Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01070-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 17 de agosto de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedencia
de la acción de tutela/ Desconocimiento del precedente/ Defecto sustantivo
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la decisión de segunda instancia
mediante la cual se revocó la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, accedió a las mismas, en una demanda de nulidad y
restablecimiento en la que se cuestionó un acto administrativo que declaró insubsistente
el nombramiento de una servidora nombrada en un cargo de carrera, en provisionalidad.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte demandante, en contra de la
Sentencia de 18 de marzo de 2022, mediante la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 11 de febrero de 2022, el municipio de Sopó, a través de
apoderada judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica, con ocasión de
la expedición de la Sentencia de 30 de noviembre de 2021, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25899-33-33-003-
2017-00277/01.
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Ampara
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA: Con fundamento en los hechos mencionados, solicito de los
Honorables Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos fundamentales al
Debido Proceso, Defensa, Acceso a la Administración de Justicia y Seguridad
Jurídica y/o los demás derechos que encuentren vulnerados al estudiar de
fondo el presente asunto.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar anular y/o dejar sin
efectos la Sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “F” con
Ponencia de la Magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas, mediante la cual
dicho Tribunal revocó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral Zipaquirá de 31 de julio de 2019,
proferidas dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho Radicado bajo el No. 25899-33-33-003-2017-00277-00 instaurada por el
señora Carlos Alirio Rueda Lozada en contra del Municipio de Sopó.
TERCERA: De acuerdo con los diferentes lineamientos mayoritarios del Consejo
de Estado y de los “precedentes” constitucionales esbozados, en casos como
el presente y como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Tribunal
accionado que en un plazo no superior a los 20 días siguientes a la notificación
de la providencia que ampare los derechos fundamentales solicitados, emita
la decisión de reemplazo, tomando como referente las motivaciones o los
precedentes judiciales que en este escrito hemos sustentado y en
consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del Derecho.
CUARTA: De ser procedente solicito se vincule al señor Carlos Alirio Rueda
Lozada a efectos de que ejercite su derecho a la defensa y contradicción.
QUINTA: Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el
cumplimiento debido del fallo de tutela que se profiera.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) Carlos Alirio Rueda Lozada estuvo vinculado al municipio de Sopó,
en el cargo de celador, grado 477 código 10. Su nombramiento fue
prorrogado en varias ocasiones mediante Decretos No. 78 de 8 de mayo
de 2014, 179 de 7 de noviembre de 2014, 63 de 7 de mayo de 2015, 173 de
4 de noviembre de 2015, 81 de 3 de mayo de 2016, 179 de 1 de noviembre
de 2016 y Decreto 63 de 27 de abril de 2017. Mediante Decreto No. 98 de
30 de mayo de 2017, dicho ente territorial dio por terminado el
nombramiento del señor Rueda Lozada.
5. 2) Carlos Alirio Rueda Lozada presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Decreto No. 98 de 30 de mayo de
2017, con fundamento en que el referido acto administrativo se
encontraba viciado de nulidad pues fue expedido: (a) con infracción a las
normas en que debían fundarse, toda vez que no se basó en una causal
admisible para dar por terminado el nombramiento, (b) con falsa
motivación ya que no hubo razones objetivas y específicas que justificaran
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Decisión: Revoca - Ampara
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la terminación del vínculo con la autoridad administrativa y, (c) con
desviación de poder en atención a que la desvinculación tuvo como base
unos motivos diferentes a los incorporados en el acto (no especificó cuáles
eran esos motivos).
6. 3) El asunto le correspondió al Juzgado 3 Administrativo de Zipaquirá
que, mediante Sentencia de 30 de noviembre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda. Para ello indicó que los empleados
nombrados en provisionalidad gozaban de una estabilidad relativa y que
esa designación no se equiparaba con la de los empleados nombrados en
propiedad. Adujo que el acto administrativo se fundamentó en la causal
de vencimiento del plazo de nombramiento, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Agregó que no existió ninguna
prueba que permitiera concluir que la desvinculación obedeció a una
venganza personal. Por último, expresó que el señor Rueda Lozada no
gozaba de fuero sindical, como circunstancia que exigiera algún tipo de
autorización para la terminación del vínculo con la autoridad
administrativa.
7. 4) Carlos Alirio Rueda Lozada apeló esa decisión2 y, el 30 de
noviembre de 2021, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia apelada, accedió a
las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y ordenó al municipio de Sopó que reconociera y pagara los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el reintegro efectivo del
demandante al cargo que desempeñaba.
8. La autoridad judicial evidenció que el municipio de Sopó no había
realizado los trámites necesarios para adelantar el concurso de méritos
para la provisión de empleos de carrera administrativa en vacancia
definitiva. Adicional a lo anterior, encontró que la única motivación para la
desvinculación del señor Rueda Lozada fue la finalización del plazo de
nombramiento, sin embargo, no se observaron razones objetivas tales
como el mejoramiento del servicio, u otra razón objetiva que justificara la
necesidad de desvincular al demandante.
9. El fundamento de la vulneración radicó en que, a su juicio, la
decisión adoptada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente.
2 En el recurso de apelación el demandante insistió en que el acto administrativo estuvo viciado de las causales
de infracción a las normas en que debía fundarse y falsa motivación. Adicional a lo anterior, agregó que el
argumento de la autoridad administrativa referente al vencimiento del término del nombramiento no constituía
una razón suficiente para su desvinculación, en atención a que no existía una persona en carrera que ocupara
ese cargo.
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10. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 1227 de 2005 y 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, el vencimiento
del término de un nombramiento es una causal de retiro de un empleado
en provisionalidad.
11. En relación con el defecto fáctico indicó que el tribunal accionado
no valoró de manera adecuada la motivación del Decreto No. 98 de 30
de mayo de 2017, pues no analizó los motivos que el municipio de Sopó
tuvo en cuenta para la desvinculación del señor Rueda Lozada,
específicamente, de la Sentencia T-407 de 2016 de la Corte Constitucional.
12. Por último, indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció el precedente contenido en las Sentencias T-147 de 2013, T-407
de 2016 y T-84 de 2018 de la Corte Constitucional y de 26 de febrero de
2015, Rad. 2014-02479; de 17 de septiembre de 2014, Rad. 2014-00824; de
24 de mayo de 2019, Rad. 2019-00637; de 8 de octubre de 2020, Rad. 2020-
345; de 25 de febrero de 2021, Rad. 2021-00019 y de 30 de agosto de 2021,
Rad. 2021-002247 del Consejo de Estado, las cuales hicieron referencia al
vencimiento del periodo de nombramiento, como causal justificada para
la desvinculación del servicio.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 18 de marzo de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional. Para ello señaló que los
reparos planteados por la parte demandante estaban encaminadas a
mostrar su desacuerdo con las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto, lo cual evidenció que lo pretendido por el demandante era
utilizar este mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia
adicional.
14. La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia.
Para ello señaló que lo pretendido con la acción de tutela no era acudir a
una instancia adicional al proceso ordinario, sino solicitar la protección de
los derechos fundamentales en los que incurrió la autoridad judicial con los
defectos advertidos.
15. Adicional a lo anterior, insistió en la configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, como fueron propuestos en
el escrito de la acción de tutela.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de defectos. 2.3. Fijación de
la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5.
Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.6.
Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
16. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración
de los demás derechos invocados, surgen como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. Así las cosas, en el evento de encontrar
lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Identificación de defectos
17. La Sala estima pertinente precisar que, si bien la parte demandante
alegó en el escrito de tutela la configuración de un defecto fáctico, lo
cierto es que no cumplió con la carga argumentativa mínima, ya que su
reparo se circunscribió a la supuesta valoración inadecuada de la
motivación contenida en el Decreto No. 98 de 30 de mayo de 2017, lo
cual, resulta ser una reiteración de lo planteado a título de los demás
defectos, esto es, del defecto sustantivo y del desconocimiento del
precedente, los cuales giraron en torno a la normatividad y jurisprudencia
sobre dicho aspecto. Es más, en la impugnación, nada se indicó sobre el
presunto defecto fáctico, motivo por el cual, al igual que el juez de tutela
de primera instancia, esta Sala se sustraerá de su estudio.
2.3. Fijación de la controversia
18. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, si el la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez
de segunda instancia, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, por el presunto desconocimiento
normativo y jurisprudencial3 sobre la motivación del acto de terminación
3 Puntualmente, respecto del artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, del artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015
y de las sentencias de la Corte Constitucional T-147 de 2013, T-407 de 2016, T-84 de 2018, y del Consejo de Estado
de 26 de febrero de 2015 dentro del radicado 2014-02479; de 17 de septiembre de 2014, radicado: 2014-00824;
de 24 de mayo de 2019, radicado: 2019-00637; de 8 de octubre de 2020, radicado: 2020-345; de 25 de febrero
de 2021, radicado: 2021-00019 y de 30 de agosto de 2021, radicado: 2021-002247.
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del nombramiento en provisionalidad cuando se produce el vencimiento
del término. Como consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar,
modificar o revocar el fallo impugnado, según sea el caso.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
19. La Sala advierte que se esta acción de tutela es procedente porque
no existe recurso idóneo y eficaz, que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia enjuiciada (14/12/2021) y la de interposición
de la presente acción de tutela (11/2/2022). (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con la sentencia de segunda
instancia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de la
garantía fundamental al derecho al debido proceso, con ocasión de una
providencia judicial cuyo debate central es la terminación del
nombramiento de un empleado vinculado en provisionalidad.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
20. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado, por falta de relevancia constitucional
y, en su lugar, estudiará de fondo la controversia y accederá a la solicitud
de amparo al advertir la configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente y, con ello, la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso.
21. Según la parte actora, la autoridad judicial demandada pasó por
alto que el vencimiento del término de duración del nombramiento en
provisionalidad constituía una razón de motivación para su terminación, de
conformidad con la jurisprudencia y la normatividad.
22. Para resolver, es preciso indicar que, el Tribunal demandado, al
proferir la Sentencia de 30 de noviembre de 2021, hizo alusión a las
Sentencias SU-250 de 1998, SU-917 de 2010, T-147 de 2013 y SU-556 de 2014
de la Corte Constitucional y de 23 de octubre de 2012, Rad. No. 11001-03-
15-000-2012-00671-01(AC), de 3 de diciembre de 2015, Rad. No. 11001-03-
15-000-2015-01280-01y 25 de febrero de 2016, Radicado No. 11001-03-15-
4 Este análisis se hace de conformidad con el orden establecido en la Sentencia T-66 de 2019 de la Corte
Constitucional.
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000-2015-02002-01 del Consejo de Estado, para indicar que la motivación
del acto de desvinculación de provisionales era un requisito propio del
debido proceso y, a su vez, que dicha motivación debía cumplir con el
principio de razón suficiente. Además, citó apartes de las mencionadas
providencias de la Corte Constitucional en las que se abordó lo
relacionado con la desvinculación por terminación del período de 6 meses
fijados desde el nombramiento y, en virtud de las mismas, precisó que esa
no era una causal de retiro y concluyó (se trascribe):
“(…) el acto de retiro de los empleados provisionales debe seguir la regla
general de motivación de los actos administrativos, pues quien ejerce un
cargo en provisionalidad no puede asimilarse a un empleado de libre
nombramiento y remoción, ya que su origen legal no es la confianza para
ejercer funciones de dirección o manejo, sino la necesidad inmediata de suplir
una vacante y evitar la paralización de la función pública mientras se surten
los procedimientos ordinarios para proveerla con absoluto rigor.
En el presente asunto la desvinculación del actor se fundamentó en el
vencimiento del plazo del nombramiento provisional, y frente a dicha causal la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha concluido que la desvinculación
de un servidor provisional por la sola terminación del plazo del nombramiento,
incumple con el principio de razón suficiente.
(…)
De conformidad con lo expuesto, se advierte que el solo vencimiento del
plazo no constituye una razón válida para que se entienda que el retiro del
empleado provisional esté suficientemente justificado, pues dicho plazo solo se
entiende concedido por la norma para iniciar el proceso de convocatoria y
proveer los cargos a través de un concurso de méritos y no para justificar la
razón en que se funda la desvinculación del servidor.”
23. Al respecto, la Sala advierte que las providencias citadas como
fundamento de la decisión enjuiciada no establecen que el vencimiento
del término del nombramiento no sea una causal para darlo por
terminado, pues, las Sentencias SU-917 de 2010 y SU-556 de 2014 hacen
hincapié en el deber de motivar el acto administrativo de retiro de
empleados que ocupan un cargo en provisionalidad. Es más, la Sentencia
T-147 de 2013, citada por el Tribunal demandado, sí la contempla como
una razón o causal válida, bajo los siguientes términos (se trascribe):
“una motivación constitucionalmente admisible es aquella en la que la
insubsistencia se basa en argumentos puntuales como lo son la provisión
definitiva del cargo una vez realizado el respectivo concurso de méritos; la
calificación insatisfactoria del funcionario; la imposición de sanciones
disciplinarias y “otra razón específica atinente al servicio que está prestando”5,
como lo puede ser el vencimiento del período por el cual ha sido designado el
funcionario, siempre que la ley establezca esa posibilidad. En esa medida, las
referencias de carácter general con relación a la naturaleza provisional del
nombramiento, la no pertenencia a la carrera administrativa, la invocación
del ejercicio de una facultad discrecional que realmente no existe, o la “cita
de información, doctrina o jurisprudencia que no se relacionen de manera
directa e inmediata con el caso particular”6, no son admisibles como razones
5 Sentencia C-279 del 18 de abril de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
6 Sentencia T-104 del 20 de febrero de 2009. MP. Jaime Córdoba Triviño.
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claras, detalladas y precisas para la desvinculación de un funcionario7.” (Se
resalta).
24. En concordancia con lo anterior, la Sala evidencia que el artículo 10
del Decreto 1227 de 20058, aplicable en virtud de lo previsto en el literal c
del artículo 3 de la Ley 909 de 20049, establece la posibilidad de que se
pueda dar por terminado el nombramiento en provisionalidad antes de
cumplirse el término de duración autorizado10, el cual no puede ser superior
a 6 meses11. En esa medida, su desconocimiento, por parte del Tribunal
demandado, conlleva a la estructuración del defecto sustantivo alegado.
25. En relación con el desconocimiento del precedente judicial, se debe
indicar que este se configuró porque, tal como lo alegó la parte actora, la
posición de dar por terminado el nombramiento provisional por
vencimiento del término ha sido reiterada por la Corte Constitucional en las
Sentencias T-753 de 2010, T-147 de 2013, T-360 de 2015 y T-407 de 2016, en
las cuales dicha Corporación determinó que (se trascribe) “la expiración
del plazo del nombramiento constituye `razón suficiente´ para dar por
terminada la vinculación de un funcionario nombrado en provisionalidad”.
26. Es más, en las anteriores providencias precisó que, no obstante, la
regla fijada por la Sentencia SU-917 de 2010 y reiterada por la T-360 de
2015, consistente en que son admisibles razones puntuales como la
provisión definitiva de un cargo, la imposición de sanciones disciplinaria y/o
la calificación insatisfactoria, (se trascribe) “también pueden existir otras
circunstancias que justifiquen el retiro del cargo que se discute. Tal es el
caso de la expiración del plazo en el nombramiento”, circunstancia esta
que no fue admitida por el Tribunal demandado al decidir el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25899-33-33-003-2017-00277-01.
27. En este punto, se destaca que, en pronunciamientos anteriores12, la
Sala ha acogido el criterio fijado por la Corte Constitucional en decisiones
de tutela, proferidas en sede de revisión, esto es, la aceptación de que el
vencimiento del término del nombramiento en provisionalidad es una razón
suficiente para motivar su terminación, por lo cual, se prescindirá del
7 Entre otras, ver Sentencias: T-1204 del 02 de diciembre de 2004. MP. Humberto Antonio Sierra Porto, T-392 del 14
de abril de 2005. MP. Alfredo Beltrán Sierra, T-1112 del 07 de noviembre de 2008. MP. Jaime Córdoba Triviño, T-011
del 16 de enero 2009. MP. Nilson Pinilla Pinilla.
8 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.”
9 “Artículo 3. Campo de aplicación de la presente ley. (…) c) A los empleados públicos de carrera de las
entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados;”
10 “Artículo 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”. Dicha disposición fue reiterada
en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 e 2017.
11 "Artículo 8 del Decreto 1227 e 2005. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo
establecido en la Ley 909 de 2004. El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses”.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-
15-000-2020-03150-00. Confirmada en segunda instancia por la Sección Cuarta de esta Corporación, en
Sentencia de 8 de octubre de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 18 de
agosto de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2021-02247-01.
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estudio del precedente del Consejo de Estado que fue invocado por el
municipio de Sopó y se procederá a amparar su derecho fundamental al
debido proceso, tras evidenciar la configuración de los defectos alegados.
2.6. Conclusión
28. Por lo anterior, tras encontrar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso, la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, dejará
sin efectos la Sentencia de 30 de noviembre de 2021 de la Subsección F de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
ordenará que atienda lo expuesto anteriormente.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 18 de marzo de 2022, por medio de
la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, se dispone,
AMPARAR el derecho al debido proceso solicitado por el municipio de
Sopó, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 30 de noviembre
de 2021, por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25899-33-33-003-2017-002774-01 y, en
consecuencia, ORDENAR a la mencionada autoridad judicial que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión, en la cual, atienda lo expresado en la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01070-01
Demandante: Municipio de Sopó
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca - Ampara
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QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 de 10
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