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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00875-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00875-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 21 de abril de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. REMITASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00875-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Decreto 1791 de 2000. Separación
absoluta del cargo

Decisión: Confirma la decisión

La Sala1 decide la impugnación presentada por Juan Pablo Bonilla Malaver contra
la Sentencia de 21 de abril de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 31 de mayo de 20212, Juan Pablo Bonilla Malaver presentó una acción
de tutela contra la Sala Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, e igualdad3, con
ocasión de la Sentencia de 22 de agosto de 2014 proferida en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-026-2012-00063-00/014.

2. Además, cuestionó la Sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en donde se declaró improcedente la acción
de tutela instaurada en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del

1 El 26 de mayo de 2022 la anterior sala conformada por los consejeros William Hernández Gómez, Gabriel

Valvuena Hernández y Rafael Francisco Suarez Vargas manifestó impedimento invocando la causal contenida
en el numeral 6 del artículo 56 del C.P.P. Mediante Auto del 5 de septiembre de 2023 se declaró fundado el
impedimento y pasó a conocimiento de la Sala de conjueces. El 16 de marzo de 2026 regresa al despacho del
Consejero Juan Camilo Morales Trujillo, debido a que la Sala de la Subsección cambio de integrantes.
2 La acción de tutela fue presentada ante la Corte Constitucional y posteriormente remitida por competencia al

Consejo de Estado mediante Auto del 3 de junio de 2021
3 Mencionó también la presunta vulneración del principio de favorabilidad, la Declaración Americana de

Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana de Derechos, Preámbulo y artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53, 209, 230 de la Constitución Política, Código
Sustantivo del Trabajo, artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887, artículo 5 de la ley 1887.
4 Decisión que se notificó a través de correo electrónico el 27 de agosto de 2014.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

Tribunal Administrativo de Cundinamarca con rad. 11001-03-15-000-2018-02833-
00/01

3. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se profiriera una decisión
de remplazo en la que se accediera a las pretensiones de la demanda.

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
ingresó a la Policía Nacional como civil del Área de Servicios Generales en el año
1996, y a partir del año 2001 laboró como patrullero de dicha institución.

5. Señaló que mediante Sentencia del 17 de febrero de 2011 emanada del
Tribunal Superior de Bogotá fue condenado por el delito de lesiones personales
dolosas a una pena de privación de la libertad de 1 año y 4 meses de prisión y a
una pena accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas
por el mismo término de la pena5.

6. Debido a lo anterior, el director de la Policía Nacional, mediante Resolución
No 408 de 2012 “Por la cual se separa en forma absoluta de servicio activo a un
miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, lo separó de forma definitiva del
servicio como patrullero, invocando para ello el artículo 66 del Decreto 1791 de
2000.

7. El 1 de agosto de 2012, el señor Bonilla Malaver interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho6 contra la mencionada resolución, con el
propósito de ser reintegrado al cargo de patrullero de la Policía Nacional y obtener
el pago de las asignaciones dejadas de percibir desde su retiro.

8. Mediante Sentencia del 24 de enero de 2014, el Juzgado 26 Administrativo
de Bogotá declaró la nulidad de la Resolución 00408 del 15 de febrero de 2012 y
ordenó el reintegro del accionante a partir del 28 de junio de 2013. El despacho
consideró que en dicha resolución se aplicó de manera errónea el artículo 66 del
Decreto 1791 de 2000, pues no correspondía a la normatividad aplicable. Lo
anterior, debido a que en la sentencia penal se le concedió al demandante el
subrogado de condena de ejecución condicional, por lo que debía aplicarse el
artículo 68 del mismo decreto.

9. Asimismo, señaló que la Policía Nacional omitió aplicar el principio de
favorabilidad, ya que dispuso la separación absoluta del cargo, cuando en su lugar
correspondía ordenar un retiro temporal.

5 La condena se produjo por la denuncia radicada por Ana Libia Fajardo, Jairo Arellanos Patriño y John Fredy

Arellanos
6 El proceso fue asignado al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá con radicado No. 11001-33-35-026-2012-

00063-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

10. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, al considerar que según lo dispuesto en los artículos 54, 66, y 69 del
Decreto 1791 de 2000, el director general de la Policía podía retirar al accionante
de la institución, soportando su decisión en que fue condenado penalmente por un
delito doloso.

11. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante Sentencia del 22 de agosto de 2014, revocó la decisión de primera
instancia. Para ello, sostuvo que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del
Decreto 1791 de 2000, el accionante debía ser separado del cargo, por haber
cometido un delito de forma dolosa.

12. Indicó que la decisión de retiro tomada por el director general de la Policía
se encontraba ajustada a derecho, ya que la suspensión temporal del servicio
contemplada en el artículo 68 del Decreto 1791 de 2000, no era aplicable al caso.

13. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la providencia
cuestionada incurrió en un error de interpretación, al aplicar de manera incorrecta
los artículos 66 y 68 del Decreto 1791 de 2000. Señaló que, en lugar de suspenderlo
temporalmente, la administración decidió separarlo definitivamente del cargo, con
lo cual se desconocieron la Declaración Americana de Derechos y deberes del
hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53,
209, 230 de la Constitución Política, Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos
1 y 2 de la Ley 153 de 1887, y el artículo 5 de la ley 1887. Concluyó que debía
aplicársele el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000.

14. Agregó que se vulneró su derecho a la igualdad en relación con la Sentencia
del 29 de noviembre de 2013, rad. 11001-33-31-709-2012-00051-00 emanada del
Juzgado 4 de Descongestión Judicial de Bogotá (con mayúsculas iniciales).

Intervenciones7

15. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que no existió vulneración de derechos fundamentales del
accionante.

16. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, debido a que fue
instaurada aproximadamente 3 años después de la ejecutoria de la decisión.
Además, se está controvirtiendo una sentencia de la misma naturaleza, lo cual
resulta improcedente.

7 Mediante Auto de 16 de febrero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Consejo

de Estado – Sección Cuarta y Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
vinculó al Juzgado 26 Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional. Adicionalmente mediante Auto del 22 de marzo de 2022 se vinculó a Silvio San Martín Quiñones
Ramos

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que la acción de tutela
es improcedente por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez. Agregó que
el accionante no desarrolló ningún argumento frente a la providencia del 31 de
octubre de 2018 que profirió la Sección Cuarta.

18. El Juzgado 26 Administrativo de Bogotá8 expuso que las decisiones
atacadas contienen los fundamentos normativos y jurisprudenciales aplicables al
caso.

19. Silvio San Martín Quiñones Ramos señaló que la acción de tutela es
improcedente debido a que el accionante había instaurado con anterioridad una
acción de tutela en contra de las mismas autoridades y por los mismos hechos –
11001-03-15-000-2021-03565-00-.

20. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no se
pronunció a pesar de haber sido debidamente notificado.

Sentencia impugnada

21. Mediante Sentencia de 21 de abril de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró la temeridad dentro de la acción de tutela y negó las pretensiones
del accionante. Explicó que existía una acción de tutela con rad. 11001-03-15-000-
2021-03565-00 que compartía identidad de partes, hechos y pretensiones con la
que actualmente se estudiaba, sin presentar ninguna justificación para hacerlo.

Impugnación

22. La accionante interpuso impugnación y sostuvo que ninguna autoridad ha
estudiado de fondo la vulneración de sus derechos fundamentales. Afirmó que
radicó de manera virtual la acción de tutela con rad. 11001-03-15-000-2022- 00875-
00 el 31 de mayo de 2021, pero solo hasta el 2 de febrero de 2022 mediante el auto
admisorio, conoció que su petición había sido radicada o aceptada. Razón por la
cual a los 9 días de no saber que había sucedido con el trámite, radicó nuevamente
la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

8 Remitió copia digital del proceso No. 11001- 33-35-026-2012-00063-00

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por el
accionante es improcedente por configurarse temeridad —como lo sostuvo el juez
de primera instancia—, y si, no obstante lo anterior, los argumentos expuestos por
el actor permiten habilitar el estudio de fondo relacionado con la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la providencia judicial
cuestionada.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala confirmará la Sentencia de 21 de abril de 2022 de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:

26. Al revisar el material probatorio que obra en el expediente de la referencia,
se observa que, el señor Bonilla Malaver instauró acción de tutela, rad. 11001-03-
15-000-2021-03565-00, en contra de la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia con ocasión de la Sentencia de 22 de agosto de 2014, y,
en consecuencia, solicitó, se profiriera una decisión de remplazo en la que se
accediera a las pretensiones de la demanda.

27. El 6 de junio de 2023, la Sección Segunda – Sala de Conjueces del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela9, al considerar acreditada
la existencia de cosa juzgada, en tanto el asunto sometido a consideración ya había
sido resuelto mediante las sentencias de 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018
por la Subsección A de la Sección Segunda y la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en proceso radicado No 11001-03-15-000-2018-02833-00/01. En tal sentido,
explicó que se configuraba identidad de partes, hechos y pretensiones entre la
acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2021-03565-00 y la acción con
radicado No 11001-03-15-000-2018-02833-00/01.

28. Por consecuencia, concluyó que existía unidad de objeto y causa, dado que
ambas acciones constitucionales estaban encaminadas a cuestionar la sentencia
del 22 de agosto de 2014 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que conducía, necesariamente a la
configuración de temeridad y cosa juzgada.

29. A partir de lo anterior, la Sala evidencia que la solicitud de amparo radicada
con No. 11001-03-15-000-2021-03565-00/01 guarda similitud con los supuestos
fácticos y jurídicos planteados en el presente asunto, por las siguientes razones:

9 Decisión que fue confirmada mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023 emanada de la Sección

Cuarta del Consejo de Estado

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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

30. En primer lugar, se configura identidad de partes, en la medida en que
ambas acciones de tutela promovidas por Juan Pablo Bonilla Malaver se dirigieron
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y Silvio San Martin
Quiñones.

31. En segundo lugar, existe identidad de objeto, pues en ambos casos se
persigue de manera implícita, la revocatoria de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, la emisión de una providencia de
reemplazo que acceda a las pretensiones de la demanda.

32. Finalmente, en lo que respecta a la identidad de causa, se observa que en
las dos solicitudes de amparo el accionante discutió la separación definitiva como
patrullero en la Policía Nacional invocando el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000.

33. Asimismo, al examinar el escrito de tutela se advierte que el actor no planteó
ningún argumento que explicara los motivos por los cuales acudió otra vez a este
mecanismo de amparo. El accionante no solo reprodujo los mismos hechos y
pretensiones, sino que además omitió informar la existencia de una decisión judicial
previa, a pesar de haber declarado bajo juramento que no había promovido otra
acción de tutela por los mismos hechos. Lo anterior permite concluir que el
accionante hizo un uso indebido del mecanismo constitucional.

34. De igual forma, se advierte que, si bien el actor enunció dentro de sus
pretensiones la providencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, lo cierto es que no formuló ningún cargo concreto dirigido a
cuestionar dicha decisión. En efecto, del análisis del escrito de tutela no se evidencia
una argumentación específica orientada a desvirtuar las razones por las cuales en
esa oportunidad se declaró la improcedencia del amparo, lo que refuerza la
conclusión según la cual el accionante se limitó a reiterar inconformidades
previamente planteadas frente a la sentencia de 22 de agosto de 2014, sin
estructurar un reproche autónomo frente a la decisión de tutela posterior.

35. Ahora bien, en relación con la justificación expuesta en el escrito de
impugnación, según la cual el actor presentó nuevamente la acción de tutela ante
la incertidumbre sobre el trámite de la inicialmente radicada, la Sala considera que
dicho argumento no resulta suficiente para desvirtuar la configuración de la
temeridad. Lo anterior, por cuanto el ordenamiento jurídico prevé mecanismos
ordinarios para el seguimiento de las actuaciones judiciales, sin que la eventual falta
de información inmediata habilite la interposición de una nueva acción constitucional
con identidad de partes, hechos y pretensiones. Adicionalmente, se observa que el
actor no acreditó una circunstancia excepcional que justificara la duplicidad de
acciones, ni explicó de manera razonable por qué omitió informar la existencia del
trámite previo. En ese sentido, la explicación ofrecida no desvirtúa el uso indebido
del mecanismo de tutela previamente evidenciado por esta Sala.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver

36. Por tanto, se concluye que el actor desplegó un comportamiento temerario
al momento de interponer la acción de la referencia y, en consecuencia, se
confirmará la Sentencia de 21 de abril de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el entendido de que esta acción debe ser rechazada de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 21 de abril de 2022 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. REMITASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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