Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02366-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02366-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02366-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02366-00
Demandante: Carlos Francisco Orozco Buriticá
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02366-00
Demandante: CARLOS FRANCISCO OROZCO BURITICÁ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Proceso de Selección N.º 2149 de 2022 del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – declara la
temeridad de la acción1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor
Carlos Francisco Orozco Buriticá, consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito recibido en el Despacho ponente el 28 de abril de 20222, el
señor Carlos Francisco Orozco Buriticá, actuando en nombre propio y como
“concursante del Proceso de Selección No. 2149 de 2022 (…) del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar”, presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional del
Servicio Civil, la Universidad de Pamplona y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, de igualdad de acceso al desempeño de funciones
públicas y cargos del Estado, al trabajo, en concordancia con los principios de
confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, interés legítimo en la carrera
administrativa, respeto al mérito y transparencia.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales dado
que, el 28 de noviembre de 2021 se inscribió dentro del proceso de selección N.º
2149 de 2021, para concursar por el empleo denominado profesional universitario,
1
En igual sentido resolvió esta Sección del Consejo de Estado, con ponencias de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, en
providencias del 1º de julio de 2021, Exp. N.º 11001-03-15-000-2021-01974-00; y, en la del 21 de abril de 2022, Exp. N.º
11001-03-15-000-2022-00875-00.
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Radicado el 27 de abril de 2022 en la Ventanilla de Atención Virtual del Consejo de Estado a las 9:56 a.m.
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Demandante: Carlos Francisco Orozco Buriticá
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros
Código 2044, grado 7, identificado con la OPEC 166253, en la convocatoria del
ICBF y el 9 de marzo de 2022 se publicaron los resultados de la etapa de
verificación de requisitos mínimos, en donde se le señaló como “NO ADMITIDO”.
3. Agregó que el 11 de marzo de 2022 presentó reclamación ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil en la que solicitó la “(…) verificación y corrección de la
validación de los requisitos mínimos y se otorgue el resultado de ADMITIDO (…) ya que
cuento con la educación mínima de profesional en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS y
la educación equivalente relacionada con las funciones del cargo de ESPECIALISTA EN
FINANCAS sic (…)”, decisión que fue confirmada por la entidad, mediante memorial
del 31 de marzo del año, en curso.
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“Primera: Solicito a la Universidad de Pamplona y/o a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, considerar las pruebas y argumentos expuestos en la presente
tutela y por consiguiente ser incluido en la lista de ADMITIDOS, dentro del
proceso de Selección No. 2149 de 2021, Convocatoria Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (número OPEC: 166253) e inscrito con el código de
inscripción 439028178.
Lo anterior con la finalidad de poder continuar con mi proceso de selección y
etapas posteriores”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
5. Mediante el Acuerdo N.º CNSC-20212020020816 del 21 de septiembre de
2021, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de
personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, proceso de selección que se identificó con el
N.º 2149 de 2021.
6. El señor Orozco Buriticá indicó que el 28 de noviembre de 2021 se inscribió
al empleo denominado profesional universitario, Código 2044, Grado 7, OPEC3 N.º
166253, en el que se ofertaron 42 vacantes.
7. Explicó que el 9 de marzo del año en curso la Universidad de Pamplona,
como entidad encargada de adelantar el proceso de selección, publicó los
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Oferta Pública de Empleos de Carrera.
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resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos, fase en la que no
quedó admitido.
8. Con ocasión de ello, manifestó que el 11 de marzo del año en curso
presentó una reclamación, de la que obtuvo respuesta el 31 de marzo siguiente
por parte de la Universidad de Pamplona, institución que ratificó su calificación de
“NO ADMITIDO”.
1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte actora aseguró que la Comisión Nacional del Servicio Civil, la
Universidad de Pamplona y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
vulneraron sus derechos fundamentales puesto que, la prueba de verificación de
requisitos mínimos es de carácter eliminatorio y tiene por objeto comprobar que
cada uno de los participantes inscritos tenga las condiciones para estar en el
proceso de selección.
10. Mencionó que para el cargo al que concursó en la convocatoria del ICBF -
profesional universitario grado 7, código 2044- existían equivalencias, no obstante,
reprochó que la Universidad de Pamplona resolvió no admitirlo en el proceso al
considerar que no reunía los presupuestos mínimos exigidos, sin validar su
diploma de especialista en finanzas, bajo el argumento que “no es posible aplicar
alternativa, toda vez que esta no se encuentra contemplada en el capítulo 5 artículo
2.2.2.5.1. del Decreto 1983 de 2015”
11. A partir de dicho planteamiento, sostuvo que el hecho de desconocer que
en el proceso de selección N.º 2149 de 2021 sí se admitían las equivalencias, con
fundamento en la norma citada, vulneró de manera directa sus derechos, puesto
que con los documentos que aportó al momento de la inscripción se evidenciaba
que no solo cumplía con el requisito de estudio (profesional en administración de
empresas), sino también con el de experiencia, teniendo en cuenta la equivalencia
del título de posgrado que también anexó.
12. Afirmó que en el aplicativo SIMO se encuentra cargado, dentro de la OPEC
N.º 166253, el Manual de Funciones Vigente 2020 Nivel Profesional, contenido en
la Resolución N.º 1818 del 13 de marzo de 2019, en cuyo apartado de
equivalencias y alternativas se establece que “(…) podrá cumplir con los requisitos
mínimos para el cargo de profesional universitario, grado 7, código 2044, acreditando
además del título profesional en una de las disciplinas académicas solicitadas, el título de
posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del
cargo (…) [lo que en este caso] se cumple, toda vez que en debida forma anexe el acta
de grado de la especialización en derecho administrativo la cual es consecuente con el
área y el rol funcional de la OPEC de la referencia”.
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13. En virtud de todo lo anterior, concluyó que el hecho de que la Universidad
de Pamplona inadmitiera su inscripción, evidenciaba el desconocimiento de los
acuerdos y normas aplicables para el proceso de selección al que se presentó,
dado que la especialización en derecho administrativo que adjuntó debe tenerse
como equivalente en el requisito de experiencia, tal como establecen las normas
que rigen la convocatoria.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
14. Mediante auto del 5 de mayo de 2022, la magistrada ponente admitió la
tutela y ordenó la notificación de la parte actora, de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, la Universidad de Pamplona y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, como autoridades accionadas y, de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610
del Código General del Proceso.
15. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés todos
los concursantes inscritos dentro del proceso de selección N.º 2149 de 2021, para
el empleo denominado profesional universitario, Código 2044, grado 7, identificado
con la OPEC 166253, en la convocatoria del ICBF.
16. Finalmente, ordenó la publicación del escrito de tutela y del auto admisorio
en las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad de
Pamplona y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que los sujetos
que tuvieran algún interés en las resultas de este proceso pudieran intervenir en la
actuación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Universidad de Pamplona
17. A través del coordinador jurídico del proceso de selección N.º 2149 de
2021-ICBF, a quien se le confirió poder para representar a la universidad en las
acciones de tutela que se instauren contra la institución en su condición de
operador del concurso público de méritos, alegó la temeridad de la parte actora,
con fundamento en que el 28 de abril del año en curso se les notificó el auto
admisorio que profirió el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Tunja, en el
proceso identificado con el radicado N.º “2022-0098-00”, cuyo escrito de tutela
comparte identidad de hechos, pretensiones y se dirige contra las mismas
entidades; demanda que a la fecha se encuentra en trámite y a la espera del fallo.
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18. Explicó que la etapa de verificación de requisitos mínimos no es una
prueba, sino una fase en la que se revisan los documentos aportados por los
aspirantes tanto de formación como de experiencia, en donde se identifica el
cumplimiento de los presupuestos exigidos para el cargo en la OPEC.
19. Precisó que en el caso del señor Orozco Buriticá no es viable aplicar la
alternativa o equivalencia que solicita para su título de especialista en finanzas de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, toda vez que el cargo al
que aplicó requiere 18 meses de experiencia profesional relacionada.
20. Al respecto, indicó que el capítulo 5º de equivalencias entre estudios y
experiencia del Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.5.1. dispone que:
“(…) los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser disminuidos
ni aumentados Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las
competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades
competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para
su ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:
1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y
Profesional. (Ver Artículo 5 de la Ley 1064 de 2006).
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite
el título profesional; (…)”. (Subrayo fuera del texto).
21. Mencionó que el parágrafo 1º del artículo 8º del Acuerdo 2081 de 2021
establece que “(…) en caso de existir diferencias entre la OPEC registrada en el SIMO
por la entidad y el MEFCL, prevalece el último. Así mismo en caso de presentarse
diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la
norma superior”.
22. En tal sentido, afirmó que como la norma en cita establece que los
requisitos no podrán ser disminuidos ni aumentados, en el caso del accionante no
se podía exigir menos que el título profesional y los 18 meses de experiencia
profesional relacionada, por ende, la equivalencia de título de postgrado en la
modalidad de especialización por “dos (2) años de experiencia profesional y viceversa”
resulta inaplicable para el sub examine, toda vez que las equivalencias son
taxativas y, se reitera, allí no se alude a la posibilidad de homologar la experiencia
profesional relacionada, sino la mera experiencia profesional por lo que, de lo
contrario, implicaría darle un trato preferencial lo que resulta totalmente lesivo para
los demás aspirantes.
23. A partir de dichos argumentos, concluyó que en este caso el resultado
definitivo de la verificación de requisitos mínimos no podía ser otro que el de no
admitido, pues ello encuentra sustento en el marco legal del proceso de selección
y se ajusta a lo contemplado en el Acuerdo de Convocatoria N.º CNSC-
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2021202002081 de 2021, que es el reglamento del concurso y, por ende, las
reglas de obligatorio cumplimiento por parte de la administración, la universidad y
los participantes.
24. Finalmente, anotó que la convocatoria es una mera expectativa centrada en
un eventual derecho particular y concreto que es el de acceder al cargo para el
cual se concursa, sin que en algún momento se pueda hablar de vulneración del
derecho al trabajo, toda vez que, únicamente el servidor público que supere todas
las etapas del concurso de méritos, incluyendo el periodo de prueba, es quien
puede pretender la adquisición de los derechos de carrera administrativa y por
consiguiente el reconocimiento de dicha situación laboral.
1.6.2. Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
25. El apoderado judicial de la entidad informó que el accionante ya había
interpuesto una tutela por los mismos hechos y causas que ahora son objeto de
estudio, proceso que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de
Tunja, que se identifica con el radicado N.º 15001-31-53-001-2022-00098-00 y que
fue admitido mediante auto del 28 de abril de 2022.
26. En ese orden, mencionó que debido a que la parte actora incoó dos veces
la misma acción constitucional, debe analizarse la posible temeridad, puesto que
el abuso desmedido e irracional del recurso judicial ocasiona un perjuicio a la
sociedad civil en general.
27. Aunado a lo anterior, solicitó que, en caso de estudiarse el fondo del
asunto, se tenga en cuenta que lo pretendido por el actor en el sentido de que se
reconozca la equivalencia del título de postgrado que aportó por dos años de
experiencia no es viable, dado que la posibilidad de homologar se da cuando lo
requerido es experiencia profesional y no experiencia profesional relacionada,
como ocurre en este caso.
28. Finalmente, remitió el enlace en el que se puede consultar la publicación de
la acción constitucional de la referencia en el portal web de la entidad,
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/2149-acciones-constitucionale.
1.6.3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
1.6.3.1. Oficina Jurídica del ICBF
29. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad aseguró que el ICBF no
ha incurrido en alguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales
de la parte actora, teniendo en cuenta que a través del Acuerdo No. CNSC -
20212020020816 del 21 de septiembre de 2021 y normas reglamentarias, se
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determinó que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- es la entidad
responsable de la Convocatoria 2149 de 2021.
30. En ese contexto, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva o, que en su defecto, se niegue el amparo deprecado por ausencia de
transgresión de alguna garantía constitucional.
1.6.3.2. Dirección de Gestión Humana del ICBF
31. La jefe de la Dirección de Gestión Humana de la entidad también insistió en
la falta de legitimación en la causa por pasiva, no obstante, al abordar el fondo del
asunto consideró que el Decreto 1083 de 2015 estableció los requisitos para
empleos de la rama ejecutiva del nivel nacional y allí solo contempló la experiencia
profesional relacionada, lo que en su criterio obliga a interpretar que la
equivalencia establecida en el 2.2.2.5.1 ibídem sí es aplicable, sobre la base de
considerar que la experiencia profesional es el género dentro del que se incluye la
experiencia profesional relacionada.
32. En ese orden, comentó que una interpretación distinta tornaría inaplicable la
referida disposición, toda vez que todos los grados salariales del nivel profesional
y en general lo empleos de que trata el Decreto 1083 de 2015 en sus requisitos
mínimos se hace referencia únicamente a la experiencia profesional relacionada;
punto frente al cual trajo a colación el Concepto N.º 117411 de 2020 a través del
cual el Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que, “(…) en el
evento de que el aspirante no posea la experiencia profesional relacionada solicitada, ésta
será equivalente al título de posgrado en la modalidad de especialización, maestría y
doctorado, según corresponda y viceversa”.
33. Para el efecto, puso de presente que en una acción de tutela de supuestos
fácticos similares, el accionante concursó al cargo de Profesional Universitario de
la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC No. 168363, Código 2044,
Grado 09 en el Proceso de Selección No. 2149 de 2021, fue inadmitido por la
Universidad de Pamplona tras considerar que no era viable aplicar la equivalencia
establecida en el Decreto 1083 de 2015, no obstante, el Juez Veintiséis
Administrativo de Oralidad de Bogotá se pronunció en el sentido de desvincular al
ICBF y amparar los derechos del accionante, ordenando para el efecto la
aplicación de las equivalencias, con fundamento en los siguientes argumentos:
“Así las cosas, la interpretación del postulado de aplicación del artículo
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, debe efectuarse en un sentido amplio
respecto a lo que significa la experiencia profesional, porque limitarlo a que
diga la palabra RELACIONADA implica restarle efectividad al postulado
general, máxime cuando para la totalidad de cargos, tanto en nivel profesional,
directivo y asesor, se exige experiencia profesional relacionada, por lo que
dicha interpretación conllevaría una actuación desproporcionada por parte de
las accionadas, y en tanto el título de posgrado debe acreditarse en relación
con los núcleos de conocimiento básicos o esenciales del cargo al cual se
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postuló, es claro que un posgrado en la modalidad de especialización
satisface esa exigencia”.
34. Finalmente, comentó que, atendiendo al requerimiento de la Sección Quinta
de esta Corporación, el ICBF procedió a publicar en la página web el escrito de
tutela, los anexos que lo acompañan y el auto admisorio, lo cual se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
https://www.icbf.gov.co/system/files/11_accion_tutela_carlos_francisco_orozco_bu
ritica_2022_02366. pdf.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Carlos Francisco Orozco Buriticá, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
36. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
37. Igualmente, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
38. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19974, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.
39. En la sentencia T-086 de 20105, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
4
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
5
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8
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no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
40. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20116, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
41. En la sentencia T-435 de 20167, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 20168, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y se erige como un presupuesto procesal de la demanda9.
42. Con fundamento en el marco conceptual expuesto10, la Sala advierte que el
señor Carlos Francisco Orozco Buriticá está legitimado en la causa por activa
pues se encuentra acreditado que se inscribió al empleo denominado profesional
universitario, Código 2044, Grado 7, OPEC N.º 166253, en el que se ofertaron 42
vacantes, proceso en el cual se le calificó como no admitido.
43. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de las entidades, se
observa que aunque la Universidad de Pamplona fue la institución que,
encontrándose en la etapa de verificación de requisitos mínimos, calificó al señor
Orozco Buriticá como no admitido, lo cierto es que la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también hacen parte
de dicho proceso, teniendo en cuenta que la primera es la que convocó al
concurso abierto de méritos, y la segunda, la entidad que buscaba proveer
definitivamente los empleos vacantes de su planta de personal pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa.
6
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso
planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna
(inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas,
o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.
10
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y
por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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2.3. Problema jurídico
44. Atendiendo a la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y las intervenciones de las entidades demandadas, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que el señor Carlos Francisco Orozco Buriticá instauró contra la
Universidad de Pamplona, el ICBF y la CNSC, proceso que se zanjó en
primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Tunja,
que se identifica con el radicado N.º 15001-31-53-001-2022-00098-00?
45. De superarse dicho interrogante, se deberá establecer:
• Si la decisión de la Universidad de Pamplona de calificar al señor Orozco
Buriticá como no admitido en la OPEC N.º 166253, con fundamento en la
inaplicabilidad de la equivalencia de título de postgrado en la modalidad de
especialización por “dos (2) años de experiencia profesional y viceversa” de que
trata el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.5.1., vulneró los derechos
fundamentales del actor.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
46. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela y; (ii) De la configuración
del fenómeno de la temeridad en el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
47. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
48. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.
11
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10
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2.6. De la configuración del fenómeno de la temeridad en el caso concreto
49. La CNSC y el ICBF indicaron en sus intervenciones que los cargos que
fundamentan la presunta vulneración de los derechos del señor Carlos Francisco
Orozco Buriticá ya fueron zanjados por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Judicial de Tunja en otro proceso que es idéntico al que ahora es objeto de
estudio, en el que actualmente se encuentra en curso y pendiente por resolver la
segunda instancia, cuyo radicado corresponde al N.º 15001-31-53-001-2022-
00098-00/01.
50. En consecuencia, se procedió a consultar el módulo de consulta de
procesos de la Rama Judicial con el referido radicado y se encontró lo siguiente:
51. Sobre el fenómeno de la temeridad en acciones de tutela, el artículo 38 del
Decreto Ley 2591 de 1991, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
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reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).
52. Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia T-272 de 201912,
respecto de la temeridad y su análisis, precisó:
“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones
de tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda
ser considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar
fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente
que existen elementos materiales particulares para determinar si una
actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos
amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela sea
improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el
encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto
sometido a su competencia13”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
53. Desde el referido panorama normativo y jurisprudencial, procede la Sala a
establecer si se configura la triple identidad en las dos acciones de tutela que
ejerció el señor Carlos Francisco Orozco Buriticá. Ello, con base en el siguiente
cuadro comparativo:
Presupuesto Expediente: 11001-03-15- Expediente: 15001-31-53- Cumple
de análisis 000-2022-02366-00 001-2022-00098-00/01 identidad
Partes “ACCIÓN DE TUTELA “ACCIÓN DE TUTELA SI
contra la COMISIÓN contra la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL, la UNIVERSIDAD DE CIVIL, la UNIVERSIDAD
PAMPLONA, y vinculo al DE PAMPLONA, y vinculo
ICBF (…)”. al ICBF (…)”.
Hechos “(…) se tutelen mis “(…) se tutelen mis SI
derechos fundamentales al derechos fundamentales al
“debido proceso “debido proceso
Administrativo”, al de Administrativo”, al de
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos.
13
Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.
12
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“igualdad de acceso al “igualdad de acceso al
desempeño de funciones desempeño de funciones
públicas y cargos del públicas y cargos del
Estado”, al derecho al Estado”, al derecho al
“trabajo, para el caso de “trabajo, para el caso de
exclusión por verificación de exclusión por verificación
requisitos mínimos; y, a la de requisitos mínimos; y, a
efectividad de los principios la efectividad de los
de confianza legítima, principios de confianza
buena fe, seguridad jurídica, legítima, buena fe,
interés legítimo en la seguridad jurídica, interés
carrera administrativa, legítimo en la carrera
respeto al mérito y la administrativa, respeto al
trasparencia consagrados mérito y la trasparencia
en la Constitución, puesto consagrados en la
que la UNIVERSIDAD DE Constitución, puesto que la
PAMPLONA, el pasado 09 UNIVERSIDAD DE
de mayo del año en curso PAMPLONA, el pasado 09
resolvió emitir el estado de de mayo del año en curso
“no admitido” en la etapa de resolvió emitir el estado de
verificación de requisitos “no admitido” en la etapa de
mínimos para el empleo de verificación de requisitos
profesional universitario en mínimos para el empleo de
el mencionado proceso de profesional universitario en
selección del ICBF(…)”. el mencionado proceso de
selección del ICBF(…)”.
Pretensiones “Primera: Solicito a la “Primera: Solicito a la SI
Universidad de Pamplona Universidad de Pamplona
y/o a la Comisión Nacional y/o a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, del Servicio Civil,
considerar las pruebas y considerar las pruebas y
argumentos expuestos en argumentos expuestos en
la presente tutela y por la presente tutela y por
consiguiente ser incluido consiguiente ser incluido
en la lista de ADMITIDOS, en la lista de ADMITIDOS,
dentro del proceso de dentro del proceso de
Selección No. 2149 de Selección No. 2149 de
2021, Convocatoria 2021, Convocatoria
Instituto Colombiano de Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Bienestar Familiar
(número OPEC: 166253) e (número OPEC: 166253) e
inscrito con el código de inscrito con el código de
inscripción 439028178. inscripción 439028178.
Lo anterior con la finalidad Lo anterior con la finalidad
de poder continuar con mi de poder continuar con mi
proceso de selección y proceso de selección y
etapas posteriores”. etapas posteriores”.
54. De conformidad con lo expuesto ut supra, se advierte que las dos acciones
de tutela comparten la triple identidad a la que se refiere el artículo 38 del Decreto
13
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Ley 2591 de 1991 y la Corte Constitucional, para que se configure el fenómeno de
la temeridad.
55. En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que el
señor Carlos Francisco Orozco Buriticá ejerciera dos mecanismos de amparo que
guardan identidad de partes, hechos y pretensiones.
56. Lo primero que debe precisarse es que, además de que ambos
mecanismos de amparo se radicaron simultáneamente y de manera virtual el 27
de abril de 2022, el actor omitió realizar la manifestación, bajo la gravedad de
juramento, de no haber presentado otra demanda de tutela por los mismos hechos
y derechos, tal como establece el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.
57. Ahora, si bien en principio podría pensarse que la dualidad de mecanismos
se debe a un error en la plataforma de reparto o asignación de procesos, lo cierto
es que, deliberadamente, el señor Orozco Buriticá radicó la que se identificó con el
radicado 2022-02366-00 en la Ventanilla de Atención Virtual del Consejo de
Estado y la otra, 2022-00098-00, en la Oficina Judicial de los Juzgados Civiles del
Circuito de Tunja.
58. Asimismo, se observa que el proceso 2022-00098-00 se admitió el 28 de
abril de 2022 en el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Tunja, mientras
que en el de radicado 2022-02366-00, ello ocurrió el 5 de mayo del año en curso
por lo que, desde el momento en que esta última admisión se le notificó, el señor
Orozco Buriticá pudo manifestar a la Sección Quinta del Consejo de Estado la
dualidad de demandas, pues ese mismo día se profirió la sentencia de primera
instancia en el proceso de radicado 2022-00098-00, en el que el Juzgado Primero
Civil del Circuito Judicial de Tunja concedió el amparo deprecado, sin embargo,
guardó silencio.
59. Conforme a lo estudiado en precedencia, la Sala advierte que existen dos
demandas de tutela idénticas, sin que la parte actora hubiese manifestado una
justificación para actuar en tal sentido. En ese orden, se observa que el señor
Carlos Francisco Orozco Buriticá incurrió en una actuación temeraria, pues
empleó una utilización desmedida del mecanismo de amparo que vulnera el
principio de buena fe.
2.7. Conclusión
60. Por los motivos expuestos, esta Sección del Consejo de Estado concluye
que el señor Carlos Francisco Orozco Buriticá incurrió en una actuación temeraria
al presentar dos acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones, sin presentar ninguna justificación para hacerlo. En ese contexto,
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Demandante: Carlos Francisco Orozco Buriticá
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esta Sala de decisión negará las pretensiones de la demanda, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 3814 del Decreto 2592 de 1991.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la legitimación en la causa por pasiva del ICBF, de
acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA TEMERIDAD en el trámite constitucional del vocativo
de la referencia y NEGAR las pretensiones del señor Carlos Francisco Orozco
Buriticá, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”. (Destacado de la Sala).
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