RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2009-00774-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00774-01

Acción de reparación directa

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
Martín Bermúdez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00774-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 25 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE patrimonialmente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL por el daño causado a los demandantes por la privación de la libertad de Carlos Arturo Gil Echeverri. SEGUNDO: CONDÉNASE la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales: Demandante Calidad o parentesco Cuantía Carlos Arturo Gil Echeverri Víctima directa 66,07 SMLMV Natalia Gil Calderón Hija de la víctima directa 66,07 SMLMV Jonathan Gil Urán Hijo de la víctima directa 66,07 SMLMV Carlos Arturo Gil Correa Padre de la víctima directa 66,07 SMLMV Marybel Gil Echeverri Hermana de la víctima directa 33,03 SMLMV María Manuela Gil Echeverry Hermana de la víctima directa 33,03 SMLMV Gloria Elena Gil Echeverri Hermana de la víctima directa 33,03 SMLMV TERCERO: CONDÉNASE la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales: Demandante Calidad o parentesco Cuantía Carlos Arturo Gil Echeverri Víctima directa 30,33 SMLMV Natalia Gil Calderón Hija de la víctima directa 30,33 SMLMV Jonathan Gil Urán Hijo de la víctima directa 30,33 SMLMV Carlos Arturo Gil Correa Padre de la víctima directa 30,33 SMLMV Marybel Gil Echeverri Hermana de la víctima directa 15,17 SMLMV María Manuela Gil Echeverry Hermana de la víctima directa 15,17 SMLMV Gloria Elena Gil Echeverri Hermana de la víctima directa 15,17 SMLMV CUARTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño emergente. QUINTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño emergente. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00774-01

Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CAUSACIÓN DEL DAÑO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / LIBERTAD DEL PROCESADO / VÍCTIMA DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO / REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, a la Fiscalía General de la Nación solo le es imputable el daño causado por la privación de la libertad [del demandante] hasta que quedó ejecutoriada la resolución de acusación […]. Igualmente, el daño es imputable a la Rama Judicial desde que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta el momento en que el demandante […] recuperó su libertad. Lo anterior, toda vez que durante ese periodo la víctima directa estuvo privado de la libertad bajo las órdenes del Juzgado [penal], que, de conformidad con el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, se encontraba habilitado para revocar de oficio la medida de aseguramiento.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 363

CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR SUPOSICIÓN / RETENCIÓN DE DINERO / ACTO ILÍCITO / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / ARGUMENTACIÓN DE LA PRUEBA / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / HIPÓTESIS DEL DELITO / ESTRUCTURA DEL INDICIO / HECHO PROBADO / INCAUTACIÓN DE DINERO / DEBATE SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / SITUACIÓN DEL PROCESADO / ACTIVIDAD CRIMINAL DE UN TERCERO / INGRESO ILEGAL DE DIVISA / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / COPARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA PUNIBLE

[L]a Fiscalía solamente contaba con una mera suposición o conjetura respecto del origen ilícito del dinero. Como lo destacó el Juzgado [penal] en la sentencia absolutoria, <<la Fiscalía pretendió edificar su argumentación en torno a la actividad delictual con fundamento en hipótesis, porque no alcanzaron a tener el carácter de indicio. (…) el único hecho probado es la incautación de los setenta y cinco mil euros, y tal circunstancia no sirve de punto de partida por ser precisamente el tema probatorio a debatir, (…) por ello era de su esencia que el hecho contase al menos con noticias de la vinculación del procesado o de terceros directa o indirectamente relacionados con las divisas y a su vez con alguna actividad al margen de la ley las cuales en la presente actuación brillan por su ausencia sin que signifique que deba existir previa condena>>.

INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA DETENCIÓN PREVENTIVA / TRÁMITE DEL PROCESO ORDINARIO / CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL / CONDUCTA DEL JUEZ / DERECHOS DEL SINDICADO / RESARCIMIENTO DEL DAÑO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / VIOLACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Nuestra jurisprudencia señala: <<El detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como una persona inocente en todos los ámbitos pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena. “La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia, pero permanece a disposición de la administración de justicia […] privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal>>. Cuando el juez de la responsabilidad desconoce el derecho del sindicado que califica de <<sospechoso>> a ser resarcido de los perjuicios que le genera la privación de la libertad, en realidad está desconociendo su presunción de inocencia en el ámbito de un proceso judicial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la presunción de inocencia en situación de detención preventiva, cita: Corte Constitucional, sentencia C-289 del 18 de abril de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

MÉTODO DE PONDERACIÓN / GESTIÓN DEL PROCESO / TRÁMITE DEL PROCESO ORDINARIO / CLASES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ILEGALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA DE LA VÍCTIMA / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / REPARACIÓN DE PERJUICIOS

La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) la inexistencia de culpa de la víctima, y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la metodología de análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2019, rad. 39626, C. P. Alberto Montaña Plata.

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ETAPA DE INSTRUCCIÓN / ETAPA DEL JUICIO ORAL / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / PRUEBA SOBREVINIENTE / REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUZGADO PENAL / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL / REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRÁCTICA DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

[R]especto de la revocatoria de la medida de aseguramiento del art. 363 de la Ley 600 se colige que: (i) procede tanto en la fase de instrucción como de juzgamiento; (ii) su estudio puede hacerse incluso de manera oficiosa; (iii) es viable cuando existan pruebas sobrevinientes que desvirtúen la medida o por insubsistencia de los fines que condujeron a su imposición. [E]l Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá incumplió su deber oficioso en relación con la revisión de la revocatoria de la medida. De haberlo cumplido, habría decretado la revocatoria de la medida, debido a que las pruebas practicadas durante el trámite del proceso desvirtuaban la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta contra el demandante.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 363

FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONCEPTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DESARRAIGO / DOMICILIO DEL PROCESADO / PERSONA NATURAL SIN DOMICILIO EN COLOMBIA / PERSONALIDAD DEL SINDICADO / PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / INDICIO EN CONTRA / HECHO INDICADOR / INGRESO DE DIVISAS

En relación con la necesidad de la medida, el ente acusador señaló que <<(…) la considera[ba] necesaria y procedente, al determinar que el sindicado quien no tiene domicilio en Colombia y al no contar con mayores elementos que nos permitan conocer su personalidad, ante la amenaza punitiva del tipo penal de lavado de activos, no ofrece garantías que permitan inferir que este comparecerá voluntariamente al proceso en el caso de una eventual condena, o pueda entorpecer la actividad probatoria>>. Los anteriores medios de convicción no eran suficientes para construir dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante […] porque: Si bien en la providencia que impuso la medida de aseguramiento el ente acusador hizo alusión a dos indicios distintos, lo cierto es que ambos hacen referencia a un mismo hecho indicador, consistente en haber ocultado a las autoridades el ingreso de [dinero en efectivo].

APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / CARÁCTER DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / VÍCTIMA DIRECTA / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INDICIO NECESARIO / JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / TEORÍA DEL DELITO / LAVADO DE ACTIVOS / INGRESO DE DIVISAS / PARTICIPACIÓN DELICTIVA

En vigencia de la Ley 600 de 2000, que fue el momento en el que se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357 […]. [N]o se cumplieron dichos requisitos porque la Fiscalía, si bien justificó adecuadamente la necesidad de la medida, no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante […]. [L]la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante […], a quien le imputó haber cometido el delito de lavado de activos porque consideró que [la suma de dinero] que ingresó de manera oculta al país eran producto de actividades ilícitas.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 355 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 356 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 357

PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REDUCCIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO / DETENCIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARTE DEMANDANTE / DECLARACIÓN EXTRAPROCESAL DE PARTE / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA DE LA PERSONA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / CUMPLIMIENTO DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA

La Sala aplicará para efectos de la indemnización los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad. Así mismo, se descontará en un 30% la indemnización correspondiente al período en el cual la víctima directa estuvo detenida en su domicilio. Para demostrar los perjuicios morales, la parte actora aportó declaraciones extraprocesales de su padre […] y sus hermanas […], quienes coincidieron en señalar que la privación de la libertad [de su familiar] afectó su estado emocional. La medida de aseguramiento se cumplió en establecimiento carcelario […] y en el domicilio del demandante […].

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).

APORTE DE LA PRUEBA / DETERMINACIÓN DEL INGRESO / INGRESO EN DINERO / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL / OBLIGACIÓN EN MONEDA LEGAL / TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

[C]on las pruebas aportadas no se logró demostrar el monto de los ingresos percibidos por [el demandante]. En consecuencia, se calculará el lucro cesante con base en la presunción del salario mínimo legal mensual vigente, correspondiente a pesos colombianos, pues tampoco se aportó información de cuál sería el salario equivalente en euros de acuerdo con la tasa de representativa del mercado para esa fecha. Para calcular el ingreso base de liquidación no se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales, porque este incremento no se solicitó en la demanda.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del consejero (e) Alexánder Jojoa Bolaños.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00774-01(43789)

Actor: CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI Y OTROS

Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se condena a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial porque la medida de aseguramiento dictada contra la víctima directa no cumplió con los requisitos legales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida 25 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la que se declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 23 de septiembre de 2009 por Carlos Arturo Gil Echeverri (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometida la víctima directa entre el 27 de julio de 2004 y el 30 de mayo de 2007, es decir, por un término de dos años, diez meses y tres días. En el proceso penal se le imputó el delito de lavado de activos.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<< PRIMERA.- Declarar que la Nación - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura son responsables administrativa y civilmente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a Carlos Arturo Gil Echeverri, Natalia Gil Calderón, Jonathan Gil Urán, Carlos Arturo Gil Correa, Gloria Elena Gil Echeverri, Maribel Gil Echeverri, María Manuela Gil Echeverry con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Carlos Arturo Gil Echeverri desde el 27 de julio de 2004 hasta el día 30 de mayo 2007 con motivo de la investigación penal realizada en principio por la Fiscalía General de la Nación - Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y lavado de activos - Fiscalía 29, con radicado núm. 2521, la unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá radicado núm. 1444 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá el que profirió finalmente sentencia absolutoria a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri el día 15 de mayo de 2007 y cobró ejecutoria del 6 de julio del mismo año.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Nación a indemnizar y pagar a los demandantes Carlos Arturo Gil Echeverri, Natalia Gil Calderón, Jonathan Gil Urán, Carlos Arturo Gil Correa, Gloria Elena Gil Echeverri, Maribel Gil Echeverri, María Manuela Gil Echeverry la totalidad de los daños y perjuicios causados tanto de orden material como de orden moral que se establezcan en este proceso a cada uno de los demandantes y la cancelación del dinero estimado en forma razonada los que deberán ser actualizados para la fecha de la sentencia que imponga la condena al igual que los intereses legales vigentes certificados por la Superintendencia financiera de Colombia, desde la privación injusta de la libertad hasta el día que se cancelen los dineros en su totalidad.

TERCERA.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la Fiscalía General de la Nación y la Nación.

PERJUICIOS MATERIALES:

Tendrán que incluir los siguientes aspectos:

El valor de los ingresos dejados de percibir por Carlos Arturo Gil Echeverri, de conformidad al promedio de su salario que devengaba al momento de su captura desde el 26 de julio del 2004 hasta el día 30 de mayo 2007, día de su liberación, teniendo en cuenta las declaraciones tributarias del impuesto sobre el valor añadido del año 2003, sobre los períodos 3 y 4 conjuntamente con el año 2004 sobre los periodos 1, 2 y 3 ante la Delegación de Administración de Madrid del Ministerio de Hacienda de España que determinan que el promedio mensual del señor Carlos Arturo Gil echeverri eran de DOS MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA UN EUROS (2951) que constituyen como ingresos totales CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (100.334) equivalentes en moneda legal colombiana a la TRM del día del pago de la sentencia valores debidamente actualizados.

El valor del pasaje aéreo de Bogotá a Madrid que no pudo arribar el día 23 de agosto del 2004 por estar privado de la libertad el señor Carlos Arturo Gil Echeverri, que corresponde a QUINIENTOS VEINTE EUROS (520) equivalente en moneda legal colombiana a la TRM del día de pago de la sentencia valores debidamente actualizados.

El valor del préstamo que el señor Carlos Arturo Gil Echeverri contrajo con la caja de Madrid que dejó de cancelar por estar privado de la libertad que se estima en OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTE EUROS (8720) equivalente en moneda legal colombiana a la TRM del día de pago de la sentencia valores debidamente actualizados.

El valor de dineros cancelados al INPEC en el establecimiento carcelario La Modelo patio 3, por algunos artículos consumidos durante el transcurso de la detención del señor Carlos Arturo Gil Echeverri que corresponde a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESTENTA Y TRES PESOS ($238.563) pesos valores debidamente actualizados.

El valor de los dineros a los que el señor Carlos Arturo Gil Echeverri tuvo que cancelarle a la profesional del derecho Dr. Helga Patricia Recio Castaño por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6`000.000), quien prestó sus servicios como apodera y defensora en la etapa de juicio, desde el 24 de abril de 2006, como gastos para el mismo.

DAÑO EMERGENTE

Este es uno de los elementos constitutivos del perjuicio material, hace referencia a los dineros que mi representado tuvo que invertir, en primer lugar, para el proceso penal al que fue vinculado y que fue necesario derogar de su propio pecunio, de préstamos de dinero a familiares para sufragar los gastos de sus hijos, lo mismo que el de su sustento en el sitio de detención.

El lucro cesante otro de los elementos de perjuicio material consistente en los dineros que dejó de percibir desde el momento de la privación injusta de la libertad y que hace referencia a la pérdida de calidad de empresario por pérdida de negocio no pudo volver a laborar, no pudo volver a cancelar su póliza de seguros, ni aportó entonces a la seguridad social, ni a pensiones, tiempo que no se puede recuperar, por su detención.

Estos dineros no solamente dejaron de percibir durante los 2 años 10 meses y 4 días de su detención, sino actualmente por no estar preparado para los cambios en la economía, además se les cerraron las puertas laborales y pérdida de oportunidad, expuso todo su patrimonio como consta en el balance.

La valoración razonable de los perjuicios materiales sobrepasa fácilmente los TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS ($338´467.031).

PERJUICIOS MORALES

Los perjuicios Morales irrogados a mis protegidos, han de pasarse de conformidad a lo establecido por el honorable Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de septiembre de 2001 No.13232, del honorable consejero Eduardo Hernández Enriquez, Sección Tercera, en pesos hasta por 200 salarios mínimos mensuales para cada uno de ellos.

(…)

CUARTO.- Que como consecuencia de la declaración de la condena la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Nación deberán cancelar los intereses moratorios hasta cuando el pago se efectúa.

QUINTO.- Que se condene a la Nación, Consejo Superior de la judicatura y la Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes cualquier otro perjuicio de rebote que sencilla de mostrar en el proceso más los intereses a partir de la causación de ese perjuicio. (…)>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La investigación penal tuvo origen el 26 de julio de 2004, cuando el demandante Gil Echeverri llegó a Bogotá en un vuelo proveniente de España. Ese día fue capturado en un operativo de control aduanero desplegado en el aeropuerto El Dorado, porque le fueron encontrados <<ocultos>> €75.000, que no fueron declarados ante la DIAN.

3.2.- El 27 de julio de 2004, la Fiscalía 29 Seccional de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio dictó resolución de apertura de instrucción y ordenó que el demandante Gil Echeverri fuera escuchado en indagatoria. En esa diligencia trató de explicar el origen lícito del dinero; señaló que hacía parte del fruto de su trabajo por 14 años y que lo traía con el propósito de <<montar un negocio (locutorio) parecido al que ten[ía] en Madrid>>.

3.3.- El 2 de agosto de 2004 la Fiscalía 29 Seccional de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio dictó medida de detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra el demandante Gil Echeverri, a quien le imputó la comisión del delito de lavado de activos.

3.4.- El 28 de diciembre de 2004 la Fiscalía profirió resolución de acusación contra el demandante Gil Echeverri, que fue confirmada en segunda instancia por la Fiscalía 28 delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá mediante resolución del 24 de febrero de 2005.

3.5.- El 15 de mayo de 2007 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del demandante Carlos Arturo Gil Echeverri y ordenó su libertad inmediata. Esa orden se hizo efectiva el 30 de mayo de 2007.

4.- De acuerdo con lo anterior, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri fue capturado el 26 de julio de 2004; (ii) el 2 de agosto de 2004 la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en su contra; (iii) el 24 de febrero de 2005 la Fiscalía confirmó la resolución de acusación dictada en su contra y (v) el 15 de mayo de 2007 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al demandante Gil Echeverri y ordenó su libertad.

5.- Según la parte actora, el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri fue privado injustamente de la libertad porque no existió un indicio que soportara la medida de aseguramiento que se le impuso, ni tampoco se probó una conducta típica que pudiera ser reprochable por la justicia penal.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) la víctima directa dejó de percibir ingresos como consecuencia de la privación de la libertad; (ii) perdió el vuelo de regreso a España; (iii) dejó de cancelar el crédito que tenía con la Caja de Madrid; (iv) se vio obligado a incurrir en gastos de defensa judicial, transporte para la familia entre Cali y Bogotá y artículos que fueron consumidos en el establecimiento carcelario; (v) perdió su prestigio como empresario y su negocio y (vi) tanto la víctima directa como sus familiares sufrieron afectaciones morales por la detención. La víctima directa vio truncada <<su vida laboral y afectiva con sus hijos (…) debido al grave traumatismo familiar y psicológico al que quedó sometido por el hecho de haberse convertido en un ex presidiario>>; así mismo, sus familiares sufrieron <<un trauma familiar moral y la pérdida de la imagen de la familia>>.

B.- Posición de la parte demandada

7.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas. Como argumentos de defensa expuso que el juzgado penal actuó conforme a derecho porque absolvió al demandante Gil Echeverri a partir de las pruebas aportadas al proceso penal. Formuló las excepciones de: (i) <<falta de causa para demandar>> porque la víctima directa fue absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo, lo que no le permitía demandar la responsabilidad patrimonial del Estado y (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto consideró que la Fiscalía, que era la entidad llamada a responder, cuenta con autonomía presupuestal y administrativa.

8.- La Fiscalía también se opuso a las pretensiones formuladas. Se limitó a señalar que lo expuesto por la parte demandante carecía de fundamento fáctico y jurídico. Adicionalmente, formuló la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante Gil Echeverri originó con su conducta la investigación penal, pues intentó ingresar al país €75.000 sin haberlos declarado. Por el contrario, los escondió en la pretina del pantalón y en un álbum fotográfico procedente de España.

C.- Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 25 de enero de 2012 el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

9.1.- Encontró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante Gil Echeverri <<ocultó de manera subrepticia las divisas y no declaró el ingreso de las mismas al país>>. El tribunal destacó que en la indagatoria la víctima directa aceptó haber ocultado el ingreso de las divisas a las autoridades migratorias por razones de seguridad. Por lo tanto, indicó que, si temía que su dinero se perdiera, el demandante Gil Echeverri podía haber contratado una compañía de transporte de valores autorizada para realizar la respectiva declaración e ingresar las divisas como carga separada del equipaje del viajero.

9.2. No encontró probada una inactividad de la parte demandada que generara mora en el procedimiento penal.

D.- Recurso de apelación

10.- La parte demandante apeló el fallo de primera instancia. Solicitó que se revocara integralmente y en su lugar se condenara a las entidades demandadas. Su inconformidad se centró en los siguientes puntos:

10.1.- El a quo debió aplicar un régimen objetivo de responsabilidad y condenar a las entidades demandadas porque el demandante Gil Echeverri fue absuelto debido a que no cometió un hecho punible.

10.2.- En todo caso, la víctima directa fue privada de la libertad por la falta de actividad probatoria de la Fiscalía, quien impuso una medida de aseguramiento sin pruebas y con base en suposiciones.

10.3.- No se configuró la culpa exclusiva de la víctima porque (i) la parte demandada contribuyó en la producción del daño y (ii) el juez administrativo no podía analizar las conductas preprocesales de la víctima directa, cuando no se encontraba habilitado para ello.

CONSIDERACIONES

E.- Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

11.- Con (i) el acta de derechos del capturado (ii) la resolución de acusación del 28 de diciembre de 2004 y (iii) la diligencia de compromiso y caución prendaria suscrita por la víctima directa, está probado que el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri estuvo privado de la libertad entre el 26 de julio de 2004 y el 30 de mayo de 2007, es decir, por un periodo total de dos años, diez meses y cuatro días. La medida de aseguramiento se cumplió en establecimiento carcelario entre el 26 de julio de 2004 y el 19 de diciembre de 2005, y en el domicilio del demandante desde el 20 de diciembre de 2005 hasta el 30 de mayo de 2007.

12.- Está demostrado que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en sentencia de primera instancia proferida el 15 de mayo de 2007, absolvió al demandante Carlos Arturo Gil Echeverri de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos en aplicación del principio in dubio pro reo, debido a que: (i) las pruebas sobre su participación en los hechos investigados generaban dudas que no permitían condenarlo y (ii) no se logró demostrar la ilicitud del dinero que la víctima directa ingresó al país.

13.- En esta providencia, la Sala:

13.1.- Se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal. En efecto, la providencia mediante la cual se absolvió al demandante Carlos Arturo Gil Echeverri quedó ejecutoriada el 6 de julio de 2007 y la demanda se presentó el 23 de septiembre de 2009. Se debe advertir que la demanda se instauró en término porque la parte demandante presentó solicitud de conciliación el 25 de junio de 2009 y los términos se suspendieron hasta el 16 de septiembre de 2009, fecha en la que se declaró fallida la conciliación.

13.2.- Revocará la sentencia de primera instancia y condenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial porque: (i) la medida de aseguramiento no cumplió los requisitos legales dado que no existían dos indicios graves de responsabilidad penal en contra del demandante Gil Echeverri; (ii) durante la etapa de juicio se prolongó ilegalmente la medida de aseguramiento porque el juez penal pudo revocarla de oficio y no lo hizo y (iii) contrariamente a lo que sostuvo el tribunal, no se configuró la culpa exclusiva de la víctima.

F.- Plan de exposición

14.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) la inexistencia de culpa de la víctima, y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

G.- La ilegalidad de la privación de la libertad

La ilegalidad de la medida de aseguramiento

15.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, que fue el momento en el que se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los siguientes:

15.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 357).

15.2.- La existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>>.

15.3.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>>.

16.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque la Fiscalía, si bien justificó adecuadamente la necesidad de la medida, no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri.

17.- Mediante Resolución del 2 de agosto de 2004 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri, a quien le imputó haber cometido el delito de lavado de activos porque consideró que los € 75.000 que ingresó de manera oculta al país eran producto de actividades ilícitas. La medida se basó en:

17.1.- Un indicio consistente en el <<ocultamiento del origen ilícito del dinero>>, por cuanto la víctima directa ocultó a las autoridades el ingreso de los € 75.000 al país. En ese sentido, infirió que de haber tenido un origen lícito, el dinero hubiese ingresado al país por las vías adecuadas. Adicionalmente, con el diligenciamiento del formulario de declaración de equipaje y dinero, la víctima directa tenía conocimiento de que debía avisar a las autoridades aduaneras si traía consigo una suma de dinero superior a los diez mil dólares. Sin embargo, decidió ocultar esa información.

17.2. Como segundo indicio, la Fiscalía señaló <<la conciencia de la ilicitud del origen del dinero>>, por la forma como se empacó o se camufló el dinero para que ingresara al país. Como ya se dijo, el demandante Gil Echeverri adaptó la pretina del pantalón que vestía para acomodar el dinero; así mismo, manipuló un álbum fotográfico para ocultar las divisas ante los controles de las autoridades fiscales y aduaneras del aeropuerto El Dorado.

17.3.- En relación con la necesidad de la medida, el ente acusador señaló que <<(…) la considera[ba] necesaria y procedente, al determinar que el sindicado quien no tiene domicilio en Colombia y al no contar con mayores elementos que nos permitan conocer su personalidad, ante la amenaza punitiva del tipo penal de lavado de activos, no ofrece garantías que permitan inferir que este comparecerá voluntariamente al proceso en el caso de una eventual condena, o pueda entorpecer la actividad probatoria>>.

18.- Los anteriores medios de convicción no eran suficientes para construir dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Gil Echeverri porque:

18.1.- Si bien en la providencia que impuso la medida de aseguramiento el ente acusador hizo alusión a dos indicios distintos, lo cierto es que ambos hacen referencia a un mismo hecho indicador, consistente en haber ocultado a las autoridades el ingreso de los € 75.000.

18.2.- En todo caso, esta única inferencia no permitía construir un indicio grave contra la víctima directa. Por el contrario, la Fiscalía solamente contaba con una mera suposición o conjetura respecto del origen ilícito del dinero. Como lo destacó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la sentencia absolutoria, <<la Fiscalía pretendió edificar su argumentación en torno a la actividad delictual con fundamento en hipótesis, porque no alcanzaron a tener el carácter de indicio. (…) el único hecho probado es la incautación de los setenta y cinco mil euros, y tal circunstancia no sirve de punto de partida por ser precisamente el tema probatorio a debatir, (…) por ello era de su esencia que el hecho contase al menos con noticias de la vinculación del procesado o de terceros directa o indirectamente relacionados con las divisas y a su vez con alguna actividad al margen de la ley las cuales en la presente actuación brillan por su ausencia sin que signifique que deba existir previa condena>>.

La prolongación ilegal de la privación de la libertad debido a la omisión de la Rama Judicial en la revisión de la legalidad de la medida de aseguramiento

19.- En relación con la Rama Judicial, el estudio de legalidad de su actuación no puede someterse al análisis del cumplimiento de los requisitos analizados con anterioridad, pues bajo la Ley 600 de 2000 era la Fiscalía General de la Nación la encargada de la imposición de la medida de aseguramiento.

20.- No obstante, en relación con la revocatoria de la medida el artículo 363 de la Ley 600 de 2000 señala que procedía <<Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen>>. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que dicha revocatoria <<se extiende también a la etapa de juzgamiento>>.

21.- Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001 condicionó la exequibilidad del artículo 363 de la Ley 600 de 2000 <<en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla.>>

22.- De lo anterior, respecto de la revocatoria de la medida de aseguramiento del art. 363 de la Ley 600 se colige que: (i) procede tanto en la fase de instrucción como de juzgamiento; (ii) su estudio puede hacerse incluso de manera oficiosa; (iii) es viable cuando existan pruebas sobrevinientes que desvirtúen la medida o por insubsistencia de los fines que condujeron a su imposición.

23.- En el caso concreto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá incumplió su deber oficioso en relación con la revisión de la revocatoria de la medida. De haberlo cumplido, habría decretado la revocatoria de la medida, debido a que las pruebas practicadas durante el trámite del proceso desvirtuaban la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta contra el demandante Gil Echeverri.
H.- Entidad imputada

24.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, a la Fiscalía General de la Nación solo le es imputable el daño causado por la privación de la libertad de Carlos Arturo Gil Echeverri hasta que quedó ejecutoriada la resolución de acusación, dado que esta entidad legalizó la captura y decretó la medida de aseguramiento a través de la Fiscalía 29 Seccional de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio.

25.- Igualmente, el daño es imputable a la Rama Judicial desde que quedó ejecutoriada la resolución de acusación hasta el momento en que el demandante Gil Echeverri recuperó su libertad. Lo anterior, toda vez que durante ese periodo la víctima directa estuvo privado de la libertad bajo las órdenes del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que, de conformidad con el artículo 363 de la Ley 600 de 2000, se encontraba habilitado para revocar de oficio la medida de aseguramiento que se le impuso a Carlos Arturo Gil Echeverri.

26.- Ahora bien, dado que no se aportó prueba de la ejecutoria de la resolución de acusación, se advierte que se tendrá en cuenta el día siguiente de la resolución que confirmó la acusación, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, que dispone que las providencias que resuelvan los recursos de apelación quedan ejecutoriadas el mismo día que son proferidas. En este caso, la resolución de acusación fue proferida el 28 de diciembre de 2004 y confirmada el 24 de febrero de 2005, por lo que el día hábil siguiente es el 25 de febrero de 2005. Así, la Sala tomará esta fecha –25 de febrero de 2005– como el momento en que la situación jurídica del demandante Gil Echeverri dejó de recaer en la órbita de la Fiscalía General de la Nación y pasó a la Rama Judicial.

I.- Análisis de la culpa de la víctima

27.- La Sala estudia si en este caso está demostrada la causal de exoneración prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, conforme con la cual <<el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado>>.

El análisis de la culpa de la víctima corresponde al presupuesto de la causalidad ¿fue esa culpa la que determinó la detención?

28.- El artículo 70 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia antes citado consagra un evento de exoneración total de responsabilidad del Estado respecto del cual la jurisprudencia ha señalado que es necesario acreditar que fue la víctima la que de manera exclusiva generó la detención. Se trata de demostrar que una decisión adoptada autónomamente en una providencia proferida por un juez fue determinada por la conducta del sindicado, punto en el cual debe advertirse, de manera preliminar, que no todos los antecedentes de un daño pueden considerarse como la causa de este. La implicación de un ciudadano con los hechos que dieron origen a la investigación penal no puede considerarse como causa de su detención: puede ser un antecedente o una condición necesaria para la producción del resultado, sin que pueda considerarse como causa.

29.- La causa material de la detención es la decisión que se adopta en la resolución judicial. Esa es la causa tangible, inmediata del daño. El sindicado es detenido porque el juez, en una providencia, ordena su privación de la libertad. Cuando se afirma que lo que causó la detención no fue tal decisión sino la conducta del propio sindicado, no se está hablando de causalidad material sino de causalidad jurídica o de imputación. Estamos haciendo un juicio de valor para establecer –a la luz del derecho– quién debe ser considerado como causante del daño.

30.- Estando clara la causalidad material del daño (la decisión del juez que ordena la detención) deben existir pruebas y argumentos suficientes para considerar que, en el campo de la causalidad jurídica, quien causó la detención fue la propia víctima; que es a ella, de manera exclusiva, a quien debe imputársele su propia detención.

La culpa de la víctima que exonera al Estado no debe deducirse de una conducta que genera la apariencia de un delito y que se desarrolla antes de que se inicie la investigación

31.- La realización de una conducta que genera la apariencia de un delito y que se desarrolla antes de que se inicie la investigación no permite concluir que la detención se produjo por la culpa de la víctima y menos que fue la detención determinada por su culpa grave o dolo como lo exige la ley. Lo que aquí debe considerarse es que el juez, teniendo en cuenta este comportamiento, adoptó la decisión de detenerlo porque consideró que la situación se adecuaba a los parámetros legales que le correspondía aplicar: pero no es razonable concluir que fue la conducta de la víctima la que lo generó. Después que se desarrolla esa conducta (antecedente 1) hay una decisión razonada que la analiza, que tiene en cuenta las normas aplicables y en un acto jurídico se ordena la detención (antecedente 2). Lo que genera el daño es el segundo antecedente: la decisión se toma por el juez; el imputado incurre en una conducta que es apreciada y contrastada con las normas aplicables por el juez para tomar la determinación que corresponde.

32.- Cuando el juez se pronuncia ha operado el <<traslado del riesgo a un ámbito de responsabilidad ajeno>> que no permite atribuirle al imputado la decisión de detenerlo. <<(…) [C]uando el riesgo se realiza, el deber de seguridad que tenía la persona que ha originado el peligro se ha trasladado a un ámbito de responsabilidad ajeno (…) En el momento en que el riesgo se realiza, éste era administrado por otro, había entrado en su ámbito de responsabilidad (...)>>

33.- Si el juez toma la decisión de detener a una persona a partir de su valoración autónoma de los elementos de conocimiento y esa valoración no está distorsionada por una conducta atribuible a la víctima y realizada por ella con ese propósito, no puede concluirse que la realización por el sindicado de una conducta que genera la apariencia de un delito sea la causa de la detención para exonerar al Estado de la responsabilidad por la adopción de esta providencia. Estar involucrado es apenas una condición para que el juez adopte –autónomamente– la decisión de detenerlo preventivamente, si considera que se cumplen los requisitos legales; es un antecedente necesario, pero no puede considerarse como la causa de la detención.

34.- Para concluir que la decisión de detener es imputable a la víctima o puede considerarse como causada jurídicamente por ésta, es necesario acreditar que la decisión se distorsionó como consecuencia de la conducta de la víctima, que sea distinta a su participación en los hechos que son juzgados autónomamente por el juez; es necesario acreditar que esa conducta de la víctima, realizada con el propósito de distorsionar su decisión, determinó que el juez incurriera en error y generó que produjera una decisión distinta de la que habría producido si la víctima no hubiese obrado de ese modo.

35.- Si una persona está involucrada en la comisión de un delito sin que existan indicios suficientes para ordenar su detención y opta por confesar su autoría para encubrir al verdadero autor; si presenta versiones contradictorias, omisivas o contrarias a la realidad, que desvían el curso de la investigación; si omite comparecer ante las autoridades, no obstante ser citado reiteradamente para que dé explicaciones de su conducta; y si como consecuencia de esas conductas, que son ajenas a los hechos objeto de investigación y que tienen como finalidad distorsionarla, el juez resuelve detenerlo, estaremos claramente ante eventos de culpa de la víctima que exoneran de responsabilidad al Estado.

36.- Al estudiar la exequibilidad el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional con toda claridad señaló que el propósito de esta norma era eminentemente evitar conductas irregulares que las partes desarrollaran en el curso del proceso penal, y esa decisión con carácter vinculante debe orientar la determinación relativa a que la culpa de la víctima se refiere a conductas relacionadas con el proceso:

<<Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.>>

37.- El caso en el cual la decisión del juez que ordena la detención resulta determinada, provocada o inducida por la conducta de la víctima, puede entenderse como un caso en el que el daño es causado exclusivamente por ella, que es la que instiga la conducta de quien materialmente causa el daño (juez que adopta la decisión). Cuando ello no ocurre y es el juez el que valora el comportamiento del sindicado en el momento en que ocurrieron los hechos y profiere la decisión de detener es evidente que esta es la causa de la detención y no puede considerarse que la misma fue provocada por la <<culpa grave o el dolo de la víctima>>; aquí no está demostrado que ésta hubiese desarrollado alguna conducta dirigida a generar tal decisión.

38.- En conclusión:

Las conductas que determinan la detención del sindicado, es decir, el comportamiento por el cual se adelanta la investigación y se le imputa la comisión de un delito y se ordena su detención, no pueden estructurar la culpa exclusiva de la víctima porque tales conductas no pueden tener como finalidad hacer incurrir al juez en equivocación cuando adopta tal decisión.

Son las actuaciones dirigidas a que el juez incurra en equivocación (como hacer afirmaciones falsas u ocultar las verdaderas, confesar conductas en la que no incurrió para favorecer a un tercero, o eludir los llamados para que comparezca al proceso) las que pueden estructurar la culpa exclusiva de la víctima, en la medida que están dirigidas, intencionalmente o con una negligencia tal que hace presumir tal intención, a distorsionar la investigación o impedir su normal desarrollo y pueden resultar determinantes de la decisión de detener al sindicado que adopta el juez penal. Es frente a estas conductas, ajenas y distintas a aquellas que determinaron la imputación del delito, que puede estructurarse la culpa exclusiva de la víctima.

39.- En este caso no está probado que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento. Si bien el demandante Gil Echeverri no declaró el ingreso de los €75.000, hecho que aceptó en la indagatoria, esta conducta no puede considerarse como una actuación procesal dirigida a provocar su propia detención.

¿Podría la Sala exonerar de responsabilidad al Estado por la culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70 de la ley 270 de 1996, considerando que las actividades desarrolladas por el demandante lo hacían considerar sospechoso de la comisión del delito?

40.- La respuesta es negativa por varias razones:

40.1.- Calificar de sospechoso al imputado y, como consecuencia de lo anterior, negarle el derecho a la reparación, implica asimilar la detención preventiva, que es una medida cautelar, a una sanción. Implica concluir que el imputado al que se le impuso esta medida merecía sufrir el perjuicio que se le causó y por lo tanto no debe ser reparado. Implica considerar que así como quien va a prisión por haber cometido un delito no debe ser indemnizado porque el daño que recibe se encuentra justificado por haber sido condenado como responsable de la comisión de ese delito, el <<sospechoso>> de haber incurrido en el mismo, tampoco debe ser indemnizado. Tal consideración desconoce que la privación provisional de la libertad no es una sanción que pueda imponérsele a quien es sospechoso de un delito, porque no hay ninguna norma que lo permita, y, por el contrario, la presunción de inocencia prohíbe darle al imputado tal tratamiento.

40.2.- Nuestra jurisprudencia señala: <<El detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como una persona inocente en todos los ámbitos pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena. “La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia, pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal>>. Cuando el juez de la responsabilidad desconoce el derecho del sindicado que califica de <<sospechoso>> a ser resarcido de los perjuicios que le genera la privación de la libertad, en realidad está desconociendo su presunción de inocencia en el ámbito de un proceso judicial.

40.3.- El Tribunal Supremo Español, refiriéndose al principio de presunción de inocencia consagrado también como derecho fundamental en su Constitución, señala: <<Opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo” (STC 109 / 1986, FJ 1). “Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial para convertirse en un derecho fundamental que vincula todos los poderes públicos y es de aplicación inmediata” (STC / 138/1992). “El derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas, o limitativo de sus derechos>> (STC 13 / 1982, Fj4).

¿Podría la Sala considerar que la detención del demandante se justificó en su propia culpa porque incurrió en conductas irregulares que contrarían los principios de la Constitución Política que prohíbe cualquier conducta discriminatoria?

41.- La respuesta a este interrogante también debe ser negativa por las siguientes razones:

41.1.- Si el juez de la responsabilidad estatal concluyera que la detención del demandante fue generada por su propia conducta y que por ende era una medida justificada, desconocería la decisión penal en firme que absolvió al demandante por considerar que la conducta que desarrolló no era constitutiva de delito. La decisión que declara que el sindicado es inocente porque no se demostró el origen ilícito del dinero que el demandante Gil Echeverri ingresó al país, no puede ser desconocida de ninguna manera por el juez de la responsabilidad porque atentaría contra la presunción de inocencia del sindicado que la sentencia del juez penal dejó intacta.

41.2.- La regla de la presunción de inocencia que aparece expresamente prevista en la Constitución Política como una garantía del derecho fundamental al debido proceso impone a las autoridades públicas (dentro de las cuales principalmente están los jueces) la obligación de tratar como inocente a quien no haya sido condenado penalmente por un delito, punto en el cual el artículo 71 de la Ley 600 de 2000 que <<toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal>>. Esa regla se desconoce al tratar como sospechosa al demandante, y por tal razón negarle el derecho a la reparación del daño sufrido con su privación de la libertad.

41.3.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional particularmente señala:

<<el detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como una persona inocente en todos los ámbitos pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena>>.

41.4.- En ese mismo sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al referirse al alcance del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 6.2 del Convenio de salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, señaló:

<<(…) 12. El Tribunal recuerda en primer lugar, que la presunción de inocencia queda ignorada, si una decisión judicial concerniente a un procesado refleja el sentimiento de que es culpable, cuando su culpabilidad no haya sido legalmente establecida con anterioridad. Basta, incluso en ausencia de declaración formal, un razonamiento sugiriendo que el juez considere a los interesados como culpables (ver, entre muchas otras, Puig Panella, ya citada, § 51).

13. Además, el Tribunal recuerda que el campo de aplicación del artículo 6 § 2 no limita a los procedimientos penales que pendientes, sino que se extiende a los procedimientos judiciales consecutivos a la absolución definitiva del acusado (ver, entre muchas otras, las sentencias Sekanina, ya citada, Rushiti c. Austria, no 28389/95, 21 de marzo de 2000, y Lamanna c. Austria, no 28923/95, 10 de julio de 2001) en la medida en que las cuestiones planteadas en estos procedimientos constituían un corolario y un complemento de los procedimientos penales concernidos en los cuales el demandante tenía la calidad «de acusado».

Aunque ni el artículo 6 § 2 ni ninguna otra cláusula del Convenio da derecho a reparación por una prisión provisional regular en caso de absolución (ver, mutatis mutandis, Dinares Peñalver c. España (dec.), no 44301/98, 23 de marzo de 2000), la expresión de sospechas sobre la inocencia de un acusado no es aceptable (más que) después de una absolución definitiva (ver, en este sentido, Sekanina, ya citada, § 30). El Tribunal ya tuvo la oportunidad de subrayar que una vez la absolución sea definitiva –incluso si se trata de una absolución en beneficio de duda conforme al artículo 6 § 2– la expresión de duda sobre la culpabilidad, incluidas las derivadas de los motivos de la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia (Rushiti, ya citada, § 31). En efecto, las decisiones judiciales posteriores o las declaraciones que emanan de las autoridades públicas, pueden representar un problema bajo el ángulo del artículo 6 § 2, si equivalen a una constatación de culpabilidad que ignore, deliberadamente, la previa absolución del acusado (ver Del Latte c. Países Bajos, no 44760/98, § 30, 9 de noviembre de 2004)

En el marco del artículo 6 § 2 del Convenio, la disposición de una sentencia absolutoria debe ser respetada por todas las autoridades que se pronuncia de manera directa o incidental sobre la responsabilidad penal del interesado (Vassilios Stavropoulos c. Grecia, n o 35522/04, § 39, 27 de septiembre de 2007). >>

42.- Por lo tanto, con fundamento en la aplicación del principio de presunción de inocencia, la Sala considera que no se puede configurar la culpa exclusiva de la víctima a partir del estudio de las conductas por las cuales el demandante Gil Echeverri ya fue investigado y posteriormente absuelto por la justicia penal, con fundamento en que no se probó el origen ilícito de las divisas que ingresó al país.

J.- Determinación de los perjuicios y reparación

43.- Con la copia de los registros civiles que obran en el expediente está acreditado que el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri es hijo de Carlos Arturo Gil Correa; padre de Natalia Gil Calderón y de Jonathan Gil Urán y hermano de Marybel, María Manuela y Gloria Elena Gil Echeverri.

Perjuicios morales

44.- La Sala aplicará para efectos de la indemnización los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad. Así mismo, se descontará en un 30% la indemnización correspondiente al período en el cual la víctima directa estuvo detenida en su domicilio.

45.- Para demostrar los perjuicios morales, la parte actora aportó declaraciones extraprocesales de su padre, Carlos Arturo Gil Correa, y sus hermanas Marybel, María Manuela y Gloria Elena Gil Echeverri, quienes coincidieron en señalar que la privación de la libertad de Carlos Arturo Gil Echeverri afectó su estado emocional.

46.- La medida de aseguramiento se cumplió en establecimiento carcelario entre el 26 de julio de 2004 y el 19 de diciembre de 2005; y en el domicilio del demandante a partir del 20 de diciembre de 2005 y el 30 de mayo de 2007.

47.- Como el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario por cuenta de la Fiscalía General de la Nación desde el 26 de julio de 2004 hasta el 25 de febrero de 2005, esto es, por seis meses y veintisiete días, la reparación de los perjuicios morales se tasará así:

Demandante
Calidad o parentesco
Cuantía
Carlos Arturo Gil Echeverri
Víctima directa
66,07 SMLMV
Natalia Gil Calderón
Hija de la víctima directa
66,07 SMLMV
Jonathan Gil Urán
Hijo de la víctima directa
66,07 SMLMV
Carlos Arturo Gil Correa
Padre de la víctima directa
66,07 SMLMV
Marybel Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV
María Manuela Gil Echeverry
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV
Gloria Elena Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV

48. Debido a que el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri estuvo privado de la libertad entre el 26 de febrero de 2005 y el 30 de mayo de 2007, es decir, por un periodo de dos años, tres meses y cuatro días a cargo de la Rama Judicial, de los cuales nueve meses y dieciséis días estuvo detenido en un establecimiento carcelario y un año, cinco meses y diez días en su domicilio, la reparación de los perjuicios morales se tasará así:

Demandante
Calidad o parentesco
Cuantía
Carlos Arturo Gil Echeverri
Víctima directa
30,33 SMLMV
Natalia Gil Calderón
Hija de la víctima directa
30,33 SMLMV
Jonathan Gil Urán
Hijo de la víctima directa
30,33 SMLMV
Carlos Arturo Gil Correa
Padre de la víctima directa
30,33 SMLMV
Marybel Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV
María Manuela Gil Echeverry
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV
Gloria Elena Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV

Daño al buen nombre

49.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue sometida el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al Fiscal General de la Nación y al Director Ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial expedir y hacer llegar al demandante Gil Echeverri y sus familiares una comunicación en representación de la entidad estatal responsable, en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó habiéndolo privado injustamente de su libertad. La anterior comunicación deberá remitirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Rama Judicial y la Fiscalía deberán coordinar con la víctima si el documento solamente será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de la Fiscalía y la Rama Judicial.

Daño emergente

50.- Por concepto de daño emergente, la parte actora solicitó la reparación de: (i) los gastos en los que incurrió la víctima directa para su defensa en el proceso penal, (ii) los gastos cancelados al INPEC en el establecimiento carcelario La Modelo, por la suma de $238.563, debidamente actualizados; (iii) la pérdida del pasaje aéreo de Bogotá a Madrid y (iv) el demandante Gil Echeverri incumplió el pago del préstamo que la Caja de Madrid le otorgó por valor de ocho mil setecientos veinte euros (€ 8.720).

51.- La Sala negará los gastos por concepto de defensa judicial de la víctima directa debido a que no se acreditó el pago de los honorarios a su apoderada judicial según las reglas jurisprudenciales, toda vez que: (i) no se allegó como prueba la factura o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario), acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por la abogada que asumió la defensa penal del afectado con la privación y (ii) no se encontró probado que la profesional del derecho beneficiaria del mismo fungió en el asunto penal como apoderada de la víctima de la detención.

52.- Para probar los gastos por productos de consumo humano, como comida y elementos de aseo, la parte actora aportó 13 facturas expedidas a su nombre por el establecimiento carcelario La Modelo. En consecuencia, se encontró probado que la víctima directa tuvo unos gastos por valor de doscientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos $238.563, los cuales deberán ser actualizados con la siguiente formula:

VR = VH x (IPC actual/IPC inicial)

Donde

VR: corresponde al valor a reintegrar.
VH: monto cuya devolución se ordenó inicialmente.
IPC: Índice de Precios al Consumidor. (el IPC inicial es de mayo de 2005, porque es la fecha que tienen las facturas aportadas)

VR= $238.563 x (108.78 / 57.95) = $447.815

53.- De los $447.815 la Fiscalía General de la Nación pagará el 50% y, el restante lo cancelará la Rama Judicial. En consecuencia, cada uno deberá pagar la suma de doscientos veintitrés mil novecientos ocho pesos ($223.908). Lo anterior toda vez que el daño es imputable a las dos autoridades demandadas.

54.- En cuanto a la pérdida del pasaje aéreo de Bogotá a Madrid se negará este perjuicio porque solo se aportó el pasabordo y con ese documento no se prueba el valor del tiquete aéreo, ni el año en que se iba a realizar el viaje, y tampoco se acredita la existencia de multa alguna que el demandante Gil Echeverri haya tenido que pagar por no realizar el viaje a España.

55.- Finalmente, también se niega el reconocimiento del valor del préstamo que otorgó la Caja de Madrid a la víctima directa, porque la parte demandante no demostró que el no pago del crédito obedeció a la privación de la libertad.

Lucro cesante

56.- La parte actora solicitó la indemnización del lucro cesante por los ingresos que la víctima directa dejó de percibir durante su detención por la actividad laboral que realizaba en España.

57.- Para acreditar el valor del lucro cesante, los demandantes aportaron los siguientes documentos: (i) oficio No 87 del 30 de octubre de 2003 expedido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, que informa la aceptación del demandante Gil Echeverri como <<empresario dentro del sistema de seguridad social>>; (ii) etiqueta de registro del expediente 455812064 de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, que evidencia la apertura de un locutorio telefónico por parte del demandante Gil Echeverri; (iii) balances de la situación económica de la víctima directa; (iv) Informes de cotizaciones a seguridad social de los años 2003 y 2004; constancia expedida por la Caja de Madrid sobre el valor del préstamo que esa entidad le otorgó al demandante Gil Echeverri; (v) pasabordo de un vuelo de Bogotá a Madrid a nombre de Carlos Arturo Gil Echeverri para el día 23 de agosto y (vi) declaraciones trimestrales tributarias de 2003 y 2004 ante la Agencia Tributaria de Madrid.

57.1.- En relación con los ingresos dejados de devengar por el demandante Gil Echeverri durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, la Sala señala que:

57.1.1.- A partir del oficio No 87 del 30 de octubre de 2003 expedido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y la etiqueta de registro del expediente 455812064 de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid se probó que para la fecha de la detención, el demandante Gil Echeverri ostentaba el estatus de empresario y contaba con la aprobación de apertura de un locutorio telefónico.

57.1.2.- No obstante, con las pruebas aportadas no se logró demostrar el monto de los ingresos percibidos por Gil Echeverri. En consecuencia, se calculará el lucro cesante con base en la presunción del salario mínimo legal mensual vigente, correspondiente a pesos colombianos, pues tampoco se aportó información de cuál sería el salario equivalente en euros de acuerdo con la tasa de representativa del mercado para esa fecha. Para calcular el ingreso base de liquidación no se adicionará el 25% por concepto de prestaciones sociales, porque este incremento no se solicitó en la demanda.

58.- En consecuencia, para la liquidación del perjuicio se tendrá en cuenta:

a.- Periodo indemnizable: es desde el 26 de julio de 2004 hasta el 30 de mayo de 2007, esto es, por un periodo dos (2) años, diez (10) meses y cuatro (4) días

b.- Salario Mínimo 2021: $ 908.526

c.- Se calcula con base en la siguiente fórmula:
SHAPE \* MERGEFORMAT
Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.00467
n= número de meses a indemnizar 34,12
1= Constante

S = $908.526 x (1 + 0.004867) 34,12 -1 = $33´632.612
0,004867
59.- Debido a que el daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, para el pago del lucro cesante alegado por la víctima directa por valor de treinta y tres millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos doce pesos ($33´632.612), la Sala distribuirá el monto en función del tiempo que el demandante Gil Echeverri estuvo privado de la libertad por cuenta de cada entidad, así:
59.1.- Carlos Arturo Gil Echeverri estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario por cuenta de la Fiscalía General de la Nación desde el 26 de julio de 2004 hasta el 25 de febrero de 2005, esto es, por 6 meses y 27 días. En consecuencia la reparación de los perjuicios materiales por lucro cesante a cargo de esa entidad será del 13,73%, esto es, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($4´617.758).
59.2.- Debido a que el demandante Carlos Arturo Gil Echeverri estuvo privado de la libertad entre el 26 de febrero de 2005 y el 30 de mayo de 2007, es decir, por un periodo de 2 años, 3 meses y 4 días a cargo de la Rama Judicial, la reparación de los perjuicios materiales por lucro cesante a cargo de esa entidad será del 86,27%, esto es, por valor de VEINTINUEVE MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($29´014.854).

K.- Costas

60.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

L.- Costo total de la condena para la fecha en la que se profiere la sentencia

61.- El costo total de la condena contra el Estado para la fecha en la que se profiere esta providencia es de QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($515´780.912), de los cuales CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($481´700.485) corresponden a perjuicios morales; CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($447.815) a perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($33´632.612) a perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 25 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE patrimonialmente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL por el daño causado a los demandantes por la privación de la libertad de Carlos Arturo Gil Echeverri.

SEGUNDO: CONDÉNASE la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:

Demandante
Calidad o parentesco
Cuantía
Carlos Arturo Gil Echeverri
Víctima directa
66,07 SMLMV
Natalia Gil Calderón
Hija de la víctima directa
66,07 SMLMV
Jonathan Gil Urán
Hijo de la víctima directa
66,07 SMLMV
Carlos Arturo Gil Correa
Padre de la víctima directa
66,07 SMLMV
Marybel Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV
María Manuela Gil Echeverry
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV
Gloria Elena Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
33,03 SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:

Demandante
Calidad o parentesco
Cuantía
Carlos Arturo Gil Echeverri
Víctima directa
30,33 SMLMV
Natalia Gil Calderón
Hija de la víctima directa
30,33 SMLMV
Jonathan Gil Urán
Hijo de la víctima directa
30,33 SMLMV
Carlos Arturo Gil Correa
Padre de la víctima directa
30,33 SMLMV
Marybel Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV
María Manuela Gil Echeverry
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV
Gloria Elena Gil Echeverri
Hermana de la víctima directa
15,17 SMLMV

CUARTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño emergente.

QUINTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($223.908) por concepto de daño emergente.

SEXTO. CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($4´617.758) por concepto de lucro cesante.

SÉPTIMO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Carlos Arturo Gil Echeverri la suma correspondiente a VEINTINUEVE MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($29´014.854) por concepto de lucro cesante.

OCTAVO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación y al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual ofrezcan disculpas al señor Carlos Arturo Gil Echeverri por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.

NOVENO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO. SIN CONDENA en costas.

DÉCIMO PRIMERO. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.

DÉCIMO SEGUNDO. Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

DÉCIMO TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

Con firma electrónica
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Salva voto

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO (E) ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00774-01(43789)

Actor: CARLOS ARTURO GIL ECHEVERRI Y OTROS

Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SALVAMENTO DE VOTO)

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por la Corporación, salvo mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 16 de julio de 2021, en el proceso de la referencia, pues en la misma se indicó que no se había configurado la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, aspecto que no comparto.

En la sentencia, el análisis de la culpa de la víctima se realizó solo desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que la persona realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que dan lugar a que se configure el eximente de responsabilidad.

En el sub lite, se tiene que el actor, viajero frecuente, ingresó al país con una cantidad cuantiosa de divisas de moneda extranjera las cuales llevaba ocultas, ni tampoco las declaró; al ser requisado y al encontrarse la inconsistencia entre lo encontrado y el formato por aquel diligenciado, se tiene que fue la propia imprudencia de la víctima la que hizo que se le vinculara por el presunto delito de lávado de activos.

De otro lado, en la sentencia se hace un reconocimiento al daño al buen nombre, el que se presume de la privación de la libertad, al respecto, el suscrito considera que dicho daño debe estar soportado en más elementos materiales de prueba.

En los anteriores términos, salvo mi voto.

Cordialmente,

ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)

Fl. 3 c. 3.
Fl. 85-106 c.2.
Fl. 116 c. 9.
Fl. 215-252 c. 2.
Fl. 253 c. 2.
Fl. 1 c. 1.
Fl. 370 c.2.
Fl. 388 c.2.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
Al respecto ver providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 23 de noviembre de 2016. AP7997-2016, Radicación No. 35691; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 2 de octubre de 2003, exp 21348.
<< Establece la norma que la detención preventiva se revocará cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen, postulado que debe ser armonizado con las consideraciones establecidas en esta providencia, por virtud de las cuales, la detención preventiva puede ser revocada cuando surjan nuevos elementos de juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr sus objetivos, ya sea porque existe certeza sobre la comparecencia del sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación a la comunidad o al material probatorio, etc. Por lo tanto, la norma es constitucional, pero siempre que la revocatoria de la detención preventiva proceda no sólo cuando exista prueba que desvirtúe los requisitos legales para su operancia, sino igualmente cuando se superen sus objetivos constitucionales y sus fines rectores>>
Claudia López Díaz, Introducción a la responsabilidad objetiva, Universidad Externado de Colombia, página 84.
C-037/96
C-289-12
Tomado de Rubio Llorente Francisco, Derechos fundamentales y principios constitucionales (doctrina jurisprudencial) Ariel Derecho, Barcelona 1995, p 355 y s.s.
<<ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá́ ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.>> (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original)
Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012.
<< 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad
haya sido legalmente declarada. (...) »
Sic.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Tandem c. España. Sentencia de fondo de 13 de julio de 2010.
Fl. 2 c.2.
Fl. 6 c.2.
Fl. 7 c.2.
Fl. 5 c.2.
Fl. 3 c.2.
Fl.4 c.2.
En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-00133-01 (44572).
Fl. 312, c.2.
Sobre la culpa de la víctima y como esta puede darse desde el punto de vista “pre procesal” se pueden consultar al respecto las sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. No. 23513. M.P Mauricio Fajardo Gómez

S = Ra

(1 + i)n - 1

i

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.