Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-07181-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de marzo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LA FALTA DE AGOTAMIENTO DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN TORNA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
Síntesis del caso: se cuestionó la providencia mediante la cual se ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión de sobreviviente en cuantía del 50% a una compañera permanente desde
el día siguiente al fallecimiento del causante, sin tener en cuenta que tal erogación ya había sido
reconocida a la hija menor de este en un 100% desde la misma fecha. La Sala confirmará la
sentencia que declaró improcedente el amparo por cuanto el fondo de pensiones que actúa como
parte actora no agotó el recurso extraordinario de revisión con el que contaba para cuestionar
esa providencia.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 5 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.” .
(mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2023, la parte actora promovió
proceso de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena y la
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Mediante Resolución no. 7291 de 9 de marzo de 1993, la extinta Cajanal le reconoció
una pensión de jubilación al señor Manuel Vicente Linero, efectiva a partir del 28 de junio
de 1988; sin embargo, este falleció el 26 de marzo de 2012.
2) Por lo anterior, a través de Resolución no. RDP 014819 del 8 de noviembre de 2012,
le fue reconocida una pensión de sobrevivientes a la hija menor del causante, cuyo pago
se ordenó en cuantía del 100% de lo devengado por aquel, a partir del día siguiente al
fallecimiento.
3) En ese mismo acto se negó el reconocimiento y pago de la pensión a la señora Maritza
Morán Álvarez porque no acreditó la convivencia con el causante durante los 5 años
anteriores a su fallecimiento, decisión que fue confirmada mediante Resolución RDP
017615 de 18 de abril de 2013, a través de la cual se resolvió un recurso de reposición.
4) La señora Morán Álvarez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP para que se declarara la
nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la sustitución pensional1.
5) El 8 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, a título de restablecimiento, condenó al pago de la
prestación en un 50% para la señora Maritza Morán Álvarez desde el día siguiente a la
fecha de fallecimiento del causante, con efectos fiscales a partir del 4 de febrero de 2013
por prescripción trienal.
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Proceso que se registró con el número de radicación 47001-23-33-000-2016-00471-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
6) La UGPP apeló la decisión con fundamento en que se valoró indebidamente el material
probatorio según el cual la allí demandante no demostró la convivencia con el causante
para efectos de obtener la sustitución pensional.
7) El 4 de mayo de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia.
Fundamentos de la vulneración
En criterio de la autoridad demandante la orden de reconocer y pagar la sustitución
pensional en favor de la señora Maritza Morán Álvarez en una cantidad equivalente al
50% desde el día siguiente al fallecimiento del causante configuró un defecto sustantivo
y una violación directa de la Constitución, por cuanto no se tuvo en cuenta que con ello
ordenó un doble pago.
Lo anterior, pues, el tribunal pasó por alto que mediante Resolución RDP 014819 de 8 de
noviembre de 2012 dicha autoridad ya le había reconocido y pagado dicha prestación a
la hija menor del causante en cuantía del 100%, también a partir del día siguiente a la
muerte del señor Manuel Vicente Linero.
Esa situación conllevaría a que se deba pagar en un 150% la prestación por el periodo
comprendido entre el 4 de febrero de 2013 y el 19 de mayo de 2020, lo cual afectaría la
sostenibilidad financiera del sistema pensional contemplada en el artículo 48 de la Ley
100 de 1993.
Como fundamento de sus afirmaciones, manifestó que la autoridad judicial accionada
desconoció lo previsto en los artículos 13 de la Ley 797 de 2003 y 48 de la Ley 100 de
1993 pues, de haber atendido dichas normas, habrían evidenciado que el pago del 100%
de la pensión sustitutiva ya se había realizado.
Por otro lado, se alegó un defecto fáctico porque se valoró de manera defectuosa el
material probatorio, específicamente, el acto administrativo no. RDP 014819 del 8 de
noviembre de 2012 que daba cuenta de que a la hija menor del causante se le había
reconocido y ordenado el pago en un porcentaje del 100% desde el 8 de noviembre de
2012.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y
el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, al ordenar reconocer y pagar el 150%
de la pensión de sobrevivientes, en virtud del reconocimiento en favor de la
beneficiaria la señora MARITZA ISABEL MORÁN ÁLVAREZ, desconociendo
los pagos realizados en favor de la beneficiaria inicial (...)
Segundo. Consecuentemente:
a. Se DEJEN sin efectos parcialmente las sentencias del 08 de septiembre de
2021 y 04 de mayo de 2023 proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA y el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B,
dentro del proceso contencioso No. 47001233300020160047100, únicamente
en lo que respecta a la porción del retroactivo pensional irregular, por la
flagrante vía de hecho y el abuso palmario del derecho en que incurrieron los
estrados judiciales al desconocer los pagos que se realizaron en favor de la
joven (...) desde el 27 de marzo de 2012 al 19 de mayo de 2020.
b. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, que proceda a
dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, modificando la providencia
del 08 de septiembre de 2021 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA para ordenar que el pago del retroactivo a que tiene derecho
la señora la (sic) Maritza Isabel Morán Álvarez debe contemplar los pagos que
se realizaron a en (sic) favor de la joven (...) hasta el 19 de mayo de 2020.
ACCESORIAS:
En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:
Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA y el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, al omitir aplicar al
retroactivo los pagos ya efectuados en favor de la joven (...) hasta el 19 de mayo
de 2020 y ordenar a esta entidad pagar el retroactivo de la pensión de
sobrevivientes en un 150% producto de los dobles pagos generados desde el
04 de febrero de 2013 al 19 de mayo de 2020, con lo que se causa un grave
detrimento al sistema financiero pensional.
Segundo. Como consecuencia a lo anterior, SUSPENDER PARCIALMENTE
el cumplimiento de las sentencias del 08 de septiembre de 2021 y 04 de mayo
de 2023 dictadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B dentro del proceso contencioso Nº
47001233300020160047100 en lo que se refiere al retroactivo pensional, para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario equivalente al pago
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
de más de $86.670.536M/CTE correspondiente a dobles pagos, que se ordenan
cancelar a favor de la señora MARITZA ISABEL MORÁN ÁLVAREZ y que no le
asisten, mientras se resuelve la actuación judicial que esa H. Corporación
determine debemos iniciar para controvertir la legalidad de las órdenes
impartidas en las sentencias controvertidas.”. (mayúsculas y negrillas del
original - archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
Actuación en primer grado
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 29 de
noviembre de 2023 admitió la acción de tutela, notificó a los magistrados integrantes de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Magdalena y vinculó a la señora Maritza Isabel Morán Álvarez, con el
fin de que presentaran un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.
5. Sentencia de primera instancia
El a quo declaró improcedente la acción de tutela con fundamento en que la parte actora
pretendió reabrir el debate surtido en el proceso ordinario con argumentos nuevos que
las autoridades judiciales demandadas no tuvieron oportunidad de conocer y desconoció
el requisito de subsidiariedad porque pudo acudir a presentar el recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación.
6. Impugnación
La UGPP presentó impugnación en contra de la sentencia de primera instancia y le fue
concedida con auto de 20 de febrero de 2024.
Como razones de reproche en contra del fallo afirmó que se probó la configuración de un
perjuicio irremediable por la gravedad y urgencia que para la estabilidad del sistema
pensional conlleva el pago de sumas dobles, lo cual amerita un estudio de fondo de la
controversia propuesta.
El asunto supera el requisito de relevancia constitucional porque las decisiones
controvertidas vulneraron los postulados del sistema general de pensiones contemplado
en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y generaron una afectación de los recursos
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
públicos, por lo cual se empleó este mecanismo de amparo constitucional, no para que
se surta una instancia adicional, sino para evitar dicha afectación.
El fallo del a quo desconoció las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-427 de 2016 según la cual es posible acudir a la acción de tutela como mecanismo
preferente para efectos de evitar un detrimento del sistema pensional.
En lo demás, la autoridad demandante reiteró los planteamientos de la acción de tutela
según los cuales las providencias judiciales cuestionadas adolecen de los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
antes mencionados, presuntamente vulnerados con las providencias que ordenaron el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Maritza
Isabel Morán Álvarez, a partir del día siguiente al fallecimiento del causante.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:
2.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme con las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En su escrito de demanda, la UGPP aclaró que su inconformidad con la decisión
judicial no iba dirigida a cuestionar el reconocimiento de la pensión pues, dicha discusión
se agotó en el proceso judicial, por el contrario, en esta ocasión enfiló sus argumentos a
que se dejara sin efectos parcialmente la sentencia de segunda instancia “únicamente en
lo que respecta a la porción del retroactivo pensional irregular, por la flagrante vía de
hecho y el abuso palmario del derecho en que incurrieron los estrados judiciales al
desconocer los pagos que se realizaron en favor de la joven (...) desde el 27 de marzo
de 2012 al 19 de mayo de 2020.”.
2) A juicio de la UGPP, dicha orden desconoció los pagos que previamente le había
realizado a la hija menor del causante en cuantía del 100% con ocasión precisamente del
acto demandado, esto es, la Resolución RDP 014819 del 8 de noviembre de 2012 que
negó la sustitución pensional a la señora Maritza Isabel Morán Álvarez.
3) Agregó que, de cumplir con esa disposición en los precisos términos en que fue
dictada, le correspondería pagar, sin ninguna justificación, en un 150% la prestación por
el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2013 y el 19 de mayo de 2020 (fecha de
exclusión en nómina de la menor de edad beneficiaria); ello, por cuanto se insiste, el
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100% de esa prestación ya le había sido reconocido y pagado a la hija menor del
causante.
4) Luego entonces, como fundamento de su inconformidad la UGPP alegó el
desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 797 de 2003 y 48 de la Ley
100 de 1993 pues, de haber atendido dichas normas, habrían evidenciado que el pago
del 100% de la pensión sustitutiva ya se había realizado, irregularidad que, en su criterio,
configuró un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución.
5) No obstante, la Sala advierte que el mecanismo es improcedente, en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991; pues a pesar de que
se invoca la vulneración de derechos fundamentales, como son del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, la UGPP no agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance.
6) Al respecto, la Corte Constitucional en casos en los que la UGPP ha formulado
acciones de tutela como sucesora de CAJANAL, ha establecido parámetros especiales
para el análisis de la procedencia del mecanismo en relación con el requisito de
subsidiariedad.
7) Así, frente a la procedencia del amparo el Alto Tribunal estableció explícitamente que,
por regla general, las acciones de tutela promovidas por la UGPP contra una decisión
judicial deberán considerarse improcedentes por incumplimiento del presupuesto general
de subsidiaridad debido a que dicha autoridad se encuentra legitimada para interponer el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 que le atribuyó la competencia para iniciar las acciones previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
8) La potísima razón que fundamenta dicha posición es que, como administradora de
pensiones, le corresponde velar por el buen funcionamiento financiero del sistema que
regenta, conforme con las sentencias T-363 de 1998 y T-300 de 2014.
10) De esta manera, es posible concluir que a las administradoras de pensiones les asiste
legitimación por activa para la interposición del recurso referido, por ende, la acción de
tutela se torna improcedente; sin embargo, si se evidencia de manera ostensible la
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
ocurrencia del abuso del derecho alegado, resultaría necesaria la intervención del juez
constitucional para el amparo de los derechos fundamentales involucrados.
11) Para la Sala es importante establecer si se evidencia de manera palmaria la
ocurrencia del abuso para determinar en este caso sí es inminente e impostergable el
uso del este medio excepcional en el presente caso.
12) Con el fin de definir lo anterior, la Sala recuerda que la Corte Constitucional,
específicamente a las sentencias SU-631 de 2017 y SU-427 de 2016 , identificó las dos
condiciones para valorar la existencia de un abuso del derecho en forma palmaria, que
amerite que el recurso extraordinario de revisión pueda ser desplazado por la acción de
amparo, a saber: i) la verificación de una vinculación precaria y ii) el incremento excesivo
de la mesada pensional producto de la sentencia cuestionada, así:
“(i) De la vinculación precaria.
La vinculación precaria ha sido entendida como la relación entre un empleado
o funcionario público y el Estado, que tiene una duración reducida en el tiempo.
El elemento que define la precariedad del vínculo laboral es por lo tanto su
fugacidad.
En muchos casos el carácter fugaz de la relación laboral obedece a la
satisfacción de un encargo o una provisionalidad (temporales por definición) por
parte de un servidor que desempeña funciones en propiedad o de un particular,
para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía y remuneración.
La brevedad en el desempeño de las funciones de mayor remuneración puede
llegar a menoscabar en casos concretos los cimientos del sistema de seguridad
social, cuando propicia la consolidación de derechos pensionales con
fundamento único en la remuneración percibida durante la vinculación precaria.
En este caso, el Decreto 546 de 1971 en su artículo 6° estableció que “los
funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir
20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año
de servicio en las actividades citadas”.
Del tenor literal de esa norma se desprende que, incluso con un mes de servicio
en un cargo de mayor remuneración, el empleado o el funcionario de la Rama
Judicial beneficiario de ese régimen, podría causar una pensión con apoyo en
el salario devengado durante aquel corto periodo de vinculación. Lo anterior, a
condición de que dicho salario sea el más alto del último año de servicios.
Entonces, incluso con apenas un mes cotizado con arreglo a ese salario, tendría
la posibilidad de percibir, durante el resto de su vida, una pensión con
fundamento en esa mínima cotización, lo que a primera vista aparece carente
de razonabilidad desde la lógica solidaria del sistema.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
Por ejemplo si una persona ocupó un cargo de mínima remuneración, como
empleado de la Rama Judicial, durante toda su vida y con fundamento en ese
ingreso cotizó, no tiene sentido que, si durante el último año de servicios trabajó
como Magistrado de una Alta Corporación, y solo lo hizo durante un mes, su
mesada pensional sea tan alta como el sueldo percibido durante esa
mensualidad. No lo tiene porque lo que habrá aportado a pensiones dicho
trabajador, no guardará relación con los beneficios que obtendrá del sistema.
(…).
(ii) Del incremento excesivo en la mesada pensional
La mesada pensional debe haberse incrementado de tal forma que implica un
tratamiento diferenciado para quien la obtuvo. Tal incremento ha de ser
verificado en cada caso concreto y dejará al descubierto el resultado del abuso
del derecho desde el punto de vista del pensionado. La importancia de esta
verificación es que tiene la virtualidad de revelarle al juez constitucional la
dimensión material de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista legal o
constitucional, en favor del pensionado.
Al respecto conviene aclarar que, si bien es cierto cualquier incremento en la
mesada pensional que desborde los principios y las reglas del sistema de
seguridad social en pensiones, atenta contra él, solo los que sean evidentes y
se descubran de un primer acercamiento al caso concreto, ameritan la
intervención del juez de tutela. Los demás pueden ser cuestionados a través de
la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso administrativa, según sea el caso.
La remisión de los casos al juez ordinario, no implica de ningún modo restarle
relevancia al caso, sino constatar que la urgencia que presenta es relativa y no
notoria.
Así, no basta con la existencia de una vinculación precaria para que proceda la
acción de tutela, sino que es preciso que aquella haya generado un incremento
protuberante de la mesada pensional. Solo así la aplicación del IBL de un
régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del
juez de tutela.”. (negrilla de la Sala)
13) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el presente caso no se enmarca
dentro de los supuestos antes referidos, pues, en primer lugar, se observa que la
vinculación del causante no fue precaria si se considera que incluso se le reconoció la
pensión por cumplir con los requisitos para ello.
14) En segundo lugar, en este caso tampoco se discute el monto de la mesada o su
incremento excesivo por lo que tampoco se cumple el segundo presupuesto.
15) Por consiguiente, a la UGPP le correspondía agotar el recurso extraordinario de
revisión y no lo hizo, con lo que desconoció el carácter residual y subsidiario de este
mecanismo constitucional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
16) Como lo indicó esta misma Sala de Subsección en un caso similar al de la referencia2,
si lo que pretende la UGPP es la devolución de los dineros pagados por parte de la hija
menor del causante deberá demostrar que aquella los recibió sin respaldo normativo
alguno en el proceso judicial correspondiente, de ahí que la acción de tutela no sea el
medio idóneo para ello3, pues, para ello deberá demostrarse la mala fe en el proceso
correspondiente4.
17) Cabe resaltar que tampoco es posible acceder a un amparo transitorio en la medida
en que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente el
amparo en esas condiciones si para ello se tiene en cuenta que, con posterioridad a la
comunicación de la sentencia condenatoria, la autoridad demandante cuenta con el plazo
de que trata el artículo 192 del CPACA, oportunidad en la que puede presentar el recurso
extraordinario de revisión.
18) Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia ante la falta de agotamiento de los
mecanismos judiciales con que contaba la parte actora para ventilar la discusión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de primera instancia por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2022-06684-00 (AC).
3
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en relación con la compensación del artículo 5 de
la Ley 1204 de 2008 lo siguiente: “esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador
judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación
pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron
su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial
pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios
y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
laboral en Descongestión, sentencia SL2714-2022 del 3 de agosto de 2022. Número de radicación 82637.
4
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Doce, sentencia de 29 de febrero de 2024, 11001-03-15-
000-2022-01332-00 (1892).
13
Expediente: 11001-03-15-000-2023-07181-01
Actor: UGPP
Acción de tutela
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4°) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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