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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01974-00

Acción de tutela

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-01974-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo de la referencia y NEGAR las pretensiones del señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.7. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: OFICIAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- para que, designe un funcionario que se comunique con el tutelante al teléfono celular 3106965837 con el fin de que le informe y asesore sobre su situación pensional, y le precise el trámite que debe seguir para obtener los reconocimientos a que haya lugar. CUARTO: REMITIR copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 en la acción de tutela con radicado “No. 2013-00019 NI: 2013-00032”. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-01974-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / REQUISITOS QUE CONFIGURAN LA TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA – Identidad de partes, objeto y causa / FALTA DE JUSTIFICACIÓN PARA INTERPONER DOS ACCIONES DE TUTELA / CONDUCTA – Dolosa y con mala fe

La Acería Paz del Río S.A., en su intervención, indicó que se configuró el fenómeno de la temeridad, comoquiera que el señor [J.L.B.V.] había presentado una acción de tutela idéntica a la del vocativo de la referencia, ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama. (…) Una vez revisado ese expediente, (…) se advierte que las dos acciones de tutela comparten la triple identidad a la que se refiere el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la Corte Constitucional, para que se configure el fenómeno de la temeridad. En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que el señor [J.L.B.V.] ejerciera dos acciones de tutela que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones. Para ello, se comparará el juramento hecho en ambas demandas en relación la presentación del mecanismo de protección constitucional (…) resulta claro que el accionante no advirtió ni justificó haber presentado dos demandas de tutela que compartían identidad de partes, hechos y pretensiones. Aunado a lo anterior, se precisa que ambas demandas de tutela se presentaron de manera virtual el 27 de abril de 2021. En efecto, la del expediente N° 15283-31-05-001-2021-00116-00 se envió al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la del expediente N° 11001-03-15-000-01974-00 se remitió al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado. Así mismo, es pertinente indicar que la acción de tutela que se le asignó al Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama se admitió el 28 de abril de 2021, y la que le conoció el Consejo de Estado se admitió el 5 de mayo de 2021. Ahora bien, al día siguiente que se admitió la solicitud de amparo del Consejo de Estado, es decir, el 6 de mayo de 2021, el señor [J.L.B.V.] presentó un memorial ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama en el indicó: “Con base en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, manifiesto por medio del presente escrito que renuncio a la tutela de la referencia en su integridad, para que se archive la tutela, por motivos que me conciernen únicamente a mí en mi calidad de ciudadano”. Conforme a lo estudiado en precedencia, la Sala advierte que el señor [J.L.B.V.] incurrió en una actuación temeraria al presentar dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, y sin ninguna justificación para hacerlo. Igualmente, se observa que su conducta fue dolosa y actuó de mala fe, comoquiera que nunca manifestó que había interpuesto dos acciones de tutela idénticas y cuando presentó el desistimiento ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama tampoco puso de presente que el motivo de ello era porque el Consejo de Estado había admitido la misma solicitud de amparo. Ahora, no hay asomo de duda que por haberse presentado las acciones de tutela de manera virtual existiera un error en las plataformas de reparto o asignación de procesos, pues, deliberadamente el señor [J.L.B.V.] envió las dos demandas a correos electrónicos diferentes (…) Así las cosas, se declarará la temeridad en el trámite constitucional del vocativo de la referencia y, en consecuencia, se negará el amparo solicitado por el señor [J.L.B.V.], de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FÍSICA / ASESORÍA E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – Orden dirigida a la Administradora Colombiana de Pensiones para que se comunique con el actor / REMISIÓN DE EXPEDIENTE – Al juez que conoció de la tutela que ordenó valoración por la Junta de Calificación de Invalidez y definición del derecho a la pensión por invalidez / PROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Debe determinarlo el juez competente

No obstante, debido a que el señor [J.L.B.V.] es un sujeto de especial protección constitucional por su situación de discapacidad física, se oficiará a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- para que, designe un funcionario que se comunique con el tutelante al teléfono celular 3106965837 con el fin de que le informe y asesore sobre su situación pensional, y le precise el trámite que debe seguir para obtener los reconocimientos a que haya lugar. Lo anterior, en virtud del artículo 2.6.10.2.3. del Decreto 2555 de 2010 , que consagra el deber de asesoría e información al consumidor financiero (…) Así mismo, se remitirá copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 en la acción de tutela con radicado “No. 2013-00019 NI: 2013-00032”. Ello, teniendo en cuenta que de las pruebas allegadas por la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, no se observa que el señor [J.L.B.V.] después del año 2013 haya sido valorado por alguna Junta de Calificación de Invalidez que hubiera emitido algún dictamen y que la referida entidad se pronunciara sobre si el tutelante tenía o no derecho a obtener una pensión por invalidez.

ACLARACIÓN DE VOTO / REMISIÓN DEL EXPEDIENTE – Para el estudio de procedencia del incidente de desacato / AUSENCIA DE INTERPOSICIÓN DE INCIDENTE DE DESACATO – Permite presumir la conformidad con lo resulto por COLPENSIONES en cumplimiento de la tutela / EXHORTO – Ordenado en la presente sentencia parte de la base que la orden no se cumplió lo que escapa a la órbita de este juez / CUMPLIMIENTO DEL FALLO – Término con el que contaba el juez para verificarlo feneció / EXHORTO - No constituye una orden judicial por lo que no cumple con la finalidad de defender los derechos de una persona en estado de vulnerabilidad

La tutela de la referencia se presentó contra el referido acto de 1991 que suspendió la pensión de actor, por considerar que aún persiste la enfermedad laboral que contrajo cuando laboraba en Acerías Paz del Río S.A. Por los mismos hechos, presentó otra acción de tutela el 27 de abril de 2021, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama, Despacho que la admitió, pero el actor la desistió el 6 de mayo de 2021. Por ello, en la sentencia se declaró la temeridad del tutelante por el uso indiscriminado de la acción de tutela, pues ambas demandas se presentaron el mismo día y el demandante desistió de la otra acción tan pronto esta Sección admitió la que presentó ante esta Corporación. No obstante, en atención a que el demandante es sujeto de especial protección constitucional, en la sentencia se dispuso remitir “copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 (…).” Si bien comparto la decisión de negar el amparo por temeridad, no ocurre lo mismo con el exhorto al juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que este, de considerarlo necesario, inicie un incidente de desacato de una sentencia que se dictó hace más de siete años. En primer lugar, el hecho de que el interesado en el cumplimiento de la orden de tutela no hubiera presentado incidente de desacato en su momento, permite presumir válidamente que estuvo conforme con la manera como Colpensiones acató el proveído de amparo. Así mismo, se puede colegir que lo resuelto por la entidad pensional no implicó algún menoscabo de los derechos fundamentales del demandante, dado el lapso que transcurrió desde ese entonces hasta la presentación de la acción de tutela que resolvió esta Sala. En segundo lugar, el exhorto en cuestión implica que esta colegiatura parte de la base de que la orden no se acató en el sentido ordenado, inferencia que no corresponde a esta Sala por tratarse de un aspecto exclusivo de la órbita interna del tutelante, quien, como se dijo, no manifestó desacuerdo alguno con lo resuelto por Colpensiones en su momento. Adicionalmente, al tenor del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, pasadas cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, el juez debe dirigirse “al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.

Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.”, lo que da lugar a advertir que el término con el que contaba el juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso, para verificar el cumplimiento de la orden de tutela, se encuentra más que fenecido puesto que, reitero, han transcurrido más de siete años desde que se dictó el fallo que concedió el amparo al actor. (…) Ahora bien, si se trata de la defensa de los derechos de una persona en estado de vulnerabilidad, debo señalar que la remisión ordenada en la sentencia no contribuye de ninguna manera con ese propósito, pues el togado bien podría abstenerse de ello por cuanto no se le impartió una orden en estricto sentido, ya que como bien lo ha dicho esta Sala , “(…) el exhorto no constituye una orden judicial, entre otras, porque no existe un instrumento que lo haga exigible coercitivamente.”, por lo que lo más acertado sería poner de presente al actor la posibilidad de promover por su cuenta el incidente de desacato.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01974-00(AC)

Actor: JORGE LUIS BARACALDO VERGARA

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – estudio y declaratoria de la temeridad en acción de tutela – análisis de enfoque diferencial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, el Instituto de Seguros Sociales –ISS- y la sociedad Acería Paz del Río S.A.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de abril de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales –ISS- y la sociedad Acerías Paz del Río S.A., con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la “honra”, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la decisión del Instituto Colombiano de Seguros Sociales –ISS- de suspender la pensión que le reconoció por haber adquirido una enfermedad de origen laboral, producto de su trabajo como ingeniero eléctrico para la sociedad Acerías Paz del Río S.A.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“b) SE DECLARE QUE TENGO DERECHO ADQUIRIDO A OBTENER PENSIÓN POR VEJEZ A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 (62 AÑOS), FECHA QUE TENGO UN CAPITAL PENSIONAL ACUMULADO EN EL PERIODO 1983-2013, DE $987.000.000, EN PESOS DE 2013, A LA LUZ DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 48 SUPERIOR.

c) SE DECLARE QUE DEBO RECIBIR, EN UN SOLO CONTADO, EL VALOR DE TODAS LAS MESADAS PENSIONALES, DEJADAS DE PAGAR EN EL PERIODO 2014-2020 (7 AÑOS)”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Jorge Luis Baracaldo Vergara nació el 24 de diciembre de 1951 y laboró para la sociedad Acería Paz del Río S.A. desde el 16 de marzo de 1976 hasta el 16 de abril de 1988, cuando fue despedido “sin justa causa”.

5. El 7 de julio de 1987, el tutelante le solicitó al Instituto de Seguros Sociales –ISS- el reconocimiento de una pensión por “Invalidez de Origen no Profesional”.

6. El Instituto de Seguros Sociales –ISS-, a través de la Resolución N° 02532 del 10 de abril de 1988, le otorgó al accionante la prestación que solicitó “inicialmente hasta junio de 1988”.

7. El Instituto de Seguros Sociales –ISS-, mediante la Resolución N° 02217 del 12 de abril de 1989, prorrogó el reconocimiento de la pensión “por dos (2) años”.

8. El Instituto de Seguros Sociales –ISS-, a través de la Resolución N° 02290 del 30 de julio de 1991, suspendió el reconocimiento de la pensión, por cuanto “practicada nueva evaluación médica, se determinó mediante oficio No. 1638 del 19 de abril de 1991 suscrito por el Jefe Sección de Medicina Laboral, que el asegurado no presentaba incapacidad permanente total por lo cual se debía suspender la pensión por Invalidez”.

9. Inconforme con lo anterior, el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, el 23 de septiembre de 1991, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por el Instituto de Seguros Sociales –ISS- mediante las Resoluciones N° 07311 del 27 de diciembre de 1991 y N° 01612 del 12 de mayo de 1993, respectivamente, en el sentido de confirmar el acto administrativo recurrido.

10. El accionante, a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra la Nueva E.P.S, el Instituto de Seguros Sociales –ISS- y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a la seguridad social.

11. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del Circuito Judicial de Sogamoso que, a través de fallo del 13 de junio de 2013, “negó por improcedente” la solicitud de amparo.

12. Inconforme con lo anterior, el tutelante impugnó y el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso, mediante sentencia del 30 de julio de 2013, revocó el fallo de primera instancia, para, en su lugar, conceder el amparo solicitado y ordenar, entre otras cosas, lo siguiente:

“QUINTO.- REQUERIR al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN representado legalmente para este caso por el Dr. CARLOS ALBERTO VARGAS en su condición de Gerente Seccional Boyacá, para que dentro del término improrrogable de los TRES (3) DÍAS siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a REMITIR la carpeta Administrativa contentiva de la información que allí ha de reposar a nombre de JORGE LUIS BARACALDO VERGARA identificado con C.C. N° 9´515.754 de Sogamoso, a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Informando a este Juzgado acerca del cumplimiento de la presente orden, y demostrando el recibo del expediente en la entidad receptora.

SEXTO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, representada legalmente por la Gerente Nacional de Reconocimiento Dra. Isabel Cristina Martínez Mendoza, que una vez reciba la carpeta Administrativa que ha de remitir el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN, deberá realizar, dentro de un término NO SUPERIOR A QUINCE (15) DÍAS, los trámites correspondientes para lograr la remisión del Señor JORGE LUIS BARACALDO VERGARA identificado con C.C. N° 9´515.754 de Sogamoso, para que sea valorado por la Junta de Calificación de Invalidez correspondiente, y una vez obtenido el dictamen, proceda a pronunciarse respecto de si al actor le asiste o no derecho a obtener pensión por invalidez. Decisión que deberá ser adoptada dentro de los DOS (2) MESES SIGUIENTES a la obtención de la calificación referida. Deberá la representante de COLPENSIONES informar a este Juzgado los trámites que se adelanten para verificar el cumplimiento de esta decisión”.

13. La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES, mediante la Resolución N° GNR 2082 del 21 de enero de 2014, indicó que recibió del Instituto de Seguros Sociales –ISS- el expediente del señor Jorge Luis Baracaldo Vergara y advirtió que, una vez consultado este y sus bases de datos, no obraba alguna solicitud pendiente de resolver, por lo que existía una situación jurídica consolidada por “un procedimiento administrativo en firme” y, en consecuencia, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Estese a lo resuelto en Resoluciones No. 07311 de 27 de diciembre de 1991 y No. 01612 del 12 de mayo de 1993 emitidas por el Instituto de Seguros Sociales conforme a la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a BARACALDO VERGARA JORGE LUIS haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.”.

14. La Resolución N° GNR 2082 del 21 de enero de 2014, se le notificó personalmente al señor Jorge Luis Baracaldo Vergara el 25 de febrero de 2014 en la ciudad de Yopal.

15. El 3 de diciembre de 2018, Capresoca E.P.S. expidió un certificado en el que consta la siguiente información:

1.3. Fundamentos de la solicitud

16. El señor Jorge Luis Baracaldo Vergara aseguró que la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales –ISS- y la sociedad Acerías Paz del Río S.A. vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la “honra”, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social, por las razones que se exponen a continuación:

17. De manera preliminar, en un acápite denominado “CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD”, aseguró:

“LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL (ART.61 D. 2591/1991)

EN ESTE CASO NO EXISTE OTRO MEDIO DE DEFENSA DISTINTO A ESTA TUTELA, PERO SE INTERPONE COMO VIA PROCESAL PREFERENTE (S.T. -100/1994) PARA QUE EL JUEZ DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA CORRIJA LOS ERRORES COMETIDOS POR LOS DEMANDADOS Y PUNTO” (Sic a toda la transcripción).

18. Al argumentar la vulneración de los derechos fundamentales que invocó, manifestó que en 1982 fue despedido “sin justa causa” por la sociedad Acería Paz del Río S.A. y que mientras laboró allí le diagnosticaron “OBSTRUCCIÓN DE ARTERIAS PITLEAS”.

19. Afirmó que, el Instituto de Seguros Sociales –ISS- le reconoció una pensión que no era acorde con lo que percibía cuando trabajaba y que después de dos años la suspendió “POR ARTE DE MAGIA”.

20. Indicó que, su enfermedad persiste hoy en día y es comprobable.

21. Precisó que, tenía un “CAPITAL PENSIONAL” que ascendía a $987.000.000 COP y que desde el 2013 cumplía con los requisitos para que se le reconociera una pensión, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005.

22. Puso de presente que, actualmente se encontraba en una condición precaria debido al “TRATAMIENTO INHUMANO” que ha recibido de las accionadas.

23. Por último, advirtió:

“7) CON ESTA TUTELA NO BUSCO, REVIVIR MI ANTIGUA E ÍNFIMA PENSIÓN, PORQUE YO NO ESTOY LOCO, LO QUE BUSCO ES UNA NUEVA Y REAL PENSIÓN, DE VERDAD – VERDAD, AUNQUE, YA PERDÍ MUCHOS AÑOS. EL JUEZ DE TUTELA PUEDE CORREGIR TODOS LOS ERRORES-HORRORES-BARBARIDADES COMETIDOS POR LOS DEMANDADOS Y PUNTO”.

24. Posteriormente, a través de memorial del 15 de junio de 2021, precisó que daba “ALCANCE” a la acción de tutela y allegaba copia digital de: (i) el certificado expedido por Capresoca E.P.S.; (ii) la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de julio de 2013; y (iii) el diploma de ingeniero electricista que le confirió la Universidad Nacional de Colombia.

25. Aunado a lo anterior, sostuvo:

“HOSTÓRICAMENTE, DESDE LOS AÑOS 80, CUANDO ME ECHARON DEL PUESTO SIN JUSTA CAUSA DE LA EMPRESA ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., ADQUIRÍ UNA DISCAPACIDAD FÍSICA QUE, ES IRREVERSIBLE, POR SER ADQUIRIDA POR MEDIO DE LAS ALTÍSIMAS TEMPERATURAS QUE GENERA LA INSDUSTRIA DEL ACERO (HORNOS), COMO ESTÁ MÁS QUE COMPROBADO, Y ELLO ES INELUCTABLE: Y POR ELLO ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., A TODO TRANCE TRATA DE EVITAR LA NOTIFICACIÓN DE MI TUTELA” (Sic a toda la transcripción).

1.4. Trámite de la acción de tutela

26. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 5 de mayo de 2021, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y al representante legal de la sociedad Acería Paz del Río S.A., en calidad de accionados.

27. Igualmente, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-, a la Fiduciaria La Previsora S.A. y a la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. –FIDUAGRARIA S.A.-, por intervenir en el proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales –ISS-.

28. Finalmente, ofició a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y a la sociedad Acería Paz del Río S.A., para que allegaran copia digital, íntegra, de los antecedentes administrativos de la pensión del accionante y su historia laboral, respectivamente.

29. El 27 de mayo de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado, expidió la siguiente constancia:

“En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), se deja constancia que con el fin de dar cumplimiento a la providencia de 5 de mayo de 2021, se procedió a notificar mediante oficios LMA – 01402 de 7 de mayo de 2021, a la sociedad Acería Paz del Río S.A, a la dirección Calle 100 #13-21 de Bogotá D.C, dirección que fue tomada de la página web, como dicho oficio fue devuelto por motivo cerrado se procede a hacer un nuevo envió con oficio LMA/1407. Sin embargo, mediante informe de trazabilidad expedido por la Empresa de correo Red Postal 472, se pudo constatar que dichos oficios, no fueron entregados. En el soporte de envió (sic), la causal de retorno es “CERRADO 2 VECES”. Sin embargo se informa, que se envió correos electrónicos a contactenos@pazdelrio.com.co; HYPERLINK "mailto:comunicaciones.corporativas@pazdelrio.com.co" comunicaciones.corporativas@pazdelrio.com.co, los cuales el primero fue rechazado y el segundo se desconoce si fue recibido.

En virtud de lo anterior, se informa al despacho que no ha sido posible notificar el auto admisorio a la sociedad Acería Paz del Río S.A.”

30. Por lo anterior y con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 16 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, a través de proveído del 4 de junio de 2021, ordenó notificar por aviso a la sociedad Acería Paz del Río S.A. en los términos del artículo 292 del Código General del Proceso, al considerar que este era el medio más expedito y eficaz para hacerlo.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-

31. Con escrito enviado por correo electrónico el 10 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la Directora de Acciones Constitucionales de la entidad, sostuvo que la acción de tutela era improcedente, por cuanto no superaba los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.

32. Al efecto, en relación con la subsidiariedad, aseguró que el accionante no interpuso ningún recurso contra la Resolución N° GNR 2082 del 21 de enero de 2014, a pesar de que en esta se le informó que contaba con los de reposición y apelación.

33. Manifestó que, de conformidad con el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, le correspondía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral resolver las controversias suscitadas entre los afiliados, beneficiarios, empleadores y entidades administradoras de pensiones, razón por la cual pronunciarse de fondo sobre las pretensiones del tutelante implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural.

34. Advirtió que, en las sentencias T-344 de 2011, T-1222 de 2001 y T-043 de 2014 de la Corte Constitucional, se precisó que el mecanismo de protección constitucional era improcedente para obtener el reconocimiento de derechos pensionales, dado el carácter subsidiario de la solicitud de amparo.

35. Puso de presente que, en el sub lite no observaba que se estuviera ante un perjuicio irremediable que tornara necesaria la intervención del juez constitucional.

36. Por otra parte, respecto de la inmediatez, indicó que habían transcurrido más de “7 años” desde que ocurrió el hecho que presuntamente generó la vulneración de los derechos fundamentales del accionante y este no expuso alguna razón que justificara el ejercicio de la acción de tutela fuera de un término razonable.

37. En ese orden de idas, solicitó que se “negara” el amparo deprecado, ante la improcedencia de las pretensiones de la demanda.

1.5.2. Fiduciaria La Previsora S.A.

38. Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Director de Procesos Judiciales y Administrativos de la entidad, sostuvo que la Fiduciaria La Previsora S.A. carecía de legitimación en la casusa por pasiva.

39. Al efecto, manifestó que le correspondió realizar la liquidación del Instituto de Seguros Sociales –ISS-, sin embargo, ese proceso culminó el 31 de marzo de 2015, razón por la cual no tenía interés en la solicitud de amparo del vocativo de la referencia.

40. Así las cosas, pidió que se le desvinculara del trámite de la acción de tutela.

1.5.3. Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-

41. Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad a través de apoderado, sostuvo que la entidad competente para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante era la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.

42. Lo anterior, por cuanto en virtud de los decretos 2011, 2012 y 2013 del 28 de septiembre de 2012 el Instituto de Seguros Sociales –ISS- remitió a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- los expedientes pensionales que tenía a su cargo, razón por la cual le correspondía a esta entidad resolver sobre las solicitudes de derechos pensionales que presentaran sus afiliados.

43. Precisó que, el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.- era administrado y representado por la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. –FIDUAGRARIA S.A.-.

44. En ese orden de ideas, solicitó que se le desvinculara del trámite de la solicitud de amparo.

1.5.4. Acería Paz del Río S.A.

45. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la sociedad a través de apoderado, de manera preliminar advirtió:

“Antes de preceder a efectuar manifestaciones de fondo impetradas en la presente acción de tutela, es fundamental indicar que el accionante y su apoderado se encuentran actuando de mala fe y con temeridad, toda vez que, exactamente la misma acción de tutela fue interpuesta mediante el expediente No. 152383105001-2011-00116-00 adelantada en el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA (Boyacá) radicada el 27 de abril de 2021, frente a la cual, el señor JORGE LUIS BARACALDO VERGARA presento (sic) desistimiento vía correo electrónico el 06 de mayo de 2021, en que se manifestó: “por medio del presente escrito que renuncio a la tutela de la referencia en su integridad, para que se archive la tutela, por motivos que me conciernen únicamente a mí y en mi calidad de ciudadano”.

Frente al anterior memorial el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA expidió auto del 07 de mayo de 2021, mediante el cual aceptó el desistimiento de la acción de tutela interpuesta por el señor JORGE LUIS BARACALDO VERGARA, por la cual respetuosamente solicitamos oficiar a dicho despacho para la verificación, toda vez que se interpuso la misma, con identidad de hechos, partes y pretensiones”.

46. Al pronunciarse sobre el fondo del asunto, indicó que no había vulnerado los derechos fundamentales del accionante y que el 16 de abril de 1982 terminó la relación laboral del señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, “en virtud de la cláusula 34 de la Convención Colectiva de Trabajo, es decir, sin justa causa” y se le otorgaron todos los beneficios económicos convencionales establecidos en ella.

47. Aunado a lo anterior, afirmó que no estaba demostrado que las afecciones de salud del tutelante se hubieran originado por las labores que desarrolló en Acería Paz del Río S.A.

48. Manifestó que, la acción de tutela no superaba el requisito de subsidiariedad, comoquiera que el tutelante no había agotado todos los medios de defensa judicial para obtener el reconocimiento de derechos pensionales, pues, no estaba demostrado que hubiera acudido ante un juez ordinario laboral.

49. Aseguró que, no observaba la configuración de perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional, pues, el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara no aportó ningún medio de convicción que demostrara la afectación de su mínimo vital y, por el contrario, la sociedad aportaba un certificado de libertad y tradición en el que él figuraba como propietario de un bien.

50. Precisó que, Acerías Paz del Río S.A. siempre ha actuado de buena fe y que las apreciaciones del accionante no tenían sustento probatorio

51. Así las cosas, pidió que se despacharan desfavorablemente las pretensiones del accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

52. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la sociedad Acería Paz del Río S., de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado

53. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.2.2. Relativa a las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-

54. La Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-, en sus intervenciones, solicitaron ser desvinculadas del trámite constitucional del vocativo de la referencia, al considerar que no tenían competencia para decidir respecto del reconocimiento pensional solicitado por el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara.

55. En ese orden de ideas, la Sala negará estas peticiones, comoquiera que la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.- se vincularon en calidad de terceros con interés, por intervenir en el proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales –ISS-, y no como accionadas.

2.3. Legitimación en la causa

56. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

57. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

58. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

59. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

60. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

61. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

62. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que afirmó que estos resultaron vulnerados cuando fue despedido “sin justa causa” por la sociedad Acería Paz del Río S.A. y el Instituto de Seguros Sociales –ISS- suspendió la pensión que le había reconocido.

63. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

64. En relación con el extremo accionado, se advierte que la demanda se dirigió contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la sociedad Acería Paz del Río S.A. que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la “honra”, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social.

2.4. Problema jurídico

65. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los argumentos del libelo introductorio, el material probatorio recaudado y las intervenciones de las accionadas, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de tutela que presentó el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la sociedad Acería Paz del Río S.A., ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama y a la que se le asignó el radicado N° 15238-31-05-001-2021-00116-00?

66. Si la respuesta al anterior cuestionamiento es negativa, se deberá establecer:

¿La solicitud de amparo cumple los requisitos de procedibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad?

67. Si se contesta positivamente este interrogante, se tendrá que responder:

¿Vulneraron la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la sociedad Acería Paz del Río S.A. los derechos fundamentales a la igualdad, a la “honra”, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social del señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, con ocasión de la decisión de suspender la pensión que se le reconoció en 1988 y de dar por terminado su vínculo laboral “sin justa causa”, respectivamente?

68. Para resolver estos problemas jurídicos, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección; y (iii) análisis del caso concreto respecto.

2.5. Panorama general de la acción de tutela

69. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

70. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Sujetos de especial protección constitucional

71. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

72. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”.

73. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea material, es decir, real y efectiva.

2.7. Desarrollo del problema jurídico relacionado con la configuración del fenómeno de la temeridad

74. La Acería Paz del Río S.A., en su intervención, indicó que se configuró el fenómeno de la temeridad, comoquiera que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara había presentado una acción de tutela idéntica a la del vocativo de la referencia, ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama.

75. El Despacho de la Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, el 24 de junio de 2021 se comunicó telefónicamente con el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama con el fin de que le remitiera la copia digital del expediente la solicitud de amparo con radicado N° 15238-31-05-001-2021-00116-00.

76. Una vez revisado ese expediente, se estableció lo siguiente:

Las dos demandas de tutela fueron presentadas por el señor Jorge Luis Baracaldo, el 27 de abril de 2021, en nombre propio.
La demanda del proceso N° 15238-31-05-001-2021-00116-00 se admitió mediante auto del 28 de abril de 2021.
El 6 de mayo de 2021, el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara presentó un memorial de desistimiento en el proceso N° 15283-31-05-001-2021-00116-00, con fundamento en al artículo 26 del Decreto Ley 2591.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama, mediante auto del 7 de mayo de 2021, aceptó el desistimiento de la acción de tutela y ordenó el archivo del expediente.

77. Ahora bien, sobre el fenómeno de la temeridad en acciones de tutela, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

78. Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia T-272 de 2019, respecto de la temeridad y su análisis, precisó:

“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora.  Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia”” (Negrita y subrayado fuera del texto).

79. Desde el referido panorama normativo y jurisprudencial, procede la Sala a establecer si se configura la triple identidad en las dos acciones de tutela que ejerció el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara.

80. Ello, con base en el siguiente cuadro comparativo:

Presupuesto de análisis
Expediente: 15283-31-05-001-2021-00116-00
Expediente: 11001-03-15-000-2021-001974-00
Cumple identidad
Partes
“DEMANDA EN ACCIÓN DE TUTELA COMO VÍA PROCESAL PREFERENTE (SENT T-100/1994 M.P. CARLOS GAVIRIA) DE JORGE LUIS BARACALDO VERGARA, CONTRA: 1) EL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES –I.S.S. –COLPENSIONES, CON SEDE EN BOGOTÁ D.C., EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 2) LA EMPRESA SIDERÚRGICA DE PAZ DEL RÍO S.A. CON SEDE EN NOBSA-BOYACÁ, EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LEGAL.”
“DEMANDA EN ACCIÓN DE TUTELA COMO VÍA PROCESAL PREFERENTE (SENT T-100/1994 M.P. CARLOS GAVIRIA) DE JORGE LUIS BARACALDO VERGARA, CONTRA: 1) EL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES – I.S.S. –COLPENSIONES, CON SEDE EN BOGOTÁ D.C., EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LEGAL. 2) LA EMPRESA SIDERÚRGICA DE PAZ DEL RÍO S.A. CONSEDE EN NOBSA-BOYACÁ, EN CABEZA DE SU REPRESENTANTE LEGAL.”
SI
Hechos
“ACTUACIONES: LA VULNERACIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES PRECITADOS HA SIDO PRODUCIDA POR LA DUPLA ACERÍAS PAZ DL (sic) RÍO S.A. – I.S.S HOY COLPENSIONES, CON ACTUACIONES INHUMANAS E INSOLIDARIAS, CUANDO ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. ME DESPIDE EN 1982, SIN JUSTA CAUSA, A PESAR DE MI GRAVE ENFERMEDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO 1976 – 1982, Y CUANDO EL I.S.S. ME PENSIONA CON UNA PENSIÓN IRRISORIA, ALEJADA DE LA REALIDAD MATEMÁTICA Y DE MI AUTÉNTICA PERSONALIDAD
HECHOS: TAMBIÉN MOTIVAN ESTA SOLICITUD DE TUTELA, 2 HECHOS SIGNIFICATIVOS Y CATEGÓRICOS COMO SON QUE: EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 CUMPLÍ 62 AÑOS, Y TENDO UN CAPITAL PENSIONAL ACUMULADO DE $987.000.000 EN PESOS DE 2013, Y POR ELLO PUEDO ACCEDER A MI PENSIÓN”
“ACTUACIONES: LA VULNERACIÓN DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES PRECITADOS HA SIDO PRODUCIDA POR LA DUPLA ACERÍAS PAZ DL (sic) RÍO S.A. – I.S.S HOY COLPENSIONES, CON ACTUACIONES INHUMANAS E INSOLIDARIAS, CUANDO ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. ME DESPIDE EN 1982, SIN JUSTA CAUSA, A PESAR DE MI GRAVE ENFERMEDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO 1976 – 1982, Y CUANDO EL I.S.S. ME PENSIONA CON UNA PENSIÓN IRRISORIA, ALEJADA DE LA REALIDAD MATEMÁTICA Y DE MI AUTÉNTICA PERSONALIDAD
HECHOS: TAMBIÉN MOTIVAN ESTA SOLICITUD DE TUTELA, 2 HECHOS SIGNIFICATIVOS Y CATEGÓRICOS COMO SON QUE: EL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 CUMPLÍ 62 AÑOS, Y TENDO UN CAPITAL PENSIONAL ACUMULADO DE $987.000.000 EN PESOS DE 2013, Y POR ELLO PUEDO ACCEDER A MI PENSIÓN”
SI
Pretensiones
“a) SE TUTELEN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS: 11, 13, 21, 25, 29, 48 Y 49 DE LA CARTA POLÍTICA DE 1991.
b) SE DECLARE QUE TENGO DERECHO ADQUIRIDO A OBTENER PENSIÓN POR VEJEZ A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DE $987.000.000, EN PESOS DE 2013, A LA LUZ DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, QUE RFORMÓ (sic) EL ARTÍCULO 48 SUPERIOR.
c) SE DECLARE QUE DEBO RECIBIR, EN UN SOLO CONTADO, EL VALOR DE TODAS LAS MESADAS PENSIONALES, DEJADAS DE PAGAR EN EL PERIODO 2014-2020 (7 AÑOS)”.
“a) SE TUTELEN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS: 11, 13, 21, 25, 29, 48 Y 49 DE LA CARTA POLÍTICA DE 1991.
b) SE DECLARE QUE TENGO DERECHO ADQUIRIDO A OBTENER PENSIÓN POR VEJEZ A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, DE $987.000.000, EN PESOS DE 2013, A LA LUZ DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, QUE RFORMÓ (sic) EL ARTÍCULO 48 SUPERIOR.
c) SE DECLARE QUE DEBO RECIBIR, EN UN SOLO CONTADO, EL VALOR DE TODAS LAS MESADAS PENSIONALES, DEJADAS DE PAGAR EN EL PERIODO 2014-2020 (7 AÑOS)”.
SI

81. De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las dos acciones de tutela comparten la triple identidad a la que se refiere el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la Corte Constitucional, para que se configure el fenómeno de la temeridad.

82. En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara ejerciera dos acciones de tutela que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones. Para ello, se comparará el juramento hecho en ambas demandas en relación la presentación del mecanismo de protección constitucional:

Expediente: 15283-31-05-001-2021-00116-00
Expediente: 11001-03-15-000-2021-001974-00
“MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE ENTIENDO PRESTADO AL MOMENTO DE ENTREGAR ESTE ESCRITO, NO HABER INTERPUESTO OTRA ACCIÓN DE TUTELA POR LOS MISMOS HECHOS Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTE”
“MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE ENTIENDO PRESTADO AL MOMENTO DE ENTREGAR ESTE ESCRITO, NO HABER INTERPUESTO OTRA ACCIÓN DE TUTELA POR LOS MISMOS HECHOS Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTE”

83. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que el accionante no advirtió ni justificó haber presentado dos demandas de tutela que compartían identidad de partes, hechos y pretensiones.

84. Aunado a lo anterior, se precisa que ambas demandas de tutela se presentaron de manera virtual el 27 de abril de 2021. En efecto, la del expediente N° 15283-31-05-001-2021-00116-00 se envió al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y la del expediente N° 11001-03-15-000-01974-00 se remitió al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.

85. Así mismo, es pertinente indicar que la acción de tutela que se le asignó al Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama se admitió el 28 de abril de 2021, y la que le conoció el Consejo de Estado se admitió el 5 de mayo de 2021.

86. Ahora bien, al día siguiente que se admitió la solicitud de amparo del Consejo de Estado, es decir, el 6 de mayo de 2021, el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara presentó un memorial ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama en el indicó:

“Con base en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, manifiesto por medio del presente escrito que renuncio a la tutela de la referencia en su integridad, para que se archive la tutela, por motivos que me conciernen únicamente a mí en mi calidad de ciudadano”.

87. Conforme a lo estudiado en precedencia, la Sala advierte que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara incurrió en una actuación temeraria al presentar dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, y sin ninguna justificación para hacerlo.

88. Igualmente, se observa que su conducta fue dolosa y actuó de mala fe, comoquiera que nunca manifestó que había interpuesto dos acciones de tutela idénticas y cuando presentó el desistimiento ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama tampoco puso de presente que el motivo de ello era porque el Consejo de Estado había admitido la misma solicitud de amparo.

90. Ahora, no hay asomo de duda que por haberse presentado las acciones de tutela de manera virtual existiera un error en las plataformas de reparto o asignación de procesos, pues, deliberadamente el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara envió las dos demandas a correos electrónicos diferentes. Ello se demuestra con el mensaje de datos que remitió a la Secretaría General del Consejo de Estado, en el cual se consignó la siguiente información:

91. Así las cosas, se declarará la temeridad en el trámite constitucional del vocativo de la referencia y, en consecuencia, se negará el amparo solicitado por el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991.

92. No obstante, debido a que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara es un sujeto de especial protección constitucional por su situación de discapacidad física, se oficiará a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- para que, designe un funcionario que se comunique con el tutelante al teléfono celular 3106965837 con el fin de que le informe y asesore sobre su situación pensional, y le precise el trámite que debe seguir para obtener los reconocimientos a que haya lugar.

93. Lo anterior, en virtud del artículo 2.6.10.2.3. del Decreto 2555 de 2010, que consagra el deber de asesoría e información al consumidor financiero, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 2.6.10.2.3 ASESORÍA E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

<Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las administradoras del Sistema General de Pensiones tienen el deber del buen consejo, por lo que se encuentran obligadas a proporcionar a los consumidores financieros información completa respecto a los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones.

(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto)

94. Norma que resulta aplicable al caso del tutelante, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra afiliado al régimen de prima media con prestación definida que administra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, de conformidad con el siguiente certificado:

95. Así mismo, se remitirá copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 en la acción de tutela con radicado “No. 2013-00019 NI: 2013-00032”.

96. Ello, teniendo en cuenta que de las pruebas allegadas por la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, no se observa que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara después del año 2013 haya sido valorado por alguna Junta de Calificación de Invalidez que hubiera emitido algún dictamen y que la referida entidad se pronunciara sobre si el tutelante tenía o no derecho a obtener una pensión por invalidez.

97. Al respecto, en las consideraciones de la Resolución N° GNR 2082 del 21 de enero de 2014, que es la última actuación administrativa respecto de la situación pensional del accionante, se aseguró:

“Que el señor BARACALDO VERGARA JORGE LUIS, previas las formalidades legales señaladas en el Código Contencioso administrativo, Interpuso Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación, por encontrarse en desacuerdo con el fundamento emitido para que cesará dicha prestación, por lo que mediante resoluciones No. 07311 de 27 de diciembre de 1991 y Resolución No. 001612 del 12 de mayo de 1993 el Instituto de Seguros Sociales, Resuelve los recursos y confirma la suspensión de la prestación de Invalidez.

Que Colpensiones ha adelantado la validación en nuestras bases de datos y/o la verificación del correspondiente expediente pensional y observa que no obra en el expediente entregado, ninguna solicitud pendiente de resolver, razón por la cual, esta Entidad encuentra que existe una situación jurídica consolidada por un procedimiento administrativo en firme de conformidad con los dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminsitrativo.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

98. Se precisa que, la remisión del expediente de tutela y de esta providencia, no constituye una orden o condicionamiento de esta Sala al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que inicie un incidente de desacato, comoquiera que él es el único competente para establecer si se cumplieron las ordenes de tutela dadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso, de conformidad con el artículo 27 del Decreto Ley 2591 de 1991.

2.8. Conclusión

99. El señor Jorge Luis Baracaldo Vergara incurrió en una actuación temeraria al presentar dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, y sin ninguna justificación para hacerlo, razón por la cual sus pretensiones se deben negar.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduciaria La Previsora S.A. y el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación –P.A.R.I.S.S.-, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2.2. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo de la referencia y NEGAR las pretensiones del señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.7. de la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: OFICIAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- para que, designe un funcionario que se comunique con el tutelante al teléfono celular 3106965837 con el fin de que le informe y asesore sobre su situación pensional, y le precise el trámite que debe seguir para obtener los reconocimientos a que haya lugar.

CUARTO: REMITIR copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 en la acción de tutela con radicado “No. 2013-00019 NI: 2013-00032”.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara voto

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sala, me permito aclarar mi voto frente a la sentencia del 1° de julio de 2021, dictada en el asunto de la referencia, en los siguientes términos:

En el presente caso el demandante controvierte el acto dictado por el entonces Instituto de Seguros Sociales - ISS, en el año 1991, mediante el cual se suspendió la pensión que se le reconoció por enfermedad de origen laboral.

Por ello, en el año 2013 el demandante presentó una acción de tutela contra el ISS y Colpensiones, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del Circuito de Sogamoso que, a través de fallo del 13 de junio de 2013, la declaró improcedente.

Sin embargo, en segunda instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso, mediante sentencia del 30 de julio de 2013, revocó el proveído de primer grado, para, en su lugar, conceder el amparo.

En consecuencia, ordenó al ISS remitir la carpeta pensional del actor a Colpensiones, para que esta entidad realizara los trámites correspondientes para que el actor fuera valorado por la Junta de Calificación de Invalidez, y con base en su dictamen se pronunciara si es procedente reconocerle una pensión.

Colpensiones, por medio de la Resolución 2082 del 21 de enero de 2014, advirtió que, una vez consultada la carpeta del demandante, determinó que no había solicitudes pendientes de resolver, por lo que optó por estarse a lo resuelto por el ISS en el año 1991.

La tutela de la referencia se presentó contra el referido acto de 1991 que suspendió la pensión de actor, por considerar que aun persiste la enfermedad laboral que contrajo cuando laboraba en Acerías Paz del Río S.A.

Por los mismos hechos, presentó otra acción de tutela el 27 de abril de 2021, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Duitama, Despacho que la admitió, pero el actor la desistió el 6 de mayo de 2021.

Por ello, en la sentencia se declaró la temeridad del tutelante por el uso indiscriminado de la acción de tutela, pues ambas demandas se presentaron el mismo día y el demandante desistió de la otra acción tan pronto esta Sección admitió la que presentó ante esta Corporación.

No obstante, en atención a que el demandante es sujeto de especial protección constitucional, en la sentencia se dispuso remitir “copia digital, íntegra, del expediente de tutela y de esta providencia al Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que, si lo estima conveniente estudie si hay lugar a iniciar un incidente de desacato contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- por el posible incumplimiento del numeral sexto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Sogamoso el 30 de octubre de 2013 (…).”

Si bien comparto la decisión de negar el amparo por temeridad, no ocurre lo mismo con el exhorto al juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso para que este, de considerarlo necesario, inicie un incidente de desacato de una sentencia que se dictó hace más de siete años.

En primer lugar, el hecho de que el interesado en el cumplimiento de la orden de tutela no hubiera presentado incidente de desacato en su momento, permite presumir válidamente que estuvo conforme con la manera como Colpensiones acató el proveído de amparo.

Así mismo, se puede colegir que lo resuelto por la entidad pensional no implicó algún menoscabo de los derechos fundamentales del demandante, dado el lapso que transcurrió desde ese entonces hasta la presentación de la acción de tutela que resolvió esta Sala.

En segundo lugar, el exhorto en cuestión implica que esta colegiatura parte de la base de que la orden no se acató en el sentido ordenado, inferencia que no corresponde a esta Sala por tratarse de un aspecto exclusivo de la órbita interna del tutelante, quien, como se dijo, no manifestó desacuerdo alguno con lo resuelto por Colpensiones en su momento.

Adicionalmente, al tenor del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, pasadas cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, el juez debe dirigirse “al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.”, lo que da lugar a advertir que el término con el que contaba el juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Sogamoso, para verificar el cumplimiento de la orden de tutela, se encuentra más que fenecido puesto que, reitero, han transcurrido más de siete años desde que se dictó el fallo que concedió el amparo al actor.

Así mismo, por el transcurso del tiempo es probable que el funcionario que debía cumplir la orden de tutela ya no pertenezca a la institución pensional, por lo que no viene al caso endilgarle, después de siete años, una omisión que ni el mismo actor consideró advertir a la autoridad judicial.

Ahora bien, si se trata de la defensa de los derechos de una persona en estado de vulnerabilidad, debo señalar que la remisión ordenada en la sentencia no contribuye de ninguna manera con ese propósito, pues el togado bien podría abstenerse de ello por cuanto no se le impartió una orden en estricto sentido, ya que como bien lo ha dicho esta Sala, “(…) el exhorto no constituye una orden judicial, entre otras, porque no existe un instrumento que lo haga exigible coercitivamente.”, por lo que lo más acertado sería poner de presente al actor la posibilidad de promover por su cuenta el incidente de desacato.

Bajo las observaciones anteriores, aclaro mi voto.

Fecha ut supra.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Folio 1 del expediente digital de tutela. La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co. Si bien la demanda de tutela también se dirigió contra el Instituto Nacional de Seguros Sociales, lo cierto es que a través del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 se ordenó suprimir esa entidad y se asignó a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- la función de prestar los servicios de aseguramiento de pensiones de los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Folio 33 de la demanda de tutela. Los hechos que se relacionan en este acápite se establecieron de conformidad con los medios de convicción allegados al proceso por el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara, la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y la sociedad Acería Paz del Río. Actualmente el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara tiene 69 años de edad. Folio 1 de la copia digital de la Resolución N° 07311 del 27 de diciembre de 1991 expedida por el Instituto de Seguros Sociales –ISS-. Ibídem. Ibídem. Ibídem. No se tuvo como entidad accionada al Instituto de Seguros Sociales –ISS-, comoquiera que se precisó que este fue suprimido y, por ello, no podía ser tenido en cuenta como una entidad accionada, y como la controversia constitucional versaba sobre el reconocimiento de una pensión le correspondía a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- intervenir como accionada en el trámite constitucional de la referencia. La entidad le otorgó poder al abogado Gustavo Adolfo Reyes Medina. La sociedad le otorgó poder al abogado Luis Gabriel Arbeláez Marín.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.

Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos. Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”. La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co. En el año 2018, Capresoca E.P.S certificó que el señor Jorge Luis Baracaldo Vergara tenía 50.12% de discapacidad física. Teléfono celular suministrado por el accionante en la demanda de tutela.
“Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”.
“ARTÍCULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente proceso disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.” (Negrita y subrayado fuera del texto). Sentencia del 10 de junio de 2021. Exp: 11001-03-15-000-2021-01657-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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