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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03233-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03233-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01 Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 2 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03233-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Declara improcedencia por falta de subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo en lo
relativo a los reproches relacionados con la indebida notificación de unas
providencias judiciales y se declaró su improcedencia respecto a los
cuestionamientos en contra de tales decisiones.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 27 de mayo de 2025, Coomeva E.P.S. S.A. Liquidada, instauró acción de tutela

contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia. Alegó que estos fueron
vulnerados con ocasión de los autos proferidos el 31 de octubre y 21 de noviembre
de 2024 por la autoridad judicial accionada en el marco del proceso 1 que
promovieron en contra la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la
Administradora de los Recursos del Sistema de Salud y Protección Social -Adres-.

2. El 3 de agosto de 2020, Coomeva E.P.S. S.A. -hoy liquidada- presentó demanda

ordinaria laboral contra la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y la
ADRES, cuyo conocimiento correspondió inicialmente al Juzgado 37 Laboral del
Circuito de Bogotá, el cual dispuso su admisión por auto del 6 de octubre de 2021.

3. El despacho en mención, mediante auto del 2 de diciembre de 2022, declaró la

falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de
Bogotá.

1 Con radicado número 25000-23-41-000-2024-00526-00

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. El 12 de octubre de 2023, la demanda fue asignada por reparto al Juzgado Quinto

Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, quien declaró la falta de competencia en
razón de la cuantía. En consecuencia, dispuso remitir el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

5. En virtud de lo anterior, el conocimiento del asunto correspondió a la Subsección

A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha
autoridad, por medio de auto del 23 de octubre de 2024, inadmitió la demanda y, a
través de auto del 21 de noviembre de ese mismo año, dispuso su rechazo al no
haber sido subsanada.

6. En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad accionada incurrió

en los defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, sustantivo y
orgánico.

7. En primer lugar, alegó que la notificación de los autos del 23 de octubre y 21 de

noviembre de 2024 no se ajustó a lo previsto en el artículo 201 del CPACA, en la
medida en que no se remitió el mensaje de datos a los canales digitales de los sujetos
procesales para informar acerca de la existencia del estado. Indicó que una
interpretación garantista de la norma conduce a entender que dicha actuación no es
facultativa, sino obligatoria para materializar en forma debida la notificación por
estado, conforme lo indicó la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia
del 1 de julio de 20222.

8. Por consiguiente, señaló que la entidad no conoció oportunamente el estado por

medio del cual se notificó el auto que inadmitió la demanda, razón por la cual no logró
subsanarla dentro del término concedido para adecuarla al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo que condujo a su rechazo.

9. En segundo término, arguyó que, al inadmitir la demanda y posteriormente
rechazarla, el Tribunal pasó por alto que esta ya había sido admitida en la jurisdicción
ordinaria laboral, mediante auto debidamente ejecutoriado y que hizo tránsito a cosa
juzgada. Esa decisión, en su criterio, conservaba plena validez, según lo previsto en
el Código General del Proceso en relación con los efectos de la declaratoria de la
falta de jurisdicción o competencia.

10. Manifestó que el tránsito a otra jurisdicción no exigía un nuevo estudio de admisión

de la demanda, pues si bien era necesario adecuarla al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, dicha actuación podía efectuarse por medio de un
auto de trámite o de mejor proveer, sin necesidad de reabrir el examen de
admisibilidad.

B. Sentencia de primera instancia

2 Exp. 11001-03-15-000-2022-01328-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. Mediante sentencia del 2 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A

del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo respecto a los reparos relativos
a la indebida notificación de las providencias cuestionadas.

12. Previo abordar el análisis de fondo, indicó que se encontraban cumplidos los
requisitos generales de procedencia, en especial el de subsidiariedad, toda vez que
la parte actora no contaba con otro mecanismo judicial para obtener la protección de
los derechos invocados.

13. Precisado lo anterior, señaló que, de conformidad con el artículo 201 del CPACA,

las decisiones que inadmiten o rechazan la demanda, al no requerir notificación
personal, deben ser notificadas por estado, mediante su inclusión en el estado
electrónico para su consulta y el respectivo envío de un mensaje de datos a los
canales digitales de los sujetos procesales. Ambos actos, en criterio de la Sala,
resultan necesarios para entender surtida en debida forma la notificación.

14. Revisado el acervo probatorio, encontró que los autos fueron publicados en los

estados electrónicos del 24 de octubre y del 26 de noviembre de 2024 y que
igualmente se enviaron mensajes de datos a los correos electrónicos de las partes.
De esta manera, concluyó que la autoridad accionada notificó en debida forma las
providencias en cuestión y, por ende, no incurrió en la vulneración alegada.

15. En cuanto a las inconformidades frente al contenido de las decisiones, el a quo

declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que carecían de
subsidiariedad. Adujo que si la accionante estimaba que el Tribunal no se encontraba
habilitado para realizar un nuevo estudio de admisión de la demanda o que los autos
objetados desconocieron los artículos 16, 27 y 138 del CGP, debió haber ejercido los
recursos ordinarios previstos por el legislador, los cuales estaban a su disposición si
se tiene en cuenta que las providencias fueron debidamente notificadas. Sin
embargo, omitió hacerlo.

C. Impugnación

16. La tutelante insistió en que los autos del 23 de octubre y 21 de noviembre de 2024

no fueron notificados en debida forma, por cuanto los mensajes de datos se enviaron
a un canal digital que no correspondía a Coomeva E.P.S. S.A. en Liquidación, a su
mandatario, ni al de su apoderada.

17. Explicó que el único correo institucional válido durante el proceso de liquidación

era “correoinstitucionaleps@coomevaeps.com”, el cual fue informado en el poder
conferido el 20 de septiembre de 2023 y radicado ante el Juzgado 37 Laboral del
Circuito de Bogotá. Expuso que dicho buzón se encontraba deshabilitado al
momento en que el Tribunal adoptó las decisiones cuestionadas, dado el cierre del
proceso de liquidación.

18. Pese a ello, reprochó que la autoridad accionada no utilizó esa dirección para

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

efectos de enviar el mensaje de datos que comunicó sobre los estados de los autos
cuestionados, ni empleó el correo de notificaciones de su apoderada. Afirmó que, en
su lugar, el Tribunal acudió a los buzones electrónicos desactualizados que
aparecían en la demanda, los cuales se suministraron cuando Coomeva aún se
encontraba en operación y estaba representada por una apoderada distinta, cuyo
poder fue revocado.

19. Por último, señaló que el 3 de octubre de 2024, la mandataria de COOMEVA

E.P.S. liquidada y la ADRES suscribieron un contrato de transacción, remitido al
despacho sustanciador, en el cual se indicó expresamente el correo de notificaciones
vigente: mandato@coomevaeps.com. Sin embargo, adujo que dicho canal tampoco
fue tenido en cuenta para efectos de las notificaciones de las providencias
censuradas.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

20. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

21. Esta Subsección modificará el fallo impugnado, tras advertir que, al igual que los

reproches sobre el contenido de los autos cuestionados, las objeciones relativas a
la presunta indebida notificación de dichas providencias tampoco satisfacen el
cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, lo que conduce a la
improcedencia del mecanismo de amparo.

22. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela únicamente

procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Por lo tanto, previo acudir al juez constitucional, el interesado debió
haber agotado todos los recursos -idóneos y eficaces- que el ordenamiento jurídico
ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

23. En el caso bajo estudio, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos,

por un lado, a una indebida notificación de los autos por medio de los cuales se
inadmitió y rechazó la demanda que impetró contra la Nación - Ministerio de Salud
y Protección Social y la ADRES; y, por otro, al contenido mismo de dichas
decisiones.

24. De la revisión del acervo probatorio, se encontró que tales inconformidades no

fueron puestas en conocimiento del juez natural de la causa, pese a que la

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

accionante contaba con la oportunidad para ello, lo que evidencia la falta de
subsidiariedad del presente asunto.

25. En efecto, una vez advirtió sobre la existencia de los proveídos en cuestión, si la

parte actora consideraba que no fueron notificados en debida forma, pudo haber
solicitado en el marco del trámite ordinario la adopción de una medida de
saneamiento, conforme lo previsto en el artículo 133 del CGP. De acuerdo con el
inciso final de la citada disposición “cuando en el curso del proceso se advierta que
se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda
o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia,
salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código”.

26. No obstante, en el expediente no obra evidencia de que la demandante hubiese

presentado algún escrito encaminado a que se corrigiera la presunta irregularidad.
Dicha omisión impide que tales reparos sean objeto de estudio en sede de tutela, en
tanto el juez ordinario no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto.

27. Lo propio ocurre con los cuestionamientos en relación con la inadmisión de la

demanda ordinaria. A efectos de controvertir esa decisión, la tutelante debía poner
en conocimiento de la autoridad accionada el presunto defecto en su notificación,
con el fin de que esta pudiera pronunciarse y, de ser procedente, subsanar la
falencia alegada, pues, a partir de ese momento, habría surgido la oportunidad para
interponer los recursos previstos por el ordenamiento jurídico para cuestionar esa
providencia.

28. Sin embargo, como se anotó, la parte actora omitió hacer uso de los instrumentos

que tenía a su alcance para ventilar las inconformidades que ahora plantea, ni
expuso alguna razón que justificara haber prescindido de tales mecanismos. A lo
que se suma que tampoco alegó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención del juez constitucional.

29. De esta manera, se hace evidente que la parte actora pretende emplear la acción

de tutela como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, cuando lo cierto es
que el mecanismo de amparo no fue concebido para suplir al juez natural en su
función esencial como juez de instancia.

30. Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia del 2 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En su lugar,
se declarará la improcedencia del amparo solicitado por la parte actora.

31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03233-01
Accionante: Coomeva E.P.S. S.A. liquidada
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: MODIFICAR el fallo dictado el 2 de octubre de 2025 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR
improcedente la solicitud de amparo, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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