Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00897-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de marzo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00897-00
Demandante: GERARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBIUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUBSIDIO FAMILIAR DE SOLDADOS PROFESIONALES.
NIEGA PRETENSIONES
Síntesis del caso: el demandante consideró que en la providencia cuestionada se desconoció el
precedente contenido en una sentencia del Consejo de Estado, en la cual se ordenó el reajuste del
subsidio familiar sin declarar la prescripción, al tiempo que se configuró un defecto sustantivo porque
se realizó una interpretación errónea de la norma aplicada y se omitió que la constancia de ejecutoria
de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado que declaró nulo con
efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, daba cuenta desde cuándo los soldados tenían la real
posibilidad de pedir ese beneficio en los términos del Decreto 1794 de 2000. La Sala negará el
amparo invocado, tras verificar que no se presentaron los defectos invocados.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por el señor
Gerardo Rodríguez Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración
de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia de 12 de septiembre de 2024 proferida por dicha
autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Gerardo Rodríguez Martínez ingresó al Ejército Nacional el 14 de noviembre de
1997 para prestar el servicio militar, el 16 de mayo de 1999 se vinculó como soldado
voluntario y a partir del 1 de noviembre de 2003 como soldado profesional.
1 Mediante escrito radicado el 17 de febrero de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00897-00
Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
Acción de tutela
2) El 12 de octubre de 2010, contrajo matrimonio con la señora Nelly Esperanza Gil López.
3) Mediante Decreto no. 1794 de 2000, el Gobierno Nacional creó el régimen salarial y
prestacional del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares, el cual disponía
en su artículo 11 para el soldado profesional casado o con unión marital de hecho vigente
el derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento
(4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad, sin embargo, dicha
disposición fue derogada a través del Decreto 3770 de 30 de septiembre de 2009.
3) Posteriormente, se expidió el Decreto no. 1161 del 25 de junio de 2014, por medio del
cual se creó nuevamente el subsidio, pero en una cuantía distinta e inferior.
4) A través de Orden Administrativa de Personal no. 2176 del 30 de octubre de 2015, le fue
reconocido el subsidio familiar con fundamento en los parámetros del Decreto 1161 de 2014
y por un total de 23%.
5) Fue dado de baja el 29 de abril de 2018, mediante Resolución no. 8777 del 23 de marzo
de 2018.
6) Mediante sentencia de 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado declaró nulo con efectos
ex tunc el Decreto 3770 de 2009.
7) Por considerar que le eran aplicables los efectos del referido fallo, el 22 de marzo de 2018
elevó una nueva reclamación ante el Ejército Nacional para que se le reconociera esa
prestación, pero esta vez en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde
la consolidación del derecho, esto es, el 12 de octubre de 2010 –fecha de su matrimonio–.
8) No obstante, dicha solicitud fue negada mediante Oficio no. 20183111709721 MDN-
CGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 10 de septiembre de 2018 porque
ya se le había reconocido esa misma prestación de conformidad con los parámetros del
Decreto no. 1161 del 25 de junio de 2014.
9) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, en la que pidió la declaratoria de nulidad
del acto administrativo antes referido y, a título de restablecimiento, que se condenara a la
demandada a reconocer y pagar el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
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Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
Acción de tutela
10) En sentencia de 17 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda por cuanto el actor no tenía derecho
a que se le reliquidaran las prestaciones sociales con la inclusión de la prima de actividad;
además, porque el reconocimiento del subsidio familiar en favor de la parte demandante
debía realizarse a la luz del Decreto 1161 de 2014, pues elevó la solicitud con posterioridad
al 1 de julio de ese año.
11) Apeló la decisión por considerar que el a quo, para el reconocimiento del subsidio
familiar, no tuvo en cuenta que el derecho se consolidó cuando se celebró el matrimonio y
que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 tuvo efectos ex tunc, pues se
declaró desde su origen, según lo indicó el Consejo de Estado en providencia del 8 de
septiembre de 2017, con lo cual se revivió el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
12) A través de sentencia de 12 de septiembre de 20242, el Tribunal Administrativo de
Boyacá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y condenó al Ejército Nacional a reconocer y pagar el subsidio
familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000; asimismo, tuvo por
probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias causadas antes del 22 de
marzo de 2015, puesto que reconocer efectos retroactivos desde la fecha del matrimonio,
implicaría que, jurídicamente, el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento
jurídico.
Fundamentos de la vulneración
El actor alegó que la providencia de 12 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá adolece de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente con base en los siguientes argumentos:
Frente al primer reparo, sostuvo que el tribunal hizo una indebida interpretación de la norma
aplicada, lo cual conllevó a equiparar la consolidación del derecho con la exigibilidad de este
y, en consecuencia, a determinar de forma incorrecta que los efectos fiscales del
reconocimiento del subsidio familiar operarían a partir del 22 de marzo de 2015 y no del 12
de octubre de 2010, fecha en la cual contrajo matrimonio.
2 Decisión notificada el 18 de septiembre de 2024.
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Acción de tutela
La autoridad judicial demandada tampoco advirtió que de la constancia de ejecutoria del 26
de septiembre de 2017 de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de
Estado que declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, se podía verificar que
no operó el fenómeno de la prescripción de que trata el artículo 174 del Decreto no. 1211
de 19903.
A su juicio, solo fue con la sentencia antes mencionada que volvió a la vida jurídica el artículo
11 del Decreto no. 1794 de 2000, por consiguiente, a partir de su ejecutoria el 26 de
septiembre de 2017, fue que surgió para los soldados profesionales la posibilidad de
reclamar el subsidio familiar cobijado por dicha disposición normativa.
En cuanto al segundo defecto, sostuvo que el tribunal desconoció el precedente contenido
en varias sentencias del Consejo de Estado4, en las cuales se indicó que la prescripción de
derechos se contabiliza a partir de la ejecutoria de la providencia de la sentencia que declaró
la nulidad de los decretos que impedían la inclusión del factor salarial.
Solo a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la nulidad de un acto con efectos
ex tunc es que se obtiene la exigibilidad del derecho, por lo cual es a partir de ahí que el
beneficiario está habilitado para reclamar su reconocimiento.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de
fecha 12 de septiembre de 2024 mediante la cual se ordenó el reconocimiento del
subsidio familiar conforme lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000
pero se (sic) los efectos fiscales fueron ordenados a partir del 22 de marzo de 2015
en razón a la prescripción.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados
se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la
3 “ARTICULO 174. Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años,
que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de
los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto
administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”.
4 Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 21 de junio de 2001, exp. No.
25000-23-25-000-1998-3184-00, CP Tarcisio Cáceres Toro; Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, sentencia del 4 de octubre de 2007, exp. No. 25000-23-25-000-2005-04230-01; Subsección A de
la Sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 21 de abril de 2016, exp. No. 0500-23-31-000-2003-
01220-01, CP William Hernández Gómez.
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Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
Acción de tutela
autoridad judicial accionada, Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera
nueva sentencia en la cual se declare que sobre el caso en concreto no ha operado
el fenómeno de la prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá a que
disponga que el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar bajo los términos
del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 debe operar desde el 12 de octubre de
2010 hasta la fecha en que se efectúe el retiro de la institución del demandante.
4. Que se advierta a las entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva
el incumplimiento de la providencia que su despacho profiera.” (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
Actuación procesal
Mediante auto de 20 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Boyacá, al titular
del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al ministro de Defensa
Nacional y al comandante del Ejército Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá afirmó que no se amenazó
ninguno de los derechos fundamentales invocados, puesto que actuó de manera razonable
dentro de la órbita de autonomía que le reconoce la Carta Política a la función jurisdiccional,
sin que al hacerlo hubiera interpretado o aplicado equivocadamente la ley, ni hubiera
valorado erradamente el material probatorio o hubiera omitido injustificadamente algún
elemento de prueba relevante para tomar la decisión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) análisis de los requisitos generales
de procedencia, 3) el caso concreto, 4) marco jurídico relativo al subsidio familiar, 5) análisis
del defecto fáctico y 6) análisis del desconocimiento del precedente.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
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Acción de tutela
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Análisis de los requisitos generales de procedencia
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la
acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada5 ; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida
como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) la parte demandante identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, v)
no se ataca una sentencia de tutela.
Asimismo, vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se
alegó la configuración del defecto sustantivo por la indebida interpretación de una norma y
el desconocimiento del precedente, lo cual conllevó a que se declarara la prescripción de
algunas sumas, aspecto que no constituye una reiteración de lo debatido en el proceso
ordinario y, por tanto, no fue objeto de apelación, ya que corresponde decidido en la
segunda instancia.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Boyacá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente
5 La sentencia fue notificada el 18 de septiembre de 2024 y la demanda se presentó el 17 de febrero del
presente año.
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Acción de tutela
vulnerados con ocasión de la providencia de 12 de septiembre de 2024 que declaró la
prescripción de las diferencias causadas en el subsidio que le fue pagado al actor y el que
se reconoció en esa decisión.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, por las razones que pasan a explicarse:
3.1 Marco jurídico relativo al subsidio familiar
En primer lugar, debe destacarse que con la expedición del Decreto 1211 del 8 de junio de
1990 se reguló el subsidio familiar como un factor computable en las asignaciones de retiro,
pero únicamente en favor de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en un
porcentaje equivalente al 30% del sueldo básico percibido por estos, a través de sus
artículos 79 y siguientes.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1794 del 14 de septiembre de 2000, en cuyo artículo
11 se reconoció el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones de retiro
de soldados profesionales, en un porcentaje del 4% del salario básico percibido por estos,
más las sumas por concepto de prima de antigüedad.
Seguidamente, se emitió el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en cuyos artículos
13 y 23 consagró el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones de retiro
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de miembros de la Policía Nacional,
pero nada señaló respecto de los soldados profesionales.
Con el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, se derogó el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 y se precisó que aquellos soldados o infantes de marina profesionales que
para la fecha de su entrada en vigor se encontraran disfrutando de dicha prestación,
continuarían percibiendo las sumas por ese concepto hasta la fecha de su retiro del servicio.
Con posterioridad, se emitió el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, el cual en su artículo
1º consagró el subsidio familiar como factor computable en las asignaciones de retiro de
soldados e infantes de marina profesionales a partir del 1 de julio de 2014.
Además, mediante el artículo 5º ibidem se señaló que desde el 1 de julio de 2014 se incluiría
el subsidio familiar como partida computable para liquidar las asignaciones de retiro y
pensión de invalidez de soldados profesionales e infantes de marina profesionales en un
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porcentaje equivalente al 70% de lo devengado por ellos en actividad por ese concepto, el
cual sería sumado directamente a los valores reconocidos en razón de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez y liquidado conforme al Decreto 4433 de 2004.
Por su parte, a través del artículo 1 del Decreto No. 1162 del 24 de junio de 2014 se
estableció que para aquellos soldados profesionales que venían devengando el subsidio
familiar conforme a los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendría como partida
computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez, el 30% de dicho
valor.
Así las cosas, se advierte que fue hasta la expedición de los Decretos números 1161 y 1162
de 2014 que se contempló expresamente la posibilidad de que se reconociera el subsidio
familiar como factor computable en la asignación de retiro en favor de soldados e infantes
de marina profesionales, pues previamente a su emisión, el reconocimiento y pago de la
misma se daba por vía jurisprudencial, con sujeción al derecho de igualdad y en
consideración a la finalidad primordial de la referida prestación social.
Finalmente, mediante proveído del 8 de junio de 2017 la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación en el proceso con radicación 11001-03-25-000-2010-00065-
00 (0686-2010) declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, lo que generó la
reviviscencia del subsidio familiar en los términos del artículo 11 de ese cuerpo normativo,
como factor computable en las asignaciones de retiro de los soldados profesionales.
3.2 Caracterización del defecto sustantivo
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 6.
La Corte Constitucional estableció7 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de las
partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas aplicables
6 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una determinada materia.
Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
(iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del
precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso8.”.
3.3. El análisis del defecto sustantivo en el caso concreto
1) Para la parte actora, el tribunal incurrió en un defecto sustantivo porque realizó una errada
interpretación de la norma aplicada, lo cual conllevó a equiparar la consolidación del derecho
con la exigibilidad de este y, en consecuencia, a determinar de forma incorrecta que los
efectos fiscales del reconocimiento del subsidio familiar operarían a partir del 22 de marzo
de 2015 y no del 12 de octubre de 2010, fecha en la cual contrajo matrimonio.
2) A su juicio, solo fue con la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de
Estado que declaró nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009, que volvió a la vida
jurídica el artículo 11 del Decreto no. 1794 de 2000, por consiguiente, a partir de su
ejecutoria -el 26 de septiembre de 2017- fue que surgió para los soldados profesionales la
posibilidad de reclamar el subsidio familiar cobijado por dicha disposición normativa.
3) Con el fin de verificar si se presentó o no el defecto invocado procederemos a exponer
las razones del tribunal para declarar la prescripción, veamos:
“En el plenario está acreditado el vínculo matrimonial del actor en 2010,
momento en el que no se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 1794
del 2000, teniendo en cuenta que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009,
y solo hasta el 8 de junio de 2017, con la publicación de la sentencia expedida
por el Consejo de Estado, retomó vigencia el mencionado artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
Resalta la Sala que no cabe la exigencia al demandante de declarar ante la
entidad demandada su vínculo matrimonial tan pronto fue realizado, en el
entendido de que para la fecha en que se conformó no existía el subsidio
familiar, por la derogación expresa que realizó el Decreto 1794 de 2000. Por ende,
para ese momento era innecesario que el actor declarara su vínculo familiar.
8 Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.
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La Sala concluye, entonces, que el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago del subsidio familiar de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1794 del año 2000, pues la consolidación de su
derecho ocurrió en el interregno del vacío regulatorio que se llenó con el
pronunciamiento del Consejo de Estado.
(…).
La pretensión del demandante refiere que el derecho se causó inmediatamente
contrajo matrimonio. Al respecto, la Sala precisa que el cómputo debe efectuarse
desde que la obligación se hace exigible y se interrumpe por una sola vez
con el reclamo del trabajador; reconocer efectos retroactivos desde la fecha
del matrimonio, implicaría que jurídicamente el Decreto 1794 de 2000 nunca
fue retirado del ordenamiento.
De acuerdo con lo probado en el plenario, el accionante presentó su solicitud el
22 de marzo de 2018, y luego formuló la demanda el 19 de febrero de 2019.
En consecuencia, los efectos fiscales de la reliquidación que se ordena
judicialmente cobija (sic) los 3 años anteriores a la solicitud en comento, es
decir, corren desde el 22 de marzo de 2015.
4) Sobre el particular, la Sala estima que la providencia cuestionada no adolece del defecto
endilgado, pues el tribunal fue mucho más garantista cuando consideró que el término de
prescripción no se podía contar desde la fecha en que se cambió el vínculo civil, debido a
que para ese momento se había derogado el subsidio familiar, y tampoco desde la fecha de
la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado, sino,
por el contrario, el término debía iniciar a partir del momento en el que el demandante
presentó su solicitud, esto es, el 22 de marzo de 2018.
5) Si bien la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc permitió revivir las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000, el momento relevante para determinar el
surgimiento del derecho al subsidio familiar y, por ende, la aplicación de la prescripción, no
estaba directamente vinculado con la fecha de la mencionada sentencia del Consejo de
Estado, puesto que el derecho a esa prestación y la posibilidad de su reclamación se dieron
en el interregno del vacío regulatorio que se suplió con el pronunciamiento del Consejo de
Estado, momento en el cual surgió para el demandante la oportunidad de volver a reclamar
su reconocimiento, como lo ha puesto de presente esta misma Sala de Decisión de manera
reiterada en ocasionase anteriores9.
6) Por las razones expuestas se advierte que este cargo no tiene vocación de prosperidad.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 4 de abril de 2022. CP Fredy Ibarra Martínez.
Radicación No. 11001-03-15-000-2022-01201-00; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26
de abril de 2022. CP Fredy Ibarra Martínez. Radicación No. 11001-03-15-000-2021-11289-01; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia de 27 de febrero de 2023. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicación No. 11001-03-15-
000-2023-00305-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00897-00
Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
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3.4 Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto
1) La demandante mencionó que el tribunal desconoció el precedente contenido en varias
sentencias del Consejo de Estado10, en las cuales se indicó que la prescripción de derechos
se contabilizaba a partir de la ejecutoria de la providencia de la sentencia que declaró la
nulidad de los decretos que impedían la inclusión del factor salarial.
2) No obstante, la Sala observa que la interpretación del tribunal es razonable y conforme a
derecho y a lo probado en el proceso, debido a que partió del supuesto particular en el que
el derecho se hizo exigible cuando no existía el subsidio familiar, por la derogación expresa
que realizó el Decreto 1794 de 200011, pero no se desconoció que era a partir de la sentencia
del 8 de junio de 2017 que este podía volverse a reclamar, como efectivamente sucedió,
pues el demandante presentó su petición el 22 de marzo de 2018.
3) Para la Sala, de la decisión expuesta no se advierte un análisis desmedido del que se
pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez ordinario, pues se resolvió el
caso con fundamento en razones debidamente sustentadas, sin que se haya demostrado el
supuesto defecto alegado por la parte actora.
4) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en desconocimiento del precedente, en
atención a que la decisión cuestionada no se apartó de ningún tipo de interpretación
vinculante de esta Corporación y se sustentó de manera suficiente y razonada, por lo que
se negará el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
10 Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 21 de junio de 2001, exp. No.
25000-23-25-000-1998-3184-00, CP Tarcisio Cáceres Toro; Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, sentencia del 4 de octubre de 2007, exp. No. 25000-23-25-000-2005-04230-01; Subsección A de
la Sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 21 de abril de 2016, exp. No. 0500-23-31-000-2003-
01220-01, CP William Hernández Gómez.
11 Norma que posteriormente fue derogada por el Decreto 3770 de 2009.
.
12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00897-00
Demandante: Gerardo Rodríguez Martínez
Acción de tutela
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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