Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00875-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00875-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-00875-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
21 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00875-00
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00875-00
Demandante: JUAN PABLO BONILLA MALAVER
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara la temeridad de
la acción1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 31 de mayo de 2021 en el buzón web de la Corte
Constitucional2, remitido el 2 de febrero de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado3, el señor Juan Pablo Bonilla
Malaver instauró acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el fin de que les sean amparados sus “derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en concordancia con el principio de
favorabilidad”.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la providencia proferida el 22 de agosto de
2014, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” revocó la decisión de primer grado que había
accedido a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, que se
identificó con el radicado N.º 11001-33-35-026-2012-00063-01.
3. Asimismo, cuestionó la sentencia del 31 de octubre de 2018, mediante la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó lo resuelto por la
Subsección “A” de la Sección Segunda de la misma Corporación, que en
providencia del 17 de septiembre de 2018, declaró la improcedencia del
1
En igual sentido resolvió esta Sección del Consejo de Estado, en providencia del 1º de julio de 2021, el proceso que
se identificó con el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-01974-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2
presidencia@corteconstitucional.gov.co y secretaria1@corteconstitucional.gov.co.
3
Proceso que se asignó por reparto al despacho ponente de esta providencia el 4 de febrero de 2022.
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mecanismo por no superar el presupuesto de inmediatez, en el marco de una
acción de tutela que el señor Bonilla Malaver presentó contra la Subsección “C”
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
identificada con el número de radicación 11001-03-15-000-2018-02833-01.
4. Finalmente, reprochó el actuar del abogado Silvio San Martín Quiñones
Ramos, que lo representó en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que se identificó con el radicado N.º 11001-33-35-026-2012-00063-
01, pues consideró que el referido profesional del derecho no ejerció su
defensa técnica, dado que “(…) no presento recurso EXTRAORDINARIO DE
REVISION para que el proceso llegara a consulta ante el Honorable Consejo de
Estado causándome un perjuicio irremediable (…)”. (Sic a toda la cita).
1.2. Pretensiones
5. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
“(…) Con el objeto de que se protejan mis derechos contemplados en los
tratados internacionales DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y
DEBERES DEL HOMBRE (Artículo 2, Derecho igualdad, Artículo 26,
Derecho debido proceso), PACTO INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. (Artículo 14 todas las personas son
iguales ante la ley) CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS (Artículo
42º Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley,
Artículo 25º Protección Judicial), CONSTITUCION POLITICA,
PREAMBULO, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53, 209, 230 de la Constitución
Política, Código sustantivo del trabajo y la ley 153 de 1887 artículos 1, 2,
Ley 57 de 1887 artículo 5.
(…)
Tutela el derecho constitucional fundamental que me asiste, acorde a los
presupuestos fácticos referidos en los anteriores acápites”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes
para la decisión que se adoptará en la sentencia:
6. El señor Juan Pablo Bonilla Malaver ingresó como civil al Área de
Servicios Generales de la Dirección General de la Policía Nacional en el año de
1996, y fue vinculado como uniformado a partir del año 2001.
7. Ana Libia Fajardo, Jairo Arellanos Patiño y John Fredy Arellanos
presentaron denuncia penal contra el actor y sus hermanos por la comisión
dolosa del delito de lesiones personales.
8. El Juzgado Noveno Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá
profirió sentencia absolutoria el 12 de agosto de 2010; decisión que fue
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revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del
17 de febrero de 2011, en la que declaró culpable al actor y le impuso una pena
principal de privación de la libertad y una accesoria de inhabilidad en el
ejercicio de derechos y funciones públicas.
9. Con ocasión de lo anterior, el Directos General de la Policía Nacional lo
separó de forma definitiva del servicio activo de patrullero, a través de la
Resolución N.º 408 del 15 de febrero de 2012.
10. A través del abogado Silvio San Martín Quiñonez, el señor Bonilla
Malaver instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra EL
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la ilegalidad del acto que lo separó del servicio, asunto que se
identificó con el radicado N.º 11001-33-35-026-2012-00063-01.
11. En sentencia del 24 de enero de 2014, el Juzgado Veintiséis
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá accedió a las
súplicas de la demanda con fundamento en que la ejecución de la sanción
penal fue suspendida condicionalmente porque el actor no tenía antecedentes
penales, atendiendo a que el artículo 68 del Decreto – Ley 1791 de 2000 prevé
que la separación debió ser temporal y no definitiva.
12. La Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia del 22 de agosto de 2014, revocó la decisión
de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al
observar que la separación temporal del cargo sólo procede cuando es
suspendida la pena de prisión de un delito culposo, pero en el caso bajo
examen el actor fue condenado por la comisión de un delito doloso, de manera
que su separación definitiva del cargo sí era válida.
13. Inconforme con dicha determinación, el señor Bonilla Malaver instauró
acción de tutela contra la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por considerar que la sentencia del 22 de
agosto de 2014 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, por
presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin
motivación. Igualmente, reprochó el actuar del abogado que representó sus
intereses en dicho proceso por considerar que no ejerció su defensa técnica.
14. En proveído del 17 de septiembre de 2018, la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado “rechazó por improcedente” la solicitud
de amparo al observar que la sentencia acusada fue notificada el 27 de agosto
de 2014, mientras que el mecanismo de amparo se radicó el 21 de agosto de
2018, situación que no permitió que el asunto superara el presupuesto de la
inmediatez. Asimismo, con ocasión de los cargos dirigidos contra el abogado
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Silvio San Martín Quiñonez, se ordenó remitir copias a la Comisión Seccional
de Disciplina de Cundinamarca para que adelantara la investigación
correspondiente.
15. En providencia del 31 de octubre de 2018, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, i) modificó el numeral segundo de la decisión impugnada,
en el sentido de precisar que las copias debían remitirse a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y;
ii) confirmó el numeral primero de la sentencia de primer grado, en el entendido
de declarar la improcedencia de la tutela por no superar el presupuesto de la
inmediatez.
1.4. Fundamentos de la vulneración
16. El señor Juan Pablo Bonilla Malaver consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de:
• La sentencia del 22 de agosto de 2014, a través de la cual la Subsección
“C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó la decisión que había accedido a las pretensiones para, en su
lugar, negarlas, en el marco de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que instauró contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional;
• La providencia del 31 de octubre de 2018, mediante la cual la Sección
Cuarta del Consejo de Estado confirmó la improcedencia del mecanismo
de amparo, en el marco de la acción de tutela que el señor Bonilla
Malaver instauró contra la decisión del 22 de agosto de 2014 y;
• El actuar del abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos, que lo
representó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se identificó con el radicado N.º 11001-33-35-026-2012-
00063-01, pues consideró que el referido profesional del derecho no
ejerció su defensa técnica, dado que “(…) no presento recurso
EXTRAORDINARIO DE REVISION para que el proceso llegara a consulta ante
el Honorable Consejo de Estado causándome un perjuicio irremediable (…)”.
(Sic a toda la cita).
17. Explicó que tiene 48 años de edad, ninguna entidad le da trabajo, no
tiene seguridad social y, como “lo único que aprendí en la trayectoria policial por un
tiempo de 17 años, 6 meses y 2 días [de] servicio que presté a mi nación, llevo 10
años sin conseguir un trabajo que pueda sufragar mis gastos y los de mi familia, no he
trabajado desde el momento de mi retiro, tampoco he cotizado a pensión por la
situación económica (…) no he tenido la oportunidad de ejercer una profesión u oficio
[ya] que lo único que hice en mi juventud fue servir a la sociedad y la patria”.
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18. Alegó la vulneración de su derecho a la igualdad con fundamento en que
al intendente Jear Armando Baquero4, también funcionario de la Policía
Nacional, cuyo retiro fue de forma absoluta, “la ley penal le otorgó el subrogado de
la ejecución condicional de la pena”.
19. Aseguró que la Corte Constitucional no establece que se deba aplicar la
separación absoluta en los eventos en que el servidor público haya sido
favorecido con la ejecución condicional de la pena, pues ello solo se indicó
respecto de las causales que consagra el artículo 66 del Decreto 1971 de 2000
para los miembros de la Policía Nacional.
20. Concluyó que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en “error judicial” al interpretar de
manera errada la norma aplicable al asunto, actuación que vulnera los tratados
internacionales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana de Derechos, la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, la
Ley 153 de 1887 y la Ley 57 de 1887.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión,
mediante auto del 16 de febrero de 2022, admitió la demanda de tutela y
dispuso la notificación de la parte actora, de los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Cuarta y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, en calidad de autoridades judiciales
accionadas y, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE,
en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
22. Así mismo, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés del
Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá,
como autoridad que conoció en primera instancia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate, del Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, que fungió como parte pasiva de dicho
proceso y, de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como juez de primera instancia de la acción de tutela que se identificó con el
radicado N.º 11001-03-15-000-2018-02833-01.
23. Posteriormente, dado el interés legítimo que le asiste al abogado Silvio
San Martín Quiñones Ramos para conocer de este proceso, la magistrada
ponente ordenó su notificación a través de auto del 22 de marzo de 2022,
notificado el 24 del mismo mes y año para que, dentro de los tres (3) días
4
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró el señor Jaer Armando Baquero contra el
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, expediente que se identificó con el radicado N.º 11001-33-31-709-
2012-00051-01.
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siguientes: (a) alegara la nulidad; (b) se pronunciara sobre la solicitud de
amparo sin alegar la nulidad; o, (c) guardara silencio.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá D.C.
24. Con memorial remitido el 24 de febrero de 2022, el titular del despacho
afirmó que la providencia del 24 de enero de 2014, que se dictó en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el tutelante
contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, fue proferida por
quien en entonces presidía el despacho que ahora está a su cargo, en donde
tomó posesión el 31 de agosto de 2018.
25. No obstante lo anterior, señaló que al revisar las decisiones objeto de
reproche encontró que fueron debidamente fundamentadas en referentes
normativos y jurisprudenciales aplicables para el caso que se debatía.
26. Finalmente, aclaró que no le es posible acceder actualmente al
requerimiento de envío del expediente que se identificó con el radicado N.º
11001-33-35-026-2012-00063-00, dado que el mismo se encuentra archivado
desde el año 2015 en la caja 23 que no reposa bajo la custodia de dicho
juzgado. Sin embargo, precisó que se solicitó su desarchivo y que una vez
dicho procedimiento se realice por parte de la Oficina de Apoyo, se procederá a
remitir copia digital del proceso.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “C”
27. Mediante escrito del 22 de febrero de 2022, la magistrada ponente de la
providencia del 22 de agosto de 2014 indicó que en la referida sentencia se
puede verificar que no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, razón por la que se somete al
juicio de valoración de su superior para que aborde el estudio de fondo de el
proveído que se dictó en el expediente radicado con el N.º 11001-33-35-026-
2012-00063-01.
28. Asimismo, informó que de conformidad con el Sistema SAMAI, se
observa que el expediente fue devuelto al Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, desde el 18 de septiembre de 2014, por lo que la
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carga de remitir el expediente en medio magnético recae sobre dicho
despacho.
1.6.3. Sección Cuarta del Consejo de Estado
29. A través de mensaje de datos enviado el 22 de febrero de 2022, la
magistrada ponente de la providencia del 31 de octubre de 2018 solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por los siguientes argumentos.
30. Explicó que la tutela que el actor interpuso en el 2018, mecanismo en el
que se profirió la sentencia ahora controvertida, tenía como objeto dejar sin
efectos el proveído del 22 de agosto de 2014 que la Subsección “C” de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el
señor Bonilla Malaver contra el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional.
31. Comentó que en tal demanda pretendía la nulidad del acto que lo separó
del servicio como consecuencia de una sentencia penal que lo encontró
culpable del delito de lesiones personales a título de dolo.
32. Luego de ello, indicó que, en la providencia del 31 de octubre de 2018, la
Sección cuarta confirmó la decisión de primer grado en el sentido de declarar la
improcedencia del mecanismo de amparo, con fundamento en que no cumplía
con el requisito de inmediatez, indispensable cuando se controvierten
providencias judiciales a través de la acción de tutela. Al respecto, citó que “(…)
la sentencia acusada fue notificada el 27 de agosto de 2014, mientras que la demanda
de tutela fue presentada el 21 de agosto de 2018 (…) entre una y otra actuación
transcurrió más de tres (3) años, once (11) meses y veinticuatro (24) días (…)”.
33. Asimismo, precisó que la providencia que ahora es objeto de censura, la
del 31 de octubre de 2018, fue notificada el 14 de noviembre del mismo año, lo
que demuestra la improcedencia por no cumplir con el presupuesto de la
inmediatez puesto que, si bien el mecanismo se radicó inicialmente ante la
Corte Constitucional el 31 de mayo de 2021, lo cierto es que entre la ejecutoria
de la providencia cuestionada y la interposición de esta acción constitucional
trascurrió un lapso mayor a 2 años y 6 meses, situación que no permite que se
aborde el estudio de fondo del caso puesto que tampoco se observa que el
actor hubiese presentado alguna razón válida que justifique la demora, de
hecho, guardó silencio frente a ese punto.
34. Sin perjuicio de lo anterior, explicó que de la lectura del escrito inicial no
se observa que el actor desarrollara algún argumento claro de disenso frente a
la providencia del 31 de octubre de 2018, frente a lo cual resaltó que tratándose
de tutela contra providencias judiciales, la argumentación debe dirigirse a
demostrar la transgresión evidente del debido proceso, a demostrar los
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posibles defectos en que incurrió la autoridad judicial accionada y
específicamente, a explicar por qué dichos se defectos se configuran.
35. Aseguró que no basta con enunciar un defecto dado que, la razón de
exigir la carga argumentativa radica en que la tutela contra providencia es
excepcional y solo procede bajo los supuestos especiales desarrollados
jurisprudencialmente, motivo por el que, en su criterio, el caso tampoco cumple
con el presupuesto de la relevancia constitucional dado que el actor se limitó a
transcribir definiciones de los defectos, sin explicar concretamente en cual, a su
juicio, incurrió la Sección Cuarta al dictar la providencia objeto de debate.
36. Finalmente, acotó que, en todo caso, el asunto tampoco reúne las
condiciones señaladas en la sentencia SU-627 de 2015 puesto que la
providencia del 31 de octubre de 2018 no fue producto de algún fraude,
contrario a ello, obedeció a la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez
en razón a que en el año 2018 el señor Bonilla Malaver pretendía controvertir
una providencia que se notificó el 27 de agosto de 2014.
1.6.4. Silvio San Martín Quiñones Ramos
37. Por conducto de memorial remitido el 29 de marzo de 2022 al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el profesional del
derecho contestó la demanda en los siguientes términos.
38. Afirmó que el señor Bonilla Malaver instauró acción de tutela contra la
Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que se identificó con el radicado N.º 11001-03-15-000-2018-
02833-00, en la que además de declararse la improcedencia del mecanismo de
amparo en fallo del 17 de septiembre de 2018, se dispuso la compulsa de
copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que
se le investigara disciplinariamente por la supuesta omisión de presentar el
recurso extraordinario de revisión, en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que presentó contra el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, radicada con el N.º 11001-33-35-026-2012-00063-
01.
39. Expuso que como consecuencia de la compulsa de copias que se realizó
en su contra, se adelantaron dos radicados disciplinarios, uno ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca bajo el radicado 25000-11-02-000-2018-01008-00, trámite que
suspendió el Magistrado Jesús Antonio Silva Urriago, atendiendo a que el
Consejo Seccional de la Judicatura ya había dado tramite a la misma
actuación.
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40. Explicó que, en efecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá tramitó la compulsa de copias realizada
por el Consejo de Estado, en el trámite identificado con el número 11001-11-
02-000-2019-00016-00, con ponencia del Magistrado Martín Leonardo Suárez
Varón, que en audiencia del 30 de septiembre de 2019 dispuso la terminación
anticipada del procedimiento, decisión que fue apelada por el señor Bonilla
Malaver, pero que fue confirmada a través de providencia del 8 de julio de 2021
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en donde finalmente se ordenó
el archivo de la investigación.
41. Además de lo anterior, puso de presente que el señor Juan Pablo Bonilla
Malaver también instauró una acción de tutela en contra de las mismas
autoridades judiciales y por los mismos hechos expuestos en esta, la cual se
identifica con el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-03565-00. Mencionó que
el referido proceso aun se encuentra en trámite y registra como última
actuación, “AL DESPACHO – EN ATENCIÓN AL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL
ANTERIOR CONJUEZ PONENTE, DR. PEDRO SIMÓN VARGAS SÁENZ Q.E.P.D.,
SE PASA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA AL CONJUEZ QUE SIGUE EN
TURNO DENTRO DE LA SALA”.
42. En ese orden de ideas, alegó que la presente acción constitucional debe
declararse improcedente pues, en su criterio no puede instaurarse una nueva
tutela cuando existe una en curso por los mismos hechos y contra las mismas
partes y, por lo mismo, solicitó su desvinculación del trámite de amparo.
1.6.5. Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
43. En memorial del 24 de febrero de 2022, el magistrado ponente de la
sentencia del 17 de septiembre de 2018, dictada en el marco de la tutela que
se identificó con el radicado N.º 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, rindió
informe en los siguientes términos.
44. Explicó que en la sentencia del 17 de septiembre de 2018 se declaró la
improcedencia del mecanismo por no superar la exigencia de inmediatez, dado
que allí se pretendía discutir una sentencia notificada el 27 de agosto de 2014
que quedó ejecutoriada el 1º de septiembre de ese mismo año. No obstante, la
petición se interpuso hasta el 21 de agosto de 2018, es decir por fuera del
término previsto jurisprudencialmente para su ejercicio.
45. Adicionalmente, mencionó que allí se ordenó remitir copias a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca para que, en el
marco de sus competencias, iniciara la correspondiente investigación sobre la
actuación efectuada por el abogado Silvio San Martín Quiñones.
46. Indicó que el accionante impugnó dicha sentencia, por lo que el 31 de
octubre de 2018 la Sección Cuarta de la Corporación confirmó parcialmente el
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fallo de primera instancia, en el sentido de modificar la orden impartida con el
objeto de que se remitieran las copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
47. Afirmó que, una vez analizada la demanda interpuesta, se observó que
no cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencias
judiciales, por no superar el presupuesto de la inmediatez dado que se instauró
aproximadamente tres años después de haber adquirido ejecutoria la decisión
objeto de censura, sin que medie justificación alguna de su inactividad y,
además, porque se está controvirtiendo una sentencia de la misma naturaleza,
lo que resulta abiertamente improcedente.
48. En consecuencia, solicitó que se rechace la solicitud de amparo respecto
de la sala que compone por no reunir los requisitos generales de inmediatez y
tutela contra tutela, lo que imposibilita que el juez constitucional estudie el
fondo del asunto.
1.6.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE y el
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, pese a haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
49. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Juan Pablo Bonilla Malaver, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
50. El abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos solicitó la desvinculación
del trámite por considerar que no se encuentra legitimado para garantizar los
derechos que reclama el señor Bonilla Malaver, no obstante, esta Sala de
Decisión negará dicha petición atendiendo a que, mas allá de la razonabilidad
de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, lo cierto es que el actor
esgrimió un cargo en su contra, lo que hacía necesaria su notificación como
parte demandada de este mecanismo de amparo, con el objeto de que pudiera
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
2.3. Legitimación en la causa
51. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Juan Pablo Bonilla
Malaver, está legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser
desplegada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos
fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii)
apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los
derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales5.
52. En el caso concreto, se tiene que el señor Bonilla Malaver constituye la
parte actora del medio de nulidad y restablecimiento del derecho que se dirigió
contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (2012-00063-01),
así como de la tutela radicada con el N.º 2018-02833-00/01, por lo que es claro
que es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.
53. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y el abogado Silvio San Martín Quiñones están
igualmente legitimados en la causa por pasiva, las dos primeras, por ser las
autoridades judiciales que resolvieron la segunda instancia de los procesos
citados en el párrafo anterior, que son objeto de esta acción constitucional y, el
tercero, por ser el profesional del derecho que lo representó en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del cual se alega la
presunta falta de diligencia por no presentar el recurso extraordinario de
revisión.
2.4. Problema jurídico
54. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del libelo introductorio, el material probatorio recaudado y las
intervenciones de las accionadas, los problemas jurídicos que subyacen al
caso concreto son los siguientes:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que presentó el señor Juan Pablo Bonilla Malaver contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el abogado
Silvio San Martín Quiñones y a la que se le asignó el radicado N° 11001-
03-15-000-2021-03565-00?
5
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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55. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá
establecer:
• ¿La solicitud de amparo cumple los requisitos de procedibilidad
adjetivos, puntualmente los de inmediatez y tutela contra providencia de
la misma naturaleza?
56. De contestarse positivamente dicho interrogante, se tendrá que
responder:
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el abogado
Silvio San Martín vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la parte actora, los dos primeros, al proferir
las sentencias del 22 de agosto de 2014, del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y, la del 31 de octubre de 2018, en el
marco de una tutela contra aquella providencia, respectivamente; y el
tercero, por presuntamente faltar a su deber de diligencia al no presentar
el recurso extraordinario de revisión en el referido medio de control.
2.5. Razones jurídicas de la decisión
57. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales y; (ii) De la configuración
del fenómeno de la temeridad en el caso concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
58. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7 y declaró su procedencia8.
59. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es
decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y
cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
6
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania
Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin
que se analice el fondo del asunto.
60. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
61. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de
la referencia.
2.7. De la configuración del fenómeno de la temeridad en el caso concreto
62. El abogado Silvio San Martín Quiñones indicó en su intervención que la
presente acción constitucional era improcedente, con fundamento en que los
cargos que fundamentan la presunta vulneración de sus derechos ya fueron
zanjados en otros procesos, además de que actualmente se encuentra en
curso una tutela idéntica a la que ahora es objeto de estudio, cuyo radicado
corresponde al N.º 11001-03-15-000-2021-03565-00.
63. Al respecto, resulta pertinente advertir que el análisis de temeridad que
se desarrollará comprende las tutelas 11001-03-15-000-2021-03565-00 y
11001-03-15-000-2022-00875-00, mas no de la tutela 11001-03-15-000-2018-
02833-01, porque esta última también fue objeto de demanda en las que ahora
se estudiarán.
64. En consecuencia, se procedió a consultar el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI con el referido radicado y se encontró lo siguiente:
• Que la referida demanda de tutela también fue presentada por el señor
Juan Pablo Bonilla Malaver en nombre propio;
• Que fue asignada para el conocimiento del Conjuez Miguel Arcángel
Villalobos, luego de que los Magistrados que componen la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestaran su
impedimento para conocer del presente asunto, por haber proferido la
sentencia del 17 de septiembre de 2018, dictada en el proceso de tutela
identificado con el número de radicación 11001-03-15-000-2018-02833-
01.
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• Que igualmente se dirigía contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y el abogado Silvio San Martín; y,
• Que el fundamento de la vulneración era el mismo; incluso se observó
que ambos escritos eran exactamente iguales, pues tenían como fecha
30 de mayo de 2021 y una extensión de 33 folios, con la diferencia de
que una (2021-03565-00) fue radicada el 9 de junio de 2021 en el
aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Rama Judicial y la que
ahora es objeto de estudio el 31 de mayo de 2021 en la Corte
Constitucional, la cual fue remitida el 2 de febrero del año en curso a
esta Corporación.
65. Sobre el fenómeno de la temeridad en acciones de tutela, el artículo 38
del Decreto Ley 2591 de 1991, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).
66. Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia T-272 de 20199,
respecto de la temeridad y su análisis, precisó:
“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada
en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la
presentación sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo
tiempo, es evidente que existen elementos materiales particulares para
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos.
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determinar si una actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola
existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares no hace
que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia10”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).
67. Desde el referido panorama normativo y jurisprudencial, procede la Sala
a establecer si se configura la triple identidad en las dos acciones de tutela que
ejerció el señor Juan Pablo Malaver Bonilla. Ello, con base en el siguiente
cuadro comparativo:
Presupuesto Expediente: 11001-03-15- Expediente: 11001-03-15-
Cumple
de análisis 000-2021-03565-00 000-2022-00875-00
identidad
Partes “ACCIÓN DE TUTELA (…) “ACCIÓN DE TUTELA (…) SI
Contra SALA DE LO Contra SALA DE LO
CONTENCIOSO SECCION CONTENCIOSO SECCION
(sic) CUARTA, (sic) CUARTA,
SUBSECCIÓN A (sic) SUBSECCIÓN A (sic)
Magistrado JORGE Magistrado JORGE
OCTAVIO RAMIREZ OCTAVIO RAMIREZ
RAMIREZ (sic) TRIBUNAL RAMIREZ (sic) TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA
SECCION (sic) SEGUNDA SECCION (sic) SEGUNDA
“SUBSECCION (sic) C “SUBSECCION (sic) C
Magistrada ponente DRA Magistrada ponente DRA
AMPARO OVIEDO PINTO AMPARO OVIEDO PINTO
(..) EL DR. SILVIO SAN (..) EL DR. SILVIO SAN
MARTIN (sic) QUIÑONES MARTIN (sic) QUIÑONES
quien al saber de la quien al saber de la
violación al debido proceso violación al debido proceso
y principio de favorabilidad y principio de favorabilidad
conforme a la constitución y conforme a la constitución y
conocedor de las leyes en conocedor de las leyes en
procedimiento procedimiento
administrativo, para el administrativo, para el
ejercicio de mi DEFENSA ejercicio de mi DEFENSA
TÉCNICA, NO presento TÉCNICA, NO presento
recurso consulta ante el recurso consulta ante el
Honorable Consejo de Honorable Consejo de
Estado (…)”. Estado (…)”.
Hechos “(…) VIOLACIÓN AL “(…) VIOLACIÓN AL SI
DEBIDO PROCESO Y DEBIDO PROCESO Y
DERECHO A LA IGUALDA DERECHO A LA IGUALDA
(sic), Y FAVORABILIDAD, (sic), Y FAVORABILIDAD,
DEMÁS DE OTROS (sic) DEMÁS DE OTROS (sic)
DERECHOS DERECHOS
CONTENPLADOS (sic) EN CONTENPLADOS (sic) EN
NUESTRA NUESTRA
CONSTITUCIÓN (…) Que CONSTITUCIÓN (…) Que
estando en servicio en la estando en servicio en la
10
Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
Policía Nacional, el primero Policía Nacional, el primero
de agosto los señores Ana de agosto los señores Ana
Libia Fajardo y Jairo Libia Fajardo y Jairo
Arellanos Patiño, junto con Arellanos Patiño, junto con
su hijo John Fredy su hijo John Fredy
Arellanos, formularon Arellanos, formularon
denuncia penal en contra denuncia penal en contra
del suscrito y mis hermanos del suscrito y mis hermanos
JHON FREDY BONILLA JHON FREDY BONILLA
MALAVER y BRAYLON MALAVER y BRAYLON
DAVID BONILLA DAVID BONILLA
MALAVER, por haberles MALAVER, por haberles
causado lesiones causado lesiones
personales (…) Que personales (…) Que
mediante resolución No. mediante resolución No.
00408 del 15 de febrero de 00408 del 15 de febrero de
2012, expedida por el señor 2012, expedida por el señor
general OSCAR ADOLFO general OSCAR ADOLFO
NARANJO TRUJILLO, (...) NARANJO TRUJILLO, (...)
decidió separar en forma decidió separar en forma
absoluta del servicio activo absoluta del servicio activo
al suscrito, como miembro al suscrito, como miembro
del nivel ejecutivo de la del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, en el Policía Nacional, en el
grado de patrullero y grado de patrullero y
estando realizando curso de estando realizando curso
ascenso (…) Que mediante de ascenso (…) Que
apoderado doctor SILVIO mediante apoderado doctor
SAN MARTIN QUIÑONES SILVIO SAN MARTIN
Tarjeta profesional 116.323 QUIÑONES Tarjeta
CSJ, se instauro acción de profesional 116.323 CSJ,
nulidad y restablecimiento se instauro acción de
del derecho, que por reparto nulidad y restablecimiento
le correspondió al del derecho, que por
JUZGADO VEINTISEIS reparto le correspondió al
ADMINISTRATIVO DE JUZGADO VEINTISEIS
ORALIDAD DE BOGOTA ADMINISTRATIVO DE
(sic) (…)”. ORALIDAD DE BOGOTA
(sic) (…)”.
Pretensiones “(…) Con el objeto de que “(…) Con el objeto de que SI
se protejan mis derechos se protejan mis derechos
contemplados en los contemplados en los
tratados internacionales tratados internacionales
DECLARACIÓN DECLARACIÓN
AMERICANA DE AMERICANA DE
DERECHOS Y DEBERES DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE (Artículo 2, DEL HOMBRE (Artículo 2,
Derecho igualdad, Artículo Derecho igualdad, Artículo
26, Derecho debido 26, Derecho debido
proceso), PACTO proceso), PACTO
INTERNACIONAL DE LOS INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS CIVILES Y DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS. (Artículo 14 POLÍTICOS. (Artículo 14
todas las personas son todas las personas son
iguales ante la ley) iguales ante la ley)
CONVENCIÓN CONVENCIÓN
AMERICANA DE AMERICANA DE
DERECHOS (Artículo 42º DERECHOS (Artículo 42º
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Igualdad ante la Ley Todas Igualdad ante la Ley Todas
las personas son iguales las personas son iguales
ante la ley, Artículo 25º ante la ley, Artículo 25º
Protección Judicial), Protección Judicial),
CONSTITUCION CONSTITUCION
POLITICA, PREAMBULO, POLITICA, PREAMBULO,
los artículos 1, 2, 13, 25, 29, los artículos 1, 2, 13, 25,
53, 209, 230 de la 29, 53, 209, 230 de la
Constitución Política, Constitución Política,
Código sustantivo del Código sustantivo del
trabajo y la ley 153 de 1887 trabajo y la ley 153 de 1887
artículos 1, 2, Ley 57 de artículos 1, 2, Ley 57 de
1887 artículo 5. 1887 artículo 5.
(…) (…)
Tutela el derecho Tutela el derecho
constitucional fundamental constitucional fundamental
que me asiste, acorde a los que me asiste, acorde a los
presupuestos fácticos presupuestos fácticos
referidos en los anteriores referidos en los anteriores
acápites”. acápites”.
68. De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las dos
acciones de tutela comparten la triple identidad a la que se refiere el artículo 38
del Decreto Ley 2591 de 1991 y la Corte Constitucional, para que se configure
el fenómeno de la temeridad.
69. En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que
el señor Juan Pablo Bonilla Malaver ejerciera dos acciones de tutela que
guardan identidad de partes, hechos y pretensiones. Para ello, se comparará el
juramento hecho en ambas demandas en relación la presentación del
mecanismo de protección constitucional:
Expediente: 11001-03-15-000-2021-03565- Expediente: 11001-03-15-000-2022-00875-
00 00
“De manera expresa me permito comunicar “De manera expresa me permito comunicar
a su despacho que ante ninguna otra a su despacho que ante ninguna otra
autoridad se ha promovido por los autoridad se ha promovido por los
mecanismos hechos e invocados iguales mecanismos hechos e invocados iguales
derechos al amparo de tutela” (sic a toda la derechos al amparo de tutela” (sic a toda la
cita). cita).
70. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que el accionante no
advirtió ni justificó haber presentado dos demandas de tutela que compartían
identidad de partes, hechos y pretensiones.
71. Aunado a lo anterior, se precisa que ambas demandas de tutela se
presentaron de manera virtual, i) la 2021-03565-00 el 9 de junio de 2021 en el
aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Rama Judicial y; ii) la 2022-00875-
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00 el 31 de mayo de 2021 en el buzón web de la Corte Constitucional, remitido
el 2 de febrero del año en curso a esta Corporación.
72. Así mismo, se observa que los cargos dirigidos contra la providencia
proferida el 22 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” y contra el abogado Silvio
San Martín Quiñones también habían sido presentados en una primera acción
de tutela que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2018-02833-01, en
la que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la
Sección Cuarta de la misma Corporación, i) declararon la improcedencia del
mecanismo por no superar el presupuesto de la inmediatez y; ii) compulsaron
copias a la autoridad disciplinaria para que estudiara la posible falta endilgada
al referido profesional del derecho.
73. Conforme a lo estudiado en precedencia, la Sala advierte que el señor
Juan Pablo Bonilla Malaver incurrió en una actuación temeraria al presentar
dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, y sin
ninguna justificación para hacerlo.
74. Igualmente, se observa que su conducta fue dolosa y actuó de mala fe,
comoquiera que nunca manifestó que había interpuesto dos acciones de tutela
idénticas, aunado a que se observa que desde que se zanjó el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional ha presentado, con esta, tres acciones
constitucionales en las que pretende controvertir las decisiones allí adoptadas e
insistir en la supuesta falta de defensa técnica del abogado que lo representó
en aquel proceso lo cual, valga aclarar, ya fue estudiado por la autoridad
disciplinaria competente.
75. Ahora, no hay asomo de duda que por haberse presentado las acciones
de tutela de manera virtual existiera un error en las plataformas de reparto o
asignación de procesos, pues, deliberadamente el señor Juan Pablo Bonilla
Malaver envió las dos demandas a correos electrónicos diferentes y en fechas
distintas, veamos:
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2.8. Conclusión
76. Por los motivos expuestos, esta Sección del Consejo de Estado
concluye que el señor Juan Pablo Bonilla Malaver incurrió en una actuación
temeraria al presentar dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones y sobre puntos que, en todo caso, ya habían sido resueltos
previamente por otras autoridades judiciales, sin presentar ninguna justificación
para hacerlo. En ese contexto, esta Sala de decisión negará las pretensiones
de la demanda, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3811 del Decreto
2592 de 1991.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por Silvio San Martín
Quiñones Ramos, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del
11
“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”. (Destacado de la Sala).
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otros
vocativo de la referencia y NEGAR las pretensiones del señor Juan Pablo
Bonilla Malaver, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
QUINTO: ENVIAR copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta
providencia al conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, quien tiene a su
cargo el expediente identificado con el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-
03565-00.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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