Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01240-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01240-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01240-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 01240 00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELACIONADA
CON LA FALTA DE CONGRUENCIA Y DENIEGA EL AMPARO
SOLICITADO EN LO DEMÁS. LA SECCIÓN TERCERA NO INCURRIÓ EN
LOS DEFECTOS SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, SUSTANTIVO Y FÁCTICO
ALEGADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,
A LA CONTRADICCIÓN Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado a consideración de la Sala por el Consejero doctor
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la solicitud de
tutela presentada, a través de apoderado, por la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 01240 00
Actora: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
JUDICIAL1 contra la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “B”- DEL
CONSEJO DE ESTADO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La RAMA JUDICIAL, actuando a través de apoderado, instauró
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y
a la igualdad, los cuales considera vulnerados por la SECCIÓN
TERCERA, al haber proferido la sentencia de 16 de julio de 2021,
dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
único de radicación 250002326000 2009 00774 01.
I.2.- Hechos
Manifestó que el señor CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI fue
privado de la libertad como medida preventiva entre el 27 de julio de
2004 y el 30 de mayo de 2007, mientras se surtió un proceso penal en
el que resultó absuelto del delito de lavado de activos.
Indicó que el ciudadano aludido, junto con su grupo familiar,
1
En adelante la RAMA JUDICIAL.
2
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 01240 00
Actora: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
promovieron la acción de reparación directa en su contra y de la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3, para que se les declarara
responsables por la presunta privación injusta de la libertad a la que
aquel fue sometido.
Sostuvo que el proceso aludido fue identificada con el número único
de radicación 250002326000 2009 00774 01 y atribuido para su
trámite en primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
B- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que,
mediante sentencia de 25 de enero de 2012, declaró probada la
excepción de “culpa exclusiva de la víctima” y negó las pretensiones
de la demanda.
Agregó que interpuesto el recurso de apelación por la parte vencida,
fue resuelta por la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de
16 de julio de 2021, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, la
declaró responsable y la condenó, junto con la FISCALÍA, por la
privación injusta de la libertad del señor CARLOS ARTURO GIL
ECHEVERRI, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 25 de enero
de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, DECLÁRASE patrimonialmente
responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN y RAMA JUDICIAL por el daño causado a los
3
En adelante la FISCALÍA.
4
En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 01240 00
Actora: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
demandantes por la privación de la libertad de Carlos Arturo Gil
Echeverri.
SEGUNDO: CONDÉNASE la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN al pago de las siguientes indemnizaciones, por
concepto de perjuicios morales:
[…]
TERCERO: CONDÉNASE la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al
pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de
perjuicios morales:
[…]
CUARTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri
la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño
emergente.
QUINTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a
pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma
correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño
emergente.
SEXTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la
suma correspondiente a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($4´617.758) por concepto de lucro cesante.
SÉPTIMO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a
pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma
correspondiente a VEINTINUEVE MILLONES CATORCE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($29´014.854)
por concepto de lucro cesante.
OCTAVO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación y al
Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama
Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, un comunicado en el cual ofrezcan disculpas al
señor Carlos Arturo Gil Echeverri por el daño antijurídico que
padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los
términos señalados en esta providencia […]”.
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Señaló que la providencia cuestionada incurrió en el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
contenido en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
proferidas por la Corte Constitucional.
Explicó que la aplicación de un régimen objetivo no elimina la
obligación de verificar que no opere una causa que exima o reduzca
la responsabilidad del Estado, como la culpa exclusiva de la víctima.
Agregó que en la providencia cuestionada “[…] no se realizó el
análisis exigido por las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
puesto que para eventos de privación injusta es necesario, por un
lado, identificar la antijuridicidad del daño y, por otro, verificar la
ausencia de culpa grave o dolo de la persona detenida […]”.
Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en el defecto
sustantivo por indebida aplicación del artículo 70 de la Ley 270 de
7 de marzo 19965 y 63 del Código Civil, en la medida que hizo
inoperante la excepción de culpa exclusiva de la víctima, en cuanto
no tuvo en cuenta que quien fue privado de la libertad se puso en la
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“Estatutaria de la administración de justicia”.
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
condición para que fuera investigado por sus conductas.
Expuso que el señor CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI ingresó al
país con una cantidad cuantiosa de divisas que llevaba ocultas sin ser
declaradas, por lo que fue su propia imprudencia la que hizo que se
le vinculara al proceso penal por el presunto delito de lavado de
activos.
Explicó que el análisis de la excepción de culpa exclusiva de la víctima
no implica “[…] un reproche de la actuación desde la óptica del tipo
penal, sino que el análisis se hace desde la noción de culpa grave o
dolo bajo la perspectiva civil […]”.
Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto fáctico
y “desconocimiento de la sana crítica”, por cuanto la decisión careció
de apoyo probatorio que permitiera la aplicación de los supuestos
legales que la sustentan, respecto del reconocimiento extra petita de
un perjuicio de carácter inmaterial no solicitado que conllevó la
imposición de medidas restaurativas.
Sostuvo que la sentencia objeto de tutela resulta incongruente,
pues la autoridad judicial accionada concedió al demandante principal
medidas de reparación en cabeza del Director Ejecutivo de
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Administración Judicial, sobre un daño autónomo que no fue
solicitado dentro del proceso, lo que desconoce el carácter rogado de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Apuntó que requiere la protección inmediata de los derechos
deprecados, para evitar un perjuicio irremediable “[…] concretizado
en la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia desconocedora
de los derechos fundamentales y, consecuentemente, en su
ejecución o pago de una obligación con cargo al erario […]”.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad al
condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial, dentro del
expediente de reparación directa No.
25000232600020090077401 (43789) en el que actúa como
demandantes el señor Carlos Arturo Gil Echeverri y otros, y
demandada la Nación – Rama Judicial y Nación -Fiscalía General
De La Nación.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto
la sentencia de fecha 16 de julio de 2021, dentro del proceso de
reparación directa No. 25000-23-26-000-2009- 00774-01
(43789) en el que actúan como demandantes el señor Carlos
Arturo Gil Echeverri y otros ; y, se ordene, por consiguiente, a
la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
proferir un nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones
de la demanda.
3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo
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proferido por el a -quo, por las razones y argumentos expuestos
por dicha instancia judicial […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA manifestó que no participaría en la
acción de tutela como parte ni como tercero, no obstante, está
dispuesta al cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas
en la resolución del caso.
I.5.2.- El señor CARLOS GIL ECHEVERRY y familiares, vinculados
en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,
pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
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acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
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inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la RAMA JUDICIAL pretende que se deje
sin efecto la sentencia de 16 de julio de 2021, proferida por la
SECCIÓN TERCERA, por medio de la cual revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda
promovida dentro de la acción de reparación directa identificada con
el número único de radicación 250002326000 2009 00774 01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo,
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fáctico y por carecer de congruencia.
Los disensos de la RAMA JUDICIAL radican en el hecho de que, a
su juicio, debía haberse realizado un análisis del medio exceptivo de
la culpa exclusiva de la víctima, a partir de las conductas que esta
ejecutó y que llevaron a que fuera sujeto de la investigación penal.
Además, la entidad referida reprocha el hecho de que se le haya
condenado al cumplimiento de obligaciones inmateriales como
medidas de reparación restaurativas, toda vez que eso no fue
solicitado en la demanda y no hay pruebas sobre el daño a dicha
garantía.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento
del precedente, sustantivo, fáctico y si fue incongruente, al haber
proferido la sentencia de 16 de julio de 2021 aludida.
En ese orden de ideas, se entrará a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable6 y, por último, la solicitud
identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Frente al requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que respecto
a la inconformidad referente a que la providencia cuestionada resulta
incongruente, debido a que la autoridad judicial accionada concedió
a los demandantes en el proceso ordinario la reparación inmaterial
de un daño autónomo que no fue solicitado dentro de la demanda, la
actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión
conforme con la causal establecida en el numeral 5° del artículo 250
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, esto es, por presuntamente
existir una nulidad en la sentencia acusada.
Lo anterior, porque los argumentos expuestos están encaminados a
demostrar una falta de congruencia en la providencia cuestionada,
situación que debe ser discutida mediante el ejercicio del recurso
extraordinario aludido por la causal en mención.
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,
frente a la causal prevista en el numeral 5 de la aludida norma, la
Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación8 ha
señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la
configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un
proceso ordinario seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes
términos:
“[…] 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio
se genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia
objeto de censura contra la cual no procede el recurso de
apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa
previa a ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de
revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque
ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron
ser advertidas por el recurrente que solo las conoció con la
sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado
recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria
o desidia en que las partes incurrieron en el trámite del proceso
ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo con
las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C,
o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 144 ib […]”.
Cabe resaltar que esta Sala, en repetidas oportunidades, entre otras,
en providencia de 11 de octubre de 20189, se ha pronunciado
respecto del recurso extraordinario de revisión como mecanismo de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre
de 2018. Número único de radicación 11001031500020180237200. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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defensa idóneo y eficaz cuando se advierta en la sentencia aspectos
que resultan incongruentes.
En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso
extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que
sea discutida la presunta incongruencia que predica frente a la
providencia acusada.
Ahora bien, la Sala advierte que la entidad accionante hizo mención
del presunto perjuicio irremediable que podría causarse al patrimonio
público con la providencia cuestionada, no obstante, en lo que
respecta a las medidas de reparación inmateriales, tal argumento
no es de recibo como justificación de la procedencia de la acción de
tutela, porque dichas órdenes no son de carácter pecuniario.
En las condiciones anotadas, en la medida que no fue acreditado un
perjuicio irremediable frente al aspecto aludido, la Sala concluye que
este carece del requisito general de subsidiaridad, razón por la que
se relevará de su análisis, dada su improcedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
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providencia judicial, en lo que concierne a los defectos sustantivo
por desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico, la
Sala hará mención al marco jurídico general de estos y en seguida
los analizará de fondo de manera conjunta.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las
decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de
la Ley 169 de 31 de diciembre de 189610 y el 270 de la Ley 1437 de
2011; así como su respaldo jurisprudencial en las sentencias C-836
de 9 de agosto de 200111; C-816 de 1o. de noviembre de 201112; C-
179 de 13 de abril de 201613; y T-102 de 25 de febrero de 201414.
10
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
11
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
12
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
13
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
14
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
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En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”15 (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por
la Corte Constitucional16, según el cual la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial
está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los
funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por
la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el
mismo juez (precedente horizontal).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
16
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
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En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo
de 200817, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos
del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y
(iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Destacado
fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria18, la regla del respeto del
precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no
puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,
o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación
concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en
pronunciamientos anteriores de la Sala19, a saber: i) la disanalogía o
17
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y
el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se
debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de
precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que
sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la
consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el
juez que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,
razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse
a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento
injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración
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del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales20.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional21 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200922, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
20
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional23 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201324, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
23
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
24
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
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Caso concreto
Mediante la sentencia cuestionada, la SECCIÓN TERCERA de esta
Corporación declaró administrativamente responsable a la RAMA
JUDICIAL y a la FISCALÍA por la privación injusta de la libertad del
señor CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI, con base en el siguiente
análisis:
“[…] 11.- Con (i) el acta de derechos del capturado (ii) la
resolución de acusación del 28 de diciembre de 2004 y (iii) la
diligencia de compromiso y caución prendaria suscrita por la
víctima directa, está probado que el demandante Carlos Arturo
Gil Echeverri estuvo privado de la libertad entre el 26 de julio de
2004 y el 30 de mayo de 2007, es decir, por un periodo total de
dos años, diez meses y cuatro días.
La medida de aseguramiento se cumplió en establecimiento
carcelario entre el 26 de julio de 2004 y el 19 de diciembre de
2005, y en el domicilio del demandante desde el 20 de diciembre
de 2005 hasta el 30 de mayo de 2007. 12.- Está demostrado
que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, en sentencia de primera instancia proferida el 15 de
mayo de 2007, absolvió al demandante Carlos Arturo Gil
Echeverri de responsabilidad penal por el delito de lavado de
activos en aplicación del principio in dubio pro reo, debido a que:
(i) las pruebas sobre su participación en los hechos investigados
generaban dudas que no permitían condenarlo y (ii) no se logró
demostrar la ilicitud del dinero que la víctima directa ingresó al
país.
[…]
13.2.- Revocará la sentencia de primera instancia y condenará
a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial porque:
(i) la medida de aseguramiento no cumplió los requisitos legales
dado que no existían dos indicios graves de responsabilidad
penal en contra del demandante Gil Echeverri; (ii) durante la
etapa de juicio se prolongó ilegalmente la medida de
aseguramiento porque el juez penal pudo revocarla de oficio y
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no lo hizo y (iii) contrariamente a lo que sostuvo el tribunal, no
se configuró la culpa exclusiva de la víctima.
[…]
G.- La ilegalidad de la privación de la libertad
i) La ilegalidad de la medida de aseguramiento
15.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, que fue el momento en
el que se dispuso detener a la víctima directa del daño, los
requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida
estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los
siguientes:
15.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito
imputado (art. 357).
15.2.- La existencia de <<por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas
dentro del proceso>>.
15.3.- La existencia de medios de prueba que permitieran
deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la
comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena
privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su
actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar,
destruir o deformar elementos probatorios importantes para la
instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>>.
16.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque la
Fiscalía, si bien justificó adecuadamente la necesidad de la
medida, no contaba con dos indicios graves de responsabilidad
contra el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri.
17.- Mediante Resolución del 2 de agosto de 2004 la Fiscalía
dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el
demandante Carlos Arturo Gil Echeverri, a quien le imputó haber
cometido el delito de lavado de activos porque consideró que los
€ 75.000 que ingresó de manera oculta al país eran producto de
actividades ilícitas. La medida se basó en:
17.1.- Un indicio consistente en el <<ocultamiento del origen
ilícito del dinero>>, por cuanto la víctima directa ocultó a las
autoridades el ingreso de los € 75.000 al país. En ese sentido,
infirió que de haber tenido un origen lícito, el dinero hubiese
ingresado al país por las vías adecuadas. Adicionalmente, con el
diligenciamiento del formulario de declaración de equipaje y
dinero, la víctima directa tenía conocimiento de que debía avisar
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a las autoridades aduaneras si traía consigo una suma de dinero
superior a los diez mil dólares. Sin embargo, decidió ocultar esa
información.
17.2. Como segundo indicio, la Fiscalía señaló <<la conciencia
de la ilicitud del origen del dinero>>, por la forma como se
empacó o se camufló el dinero para que ingresara al país. Como
ya se dijo, el demandante Gil Echeverri adaptó la pretina del
pantalón que vestía para acomodar el dinero; así mismo,
manipuló un álbum fotográfico para ocultar las divisas ante los
controles de las autoridades fiscales y aduaneras del aeropuerto
El Dorado.
17.3.- En relación con la necesidad de la medida, el ente
acusador señaló que <<(…) la considera[ba] necesaria y
procedente, al determinar que el sindicado quien no tiene
domicilio en Colombia y al no contar con mayores elementos que
nos permitan conocer su personalidad, ante la amenaza punitiva
del tipo penal de lavado de activos, no ofrece garantías que
permitan inferir que este comparecerá voluntariamente al
proceso en el caso de una eventual condena, o pueda entorpecer
la actividad probatoria>>.
18.- Los anteriores medios de convicción no eran suficientes
para construir dos indicios graves de responsabilidad contra el
demandante Gil Echeverri porque:
18.1.- Si bien en la providencia que impuso la medida de
aseguramiento el ente acusador hizo alusión a dos indicios
distintos, lo cierto es que ambos hacen referencia a un mismo
hecho indicador, consistente en haber ocultado a las autoridades
el ingreso de los € 75.000.
18.2.- En todo caso, esta única inferencia no permitía construir
un indicio grave contra la víctima directa. Por el contrario, la
Fiscalía solamente contaba con una mera suposición o conjetura
respecto del origen ilícito del dinero. Como lo destacó el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la
sentencia absolutoria, <<la Fiscalía pretendió edificar su
argumentación en torno a la actividad delictual con fundamento
en hipótesis, porque no alcanzaron a tener el carácter de indicio.
(…) el único hecho probado es la incautación de los setenta y
cinco mil euros, y tal circunstancia no sirve de punto de partida
por ser precisamente el tema probatorio a debatir, (…) por ello
era de su esencia que el hecho contase al menos con noticias de
la vinculación del procesado o de terceros directa o
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indirectamente relacionados con las divisas y a su vez con
alguna actividad al margen de la ley las cuales en la presente
actuación brillan por su ausencia sin que signifique que deba
existir previa condena>>.
ii) La prolongación ilegal de la privación de la libertad
debido a la omisión de la Rama Judicial en la revisión de
la legalidad de la medida de aseguramiento
19.- En relación con la Rama Judicial, el estudio de legalidad de
su actuación no puede someterse al análisis del cumplimiento de
los requisitos analizados con anterioridad, pues bajo la Ley 600
de 2000 era la Fiscalía General de la Nación la encargada de la
imposición de la medida de aseguramiento.
20.- No obstante, en relación con la revocatoria de la medida el
artículo 363 de la Ley 600 de 2000 señala que procedía
<<Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales, el funcionario judicial revocará la medida de
aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la
desvirtúen>>. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
aclarado que dicha revocatoria <<se extiende también a la
etapa de juzgamiento>>.
21.- Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-774 de
2001 condicionó la exequibilidad del artículo 363 de la Ley 600
de 2000 <<en el sentido de que en la apreciación de las causales
de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en
cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su
necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla.>>
22.- De lo anterior, respecto de la revocatoria de la medida de
aseguramiento del art. 363 de la Ley 600 se colige que: (i)
procede tanto en la fase de instrucción como de juzgamiento;
(ii) su estudio puede hacerse incluso de manera oficiosa; (iii) es
viable cuando existan pruebas sobrevinientes que desvirtúen la
medida o por insubsistencia de los fines que condujeron a su
imposición.
23.- En el caso concreto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá incumplió su deber oficioso en relación
con la revisión de la revocatoria de la medida. De haberlo
cumplido, habría decretado la revocatoria de la medida, debido
a que las pruebas practicadas durante el trámite del proceso
desvirtuaban la necesidad de la medida de aseguramiento
impuesta contra el demandante Gil Echeverri
.
H.- Entidad imputada
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24.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo
la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la
Ley 600 de 2000, a la Fiscalía General de la Nación solo le es
imputable el daño causado por la privación de la libertad de
Carlos Arturo Gil Echeverri hasta que quedó ejecutoriada la
resolución de acusación, dado que esta entidad legalizó la
captura y decretó la medida de aseguramiento a través de la
Fiscalía 29 Seccional de la Unidad Nacional de Extinción de
Dominio.
25.- Igualmente, el daño es imputable a la Rama Judicial desde
que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta el
momento en que el demandante Gil Echeverri recuperó su
libertad. Lo anterior, toda vez que durante ese periodo la víctima
directa estuvo privado de la libertad bajo las órdenes del
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que,
de conformidad con el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, se
encontraba habilitado para revocar de oficio la medida de
aseguramiento que se le impuso a Carlos Arturo Gil Echeverri.
26.- Ahora bien, dado que no se aportó prueba de la ejecutoria
de la resolución de acusación, se advierte que se tendrá en
cuenta el día siguiente de la resolución que confirmó la
acusación, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de
2000, que dispone que las providencias que resuelvan los
recursos de apelación quedan ejecutoriadas el mismo día que
son proferidas. En este caso, la resolución de acusación fue
proferida el 28 de diciembre de 2004 y confirmada el 24 de
febrero de 2005, por lo que el día hábil siguiente es el 25 de
febrero de 2005. Así, la Sala tomará esta fecha –25 de febrero
de 2005– como el momento en que la situación jurídica del
demandante Gil Echeverri dejó de recaer en la órbita de la
Fiscalía General de la Nación y pasó a la Rama Judicial.
I.- Análisis de la culpa de la víctima
27.- La Sala estudia si en este caso está demostrada la causal
de exoneración prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996,
conforme con la cual <<el daño se entenderá como debido a
culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa
grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos
eventos se exonerará de responsabilidad al Estado>>.
[…]
i) La culpa de la víctima que exonera al Estado no
debe deducirse de una conducta que genera la apariencia
de un delito y que se desarrolla antes de que se inicie la
investigación
31.- La realización de una conducta que genera la apariencia de
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un delito y que se desarrolla antes de que se inicie la
investigación no permite concluir que la detención se produjo
por la culpa de la víctima y menos que fue la detención
determinada por su culpa grave o dolo como lo exige la ley. Lo
que aquí debe considerarse es que el juez, teniendo en cuenta
este comportamiento, adoptó la decisión de detenerlo porque
consideró que la situación se adecuaba a los parámetros legales
que le correspondía aplicar: pero no es razonable concluir que
fue la conducta de la víctima la que lo generó. Después que se
desarrolla esa conducta (antecedente 1) hay una decisión
razonada que la analiza, que tiene en cuenta las normas
aplicables y en un acto jurídico se ordena la detención
(antecedente 2). Lo que genera el daño es el segundo
antecedente: la decisión se toma por el juez; el imputado incurre
en una conducta que es apreciada y contrastada con las normas
aplicables por el juez para tomar la determinación que
corresponde.
32.- Cuando el juez se pronuncia ha operado el <<traslado del
riesgo a un ámbito de responsabilidad ajeno>> que no permite
atribuirle al imputado la decisión de detenerlo. <<(…) [C]uando
el riesgo se realiza, el deber de seguridad que tenía la persona
que ha originado el peligro se ha trasladado a un ámbito de
responsabilidad ajeno (…) En el momento en que el riesgo se
realiza, éste era administrado por otro, había entrado en su
ámbito de responsabilidad (...)>> 25
33.- Si el juez toma la decisión de detener a una persona a partir
de su valoración autónoma de los elementos de conocimiento y
esa valoración no está distorsionada por una conducta atribuible
a la víctima y realizada por ella con ese propósito, no puede
concluirse que la realización por el sindicado de una conducta
que genera la apariencia de un delito sea la causa de la
detención para exonerar al Estado de la responsabilidad por la
adopción de esta providencia. Estar involucrado es apenas una
condición para que el juez adopte –autónomamente– la decisión
de detenerlo preventivamente, si considera que se cumplen los
requisitos legales; es un antecedente necesario, pero no puede
considerarse como la causa de la detención.
34.- Para concluir que la decisión de detener es imputable a la
víctima o puede considerarse como causada jurídicamente por
ésta, es necesario acreditar que la decisión se distorsionó como
consecuencia de la conducta de la víctima, que sea distinta a su
participación en los hechos que son juzgados autónomamente
por el juez; es necesario acreditar que esa conducta de la
víctima, realizada con el propósito de distorsionar su decisión,
determinó que el juez incurriera en error y generó que produjera
25
Claudia López Díaz, Introducción a la responsabilidad objetiva, Universidad Externado de Colombia,
página 84.
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una decisión distinta de la que habría producido si la víctima no
hubiese obrado de ese modo.
35.- Si una persona está involucrada en la comisión de un delito
sin que existan indicios suficientes para ordenar su detención y
opta por confesar su autoría para encubrir al verdadero autor; si
presenta versiones contradictorias, omisivas o contrarias a la
realidad, que desvían el curso de la investigación; si omite
comparecer ante las autoridades, no obstante ser citado
reiteradamente para que dé explicaciones de su conducta; y si
como consecuencia de esas conductas, que son ajenas a los
hechos objeto de investigación y que tienen como finalidad
distorsionarla, el juez resuelve detenerlo, estaremos claramente
ante eventos de culpa de la víctima que exoneran de
responsabilidad al Estado.
36.- Al estudiar la exequibilidad el artículo 70 de la Ley 270 de
1996, la Corte Constitucional con toda claridad señaló que el
propósito de esta norma era eminentemente evitar conductas
irregulares que las partes desarrollaran en el curso del proceso
penal, y esa decisión con carácter vinculante debe orientar la
determinación relativa a que la culpa de la víctima se refiere a
conductas relacionadas con el proceso:
<<Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del
deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el
buen funcionamiento de la administración de justicia (Art.
95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto
hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de
los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la
atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a
consideración de la rama judicial. Gran parte de la
responsabilidad de las fallas y el retardo en el
funcionamiento de la administración de justicia, recae en
los ciudadanos que colman los despachos judiciales con
demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor
o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante
la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la
norma bajo examen es un corolario del principio general
del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho
de su propia culpa”26.
37.- El caso en el cual la decisión del juez que ordena la
detención resulta determinada, provocada o inducida por la
conducta de la víctima, puede entenderse como un caso en el
que el daño es causado exclusivamente por ella, que es la que
instiga la conducta de quien materialmente causa el daño (juez
que adopta la decisión). Cuando ello no ocurre y es el juez el
que valora el comportamiento del sindicado en el momento en
26
C-037/96
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que ocurrieron los hechos y profiere la decisión de detener es
evidente que esta es la causa de la detención y no puede
considerarse que la misma fue provocada por la <<culpa grave
o el dolo de la víctima>>; aquí no está demostrado que ésta
hubiese desarrollado alguna conducta dirigida a generar tal
decisión.
38.- En conclusión:
• Las conductas que determinan la detención del sindicado, es
decir, el comportamiento por el cual se adelanta la investigación
y se le imputa la comisión de un delito y se ordena su detención,
no pueden estructurar la culpa exclusiva de la víctima porque
tales conductas no pueden tener como finalidad hacer incurrir al
juez en equivocación cuando adopta tal decisión.
• Son las actuaciones dirigidas a que el juez incurra en
equivocación (como hacer afirmaciones falsas u ocultar las
verdaderas, confesar conductas en la que no incurrió para
favorecer a un tercero, o eludir los llamados para que
comparezca al proceso) las que pueden estructurar la culpa
exclusiva de la víctima, en la medida que están dirigidas,
intencionalmente o con una negligencia tal que hace presumir
tal intención, a distorsionar la investigación o impedir su normal
desarrollo y pueden resultar determinantes de la decisión de
detener al sindicado que adopta el juez penal. Es frente a estas
conductas, ajenas y distintas a aquellas que determinaron la
imputación del delito, que puede estructurarse la culpa exclusiva
de la víctima.
39.- En este caso no está probado que la víctima directa hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser
determinantes para la imposición de la medida de
aseguramiento. Si bien el demandante Gil Echeverri no declaró
el ingreso de los €75.000, hecho que aceptó en la indagatoria,
esta conducta no puede considerarse como una actuación
procesal dirigida a provocar su propia detención.
i) ¿Podría la Sala exonerar de responsabilidad al
Estado por la culpa exclusiva de la víctima, en los
términos del artículo 70 de la ley 270 de 1996,
considerando que las actividades desarrolladas por el
demandante lo hacían considerar sospechoso de la
comisión del delito?
40.- La respuesta es negativa por varias razones:
40.1.- Calificar de sospechoso al imputado y, como consecuencia
de lo anterior, negarle el derecho a la reparación, implica
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asimilar la detención preventiva, que es una medida cautelar, a
una sanción. Implica concluir que el imputado al que se le
impuso esta medida merecía sufrir el perjuicio que se le causó y
por lo tanto no debe ser reparado. Implica considerar que así
como quien va a prisión por haber cometido un delito no debe
ser indemnizado porque el daño que recibe se encuentra
justificado por haber sido condenado como responsable de la
comisión de ese delito, el <<sospechoso>> de haber incurrido
en el mismo, tampoco debe ser indemnizado. Tal consideración
desconoce que la privación provisional de la libertad no es una
sanción que pueda imponérsele a quien es sospechoso de un
delito, porque no hay ninguna norma que lo permita, y, por el
contrario, la presunción de inocencia prohíbe darle al imputado
tal tratamiento.
[…]
i) ¿Podría la Sala considerar que la detención del
demandante se justificó en su propia culpa porque
incurrió en conductas irregulares que contrarían los
principios de la Constitución Política que prohíbe
cualquier conducta discriminatoria?
41.- La respuesta a este interrogante también debe ser negativa
por las siguientes razones:
41.1.- Si el juez de la responsabilidad estatal concluyera que la
detención del demandante fue generada por su propia conducta
y que por ende era una medida justificada, desconocería la
decisión penal en firme que absolvió al demandante por
considerar que la conducta que desarrolló no era constitutiva de
delito. La decisión que declara que el sindicado es inocente
porque no se demostró el origen ilícito del dinero que el
demandante Gil Echeverri ingresó al país, no puede ser
desconocida de ninguna manera por el juez de la responsabilidad
porque atentaría contra la presunción de inocencia del sindicado
que la sentencia del juez penal dejó intacta.
41.2.- La regla de la presunción de inocencia que aparece
expresamente prevista en la Constitución Política como una
garantía del derecho fundamental al debido proceso impone a
las autoridades públicas (dentro de las cuales principalmente
están los jueces) la obligación de tratar como inocente a quien
no haya sido condenado penalmente por un delito, punto en el
cual el artículo 71 de la Ley 600 de 2000 que <<toda persona
se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no
se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su
responsabilidad penal>>. Esa regla se desconoce al tratar como
sospechosa al demandante, y por tal razón negarle el derecho a
la reparación del daño sufrido con su privación de la libertad
[…]”.
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Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que la
SECCIÓN TERCERA encontró probado que el señor CARLOS
ARTURO GIL ECHEVERRI estuvo privado injustamente de la
libertad entre el 26 de julio de 2004 y el 30 de mayo de 2007, esto
es, por un período total de 2 años, 10 meses y 4 días.
Ahora bien, la SECCIÓN TERCERA analizó el caso bajo la óptica de
un régimen de responsabilidad subjetivo, pues no se limitó a
verificar si la víctima simplemente había sido absuelta del delito que
se le había endilgado, sino que su conclusión se basó en el hecho de
que la medida de aseguramiento que le fue impuesta no cumplió con
los requisitos legales para tal efecto.
Respecto a la FISCALÍA, la autoridad judicial accionada encontró
que está entidad no justificó los dos indicios graves de
responsabilidad contra el señor CARLOS ARTURO GIL
ECHEVERRI, como lo exigía el artículo 357 de la Ley 600 de 24 de
julio de 200027, para la imposición de la medida de aseguramiento.
En relación con la RAMA JUDICIAL, la responsabilidad fue atribuida
porque, una vez fue asumido el proceso por parte del juzgado de la
27
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
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causa, este no efectúo un control de legalidad sobre la medida
impuesta por la FISCALÍA al señor CARLOS ARTURO GIL
ECHEVERRI, lo que implicó su prolongación de manera injustificada.
Ahora bien, en el caso bajo estudio la RAMA JUDICIAL adujo que
la providencia acusada incurrió en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias
C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 y sustantivo por indebida aplicación
de los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil.
Lo anterior, debido a que, en criterio de la actora, la SECCIÓN
TERCERA no hizo un análisis del medio exceptivo de la culpa
exclusiva de la víctima a partir de las acciones ejecutadas por el señor
CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI, que llevaron a que fuera sujeto
de la investigación penal y que fuera privado de la libertad de manera
preventiva.
En concreto, la RAMA JUDICIAL adujo que el actor ingresó al país
con una cantidad cuantiosa de divisas que llevaba ocultas sin ser
declaradas, lo que llevó a que fuera investigado por el presunto delito
de lavado de activos y, en consecuencia, se le impusiera la medida
de aseguramiento de forma preventiva.
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Al respecto la Sala advierte que en las sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018, invocadas como desconocidas por la actora, la
Corte Constitucional señaló que el juez administrativo dando
aplicación al principio iura novit curia, debe establecer el régimen de
imputación a partir de las particularidades del caso en concreto, toda
vez que realizar una fórmula rigurosa para el juzgamiento del Estado,
en lo referente a la privación de la libertad, trasgrede el artículo 68
de la Ley 270 y el régimen general de responsabilidad establecido en
el artículo 90 de la Constitución Política.
Además, el Alto Tribunal dispuso que definir como fórmula inmutable,
que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la
presunción de inocencia, o incluso en otros eventos, el Estado deba
ser condenado de manera automática, conlleva la vulneración de la
normativa mencionada en precedencia.
Agregó que, en materia de privación injusta de la libertad, la
responsabilidad del Estado no se define a partir de un título de
imputación único y excluyente (objetivo o subjetivo), en razón a que
debe obedecer a las particularidades del caso, esto es, que la decisión
a través de la cual se restringió privativamente la libertad sea
inapropiada, irrazonable y desproporcionada.
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Así, en la sentencia C-037 de 1996, en relación con el tema bajo
estudio, la Corte Constitucional señaló de forma puntual:
“[…] ARTICULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien
haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar
al Estado reparación de perjuicios.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su
fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28,
29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término
“injustamente” se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad
no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino
abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría
permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese
privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de
mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma
automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para
el patrimonio del Estado, que es el común de todos los
asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se
examina y la consecuente declaración de la responsabilidad
estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo
siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado
de las circunstancias en que se ha producido la detención […]”.
De igual forma, en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte precisó:
“[…] 117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90
de la Constitución Política no establece un régimen de
imputación estatal específico.
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la
sentencia C-037 de 1996, no definen un régimen de imputación
concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del
principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de
imputación a partir de las particularidades de cada caso.
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120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el
juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la
libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley
270 de 1996 y de paso el régimen general de responsabilidad
previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la
presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro
reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se
acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el
Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se
restringió preventivamente la libertad fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un
precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda
acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su
absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar,
un título de atribución objetiva. Esa libertad judicial también se
extiende a la nominación de las causales de privación injusta,
dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del
Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto
estado de cosas, independientemente de estar o no normados
[...]”.
Aunado a lo anterior, la Sala destaca que las reglas jurisprudenciales
en cita estuvieron desarrolladas, entre otros, a partir del alcance
dado a los artículos 68 y 70 de la Ley 270 de 1996, citados por la
parte actora y que prevén:
“[…] ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien
haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar
al Estado reparación de perjuicios.
[…]
[…] ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño
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se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando
ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto
los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de
responsabilidad al Estado […]”.
Por su parte el artículo 63 del Código Civil, norma que también fue
invocada como desconocida por la actora, define los términos de
culpa y dolo en forma general así:
“[…] ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres
especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en
no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro […]”.
Precisado lo anterior, la Sala no advierte que la providencia acusada
haya incurrido en desconocimiento de los precedentes aludidos, ni de
las normas citadas.
En efecto, los precedentes invocados son claros en establecer que, en
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materia de privación injusta de la libertad, no hay un régimen
específico de responsabilidad que deba aplicarse, sino que este debe
ser establecido por el juez administrativo, con base en el principio iura
novit curia, a partir de las particularidades de cada caso.
En el caso bajo estudio, la autoridad judicial accionada analizó el
asunto bajo la óptica de un régimen de responsabilidad subjetivo,
habida cuenta que encontró que la medida de aseguramiento objeto
de la controversia no cumplió con los requisitos previstos en el artículo
357 de la Ley 600 de 2000 para su imposición, con base en
argumentos precisos y puntuales, sobre los cuales la RAMA
JUDICIAL no hizo reparos concretos.
Ahora bien, no es cierto que la autoridad judicial accionada no haya
valorado el medio exceptivo de culpa exclusiva de la víctima, puesto
que en la providencia cuestionada aquella destacó que no se advertía
que el señor CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI “[…] hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser
determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento
[…]”.
Situación distinta es que la RAMA JUDICIAL pretenda que se haga un
análisis de la conducta del señor CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI
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antes del proceso penal, esto es, a las acciones que llevaron a que
fuera investigado, situación que no corresponde a ninguna de las reglas
fijadas en las providencias invocadas como precedente, ni en las
normas citadas como desconocidas.
Cabe destacar que, frente al análisis de la culpa exclusiva de la
víctima, a partir de su conducta en actos pre procesales y procesales
no hay unidad de criterio entre las subsecciones de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
De ahí que en tal situación prevalece el principio de autonomía e
independencia de la autoridad judicial accionada, en razón a que es
un órgano de cierre y que ha venido sosteniendo que la única
conducta que puede ser valorada y, por ende, capaz de liberar de
responsabilidad al Estado, es la conducta procesal, la cual fue
analizada en el caso que nos ocupa, sin que por ello se pueda predicar
un desconocimiento del precedente.
Al respecto en sentencia de 11 de diciembre de 202028, esta Sala
señaló:
“[…] No obstante la existencia de los anteriores
antecedentes jurisprudenciales, también debe resaltarse
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2020, Cp Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-
2020-04597-00.
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que, a través de las sentencias de 6 de agosto de 2020 29,
de 8 de mayo de 202030, de 30 de abril de 2020, de 2 de
abril de 202031, entre otras, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha venido sosteniendo que
el juez contencioso no se encuentra legitimado para
valorar la conducta pre procesal del encartado, so pena
de incurrir en un desconocimiento de la presunción de
inocencia de quien fue absuelto por el juez penal.
1. Como se puede advertir de los pronunciamientos efectuados
por las distintas Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, el entendimiento del alcance de la culpa exclusiva de
la víctima en los procesos de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad, en estos momentos, no es un
asunto pacífico porque la Subsección B de dicha Sección ha
venido sosteniendo que la única conducta que puede ser
valorada y, por ende, capaz de liberar de responsabilidad al
Estado, es la conducta procesal, en tanto que la conducta
pre procesal no puede ser objeto de análisis por el juez
contencioso.
2. En este contexto, cabe resaltar que la procedencia del
mecanismo de amparo en contra de providencias judiciales
proferidas por altas cortes es más restrictiva. Al respecto, la
Corte Constitucional, mediante la sentencia SU – 917 de 201032,
señaló que su procedencia únicamente tiene cabida «cuando
una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y
es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión».
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, rad. 70001-
23-31-000-2001-01143-01 (47792), M.P. Martín Bermúdez M.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, rad. 25000-
23-26-000-2005-02575-01 (43246), M.P. Martín Bermúdez M.
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de abril de 2020, rad. 25000-23-
26-000-2010-00749-01 (45173), M.P. Alberto Montaña Plata.
32
Corte Constitucional, Sentencia SU – 917 de 2010. M.P.: Jorge Iván Palacio P.
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
3. En ese orden de ideas, se advierte que prevalecen los
principios de autonomía e independencia de la autoridad
judicial accionada, en razón a su carácter de órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[…]”. (Resaltado fuera de texto).
Corolario a lo anterior los argumentos sobre la presunta configuración
de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente
y sustantivo no tienen vocación de prosperar.
Ahora bien, la RAMA JUDICIAL reprochó el hecho de que la
SECCIÓN TERCERA haya concedido medidas de reparación no
pecuniarias a su cargo, porque no había prueba del daño respectivo,
con lo cual argumentaron la presunta configuración del defecto
fáctico.
En el numeral octavo de la parte resolutiva de la providencia
cuestionada la autoridad judicial accionada ordenó al Fiscal General
de la Nación y al Director Ejecutivo de Administración Judicial que
emitieran un comunicado en el que ofrezcan disculpas al señor
CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI por el daño antijurídico
causado.
Sobre las razones y fundamentos de la orden aludida, en la
providencia acusada, la SECCIÓN TERCERA señaló lo siguiente:
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Actora: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
“[…] 49.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue
sometida el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri afectó su
derecho al buen nombre, la Sala ordenará al Fiscal General de
la Nación y al Director Ejecutivo de Administración Judicial de la
Rama Judicial expedir y hacer llegar al demandante Gil Echeverri
y sus familiares una comunicación en representación de la
entidad estatal responsable, en la que ofrezca disculpas a
nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le
causó habiéndolo privado injustamente de su libertad. La
anterior comunicación deberá remitirse dentro del mes siguiente
a la ejecutoria de la presente providencia. De acuerdo con el
principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben
concertarse con las víctimas, la Rama Judicial y la Fiscalía
deberán coordinar con la víctima si el documento solamente será
entregado en físico a él o si, además, se publicará en las
plataformas de comunicación y difusión de la Fiscalía y la Rama
Judicial […]”.
A través de la medida de reparación no pecuniaria reprochada por la
RAMA JUDICIAL se pretende la satisfacción del daño al buen
nombre de la víctima de la privación injusta de la libertad, como
consecuencia de la exposición de su reputación.
En ese orden de ideas, en la medida que fue probado que el señor
CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI fue privado de la libertad y que
el juez administrativo concluyó que dicha actuación fue injusta, la
medida de satisfacción al daño al buen nombre de éste tenía
fundamento fáctico, por lo que el reproche aludido sobre este aspecto
tampoco tiene vocación de prosperar.
Lo precedente pone de manifiesto que la SECCIÓN TERCERA no
incurrió en los defectos endilgados, toda vez que la providencia
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las
pruebas, la jurisprudencia y normas aplicables al asunto, por lo que
el hecho de que la RAMA JUDICIAL no comparta la tesis allí
dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, se accedieron a las pretensiones de la demanda.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la RAMA
JUDICIAL con las razones de la providencia judicial acusada, no así
las falencias que alega, razón por la que la Sala denegará el amparo
solicitado frente a los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, sustantivo y fáctico, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
relacionada con la falta de congruencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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Actora: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado frente a los defectos
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y
fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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