Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01201-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de abril de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: WILSON JIMÉNEZ QUINTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SUBSIDIO
FAMILIAR. SENTENCIA CON EFECTOS EX TUNC.
DECRETO 3770 DE 2009. DEFECTO SUSTANTIVO.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante reprochó la providencia judicial que le negó el reconocimiento
del subsidio familiar, por no existir prueba que demostrara que este informó acerca del cambio
de estado civil o solicitó el reconocimiento de tal partida estando en servicio activo.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor Wilson
Jiménez Quintero en contra del Tribunal Administrativo de Santander para la protección
de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, consagrados en los artículos 29, 229 y 13 de la Carta Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Mediante escrito radicado el 17 de febrero de 2022 el señor Wilson Jiménez Quintero
presentó acción de tutela en contra de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 19 de agosto de 2021, con el fin de que se protejan los
derechos fundamentales antes referidos por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto
sustantivo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El accionante ingresó al Ejército Nacional el 12 de noviembre de 1992 en condición
de soldado regular, desde el 10 de julio de 1994 se desempeñó como soldado
voluntario y a partir del 1 de noviembre de 2003 pasó a ser soldado profesional.
2) Mediante escritura pública no. 3535 de 13 de noviembre de 2012 declaró su unión
marital de hecho con la señora Velsy Quintero Vásquez, pues convivía con su pareja
desde el 30 de marzo del 2008, unión de la cual nació el menor Stiven Alexander
Jiménez Quintero, el 5 de mayo de 2011.
3) A través de la Resolución no. 351 de 6 de marzo de 2014 le fue reconocida
asignación de retiro a partir del 16 de abril de 2014, sin que se incluyera lo
correspondiente al subsidio familiar.
4) En virtud de lo anterior, el 18 de diciembre de 2017 solicitó que se le reconociera el
subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, petición
que fue resuelta de manera negativa mediante el Oficio 2018311469731 MDNCGFM-
COEJC-SECEJ — JEMGF- COPER — DIPER -1.10 de 8 de agosto de 2018.
5) Por consiguiente, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo a través del
cual se negó el reconocimiento del subsidio familiar y, a título de restablecimiento, se
ordenara su pago conforme a lo establecido en el artículo 11 de Decreto 1794 del 2000
desde el 30 de marzo de 2008 hasta la fecha de retiro, esto es, el 16 de abril de 2014.
6) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja
mediante sentencia de 27 de octubre de 2020 negó las pretensiones de la demanda,
por cuanto el demandante no informó oportunamente el cambio de su estado civil y
tampoco solicitó directamente el subsidio familiar mientras estaba en servicio.
7) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, en
el que indicó que para la fecha en que se consolidó el derecho de devengar el subsidio
familiar existía una imposibilidad de reconocimiento que recaía sobre los soldados
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
profesionales que hubiesen cambiado de estado civil entre el año 2009 y 2014, por lo
que para esa época no podía solicitar dicha prestación.
8) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia
de 19 de agosto de 20211, en la que confirmó la decisión de negar las pretensiones de
la demanda por cuanto, si bien se anexó con la demanda la escritura pública no. 3535
de 2012 que daba cuenta de que el demandante convivía con su pareja desde el 30
de marzo del 2008, no existía en el plenario prueba siquiera sumaria que indicara que
este hubiere informado dicha situación a la institución o solicitado el reconocimiento y
pago del subsidio familiar estando en servicio activo.
2. El fundamento de la vulneración
La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
con ocasión del fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrió
en el defecto sustantivo.
Sostuvo que no tenía la obligación de reportar el cambio de estado civil, pues este no
surtía ningún efecto legal debido a que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el cual
establecía el derecho a devengar el subsidio familiar para los soldados profesionales,
fue derogado en su totalidad mediante el Decreto 3770 de 2009, norma que afectó el
derecho para aquellos que habían contraído matrimonio o declarado su unión marital
antes o durante su entrada en vigencia.
Señaló que como el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009
con efectos ex tunc, operó la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
por lo que esta era la norma vigente para la fecha de consolidación del derecho del
demandante.
De esta manera, consideró que exigir el cumplimiento de una formalidad que se
encontraba derogada para la fecha en que declaró su unión marital de hecho resultaba
desproporcional e inadecuado.
1 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 20 de agosto de 2021.
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están
siendo vulnerados por el H. Tribunal administrativo de Santander, al proferir
la sentencia de fecha 19 de agosto de 2021 en virtud de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, en lo relativo al reconocimiento y pago del
subsidio familiar que debió devengar el actor en su asignación salarial
mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del decreto
1794 del 2000.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto
negó el reconocimiento del subsidio familiar en la cuantía establecida en el
artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
3. Que una vez declarada la nulidad solicitada, se ordene a la autoridad
judicial accionada, Tribunal administrativo de Santander, a quien profiere una
nueva sentencia en la que se declare que el actor tiene derecho a que el
subsidio familiar sea liquidado y pagado conforme lo establece el artículo 11
del decreto 1794 el 2000 desde la fecha en que el actor consolidó el derecho
objetivo de reconocimiento de tal prestación.
4. Que se advierta a las entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su despacho profiera.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- mayúsculas
del original)
4. Actuación procesal
Mediante auto de 10 de marzo de 2022 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, al titular
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al
director del Ejército Nacional con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
Ninguna de las autoridades accionadas presentó informe de respuesta a la acción de
tutela.
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
6. Presunción de veracidad
Esta Sala considera necesario analizar la figura de la presunción de veracidad, para
ello se tiene que el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece que: “Si el informe
no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación
previa.”
Así, el funcionario judicial puede tener como ciertos los hechos de la demanda, pero
siempre que cuente con cualquier medio de prueba del que se deduzca su evidente
amenaza o violación. Al respecto, en sentencia T-214 de marzo 28 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio, el Alto Tribunal Constitucional explicó que “la presunción
de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o
negligencia de la entidad pública o particular contra quien se ha interpuesto la
demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere
informaciones y las entidades o empresas no las rinden dentro del plazo respectivo,
buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse
supeditado a la respuesta de las entidades referidas.”.
En el presente caso las autoridades accionadas no presentaron informe, lo que, en
principio, bastaría para afirmar que en el presente caso es dable aplicar a plenitud la
presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, sin
embargo, se debe precisar que como lo ha dicho esta Sala en anteriores oportunidades
dicha aplicación no puede ser absoluta sino que debe ir acompasada con el deber de
probar los supuestos fácticos que se alegan, esto es, la obligación del accionante de
demostrar los hechos que pretende aducir, institución que ha sido denominada
históricamente como la carga de la prueba.
En este punto, recuerda la Sala que, si bien la acción de tutela tiene un trámite informal,
esto no exime al demandante de probar los supuestos de hecho, aun en los eventos
en que se dé aplicación a la presunción de veracidad, como bien lo advirtió la Corte
Constitucional:
“Tal como lo ha sostenido en innumerables pronunciamientos este Tribunal,
el ejercicio de la acción de tutela se encuentra orientado por el principio de
informalidad, lo cual supone que el rigor formal propio de otras áreas del
derecho procesal no se hace presente en este contexto, teniendo en cuenta
que el fin último de este mecanismo constitucional es la protección efectiva
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
e inmediata de los derechos fundamentales. Sin embargo, este parámetro
no debe ser entendido como una patente de corso para que el juez
constitucional acceda a todo lo pedido por quien se considera afectado,
en virtud de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991, pues la carga mínima que se impone para quien
accede a la jurisdicción constitucional, es probar sumariamente la
vulneración o amenaza de sus garantías individuales (onus probandi
incumbit actori)”2. (negrilla de la Sala).
En atención a los anteriores planteamientos y dando aplicación a los lineamientos
jurisprudenciales en cita, esta Sala de decisión tendrá por ciertos únicamente aquellos
hechos alegados en la demanda que se encuentren plenamente verificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2 Corte Constitucional, ssentencia T-808 de 2010.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Santander con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 19 de
agosto de 2021 pues adolece del defecto sustantivo.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional por las razones que procederán a exponerse:
1) Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario y
que estaban dirigidos a que se reconociera y pagara el subsidio familiar consagrado
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin que se le exigiera al demandante
prueba que indicara que había informado el cambio en su estado civil, pues para la
fecha en que consolidó el derecho existía una imposibilidad jurídica de reconocimiento
en virtud del Decreto 3770 de 2009 que derogó dicha partida.
2) Ahora bien, en el recurso de apelación del proceso ordinario el señor Wilson
Jiménez Quintero indicó en los mismos términos que ahora plantea que, si bien el 13
de noviembre de 2012 declaró ante notaria la existencia de su unión marital de hecho,
para esa fecha la normatividad que regulaba todo lo relacionado con el subsidio familiar
para los soldados profesionales era el Decreto 3770 del 2009, norma que impedía que
se efectuara cualquier reconocimiento por dicha prestación, por lo que solo a partir de
la declaratoria de nulidad de dicho acto administrativo operó la reviviscencia del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo que generó el derecho a reclamar. Al respecto,
señaló:
“El motivo de inconformidad hace referencia a la negativa de
reconocimiento del subsidio familiar conforme a la cuantía
establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000, pues
considera el fallador de primera instancia que el demandante al declarar
la existencia de su unión marital de hecho nunca solicitó el
reconocimiento de esta prestación, por lo tanto afirmó que el
reconocimiento de esa prestación no procede de manera oficiosa por
parte de la entidad, echando de menos el juzgador de primera
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
instancia que sobre el demandante recayó una imposibilidad
jurídica de reconocimiento puesto que cuando este cambio de
Estado civil, el decreto que regía lo relativo al reconocimiento del
subsidio familiar de los soldados profesionales era el 3770 del 2009,
el cual impedía efectuar reconocimiento alguno por tal prestación.
(…)
Por lo manifestado con anterioridad se puede concluir que el demandante
consolidó el derecho a devengar el subsidio familiar a partir de la fecha
en que celebró el documento público con el que acreditaba su cambio de
Estado civil, es decir el 13 de noviembre de 2012, pues con ese cambio
era acreedor a devengar subsidio familiar sin embargo para esta fecha
la normatividad que regulaba todo lo relacionado con el subsidio
familiar para los soldados profesionales era el decreto 3770 del
2009, norma que impedía que se efectuará cualquier reconocimiento
por esa partida.
Por lo tanto, es evidente que el demandante se vio afectado en la
expedición del precitado decreto y por lo tanto en virtud de los efectos de
la nulidad declarada mediante sentencia del 8 de junio del 2017, se debe
ordenar el reconocimiento del subsidio familiar con fundamento en el
artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
Por lo anterior no es de recibo el argumento utilizado por el fallador de
primer grado, en el sentido de indicar que el demandante no
demostró haber solicitado el subsidio familiar en vigencia del
decreto 3770 del 2009, pues echa de menos el fallador, que para la
fecha en que el demandante consolidó el derecho a devengar el
subsidio familiar existían una imposibilidad jurídica de
reconocimiento que recaía sobre todo los soldados profesionales
que hubiesen cambiado de Estado civil entre el año 2009 y el año
2014, pues la normatividad vigente impedía realizar cualquier
reconocimiento por subsidio familiar.
Por tal razón es claro que el 13 de noviembre de 2012 -fecha de
declaración de la unión marital de hecho- el demandante no podía
solicitar el reconocimiento del subsidio familiar, puesto que no existía
siquiera formato que el beneficiario pudiese diligenciar ya que la norma
vigente para la fecha de los hechos -decreto 3770 del 2009-, impedía que
la entidad realizará un reconocimiento del subsidio familiar, puesto que
éste derogó el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrilla de la Sala).
3) Por su parte, en el fallo de 19 de agosto de 2021 que resolvió el recurso de apelación
el Tribunal Administrativo de Santander, después de hacer el análisis de las pruebas
allegadas al proceso y el estudio del marco normativo y jurisprudencial sobre la
materia, indicó que, si bien se anexó con la demanda la escritura pública no. 3535 de
13 de noviembre de 2012, donde el demandante manifestó que convivía con su pareja
desde el 30 de marzo del 2008, no existía en el plenario prueba de la cual se pudiera
inferir que el señor Jiménez Quintero informó dicha situación a la institución o solicitó
el reconocimiento y pago del subsidio familiar estando en servicio activo, como lo indicó
la providencia en los siguientes términos:
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
“Aparece acreditado también mediante declaración de unión marital de
hecho de fecha 13 de noviembre de 2012, que convivía con su pareja desde
el 30 de marzo del 2008, es decir, en vigencia del Decreto 1794 de 2000,
pues como se vio, la sentencia de nulidad del 8 de junio de 2017, revivió los
efectos de la citada norma, cual si esta nunca hubiera sido derogada.
En vista de lo anterior, surgiría para el actor el derecho al reconocimiento del
subsidio familiar en la forma prevista en el artículo 11 del citado Decreto 1794
de 2000, equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual
más la prima de antigüedad; con efectos fiscales desde el momento en que
puso en conocimiento su situación civil a la entidad demandada hasta la
fecha en que se le reconoció la asignación de retiro.
No obstante, lo anterior advierte la Colegiatura que la norma en
precedencia indica que el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza,
situación que en el caso de marras brilla por su ausencia.
Pues si bien se anexo con la demanda la escritura pública No 3535 de
fecha 13 de noviembre de 2012, indicando que convivía con su pareja
desde el 30 de marzo del 2008 y de esta unión nació el menor hijo el 05
de mayo de 2011, no existe en el plenario prueba siquiera sumaria que
indique que haya informado dicha situación a la institución o solicitado
el reconocimiento y pago del subsidio familiar estando en servicio
activo.
Así las cosas, acoge la Sala la postura que el subsidio familiar es un beneficio
económico que no opera de manera automática, sino que su reconocimiento
debe ser solicitado directamente por el interesado, de tal manera que el actor
debe asumir las consecuencias negativas de esta omisión.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrilla de la Sala).
4) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos encaminados a
determinar si con la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009 era procedente el reconocimiento y pago a favor del demandante de la partida
de subsidio familiar prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde la fecha
en que declaró la unión marital de hecho, fueron debidamente analizados y resueltos
en la providencia de 19 de agosto de 2021 que confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda.
5) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los que fueron
analizados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión
tendiente a determinar si había lugar o no al reconocimiento del subsidio familiar. En
la acción de tutela se indicó:
“Con lo anterior, la máxima corporación precisó y dejó claro que al
declarar la nulidad con efectos ex tunc del decreto 3770 del 2009 operó
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01201-00
Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
la reviviscencia del artículo 11 del decreto 1794 del 2000, es decir que
esta última disposición relativa al reconocimiento del subsidio familiar
para los soldados profesionales en cuantía del 4% del sueldo básico
adicionado en el 100% de la prima de antigüedad, estuvo vigente desde
su expedición -1 de enero de 2001 hasta que fue subrogado por el
decreto 1161 del 2014 el 25 de junio del 2014. En conclusión y en atención
a la fecha en que el accionante consolidó el derecho objetivo de
reconocimiento es evidente que la norma vigente y aplicable para el caso del
accionante sería sin lugar a duda el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
En aplicación a tales consideraciones se logra evidenciar que el SEÑOR
WILSON JIMÉNEZ QUINTERO consolidó el derecho objetivo de
reconocimiento de subsidio familiar en el preciso instante en que cambio de
Estado civil declarando la existencia de su unión marital de hecho con la
señora VELSY QUINTERO VÁZQUEZ tal y como consta en la escritura
pública No. 3535 del 13 de noviembre de 2012, en la cual se declaró que
desde el 30 de marzo del 2008 convivían en unión marital de hecho.
Pese a lo anterior, y como se indicó con anterioridad, el accionante no podía
alcanzar la materialización de su derecho subjetivo de reconocimiento
del subsidio familiar para la fecha en que realizó la declaración de unión
marital de hecho, pues la norma vigente era el decreto 3770 del 2009.
Aunado a lo anterior, tampoco alcanzó su reconocimiento bajo los
parámetros del decreto 1161 del 2014, pues este rigió a partir de junio del
2014, y el retiro del actor de la institución se efectuó el 11 de abril de 2014.
Por lo tanto y en vista de la declaratoria de nulidad del decreto 3770 del
2009 y los efectos ex tunc, la norma vigente para la fecha de
consolidación del derecho objetivo es sin duda el artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)
6) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación, los
cuales fueron resueltos en las instancias pertinentes del proceso ordinario y se
dirigieron de manera exclusiva a que se reconozca que el señor Jiménez Quintero
tiene derecho al reconocimiento del subsidio familiar conforme lo dispuesto en el
artículo 11 de Decreto 1794 de 2000, pues con la decisión que anuló el Decreto 3770
de 2009 operó la reviviscencia de ese acto administrativo durante todo el tiempo que
fue expulsado del ordenamiento jurídico.
7) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela concluyó que, a pesar de que en el proceso se
encontraba probado que el demandante había cambiado su estado civil, no estaba
acreditado que dicha situación hubiese sido informada al Ejército Nacional ni que este
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
haya solicitado el reconocimiento del subsidio familiar estando en el servicio activo, sin
que fuera de recibo para justificar tal omisión el argumento de la expedición del Decreto
3770 de 2009, pues la unión marital del demandante tuvo génesis el 30 de marzo de
2008, fecha en la que aún tenía plena vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
-que se expidió y tuvo vigor a partir del 30 de septiembre de 2009,- por lo que se
advierte que se trata de un planteamiento que fue analizado y resuelto en la
providencia de instancia, sin que le sea dado al juez de tutela inmiscuirse en asuntos
que no son de su resorte, con el único fin de imponer su criterio frente al del juez natural
de la causa pues ello desconocería la finalidad de esta herramienta constitucional así
como los principios de independencia y autonomía judicial.
8) Por consiguiente, la Sala advierte que lo que pretende el demandante es reabrir una
discusión propia del proceso ordinario, con el fin de que se estudie nuevamente si se
tiene o no el derecho al reconocimiento del subsidio familiar, asunto que no le
corresponden al juez de la tutela.
9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
10) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela en
atención a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Demandante: Wilson Jiménez Quintero
Acción de tutela
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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