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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06684-00

Fecha
13 de febrero de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06684-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela elevada por la UGPP, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06684-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de febrero de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LA FALTA DE AGOTAMIENTO DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN TORNA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia
que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en cuantía del 50% a la cónyuge desde
el día siguiente al fallecimiento del causante, sin tener en cuenta que tal erogación ya había sido reconocida
a la compañera permanente en un 100% desde la misma fecha, lo cual configuró un defecto sustantivo por
inaplicación del artículo 5 de la Ley 1204 de 2008 sobre la compensación de pagos.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por
intermedio de apoderado judicial, en contra del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre) y la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre para la protección de sus derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de
la Constitución Política, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional.

I. ANTECEDENTES

El escrito de la tutela fue presentado el 30 de noviembre de 2022 por la parte
demandante, por cuanto consideró que se vulneraron sus derechos antes mencionados,

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

pues le corresponde hacer un doble pago sobre sumas que previamente ya le había
reconocido y pagado a la compañera permanente, respecto de quien debió ordenarse la
compensación de pagos, pero no se hizo.

Los hechos demanda

Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Mediante Resolución no. 8901 del 25 de febrero de 2005 la extinta Cajanal le reconoció
una pensión de vejez al señor Alfonso Antonio Espinosa González en cuantía de
$1.478.706.73 y efectiva a partir del 1 de septiembre de 2003, sin embargo, este falleció
el 10 de enero de 2013.

2) Por lo anterior, a través de Resolución no. RDP 029657 del 28 de junio de 2013 le fue
reconocida una pensión de sobrevivientes a la señora Alba María Uribe Ovalle en calidad
de compañera permanente y se ordenó su pago en cuantía del 100% de lo devengado
por el causante, a partir del 11 de enero de 2013, día siguiente al fallecimiento.

3) En el mismo acto le negó el reconocimiento a la señora Flora María Torres González,
quien si bien acreditó haberse casado con el causante, no demostró la convivencia
permanente en los cinco años anteriores a la muerte del causante, requisito indispensable
para el reconocimiento de tal erogación. Dicha decisión fue confirmada mediante
Resolución RDP 036972 del 13 de agosto de 2013.

4) La señora Flora María Torres González presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP para que se
declarara la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la sustitución
pensional1.

5) El 9 de diciembre de 2019 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo declaró, entre otras cosas, la nulidad de los actos administrativos demandados
y, a título de restablecimiento, condenó al pago de la prestación en un 50% para la señora

1 Proceso que se registró con el número de radicación 70001-33-33-009-2016-00226-00.

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Actor: UGPP
Acción de tutela

Flora María Torres González (cónyuge) y 50% para la señora Alba María Uribe Ovalle
(compañera permanente).

6) Asimismo, ordenó expresamente esa suma debía ser reconocida y pagada a partir del
día siguiente a la muerte del causante (11 de enero de 2013), con la debida actualización.

7) Tanto la señora Alba María Uribe Ovalle como la UGPP apelaron la decisión; esta
última manifestó en su escrito que se valoró indebidamente el material probatorio y se
interpretó de manera errónea la jurisprudencia de las Altas Cortes en las que se
estableció como factor determinante la convivencia para efectos de obtener la sustitución
pensional, entendida como la comunidad de vida exclusiva y permanente.

8) A su juicio, no se acreditó de manera suficiente que las señoras Torres González o
Uribe Ovalle hubieran convivido simultáneamente con el fallecido, de ahí que no había
lugar al reconocimiento de dicha prestación.

9) El 8 de junio de 2022 la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Sucre confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en la sentencia T-527/20
proferida por la Corte Constitucional, en la que se determinó que cuando exista disputa
en cuanto al derecho entre compañero/a permanente y cónyuges con separación de
hecho, este último puede ser acreedor del derecho a la sustitución pensional o pensión
de sobrevivientes, según sea el caso, si acredita que convivió con el causante por cinco
años, independientemente de si ocurrió en los últimos o no.

10) Por consiguiente, como encontró tal supuesto acreditado confirmó la decisión de
reconocer y pagar la pensión en un 50% para la señora Flora María Torres González
(cónyuge) y 50% para la señora Alba María Uribe Ovalle (compañera permanente), desde
el día siguiente al deceso del causante.

Fundamento de la vulneración

En criterio de la autoridad demandante la orden de reconocer y pagar la sustitución
pensional en favor de la señora Flora María Torres González en una cantidad equivalente
al 50% desde el día siguiente al fallecimiento del causante configuró los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto no se tuvo en cuenta que se
estaban ordenando dobles pagos.

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Actor: UGPP
Acción de tutela

Lo anterior, pues el tribunal pasó por alto que mediante Resolución RDP 029657 del 28
de junio de 2013 dicha autoridad ya le había reconocido y pagado dicha prestación a la
señora Alba María Uribe Ovalle en calidad de compañera permanente en cuantía del
100%, también a partir del día siguiente a la muerte del señor Espinosa González.

Según señaló, la anterior situación conllevaría a que se deba pagar en un 150% la
prestación por el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2013 y el 30 de noviembre
de 2022, esto es, por más de 9 años, lo cual afectaría la sostenibilidad financiera del
sistema pensional contemplada en el artículo 48 de la Constitución Política.

Como fundamento de sus afirmaciones, manifestó que la autoridad judicial accionada
desconoció lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2004 sobre la compensación de
pagos entre los beneficiarios iniciales y los beneficiaron nuevos en virtud de una orden
administrativa o judicial, pues de haber atendido dicha norma habría ordenado cubrir el
retroactivo pensional de la señora Torres González con lo que ya se le había reconocido
a la señora Uribe Ovalle2.

Por otro lado, se alegó un defecto fáctico porque se valoró de manera defectuosa el
material probatorio, específicamente, el acto administrativo no. 0029657 del 28 de junio
de 2013 que daba cuenta de que a la señora Alba María Uribe se le había reconocido y
ordenado el pago en un porcentaje del 100% desde el 11 de enero de 2013.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SINCELEJO – SUCRE y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA
PRIMERA DE DECISIÓN ORAL, al ordenar reconocer y pagar el 150% de la
pensión de sobrevivientes, en virtud de la nueva beneficiaria de la señora

2 “Si no se presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se resolverá dentro de los diez (10)

días siguientes al vencimiento del término del edicto emplazatorio. En caso de controversia se resolverá
dentro de los veinte (20) días siguientes.
En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieren que hacer compensaciones a los nuevos por razón de
las sumas pagadas, así se ordenará en el acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora.
Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

FLORA MARÍA TORRES, desconociendo la figura de la compensación de
pagos entre beneficiarios señalado en la Ley 1204 de 2008.

Segundo. Consecuentemente:

a. Se DEJE sin efectos parcialmente las sentencias del 09 de diciembre de 2019
y 08 de junio de 2022 proferidas por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
ORAL DE SINCELEJO – SUCRE y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN ORAL, dentro del proceso contencioso
No. 70-001-33-33-009-2016-00226-00, únicamente en lo que respecta a la
orden del pago del retroactivo pensional, por la flagrante vía de hecho y el abuso
palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al desconocer la figura
de la compensación de pagos entre beneficiarias de la pensión de
sobrevivientes señalado en la Ley 1204 de 2008, y pasar por alto que la señora
ALBA URIBE debe compensar con sus mesadas futuras el retroactivo a que
tiene derecho la señora FLORA MARIA TORRES.

b. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA
DE DECISIÓN ORAL, que proceda a dictar nueva sentencia ajustada a
derecho, esto es, modificando la providencia del 09 de diciembre de 2022
proferida por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SINCELEJO, para ordenar que el pago del retroactivo a que tiene derecho la
señora la FLORA MARÍA TORRES, debe ser compensado por la señora ALBA
MARIA URIBE conforme a los lineamientos descritos en la Ley 1204 de 2008
artículo 5, orden que deberá ser ejecutada por la UGPP.

ACCESORIAS:

En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO – SUCRE y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN ORAL, al omitir
aplicar la figura de la compensación de pagos entre beneficiarias y ordenar a
esta entidad pagar el retroactivo de la pensión de sobrevivientes en un 150%
producto de los dobles pagos generados entre el 11 de enero de 2013 y el 30
de noviembre de 2022, con lo que se causa un grave detrimento al sistema
financiero pensional.

Segundo. Como consecuencia a lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de
la sentencia del 09 de diciembre de 2019 y 08 de junio de 2022 dictada por la
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO – SUCRE y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE SALA PRIMERA DE DECISIÓN
ORAL dentro del proceso contencioso Nº 70-001-33-33-009-2016-00226-00
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario equivalente al
pago de más de $203.276.233 M/CTE, entre mesadas pensionales, retroactivos
e indexación, que se ordenan cancelar a favor del señor FLORA MARÍA
TORRES, mientras se resuelve la actuación judicial que esa H. Corporación
determine debemos iniciar para controvertir la legalidad de las órdenes
impartidas en esa sentencia de casación.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

Actuación procesal

Mediante auto de 15 de diciembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre y al titular del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo; asimismo, por considerar que le asistía algún interés en el
proceso se ordenó la vinculación de las señoras Alba María Uribe Ovalle y Flora María
Torres González con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado Noveno Administrativo oral del Circuito Judicial de Sincelejo sostuvo
que la decisión de primera instancia se fundamentó en la legislación y jurisprudencia
aplicable al caso concreto.

Por su parte, el magistrado de la Sala Primera decisión Oral del Tribunal Administrativo
de Sucre advirtió que si bien el recurso de apelación fue interpuesto por todas las partes,
en el escrito de sustentación del mismo, ninguna de ellas abordó la temática en la que se
centra la tutela y la UGPP tampoco solicitó adición o corrección de la sentencia en tal
sentido.

En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia por falta de subsidiariedad
puesto que el mecanismo se utilizó para plantear un reparo que debió ventilarse
oportunamente en el proceso ordinario y que no se hizo.

En todo caso, expuso que a la UGPP le queda la posibilidad de que al momento de
ejecutar la sentencia realice las operaciones matemáticas respectivas para descontar lo
que dice ya pagado, sin que se altere el derecho pensional reclamado en el proceso
ordinario que surgió desde el día siguiente a la muerte del causante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Actor: UGPP
Acción de tutela

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y a la Sala Primera de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Sucre con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con la
providencia de segunda instancia que confirmó la decisión mediante la cual se reconoció
y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a partir del día siguiente al
fallecimiento del causante, tanto a la compañera permanente como a la cónyuge.

A modo general, las autoridades demandadas solicitaron que se declarara improcedente
el amparo porque se utilizó para exponer una inconformidad que no fue planteada en el
curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la oportunidad procesal
correspondiente.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones
que procederán a exponerse:

1) El artículo 86 de la Constitución Política establece “que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

2) Dicho mecanismo opera de manera subsidiaria y solo procede cuando el peticionario
se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando acredita en el caso
concreto que el medio idóneo no eficaz para la protección de los derechos fundamentales.

3) Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio,
la Corte Constitucional ha sostenido que no puede ser utilizada como un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de
los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales.

4) En ese orden, se concluye que la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como
mecanismo para desplazar los medios de defensa previstos por la ley; sin embargo, tal
regla general se exceptúa si el juez constitucional logra determinar que dichos
mecanismos no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de
los derechos presuntamente vulnerados o amenazados y se requiere el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

5) Ahora bien, en su escrito la UGPP aclaró que su inconformidad con la decisión judicial
no tenía relación alguna con el reconocimiento de la pensión, pues dicha discusión se
agotó en el proceso judicial, por el contrario, en esta ocasión enfiló sus argumentos a que
se dejara sin efectos parcialmente la sentencia de segunda instancia “únicamente en lo
que respecta a la orden del pago del retroactivo pensional, por la flagrante vía de hecho
y el abuso palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al desconocer la
figura de la compensación de pagos entre beneficiarias de la pensión de sobrevivientes
señalado en la Ley 1204 de 2008, y pasar por alto que la señora ALBA URIBE debe
compensar con sus mesadas futuras el retroactivo a que tiene derecho la señora FLORA
MARIA TORRES”.

6) A juicio de la UGPP, dicha orden desconoció los pagos que previamente le había
realizado a la compañera permanente en cuantía del 100% con ocasión precisamente del
acto demandado, esto es, la Resolución RDP 029657 del 28 de junio de 2013 que le
reconoció la sustitución pensional a la señora Alba Uribe, también a partir del día
siguiente a la muerte del señor Espinosa González.

7) Agregó que, de cumplir con esa disposición en los precisos términos en que fue
dictada, le correspondería pagar, sin ninguna justificación, en un 150% la prestación por

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el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2013 y el 30 de noviembre de 2022, esto
es, por más de 9 años. Ello, por cuanto se insiste, el 100% de esa prestación ya le había
sido reconocido y pagado a la señora Alba Uribe, de modo que era respecto de aquella
que debió ordenarse la compensación de pagos.

8) Luego entonces, como fundamento de su inconformidad la UGPP alegó el
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2004 sobre la
compensación de pagos, irregularidad que, en su criterio, configuró un defecto sustantivo.

9) No obstante, la Sala advierte que el mecanismo es improcedente, en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991; pues a pesar de que
se invoca la vulneración de derechos fundamentales, como son del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, la UGPP no agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance.

10) Al respecto, la Corte Constitucional en casos en los que la UGPP ha formulado
acciones de tutela como sucesora de CAJANAL, ha establecido parámetros especiales
para el análisis de la procedencia del mecanismo en relación con el requisito de
subsidiariedad.

11) Así, frente a la procedencia del amparo el Alto Tribunal estableció explícitamente que,
por regla general, las acciones de tutela promovidas por la UGPP contra una decisión
judicial deberán considerarse improcedentes por incumplimiento del presupuesto general
de subsidiaridad debido a que dicha autoridad se encuentra legitimada para interponer el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con en el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 que le atribuyó la competencia para iniciar las acciones previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

12) La potísima razón que fundamente dicha posición es que, como administradora de
pensiones, le corresponde velar por el buen funcionamiento financiero del sistema que
regenta, conforme con las sentencias T-363 de 1998 y T-300 de 2014.

13) De esta manera, es posible concluir que como a las administradoras de pensiones
les asiste legitimación por activa para la interposición del recurso referido, por ende, la
acción de tutela se torna improcedente; sin embargo, si se evidencia de manera
ostensible la ocurrencia del abuso del derecho alegado, resultaría necesaria la

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Actor: UGPP
Acción de tutela

intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
fundamentales involucrados.

14) Para la Sala es importante establecer si se evidencia de manera palmaria la
ocurrencia del abuso para determinar en este caso sí es inminente e impostergable el
uso del este medio excepcional en el presente caso.

15) Con el fin de definir lo anterior, la Sala recuerda que la Corte Constitucional,
específicamente a las sentencias SU-631 de 2017 y SU-427 de 2016 , identificó las dos
condiciones para valorar la existencia de un abuso del derecho en forma palmaria, que
amerite que el recurso extraordinario de revisión pueda ser desplazado por la acción de
amparo, a saber: i) la verificación de una vinculación precaria y ii) el incremento excesivo
de la mesada pensional producto de la sentencia cuestionada, así:

“(i) De la vinculación precaria.

La vinculación precaria ha sido entendida como la relación entre un empleado
o funcionario público y el Estado, que tiene una duración reducida en el tiempo.
El elemento que define la precariedad del vínculo laboral es por lo tanto su
fugacidad.

En muchos casos el carácter fugaz de la relación laboral obedece a la
satisfacción de un encargo o una provisionalidad (temporales por definición) por
parte de un servidor que desempeña funciones en propiedad o de un particular,
para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía y remuneración.

La brevedad en el desempeño de las funciones de mayor remuneración puede
llegar a menoscabar en casos concretos los cimientos del sistema de seguridad
social, cuando propicia la consolidación de derechos pensionales con
fundamento único en la remuneración percibida durante la vinculación precaria.

En este caso, el Decreto 546 de 1971 en su artículo 6° estableció que “los
funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir
20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año
de servicio en las actividades citadas”.

Del tenor literal de esa norma se desprende que, incluso con un mes de servicio
en un cargo de mayor remuneración, el empleado o el funcionario de la Rama
Judicial beneficiario de ese régimen, podría causar una pensión con apoyo en
el salario devengado durante aquel corto periodo de vinculación. Lo anterior, a
condición de que dicho salario sea el más alto del último año de servicios.
Entonces, incluso con apenas un mes cotizado con arreglo a ese salario, tendría
la posibilidad de percibir, durante el resto de su vida, una pensión con
fundamento en esa mínima cotización, lo que a primera vista aparece carente
de razonabilidad desde la lógica solidaria del sistema.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

Por ejemplo si una persona ocupó un cargo de mínima remuneración, como
empleado de la Rama Judicial, durante toda su vida y con fundamento en ese
ingreso cotizó, no tiene sentido que, si durante el último año de servicios trabajó
como Magistrado de una Alta Corporación, y solo lo hizo durante un mes, su
mesada pensional sea tan alta como el sueldo percibido durante esa
mensualidad. No lo tiene porque lo que habrá aportado a pensiones dicho
trabajador, no guardará relación con los beneficios que obtendrá del sistema.

(…).

(ii) Del incremento excesivo en la mesada pensional

La mesada pensional debe haberse incrementado de tal forma que implica un
tratamiento diferenciado para quien la obtuvo. Tal incremento ha de ser
verificado en cada caso concreto y dejará al descubierto el resultado del abuso
del derecho desde el punto de vista del pensionado. La importancia de esta
verificación es que tiene la virtualidad de revelarle al juez constitucional la
dimensión material de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista legal o
constitucional, en favor del pensionado.

Al respecto conviene aclarar que, si bien es cierto cualquier incremento en la
mesada pensional que desborde los principios y las reglas del sistema de
seguridad social en pensiones, atenta contra él, solo los que sean evidentes y
se descubran de un primer acercamiento al caso concreto, ameritan la
intervención del juez de tutela. Los demás pueden ser cuestionados a través de
la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso administrativa, según sea el caso.
La remisión de los casos al juez ordinario, no implica de ningún modo restarle
relevancia al caso, sino constatar que la urgencia que presenta es relativa y no
notoria.

Así, no basta con la existencia de una vinculación precaria para que proceda la
acción de tutela, sino que es preciso que aquella haya generado un incremento
protuberante de la mesada pensional. Solo así la aplicación del IBL de un
régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del
juez de tutela.”. (negrilla de la Sala)

16) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el presente caso no se enmarca
dentro de los supuestos antes referidos, pues se observa, en primer lugar, que la
vinculación del causante no fue precaria si se considera que incluso se le reconoció la
pensión por cumplir con los requisitos para ello.

17) En segundo lugar, en este caso tampoco se discute el monto de la mesada o su
incremento excesivo por lo que tampoco se cumple el segundo presupuesto.

18) Por consiguiente, a la UGPP le correspondía agotar el recurso extraordinario de
revisión y no lo hizo, con lo que desconoció el carácter residual y subsidiario de este
mecanismo constitucional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

19) Cabe resaltar que tampoco es posible acceder a un amparo transitorio en la medida
que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente el
amparo en esas condiciones.

20) Si lo que pretende la UGPP es la devolución de los dineros pagados a la compañera
permanente del causante deberá demostrar que aquella los recibió sin respaldo
normativo alguno en el proceso judicial correspondiente, de ahí que la acción de tutela
no sea el medio idóneo para ello3.

21) Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela de la referencia ante la
falta de agotamiento de los mecanismos judiciales con que contaba la parte actora para
ventilar la discusión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela elevada por la UGPP, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en relación con la compensación del artículo 5 de

la Ley 1208 de 2004 lo siguiente: “esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador
judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación
pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron
su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial
pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios
y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
laboral en Descongestión, sentencia SL2714-2022 del 3 de agosto de 2022. Número de radicación 82637.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2022-06684-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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