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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06630-00

Fecha
4 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06630-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela elevada por la UGPP, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2023, exp. 11001-03- 15-000-2022-06684-00 (AC). 5 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en relación con la compensación del artículo 5 de la Ley 1204 de 2008 lo siguiente: “esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral en Descongestión, sentencia SL2714-2022 del 3 de agosto de 2022. Número de radicación 82637. 13 Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00 Actor: UGPP Acción de tutela 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06630-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de diciembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: LA FALTA DE AGOTAMIENTO DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN TORNA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en cuantía
del 50% a la compañera permanente desde el día siguiente al fallecimiento del causante, sin tener
en cuenta que tal erogación ya había sido reconocida a otra compañera permanente en un 100%
desde la misma fecha, lo cual configuró un defecto sustantivo por inaplicación del artículo 5 de la
Ley 1204 de 2008 sobre la compensación de pagos. Sin embargo, la Sala declarará improcedente
el amparo, por cuanto el fondo de pensiones que actúa como parte actora no agotó el recurso
extraordinario de revisión con el que contaba para cuestionar esa providencia.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por
intermedio de apoderado judicial, en contra del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso
a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, así como el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencias de 21 de noviembre de 2018 y
28 de julio de 2023 proferidas por dichas autoridades judiciales, respectivamente.

1
Mediante escrito presentado el 27 de octubre de 2023.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la autoridad demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Mediante Resolución no. 10986 de 10 de marzo de 1993, la extinta Cajanal le
reconoció una pensión de jubilación al señor Jaime Londoño Patiño, efectiva a partir del
1 de mayo de 1991, sin embargo, este falleció el 24 de agosto de 2011.

2) Por lo anterior, a través de Resolución no. UGM 039325 del 22 de marzo de 2012, le
fue reconocida una pensión de sobrevivientes a la señora Gladys Torres Hernández en
su condición de compañera permanente del causante, cuyo pago se ordenó en cuantía
del 100% de lo devengado por aquel, a partir del día siguiente al fallecimiento.

3) A través de la Resolución no. RDP 004565 de 1 de febrero de 2013, esa autoridad le
negó el reconocimiento a la señora Martha Hidalgo Martínez, decisión que fue confirmada
mediante Resoluciones RDP 020754 de 7 de mayo de 2013 y RDP 021066 de 8 de mayo
de 2013, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.

4) La señora Martha Hidalgo Martínez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP para que se
declarara la nulidad de las resoluciones que le negaron el reconocimiento de la sustitución
pensional2.

5) El 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales declaró, entre otras cosas, la nulidad de los actos administrativos demandados
y, a título de restablecimiento, condenó al pago de la prestación en un 50% para la señora
Gladys Torres Hernández y 50% para la señora Martha Hidalgo Martínez, en su condición
de compañeras permanentes simultáneas.

2
Proceso que se registró con el número de radicación 17001-33-33-003-2014-00308-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

6) Tanto la señora Gladys Torres Hernández como la UGPP apelaron la decisión; esta
última manifestó en su escrito que se valoró indebidamente el material probatorio porque
consideró que la señora Hidalgo Martínez no demostró la convivencia con el causante
para efectos de obtener la sustitución pensional.

7) El 28 de julio de 2023, la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Caldas confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y la modificó para precisar
que las sumas reconocidas en favor de las beneficiarias de la pensión de sobrevivientes
debían ser reconocidas y pagadas a partir del día siguiente a la muerte del causante (25
de agosto de 2011), con la debida actualización.

8) A partir de las pruebas aportadas por las partes, la autoridad judicial demandada
concluyó que el causante de la pensión reclamada sostuvo una convivencia simultánea
con las dos compañeras sentimentales, conformó dos hogares paralelos, procreó hijos
con ambas sobre quienes procuró su crianza y veló por el sustento económico de las
familias.

Fundamentos de la vulneración

En criterio de la autoridad demandante la orden de reconocer y pagar la sustitución
pensional en favor de la señora Martha Leticia Hidalgo Martínez en una cantidad
equivalente al 50% desde el día siguiente al fallecimiento del causante configuró el
defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución, por cuanto no se tuvo en
cuenta que se estaban ordenando dobles pagos.

Lo anterior, pues el tribunal pasó por alto que mediante Resolución UGM 039325 de 22
de marzo de 2022 dicha autoridad ya le había reconocido y pagado dicha prestación a la
señora Gladys Torres Hernández en condición de compañera permanente en cuantía del
100%, también a partir del día siguiente a la muerte del señor Jaime Londoño Patiño.

Según señaló, la anterior situación conllevaría a que se deba pagar en un 150% la
prestación por el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2011 y el 31 de octubre
de 2023, esto es, por más de 12 años, lo cual afectaría la sostenibilidad financiera del
sistema pensional contemplada en el artículo 48 de la Constitución Política.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

Como fundamento de sus afirmaciones, manifestó que la autoridad judicial accionada
desconoció lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2008 sobre la compensación de
pagos entre los beneficiarios iniciales y los beneficiaron nuevos en virtud de una orden
administrativa o judicial, pues, de haber atendido dicha norma, habría ordenado cubrir el
retroactivo pensional de la señora Hidalgo Martínez con lo que ya se le había reconocido
a la señora Torres Hernández3.

Por otro lado, se alegó un defecto fáctico porque se valoró de manera defectuosa el
material probatorio, específicamente, el acto administrativo no. UGM 039325 del 22 de
marzo de 2012 que daba cuenta de que a la señora Gladys Torres Hernández se le había
reconocido y ordenado el pago en un porcentaje del 100% desde el 25 de agosto de
2011.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
SALA 4º DE DECISIÓN ORAL, al ordenar reconocer y pagar el 150% de la
pensión de sobrevivientes, en virtud de la nueva beneficiaria la señora MARTHA
LETICIA HIDALGO MARTÍNEZ, desconociendo la figura de la compensación
de pagos entre beneficiarios señalado en la Ley 1204 de 2008.

Segundo. Consecuentemente:

a. Se DEJEN sin efectos parcialmente las sentencias del 21 de noviembre de
2018 y 28 de julio de 2023 proferidas por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA 4º DE DECISIÓN ORAL, dentro del
proceso contencioso No. 17001333300320140030800, únicamente en lo que
respecta a la orden del pago del retroactivo pensional, por la flagrante vía de
hecho y el abuso palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al
desconocer la figura de la compensación de pagos entre beneficiarias de la
pensión de sobrevivientes señalado en la Ley 1204 de 2008, y pasar por alto
que la señora GLADYS TORRES debe compensar con sus mesadas futuras el

3
“Si no se presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se resolverá dentro de los diez (10)
días siguientes al vencimiento del término del edicto emplazatorio. En caso de controversia se resolverá
dentro de los veinte (20) días siguientes.
En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieren que hacer compensaciones a los nuevos por razón de
las sumas pagadas, así se ordenará en el acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora.
Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

retroactivo a que tiene derecho la señora MARTHA LETICIA HIDALGO
MARTÍNEZ.

b. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA 4º DE
DECISIÓN ORAL, que proceda a dictar nueva sentencia ajustada a derecho,
esto es, modificando la providencia del 21 de noviembre de 2018 proferida por
el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES,
para ordenar que el pago del retroactivo a que tiene derecho la señora la (sic)
MARTHA LETICIA HIDALGO MARTÍNEZ, debe ser compensado por la señora
GLADYS TORRES HERNÁNDEZ conforme a los lineamientos descritos en la
Ley 1204 de 2008 artículo 5 y que al mismo se le debe aplicar la prescripción
que en derecho corresponda, orden que deberá ser ejecutada por la UGPP.

ACCESORIAS:

En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA 4º DE DECISIÓN ORAL, al omitir aplicar
la prescripción trienal de mesadas y la figura de la compensación de pagos entre
beneficiarias y ordenar a esta entidad pagar el retroactivo de la pensión de
sobrevivientes en un 150% producto de los dobles pagos generados desde el
25 de agosto de 2011 a la fecha, con lo que se causa un grave detrimento al
sistema financiero pensional.

Segundo. Como consecuencia a lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de
la sentencia del 21 de noviembre de 2018 y 28 de julio de 2023 dictadas por el
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA 4º DE DECISIÓN ORAL
dentro del proceso contencioso Nº 17001333300320140030800 para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable al Erario equivalente al pago de más
de $161.590.572 M/CTE, entre mesadas pensionales, retroactivos e
indexación, que se ordenan cancelar a favor de la señora MARTHA LETICIA
HIDALGO MARTÍNEZ, mientras se resuelve la actuación judicial que esa H.
Corporación determine debemos iniciar para controvertir la legalidad de las
órdenes impartidas en esa sentencia de casación.”. (mayúsculas y negrillas del
original - archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 31 de diciembre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas y al titular del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales; asimismo, por considerar que le asistía interés en el
proceso se ordenó la vinculación de las señoras Martha Leticia Hidalgo Martínez y Gladys
Torres Hernández con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

Intervenciones de las autoridades demandadas

La titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Manizales sostuvo
que la decisión de primera instancia se fundamentó en la legislación y jurisprudencia
aplicable al caso concreto.

Por su parte, el magistrado de la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de
Caldas afirmó que en la providencia cuestionada se examinaron los fundamentos
jurídicos, probatorios, jurisprudenciales y legales suficientes que otorgaron legitimidad a
la decisión.

En consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela puesto
que no se incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales de la autoridad
demandante.

La señora Gladys Torres Hernández presentó contestación por intermedio de apoderado
judicial y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en atención a que la parte actora
acudió a este mecanismo de amparo para reabrir la discusión que ya se surtió en el
trámite procesal ordinario y por no superar el requisito de subsidiariedad, en atención a
que la UGPP pudo acudir al recurso extraordinario de revisión para controvertir la
providencia del Tribunal Administrativo de Caldas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales y a la Sala Cuarta de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Caldas con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con la
providencia de segunda instancia que confirmó la decisión mediante la cual se reconoció
y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes en favor de dos compañeras
permanentes, a partir del día siguiente al fallecimiento del causante.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones
que procederán a exponerse:

2.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En su escrito de demanda, la UGPP aclaró que su inconformidad con la decisión
judicial no tenía relación alguna con el reconocimiento de la pensión, pues dicha discusión
se agotó en el proceso judicial, por el contrario, en esta ocasión enfiló sus argumentos a
que se dejara sin efectos parcialmente la sentencia de segunda instancia “únicamente en
lo que respecta a la orden del pago del retroactivo pensional, por la flagrante vía de hecho
y el abuso palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al desconocer la
figura de la compensación de pagos entre beneficiarias de la pensión de sobrevivientes
señalado en la Ley 1204 de 2008, y pasar por alto que la señora GLADYS TORRES debe
compensar con sus mesadas futuras el retroactivo a que tiene derecho la señora
MARTHA LETICIA HIDALGO MARTÍNEZ”.

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Actor: UGPP
Acción de tutela

2) A juicio de la UGPP, dicha orden desconoció los pagos que previamente le había
realizado a la compañera permanente en cuantía del 100% con ocasión precisamente del
acto demandado, esto es, la Resolución UGM 039325 del 22 de marzo de 2012 que le
reconoció la sustitución pensional a la señora Gladys Torres Hernández, también a partir
del día siguiente a la muerte del señor Jaime Londoño Patiño.

3) Agregó que, de cumplir con esa disposición en los precisos términos en que fue
dictada, le correspondería pagar, sin ninguna justificación, en un 150% la prestación por
el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 2011 y el 31 de octubre de 2023, esto
es, por más de 12 años; ello, por cuanto se insiste, el 100% de esa prestación ya le había
sido reconocido y pagado a la señora Gladys Torres Hernández, de modo que era
respecto de aquella que debió ordenarse la compensación de pagos.

4) Luego entonces, como fundamento de su inconformidad la UGPP alegó el
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2008 sobre la
compensación de pagos, irregularidad que, en su criterio, configuró un defecto sustantivo.

5) No obstante, la Sala advierte que el mecanismo es improcedente, en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991; pues a pesar de que
se invoca la vulneración de derechos fundamentales, como son del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, la UGPP no agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance.

6) Al respecto, la Corte Constitucional en casos en los que la UGPP ha formulado
acciones de tutela como sucesora de CAJANAL, ha establecido parámetros especiales
para el análisis de la procedencia del mecanismo en relación con el requisito de
subsidiariedad.

7) Así, frente a la procedencia del amparo el Alto Tribunal estableció explícitamente que,
por regla general, las acciones de tutela promovidas por la UGPP contra una decisión
judicial deberán considerarse improcedentes por incumplimiento del presupuesto general
de subsidiaridad debido a que dicha autoridad se encuentra legitimada para interponer el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con el numeral 6 del artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 que le atribuyó la competencia para iniciar las acciones previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

8) La potísima razón que fundamenta dicha posición es que, como administradora de
pensiones, le corresponde velar por el buen funcionamiento financiero del sistema que
regenta, conforme con las sentencias T-363 de 1998 y T-300 de 2014.

10) De esta manera, es posible concluir que a las administradoras de pensiones les asiste
legitimación por activa para la interposición del recurso referido, por ende, la acción de
tutela se torna improcedente; sin embargo, si se evidencia de manera ostensible la
ocurrencia del abuso del derecho alegado, resultaría necesaria la intervención del juez
constitucional para el restablecimiento de los derechos fundamentales involucrados.

11) Para la Sala es importante establecer si se evidencia de manera palmaria la
ocurrencia del abuso para determinar en este caso sí es inminente e impostergable el
uso del este medio excepcional en el presente caso.

12) Con el fin de definir lo anterior, la Sala recuerda que la Corte Constitucional,
específicamente a las sentencias SU-631 de 2017 y SU-427 de 2016 , identificó las dos
condiciones para valorar la existencia de un abuso del derecho en forma palmaria, que
amerite que el recurso extraordinario de revisión pueda ser desplazado por la acción de
amparo, a saber: i) la verificación de una vinculación precaria y ii) el incremento excesivo
de la mesada pensional producto de la sentencia cuestionada, así:

“(i) De la vinculación precaria.

La vinculación precaria ha sido entendida como la relación entre un empleado
o funcionario público y el Estado, que tiene una duración reducida en el tiempo.
El elemento que define la precariedad del vínculo laboral es por lo tanto su
fugacidad.
En muchos casos el carácter fugaz de la relación laboral obedece a la
satisfacción de un encargo o una provisionalidad (temporales por definición) por
parte de un servidor que desempeña funciones en propiedad o de un particular,
para desempeñarse en un cargo de mayor jerarquía y remuneración.

La brevedad en el desempeño de las funciones de mayor remuneración puede
llegar a menoscabar en casos concretos los cimientos del sistema de seguridad
social, cuando propicia la consolidación de derechos pensionales con
fundamento único en la remuneración percibida durante la vinculación precaria.

En este caso, el Decreto 546 de 1971 en su artículo 6° estableció que “los
funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir
20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75%

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año
de servicio en las actividades citadas”.

Del tenor literal de esa norma se desprende que, incluso con un mes de servicio
en un cargo de mayor remuneración, el empleado o el funcionario de la Rama
Judicial beneficiario de ese régimen, podría causar una pensión con apoyo en
el salario devengado durante aquel corto periodo de vinculación. Lo anterior, a
condición de que dicho salario sea el más alto del último año de servicios.
Entonces, incluso con apenas un mes cotizado con arreglo a ese salario, tendría
la posibilidad de percibir, durante el resto de su vida, una pensión con
fundamento en esa mínima cotización, lo que a primera vista aparece carente
de razonabilidad desde la lógica solidaria del sistema.
Por ejemplo si una persona ocupó un cargo de mínima remuneración, como
empleado de la Rama Judicial, durante toda su vida y con fundamento en ese
ingreso cotizó, no tiene sentido que, si durante el último año de servicios trabajó
como Magistrado de una Alta Corporación, y solo lo hizo durante un mes, su
mesada pensional sea tan alta como el sueldo percibido durante esa
mensualidad. No lo tiene porque lo que habrá aportado a pensiones dicho
trabajador, no guardará relación con los beneficios que obtendrá del sistema.

(…).

(ii) Del incremento excesivo en la mesada pensional

La mesada pensional debe haberse incrementado de tal forma que implica un
tratamiento diferenciado para quien la obtuvo. Tal incremento ha de ser
verificado en cada caso concreto y dejará al descubierto el resultado del abuso
del derecho desde el punto de vista del pensionado. La importancia de esta
verificación es que tiene la virtualidad de revelarle al juez constitucional la
dimensión material de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista legal o
constitucional, en favor del pensionado.

Al respecto conviene aclarar que, si bien es cierto cualquier incremento en la
mesada pensional que desborde los principios y las reglas del sistema de
seguridad social en pensiones, atenta contra él, solo los que sean evidentes y
se descubran de un primer acercamiento al caso concreto, ameritan la
intervención del juez de tutela. Los demás pueden ser cuestionados a través de
la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso administrativa, según sea el caso.
La remisión de los casos al juez ordinario, no implica de ningún modo restarle
relevancia al caso, sino constatar que la urgencia que presenta es relativa y no
notoria.

Así, no basta con la existencia de una vinculación precaria para que proceda la
acción de tutela, sino que es preciso que aquella haya generado un incremento
protuberante de la mesada pensional. Solo así la aplicación del IBL de un
régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del
juez de tutela.”. (negrilla de la Sala)

13) De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el presente caso no se enmarca
dentro de los supuestos antes referidos, pues, en primer lugar, se observa que la
vinculación del causante no fue precaria si se considera que incluso se le reconoció la
pensión por cumplir con los requisitos para ello.

14) En segundo lugar, en este caso tampoco se discute el monto de la mesada o su
incremento excesivo por lo que tampoco se cumple el segundo presupuesto.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

15) Por consiguiente, a la UGPP le correspondía agotar el recurso extraordinario de
revisión y no lo hizo, con lo que desconoció el carácter residual y subsidiario de este
mecanismo constitucional.

16) Como lo indicó esta misma Sala de Subsección en un caso similar al que nos ocupa 4,
si lo que pretende la UGPP es la devolución de los dineros pagados a la compañera
permanente del causante deberá demostrar que aquella los recibió sin respaldo
normativo alguno en el proceso judicial correspondiente, de ahí que la acción de tutela
no sea el medio idóneo para ello5.

17) Cabe resaltar que tampoco es posible acceder a un amparo transitorio en la medida
en que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que torne procedente el
amparo en esas condiciones si para ello se tiene en cuenta que, con posterioridad a la
comunicación de la sentencia condenatoria, la autoridad demandante cuenta con el plazo
de que trata el artículo 192 del CPACA, oportunidad en la que puede presentar el recurso
extraordinario de revisión.

18) Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela de la referencia ante la
falta de agotamiento de los mecanismos judiciales con que contaba la parte actora para
ventilar la discusión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela elevada por la UGPP, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2023, exp. 11001-03-
15-000-2022-06684-00 (AC).
5
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en relación con la compensación del artículo 5 de
la Ley 1204 de 2008 lo siguiente: “esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador
judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación
pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron
su causa, y en aquellos casos en que no es posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial
pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios
y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
laboral en Descongestión, sentencia SL2714-2022 del 3 de agosto de 2022. Número de radicación 82637.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06630-00
Actor: UGPP
Acción de tutela

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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