Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01166-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
25 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionante: Alexander Campo Flórez
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Subsidio familiar de los
soldados profesionales / Prescripción trienal / Defecto sustantivo y desconocimiento
de las reglas jurisprudenciales / Se revoca la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, se declara la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional frente
a unos cargos y se niega frente a los restantes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de primera instancia del 17 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. El fallo de tutela impugnado
negó las pretensiones de la solicitud de amparo presentada contra la sentencia del
17 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, que revocó parcialmente la decisión de primera
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-
013-2019-00245-00/01 adelantado por la accionante en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 16 de febrero de 2022, por medio de apoderada judicial, Alexander Campo
Flórez interpuso acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, prevalencia del derecho sustancial,
acceso a la administración de justicia, derechos adquiridos, seguridad jurídica y
aplicación del precedente, vulnerados, en su concepto, por la autoridad judicial
accionada, al declarar la prescripción de los derechos causados con anterioridad al
20 de diciembre de 2015 y que le correspondían por concepto del subsidio familiar
previsto en el Decreto 1794 del 2000.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia
de fecha 17 de junio de 2021 al declarar la prescripción de derechos reclamados
anteriores al 5 de julio de 2015.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la autoridad
judicial accionada, Subsección de la Sección segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a que profiera nueva sentencia en la cual se declare que sobre el caso
en concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
3. Con base en lo anterior, se le ordene a la Subsección D de la Sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca a que ordene que el reconocimiento y
reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11 del decreto 1794 del
2000 debe operar desde el 22 de agosto de 2009 hasta la fecha en que se efectúe el
retiro de la institución del accionante
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva
el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
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Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
3.1.- El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció un subsidio familiar a favor
de los soldados profesionales casados o con unión marital de hecho vigente.
3.2.- El 22 de agosto de 2009 el accionante contrajo matrimonio con la señora
Yenifer Carolina Jacobo Motta.
3.3.- El Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 derogó el referido subsidio a
partir de su entrada en vigencia.
3.4.- El Decreto 1161 de 2014 reconoció de nuevo el subsidio familiar a favor de los
soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a la prevista en el Decreto 1794
de 2000. El 22 de septiembre de 2014 el accionante solicitó el pago del susidio en
el marco del Decreto 1161 de 2014, el cual fue reconocido mediante orden
administrativa No. 2462 del 30 de diciembre de 2014.
3.5.- Mediante sentencia del 8 de junio de 20171 la Sección Segunda, Subsección
B de esta Corporación declaró la nulidad del Decreto 1770 del 2009 con efectos ex
tunc. En virtud de lo anterior, el 20 de diciembre de 2018 el accionante elevó solicitud
administrativa para que se le reconociera el subsidio familiar en los términos del
Decreto 1794 de 2000.
3.6.- Por medio del oficio No. 20193110235541 MDN-CGFM-COEJ-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 11 de febrero de 2019 el Ejército Nacional negó lo
solicitado.
3.7.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la decisión de la administración, con el objetivo de que se reconociera el
subsidio en los términos del Decreto 1794 de 2000. Mediante sentencia del 31 de
agosto de 2020 el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá negó las pretensiones
de la demanda. El juzgado consideró que el accionante contrajo matrimonio durante
la vigencia del Decreto 1794 de 2000, pero no informó el cambio de estado civil
durante la vigencia de esa norma, por lo que no cabía reconocer el subsidio familiar
en los términos de la misma. En cambio, la prestación le fue reconocida ya en
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 11001-0325-000-2010-00065-00 (2010-
0686), C.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
vigencia del Decreto 1161 de 2014, por lo que no cabía acceder a las pretensiones
de la demanda.
3.8.- La parte actora interpuso recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos:
3.8.1.- Indicó que sin perjuicio de que el subsidio fuera reconocido en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, lo que solicita es que se reconozca el subsidio en los
términos del Decreto 1794 de 2000, como consecuencia de la sentencia del 8 de
junio de 2017, mediante la cual se anuló el Decreto 3770 de 2009 con efectos ex
tunc.
3.8.2.- Señaló que el juzgado pasó por alto que, si bien el matrimonio se contrajo en
vigencia del Decreto 1794 de 2000, lo cierto es que esa norma dejó de regir al poco
tiempo del matrimonio (poco más de un mes después), por lo que le fue
jurídicamente imposible informar el cambio de estado civil y solicitar la prestación.
3.8.3.- Precisó que los efectos ex tunc de la nulidad del Decreto 3770 de 2009
cobijan a los soldados que se vieron afectados por la expedición de esa norma y no
pudieron solicitar el subsidio: debe entenderse que el Decreto 3770 de 2009 nunca
existió, o lo que es lo mismo, que el Decreto 1794 de 2000 mantuvo su vigencia, por
lo que los matrimonios contraídos antes del Decreto 1161 de 2014 deben dar lugar
al subsidio en los términos del Decreto 1794 de 2000.
3.8.4.- Por último, alegó que la solicitud del reconocimiento del subsidio en los
términos del Decreto 1794 de 2000 fue oportuna y por lo tanto no se configuró la
prescripción, pues no es que el accionante haya dejado de reclamar sus derechos
(no fue negligente), sino que por efectos de una norma jurídica era imposible
solicitar el reconocimiento del subsidio. Solo cuando la sentencia del 8 de junio de
2017 quedó ejecutoriada y se <<recobró la vigencia>> del Decreto 1794 de 2000
fue posible reclamar la prestación e inició el término de prescripción, y ante la
petición presentada (20 de diciembre de 2018) se debe entender que este quedó
interrumpido.
3.9.- Mediante sentencia del 17 de junio de 2021 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D revocó la sentencia de primera
instancia y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El tribunal
consideró que el derecho al subsidio familiar se hizo exigible desde el 22 de agosto
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
de 2009, fecha en la que el accionante contrajo matrimonio y, por lo tanto, desde
ese momento empezó a correr el término de prescripción. Ahora bien, advirtió que
en virtud de la sentencia del 8 de junio de 2017 se habilitó la posibilidad de reclamar
el subsidio en los términos del Decreto 1794 de 2000, sin perjuicio de la mencionada
prescripción. Así las cosas, consideró que solo debía reconocerse el ajuste entre el
20 de diciembre de 2015 y el 20 de diciembre de 2018 (fecha en la que se presentó
la solicitud), porque las prestaciones anteriores habían prescrito, según el término
de tres años dispuesto en el Decreto 4433 de 2004.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales porque incurrió en (i) un defecto sustantivo y (ii) un desconocimiento
de las reglas jurisprudenciales.
4.1.- Frente al defecto sustantivo reprocha que en la providencia tutelada se
declarara la prescripción trienal prevista en el Decreto 4433 de 2004. Lo anterior,
por cuanto la sentencia del 8 de junio de 2017 anuló el Decreto 3770 de 2009 con
efectos ex tunc, lo que conllevó a la reviviscencia del Decreto 1794 de 2000 y, en
consecuencia, el término de prescripción (y la exigibilidad del derecho) debió
contarse desde la ejecutoria de la sentencia de nulidad. Agrega que el Decreto 4433
de 2004, en virtud del cual se aplicó el término de tres años de prescripción, se
refiere a la asignación de retiro y pensiones de los miembros de la Fuerza Pública
y no a la prestación en concreto que se reclama y que debe ser reconocida durante
el servicio activo.
4.2.- En relación con lo anterior, sostuvo que se desconoció la jurisprudencia
reiterada y pacífica de esta Corporación, según la cual, cuando se declara la nulidad
de un acto administrativo con efectos ex tunc el término de prescripción de los
derechos a reconocer empieza a contar desde la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad. En ese sentido, invocó las sentencias del 21 de junio de 20012,
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 25000-23-25-000-1998-3184-00 (3824-
00), C.P. Tarcisio Cáceres Toro.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
4 de octubre de 20073, 21 de abril de 20164, 27 de julio de 20175, 19 de abril de
20186. Así las cosas, reitera que entre la fecha de ejecutoria de la sentencia del 8
de junio de 2017 y la reclamación elevada a la administración (20 de diciembre de
2018) no transcurrió el término de prescripción, motivo por el cual debió reconocerse
el subsidio desde la fecha del matrimonio (22 de agosto de 2009) y no desde el 20
de diciembre de 2015, como erradamente concluyó el tribunal.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
(accionado) solicita que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo
porque no se incurrió en ningún defecto y este mecanismo constitucional no puede
ser utilizado como una tercera instancia. Precisa que el accionante efectivamente
tiene derecho al reajuste del subsidio familiar, según lo previsto en el Decreto 1794
de 2000. No obstante, contrario a lo señalado por el accionante, el término de
prescripción no se puede contar desde la sentencia del 8 de junio de 2017 que anuló
el Decreto 3770 de 2009, toda vez que el derecho del accionante se hizo exigible el
23 de agosto de 2009 (un día después de su matrimonio), esto es, antes de que se
expidiera el Decreto 3770 de 2009. Por lo tanto, el término de prescripción empezó
a contar desde ese momento. De ahí que en la sentencia se ordenara el reajuste de
la prestación, con efectos fiscales desde el 20 de diciembre de 2015, por aplicación
de la prescripción trienal.
6.- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (tercero con
interés) fue debidamente notificado, no obstante, guardó silencio.
E. Sentencia impugnada
7.- Mediante sentencia del 17 de marzo de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó las pretensiones de la demanda. El a quo consideró
que la parte actora no presentó reparos contra la sentencia tutelada, pues no
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 25000-23-25-000-2005-0423-01 (2281-
06), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 05001-23-31-000-2003-01220-01 (0239-
14), C.P. William Hernández Gómez.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00561-01 (1146-
15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado No. 25000-23-42-000-2013-03880-01 (2586-
16), C.P. William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
controvirtió el argumentó en el cual esta se basó, a saber, que el derecho al subsidio
familiar había nacido durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000, por lo que la
prescripción trienal debía contabilizarse desde el matrimonio. En cambio, el
accionante insistió en que la prescripción debía cumplirse desde que se anuló el
Decreto 3770 de 2009. Así, concluyó que no se demostró la configuración de un
defecto en la providencia atacada.
F. Impugnación
8.- La accionante impugnó la anterior providencia. Señala que en la acción de tutela
sí se atacó la línea argumentativa de la sentencia objeto de reproche, reitera los
argumentos de la acción de tutela y enfatiza que sí sustentó debidamente la tutela,
pues se incurrió en un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente.
Frente a lo primero, insiste en que el término de prescripción previsto en el Decreto
4433 de 2004 no resulta aplicable, pues esa norma se refiere a las asignaciones de
retiro y pensiones, mas no al subsidio familiar. También señala que goza de una
expectativa legítima en virtud de la sentencia que anuló el Decreto 3770 de 2009 y
que entre la fecha de ejecutoria de esa providencia y la petición elevada ante la
administración no transcurrió el término de prescripción.
II. CONSIDERACIONES
9.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
la solicitud de amparo y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional frente al cargo, según el cual el término
de prescripción inició a partir de la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017
que anuló el Decreto 3770 de 2009 (parte del defecto sustantivo y defecto por
desconocimiento del precedente), en la medida en que la acción de tutela reitera los
argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario7. En
cambio, se pronunciará de fondo y negará el amparo por el cargo según el cual la
7 El magistrado ponente advierte que considera que la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque el accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, derechos
adquiridos, seguridad jurídica y aplicación del precedente, y explica los defectos que considera configurados en
la decisión atacada: sustantivo y desconocimiento de las reglas del precedente. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso
ordinario, no se cumple con este requisito.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
prescripción trienal prevista en el Decreto 4433 de 2004 resultaría inaplicable al
caso por referirse a derechos pensionales y de asignación de retiro, en lugar del
subsidio familiar (defecto sustantivo).
G. Los cargos relacionados a la exigibilidad del derecho del subsidio familiar
y el inicio del término de prescripción carecen de relevancia constitucional
porque fueron presentados y abordados durante el proceso ordinario
10.- Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional mencionada, se observa
que los defectos alegados no se configuran en este caso. En efecto, la autoridad
judicial accionada no desconoció que el término de prescripción de un derecho que
se hace exigible en virtud de una sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo empieza a contar desde la ejecutoria de esa providencia, pues así lo
reconoció de forma expresa en la sentencia. No obstante, en la sentencia atacada
precisó que, en el caso del accionante, el término de prescripción habría iniciado al
día siguiente de su matrimonio, por ser ese el hecho que hizo exigible el derecho (y
no la sentencia del 8 de junio de 2017), pues se materializó cuando aún estaba
vigente el Decreto 1794 de 2000.
10.1.- Ahora bien, el tribunal consideró que el término de prescripción del subsidio
familiar, como prestación periódica, se interrumpió con la solicitud en sede
administrativa elevada el 20 de diciembre de 2018, motivo por el cual ordenó el
reajuste del subsidio familiar a favor del accionante, de conformidad con el Decreto
1794 de 2000, en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2015 y el 20
de diciembre de 2018.
10.2.- Como se advierte, existe una diferencia interpretativa entre el accionante y el
tribunal accionado en torno a la prescripción del subsidio familiar: el accionante
alega que el término de prescripción para el reconocimiento de todos los pagos
retroactivos por concepto de subsidio familiar empezó a contar desde la ejecutoria
de la sentencia del 8 de junio de 2017, sin importar la fecha en que se hubiesen
causado, en este caso, desde el 22 de agosto de 2009, fecha de su matrimonio (casi
ocho años antes de la referida sentencia); en cambio, el tribunal considera que la
prescripción de esta prestación se va generando en la medida en que se hace
exigible el derecho, por lo que solo deben reconocerse los derechos causados
durante los últimos tres años antes de la solicitud en sede administrativa, máxime
cuando el derecho surgió en vigencia del Decreto 1794 de 2000.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
10.3.- La Sala considera que la interpretación del tribunal es adecuada y conforme
a derecho y lo probado en el proceso, pues parte del supuesto particular en el que
el derecho se hizo exigible antes de que se derogara la norma que lo disponía, pero
no desconoce que es a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017 que este puede
volverse a reclamar, como efectivamente sucedió.
10.4.- En este caso el accionante no contaba con una expectativa legítima de
obtener el derecho, pues esta, según la sentencia del 8 de junio de 2017, se predica
de los soldados profesionales que pudieron haber contraído matrimonio durante la
vigencia del Decreto 1794 de 2000, pero no lo hicieron. Por el contrario, el
accionante ya tenía derecho al reconocimiento del subsidio familiar en los términos
del mencionado decreto, en la medida que se casó durante su vigencia 8.
10.5.- El Decreto 3770 de 2009, por más de que hubiese sido anulado, no
desconoció los derechos adquiridos en vigencia del Decreto 1794 de 2000 y dispuso
que <<Los Soldados profesionales (…) que a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del
servicio>>. Aunque el accionante no estuviese devengando el derecho cuando se
derogó el Decreto 1794 de 2000, lo cierto es que este ya era exigible y lo pudo
solicitar antes de que se expidiera el Decreto 3770 de 2009, por lo que, se insiste,
la interpretación del tribunal fue adecuada.
8 En la sentencia del 8 de junio de 2017, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación precisó que
<<el decreto 3770 de 2009 encarna en sí misma un acto discriminatorio. Discriminación que se presenta en dos
posibles hipótesis normativas: (i) respecto de los soldados profesionales que dentro del término de vigencia del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 hubieren adquirido el derecho subjetivo al subsidio familiar por haber
contraído matrimonio o constituir unión marital de hecho [supuesto del accionante en este caso], frente a los
soldados profesionales que teniendo el reconocimiento al derecho objetivo no hubieren alcanzado el expreso
reconocimiento al derecho subjetivo, existiendo la probabilidad cierta de consolidación futura del
correspondiente derecho, dentro del lapso en el que el artículo 11 ibídem se mantuvo vigente, por encontrarse
incursos en una expectativa legítima (…)>>
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Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
H. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente al
cargo por indebida aplicación del Decreto 4433 de 2004
11.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es
constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración, entre otros, al debido
proceso por un defecto sustantivo9; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque el accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la providencia
atacada no procede ningún recurso, según se explica más adelante; (iv) la solicitud
se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión que puso
fin al proceso se notificó el 18 de agosto de 2021, y la tutela se presentó el 16 de
febrero de 2022, es decir, dentro del término de los 6 meses precisado tanto por
esta Corporación 10 como por la Corte Constitucional 11; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.
I. Contrario a lo señalado por el accionante, no se incurrió en un defecto
sustantivo por indebida aplicación del término de prescripción
12.- El accionante reprocha que en este caso se aplicara el término de prescripción
trienal previsto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, toda vez que esa norma
se refiere a la asignación de retiro y derechos pensionales de los miembros de la
Fuerza Pública, mas no regula las prestaciones laborales reconocidas durante el
servicio, como lo es el subsidio familiar. Por otro lado, el tribunal accionado aplicó
la mencionada norma, dado que el Decreto 1794 de 2000 no dispuso un término de
prescripción especial ni hizo remisión a otra norma en esa materia.
12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término
de prescripción para el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió
a ese asunto, lo cierto es que el reparo elevado por el accionante no es determinante
para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la que llegó el tribunal.
9 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional
porque el cargo no fue objeto de análisis en el proceso ordinario, pues el reparo se origina en la sentencia de
segunda instancia, en tanto allí fue donde se aplicó el Decreto 4433 de 2004.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió
aplicarse en lugar del Decreto 4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una
norma especial, debe aplicarse la regla general en materia de derechos laborales,
prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo12, en virtud del cual el
término de prescripción es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del
derecho. Por lo tanto, dado que en este caso la prescripción es trienal, en nada
afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo previsto en el Decreto
4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término de tres
años de prescripción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, DECLÁRASE IMPROCEDENTE
frente al cargo, según el cual, el término de prescripción inició a partir de la ejecutoria
de la sentencia del 8 de junio de 2017 que anuló el Decreto 3770 de 2009.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la decisión de primera instancia en todo lo demás.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz
CUARTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
12 Artículo 151. Prescripción:Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contaran desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero solo por un lapso igual.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01166-01
Accionantes: Alexander Campo Flórez
Se revoca la sentencia de primera instancia y se declara la improcedencia
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración parcial de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración parcial de voto
12
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