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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01328-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01328-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 22 de abril de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmando la decisión en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo del derecho fundamental a la igualdad. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todas las actuaciones adelantadas desde el auto de 27 de enero de 2021 dentro del proceso de reparación directa con 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 01328 01 Accionantes: LUIS MIGUEL MORALES ZAMBRANO Y OTROS radicado número 50001-33-33-003-2016-00424-00, y en consecuencia, ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, reanude la actuación a partir de este punto, surtiendo las actuaciones que en derecho correspondan y realizando su debida notificación conforme a la ley. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz QUINTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01328-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de julio de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2022 01328 01
Accionantes: LUIS MIGUEL MORALES ZAMBRANO Y OTROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 01328 01
Accionantes: LUIS MIGUEL MORALES ZAMBRANO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

Tesis: Se vulnera el derecho fundamental al debido proceso por
efecto de la indebida notificación al demandante del auto que
citó a la audiencia de conciliación, posterior a la sentencia de
primera instancia de carácter condenatorio, cuando como
consecuencia de su inasistencia a dicha diligencia se declara
desierto su recurso de apelación, por tratarse de una nulidad
procesal insanable en tanto que pretermite íntegramente la
segunda instancia respecto del demandante.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora en
contra del fallo de 22 de abril de 2022, dictado por la Sección Tercera -
Subsección A, del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO.

Los señores Luis Miguel Morales Zambrano, Juan Sebastián, Miguel Arcángel,
Myriam, Jairo, Olga, Wilson, Juan Manuel, Javier, Luis Alfonso, Fabio y Orlando
Morales Zambrano, María Miricela Rozo Montilla, Gladys Teresa Zambrano de
Fajardo, Luz Amanda, Luis Hernán, Luz Marina, Carlos Arturo y Rafael Henry
Zambrano Fajardo, en nombre propio, solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales consideraron
vulnerados con ocasión de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio1 y el Tribunal Administrativo del
Meta2, a partir del auto de 27 de enero de 2021, momento en el que el juzgado

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

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en mención fijó fecha para realizar audiencia de conciliación al interior del
proceso de reparación directa promovido por los aquí accionantes en contra del
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., y Medical Proinfo S.A.S,
tramitada con el radicado único 50001-33-33-003-2016-00424-00/01.

La parte actora formuló en la presente acción constitucional las siguientes
pretensiones:

“Con base en los argumentos fácticos y jurídicos precedentemente expuestos,
solicitamos al H. Consejero Ponente y por su conducto a la H. Sala, AMPARAR a los
suscritos accionantes los derechos constitucionales fundamentales quebrantados con
las actuaciones de los funcionarios judiciales tutelados, en procura del cumplimiento
inmediato de las órdenes impartidas, disponiendo lo siguiente:

1.- DECLARAR LA INVALIDEZ de todo lo actuado a partir del auto de 27 de enero de
2021, proferido por la Juez 3° Administrativo del Circuito de Villavicencio.

2.- ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO ACCIONADO PARA
REHACER la actuación a partir del 22 de enero de 2021, fecha en que ingresó el
expediente al despacho del juzgado 3° Id Documento:
11001031500020220132800005025220003 Administrativo del Circuito de
Villavicencio, para que ese funcionario judicial adopte la decisión que en derecho
corresponda, atendiendo las claras previsiones del Art. 67-2 de la Ley 2080 de 2021.”

Las pretensiones se fundaron, en síntesis, en los siguientes argumentos:

La parte accionante manifestó que las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, en primer lugar,
porque la citación a la audiencia de conciliación, posterior al fallo condenatorio
de primera instancia, que fue celebrada el 11 de febrero de 2021, resultó ilegal;
pues, de conformidad con el numeral 2° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que entró en vigencia el 25 de enero de 2021, la diligencia en comento solo
procede a solicitud de las partes cuando aquellas propongan una fórmula de
arreglo, circunstancias que en este caso no se presentaron, por lo tanto, no
procedía su celebración.

En segundo lugar, advirtió que, respecto del auto de 27 de enero de 2021,
mediante el cual se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de
conciliación posterior al fallo condenatorio de primera instancia, “el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio omitió el deber de remitir al
canal electrónico registrado por el apoderado la notificación del estado
electrónico conforme lo ordena el artículo 60 de la Ley 2080 de 2021”3, mientras
que tal diligencia sí se surtió frente a las demandadas y los terceros. Por esta

3
Se aclara que pese a que el accionante se refirió al artículo 60 de la Ley 2080 de 2021, verificado el texto
normativo en cita, esta Sala encuentra que esta norma modificó el inciso segundo del artículo 241 de la Ley
1437 de 2011, en lo relativo a cumplimiento de las medidas cautelares.

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razón, el apoderado de la parte demandante no logró asistir a la diligencia, y en
consecuencia el Juzgado declaró desierto el recurso de apelación que presentó
en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el 4 de septiembre de
2020.

Adujo que el juzgado, al momento de celebrar la audiencia de conciliación, debió
realizar el control de legalidad, ante la inasistencia de la parte demandante, a
efectos de verificar si se surtió en debida forma la notificación a las partes, y
proceder a suspender la diligencia para efectuar la notificación, o si fuere del
caso, fijar nueva fecha para su celebración.

Añadió que los apoderados de la parte demandada, así como de los terceros
interesados en las resultas del proceso, allegaron memoriales que no fueron
remitidos simultáneamente a la parte demandante como lo exige la normatividad
vigente, y que, de haberse hecho en debida forma, los demandantes habrían
conocido la diligencia a celebrarse.

Por otra parte, señaló que el Tribunal, al dictar el auto mediante el cual resolvió
el recurso de súplica en el sentido de confirmar la decisión que negó la solicitud
de nulidad presentada por la parte demandante, no tuvo en cuenta la constancia
dejada por la escribiente de dicha corporación acerca de la ausencia de
notificación a la parte actora del auto que fijó la fecha para celebrar la audiencia
de conciliación. Aclaró que, con todo ello, la autoridad judicial erró al considerar
que la nulidad se encontraba subsanada con la presentación de la solicitud de
aclaración y adición que se promovió respecto del auto que admitió el recurso
de apelación interpuesto por uno de los demandados.

Concluyó que, con dichas actuaciones, las autoridades judiciales le restringieron
su derecho a controvertir la decisión de primera instancia dictada dentro del
proceso de reparación directa en el que, además, se encontró acreditada una
falla del servicio y no una pérdida de oportunidad, como en su momento se
consideró.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto de 4 de marzo de 2022, el Magistrado sustanciador de la
Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela
y, en consecuencia, ordenó vincular al Hospital Departamental de Villavicencio
E.S.E., a Medical Proinfo S.A.S., a la Previsora S.A., a Liberty Seguros y a la
señora Luisa Fernanda Morales Rozo, como terceros interesados en el proceso.

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Así mismo, ordenó la notificación al Juzgado 3° Administrativo del Circuito de
Villavicencio, a los terceros y a los accionantes, como corresponde en cada caso.

2.2. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, se pronunció frente a la
veracidad de cada uno de los hechos de la acción de tutela; particularmente
advirtió que: i) esa sociedad no recibió mensaje de datos informando la
celebración de la audiencia, y ii) en el aplicativo Tyba es posible visualizar la
anotación del auto que fijó fecha para celebrar la diligencia. Finalmente, indicó
que “la suscrita deja a consideración del Honorable Consejero Ponente, la
resolución de la presente acción, toda vez que, considero que la misma, está
sujeta a la interpretación del juez constitucional, ya que, a pesar de que la norma
es de interpretación, los despachos accionados actuaron en derecho”.

2.3. La Clínica Medical Proinfo S.A.S. se opuso a las pretensiones, pero
advirtió que no le correspondía pronunciarse respecto de las irregularidades
procedimentales alegadas por el accionante, como quiera que aquéllas,
eventualmente, fueron saneadas en el proceso ordinario, y se resolvieron en las
instancias ya agotadas. Aludió a los supuestos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y señaló que, de no cumplirse éstos, se
estaría utilizando esta acción como una tercera instancia, desconociendo la
autonomía del juez ordinario, y solicitó su desvinculación.

2.4. El Tribunal Administrativo del Meta, en su escrito de contestación de la
acción de tutela, se remitió “íntegramente a las consideraciones plasmadas en las
providencias que cuestiona la parte accionante, las cuales contienen la
fundamentación jurídica, normativa, jurisprudencia y fáctica” que corresponden al
proceso 2016-00424-01.

2.5. Liberty Seguros S.A. hizo un breve recuento de las etapas agotadas en la
primera instancia del proceso ordinario, y afirmó que se atendría a la decisión que
se adoptara en el presente trámite constitucional.

2.6. El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. solicitó que se negara
la solicitud de amparo por resultar improcedente, principalmente porque, en su
consideración, el juez de la causa resolvió de manera acertada las inconformidades
presentadas por el apoderado de la parte demandante.

2.7. El señor Luis Miguel Morales Zambrano presentó memorial advirtiendo lo
siguiente: “actuando en nombre y representación de la menor LUISA FERNANDA
MORALES ROZO por ser su padre, respetuosamente me dirijo a Ud., para

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RATIFIRCARME en todos y cada uno de los hechos relatados en la acción de tutela
de la referencia, en la cual mi menor hija está siendo representada por el suscrito
y la señora MARIA MARICELA ROZO ZAMBRANO. Con lo anterior doy cumplimiento
a lo ordenado en el auto del 04 de marzo de 2022, en el cual le ordena a la menor
LUISA FERNANDA MORALES ROZO, pronunciarse respecto del asunto en cuestión.”

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 22 de abril de 2022, la Sección Tercera – Subsección A del
Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela formulada por la
parte actora, al encontrar que no se cumplió el requisito general de relevancia
constitucional. Al respecto consideró lo siguiente:

“[…] 14.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y todos los recursos que
la parte actora ha presentado dentro del proceso de reparación directa, se advierte que
esta acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar con el debate que
se surtió en el proceso ordinario para que se tenga en cuenta su recurso de apelación,
cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales
no comporta una tercera instancia.

14.1.- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural de la causa, pues en la presente acción planteó los mismos
argumentos que expuso en el recurso de súplica que presentó contra el proveído de 19 de
agosto de 2021, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición
promovido contra la providencia del 6 de mayo de 2021 y se rechazó de plano la solicitud
de nulidad promovida por la parte actora; toda vez que en el escrito de tutela sostuvo que
la parte accionada incurrió, en síntesis, en los siguientes yerros: i) por celebrar la audiencia
de conciliación, estando expresamente prohibida en la ley, ii) no notificar la realización de
la antedicha audiencia y, ii) no realizar un control de legalidad, con el fin de decretar las
nulidades advertidas.

[…]

Por tanto, la Sala advierte con claridad que el actor pretende seguir de forma indefinida
con el debate surtido y resuelto por los jueces de instancia, empleando una y otra vez los
mismos argumentos, al no estar de acuerdo con lo decidió(sic) por aquellos, sin tener en
cuenta que la falta de notificación del auto que convocó a audiencia de conciliación quedó
saneada, pues, tal como lo afirmó el tribunal acusado en su auto de súplica, en la
plataforma Tyba siempre estuvieron los reportes y las providencias de todas las
actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación directa, tales como […] sin que se
evidencie que las fechas del registro de las actuaciones daten con posterioridad a que el
recurrente puso de presente la irregularidad; por lo que la parte demandante debió
advertir la causal de nulidad relacionada con que “cuando en el curso del proceso se
advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de
demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que se haya saneado en la forma establecida en este código” cuando el juez de segunda
instancia admitió el recurso de apelación formulado por el Hospital Departamental de
Villavicencio, y no presentar un recurso de adición y aclaración sin mencionar alguna
situación generadora de nulidad, pues con aquella acción, actuó sin proponer la nulidad,
configurándose la primera causal que establece el artículo 136 del C.G.P para el
saneamiento de aquella.

Así mismo, la parte demandante pretende dejar en cabeza del operador judicial el deber
que le asiste, al indicar que el juez debía sanear de oficio la nulidad proveniente de la falta
de notificación del auto que convocó a audiencia de conciliación, olvidando la obligación
de las partes de poner de presente las irregularidades procesales de manera oportuna,
máxime, cuando el legislador ha previsto que pueden ocurrir circunstancias que aunque
generen nulidad pueden sanearse con la misma actuación de las partes.

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Se precisa, además, que fueron esas instancias judiciales las que tuvieron a su cargo
valorar los alegatos de derecho y hecho que el demandante sometió a su consideración,
sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es
mecanismo principal, no complementario al del control ordinario, y no tiene por fin revisar
las bases del debate judicial, para definir como instancia final las razones del derecho que
se debate. De aquí que verificado que el malestar que se formula contra la providencia
judicial fue el mismo que se debatió y definió ante los jueces de la causa, ningún espacio
cabrá para el juez constitucional.

14.8.- Así las cosas, las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a
estudio, y de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo del Meta,
no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida aplicación legal o en
una falta de motivación, ni mucho menos que se haya abstenido de efectuar un examen
de los medios de prueba o desconocido precedente judicial o norma aplicable. Por el
contrario, la decisión cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el principio de
libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en
realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al
proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que
resultaban aplicables al caso; por lo anterior, se advierte que es válida la conclusión
arrimada.

15.- Aunado a ello, también se advierte que la parte promotora del recurso no puso en
consideración de los jueces naturales de la causa los argumentos relacionados con la
norma aplicable a su asunto y que la audiencia de conciliación no debía haberse surtido al
estar expresamente prohibida, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 67 de la Ley
2080, pues esto solo lo puso de presente en esta acción; por lo que en este punto, se debe
recordar a la parte actora que la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone
de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

15.1.- En esa medida, la parte accionante no puede pretender utilizar esta acción para
presentar alegatos que no han sido puestos a consideración de los jueces ordinarios y, por
ende, no han sido estudiados, comoquiera que la acción de tutela no puede sustituir ni
revivir etapas procesales, así como tampoco se puede utilizar como mecanismo para
subsanar yerros cometidos dentro del proceso ordinario. No obstante lo anterior, se
advierte que el Tribunal indicó las razones por las cuales consideró que era procedente
aplicar en el caso objeto de estudio la Ley 1437 de 2011.

16.- Por último, para esta Sala el asunto también carece de carga argumentativa, pues,
en últimas, los accionantes pretenden controvertir la decisión del 11 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, a través de la cual se resolvió el
recurso de súplica presentado contra el auto del 19 de agosto de 2021, que rechazó por
improcedente el recurso de reposición promovido contra la providencia del 6 de mayo de
2021 y rechazó de plano la solicitud de nulidad promovida por la parte actora; al no estar
de acuerdo con la decisión allí tomada, referente a no declarar la nulidad de las actuaciones
posteriores a la expedición del auto mediante el cual el A quo fijó fecha para la audiencia
de conciliación, ante la falta de notificación del mismo al apoderado de los demandantes
y la consecuente declaratoria de desistimiento del recurso de apelación por él promovido,
dado que tal situación quedó saneada con la intervención de la parte actora. Pues contra
dicha providencia la parte promotora de la acción no estructuró ningún defecto específico
de procedencia de tutela contra providencia judicial, que ha decantado la jurisprudencia
constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005.”

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora, mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2022, impugnó el
fallo de primera instancia dictado por la Sección Tercera – Subsección A del
Consejo de Estado, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

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Advirtió que contrario a lo dicho por el a quo, la acción de tutela no se presenta
con el fin reabrir el debate surtido el proceso ordinario, sino que se intenta el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que resultan claramente vulnerados con las actuaciones
de las autoridades judiciales accionadas. En el mismo sentido, señaló que los
argumentos presentados con la solicitud guardan estrecha relación con aquellos
invocados en los recursos ordinarios porque “[…] es precisamente en ese escenario
donde se ha verificado la grosera violación al debido proceso, son precisamente
esas evidencias son las que prueban las notorias violaciones a nuestros derechos
fundamentales […]” (sic).

Insistió en que los apoderados judiciales de las entidades demandadas y de los
llamados en garantía en el proceso ordinario, tenían la obligación de “notificar al
apoderado de la parte actora, la ausencia de ánimo conciliatorio y la sustitución de
los poderes”, y que, por su parte, el juzgado debió cumplir con las obligaciones
que le corresponden, de tal manera que se permitiera a la parte actora conocer la
fecha de la celebración de la audiencia de conciliación.

Reiteró que la “la juez accionada, estando expresamente prohibido por la Ley 2080
de 2021, señaló fecha para la celebración de la audiencia […]” en auto de 27 de
enero de 2021, por lo que debió abstenerse de celebrar la diligencia, máxime si se
tiene en cuenta el principio de ley posterior prevalece sobre la anterior. Agregó
que no existía ánimo conciliatorio, y que, en todo caso, la autoridad judicial omitió
“notificar el estado electrónico que contenía la providencia que señalaba fecha para
llevar a cabo la mencionada diligencia.”,

Consideró que la violación de sus derechos fundamentales se hace aún más grave
al negarse la solicitud de nulidad bajo el argumento de encontrarse subsanada,
pese a que en el expediente obra constancia secretarial en la que se advierte la
omisión de la notificación del estado electrónico, correspondiente al auto que citó
a la diligencia de notificación, al apoderado del demandante, y aun cuando a la
fecha, en el sistema de consulta unificada de la Rama Judicial, no existe anotación
alguna relacionada con dicha diligencia. Agregó que, aunque la pandemia modificó
el funcionamiento de la Rama Judicial, el demandante revisaba diariamente el
sistema de consulta de procesos judiciales.

Finalmente, mencionó que, pese a que el apoderado judicial de los actores no
acudió a la audiencia de conciliación, existe justa causa que explica su inasistencia,

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como es que nunca conoció de su realización, y que aquello cobra mayor claridad
si se tiene en cuenta que, con la convicción errada e invencible de creer que fue
un error del despacho el no admitir su recurso, presentó solicitud de adición frente
al auto que admitió el recurso de apelación presentado por el demandado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el
conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los aquí accionantes promovieron demanda de reparación directa contra
el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. y Medical Proinfo S.A.S., por
los perjuicios causados como consecuencia de la falla en el servicio médico
padecida por el señor Luis Miguel Morales Zambrano. El proceso judicial se
tramitó bajo el número único de radicación 50001-33-33-003-2016-00424-
00/1.

5.2.2. El asunto en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio que, por sentencia de 4
de septiembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
y en consecuencia, condenó únicamente al Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E. al pago de los perjuicios causados.

5.2.3. En contra de la sentencia de primera instancia del proceso de reparación
directa, la parte demandante y la entidad condenada presentaron sendos
recursos de apelación mediante escritos enviados por correo electrónico el 20 y
21 de septiembre de 2020, respectivamente.

5.2.4. A continuación, el 27 de enero de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Villavicencio profirió auto mediante al cual fijó fecha para
celebrar la audiencia de conciliación. Esta diligencia se celebró el 11 de febrero
de 2021, y a ella no asistieron los demandantes ni su apoderado judicial; en

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consecuencia, el juez declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por
este extremo procesal contra el fallo de primera instancia, y concedió el recurso
de apelación interpuesto por el Hospital demandado.

5.2.5. El asunto en segunda instancia le correspondió al Tribunal Administrativo
del Meta que, por auto de 23 de febrero de 2021, admitió el recurso de apelación
interpuesto por el Hospital demandado y corrió traslado para alegar de
conclusión. Contra esta decisión la parte actora presentó solicitud de aclaración
y adición buscando que la autoridad judicial admitiera su recurso de apelación.

5.2.6. En consecuencia, el Tribunal, mediante auto de 6 de mayo de 2021, negó
la solicitud de aclaración y adición bajo los siguientes argumentos: i) no procedía
aclarar ante la ausencia conceptos que ofrecieran duda, ii) no procedía su
adición, pues no se omitió pronunciamiento, en tanto que se admitió el recurso
que fue concedido por la primera instancia, agregando que en dicha instancia el
demandante debió alegar su inconformidad, y que su recurso se declaró desierto
como consecuencia de la inasistencia a la diligencia de conciliación.

5.2.7. Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
reposición al mismo tiempo que solicitó se declarara la nulidad de las actuaciones
adelantadas desde el auto que citó a la audiencia de conciliación, por considerar
que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso. El Tribunal, mediante
auto de 19 de agosto de 2021, en primer lugar, rechazó por improcedente el
recurso de reposición, al mismo tiempo que rechazó de plano la solicitud de
nulidad, tras considerar que no se determinó la causal de nulidad y que en todo
caso: i) la nulidad contenida en el artículo 29 corresponde únicamente a que se
constituya prueba con violación a este derecho, y ii) el demandante no advirtió
el vicio cuando debía, en su lugar, presentó solicitud de aclaración, con lo cual
se entiende saneado.

5.2.8. Inconforme con esta decisión, el apoderado de la demandante presentó
recurso de súplica, el cual fue resuelto por el Tribunal mediante providencia de
11 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar el auto controvertido, bajo
el supuesto de que: i) se encontró bien rechazado del recurso de reposición
contra el auto que negó la aclaración, y ii) la nulidad alegada se saneó, como
quiera que la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y actuó sin
proponerla, en tanto que presentó solicitud de aclaración contra el auto que
admitió el recurso de apelación concedido, en lugar de poner de presente el vicio
de nulidad.

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5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La parte actora, en el escrito de tutela, invocó como violados los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad que consideró lesionados con
ocasión de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Villavicencio y por el Tribunal Administrativo del Meta, a partir del
auto de 27 de enero de 2021, comenzando por la citación a audiencia de
conciliación que hiciera el primero con posterioridad al fallo condenatorio de
primera instancia, y respecto de la cual, en consideración de los accionantes, no
se efectuó la notificación correspondiente.

Esta última circunstancia dio lugar a la interposición de diferentes recursos
ordinarios promovidos por los actores, todos los cuales fueron despachados por
los jueces de la causa de forma desfavorable para esa parte, y finalizaron con la
providencia de 11 de noviembre de 2021, mediante la cual el Tribunal resolvió
el recurso de súplica, encontrando, entre otras cosas, saneado el vicio de nulidad
que se hubiere generado por indebida notificación.

El juez constitucional de primera instancia declaró la improcedencia del amparo
solicitado, en atención a que, en su criterio, no se satisfizo el requisito general
de relevancia constitucional. En síntesis, consideró que los accionantes
pretenden prolongar la discusión propuesta en el proceso ordinario y que ya fue
resuelta por los jueces de la causa, pues presentaron los mismos argumentos
que en su momento expusieron en los diferentes recursos ordinarios, y en ese
orden, no le era dable al juez constitucional dirimir el debate. En igual sentido,
el a quo puso de presente que no se presentó al juez ordinario el cargo relativo
a la ilegalidad de la citación a la audiencia de conciliación por encontrarse vigente
la Ley 2080 de 2021, más sí en instancia constitucional, y finalmente advirtió
que no se invocó defecto alguno respecto de las actuaciones judiciales acusadas.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su escrito de impugnación,
explicó que insistió en los argumentos presentados en el proceso ordinario, pues
es de aquellos, y no de otros, que resulta la violación de los derechos
fundamentales que pretende sean protegidos. Reiteró que: i) no se remitieron
simultáneamente a su correo electrónico los memoriales presentados por las
partes de manera posterior a la citación a la audiencia de conciliación, ii) no
correspondía celebrar la audiencia de conciliación al encontrarse vigente la Ley
2080 de 2021, iii) no se notificó en debida forma el auto que citó a la audiencia

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de conciliación, y iv) la vulneración de sus derechos se torna más gravosa con
la negativa de la autoridad judicial de declarar la nulidad procesal.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará, como primera medida, si en relación
con la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia
constitucional para la procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.

Previo a ello, se advierte que la parte accionante en su escrito de tutela, en
punto del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, no
presentó argumento alguno relacionado con su vulneración por parte de las
autoridades accionadas, pues fue solo con la presentación del escrito de
impugnación en contra del fallo de tutela de primera instancia que se incluyó la
invocación de tal garantía, por lo que, en principio, no resultaría procedente que
en segunda instancia se abordara el estudio de su eventual transgresión.

Pese a ello, como se verá más adelante, el derecho fundamental en mención
conforma el núcleo esencial del debido proceso constitucional, respecto del cual
sí se presentaron reparos en las dos instancias, y en ese orden de ideas, esta
Sala considera que resulta viable descender a su análisis.

5.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

5.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.1.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, indicó que un asunto
sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando se
“plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con
derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de
orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la parte
interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por las cuales
estima están siendo vulnerados los derechos fundamentales invocados.

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Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del derecho
acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo de esta manera
el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se funda
nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a
convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un
derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos
expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva de
un derecho fundamental.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial de un
derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto
de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe
entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual
un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo
que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su
esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho
fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 4.

Así las cosas, para establecer si una acción de tutela contra providencia judicial
tiene o no relevancia constitucional, deben concurrir estos elementos: (i) que el
escrito invoque la vulneración de derechos fundamentales, (ii) que se expongan
las razones de vulneración de esos derechos fundamentales, y (iii) que la
transgresión suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración de un
derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Al respecto, es pertinente destacar que la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el núcleo esencial del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas5: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez
natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv)
el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el
derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales

4
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2018.

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y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio
de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra
su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de
independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, de los argumentos presentados por la
parte accionante, así como de las piezas procesales que componen el presente
trámite constitucional, es posible inferir una eventual vulneración al núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso, en tanto que el debate se
contrae a determinar si, como consecuencia de una decisión judicial
posiblemente errada, seguida de su indebida notificación, se violó dicha garantía
constitucional, y por consiguiente se afectó a la parte actora del proceso
ordinario en sus derechos a la defensa, a la publicidad de las actuaciones
procesales, a controvertir e impugnar las providencias judiciales, y a acceder a
la administración de justicia, los que, a su vez, conforman el núcleo esencial del
debido proceso constitucional.

Sobre este punto es del caso recordar la sentencia T-276 de 20206, en virtud de
la cual la Corte Constitucional reiteró su postura en el siguiente sentido:

“La indebida notificación viola el debido proceso y, cuando es consecuencia de la conducta
omisiva de la autoridad, es un defecto procedimental absoluto porque: (i) concurre cuando
el juez actúa inobservando el procedimiento establecido en la ley; (ii) se entiende como
un defecto de naturaleza calificada que requiere para su configuración que el operador
jurídico haya desatendido el procedimiento establecido por la norma; y, además, (iii)
implica una evidente vulneración al debido proceso del accionante.

Lo anterior, puesto que desconocer las etapas procesales establecidas por la ley, ya sea
porque prescinde de ellas en el proceso o porque la forma de aplicación del procedimiento
se convierte en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, implica que las fases
de contradicción y defensa pueden ser incumplidas y así los derechos de las partes son
desconocidos y vulnerados.

Por ello es procedente preguntar si es posible armonizar principios de estirpe constitucional
como la protección a la defensa técnica y la eficacia de la justicia y, en todo caso, cuál de
los dos principios mencionados, prima facie, tiene prevalencia constitucional. A este
respecto, la Corte indicó que “cuando los actos y omisiones que comprometieron el derecho
de defensa no son imputables al implicado debe prevalecer el derecho al debido proceso
y la garantía de los derechos fundamentales de las personas sobre la eficacia de la
administración de justicia y la seguridad jurídica.”

Por todo lo dicho, esta Sala encuentra que el requisito de relevancia
constitucional se cumple, en tanto que el accionante no solo invocó como
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, sino que presentó de
manera amplía y suficiente las razones por las cuales considera que ello es así

6
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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como consecuencia de las actuaciones judiciales desplegadas por el Juzgado y
el Tribunal accionados, a partir del auto que citó a la audiencia de conciliación.

Ahora bien, en cuanto a la similitud que se predica de los argumentos
presentados por la parte demandante en los recursos ordinarios allá promovidos,
y aquellos que expone en esta instancia constitucional ya como accionante, es
dable afirmar que le asiste razón a aquélla, como quiera que, de lo dicho, puede
inferirse razonablemente que la eventual violación del derecho fundamental al
debido proceso surgió, entre otras alegaciones, de la decisión de citar a la
audiencia de conciliación y de su indebida notificación, así como de la presunta
nulidad procesal que, en su consideración, debió declararse.

En ese orden de ideas, en tanto que se trató de irregularidades procesales
respecto de las cuales el afectado se encontraba en la obligación de advertir
dentro del trámite ordinario, resulta lógico que el discurso que respalda la
vulneración de las garantías constitucionales encuentre estrecha relación con las
irregularidades propiamente dichas expuestas ante el juez de la causa, pues de
manera puntual, en esas inconsistencias acontece la transgresión del derecho
alegado por el accionante. En consecuencia, se encuentra cumplido el requisito
de relevancia constitucional para la procedencia de la acción de tutela en cuanto
al derecho fundamental al debido proceso.

Finalmente, valga aclarar que, en relación con el derecho fundamental a la
igualdad, no se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional,
como quiera que la parte accionante no presentó argumentos suficientes
dirigidos a poner de presente que esta garantía resultó vulnerada como
consecuencia de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales
accionadas; por lo tanto, en este punto la solicitud de amparo constitucional
deviene improcedente, tal como lo resolvió el a quo.

En relación con los demás requisitos, la Sala advierte lo siguiente:

i) La solicitud de amparo se presentó dentro del término de seis meses exigidos
por la jurisprudencia para controvertir una providencia judicial en sede de tutela,
si se tiene en cuenta que el debate que surgió dentro del proceso ordinario, y
respecto del cual se predica la vulneración del derecho fundamental, terminó
con la providencia dictada el 11 de noviembre de 2021, que resolvió la súplica
presentada por el demandante, y la solicitud de amparo se presentó apenas 2
meses después de esta fecha.

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ii) Los accionantes agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
los cuales disponían, y pusieron de presente la irregularidad procesal de la cual
surge la violación al derecho fundamental invocado.

iii) Y, en el presente asunto, no se controvirtió un fallo dictado en el desarrollo
de una acción de tutela.

Con todo lo anterior esta Sala encuentra procedente descender al estudio de
fondo del presente asunto, esto es, constatar si se encuentra vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes con las actuaciones
adelantadas por las autoridades judiciales accionadas, a partir del auto de 27 de
enero de 2021, y si como consecuencia de lo anterior, se materializa al menos
una de las “causales específicas de procedibilidad” que representan las razones
concretas por las cuales se puede acusar una providencia judicial de infringir
derechos fundamentales, las que se pueden enmarcar dentro de las siguientes
categorías: a) El defecto material o sustantivo; b) La violación directa de la
Constitución; c) El defecto fáctico; d) El defecto procedimental; e) La decisión
sin motivación; f) El defecto orgánico; g) El desconocimiento del precedente, y
h) El error inducido. Más allá de estas categorías, es necesario, cuando menos,
que en la petición de amparo se haga una exposición suficientemente clara de
los hechos y derechos que la fundamentan, de forma tal que el juez
constitucional pueda deducir, sin elucubraciones, cuál es el defecto que la parte
actora reprocha de la providencia.

5.3.1.2. Análisis sobre la eventual configuración del defecto
procedimental

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto procedimental se presenta
en eventos en los que la autoridad judicial se aparta de manera evidente de las
normas procesales aplicables, o cuando se presenta un exceso de ritualismos a
partir del cual el operador judicial mengua o anula la efectividad de los derechos
fundamentales como resultado de su exagerado apego a los aspectos formales7.
En esta última perspectiva, el fundamento normativo del denominado defecto
procedimental se encuentra en el artículo 228 superior, norma que establece la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

7 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

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La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de defectos
procedimentales: el llamado defecto procedimental absoluto y el conocido como
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Se ha señalado que el
primero de ellos se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente -desvía el cauce del asunto-, u ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso […]”8.

De otra parte, se ha afirmado que el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto
a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara
denegación de justicia9. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio
pro homine, con lo cual impide al ciudadano el acceso efectivo a la
administración de justicia.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, con relación al defecto procedimental
absoluto, la Corte Constitucional ha señalado que, “[…] para que pueda solicitarse
el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario
[…] que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración
palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las
deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio
sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes
derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las
decisiones judiciales del caso. […]”10.

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional11 ha precisado que, para que
sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto
procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos: “(i) Que no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el
carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso

8
Sentencia T-327 de 2011.
9
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10
Corte Constitucional, sentencia T-017 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
11
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico12, y (iv) que como consecuencia de lo anterior
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”13. Así mismo, la
Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del procedimiento que
se alega puede ser una deficiencia atribuible al propio afectado14.

Visto lo anterior, la Sala abordará los argumentos presentados por la parte
accionante tanto en la acción de tutela como en el escrito contentivo de la
impugnación, los cuales han sido expuestos de manera suficiente y clara, de
forma tal que es posible deducir, sin elucubraciones, que el defecto que la parte
actora reprocha de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales, a
partir del auto de 27 de enero de 2021, corresponde al defecto procedimental.

En primer lugar, la parte accionante adujo que el juzgado erró al citar a audiencia
de conciliación mediante auto de 27 de enero de 2021, dictado con posterioridad
a la sentencia de primera instancia de carácter condenatorio de 4 de septiembre
de 2020, como quiera que, al momento de dictar dicho auto, ya se encontraba
vigente la Ley 2080 de 2021, en virtud de la cual se modificó la Ley 1437 de
2011 que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). En ese orden de ideas, como
quiera que la nueva ley establece que la conciliación es procedente solo si es
solicitada por las partes, y éstas presentan una fórmula de arreglo, y en tanto
que ninguna de las circunstancias ocurrió en el proceso ordinario, no era
procedente citar ni celebrar la audiencia en comento.

En relación con este punto, se advierte que, tal como lo precisó el a quo, la
irregularidad que la parte accionante encuentra de la indebida aplicación de la
norma procesal, no se invocó dentro del proceso ordinario. Con todo, el tribunal
accionado, en el auto de 11 de noviembre de 2021, advirtió lo relativo a este
asunto, considerando que la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011 sin las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, como quiera que esa era
la norma vigente al momento de interponerse los recursos de apelación, lo que
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la nueva norma. En ese orden, la Sala
advierte que, en cuanto a esta inconformidad, no hay lugar a pronunciamiento
por parte del juez constitucional en tanto que, para la procedencia del estudio
de la eventual inconsistencia procesal que se pone de presente, y respecto de la

12
Op. Cit., sentencia C-590 de 2005.
13
Ver las sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
14
Al respecto, ver las sentencias T-781 de 2011 y T-1049 de 2012, entre otras.

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cual, podría predicarse vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
la parte actora debió alegarla al interior del proceso ordinario.

En segundo lugar, los accionantes aducen que el auto de 27 de enero de 2021,
en virtud del cual el juzgado citó a audiencia de conciliación después de dictar
sentencia de primera instancia de carácter condenatorio, no se le notificó en
debida forma, como quiera que se omitió enviar el estado electrónico al correo
autorizado que la parte demandante indicó para recibir notificaciones.

Como resultado de lo anterior, ante el desconocimiento del día y hora en la que
se celebraría la diligencia, el apoderado de la parte actora no asistió a la
audiencia, y en consecuencia se declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, con lo que se
materializó la violación al debido proceso, pues se restringió la posibilidad de
controvertir la providencia dictada en esta instancia.

Sobre el particular, la Sala encuentra conveniente traer a colación lo relativo a
la norma procesal que consagra la forma de notificación de las providencias
judiciales en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de las
cuales no se exige notificación personal, la cual se encontraba vigente al
momento de dictar el auto que citó a la diligencia de conciliación, a saber, el
artículo 201 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, que al tenor literal
disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de
la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para
consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará
el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:

1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí
en calidad de medio notificador durante el respectivo día.

<Inciso modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la
providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar
constancia con firma al pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de
datos al canal digital de los sujetos procesales.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo
disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término
mínimo de diez (10) años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público
para la consulta de los estados.”

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De conformidad con la norma en cita, una vez efectuada la anotación en estados
electrónicos, los secretarios de los despachos judiciales deben enviar un mensaje
de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica en el proceso.
Por tanto, esta Sala encuentra dable afirmar que el envío de dicho mensaje no
puede ser considerado como un acto facultativo –interpretación que resultaría
restrictiva y contraria al principio pro homine, pues, contrario a ello, la obligación
de las autoridades judiciales es acatar las normas procesales en aras de
garantizar la efectividad del derecho al debido proceso.

Ahora bien, de las piezas procesales que conforman el proceso ordinario, es
claro, en primer lugar, que el apoderado de la parte demandante informó al
juzgado su correo electrónico y autorizó la notificación de las providencias por
este canal digital. Prueba de ello es el hecho de que la notificación de la sentencia
proferida en primera instancia se surtió mediante mensaje de datos enviado al
correo dispuesto por la actora para tal efecto. Por otro lado, se evidencia también
que el auto que citó a la audiencia se notificó mediante correo electrónico de 28
de enero de 2021, quedando en la anotación correspondiente en el expediente
digital de segunda instancia obrante en el aplicativo TyBA de consulta de proceso
de la Rama Judicial, así:

Con todo lo dicho, esta Sala advierte que el juzgado, en cumplimiento de la
norma arriba citada, debió enviar un mensaje de datos al canal digital de los
sujetos procesales comunicando el estado electrónico y la providencia a notificar,
diligencia que no se agotó, como puede apreciarse de lo dicho por el accionante
y de las anotaciones respectivas en el expediente digital de primera instancia

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visible en el aplicativo TYBA; con lo cual esta Sala encuentra plausible afirmar
que, tal como lo indicaron los accionantes, en el presente asunto existió una
indebida notificación del auto de 27 de enero de 2021, que eventualmente podría
provocar una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Aunado a lo anterior, la indebida notificación se puede advertir también de la
constancia secretarial de 23 de abril de 2021, que obra en el expediente digital
de segunda instancia disponible en el aplicativo TyBA, en virtud de la cual la
escribiente del Tribunal Administrativo del Meta, Angela María Asensio Rubio,
informó que, luego de comunicarse con el juzgado a efectos de constatar la
notificación del auto de 27 de enero de 2021 mediante el cual se citó a la
diligencia de conciliación, se logró verificar que “el apoderado de la parte actora
no había sido notificado del mentado auto”, así se observa:

Hasta este punto, para la Sala es claro que existió una indebida notificación del
auto que citó a la diligencia de conciliación, lo cual, eventualmente, se traduce
en la configuración del defecto procedimental, lo que a su vez lleva a colegir que
concurrió una violación al derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora por parte del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio.

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Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que el apoderado de la parte
demandante solicitó la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la
mencionada providencia, solicitud que fue resuelta por el Tribunal por auto de
19 de agosto de 2021 y que, al resultar negada, continuó la discusión hasta el
recurso de súplica, que a su vez fue despachado por esta misma autoridad
judicial mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, en virtud de la cual
confirmó la negativa a declarar la nulidad procesal, fundando su decisión
principalmente en el hecho de que, aunque existió un vicio al momento de
notificar el auto de citación a la diligencia de conciliación, aquel fue saneado,
como quiera que el apoderado del demandante, en lugar de invocar la
irregularidad luego de su ocurrencia, solicitó la aclaración del auto que admitió
el recurso de apelación presentado por el condenado en primera instancia, con
lo cual se entiende que el afectado actuó sin alegar la nulidad, y así lo advirtió
en su providencia:

“Retornando entonces el análisis de la causal de nulidad, se tiene que si bien logró
determinarse que se realizó la notificación del auto del 27 de enero de 2021 por estado,
modalidad que para este tipo de providencias prevé el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, podría inferirse ante la ausencia del
envío del mensaje de datos, que la misma se realizó de manera irregular; pues se recuerda
que si bien la publicación de los estados electrónicos es la regla general para dar a conocer
las providencias, entre los parámetros que deben tenerse en cuenta para su realización se
encuentra el envío del mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, como
también lo exige el artículo 205 ibídem.

[…]

Así, debe indicarse que si bien después de promovido el recurso de apelación no se registra
actuación del apoderado de los demandantes sino hasta la expedición del auto del 23 de
febrero de 2021, a través del cual admitió el recurso de apelación formulado por el Hospital
Departamental de Villavicencio, en dicha oportunidad la intervención de la parte actora se
ciñó a solicitar la aclaración y adición del auto, en el sentido de admitir también el recurso
de apelación interpuesto por los demandantes, sin mencionar alguna situación generadora
de nulidad. Conforme a lo anterior, para la Sala resulta viable tener por saneada la
irregularidad que se suscitó al finalizar la primera instancia, configurándose la primera
causal que establece el artículo 136 del C.G.P para el saneamiento de la nulidad, pues la
parte actora «actuó sin proponerla».

Visto lo anterior, la Sala encuentra viable traer a este estudio las normas que
regulan lo concerniente a las nulidades procesales; así pues, sea suficiente
mencionar los apartes que interesan de los artículos 133 a 136 del Código
General del Proceso (aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA),
que a su tenor literal disponen lo siguiente:

“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:

[…]

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8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en
el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida
forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley
debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que
dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este
código.

Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.

Artículo 134. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en
ella.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal
forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también
alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o
mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores
oportunidades.

[…]

El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas
que fueren necesarias.

[…]

Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad
deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en
que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió
alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de
ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo
podrá ser alegada por la persona afectada. El juez rechazará de plano la solicitud de
nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos
que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de
saneada o por quien carezca de legitimación.

Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los
siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.

2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido
renovada la actuación anulada.

3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.

4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho
de defensa.

Parágrafo. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir
un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son
insaneables.”

Vistas las normas que disponen lo relativo a las nulidades procesales, la Sala
encuentra que, si bien la autoridad judicial procedió en debida forma al momento

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de resolver la nulidad plantada como consecuencia de la indebida notificación
del auto que citó a audiencia de conciliación, como quiera que identificó la causal
correspondiente, evidenció los supuestos de saneamiento, y en ese orden
consideró superado el vicio alegado, lo cierto es que, al momento de decidir la
solicitud, dejó de lado aspectos fácticos y jurídicos relevantes en el presente
asunto, con lo cual erró al adoptar fundamentos excesivamente formales que la
llevaron a restringir a la parte demandante su derecho de contradicción, acceso
a la administración de justicia y defensa (garantías que conforman el núcleo
esencial de debido proceso), al mismo tiempo que generó un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial, como se pasa a explicar a continuación.

Esta Sala advierte, en primer lugar, que, aunque es cierto que la norma procesal
aplicable prevé un supuesto de saneamiento para la nulidad procesal derivada
de la falta o indebida notificación de las providencias, no es menos cierto que
esta misma norma contempla también una excepción relativa a aquellas
circunstancias en las que las nulidades no pueden ser saneadas, a saber, el
parágrafo del artículo 136 del CGP que, a tenor literal, dispone: “Las nulidades
por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso
legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia,
son insaneables”.

En ese orden, la autoridad judicial no se percató de que la consecuencia directa
de la indebida notificación del auto que citó a audiencia de conciliación,
irregularidad que constituye la nulidad negada por el tribunal, fue el haberse
declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
pues, al no haber sido debidamente informado sobre la hora y fecha de la
celebración de dicha diligencia, no logró concurrir a la misma, por lo que se
desestimó su alzada.

Así pues, es posible organizar el contexto fáctico que se desarrolló en este caso,
y que configura la nulidad que se estima insanable, de la siguiente forma:

i) El Juzgado emitió sentencia de primera instancia de carácter condenatorio,

ii) Contra esta providencia tanto la parte demandante como la autoridad
condenada, interpusieron recursos de apelación,

iii) Seguidamente, el Juzgado citó a la audiencia de conciliación que, bajo ciertas
circunstancias, prevé la norma para estos casos.

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iv) Se produjo la indebida notificación de esta providencia respecto de la parte
demandante, y con ello se configuró el vicio de nulidad que más adelante alegó
este extremo procesal.

v) El apoderado judicial de la parte demandante no logró concurrir a la diligencia,
pues se omitió la comunicación correspondiente del auto que fijó la hora y fecha
de su celebración.

vi) Ante tal circunstancia, el juzgado declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto por el demandante, mientras que admitió y concedió únicamente el
recurso elevado por la autoridad condenada; por tal razón, la segunda instancia
se trabó de manera exclusiva a partir de las inconformidades del demandado.

vii) A la parte condenada no le asistió ánimo conciliatorio, como se observa del
oficio emitido por el comité de conciliación y defensa judicial de dicha entidad.

En ese orden, para esta Sala es claro que, con la irregularidad en la notificación
del auto que citó a la diligencia de conciliación, que a su vez constituye la causal
de nulidad procesal, se pretermitió íntegramente la segunda instancia respecto
del demandante, como quiera que, a partir de este hecho, se desestimó por
completo su recurso de apelación, restringiendo así sus derechos a la defensa,
a controvertir e impugnar las providencias judiciales, y a acceder a la
administración de justicia, garantías que, como se advirtió en precedencia,
conforman el núcleo esencial del debido proceso, pues, aunque es cierto que el
apoderado del actor podrá manifestarse en relación con el recurso que se
admitió, no es menos cierto que el litigio en segunda instancia se fijará,
principalmente, en cuanto a los argumentos presentados por el demandado,
limitando así la posibilidad de refutar la decisión adoptada en primera instancia.

En relación con el supuesto que dispone la norma, relativo a aquellas nulidades
con las cuales se podría “pretermitir íntegramente la respectiva instancia” que
resultan insanables, y que a su vez conlleven a que se configure el defecto
procedimental, la Corte Constitucional, en sentencia T-025 de 201815, se refirió
a este supuesto remitiéndose a lo dicho por ella en otras oportunidades, en el
siguiente sentido:

“23. La jurisprudencia ha establecido que existen dos modalidades del defecto procedimental, a
saber: (i) el defecto procedimental absoluto, que ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al
pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto, o porque omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido, con lo que afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las

15
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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partes del proceso; y (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta
cuando el funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales constituyen una
denegación de justicia.

Lo anterior ha sido reiterado por este Tribunal en diferentes oportunidades. En efecto, en
la sentencia SU-159 de 2002, determinó que un procedimiento se encuentra viciado cuando
pretermite eventos o etapas señaladas en la ley, establecidas para proteger todas las
garantías de los sujetos procesales, particularmente el ejercicio del derecho de defensa
que se hace efectivo, entre otras actuaciones, con la debida comunicación de la iniciación
del proceso y la notificación de todas las providencias emitidas por el juez que deben ser
notificadas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

En el mismo sentido se pronunció la sentencia T-996 de 2003, en la que señaló que:

‘La Corte ha explicado que cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley
para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento
en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. En este sentido, estaría viciado todo
proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante
para asegurar las garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la
comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo’. (Negrilla fuera
del texto original).

Más adelante, en la sentencia T-565A de 2010, reiteró que el defecto procedimental absoluto se
configura cuando el juez dirige el proceso en una dirección que no corresponde al asunto de su
competencia o cuando omite etapas propias del juicio, por ejemplo la notificación que
cualquier acto que requiera de dicha formalidad, lo que genera una vulneración al derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales, al no permitirles pronunciarse sobre
tal actuación.

24. En este sentido, insistió en que la irregularidad procesal debe ser de tal magnitud que sus
consecuencias resulten materialmente lesivas de los derechos fundamentales, en
particular el debido proceso. La falta de notificación de una providencia judicial configurará un
defecto solo en el caso en el que impida materialmente al afectado el conocimiento de la decisión y
en consecuencia se reduzcan las posibilidades de interponer los recursos correspondientes.

Adicionalmente, las sentencias T-267 de 2009 y la T-666 de 2015, reiteraron que el desconocimiento
del procedimiento debe presentar unos rasgos adicionales para configurar el defecto
estudiado: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido
proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una
deficiencia no atribuible al afectado.” (resaltados de la Sala).

Con todo lo dicho, resulta aún más claro para esta Sala que las autoridades
judiciales vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, como quiera que no solo se omitió la debida notificación del
auto que citó a la diligencia de conciliación, por lo que el apoderado de los
demandantes no logró asistir a la diligencia, sino que, además, como
consecuencia de dicha irregularidad, se declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto por ese extremo de la litis, con lo cual se le negó la posibilidad
de controvertir, en lo que le hubiere sido desfavorable, la decisión
dictada en primera instancia, y en consecuencia, se trató de una nulidad
insanable, como quiera que se pretermitió íntegramente la segunda instancia a
los demandantes.

Además, cabe resaltar que la autoridad judicial que negó la nulidad procesal
solicitada por la parte demandante, al aplicar de forma estrictamente formal la
norma, no advirtió que: i) la irregularidad que constituyó la nulidad, por demás
insanable, restringió íntegramente la posibilidad de los demandantes de
controvertir la sentencia de segunda instancia, y ii) en todo caso, tal como lo ha

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dispuesto la jurisprudencia constitucional, en tanto que no se demuestre la
negligencia en el actuar de la parte procesal, las irregularidades relativas a las
reglas del procedimiento no se le pueden imputar, máxime si aquellas conllevan
la violación del debido proceso, como sucedió en el presente asunto.

5.4. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia de
22 de abril de 2022, proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo
de Estado, en el sentido de confirmar el numeral primero en lo relativo a la
improcedencia de la acción de tutela respecto del derecho fundamental a la
igualdad, y amparará el derecho fundamental de los accionantes al debido
proceso, al encontrarse configurado el defecto procedimental.

En consecuencia, se dejarán sin efecto todas las actuaciones adelantas desde el
auto dictado el 27 de enero de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Villavicencio dentro del proceso de reparación directa con
radicado 50001-33-33-003-2016-00424-00, a efectos de que, dando aplicación
a lo previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso, reanude la
actuación a partir de este punto, citando la audiencia de conciliación si fuere del
caso de conformidad con la norma aplicable, y se surtan las subsiguientes etapas
del proceso a partir de lo que resulte de esta circunstancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 22 de abril de 2022,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmando la decisión
en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo del derecho
fundamental a la igualdad.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de los accionantes, de conformidad con la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todas las actuaciones adelantadas desde el
auto de 27 de enero de 2021 dentro del proceso de reparación directa con

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radicado número 50001-33-33-003-2016-00424-00, y en consecuencia,
ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, reanude la actuación a partir de este punto, surtiendo las
actuaciones que en derecho correspondan y realizando su debida notificación
conforme a la ley.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz

QUINTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados de la Sección Primera,
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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