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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08027-01

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08027-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se negó la solicitud de tutela presentada por Jairo García Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08027-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08027-01
Demandante: Jairo García Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
Derecho / Prescripción del reajuste de subsidio familiar /
Desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Jairo García Rojas, en contra de la
sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Jairo García Rojas promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 26 de junio del 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 15001-3333-008-2019-00219-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08027-01
Demandante: Jairo García Rojas

Nacional con la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante
el cual se le negó la solicitud del reconocimiento del subsidio familiar establecido al
artículo 11 del Decreto 1794 del 2000.

2.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en sentencia del
26 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
existió fundamento legal para ordenar el reajuste del subsidio familiar en los
términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues solicitó su reconocimiento
y pago el 9 de octubre de 2014, cuando estaba vigente el Decreto 1161 de 2014,
por lo que era la norma que debía aplicarse, como en efecto sucedió. En contra de
esta decisión interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 26 de junio de 2025 revocó
la decisión del a quo, y en su lugar, accedió las pretensiones de la demanda, al
concluir que, sí tenía derecho al reajuste solicitado, ya que el supuesto de hecho
que habilitaba el reconocimiento del subsidio familiar tuvo lugar entre el 30 de
septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014 cuando el Decreto 1794 recobró
vigencia. Sin embargo, limitó los efectos económicos al declarar la prescripción de
los derechos previos al 2 de abril del 2016.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo por una interpretación errónea a la norma sobre prescripción,
pues se confundió el momento en que el derecho podía exigirse con aquel momento
en que se consolidó.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado2 en el cual
se ha reiterado que cuando se deroga una norma con efectos ex tunc, la
prescripción solo empieza a contar desde que queda en firme la sentencia de
nulidad, ya que antes el derecho no era exigible.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de fecha
26 de junio de 2025 mediante la cual se declaró la prescripción de derechos reclamados
con anterioridad al 2 de abril de 2016.

2 Al respecto citó las siguientes sentencias: i) 21 de junio de 2001, radicado 25000 2325 000 1998 3184 -00

(3824-00), C.P. Tarcisio Caceres Toro; ii) 4 de octubre de 2007, radicado 25000 2325 000 2005 04230 01 (2281-
06) C.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; iii) 21 de abril de 2016, radicado 05001 2331 000 2003 01220 01
(0239-14), C.P: William Hernández Gómez; iv) sentencia del 27 de julio de 2017, radicado 08001- 23-33-000-
2013-00561-01 (1146-15) Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Véle; v) 19 de abril de 2018, radicado
25000- 23-42-000-2013-03880-01 (2586-16) C.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Jairo García Rojas

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la autoridad
judicial accionada, Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera nueva sentencia en
la cual se declare que sobre el caso en concreto no ha operado el fenómeno de la
prescripción
.
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá a que
disponga que el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar bajo los términos del
artículo 11 del decreto 1794 del 2000 debe operar desde el 15 de diciembre de 2010
hasta la fecha en que se efectué el retiro de la institución del accionante.

4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de la providencia que su despacho profiera […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja3 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que,
en el escrito de tutela no se argumentó cómo se vulneraron los derechos
fundamentales de su parte, ya que la inconformidad surgió con la sentencia de
segunda instancia. Asimismo, que se declarara improcedente por cuanto la
verdadera intención es convertir el amparo en una tercera instancia.

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá4 requirió que se declarara improcedente
la petición de amparo, toda vez que la sentencia cuestionada se ajustó al marco
normativo y al precedente jurisprudencial aplicables en conjunto con los elementos
fácticos, los cuales lo llevaron a concluir que la prescripción debía contabilizarse
conforme a los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. A su vez,
consideró que la tutela no puede reabrir discusiones propias del proceso ordinario,
con la excepción de un defecto relevante, lo cual no ocurre en este caso.

6. El Ministerio de Defensa Nacional5 pretendió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, ante la ausencia de vulneración de los derechos invocados y
de la configuración de los defectos endilgados. Asimismo, porque la tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.

7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

3 Ver índice 8 de Samai del expediente de primera instancia. Actuación denominada
8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 8.
4
Ver índice 9 de Samai del expediente de primera instancia. Actuación denominada
12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestaciontutela(.pdf) NroActua 9.
5 Ver índice 11 de Samai del expediente de primera instancia. Actuación denominada
16RECIBEMEMORIAL_S21370D40040413_1_40(.pdf) NroActua 11.

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1.4. Sentencia de primera instancia6

8. El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 19 de febrero del 2026
negó la petición de amparo, al considerar que no se incurrió en los defectos
alegados por el demandante, bajo los siguientes argumentos:

«[…] de acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, se debía declarar
la prescripción del reajuste del subsidio familiar de los años anteriores al 2 de abril de
2016, fue razonable y estuvo debidamente justificado en aplicación de los principios de
autonomía judicial y la sana crítica, máxime si se tiene en cuenta que no existe una
posición pacífica sobre si en estos casos opera el fenómeno jurídico de la prescripción y
la forma como deben contabilizarse los términos, puesto que existen tres posiciones
vigentes, a saber:

a) Tesis 1: sin que sea necesario abordar el fenómeno, el reconocimiento del derecho
debe cobijar únicamente el período comprendido entre la fecha de matrimonio o
declaración de la unión marital de hecho y la expedición del decreto 1161 de 2014, pues
desde este último instante la prestación quedo gobernada para una nueva regulación.
b) Tesis 2: Los efectos fiscales de la reliquidación del subsidio familiar solo se surten
desde el 8 de junio de 2017, que fue la fecha de expedición de la sentencia que anuló el
decreto derogado. Por ende, la prescripción podría afectar sumas que se causaron
después de esa fecha y que superen el plazo extintivo correspondiente.
c) Tesis 3: La prescripción debe computarse como se hace habitualmente, es decir,
teniendo como referencia la fecha de radicación de la reclamación administrativo y con
un plazo de tres años.

[…]

Por lo anterior y ante la falta de unanimidad, era dable que la autoridad judicial
demandada optara por cualquiera de esas posiciones, tal cual como lo hizo. Por esta
misma razón, en el caso concreto no puede predicarse un cargo por desconocimiento
del precedente y mucho menos un defecto sustantivo. […]» [sic].

9. De igual forma, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

1.5. Escrito de impugnación7

10. Jairo
García Rojas impugnó la decisión de a quo, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito inicial.

6
Ver índice 16 de Samai de primera instancia. Actuación denominada
17Sentencia_820250802700JAIROGAR(.pdf) NroActua 16.
7 Ver índice 22 de SAMAI. Archivo denominado
23RECIBEMEMORIAL_11001031500020250802(.PDF)NROACTUA22.

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2. Consideraciones

11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado10, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señalo lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

14. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

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15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

16. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

19. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos fundamentales de Jairo García
Rojas, con ocasión de la sentencia del 26 de junio de 2025, al declarar la
prescripción de los reajustes del subsidio familiar causados con anterioridad al 2 de

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

15Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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abril de 2016 y, en consecuencia, incurrió en un desconocimiento del precedente
judicial y un defecto sustantivo?

2.3.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.3.2. Defecto sustantivo

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional16 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

22. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación
sistemática de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.

23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.3.3. Desconocimiento del precedente judicial

24. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.

25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

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2.4. Sobre el caso concreto

28. Jairo García Rojas acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
la cual, en segunda instancia, decretó la prescripción de los reajustes del subsidio
familiar causados con anterioridad al 2 de abril de 2016.

28.1. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto sustantivo por una interpretación errónea a la norma sobre
prescripción, pues se confundió el momento en que el derecho podía exigirse con
aquel momento en que se consolidó.

28.2. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 17 los cuales
han reiterado que cuando se deroga una norma con efectos ex tunc, la prescripción
solo empieza a contar desde que queda en firme la sentencia de nulidad.

29. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo de Boyacá en torno a la decisión de decretar la
prescripción del auxilio causado con anterioridad al 2 de abril del 2016:

«[…] 31. Se encuentra igualmente acreditado que contrajo matrimonio el 15 de diciembre de
2010, esto es, en vigencia del Decreto 3770 de 2009 que había derogado el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 que otorgaba el derecho al reconocimiento del subsidio familiar.

32. Estando en vigencia el Decreto 1161 de 2014 que estableció nuevamente el subsidio familiar
-aunque en diferentes porcentajes- el señor Jairo García Rojas solicitó el reconocimiento de dicha
prestación, a lo cual se accedió conforme la Orden Administrativa de Personal EJC No. 1027 del
30 de enero de 2015.
[…]
34. Conforme el escenario fáctico descrito, la Sala considera que el demandante sí tiene derecho
al reajuste solicitado, en la medida que el supuesto de hecho que habilitaba el reconocimiento del
subsidio familiar, tuvo lugar entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, periodo
en el cual el Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia, luego debe ser esta la norma a la luz de la
cual deba efectuarse el reconocimiento solicitado.
[…]
39. En punto a la prescripción, recogiendo posturas anteriores y aplicando lo establecido en la
sentencia de esta corporación, ya citada, se advierte que de acuerdo con la jurisprudencia 18, la

17 Al respecto citó las siguientes sentencias: i) 21 de junio de 2001, radicado 25000 2325 000 1998 3184 -00

(3824-00), C.P. Tarcisio Caceres Toro; ii) 4 de octubre de 2007, radicado 25000 2325 000 2005 04230 01 (2281-
06) C.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; iii) 21 de abril de 2016, radicado 05001 2331 000 2003 01220 01
(0239-14), C.P: William Hernández Gómez; iv) sentencia del 27 de julio de 2017, radicado 08001- 23-33-000-
2013-00561-01 (1146-15) Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez; v) 19 de abril de 2018, radicado
25000- 23-42-000-2013-03880-01 (2586-16) C.P. William Hernández Gómez.
18 Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-01166, may. 25/2022. M.P. Martín Bermúdez Muñoz: “(…)

12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de prescripción para el
subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, lo cierto es que el reparo elevado
por el accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la que llegó
el tribunal. // 12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió aplicarse en
lugar del Decreto 4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla

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Demandante: Jairo García Rojas

norma que regula la prescripción para estos asuntos es el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 2000 no desarrolla la materia, el Decreto 4433 de 2004
se refiere únicamente a este fenómeno respecto de las asignaciones de retiro y pensiones y el
Decreto 1211 de 1990, que trajo a colación la contestación de la demanda, trata el régimen de
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

40. Ante tal entendimiento, se tiene que el momento cierto en el que el accionante interrumpió el
fenómeno prescriptivo fue aquel en el que presentó la solicitud, a saber, 2 de abril de 2019, luego
formuló la demanda el 12 de noviembre de 2019, de modo que no permitió su reanudación. En
consecuencia, los efectos fiscales de la reliquidación que se ordena judicialmente cobijan los 3
años anteriores a la solicitud en comento, es decir, corren desde el 2 de abril de 2016.

41. Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en los términos del inciso
último del artículo 187 del CPACA. Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el
inciso tercero y quinto del artículo 192 del CPACA, es decir, a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia condenatoria. Así mismo, la demandada deberá dar cumplimiento al
presente fallo dentro del término contemplado en los artículos 192, 194 y 195 ibidem.

42. La entidad deberá descontar (i) las cotizaciones que correspondan al afiliado con destino al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo
36 del Decreto 1795 de 2000, y (ii) los pagos que se hayan realizado por concepto de subsidio
familiar conforme al Decreto 1161 de 24 de junio de 2014. […]» [sic].

30. Respecto al asunto a decidir, recuerda la Sala la jurisprudencia constitucional19
sobre en qué momento se entiende la configuración del defecto alegado,
relacionada a la aplicación e interpretación de las normas que hacen los
funcionarios judiciales:

«[…]Una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos
(…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]»

31. En el asunto bajo examen, no se advierte la configuración de dicho defecto por
cuanto la autoridad judicial demandada analizó el marco jurídico aplicable al
subsidio familiar de los soldados profesionales. En efecto, el Tribunal Administrativo
de Boyacá sustentó la declaratoria de prescripción en una interpretación del artículo
151 del Código Procesal del Trabajo, norma que consideró aplicable al caso ante la
ausencia de una regulación sobre la materia en el Decreto 1794 de 2000. A partir
de ello, argumentó que la prescripción debía contarse desde el momento en que el
derecho se tornó exigible.

32. Si bien se cuestiona dicha interpretación bajo el entendido de que la exigibilidad
del derecho solo surgió con la sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio del

general en materia de derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en
virtud del cual el término de prescripción es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho. Por
lo tanto, dado que en este caso la prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el tribunal
se valiera de lo previsto en el Decreto 4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término
de tres años de prescripción. (…)”
19 Ver sentencia T-092 de 2008 y T-686 de 2007 de la Corte Constitucional.

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2018 que declaró nulo el Decreto 3770 de 2009, con efectos ex tunc, lo cierto es
que la postura del Tribunal Administrativo de Boyacá no resulta una apreciación
arbitraria. Por el contrario, aplicó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,
que fija un término prescriptivo de 3 años contados desde que la obligación se hace
exigible, ante la ausencia de regulación específica.

33. La Sala encuentra ajustado a derecho que, en aplicación de la referida norma,
se determinara que la prescripción se interrumpió con la presentación de la solicitud
del 2 de abril de 2019 y, posteriormente, con la interposición de la demanda el 12
de noviembre del mismo año. En consecuencia, los efectos fiscales de la
reliquidación se limitan a los tres años anteriores a la primera solicitud, esto es,
desde el 2 de abril de 2016.

34. En cuanto a dicho tema, conviene recordar que la sentencia del 25 de mayo de
2022 del Consejo de Estado20 que expresó lo siguiente:

«[…] si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de prescripción para el
subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a este asunto (…) Cabe
señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió aplicarse en
lugar del Decreto 433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial,
debe aplicarse la regla general en materia de derechos laborales, previstas en el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud del cual el término de prescripción es de
tres años […]»

35. En síntesis, se alegó que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un
defecto sustantivo al aplicar indebidamente la prescripción, pues, asimiló la
exigibilidad del derecho con su consolidación, y por ello, limitó los efectos
económicos del reconocimiento, pese a que el derecho solo podía reclamarse a
partir de lo decidido por el Consejo de Estado. No obstante, la Sala concluye que
no es una interpretación irracional, ni contraria al ordenamiento jurídico, sino que
correspondió a la aplicación de la norma correspondiente al caso concreto, por lo
que, se descarta la configuración del defecto alegado.

36. En relación con el desconocimiento del precedente judicial, la Sala advierte que
la inconformidad se sustentó en diversos pronunciamientos del Consejo de Estado,
entre ellos la sentencia del 21 de junio del 2001, el 4 de octubre de 2007, el 21 de
abril del 2016, 27 de julio del 2017 y del 19 de abril del 2018, en las cuales, indicó
que, en estas decisiones se confirmó que en los actos administrativos anulados con
efectos ex tunc, la exigibilidad del derecho surgía a partir de la ejecutoria de la
sentencia que lo deroga.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 25 de mayo de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2022-01166-01. MP: Martín Bermúdez Muñoz.

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37. Al respecto, no sobra advertir que dichos pronunciamientos difieren
sustancialmente del presente, por cuanto en ellos se debatieron factores tales como
las primas de actualización, la especial de servicios en la asignación salarial de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación y de actividad.

38. Aunque se advierte que los pronunciamientos invocados podrían ser pertinentes
a la interpretación que la demandante estima más favorable a sus intereses, lo cierto
es que esas decisiones no fijaron una regla única aceptada de manera general. En
este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento de los
precedentes judiciales alegados, se hace necesario precisar que, al respecto no
existe una unificación de criterios al interior del Consejo de Estado, pues existen
posiciones diferentes.

39. Por ejemplo, la sentencia del 28 de octubre del 202121,desarrollo un criterio
relacionado con la vigencia y aplicación del subsidio familiar, al considerar que el
reconocimiento del derecho no podía extenderse mas allá de la entregada en vigor
del Decreto 1161 de 2014, pues desde ese momento la prestación paso a regirse
por una nueva regulación. En esencia dijo:

«[…] si bien el reconocimiento del subsidio familiar se hizo a partir del mes de septiembre
de 2014, lo cierto es, que la norma aplicada (Decreto 1161 de 2014) entró en vigencia
mucho antes, por lo tanto, a partir de este momento surgió para el actor el derecho a
devengar el subsidio familiar, independientemente si lo hubiera solicitado mucho
después […]»

40. En relación con la prescripción también existen decisiones distintas, la
providencia del 7 de marzo de 202322 sobre el particular señaló:

«[…] si bien la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc permitió revivir las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000, el momento relevante para determinar el
surgimiento del derecho al subsidio familiar y, por ende, la aplicación de la prescripción,
no estaba directamente vinculado con la fecha de la mencionada sentencia del Consejo
de Estado, puesto que el derecho a esa prestación y a la posibilidad de su reclamación
se dieron en el interregno del vacio regulatorio que se suplió con el pronunciamiento del
Consejo de Estado, momento en el cual surgió para el demandante la oportunidad de
volver a reclamar su reconocimiento […]»

41. De otra parte, la providencia del 18 de septiembre del 2023 23 validó un criterio
sutilmente distinto de prescripción, según el cual esta se generaba de manera
sucesiva conforme cada acreencia se hacía exigible, razón que avala porque
únicamente podían reconocerse las sumas causadas dentro de los cuatro años
anteriores a la reclamación administrativa. Respecto al asunto en referencia:

21
Ver sentencia del 28 de octubre del 2021. Rad.11001-03-15-000-2021-03220-01. CP: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
22 Ver sentencia del 7 de marzo de 2025. Rad. 11001-03-15-000-2025-00897-00. CP: Fredy Ibarra Martínez.

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«[…] en cambio, el tribunal considera que la prescripción de esta prestación se va
generando en la medida en que se hace exigible el derecho, por lo que solo deben
reconocerse los derechos causados durante los últimos cuatro años antes de la solicitud
en sede administrativa, máxime cuando el derecho surgió en vigencia del Decreto 1794
de 2000.

La Sala considera que la interpretación del tribunal es adecuada y conforme a derecho
y lo probado en el proceso, pues parte del supuesto particular de que el derecho se hizo
exigible antes de que se derogara la norma que lo disponía, pero no desconoce que es
a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017 que este puede volverse a reclamar, como
efectivamente sucedió. […]»

42. En ese sentido, la Sala recuerda que la materia ha sido objeto de diversas
interpretaciones dentro de la misma Corporación, entre ellas la aplicación de la
prescripción prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, lo que
evidentemente denota la ausencia de un criterio fijo y unificado. Así las cosas, la
decisión adoptada por Tribunal Administrativo de Boyacá no constituyó un
desconocimiento arbitrario del precedente, sino a la interpretación jurídica razonable
dentro del margen que ofrece el ordenamiento jurídico, circunstancia que descarta
la configuración del defecto de desconocimiento del precedente judicial.

43. Asimismo, contrario al decir del demandante no se confundió el momento en que
se consolidó el derecho con aquel en que podía exigirse, tan es así que la autoridad
judicial demandada revocó la negativa del a quo y reconoció el derecho, en atención
a «que su situación se entiende consolidada en vigencia del Decreto 1794 de 2000, siendo
esta la norma a aplicar para efectos del reconocimiento prestacional solicitado», diferente
es que «el momento cierto en el que el accionante interrumpió el fenómeno prescriptivo
fue aquel en el que presentó la solicitud, a saber, 2 de abril de 2019».

44. Al respecto, la Sala advierte que la interpretación adoptada por el tribunal resulta
razonable, ajustada a derecho y coherente con el material probatorio del proceso.
En efecto, partió de la situación particular en la que el derecho se tornó exigible en
un momento en que no existía el subsidio familiar, debido a su derogatoria expresa
por el Decreto 1794 de 2000; sin desconocer, que se volvió a solicitar a partir de la
sentencia del 8 de junio de 2017, esto es, el 2 de abril de 2019, caso distinto es que
se aplicara la norma general de prescripción.

45. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

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46. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.

3. Conclusión

47. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
del a quo, a través de la cual negó la solicitud de amparo presentada por Jairo
García Rojas contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

48. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se negó la solicitud de tutela
presentada por Jairo García Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

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Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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