ii) el recurso
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Ministerio de Educación Nacional, se ordenó la remisión íntegra del expediente de
nulidad y restablecimiento No. 17001-23-33-000-2016-00858-01, el cual fue enviado
por el Tribunal Administrativo de Caldas16.
Dicha decisión no fue objeto de recurso alguno.
3.4. Agotada la etapa probatoria, el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) el
expediente entró al Despacho para adoptar la decisión que en derecho
corresponda17.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Especial de Decisión N° 16 es competente para decidir el presente recurso
extraordinario de revisión, en los términos del inciso primero del artículo 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)18 y del numeral 1° del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento
Interno del Consejo de Estado19ꟷ, por tratarse de un recurso contra una sentencia
dictada por una subsección de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Conforme con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala Especial de
Decisión N° 16 establecer si la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el seis (6) de noviembre dos mil veinte
(2020), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 17001-23-
de apelación presentado 4 de junio de 2019 contra la sentencia de primera instancia del proceso
ordinario.
16 Índice 31 de SAMAI. Tal y como consta a índice 32 del aplicativo SAMAI, de dicho expediente se
corrió traslado a las partes por el término de 3 días.
17 Índice 34 de SAMAI.
18 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.”
19 “ARTÍCULO 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado
(…).
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33-000-2016-00858-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contemplada
en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y las causales señaladas por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren
el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico20, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley21. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.
20 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
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Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta
Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable
de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión
de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se
convierta en una tercera instancia.”23 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal demanda,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición24.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”25.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar: i) que el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) que la anomalía es
de tal magnitud que configura un defecto insanable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta26.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”27. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la
sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, este órgano de cierre ha señalado que son dos
los grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
24 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicado
11001-03-15-000-2017-02519-00.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicado 11001-33-31-035-2008-00180-01.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado
11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-
00894-00.
27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13, sentencia del 7 de junio de 2016, radicado
11001-03-15-000-2015-02493-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
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la sentencia28: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior29.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 30, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan al
contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación de
una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación31 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido
o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando el fallo viola el principio
de non reformatio in pejus; iv) cuando la sentencia condena a quien no es parte
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia
del 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
02342-00, y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 2, sentencia del 1° de noviembre de
2019, radicado 11001-03-15-000-2013-02216-00.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicado
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No.
11001-03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión N° 10, radicado 11001-03-15-000-2012-00230-00.
30 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-01415-00.
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 5, sentencia del 3 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2009-00494-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de abril de 2015, radicado 2008-35319-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26,
sentencia del 14 de agosto de 2018, radicado 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2018-
04345-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de noviembre de
2019, radicado 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-2014-00325-00,
y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2019-00894-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
dentro del proceso; v) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vi) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; vii) cuando el demandado es condenado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la
invocada en ésta; viii) cuando la sentencia carece totalmente de motivación, o ix)
cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.
Sobre este último asunto, y para lo que interesa a esta causa, debe indicarse que,
la congruencia, como principio, tiene dos manifestaciones concretas: la interna, que
se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva
de la sentencia, y la externa, que propende porque la decisión contenida en su parte
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en su
contestación32, es decir, que haya identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones y excepciones oportunamente presentadas, salvo por las
competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador33. Lo anterior, con fundamento
en el artículo 281 del Código General del Proceso34 ꟷque reformó el artículo 305
del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y en aplicación del principio “Tantum devolutun quantum
apellatum”, en las sentencias de segunda instancia la incongruencia “también se
patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del
recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una
invocación del derecho sustancial controvertido.”35.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que tienen
lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita cuando se
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
34 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1° de marzo de 2016, radicado
11001-02-03-000-2012-02126-00, número interno SC4415-2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede por una
causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita cuando no
se resuelve algún asunto debidamente planteado36. De fondo, la razón por la cual
procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el principio de
congruencia es porque el fallador excede su competencia, la que, como se ha dicho,
está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la demanda, la
contestación y las excepciones propuestas y, tratándose de sentencias de segunda
instancia, por lo indicado en el recurso de apelación, sin perjuicio de los asuntos
intrínsecos que deba resolver el fallador para resolver la litis planteada37.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un lado,
que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el
recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad
procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del caso concreto.
5. El caso concreto
5.1. De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala
establecer si en el caso objeto de estudio se materializaron los supuestos para la
procedencia de la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA.
Al respecto, lo primero que se advierte es que la sentencia del seis (6) de noviembre
de dos mil veinte (2020) que aquí se acusa, no era pasible del recurso de apelación,
en tanto esa decisión se produjo por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisamente al resolver la alzada formulada por la entonces
parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento N° 17001-23-
36 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, radicado 76001-23-24-
000-1997-04345-01.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2021, radicado
11001-03-26-000-2019-00100-00 (64246).
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Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
33-000-2016-00858-01, de manera que el recurso extraordinario resulta
procedente.
Igualmente, los vicios alegados se habrían materializado en la sentencia y no en
una etapa anterior, de ahí que resulte pertinente efectuar el estudio de fondo del
recurso.
5.2. Para tales efectos, corresponde entonces proceder al análisis de lo ocurrido en
el proceso de nulidad y restablecimiento N° 17001-23-33-000-2016-00858-01, de lo
cual se advierte demostrado lo siguiente:
a) El señor José Alonso Ramírez Giraldo, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Manizales en la que adujo que, en tanto él, como personal
administrativo incorporado a la planta territorial, adquirió el derecho a la
nivelación salarial desde el año dos mil tres (2003) y la homologación solo se
realizó hasta el año dos mil catorce (2014), había lugar a reconocer en su
favor intereses moratorios por el cumplimiento tardío de la obligación. Con
base en ello, formuló las siguientes pretensiones principales:
“Primera: Se declare la nulidad del Oficio SEM-UAF -2063 ‘acto
administrativo del 18 de julio de 2016 (…), respecto de la petición del (la)
demandante, el (la) señor (a) JOSE ALONSO RAMIREZ GIRALDO (sic),
y por medio del cual se desconocieron y negaron los intereses moratorios
generados por ocasión al pago tardío del retroactivo de la homologación
y nivelación salarial.
Segunda: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se declare que el (la) actor (a)
tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES y/o LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su causación- 1 de Enero de 2003 al año 2011- y en
adelante hasta el día que fue efectivo el pago total del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de mayo de 2014.
Tercera. Se condene a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que
tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la
fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración
que, el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario,
por periodos de 30 días, por lo tanto una vez ocurrido dicho vencimiento,
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los
intereses aludidos. (…)”38 (Negritas y mayúsculas en original).
b) Por su parte, en la contestación de la demanda el Ministerio de Educación
Nacional alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual
explicó sus competencias de cara a la administración del Sistema General
de Participaciones y a la prestación de los servicios educativos a cargo de
las entidades territoriales39, mientras que el municipio de Manizales sostuvo
que la homologación se produjo a cabalidad en el año dos mil ocho (2008),
en tanto con la Resolución 552 de 2014 se materializó el ajuste de que trató
el Decreto 388 de 2012, y que, en todo caso, esta no es un derecho de tracto
sucesivo de manera que no es posible aplicar los artículos 1608, 1217 y 1649
del Código Civil40.
c) El Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia de primera instancia,
negó las pretensiones al considerar que la obligación a cargo del Estado
únicamente nació con la expedición de la Resolución 552 de abril de 2014 y
que, como ese valor fue pagado en mayo de esa misma anualidad, no podía
predicarse retardo alguno. Además, estimó que no era procedente el
reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que no existe norma que
autorice a proceder en ese sentido.
d) Contra esta providencia el señor Ramírez Giraldo interpuso recurso de
apelación en el que, en términos generales, insistió en que debían
reconocerse intereses de mora, para lo cual resultaba suficiente el soporte
previsto en las normas generales del Código Civil41.
e) Al resolver el recurso, en la sentencia del seis (6) de noviembre dos mil veinte
(2020) la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó que el problema jurídico se circunscribía a “determinar si al
demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por
el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
38 Folio 7 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
39 Folios 96 a 113 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
40 Folios 118 a 134 documento ibidem.
41 Folios 305 a 331 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
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Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del municipio de Manizales.”
A partir de las pruebas obrantes en el expediente, la Subsección señaló:
“De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor
hizo parte del personal administrativo del servicio educativo oficial que,
como consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y
nivelado salarialmente en la planta de personal de la secretaría de
educación de Manizales; (ii) con Resolución 552 de 11 de abril de 2014,
tal ente territorial reconoció al accionante el retroactivo resultante de la
nivelación salarial por el período comprendido entre 2003 y 2011, sumas
que fueron indexadas; (iii) el respectivo valor fue cancelado en mayo de
2014; y (iv) mediante oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, la
secretaría de educación de Manizales negó el reconocimiento y pago de
intereses moratorios, solicitado por el demandante, al estimar que la
mencionada obligación fue satisfecha de manera oportuna, en los
términos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y
debidamente indexada.”42
Luego de describir el procedimiento que se surtió para realizar la
homologación de la planta de personal de los servidores públicos del sector
educativo y específicamente de los servidores de Manizales, la Sala Laboral
resaltó que mediante la Resolución 552 de 11 de abril de 2014 se “reconoció
al accionante el retroactivo indexado, causado entre el 1° de enero de 2003
y el 31 de diciembre de 2011, por un monto de $59.569.939, pagado en el
mes de mayo de 2014”. Para la Sala “comoquiera que el pago de los dineros
reconocidos al actor el 11 de abril de 2014 (fecha desde la cual se hizo
exigible la obligación), se realizó en mayo del mismo año, esto es, dentro del
mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se
generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los
actos administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se
cobren como sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y no existe
previsión legal al respecto.”43. A partir de allí, indicó entonces que el señor
Ramírez Giraldo no podía “reclamar intereses moratorios por el pago tardío a
su favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa
obligación, que se hizo exigible el 11 de abril de 2014 (cuando se expidió el
acto administrativo que reconoció los valores causados entre el 1° de enero
42 Folio 362 del documento ibidem.
43 Folios 364 del PDF denominado “CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP
“RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31 de SAMAI.
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Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
de 2003 y el 31 de diciembre de 2011), fue pagada en mayo siguiente, plazo
que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que
deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada
dentro del referido trámite o en alguna disposición legal”.
Finalmente, indicó que “la entidad, conforme al mandato constitucional
contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes sumas, lo que
resultaría, además, incompatible con el pago de intereses moratorios”, los
cuales, tal y como se concluyó en la sentencia de veinticinco (25) de abril de
dos mil diecinueve (2019), expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01,
resultan improcedentes en los procesos de homologación salarial ante la
inexistencia de norma expresa que así lo consagre.
5.3. Pues bien, como atrás se indicó, para el recurrente esta decisión adolece de
nulidad porque, según su dicho y, en primer lugar, obedece a una “sentencia
formato” en la que no se analizó adecuadamente su situación particular, con la
consecuente vulneración de su derecho al debido proceso.
Sobre este asunto, lo primero que debe señalarse es que, al margen de la valoración
de ese hecho, lo cierto es que la parte actora no probó el supuesto fáctico de sus
afirmaciones pues, salvo por el genérico reclamo planteado, no se allegó prueba
alguna de que, en efecto, la sentencia acusada hubiera correspondido a un texto
plantilla o formato, como lo calificó el recurrente, en el que no se hubiere analizado
de manera alguna su situación particular.
No obstante, la Sala debe indicar que la simple circunstancia de que el juez acuda
a casos análogos para resolver un asunto sometido a su consideración, incluso en
términos muy similares, no implica per se una violación del derecho al debido
proceso ni puede configurar por sí sola la causal de revisión de nulidad originada en
la sentencia, pues esa actuación, por el contrario, favorece el respeto por el
precedente judicial y el derecho a la igualdad, así como la seguridad jurídica como
principio de la actividad judicial, atendiendo, por supuesto, a las particularidades y
minucias de cada causa.
En este caso, revisado el fallo objeto de análisis lo que se advierte es que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió la situación
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del señor Ramírez Giraldo de forma particular y concreta, analizando, tanto los
medios de prueba obrantes en el proceso ordinario N° 17001-23-33-000-2016-
00858-01, como el contexto en el que se expidió la Resolución 552 de 11 de abril
de 2014, a través de la cual se le efectuó el reconocimiento del ajuste de la
homologación salarial; además, el ad quem acudió a antecedentes de esa misma
Sala sobre la materia, con lo cual reforzó los argumentos de su decisión44.
De esta forma y en contra de lo indicado por el recurrente, lo cierto es que la decisión
acusada sí analizó las particularidades de su caso de manera expresa, sin que esa
conclusión se vea apocada por la similitud que esta providencia pudiera tener con
otros casos análogos; de hecho, ello puede explicarse en tanto, como lo indicó el
propio actor, alrededor de ciento veintisiete (127) personas a las que les fue
reconocida la homologación salarial acudieron judicialmente al reclamo de los
intereses moratorios a los que aducen tener derecho45.
5.4. El análisis de la providencia atacada permite evidenciar también que no se
vulneró el principio de congruencia de la sentencia ni se produjo una decisión cifra
petita, pues el ad quem no solo resolvió dentro de lo debatido en la causa puesta a
su consideración, sino que se pronunció frente a cada uno de los argumentos
planteados tanto por el hoy recurrente como por las entidades entonces
demandadas, los cuales estuvieron relacionados, principalmente, con la supuesta
tardanza en el pago de las sumas adeudadas, el fundamento normativo para el
reconocimiento de intereses moratorios y la compatibilidad entre ese concepto y la
indexación.
En este escenario, es claro que para determinar si había lugar al reconocimiento de
intereses moratorios el fallador debía establecer, en primer lugar, si existió o no
retardo en el cumplimiento de la obligación, lo cual, a su vez, exigía precisar desde
44 El inciso primero del artículo 187 del CPACA sobre el punto establece: “la sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico
de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen.”
45 Mediante memorial del 21 de abril de 2017, el apoderado del señor Ramírez Giraldo le indicó al
Tribunal que aportaba certificación expedida por la Secretaría de Educación de Manizales en la que
constaba que se habían presentado alrededor de 127 peticiones ante esa dependencia solicitando
el pago de los intereses moratorios en el pago de la homologación salarial, peticiones cuya respuesta
según su dicho, luego se convirtieron en procesos judiciales. Folios 86 a 90 del PDF denominado
“CUADERNO PRINCIPAL”, archivo ZIP “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_4_572022” del índice 31
de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
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qué momento resultaba exigible la misma. Fue precisamente ese análisis el que
llevó a la Subsección B de la Sección Segunda a concluir que la obligación de pagar
la suma por homologación y nivelación salarial solo se hizo exigible con la
expedición de la Resolución 552 de 11 de abril de 2014, en contra de lo sostenido
por la parte actora que alegaba la exigibilidad de la obligación desde que se realizó
el traslado de la planta de personal en el año dos mil tres (2003).
Esa consideración, lejos de resultar incongruente frente a lo debatido en el proceso,
resultaba necesaria a fin de resolver la litis planteada, pues a partir de ella fue que
el juez concluyó que no podía predicarse retardo en el cumplimiento de la
obligación. Cosa distinta es que el recurrente no comparta la conclusión a la que
arribó el fallador de segunda instancia e intente controvertirla a través de esta
herramienta judicial extraordinaria, lo que evidentemente desborda su propósito.
Además, la revisión de la sentencia objeto de este recurso revela también que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó
suficientemente las razones por las que, en su criterio, en estos casos no resulta
procedente reconocer intereses moratorios en ausencia de norma expresa que así
lo contemple, lo cual no puede ser calificado como “incoherente” o “contrari[o] a la
lógica jurídica”, como se adujo en el recurso, solo por el hecho de que se
contraponga a la posición de la parte actora.
En ese sentido, es claro que la sentencia acusada fue respetuosa del principio de
congruencia tanto en su manifestación externa ꟷesto es, con lo pedido en la
demanda, en el recurso de apelación y con lo debatido en el procesoꟷ, como en su
dimensión interna ꟷal ser consonante entre lo dicho en su parte motiva y en la
resolutivaꟷ.
5.5. Por lo demás, la Sala advierte que tampoco están llamados a prosperar los
argumentos que pretenden edificar la causal de nulidad sobre la base de que la
Subsección B de la Sección Segunda falló con base en normas que no eran
aplicables al caso concreto y con fundamento en tesis inadecuadas46, ya que de la
simple lectura de los razonamientos que los sustentan resulta evidente que a través
de estas afirmaciones lo que se pretende es controvertir la argumentación que utilizó
46 Debe resaltarse que algunas de las “tesis” que el actor reprocha en el recurso, realmente no se
encuentran incluidas en el texto de la sentencia acusada.
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el juez natural de la causa para negar las pretensiones, con lo que, a su vez, se
busca reabrir el debate cuya conclusión fue adversa a los intereses de la parte
actora, lo cual escapa a la finalidad de este mecanismo judicial extraordinario47.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica y unívoca en
sostener que el recurso extraordinario de revisión no procede como una tercera
instancia a efectos de intentar una decisión favorable a los intereses de quien
recurre, en tanto, dado su excepcionalidad, la prosperidad de este mecanismo está
condicionada a la configuración estricta de las específicas causales previstas en la
ley.
Conforme con todo lo anteriormente expuesto, la Sala Especial de Decisión debe
concluir que en la sentencia del seis (6) de noviembre dos mil veinte (2020),
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se
materializó la causal de revisión alegada, razón por la que declarará infundado el
recurso presentado por el señor Ramírez Giraldo.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya se encontraba vigente y en aplicación la Ley 2081 de 2021, para
resolver sobre las costas debe darse acudirse al texto del inciso final del artículo
255 del CPACA con la modificación introducida por dicha ley, que sobre el punto
dispone:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. (…) Si se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Según se desprende de la norma en cita, la imposición de costas en el recurso
extraordinario de revisión responde a un criterio objetivo y verificable, esto es, la
desestimación del recurso.
47 En este mismo sentido y al resolver casos análogos se han pronunciado las Sala Especiales en,
entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 3,
sentencia del 29 de junio de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-00721-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 3, sentencia del 3 de agosto de 2022, radicación 11001-03-15-000-
2021-11463-00; consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 15, sentencia de 23 de septiembre
de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-02420-00; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 6, sentencia del 18 de noviembre de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-04897-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría General que proceda con la respectiva liquidación, teniendo en
cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código General del
Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer
que se causaron “y en la medida de su comprobación”48.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que debieron incurrir las otrora autoridades demandadas, esto es,
la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales, la Sala
impondrá a cargo de la parte vencida y en favor de las referidas entidades el
reconocimiento de agencias en derecho, de conformidad con los parámetros
establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), proferido por el Consejo Superior de la Judicatura49. Así,
atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso, se fijará por ese
concepto a cargo de la recurrente la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (smlmv), esto es, un (1) smlmv en favor de cada una de
las partes que intervino en el curso de este proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena, a través de la Sala
Especial de Decisión N° 16, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por José Alonso Ramírez Giraldo, contra la sentencia proferida el seis
(6) de noviembre dos mil veinte (2020) por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
N° 17001-23-33-000-2016-00858-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán
ser liquidadas por la Secretaría General de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 188 y 255 del CPACA, y 365 y 366 del CGP. Para el
48 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
49 “Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos Extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.L.M.V.”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00718-00
Recurrente: José Alonso Ramírez Giraldo
efecto, inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma de dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), de la cual corresponderá un (1)
smlmv para cada una de las partes que intervinieron en el trámite de este proceso,
esto es, la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales.
TERCERO: Por Secretaría General, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)
Consejera Consejero
CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
Salvamento parcial de voto
P14
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