Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00819-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00819-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00819-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Presupuestos de procedencia /
COSA JUZGADA – Configuración / TEMERIDAD – Por el ejercicio abusivo de la
acción de tutela.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Juan Pablo Bonilla
Malaver.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El señor Juan Pablo Bonilla Malaver presentó acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y la
igualdad, así como el principio de favorabilidad. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas por: (i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C al proferir la sentencia del 22 de agosto de 2014, al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con número de
radicado 11001-33-35- 026-2012-00063-0122, (ii) la Sección Segunda - Subsección
A y la Sección Cuarta del Consejo de Estado al expedir los fallos del 17 de
septiembre y 31 de octubre de 2018, en el marco de la acción de tutela tramitada con
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 En el proceso ordinario, el señor Juan Pablo Bonilla Malaver ostentó la calidad de demandante y la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional tuvo la condición de parte demandada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
número de radicado 11001- 03-15-000-2018-02833-00/013, (iii) la Sección Quinta del
Consejo de Estado al dictar la providencia del 21 de abril de 2022, dentro de la acción
de tutela, identificada con número de radicado 11001-03-15-000-2022- 00875-004,
(iv) la Sala de Conjueces de la Sección Segunda Subsección A del Consejo de
Estado, integrada por Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Jorge Iván Acuña Arrieta y
Hugo Alberto Marín Hernández, al incurrir en una presunta mora judicial por no
resolver la impugnación presentada en el marco de la acción de tutela anteriormente
mencionada y, (v) la Sala de Conjueces de la Sección Segunda Subsección A del
Consejo de Estado, integrada por Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, Héctor
Alfonso Carvajal Londoño y Pedro Simón Vargas Sáenz (Q.E.P.D.), al no
pronunciarse sobre la admisión de la demanda de tutela con radicado número 11001-
03-15-000-2021-03565-005.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente6:
<<1. Tutela el derecho constitucional fundamental que me asiste, acorde a los
presupuestos fácticos referidos en los anteriores acápites.
2. Con la presente violación constitucional se declare la nulidad del acto
administrativo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Magistrada
Oviedo Pinto.
3. Solicito en la presente acción constitucional, un representante de la Procuraduría
y/o Defensoría a fin de que sea vigilante de los derechos fundamentales aquí
vulnerados.
4. Se compulse copias ante la Comisión Nacional de Diciplina Judicial para que se
adelante las acciones correspondientes, penales y disciplinarias contra la Magistrada
Amparo Oviedo Pinto por presunto prevaricato al ir en contravía de los Derechos
Constitucionales y el artículo 230 de la Constitución Política (LOS JUECES ESTÁN
SOMENTIDOS AL IMPERIO DE LA LEY.)
5.Se compulse copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que se
adelantes las acciones disciplinarias contra los Honorables, Magistrados del Consejo
de Estado que integran las diferentes Salas que conocieron anteriormente sobre mi
violación de mis derechos fundamentales>>.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada,
de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la parte actora se tiene, que 7 el
accionante inició un proceso ordinario en el medio de nulidad y restablecimiento del
3 En esa acción constitucional fungieron como parte demandante y demandada, respectivamente, el señor Juan
Pablo Bonilla Malaver y la Sección Segunda-Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue vinculada en calidad de tercero con interés
4 En dicha acción de tutela obra como accionante el señor Juan Pablo Bonilla Malaver y como accionados la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
5 En dicha acción de tutela obra como accionante el señor Juan Pablo Bonilla Malaver y como accionados la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
6 Folio 49 del escrito de tutela.
7 Expediente digital, Folios 15 a 43 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
derecho, y ante el resultado adverso del mismo presentó 3 acciones de tutelas
consecutivas, como se expone a continuación:
(i). Proceso ordinario 11001-33-35-026-2012-00063-00/01: A través de apoderado
judicial, el accionante inició este proceso contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Con el mismo pretendía que se
declarara la nulidad del acto administrativo que lo separó del servicio luego de
haber sido condenado penalmente. En primera instancia el Juzgado 26
Administrativo de Bogotá accedió a sus pretensiones, pero la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
providencia del 22 de agosto de 2014 8 revocó la decisión y negó las
pretensiones de la demanda. Dicha autoridad consideró que en el caso bajo
examen el actor fue condenado por la comisión de un delito doloso, de manera
que su separación definitiva del cargo estaba justificada.
(ii). Tutela 11001-03-15-000-2018-02833-00/01: El accionante instauró acción de
tutela contra el referido Tribunal, por considerar que la sentencia del 22 de
agosto de 2014 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, trabajo y acceso a la administración de justicia y favorabilidad, por
presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin
motivación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante fallo de 17 de septiembre de 20189 “rechazó por improcedente” la
tutela al no cumplirse el presupuesto de la inmediatez10 y con ocasión de los
cargos dirigidos contra el abogado Silvio San Martín Quiñonez, ordenó remitir
copias a la Comisión Seccional de Disciplina de Cundinamarca para que
adelantara la investigación correspondiente. En sentencia del 31 de octubre
de 201811 la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión en el
entendido de declarar la improcedencia de la tutela por no superar el
presupuesto de la inmediatez, pero en lo relativo a la compulsa de copias,
precisó que las mismas debían remitirse a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
(iii). Tutela 11001-03-15-000-2022-00875-00/01: El señor Juan Pablo Bonilla
Malaver instauró acción de tutela12 contra el Tribunal y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo e igualdad, así como el principio de
favorabilidad. Consideró que tales prerrogativas habían sido lesionadas con
ocasión de la expedición del fallo de 22 de agosto de 2014 del Tribunal, y la
sentencia del 31 de octubre de 2018, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente su anterior tutela. Igualmente
reprochó el actuar del abogado que representó sus intereses en el proceso
ordinario, por considerar que no ejerció su defensa técnica. La Sección Quinta
del Consejo de Estado, en fallo de 21 de abril de 2022 declaró temeridad en el
trámite constitucional, al observar que el señor Juan Pablo Bonilla presentó otra
8 notificada el 27 de agosto de 2014.
9 Notificada el 25 de septiembre de 2018.
10 La sentencia acusada fue notificada el 27 de agosto de 2014, mientras que el mecanismo de amparo se radicó
el 21 de agosto de 2018
11 Notificada el 14 de noviembre de 2018.
12 Escrito radicado el 31 de mayo de 2021 en el buzón web de la Corte Constitucional, remitido el 2 de febrero
de 2022 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
tutela (2021-03565-00) contra la misma entidad, y bajo los mismos cargos,
hechos y pretensiones, tanto así que los escritos son “exactamente iguales”.
En desacuerdo con la anterior decisión, el señor Bonilla Malaver presentó
impugnación, la cual fue repartida a la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado, cuyos magistrados se declararon impedidos por auto de 26
de mayo de 2022, toda vez que fueron quienes profirieron el fallo de 17 de
septiembre de 2018, fallo de primera instancia en uno de los asuntos
cuestionados (2018-02833-00/01). El impedimento fue resuelto el 13 de marzo
de 2023.
(iv). Tutela 11001-03-15-000-2021-03565-00: Por último, en escrito radicado el 9 de
junio de 2021, el señor Juan Pablo Bonilla Malaver instauró acción de tutela
contra el Tribunal y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que
les sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e
igualdad, así como el principio de favorabilidad, con base en los mismos,
hechos, fundamentos y cargos de la tutela 2022-00875. El asunto fue repartido
a la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, cuyos
magistrados se declararon impedidos por auto de 5 de agosto de 2021, por las
mismas razones dadas en la tutela 2022-00875. El 7 de marzo de 2023 se
notificó el auto que resuelve el impedimento.
4.- Como fundamento de derecho de sus pretensiones en la presente tutela, la
parte actora adujo que las entidades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales por lo siguiente:
Proceso ordinario 11001-33-35-026-2012-00063-00/01
5.- Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C al proferir el fallo de 22 de agosto de 2014, violó flagrantemente
normas contemplados en los tratados ratificados en Colombia y la constitución
Política de Colombia, específicamente, los artículos 1,2,13,25,29 y 230. Así mismo,
indicó que: (i) no existió una adecuada valoración probatoria del proceso penal y de
su hoja de vida dentro de la institución, (ii) se vulneró su derecho a la igualdad, por
desconocerse el precedente judicial fijado en las sentencias proferidas por el
Consejo de Estado – Sección Segunda en los procesos 19001-23-31-000-2002-
01430 y 11001-33-31-709-2012-00051-01, y (iii) se vulneró su derecho fundamental
al debido proceso, pues en su caso no le aplicaron la norma más favorable, es decir,
el artículo 68 de la ley 1971 del 2000.
6.- Por otra parte, indicó que el abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos no
ejerció su defensa técnica, dado que no presentó recurso extraordinario de revisión,
y tampoco le informó de lo sucedido en el proceso.
Tutela 11001-03-15-000-2018-02833-00/01.
7.- Manifestó que tanto la Sección Segunda – Subsección A como la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, al declarar improcedente su acción de tutela por el
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
requisito de inmediatez, omitieron estudiar la vulneración de sus derechos. Y citando
a la Corte Constitucional sostuvo que cuando un derecho fundamental sigue siendo
violentado el paso del tiempo no puede ser excusa para evadir su protección.
Tutela 11001-03-15-000-2022-00875-00/01.
8.- Arguyó que como sus derechos fundamentales seguían siendo vulnerados,
radicó una nueva acción de tutela, la cual presentó en pandemia, y le correspondió
a la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien decidió que el actor había actuado
de forma temeraria, pues había presentado dos tutelas exactamente iguales, sin
requerir al señor Juan Pablo “para que realizara explicaciones de la supuesta
temeridad”. Indica que radicó la tutela el 30 de mayo de 2021 y, como no recibió
ningún tipo de notificación electrónica ni número de radicado, volvió a presentar la
tutela 9 días después, es decir, el 9 de junio de 2021, “sin saber que llegaría a
despachos diferentes con otro número de radicación diferente”. Por otra parte,
manifestó que presentó impugnación que está siendo conocida por el Consejo de
Estado - Sección Segunda – Sala de Conjueces, y desde el mes de mayo 2022 no
se ha proferido decisión.
Tutela 11001-03-15-000-2021-03565-00.
9.- Adujo que esa acción constitucional fue radicada por error humano. Señaló que
está siendo conocida por el Consejo de Estado - Sección Segunda – Sala de
Conjueces y se encuentra en el despacho desde el mes de febrero de 2022, sin que
se emita pronunciamiento.
10.- En razón a todo lo anterior, el accionante solicitó que se unifiquen las acciones
anteriormente mencionadas y se realice un análisis profundo de la vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y principio de
favorabilidad, que han sido objeto de violación por los anteriores entes judiciales.
11.- Por último, señaló que tiene 50 años, no cuenta con un trabajo estable, no ha
cotizado a pensión ni seguridad social desde su retiro a raíz del “error judicial” en
todas estas decisiones, sin que ninguna entidad judicial se pronuncie sobre la
vulneración de sus derechos fundamentales, que siguen siendo lesionados.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
12.- Mediante auto de 22 de febrero de 202313, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar de su presentación a las autoridades judiciales
demandadas. Igualmente se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, al Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y
al abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos como terceros con interés. Así
13 Notificado el 27, 28 de febrero y 3 de marzo de 2023
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
mismo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C14
13.- Indicó que en la providencia cuestionada se puede verificar que no existe
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante.
(ii) Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala de Conjueces15
14.- El conjuez Héctor Alfonso Carvajal manifestó que si bien hace parte de la Sala
de conjueces a la que corresponde resolver la acción de tutela referenciada por el
accionante, en la misma funge como ponente el doctor Miguel Arcángel Villalobos, y
a la fecha no ha sido convocado para participar en la decisión que debe adoptar la
Sala.
(iii) Juzgado 26 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá16
15.- Manifestó que la decisión de instancia fue debidamente fundamentada en
referentes normativos y jurisprudenciales aplicables para el caso que se debatía. Así
mismo, sostuvo que no encuentra que las decisiones adoptadas al interior del
expediente se tornen arbitrarias o contrarias a derecho. Finalmente solicitó ser
desvinculado del presente asunto.
(iv) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A17
16.- Indicó que una vez efectuada la revisión del escrito inicial, resulta claro que la
acción de tutela es improcedente en lo que tiene que ver con esa Subsección, debido
a que la parte actora pretende discutir la sentencia del 17 de septiembre de 2018,
proferida en la acción de tutela con radicado 2018-02833-00, sin que se superen las
exigencias generales fijadas jurisprudencialmente para ese particular, en la medida
en que no cumple con el requisito de inmediatez y se presenta contra otra acción de
tutela.
(v) Consejo de Estado – Sección Cuarta18
17.- Sostuvo que el actor incurrió en una actuación temeraria, pues la pretensión de
dejar sin efectos la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ya había sido presentada en las acciones de tutela
2022-00875-00 y 2021-03565-00. Y en esta última, también se controvirtió la
sentencia de 31 de octubre de 2018 del Consejo de Estado-Sección Cuarta.
14 Intervención digital contenida en 1 folio, enviada el 1 de marzo de 2023.
15 Intervención digital contenida en 2 folios, enviada el 3 de marzo de 2023.
16 Intervención digital contenida en 3 folios, enviada el 28 de febrero de 2023.
17 Intervención digital contenida en 3 folios, enviada el 28 de febrero de 2023.
18 Intervención digital contenida en 3 folios, enviada el 2 de marzo de 2023
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
18.- Adicional a lo anterior, con respecto a la sentencia del 31 de octubre de 2018
puntualizó que no se cumple: (i) el requisito de inmediatez, (ii) el requisito de
relevancia constitucional porque no se argumenta de manera clara el motivo de
disenso, y (iii) los requisitos expuestos en la Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte
Constitucional, referentes a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias de tutela.
(vi) Consejo de Estado – Sección Quinta19
19.- Indicó que el actor se limitó a cuestionar la decisión de improcedencia y a
justificar la razón por la cual presentó dos escritos tutelares idénticos en momentos
diferentes, pero no presenta acredita la existencia de una situación de fraude que
haga procedente su solicitud de amparo.
(vii) Abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos20.
20.- Manifestó que la presente acción de tutela es improcedente y temeraria, toda
vez que, con anterioridad, el citado accionante ha instaurado diversas acciones de
tutela en contra de varias de las autoridades judiciales ahora accionadas y contra él,
por los mismos hechos.
21.- Frente a los cargos referidos a su gestión profesional indicó que por la orden
dada en los fallos de tutela de 17 de septiembre y 31 de octubre de 2018, se le inició
una investigación disciplinaria que ya fue archivada. Precisa que el accionante
intervino en ese trámite.
(viii) Policía Nacional21.
22.- Adujo que en el presente caso existe temeridad por parte del actor, pues ha
presentado varias tutelas con el fin de dejar sin efectos el fallo de 22 de agosto de
2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otra parte, indicó
que en el presente caso no existe un perjuicio irremediable.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
23.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
19 Intervención digital contenida en 6 folios, enviada el 7 de marzo de 2023.
20 Intervención digital contenida en 8 folios, enviada el 6 de marzo de 2023.
21 Intervención digital contenida en 8 folios, enviada el 2 de marzo de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
derechos fundamentales, son los siguientes22: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
24.- Por otro lado, con respecto a la procedencia excepcionalísima de la solicitud de
amparo contra providencias proferidas en procesos de tutela, la Corte Constitucional
en la sentencia SU - 627 de 2015 indicó lo siguiente:
<<Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
Si la acción se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación
(se destaca)>>.
25.- En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso que:
<<(…) quien pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito
a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente
carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la
tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que
resulta evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una afectación
grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta conclusión se desprende del
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
análisis conjunto de las diferentes providencias que, de una u otra forma, se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo de eventos
que, en principio, pueden ser considerados indicios de que se ha configurado una
situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos
claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia
en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el
patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones
que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada.
Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional >> (negrilla del original).
D. La temeridad
26.- El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “el que interponga la
acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos”23.
27.- Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-027 de 2021, precisó
que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
<<1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber,
se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no
constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por
la ley o la jurisprudencia.
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a
una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo
diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las
mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud>>.
28.- La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo»24.
29.- Desprovisto de la mala fe propia de la temeridad, el fenómeno de la cosa
juzgada se presenta cuando concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo
proceso exista identidad jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se
adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos,
23 Decreto 2591 de 1991. Artículo 37.
24 Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de
2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y (iv) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección
ante la Corte Constitucional25.
30.- En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en
cuanto comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los
mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate
que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma
abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de
los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de
varios jueces para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
E. Análisis del caso concreto
31.- En el presente asunto el accionante cuestiona las actuaciones surtidas en 4
procesos. La Sala anticipa que frente a los mismos adoptará las siguientes
decisiones: (i) Se declarará la temeridad en lo que se refiere a las pretensiones
orientadas a que se dejen sin efectos las decisiones proferidas en el proceso
ordinario 11001-33-35-026-2012-00063-00/01 y en la acción de tutela 11001-03-15-
000-2018-02833-00/01; y (ii) se declarará que no ha operado mora judicial en las
tutelas 11001-03-15-000-2022-00875-00/01 y 11001-03-15-000-2021-03565-00.
Temeridad – sentencias proferidas en el proceso ordinario 11001-33-35-026-2012-
00063-00/01 y en la acción de tutela 11001-03-15-000-2018-02833-00/01.
32.- De acuerdo al recuento fáctico realizado al inicio de esta providencia, la Sala
advierte que el accionante acude, por cuarta vez, a la acción de tutela para solicitar
al juez constitucional que deje sin efectos (i) la sentencia de 22 de agosto de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C, que negó las pretensiones en el proceso ordinario 11001-33-35-026-
2012-00063-00/01, y que con fundamento en ello (ii) se profiera una decisión de
reemplazo favorable a sus intereses y, (iii) se estudie la supuesta falta de defensa
técnica por parte del abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
33.- Así mismo, se advierte la existencia de una triple identidad en todas las
acciones de tutela, como pasa a explicarse:
• Identidad de partes
34.- Lo primero que se identifica en relación con las partes es que, salvo la lista
sucesiva de autoridades judiciales vinculadas por declarar improcedente las
acciones de tutela que solicitan la revisión de la sentencia de 22 de agosto de 2014,
existe una constante entre la parte activa, el señor Juan Pablo Bonilla Malaver y, por
25 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el extremo pasivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección C. Así las cosas, es posible afirmar que existe una identidad entre las
partes del litigio, en relación con controversias anteriormente resueltas.
• Identidad de causa petendi
35.- Esta situación se advierte al identificar que el origen de la controversia versa,
por un lado, sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 22 de
agosto de 2014 que negó las pretensiones del accionante, así como la falta de
defensa técnica del abogado Silvio San Martín en el proceso ordinario; y por el otro
un elemento constante es todos los escritos de tutela, que es la alegación de una
supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso
y favorabilidad.
• Identidad de hechos
36.- En sus diferentes escritos de tutela, el demandante pide la protección de sus
derechos a la igualdad, debido proceso y favorabilidad, solicitando que se revoque
la decisión de 22 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C en la que se negaron sus
pretensiones, y se estudie la falta de defensa técnica del abogado Silvio San Martín;
lo cual surge del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por haber sido retirado
del servicio a través de la Resolución 00408 del 15 de febrero de 2012.
37.- La Sala advierte que ese litigio constitucional fue resuelto en la primera acción
de tutela, esto es la 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, con la sentencia de 31 de
octubre de 2018 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, providencia que hizo
tránsito a cosa juzgada por haber sido proferida en segunda instancia y agotar el
trámite de eventual revisión de la Corte Constitucional26 sin haber sido seleccionada,
de lo cual da cuenta el auto de 28 de enero de 2019 proferido por la Sala de Selección
número uno de ese año.
38.- Así pues, frente a esta presentación se concluye la existencia de una cosa
juzgada constitucional sobre el presente litigio y, se declarará que la acción de
tutela es improcedente.
39.- Ahora, la Sala advierte que en la presente solicitud de amparo igualmente se
cuestiona esa sentencia de 31 de octubre de 2018 que resolvió la acción de tutela
11001-03-15-000-2018-02833-00/01, que acabamos de referir. Y bajo los mismos
supuestos fácticos y la misma causa petendi expuestos en las acciones de tutela
11001-03-15-000-2022-00875-00/01 y 11001-03-15-000-2021-03565-00, se acciona
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuestionando su determinación de
declarar la improcedencia del amparo por no cumplir con el requisito de la
inmediatez. Obviando el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y la
26 A esta tutela se le asignó el número T-7146740.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
sustentación de los requisitos para que proceda el amparo contra otro fallo de tutela,
se advierte con respecto a esa pretensión igualmente existencia de una triple
identidad entre los 2 procesos ya mencionados y el que nos ocupa.
40.- Sumado a lo anterior, la Sala considera que en el presente caso existen
suficientes razones para considerar un uso abusivo de la acción de tutela con el
propósito de lograr de cualquier manera una decisión favorable a sus intereses. Si
bien se advierte que el señor Bonilla Malaver actúa a nombre propio y no es un
profesional en derecho, la Sala no puede pasar por alto las siguientes situaciones:
➢ El accionante contó con un abogado en el proceso ordinario, reconoce la
importancia de una defensa técnica porque de hecho cuestiona haber carecido
de la misma por el indebido proceder de su apoderado, y ante consecutivos fallos
negando sus pretensiones, ha preferido insistir en la interposición consecutiva de
acciones de tutelas en vez de acudir nuevamente a una asesoría calificada. Ya
sea sufragándolo por sus propios recursos o acudiendo a las instituciones
públicas y privadas, que prestan servicios jurídicos de manera gratuita.
➢ En el fallo de tutela de 21 de abril de 2022 proferido en el proceso 11001-03-15-
000-2022-00875-00/01 la Sección Quinta del Consejo de Estado reprochó su
actuar temerario por presentar dos tutelas iguales, y aun así radicó la presente
acción constitucional reiterando los mismos hechos y pretensiones en lo que se
refiere a las sentencias proferidas en el proceso ordinario 11001-33-35-026-2012-
00063-00/01 y en la acción de tutela 11001-03-15-000-2018-02833-00/01.
➢ Lo expuesto en el escrito de tutela denota que el accionante conoce y entiende
el concepto de la temeridad. Así mismo, es consciente de las consecuencias
jurídicas que este tipo de acciones implican, pues al presentar la solicitud de
amparo hace un esfuerzo por explicar la razón por la cual presentó de manera
simultánea las acciones de tutela 11001-03-15-000-2022-00875-00/01 y 11001-
03-15-000-2021-03565-00; y aún conociendo que su proceder es inadecuado no
desiste de la segunda, que aún no se ha admitido, sino que pretende que sea
resuelta o en su defecto “se unifique” con las demás.
41.- Si bien no basta la convergencia de los elementos objetivos para determinar
la temeridad, puesto que también es necesario verificar una falta de justificación para
la interposición de las tres acciones, en este caso se observa que el actor únicamente
indicó que sus derechos aún siguen siendo lesionados, no obstante omite explicar
en qué consiste esa vulneración y la Sala tampoco advierte lesión de derecho
fundamental alguno. Adicionalmente, es censurable que en todas las acciones de
tutela interpuestas manifiesta de manera expresa que “ante ninguna otra autoridad
judicial se ha promovido por los mismos (sic) hechos e invocados iguales derechos
al amparo de tutela”, afirmación que es contraria a la realidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
42.- Tampoco se evidencia la existencia de nuevos hechos respecto de los
cuestionamientos realizados en su momento contra la sentencia ordinaria de 22 de
agosto de 2014 y el fallo de tutela de 31 de octubre de 2018.
43.- Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto el accionante actuó
con temeridad. En ese sentido, se estima procedente sancionar al señor Juan Pablo
Bonilla Malaver con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
por el ejercicio abusivo de la acción de tutela.
Mora judicial – Tutelas 11001-03-15-000-2022-00875-00/01 y 11001-03-15-000-
2021-03565-00.
44.- Respecto de la presunta mora judicial en la que pueden haber incurrido las
Salas de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales tienen
a su cargo resolver la impugnación presentada en la tutela 2022-00875-01, y
pronunciarse en primera instancia sobre la tutela 2021-03565-00, la Sala advierte
que la misma no se configura.
45.- En cuanto a la mora judicial, esta Corporación ha sido categórica en advertir
que el juez de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del
funcionario o de la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no
toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni
vulnera derechos fundamentales”27. Lo anterior, en atención a que existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los
jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Existen,
por ejemplo, condiciones estructurales, tales como la excesiva carga laboral, la falta
de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas28. Además de esto, de cara a la
mora judicial, no siempre se compromete un derecho fundamental.
46.- Así pues, para determinar si la autoridad judicial demandada ha incurrido en
una mora judicial injustificada se debe verificar: i) la complejidad del asunto; ii) la
actividad procesal del interesado; iii) la conducta de la autoridad judicial competente;
iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el turno en el que el expediente pasó al
despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998 29 . Por consiguiente, el simple hecho de sobrepasar los términos legales
dispuestos para el desarrollo de la actuación judicial no configura una mora
injustificada, pues deben analizarse otras circunstancias particulares.
47.- En el caso objeto de estudio, se advierte que no se configura la mora judicial
alegada, toda vez que las Salas de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-
000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: Expediente: Nº 11001-
03-15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
29 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de Estado han realizado todas las gestiones pertinentes dentro de las acciones de
tutela que tienen a su cargo, con el fin de darle trámite al asunto. Tal como se indica
a continuación:
48.- En la tutela 2022-00875-01, se han adelantado los siguientes trámites
procesales: (i) la acción fue repartida el 19 de mayo de 2022 a la Sección Segunda
– Subsección A del Consejo de Estado, (ii) el 9 de junio del mismo año los
magistrados titulares de la Subsección manifestaron su impedimento para conocer
el asunto, (iii) el día 22 de ese mismo mes se notificó el impedimento a las partes,
(iv) el 23 de junio se hizo el sorteo de conjueces, (v) el 12 de julio se informó a los
conjueces designados y se cambió de ponente y, (vi) el 13 de marzo de 2023 se
declaró fundado el mencionado impedimento.
49.- Ahora, en la tutela 2021-03565-00, se han adelantado las siguientes
actuaciones procesales: (i) la acción fue repartida el 10 de junio de 2021 a la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, (ii) el 7 de julio del mismo año se
profirió auto inadmitiendo la acción, por no establecer el actor cuál o cuáles eran los
defectos en los que incurrió las autoridades accionadas, decisión notificada el 9 de
julio siguiente, (iii) el 17 de agosto de 2021, los magistrados titulares de la
Subsección manifestaron su impedimento para conocer el asunto, (iv) el día 24 de
ese mismo mes se notificó el impedimento a las partes, (v) el 1 de septiembre se
hizo el sorteo de conjueces, (vi) el 3 de septiembre siguiente se informó a los
conjueces designados y se cambió de ponente, (vii) el 28 de febrero de 2022 se
cambió de nuevo de ponente ante el fallecimiento de un Conjuez, (viii) el 3 de marzo
de 2023 se declaró fundado el mencionado impedimento y, (ix) el 7 de marzo del
presente año se notificó el auto que declaró fundado el impedimento.
50.- En virtud de lo anterior, se tiene que las Salas de Conjueces accionadas han
realizado todas las acciones pertinentes para proferir el respectivo fallo dentro de las
acciones de tutelas respectivas, libres de cualquier vicio o causal de nulidad que lo
invalide, y que después de presentada la acción de tutela se han registrado
actuaciones. Así las cosas, para la Sala, en el caso objeto de estudio no se configura
una mora judicial injustificada.
51.- Aun cuando no se han resuelto las referidas tutelas, las actuaciones recientes
dan cuenta de que se ha dado impulso a los respectivos procesos, razón por la cual
no se observa un actuar negligente por parte del funcionario judicial que conoce del
asunto.
52.- Aunado a lo anterior, cabe recordar que la congestión judicial de los
despachos judiciales, tanto juzgados, como tribunales y altas Corporaciones es de
conocimiento público, pues tienen una gran carga de trabajo y presentan problemas
estructurales que dificultan el poder cumplir a cabalidad con los términos judiciales,
lo cual aplica a las diferentes Salas de Conjueces. Adicional a ello se resalta que el
tiempo adicional que ha tomado la resolución de estos casos está determinado por
los impedimentos que se han presentado, ante las múltiples acciones de tutela que
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00819-00
Accionante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el actor ha presentado, y la necesidad de nombrar conjueces, con el fin de garantizar
la imparcialidad en las decisiones.
53.- De conformidad con lo expuesto, se advierte que, en el caso objeto de estudio:
(i) no se evidencia una mora judicial injustificada y, (ii) tampoco se advierte, que la
demora justificada para proferir fallo comprometa un derecho fundamental cuya
afectación sea irremediable e inminente.
54.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor Juan
Pablo Bonilla Malaver de conformidad con las razones expuestas en esta providencia
y, NEGAR los cargos relacionados con la mora judicial injustificada.
SEGUNDO: IMPONER al señor Juan Pablo Bonilla Malaver, a título de sanción por
la temeridad declarada, el pago de una multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, valor que deberá consignar en la cuenta corriente del Banco
Agrario 3-0820-000640-8, DTN- multas y cauciones efectivas del Consejo Superior
de la Judicatura, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito. Así como al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE30
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
30 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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