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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01332-00

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01332-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente con radicación número 25000-23-42-000-2015-05147-01. 2º) Infirmase la sentencia recurrida y, en su lugar, dispónese: Confírmese la sentencia del 14 de febrero de 2018 proferida por la Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 3º) Deniéganse las demás súplicas de la demanda. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 2 de marzo de 2020, exp. 12971, CP Nicolás Pájaro Peñaranda; 17 de mayo de 2007, exp. 3287-05, CP Alejandro Ordóñez Maldonado; 21 de junio de 2007, exp. 0950, CP Ana Margarita Olaya Forero, 1° de septiembre de 2014, exp. 3130-13, CP Gustavo Gómez Aranguren; 6 de ferero de 2020, exp. 2000-218, CP William Hernández Gómez. 25 Expediente 11001-03-15-000-2022-01332-00 (REV) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003 4°) Abstiénese de imponer condena en costas. 5°) En firme esta providencia, previas las actuaciones y constancias de rigor por parte de la Secretaría, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01332-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de febrero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-01332-00 (1892)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: MARÍA EDITH BARRERA MURCIA
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – ARTÍCULO
20 DE LA LEY 797 DE 2003
Asunto: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Síntesis del caso: se pretende la revisión de un fallo proferido por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el cual se revocó la decisión de primera instancia que había
negado la reliquidación de la pensión de una empleada de la Contraloría General de la República;
la parte recurrente invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en adelante UGPP-
contra la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso con radicación
número 25000-23-42-000-2015-05147-01 (2772-2018), en la cual se resolvió:

“Primero: Revocar parcialmente la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018
por el Tribunal Administrativo Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió María Edith Barrera Murcia contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

En su lugar,

1 De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo
de Estado conoce la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió
la decisión, según lo expresamente previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-450 de 2015, sumado al hecho de la decisión contenida en el auto de unificación
jurisprudencial emitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 24 de
mayo de 2023 en el proceso número 11001-03-15-000-2020-00471-00, con ponencia del magistrado Milton
Chaves García; por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno de la Corporación asigna la decisión de
estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-01332-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

Segundo: Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 005118 del 9 de
febrero de 2015 y RDP 016916 del 29 de abril de 2015, que negaron la
reliquidación de la pensión solicitada por la demandante.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social reliquidar la mesada pensional de la señora María Edith Barrera
Murcia, con la inclusión (además de los factores ya reconocidos por la entidad) de
la doceava de la bonificación por servicios prestados.

Cuarto: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social pagara la demandante el
retroactivo sobre la diferencia que resulte entre las mesadas pensionales
canceladas y el valor que surja de la reliquidación dispuesta en esta providencia.

Quinto: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ajustar las sumas a reconocer
según la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia.

Sexto: Ordenar a la entidad demandada dar cumplimiento al presente fallo en los
términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.”. (índice 12 del sistema SAMAI).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) La señora María Edith Barrera Murcia promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP con el fin de obtener la nulidad de las
Resoluciones números RDP 005118 de 2015 y RDP 016916 de 2015 mediante las cuales
se le negó la reliquidación de la pensión de vejez y se confirmó en sede de apelación esa
decisión, respectivamente; a título de restablecimiento del derecho solicitó que se
reliquidara su pensión con todos los factores devengados en los seis (6) meses anteriores
a la fecha de su retiro del servicio.

2) Como sustento fáctico de esa demanda expuso que laboró para la Contraloría General
de la República entre el 1 de diciembre de 1978 y el 28 de mayo de 2014.

3) Mediante Resolución RDP 052752 del 15 de noviembre de 2013, la UGPP le reconoció
una pensión de vejez con el 75% de lo devengado en el último semestre de servicios,
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-01332-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

4) Sin embargo, su retiro efectivo del servicio ocurrió el 29 de mayo de 2014, motivo por
el cual solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de los nuevos factores
devengados en el último semestre laborado, pero la entidad le negó tal solicitud a través
de los actos demandados.

2. La sentencia de primera instancia

El 14 de febrero de 2018, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, para lo cual
sostuvo que el precedente vigente para la época del Consejo de Estado, relacionado con
la liquidación de las pensiones sujetas al régimen de transición, era pacífico en cuanto a
que el ingreso base de liquidación -IBL- también era un elemento que debía regirse por
la norma anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, el Decreto 929 de 1976, lo cual implicaba
que la pensión de la actora debía liquidarse tomando en consideración todos los factores
devengados en los últimos seis meses de servicio.

Sin embargo, expuso que el criterio de la Corte Constitucional en la materia era
diametralmente opuesto, pues, en la sentencia SU-230 de 2015 esa Corporación
estableció que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición, sino,
que debía obtenerse de conformidad con las reglas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
según la cual lo procedente era liquidar la pensión de la señora Barrera Murcia teniendo
en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años de servicios y con
los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Acogió este último criterio por considerar que es el que más se ajusta a la Constitución
Política, pero, en todo caso, negó las súplicas de la demanda porque los actos
administrativos censurados crearon una situación más favorable para la demandante
(puesto que liquidaron su pensión con los factores devengados en el último semestre de
servicios y hacerlo con el promedio de los últimos diez años implicaría desmejorarle su
condición).

3. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, con el fin de que fuera
revocada y, en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda, por considerar que
la negativa a acceder a sus pretensiones no podía sustentarse en pronunciamientos

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Expediente 11001-03-15-000-2022-01332-00 (REV)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

jurisprudenciales de la Corte Constitucional que no son aplicables a su caso, en tanto se
refirieron a pensiones reconocidas en regímenes legales diferentes al de la Contraloría
General de la República; agregó que el único precedente vinculante debía ser el del
propio Consejo de Estado, quien de forma pacífica consideraba que el IBL también era
un elemento sometido a la transición (índice 12, SAMAI).

4. La sentencia de segunda instancia recurrida

El 10 de septiembre de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las pretensiones
de la demanda, con fundamento en lo siguiente (índice 13 SAMAI):

1) Si bien esa Sala de Decisión venía defendiendo la tesis de que el IBL era un aspecto que
también debía regirse por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 para aquellos
beneficiarios del régimen de transición, lo cierto es que con ocasión de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación dicha
Sección2 acogió el criterio de la Corte Constitucional en la materia en relación con los
trabajadores públicos del régimen general en materia pensional.

2) A su vez, con base en esa posición jurisprudencial, en la sentencia de unificación de
11 de junio de 20203 la propia Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las reglas
respecto del ingreso base de liquidación para computar la pensión de jubilación de
quienes, cobijados por el régimen de transición, sean beneficiarios del régimen pensional
especial de los servidores de la Contraloría General de la República, regulado por el
Decreto 929 de 1976.

3) En consecuencia, con apoyo en esa reciente unificación concluyó que en este caso no
era procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con el promedio de todo lo
devengado en el último semestre de servicio ni con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos en dicho período, como pretendía la parte actora, porque, según esa
sentencia de unificación, el IBL aplicable a la señora Barrera Murcia correspondía al 75%
del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

radicación no. 2012-00143-01.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, exp. 05001-23-

33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII-020-20.

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

anteriores al reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales
percibidos previstos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que realizó los
correspondientes aportes, esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados y las horas extras.

4) Sin embargo, en la Resolución RDP 052752 del 15 de noviembre de 2013, a través de
la cual se le reconoció la pensión de la demandante, la UGPP tuvo en cuenta todos los
emolumentos devengados previstos en el Decreto 1158 de 1994, salvo la bonificación
por servicios y, además, incluyó la prima de servicios, pese a que esta no era un factor
para efectos pensionales.

5) Aunado a lo anterior, advirtió que la entidad reconoció que la demandante es
beneficiaria del Decreto 929 de 1976 y “que el ingreso base de liquidación debía
determinarse con el 75% del último semestre [pero] no tuvo en cuenta el último semestre
laborado por la libelista, pues liquidó la prestación con los factores del decreto 1158 de
1994 percibidos entre abril y septiembre de 2013, sin tener en cuenta que prestó sus
servicios hasta el 28 de mayo de 2014, por lo que el semestre a tener en cuenta debió
ser el comprendido entre el 28 de noviembre de 2013 y el 28 de mayo de 2014”; por
consiguiente, coligió que de haberse tomado el último semestre real de servicio, debió
incluirse también la “bonificación por servicios prestados, que fue efectivamente pagada
en el mes de diciembre de 2013”.

6) No obstante, aun cuando reconoció que en la forma como se había liquidado la pensión
en los actos demandados la situación de la actora era más favorable y que no era
procedente la reliquidación, concluyó que estos estaban viciados de nulidad por no haber
tenido en cuenta el último semestre laborado y tampoco uno de los factores devengados,
es decir, la bonificación por servicios prestados, por lo que ordenó a la entidad reliquidar
la pensión “con la inclusión (además de los factores ya reconocidos por la entidad) de la
doceava de la bonificación por servicios prestados”.

5. El recurso extraordinario de revisión

El 27 de abril de 2021, la UGPP interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra
de la referida sentencia de segunda instancia con sustento en la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (índice 1 Samai), la cual sustentó así:

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

1) La providencia recurrida, por un lado, indicó que aplicaría la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y con
base en ello reconoció que no era procedente reliquidar la pensión de la actora con todos
los factores devengados en el último semestre de servicios, porque lo correspondiente
era hacerlo con el promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años anteriores al
reconocimiento pensional y los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, pues, el
IBL no es un aspecto sujeto a transición; empero, a renglón seguido y de manera
contradictoria, ordenó que se reliquidara la pensión con todos los factores devengados
en los últimos seis meses de servicio, incluyendo la bonificación por servicios prestados.

2) La decisión judicial es contraria a la ley y a la jurisprudencia que ella misma citó, en la
medida que ordenó un aumento de la mesada pensional sin fundamento constitucional y
legal puesto que tomó un ingreso base de liquidación que no corresponde ya que, como
ella misma lo reconoció, lo propio era liquidar la prestación con el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales la actora cotizó durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión y no (como se ordenó) con los factores devengados en los
últimos seis (6) meses de servicio.

3) En lo restante, puntualizó que la cuantía del derecho reconocido en la sentencia
recurrida excede lo debido de acuerdo con la ley, por lo siguiente:

“[E]l Juez de segunda instancia se apartó de lo establecido normativa, y no
obstante hacer alusión a la sentencia unificadora, en las páginas 4 a 7 de su
providencia, sorprendentemente, luego de señalar que debía aplicarse el 75%
del promedio de salarios o rentas sobre los cuales hubiera cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
determinó que el ingreso base de liquidación debía determinarse con el 75%
del último semestre comprendido entre el 28/11/2013 al 28/5/2014, situación
que no guarda consonancia ni con los argumentos expuestos por el fallador,
dada su contradicción, y mucho menos con la realidad fáctica descrita en la
presente acción, y en la providencia objeto de invalidación, y por supuesto
contrariando la jurisprudencia.” (índice 1, SAMAI).

6. Oposición al recurso

En la oportunidad legal, a través de su apoderado, la señora Barrera Murcia presentó
escrito de contestación (índice 20, SAMAI) en el que se opuso a todas las pretensiones y
solicitó que el recurso se declare infundado, puesto que la sentencia recurrida fue
expedida en derecho y lo único que hizo fue reliquidar la pensión de vejez de la

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

demandante teniendo en cuenta la fecha de su retiro efectivo del servicio con los
parámetros establecidos en el Decreto 929 de 1976.

La UGPP condicionó el reconocimiento al retiro definitivo, lo cual ocurrió el 29 de mayo
de 2014 y le otorgaba el derecho a que se reliquidara su prestación con los factores
devengados en los últimos seis (6) meses de servicio, comprendidos entre el 30 de
noviembre de 2013 al 29 de mayo de 2014, como en efecto se ordenó en la sentencia.

Además, propuso las excepciones de “cosa juzgada” porque el asunto ya fue definido
por el juez natural y es inmodificable,” inexistencia de fundamento legal, cobro de lo no
debido, innominada y pleito pendiente”, esta última por cuanto actualmente se adelanta
el proceso ejecutivo en el que pretende la ejecución de dicha sentencia.

7. Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación solicitó declarar infundado el recurso (índice 27
SAMAI) por estimar que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
sí acogió la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-020-2020 de 11 de junio de 2020 sobre
la forma en que debe aplicarse la transición para los beneficiarios de la norma especial
aplicable a los funcionarios de la Contraloría General de la República, en atención de lo
previsto en el Decreto 929 de 1976.

Luego de exponer los criterios disímiles que existieron entre el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional al respecto, precisó que la actora es beneficiaria del régimen de
transición y que, por ende, su pensión debía ser reliquidada con base en el Decreto 929
de 1976, tal como lo hizo la sentencia recurrdia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, ii) generalidades
del recurso extraordinario de revisión, iii) el recurso extraordinario de revisión
contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, iv) el caso concreto - análisis de la
causal de revisión invocada, v) sentencia de reemplazo, y vi) condena en costas.

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda oportunamente4, corresponde a la Sala de Decisión determinar
si se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consistente
que “la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” respecto de la sentencia del
10 de septiembre de 2020 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado

La Sala declarará fundado el recurso, infirmará la sentencia y dictará una de reemplazo,
pues, se probó que la providencia ordenó la reliquidación de la pensión excediendo lo
que de conformidad con la ley era exigible, si se tiene en cuenta que, si bien se reconoció
de manera expresa que de conformidad con el precedente contenido en la sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-020-2020 de 11 de junio de 2020 no era viable liquidar la pensión
con base en los factores sobre los cuales la señora Barrera Murcia cotizó en los últimos
6 meses de servicio, sino con el promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años
anteriores a la fecha del reconocimiento pensional, precisamente porque el IBL no era un
aspecto sujeto a transición de conformidad con el precedente unificado,
contradictoriamente ordenó su liquidación en esos términos.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó las pretensiones de la demanda, porque a la actora no le asiste el derecho
pretendido.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, puesto
que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se
configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
sin perjuicio de las dos causales adicionales contempladas en el artículo 20 de la Ley 797

4 La sentencia de segunda instancia, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado el 10 de septiembre de 2020, quedó ejecutoriada el 3 de diciembre de 2020 y la demanda se
interpuso el 25 de febrero de 2022, por lo cual se impone concluir que fue formulada dentro de los 5 años
previstos para las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como lo estatuye el artículo 251 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estatuto procesal aplicable a
este asunto por ser el vigente para la fecha del ejercicio del derecho de acción.

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

de 2003, atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que reconozcan prestaciones
periódicas con cargo a recursos públicos.

2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada porque “la revisión, más que un
recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia
formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera
que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior 5”.

3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de
2011 y 20 de la Ley 797 de 20036.

4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante escrito
que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el nombre y
domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento y, iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada7.

5) Debido a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia” en la
que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la sentencia
que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos deben limitarse a
demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales
para su procedencia8.

5 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.

6 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de

naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-
00212-01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.

8 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de

1997, exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de
2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

3. El recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003

1) El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisar las providencias judiciales que hubiesen decretado
el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de
naturaleza pública, en los siguientes términos:

“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán
ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables” (negrillas de la Sala).

2) Aunque la norma en cita dispone que la acción de revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, el cual se encuentra
regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que este mecanismo presenta aspectos que
lo particularizan y lo diferencia de aquel y que han sido destacados tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como por la de la Corte Constitucional, entre los
cuales se encuentran los siguientes:

a) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias debidamente ejecutoriadas, sino
también otras providencias que ordenen el reconocimiento de una prestación, es decir,

11

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

puede tratarse de autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos como la transacción o la conciliación9.

b) Están legitimados por activa para interponerlo el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación (art. 20 de la Ley
797 de 2003), así como las entidades que realizan el reconocimiento de las respectivas
pensiones10.

c) En cuanto a su alcance, la jurisprudencia ha precisado que no es posible reabrir el
debate probatorio, sino que, por el contrario, con él se procura revisar la cuantía de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad; además, con la finalidad de
velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como también los principios de
universalidad y solidaridad que los inspira11.

d) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia12.

4. El caso concreto - análisis de la causal de revisión invocada

En el presente asunto, la UGPP invocó la causal consagrada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, pues, considera que en la sentencia se incurrió en una
contradicción insalvable, por cuanto, por un lado, reconoció que el IBL no es un aspecto
sometido a transición y, por tanto, que no era viable reliquidar la pensión de la actora con
los factores devengados en los últimos 6 meses de servicio pero, por otro, precisamente
ordenó la reliquidación de la pensión con los factores percibidos por la actora en el último
semestre de servicio, de conformidad con el Decreto 929 de 1976.

9 Al respecto se sugiere consultar, entre otras, la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-427 de 2016.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,

sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV).
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00.

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

4.1 La causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

1) El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales establecidas
de modo general para el recurso extraordinario de revisión, también procede “cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

2) Frente a esta causal en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se explicó que ella obedeció a la necesidad “de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos” en orden a reducir el déficit fiscal y hacer
del sistema pensional un esquema viable económicamente, cometido por el cual se avaló
la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes.

3) En esa medida, la Sala advierte que la acción de revisión en este caso se ajusta a
esos parámetros, puesto que con este mecanismo se pretende establecer si la pensión
de vejez de la señora Barrera Murcia se reliquidó con base en el ingreso base de
liquidación de conformidad con el Decreto 929 de 1976 y no el previsto por el inciso 3 del
artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994; en esa dirección, se debe definir si el valor de la
prestación que la sentencia objeto del recurso ordenó reconocer debe ser reducido en la
misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general
de seguridad social en pensiones.

4) Revisado el proceso se advierte lo siguiente:

a) La señora María Edith Barrera Murcia, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pidió que se declarara la nulidad de las Resoluciones
números RDP 005118 de 2015 y RDP 016916 de 2015 mediante las cuales la UGPP se
negó a reliquidarle su pensión, motivo por el cual solicitó que esta fuera reliquidada con
todos los factores devengados en los seis (6) meses anteriores a la fecha de su retiro del
servicio.

b) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
a través de la sentencia del 14 de febrero de 2018, negó las pretensiones esgrimidas con

13

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

sustento en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sometido a transición,
por lo cual se regía por los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, y lo
factores consagrados en el Decreto 1158 de 1994; de modo que no era procedente la
reliquidación en los términos reclamados por la parte actora, máxime cuando los actos
demandados resultaban más beneficiosos para ella que si se aplicaran en estricto rigor
las disposiciones referidas.

c) La señora Barrera Murcia interpuso recurso de apelación e indicó que como es
beneficiaria del régimen de transición el IBL también debía regirse en su totalidad por las
normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, el Decreto 929 de 1976 en toda su
dimensión, razón por la cual debía liquidarse su prestación con todos los factores que
percibió durante los últimos seis meses de servicio, en atención al precedente que para
la época pregonaba el Consejo de Estado.

d) Por su parte, en la sentencia del 10 de septiembre de 2020 la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la providencia de primera instancia y, en
su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados para que la pensión
fuera reliquidada con aplicación de todos los factores salariales que la señora Barrera
Murcia devengó en los últimos seis meses de servicio, incluyendo, además de los que ya
se habían reconocido, la bonificación por servicios prestados que percibió durante ese
último semestre.

e) Para sustentar su decisión, dicha Sala explicó in extenso las posiciones que existían
para la época en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con los
empleados beneficiarios del régimen de transición en materia pensional y señaló que
hasta ese momento la Corporación venía sosteniendo de manera uniforme que el IBL
también hacía parte de la transición y se regía por el Decreto 926 de 1976; sin embargo,
con ocasión de la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda
varió su criterio y acogió la tesis que venía aplicando la Corte Constitucional, según la
cual el ingreso base de liquidación no estaba sometido a transición.

f) Por consiguiente, consideró que en este caso no era posible ordenar la reliquidación
en la forma requerida por la señora Barrera Murcia, pues, en aplicación de la sentencia
de unificación, en su caso la pensión debía liquidarse tomando como base el 75% del
promedio de los salarios y rentas devengados en los últimos diez (10) años anteriores a
la fecha de reconocimiento, de conformidad con la Ley 100 de 1993, así como también

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los factores que se encontraran expresamente previstos en el Decreto 1158 de 1994 y
sobre los cuales efectivamente haya cotizado.

g) No obstante lo anterior, de manera contradictoria, ordenó la reliquidación de la pensión
considerando todos los factores salariales que la señora Barrera Murcia devengó en los
últimos seis (6) meses de servicio.

h) Para mayor ilustración sobre el punto la Sala transcribe a continuación el análisis
contenido en la sentencia recurrida:

“Sentencia de unificación – criterio para determinar el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929
de 1976, bajo el régimen de transición.

La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 11
de junio de 202013 en la que fijó las reglas respecto del ingreso base de liquidación
para computar la pensión de jubilación de quienes, cobijados por el régimen de
transición, sean beneficiarios del régimen pensional especial de los servidores de
la Contraloría General de la República, regulado por el Decreto 929 de 1976.

En dicha providencia la Sección acogió, a su vez, las reglas y subreglas que
habían sido definidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201814, que sentó el criterio para la
determinación del IBL de aquellas personas beneficiarias de la transición, que se
pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. En efecto, la Sección
Segunda indicó que «[…] si bien aquel precedente atañe al régimen general
anterior contenido en la Ley 33 de 1985, constituye un referente jurisprudencial
pertinente, y por ende, plausible su aplicación para quienes siendo beneficiarios
de la transición, definieron su derecho conforme a una norma especial; pues, el
Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 no estableció tratos
diferenciales para los distintos servidores públicos, y muestra de ello es que
ingresaron a él solo en consideración al sector a donde estaban vinculados15, sin
atender las instituciones empleadoras ni las entidades previsionales que los
amparaban. […]».

Así entonces, en la providencia de la Sección Segunda, se fijó la siguiente
regla jurisprudencial: « […] Sentar jurisprudencia en la sección segunda del
Consejo de Estado, para señalar que el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo
corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma;

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

del 11 de junio de 2020, exp. 05001-23-33-00-2012-00572-01(1882-14) CE-SUJ-SII-020-20.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Expediente 2012-00143-01.
15 Conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y 2 del Decreto Reglamentario 691 de 1994, para los

servidores del orden nacional, empezó a regir el 1º de abril de 1994, mientras que para los territoriales, el
30 de junio de 1995.

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y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».

Precisó además la sentencia en cita que la misma se aplicaría con efectos
retrospectivos, de la siguiente forma «[…] (i) respecto de los asuntos similares
que actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los que
llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y
los futuros que se presenten. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables […]».

De esa manera, se procede a aplicar las reglas de unificación al presente caso:

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Edad: nació el 25 de diciembre de Goza del régimen de
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE 1954 (fl. 6, C2), es decir que para transición por tener más
TRANSICIÓN. […] el 1.º de abril 1994 tenía 39 años. de 35 años de edad y 15
La edad para acceder a la pensión años de servicio a la
de vejez, el tiempo de servicio o el Tiempo de servicio: Entre el 1.º entrada en vigencia de la
número de semanas cotizadas, y el de diciembre de 1978 y el 28 de Ley 100 de 1993.
monto de la pensión de vejez de las mayo de 2014 laboró como
personas que al momento de entrar empleada pública en la Contraloría
en vigencia el Sistema tengan General de la República16.
treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) Así, al 1.º de abril de 1994 había
o más años de edad si son laborado por 15 años y 5 meses.
hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior
al cual se encuentren afiliados..»
(Subraya la sala).
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN DECRETO 929 DE 1976
«ARTÍCULO 7.º Los funcionarios y Acreditó los requisitos
empleados de la Contraloría Tiempo de servicios: laboró en de pensión de jubilación
General tendrán derecho, al llegar el sector público por un total de 35 del Decreto 929 de
a los 55 años de edad, si son años, 5 meses y 27 días entre el 1976, esto es, 50 años
hombres y 50 si son mujeres, y 1.º de diciembre de 1978 y el 28 de edad y 20 años de
cumplir 20 años de servicios de mayo de 2014, todos al servicio servicio público, de los
continuos o discontinuos, de la Contraloría General de la cuales mínimo 10 lo
anteriores o posteriores a la República. hayan sido
vigencia de este decreto, de los Edad: Cumplió 50 años de edad exclusivamente a la
cuales por lo menos diez lo hayan el 25 de diciembre de 2004. Contraloría General.
sido exclusivamente a la
Contraloría General de la República
a una pensión ordinaria vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios
devengados durante el último
semestre. (Subraya fuera del texto)
PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN La pensión de jubilación
«[…] De acuerdo con la regla y se debe liquidar con el
subreglas contenidas en el Consolidación del estatus promedio de los salarios
precedente de Sala Plena, el pensional: El 25 de diciembre de o rentas sobre los cuales
ingreso base de liquidación para las 2004, por cumplimiento la edad. ha cotizado el afiliado
pensiones de quienes están en durante los diez (10)

16 De conformidad con la certificación expedida por la Contraloría General de la República, visible a folio

20 del expediente.

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transición es el previsto en el inciso años anteriores al
tercero del artículo 36 o el del Tiempo que faltaba para reconocimiento de la
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, consolidarlo a la entrada en pensión.
según corresponda. Estas vigencia de la Ley 100: más de
personas se pensionan con los 10 años (del 1.º de abril de 1994
requisitos de la norma anterior en al 25 de diciembre de 2004).
cuanto a edad, tiempo de servicio y
tasa de retorno. […]»
La primera de tales subreglas
corresponde al período para
liquidar la pensión, como se indica
a continuación:
• Si faltare menos de diez
(10) años para adquirir el derecho
a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de
lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el
que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación
que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10)
años, el ingreso base de
liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios
al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«[…] la Sala, luego de analizar el
conjunto de normas salariales y Factores devengados y Los factores a computar
prestacionales de los servidores cotizados17: asignación básica, son: asignación básica,
de la Contraloría General de la bonificación por servicios, horas bonificación por servicios
República, encuentra que en extras, bonificación especial, y horas extras.
vigencia de la Ley 100 de 1993 las prima de vacaciones, prima de
cotizaciones para pensión solo servicios, prima de navidad,
afectan a los factores que indemnización de vacaciones.
expresamente señaló el
reglamento en el artículo 1º del
Decreto 1158 de 1994, pues antes
de tal norma, la base de cotización
la constituía la asignación básica.
En otros términos, ninguna norma
que regula los salarios y
prestaciones sociales para tal
sector dispone de manera
expresa una regla de cotización
diferente a la anunciada […]»
Factores Decreto 1158 de 1994:
a) asignación básica mensual, b)
gastos de representación, c)
prima técnica, cuando sea factor
de salario, d) primas de
antigüedad, ascensional y de
capacitación cuando sean factor
de salario, e) remuneración por
trabajo dominical o festivo, f)
remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o

17 De conformidad con las certificaciones expedidas por la Contraloría General de la República, visibles

en folios 22 a 29 del expediente.

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realizado en jornada nocturna, g)
bonificación por servicios

En resumen: La pensión de jubilación de la parte demandante bajo el régimen de
transición, debía ceñirse al periodo de liquidación y los factores sobre los cuales
realizó aportes según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, se observan los siguientes actos administrativos en el asunto:

Acto Norma Factores
reconocimiento pensional Monto y Periodo
o reliquidación aplicada
pensión
Resolución RDP Decreto 929 de 75% del promedio del Asignación básica, prima de servicios,
052752 del 15 1976. de los salarios horas extras.
de noviembre de devengados en el
2013, que último semestre de
reconoció la servicios.
pensión de
vejez.

Conclusión

No es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con el
promedio de todo lo devengado en el último semestre de servicio, ni con la
inclusión de todos los factores salariales percibidos en tal período como lo
deprecó la parte demandante, porque según la sentencia de unificación del
11 de junio de 2020, el IBL aplicable para el caso concreto correspondía al
75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos que
estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese
realizado los correspondientes aportes, que en el caso que nos ocupa se
reducen a la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y las horas
extras.

De la relación expuesta se observa que la liquidación contenida en la Resolución
RDP 052752 del 15 de noviembre de 2013, que reconoció la pensión de la
demandante, i) tuvo en cuenta todos los emolumentos devengados, previstos en
el Decreto 1158 de 1994, salvo la bonificación por servicios; ii) e incluyó la prima
de servicios, aun cuando la misma no era factor para efectos pensionales.

Así, debe concluirse que los actos administrativos que negaron la reliquidación de
tal prestación se encuentran parcialmente viciados de nulidad, pues aún cuando
reconocieron que la demandante es beneficiaria del Decreto 929 de 1976 y que el
ingreso base de liquidación debía determinarse con el 75% del último semestre,
lo cierto es que: i) la entidad no tuvo en cuenta el último semestre laborado por la
libelista, pues liquidó la prestación con los factores del decreto 1158 de 1994
percibidos entre abril y septiembre de 2013, sin tener en cuenta que prestó sus
servicios hasta el 28 de mayo de 2014, por lo que el semestre a tener en cuenta
debió ser el comprendido entre el 28 de noviembre de 2013 y el 28 de mayo de
2014; ii) de haber tomado el último semestre real de servicio, debía incluir la

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bonificación por servicios prestados, que fue efectivamente pagada en el mes de
diciembre de 2013

Es preciso señalar que la pensión, tal como está reconocida supone ciertamente
para la demandante una situación más beneficiosa que la que se hubiese derivado
del apego estricto al régimen de transición y a las reglas definidas por la sentencia
de unificación del 11 de junio 2020; sin embargo, se insiste, los actos
administrativos acusados están parcialmente viciados de nulidad pues no tuvieron
en cuenta el último semestre laborado y no incluyeron un factor que legalmente
debía computarse en el IBL pensional, como es la bonificación por servicios.”
(índice 3 del SAMAI – negrillas de la Sala).

5) Del anterior recuento, esta Sala Especial de Decisión advierte con meridiana claridad
que le asiste razón a la parte recurrente, en cuanto sostiene que en la providencia
impugnada se incurrió en una contradicción de base que condujo a que se reconociera
una pensión excediendo la cuantía que por ley le corresponde a la beneficiaria.

6) En efecto, por una parte, en los cuadros que se incluyeron en la cita transcrita,
realizados a partir de las pruebas aportadas se indicó, con suma claridad, que debido a
que entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) y la
fecha de consolidación de su estatus pensional (25 de diciembre de 2004) faltaban más
de diez (10) años, la pensión de la actora debía liquidarse con “el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión” (índice 3 SAMAI).

7) Asimismo, se reconoció que los factores salariales sobre los que debía liquidarse la
pensión eran los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y que, por consiguiente, no era
procedente reliquidar la pensión de la actora en los términos por ella solicitados -se
reitera- por cuanto, “según la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, el IBL
aplicable para el caso concreto correspondía al 75% del promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, con la inclusión de los factores salariales percibidos que
estuviesen regulados en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que hubiese realizado los
correspondientes aportes”.

8) No obstante, al propio tiempo y apartándose de dicha motivación, la providencia
recurrida ordenó que la reliquidación era procedente con los factores salariales
devengados por la actora en los últimos seis (6) meses de servicio, esto es, además de
los que ya la UGPP había incluido, la bonificación por servicios prestados.

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9) En esos términos, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario propuesto
porque, más allá de la contradicción expuesta, lo cierto es que dicho yerro conllevó a que
se reliquidara la pensión de la actora en una cuantía que excede lo permitido por la ley y
desconoce la estabilidad del sistema pensional, pues, conllevó no solo a anular unos
actos que ya de por sí le eran beneficiosos, sino, además, a aumentar la mesada
pensional que percibía producto de dicha reliquidación.

10) Se recuerda, y no hay controversia en ello, pues así lo reconocen las partes, que para
la fecha en que se expidió la providencia ya se había proferido y notificado la sentencia
de unificación de 11 de junio de 2020 en la cual la Sección Segunda de esta Corporación
precisamente cambió su criterio al respecto y se alineó con el que hasta ese momento
venía sosteniendo la Corte Constitucional en relación con el IBL de los empleados de la
Contraloría General de la República y otros regímenes especiales.

11) Tanto es así que la sentencia citó, expresamente, (para ese momento reciente) el
criterio unificado y con base en ello reconoció que no era posible reliquidar la pensión de
la señora Barrera Murcia como ella lo deprecaba, valga decir, con los factores
devengados en los últimos seis (6) meses de servicio; sin embargo, contrariamente a ello,
eso fue lo que se ordenó en la sentencia.

12) De igual manera, debe tomarse en cuenta que en la referida sentencia de unificación
justamente se recogió la tesis imperante y uniforme hasta ese momento, según la cual el
IBL sí hacía parte del régimen de transición, como de tiempo atrás se venía reconociendo
a partir de otra sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto
de 201018.

13) Dicho criterio se aplicaba no solo a los beneficiarios del régimen general contenido
en las Leyes 33 y 62 de 1985, sino también a quienes se regían por lo previsto en
regímenes especiales, como el de la Contraloría General de la República, la Rama
Judicial, entre otros.

14) Sin embargo, a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2018 a la que se ha hecho
referencia tantas veces, se replanteó el criterio sobre la interpretación del ingreso base

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación:

25000-23-25- 000-2006-07509-01.

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Recurso extraordinario de revisión de la Ley 797 de 2003

de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, para definir que ese aspecto no estaba incluido en el beneficio
concedido por el artículo 36 ibidem, posición que hasta ese momento venía siendo
anunciada por la Corte Constitucional.

15) En consecuencia, producto de dicho cambio, la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la mencionada sentencia de unificación del 11 de junio de
2020, fijó las reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del Decreto 926 de 1976 cobijados por el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, como es el caso de la señora Barrera Murcia, quien prestaba sus servicios
en la Contraloría General de la República.

16) En ese pronunciamiento se precisó que el régimen de transición contenido en la Ley
100 de 1993 no es aplicable a los empleados que se rigen por las normas generales,
sino, que también opera cuando se trata de regímenes especiales, como el señalado por
el Decreto 929 de 1976.

17) Allí se ordenó de manera clara, precisa y expresa que el IBL no hace parte del
régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, así:

“(…) Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado,
para señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas con los requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, en cuanto a periodo corresponde a las
variables previstas en los artículos 21 y 36 de esta norma; y respecto a los
factores, atenderá la regla de cotización contemplada en el artículo 1º del
Decreto 1158 de 1994”.

18) Además, también se advirtió que los factores salariales que deben hacer parte del
ingreso base de liquidación son los indicados por el Decreto 1158 de 1994, previstos para
la generalidad de los servidores públicos.

19) Finalmente, se determinó que los efectos de esa decisión serían retrospectivos, esto
es, para los casos pendientes de decisión tanto en sede administrativa como judicial.

20) En ese contexto, si en la sentencia recurrida se indicó que se acogería dicho criterio
unificado, de conformidad con el cual i) el IBL no es un aspecto sujeto a transición; ii) el
periodo a tener en cuenta en tales casos es el previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley

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100 de 1993, según el caso; iii) los factores a computar son los del Decreto 1158 de 1994
para todos los servidores públicos y, iv) que dichas reglas se aplicarán a todos los casos
pendientes de decisión, no hay justificación alguna para que se haya ordenado la
reliquidación de la pensión tomando los seis (6) meses anteriores al retiro y con los
factores que la empleada devengó durante dicho semestre, como lo hizo la sentencia
recurrida, porque ello riñe con las referidas reglas de unificación trazadas sobre esa
precisa materia.

4.2 Conclusión

En suma, el recurso extraordinario de revisión debe declararse fundado, toda vez que se
acreditó que la sentencia del 10 de septiembre de 2020 emitida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado debió seguir las pautas definidas en la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 para resolver la controversia y, como
ello no ocurrió, se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

En ese orden, se infirmará la sentencia y, en su lugar, se procederá a expedir una en
reemplazo.

5. Sentencia de reemplazo

En aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 19, la Sala procede a
proferir la correspondiente sentencia de reemplazo en virtud de que prosperó la causal
de revisión invocada por la UGPP contra la proferida el 24 de mayo de 2012 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

Se advierte que en el asunto sub examine no está en discusión el derecho pensional de
la señora María Edith Barrera Murcia ni tampoco es motivo de discusión que esta acreditó
los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues,

19
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo
250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.”. (negrillas por fuera del texto original).

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la controversia gira únicamente en torno a la forma en que debió ser reliquidada la
pensión que le había sido reconocida mediante la Resolución RDP 052752 del 15 de
noviembre de 2013.

En ese acto administrativo la pensión de la actora se liquidó de la siguiente forma:

Acto de Norma aplicada Monto y periodo Factores reconocidos
reconocimiento
Resolución RDP Decreto 929 de Se liquidó con el 75% Asignación básica, prima de servicios y horas
052752 del 15 de 1976. del promedio del de los extras.
noviembre de salarios devengados
2013, mediante el en el último semestre
cual se reconoció. (seis meses) de
servicios.

Una vez la actora solicitó la reliquidación, esta le fue negada a través de las Resoluciones
números RDP 005118 de 2015 y RDP 016916 de 2015 -las cuales constituyen los actos
demandados-, por cuanto su pensión debía liquidarse con el promedio de los salarios
devengados en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento y únicamente con
los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, lo cual arrojaba una suma incluso menor
a la que actualmente percibía con ocasión del acto de reconocimiento.

Ahora bien, de conformidad con el marco normativo, los desarrollos jurisprudenciales
expuestos en los capítulos precedentes de esta providencia y las pruebas mencionadas
supra esta Sala considera que a la señora María Edith Barrera Murcia sería del caso
liquidarle la pensión de vejez de la siguiente manera:

Norma aplicable Consolidación Monto y periodo Factores a reconocer
del estatus
Artículo 36 de la 25 de diciembre En la medida que a la Asignación básica, bonificación por
Ley 100 de 1993. de 2004, fecha en entrada en vigor de la servicios y horas extras, de conformidad
la cual cumplió 50 Ley 100 de 1993 (1 de con el Decreto 1158 de 199421.
años de edad20. abril de 1994) le
faltaban más de 10
años para cumplir el
estatus de pensionada
la pensión debe
liquidarse con el
promedio de los
salarios o rentas
sobre los cuales
cotizó durante los
diez (10) años
anteriores al
reconocimiento de la
pensión.

20 Fl. 6, cdno. 2 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

21 De conformidad con las certificaciones expedidas por la Contraloría General de la República, visibles en

folios 22 a 29 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.

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A partir de lo anterior, salta a la vista que, como lo indicó la Sección Segunda del Tribunal
de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia del respectivo proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, la actora no tenía derecho a que se accediera a reliquidar
su pensión, pues, inclusive, gozaba de una situación más favorable en los actos de
reconocimiento -teniendo en cuenta que en estos se incluyó la prima de servicios, la cual
no constituye factor salarial según el Decreto 1158 de 1994- que aquella a la que tendría
derecho si se aplicara con todo el rigor la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020
-pues en tal supuesto habría que excluir la prima de servicios e incluirle la bonificación
por servicios prestados, operación aritmética que arroja una suma menor, como incluso
ya lo había señalado la UGPP en el acto que negó la reliquidación-.

Lo anterior, debido a que los únicos factores salariales que percibió y sobre los que cotizó
durante los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión
expresamente previstos en el Decreto 1158 de 1994 fueron la asignación básica, la
bonificación por servicios y las horas extras, ya que, se reitera, la prima de servicios que
también había sido computada por parte de la UGPP no hace parte de los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

En consecuencia, se revocará la sentencia de 10 de septiembre de 2020 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se declaró
la nulidad de las Resoluciones números RDP 005118 de 2015 y RDP 016916 de 2015,
para que se le incluyeran todos los factores devengados en los últimos seis (6) meses de
servicios y, en su lugar, se confirmará la sentencia del 14 de febrero de 2018 por medio
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Finalmente, la Sala negará la pretensión cuarta del recurso extraordinario de revisión
propuesto por la UGPP, dirigida a que se ordene a la señora Barrera Murcia a que
reintegre las sumas cobradas en exceso como consecuencia de la sentencia objeto de
revisión con la correspondiente indexación, puesto que dichas sumas fueron percibidas
de buena fe.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación ha sido enfática en sostener que la
devolución de sumas por concepto de prestaciones periódicas pagadas en exceso

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requiere la comprobación de la mala fe por parte del empleado22, lo cual no se alegó ni
demostró por parte de la recurrente.

En efecto, en este caso no se probó que la señora Barrera Murcia incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener
un beneficio al cual no tenía derecho, razón por la cual se negará dicha solicitud.

6. Costas

No se condenará en costas del recurso extraordinario en aplicación del numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso según el cual “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
lo cual no ocurrió en este caso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de
septiembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del expediente con radicación número 25000-23-42-000-2015-05147-01.

2º) Infirmase la sentencia recurrida y, en su lugar, dispónese:

Confírmese la sentencia del 14 de febrero de 2018 proferida por la Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

3º) Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 2 de marzo de 2020, exp. 12971, CP Nicolás

Pájaro Peñaranda; 17 de mayo de 2007, exp. 3287-05, CP Alejandro Ordóñez Maldonado; 21 de junio de
2007, exp. 0950, CP Ana Margarita Olaya Forero, 1° de septiembre de 2014, exp. 3130-13, CP Gustavo
Gómez Aranguren; 6 de ferero de 2020, exp. 2000-218, CP William Hernández Gómez.

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4°) Abstiénese de imponer condena en costas.

5°) En firme esta providencia, previas las actuaciones y constancias de rigor por parte de
la Secretaría, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Con salvamento de voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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