Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03565-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-03565-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-03565-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03565-01
Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-03565-01
Demandante JUAN PABLO BONILLA MALAVER
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Actuación temeraria. Cosa juzgada.
Separación absoluta del servicio cuando el personal de la Policía
Nacional sea condenado por la comisión de delitos dolosos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Pablo Bonilla Malaver
contra la sentencia de 6 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, que dispuso:
“[…] DECLARAR la improcedencia en el sub examine, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. […]”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de junio de 20211, el señor Juan Pablo Bonilla Malaver interpuso acción de
tutela, actuando en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad con la sentencia del 22
de agosto de 2014 que revocó la decisión de primera instancia en la cual se
accedieron a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho Nro. 11001-33-35-026-2012-00063-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se unifique la presente acción constitucional y se realice un estudio de profundidad que
en derecho corresponda.
2. Tutelar el derecho constitucional fundamental que me asiste, acorde a los presupuestos
fácticos referidos en los anteriores acápites.
1 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
2 En el encabezado del escrito de tutela el accionante manifestó que los demandados eran el Consejo de
Estado, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Sin
embargo, el despacho sustanciador observó que se habían indicado estas autoridades como accionadas,
pero no era claro cuáles eran las providencias atacadas, razón por la cual, mediante auto del 1 de julio de
2021, le requirió al accionante precisar esta información, no obstante, este guardó silencio.
Mediante auto del 28 de marzo de 2023, el conjuez ponente requirió nuevamente al demandante para que
allegara el memorial aclaratorio, requerimiento que fue contestado el 31 de marzo de 2023, del cual se puede
concluir que la autoridad accionada es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
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3. Con la presente violación constitucional se declare la nulidad del acto administrativo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Magistrada Oviedo Pinto.” (Sic
a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Juan Pablo Bonilla Malaver ingresó como civil al Área de Servicios
Generales de la Policía Nacional en el año 1996, y en el año 2001 se vinculó
como uniformado tras realizar homologación.
2.2. Estando en servicio de la mencionada institución, la señora Ana Libia Fajardo,
Jairo Arellanos Patiño y John Fredy Arellanos formularon denuncia penal por
lesiones personales en su contra y en contra de sus dos hermanos, Jhon Fredy
Bonilla Malaver y Braylon David Bonilla Malaver. De este proceso conoció en
primera instancia el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bogotá que profirió
fallo absolutorio. Decisión que fue apelada.
En segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal,
revocó la sentencia de primera instancia y declaró penalmente responsable al
señor Juan Pablo Bonilla por del delito de lesiones personales dolosas
respecto del señor Jairo Avellanos, condenándolo a una pena principal de un
año y cuatro meses de prisión, y a una accesoria de inhabilidad en el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el mismo término.
2.3. Mediante Resolución Nro. 00408 del 15 de febrero de 2012, el Director General
de la Policía Nacional separó de forma absoluta del servicio activo al patrullero
Juan Pablo Bonilla, al señalar que de conformidad con el artículo 66 del Decreto
1791 de 2000, el personal que fuera condenado por sentencia ejecutoriada a la
pena principal de prisión y arresto por delitos dolosos sería separado de forma
absoluta de la Policía Nacional y no podría volver a pertenecer a la misma.
2.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
actor presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, pretendiendo la nulidad de la Resolución Nro. 00408 de 15 de
febrero de 2012, que lo separó de forma absoluta del servicio activo como
miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
2.5. El conocimiento del medio de control le correspondió al Juzgado Veintiséis
Administrativo de Bogotá3, que mediante sentencia del 24 de enero de 2014
accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de la resolución
cuestionada, ordenó el reintegro del demandante a la institución y el pago de
los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar. Contra
esta decisión la parte demandada presentó recurso de apelación.
2.6. De la segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C que, mediante sentencia del 22 de agosto
de 2014 revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, desestimó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el acto acusado se encontraba
ajustado a derecho pues, la separación del cargo del demandante se produjo
como consecuencia de la comisión de un delito a título de dolo.
3 Medio de control radicado bajo el Nro. 11001-33-35-026-2012-00063-00.
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2.7. El actor señaló que el abogado Silvio San Martín Quiñones Ramos a pesar de
haber conocido la sentencia del tribunal no le comentó, y añadió que el
mencionado abogado tampoco presentó el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de segunda instancia, por lo que incurrió en la falta
disciplinaria prevista en el artículo 37 de la ley 1123 de 2007.
3. Fundamentos de la acción
De conformidad con las precisiones realizadas en el escrito de subsanación4, se
advierte que el accionante realizó una recopilación de las normas que considera
están siendo vulneradas por la autoridad accionada, para ello citó algunos artículos
contenidos en el Bloque de Constitucionalidad, en el Código Sustantivo del Trabajo,
en el Código Civil, entre otros.
Mencionó las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales establecidas por la Corte Constitucional, y definió los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
El actor manifestó que cuestiona la sentencia dictada el 22 de agosto de 2014 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 11001-33-35-026-2012-00063-01, por lo que señaló que se incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente y defecto sustantivo. Para argumentar sus
cargos indicó que:
Respecto al desconocimiento del precedente, la autoridad demandada no tuvo en
cuenta otras decisiones judiciales que han accedido a la solicitud de reincorporación
de personal a la Policía Nacional, en eventos en los cuales se les ha reconocido el
subrogado penal en la ejecución de la condena, para ello citó varios casos.
Frente al defecto sustantivo, afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no aplicó el principio de favorabilidad, ni verificó adecuadamente la normatividad
que correspondía al caso, pues la sentencia se fundamentó en el artículo 66 de la
Ley 1791 de 2000 que consagra la separación absoluta del servicio cuando el
personal de la Policía Nacional sea condenado por la comisión de delitos dolosos,
sin tener en cuenta el artículo 68 de la misma ley, que señala que al personal a
quien se le hubiera concedido el subrogado penal de condena de ejecución
condicional, la separación del cargo sería de forma temporal. Norma que, en su
concepto, ha sido aplicada bajo el principio de favorabilidad en otros casos.
Finalmente, señaló que su caso ha sido conocido por varias autoridades judiciales,
pero ninguna se ha pronunciado de fondo sobre la vulneración de sus derechos
fundamentales, como muestra de lo anterior enunció los siguientes trámites:
(i) Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, de la cual conoció en
primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
en segunda instancia la Sección Cuarta de la misma corporación, que fue declarada
improcedente al no cumplir con el requisito de la inmediatez.
(ii) Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-00875-00/01, conocida en primera
instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró la
temeridad y se negaron las pretensiones, y la segunda instancia que se tramita
actualmente en la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, y
4 Samai, índice 29. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
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(iii) Acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00, conocida en primera
instancia por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, que corresponde al
radicado de referencia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por reparto le correspondió el conocimiento de este asunto al magistrado
Rafael Francisco Suárez Vargas, quien mediante auto de 1 de julio de 20215
requirió al accionante con la finalidad de que aclarara cuáles eran las
providencias cuestionadas, las autoridades judiciales que las emitieron y los
defectos especiales de la acción de tutela contra providencia judicial. Respecto
de este requerimiento el actor guardó silencio.
El 5 de agosto de 20216, los magistrados de la Subsección A de la Sección
Segunda manifestaron su impedimento para conocer el caso de la referencia,
al haber proferido la sentencia de primera instancia dentro del trámite
constitucional Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00, en la que el señor Bonilla
Malaver había presentado una acción con similitud fáctica.
Este impedimento se declaró fundado con auto del 28 de febrero de 20237, por
la Sala de Conjueces de la Sección Segunda.
Mediante providencia del 28 de marzo de 20238, el conjuez ponente requirió
por segunda vez al demandante para que allegara el memorial aclaratorio,
requerimiento que fue contestado el 31 de marzo de la misma anualidad.
Con auto de 20 de abril de 20239, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Juan Pablo Bonilla Malaver contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C; se ordenó vincular en
calidad de terceros a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y al Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá, y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá10 rindió informe en el que
manifestó que conoció de la primera instancia del medio de control Nro. 11001-
33-35-026-2012-00063-00, en el cual dictó sentencia el 24 de enero de 2014.
Añadió que esta providencia se fundamentó en referentes normativos y
jurisprudenciales, por lo que todas las decisiones fueron tomadas en derecho.
Precisó que en ese asunto se garantizaron los derechos fundamentales del
demandante especialmente el debido proceso, como se evidenció en la
notificación de todas las providencias.
En consecuencia, solicitó su desvinculación al considerar que no ha causado
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C11 señaló que allegaba como prueba copia de la sentencia
5 Samai, índice 4. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
6 Samai, índice 9. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
7 Samai, índice 19. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
8 Samai, índice 25. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
9 Samai, índice 31. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
10 Samai, índice 35. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
11 Samai, índice 36. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
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dictada dentro del medio de control, en la cual se podía verificar que no existe
vulneración de derechos fundamentales.
Indicó que se sometía al juicio de valoración que se realizara en este trámite
constitucional, e informó que el expediente solicitado en préstamo se
encontraba en el juzgado que conoció en primera instancia.
4.4. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional12, señaló que esta acción de
tutela resulta improcedente al ser temeraria, esto dado que el actor ha
presentado múltiples acciones constitucionales con la finalidad de dejar sin
efectos la sentencia del 22 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, para ello
elaboró un cuadro comparativo de las acciones de tutela con Radicados:
11001-03-15-000-2018-02833-00, 11001-03-15-000-2021-03565-00, 11001-03-15-
000-2022-00875-00, y 11001-03-15-000-2023-00819-00.
Añadió que se demostraba el propósito desleal del accionante de obtener la
satisfacción de sus intereses entorpeciendo la correcta administración de
justicia haciendo uso indiscriminado de los mecanismos judiciales, al punto de
insistir en unas pretensiones que ya fueron decididas.
Adicionó que, esta acción no cumple el requisito de inmediatez, dado que la
sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2018. Por lo
que, pretender revocar esta providencia atenta contra el principio de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
Finalmente indicó que en este caso no se advierte un perjuicio irremediable o
una amenaza inminente que amerite la procedencia de esta acción como un
mecanismo transitorio, por lo que, solicitó sea declarada la temeridad y se
nieguen las súplicas ante la improcedencia de la acción.
5. Providencia impugnada
En sentencia de 6 de junio de 202313, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala
de Conjueces, declaró improcedente la acción.
Para llegar a esa conclusión la autoridad judicial estudió si en el caso existía cosa
juzgada respecto de la sentencia del 31 de octubre de 2018, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
Luego de realizar el análisis el conjuez adujo que “existe unidad de objeto, en la medida
que las dos acciones constitucionales buscan cuestionar lo dispuesto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C, dentro de la demanda contencioso-administrativa,
promovida por el accionante, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.”.
A su vez frente a “la unidad de causa se tiene que ambas acciones constitucionales encuentran
como asidero las inconformidades planteadas por el demandante, con las cuales pretende acreditar
la existencia de los defectos sustantivo y fáctico en los que en su sentir incurrió la autoridad judicial
accionada.”
En consecuencia, declaró improcedente la acción al haberse acreditado la cosa
juzgada entre lo debatido en esta acción constitucional y lo resuelto por la Sección
Cuarta en la sentencia del 31 de octubre de 2018 dentro de la acción de tutela con
radicado Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-01.
12 Samai, índice 37. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
13 Samai, índice 39. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00.
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6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria, para lo
cual, reiteró los argumentos planteados en la solicitud de amparo.
Indicó que, si bien es cierto que varias autoridades judiciales han conocido de su
caso, lo cierto es que ninguna ha estudiado de fondo la vulneración de los derechos
fundamentales que ocasionó la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control Nro.
11001-33-35-026-2012-00063-00/01, sino que únicamente se han limitado al estudio
de la inmediatez, declarado las acciones improcedentes.
Adujo que existen precedentes judiciales, con similitud fáctica en los cuales se da
aplicación al artículo 68 de la Ley 1791 de 2000, bajo el principio de favorabilidad,
contrario a lo que sucedió en su caso.
Reiteró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no le notificó la sentencia
de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
El accionante insistió en que sus derechos fundamentales siguen siendo
vulnerados.
7. Trámite posterior al fallo de tutela de primera instancia
Encontrándose en trámite de segunda instancia la acción de la referencia, los
consejeros Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García manifestaron su
impedimento para conocer de esta acción, dado que ellos suscribieron la sentencia
de segunda instancia proferida en el trámite de la acción de tutela Nro. 11001-03-15-
000-2018-02833-00/01, y en su concepto, el presente proceso tiene iguales hechos y
pretensiones.
Por auto del 23 de octubre de 2023, se declaró fundado el impedimento manifestado
por los consejeros y se ordenó sortear un conjuez, siendo designado el doctor Julio
Fernando Álvarez Rodríguez, integrándose el cuórum para decidir de fondo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199114, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y los argumentos del escrito de
impugnación, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de
primera instancia al declarar improcedente la tutela, por considerar que se configuró
el fenómeno de cosa juzgada respecto de la solicitud de amparo.
La Sección también deberá determinar si el señor Juan Pablo Bonilla Malaver ha
incurrido en actuación temeraria al interponer esta acción de tutela. Esto, con
ocasión a los señalamientos contenidos en el informe rendido por el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, en el que se indica que, por los mismos hechos y
pretensiones las autoridades han sido requeridas en otros procesos
constitucionales, y por la información aportada por el actor respecto de varias
acciones constitucionales que ha presentado.
Esta información se estima relevante, por lo menos frente a tres procesos: (i) acción
de tutela Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, de la cual conoció en primera
instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y en
segunda instancia la Sección Cuarta de la misma corporación, que fue declarada
improcedente al no cumplir con el requisito de la inmediatez, (ii) la acción de tutela
Nro. 11001-03-15-000-2022-00875-00/01, conocida en primera instancia por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró la temeridad y se
negaron las pretensiones, y la segunda instancia que se tramita actualmente en la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, y (iii) la acción de
tutela Nro. 11001-03-15-000-2023-00819-00, asumida en primera instancia por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en donde se declaró
improcedente el amparo y se impuso sanción al accionante por temeridad.
3. Actuación temeraria y cosa juzgada: alcance y análisis en el caso
particular
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que “Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. Es
por lo anterior que, en el artículo 37 se exigió que el accionante manifestara
bajo la gravedad del juramento que no había interpuesto otra petición de
amparo por los mismos hechos e invocando la protección de los mismos
derechos fundamentales.
A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional15 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.
La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén prevalidas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
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titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia16.
En esta línea, y para el caso particular, conviene traer a colación el artículo
cuarto de la Constitución en virtud del cual, es deber de los extranjeros acatar
la Constitución y las Leyes colombianas, así como respetar y obedecer a sus
autoridades.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos17: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que “deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción”18.
Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: “(i) la ignorancia del accionante;
(ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”19. En este supuesto,
aunque la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se
considera temeraria.
3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que “la cosa juzgada se configura cuando existe
la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie
la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela”20.
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.
16 En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
3.3. Si bien en la decisión de primera instancia el a quo, consideró que la acción
de tutela de la referencia era improcedente al presentarse el fenómeno de la
cosa juzgada entre la solicitud de amparo de la referencia y la acción de tutela
Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, también es cierto que esa no es la
primera vez que el señor Juan Pablo Bonilla Malaver discute por vía de acción
de tutela la sentencia del 22 de agosto de 2014 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento Nro. 11001-33-35-026-2012-
00063-00/01.
Esta situación exige que se analice si, al interponer la acción de tutela, el actor
incurrió en una actuación temeraria o si se configuró el fenómeno de cosa
juzgada.
3.4. La Sala encuentra que, de conformidad con el informe rendido por el Ministerio
de Defensa, Policía Nacional y con la información aportada por el actor, en el
escrito de subsanación de la solicitud de amparo y en el escrito de
impugnación del fallo de primera instancia, el señor Bonilla Malaver ha
presentado varias acciones de tutela pretendiendo que se deje sin efectos la
sentencia del 22 de agosto de 2014, que revocó la decisión proferida por el
Juzgado Veintiséis Administrativo de Bogotá. Tal como pasa a ilustrarse en el
siguiente cuadro:
Radicación
11001-03-15-000- 11001-03-15-000- 11001-03-15-000-2023- 11001-03-15-000-
Consejo de 2021-03565-00/01
Estado 2018-02833-00/01 2022-00875-00/01 00819-00/01 (Proceso de la referencia)
Juan Pablo Bonilla Juan Pablo Bonilla Juan Pablo Bonilla Juan Pablo Bonilla
Accionante
Malaver Malaver Malaver Malaver
Tribunal Tribunal Tribunal Administrativo Tribunal
Administrativo de Administrativo de de Cundinamarca, Administrativo de
Cundinamarca, Cundinamarca, Sección Segunda, Cundinamarca,
Sección Segunda, Sección Segunda, Subsección C Sección Segunda,
Subsección C Subsección C Consejo de Estado, Subsección C
Consejo de Estado, Sección Cuarta
Sección Cuarta Consejo de Estado,
Accionado
Sección Segunda, Sala
de Conjueces
Consejo de Estado,
Sección Segunda,
Subsección A
Consejo de Estado
Sección Quinta
Sentencia del 22 de Sentencia del 22 de Sentencia del 22 de Sentencia del 22 de
agosto de 2014 agosto de 2014 agosto de 2014 agosto de 2014
(Proceso Nro. (Proceso Nro. 11001- (Proceso Nro. 11001-33- (Proceso Nro.
11001-33-35-026- 33-35-026-2012- 35-026-2012-00063- 11001-33-35-026-
2012-00063-00/01) 00063-00/01) 00/01) 2012-00063-00/01)
Sentencia del 31 de Sentencia del 17 de
octubre de 2018 septiembre y 31 de
Providencia
Acusada (Proceso Nro. 11001- octubre de 2018
03-15-000-2018- (Proceso Nro. 11001-03-
02833-00/01) 15-000-2018-02833-
00/01)
Sentencia del 21 de abril
de 2022 (Proceso Nro.
11001-03-15-000-2022-
00875-00)
Primera instancia: Primera instancia: Primera instancia: Primera instancia:
(Sentencia de 17 (Sentencia de 21 de (Sentencia de 31 de (Sentencia de 6 de
de septiembre de abril de 2022) marzo de 2023) junio de 2023)
2018) “SEGUNDO: “PRIMERO: DECLARAR “DECLARAR la
“Primero: Rechazar DECLARAR LA IMPROCEDENTE el improcedencia en el
Decisión por improcedente la TEMERIDAD en el amparo solicitado por el sub examine, de
acción de tutela trámite constitucional señor Juan Pablo conformidad con lo
interpuesta por el del vocativo de la Bonilla Malaver de expuesto en la parte
señor Juan Pablo referencia y NEGAR conformidad con las motiva de esta
Bonilla Malaver en las pretensiones del razones expuestas en providencia.”
señor Juan Pablo esta providencia y,
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
Radicación
11001-03-15-000- 11001-03-15-000- 11001-03-15-000-2023- 11001-03-15-000-
Consejo de 2021-03565-00/01
Estado 2018-02833-00/01 2022-00875-00/01 00819-00/01 (Proceso de la referencia)
contra del Tribunal Bonilla Malaver, de NEGAR los cargos
Administrativo de conformidad con los relacionados con la
Cundinamarca, argumentos expuestos mora judicial
Sección Segunda, en la parte injustificada.
Subsección C, de considerativa de esta SEGUNDO: IMPONER
conformidad con la providencia.” (Énfasis al señor Juan Pablo
parte motiva de esta propio) Bonilla Malaver, a título
providencia. de sanción por la
temeridad declarada, el
Segundo: Remitir pago de una multa
copias a la Comisión equivalente a un (1)
Seccional de salario mínimo legal
Disciplina Judicial mensual vigente, valor
de que deberá consignar
Cundinamarca para en la cuenta corriente
que en el marco de del Banco Agrario 3-
sus competencias 0820-000640-8, DTN-
inicie la multas y cauciones
investigación efectivas del Consejo
correspondiente en Superior de la
relación con la Judicatura, dentro de los
actuación efectuada veinte (20) días
por el abogado siguientes a la ejecutoria
Silvio San Martin de esta providencia.”
Quiñones.” (Énfasis propio)
Segunda instancia: Segunda instancia: Segunda instancia: Segunda instancia:
(Sentencia de 31 Pendiente de fallo. (Sentencia de 30 de Instancia actual.
de octubre de junio de 2023)
2018) “PRIMERO.
“1. Modificar el CONFÍRMASE la
numeral segundo de sentencia del 31 de
la decisión marzo de 2023,
impugnada, proferida por el Consejo
proferida de Estado-Sección
El 17 septiembre de Tercera-Subsección A,
2018, en el sentido que declaró
que las copias improcedente la acción
deben ser remitidas de tutela de Juan Pablo
a la Sala Bonilla Malaver contra el
Jurisdiccional Tribunal Administrativo
Disciplinaria del de Cundinamarca-
Consejo Seccional Sección Segunda-
de la Judicatura de Subsección C, el
Bogotá. Consejo de Estado-
Sección Segunda-
2. Confirmar el Subsección A, el
numeral primero de Consejo de Estado-
la decisión Sección Cuarta, el
impugnada, Consejo de Estado-
proferida Sección Quinta y la Sala
el 17 septiembre de de Conjueces de la
2018, en el Sección Segunda del
entendido de Consejo de Estado.”
declararse
improcedente la
acción de tutela
interpuesta por el
señor Juan Pablo
Bonilla Malaver […]”
3.5. El anterior contexto permite concluir que, por lo menos respecto del proceso
Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, la acción de tutela comparte identidad
de sujetos, hechos y objeto. Y lo pretendido en la acción de tutela es cuestionar
la sentencia del 22 de agosto de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento Nro. 11001-33-35-026-2012-00063-
00/01.
Por lo que, se destaca que el litigio constitucional de la referencia ya había
sido estudiado y decidido en la acción de tutela con radicación Nro. 11001-03-
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
15-000-2018-02833-00/01, con la sentencia del 17 de septiembre y 31 de octubre
de 2018, dictadas por la Subsección A de la Sección Segunda y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente, en la que se declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de inmediatez.
La providencia del 31 de octubre de 2018 hizo tránsito a cosa juzgada, dado
que fue emitida en segunda instancia y surtió el trámite de eventual revisión
ante la Corte Constitucional sin haber sido seleccionada (T-7146740), como
en efecto lo manifestó el juez de primera instancia. Así se corrobora en el auto
del 28 de enero de 2019, proferido por la Sala de Selección número Uno de
esa Corporación.
Así las cosas, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada con la acción de
tutela Nro. 11001-03-15-000-2018-02833-00/01, debido a que, como se explicó,
ambas comparten identidad de partes, de objeto o pretensiones y de causa
petendi.
Al respecto la Corte Constitucional ha indicado que este fenómeno se
configura cuando respecto de dos procesos constitucionales se identifica
igualdad de partes, hechos y propósito, y, finalmente, cuando frente a la
primera acción de tutela ya se hubiere surtido el trámite de selección ante la
Corte Constitucional.
Así se lee en la sentencia SU- 027 de 2021:
“[…]De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada constitucional
cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y,
entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa
juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de
revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada
la providencia que expida este Tribunal. […]”
3.6. No obstante, la Sala considera que en el caso existe actuación temeraria por
parte del señor Juan Pablo Bonilla Malaver, debido a que se acreditó que
presentó dos acciones de tutela con las mismas partes, hechos y pretensiones,
sin presentar justificación al respecto. Contrario a esto, manifestó bajo la
gravedad de juramento no haber incurrido en dicha conducta21.
Adicionalmente, es de resaltar que el actor no justificó las razones que lo
motivaron a presentar otra acción de tutela con los mismos fundamentos
fácticos y jurídicos a la que ya había presentado en el año 2018, más allá de
encontrarse inconforme con la decisión adoptada en aquel momento por el
juez constitucional y considerar que la vulneración de sus derechos
fundamentales persiste. Sin embargo, a sabiendas de que ya existía decisión
judicial respecto de ese asunto interpuso acción de tutela nuevamente,
seguramente con la finalidad de que esta segunda acción prosperara.
Por lo expuesto, la Sala encuentra que el actor interpuso dos acciones de
tutela contra las mismas partes, por los mismos hechos que la presente, por
21 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2021-03565-00. “DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD
DEL JURAMENTO. De manera expresa me permito comunicar a su despacho que ante ninguna otra
autoridad judicial se ha promovido por los mecanismos hechos e invocados iguales derechos al amparo de
tutela.”
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Demandante: Juan Pablo Bonilla Malaver
las mismas pretensiones y sin presentar justificación alguna al respecto.
Motivo por el cual en el caso se configura la actuación temeraria, en los
términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
4. Conclusión
Por lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 6 de junio
de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces,
que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Pablo Bonilla Malaver, al considerar que en la acción de tutela presentada por el
accionante existe actuación temeraria y cosa juzgada con la acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2018-02833-00/01.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada proferida el 6 de junio de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Presidenta
JULIO FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Conjuez
12
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