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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01336-00

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01336-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en la acción de tutela, en consecuencia, NEGAR la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a la parte actora que no puede presentar nuevamente una petición por los mismos hechos, sin que justifique la existencia de una razón válida que habilite la intervención del juez constitucional en un asunto que fue decidido en una oportunidad anterior. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01336-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

31 de marzo de 2022

Demandantes: Cisar Enrique Pérez Romo y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01336-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01336-00
Demandantes: CISAR ENRIQUE PÉREZ ROMO Y OTRO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Tema: Actuación temeraria en la acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Cisar
Enrique Pérez Romo y Amet José Jiménez Zurita contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, la Comisión Nacional del Servicio Civil – en
adelante CNSC – y el departamento del Magdalena, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Los señores Cisar Enrique Pérez Romo, Amet José Jiménez Zurita y
Bienvenido Vargas Nejera1 por conducto de apoderado judicial, mediante
escrito enviado por correo electrónico el 24 de febrero de 2022, al buzón de la
Rama Judicial dispuesto para la recepción de tutelas en línea y remitido en la
misma fecha al de la Secretaría General del Consejo de Estado, presentaron
solicitud de amparo, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y al trabajo, así como al principio de confianza legítima.

1
También se presentó la acción de tutela en representación de Bienvenido Vargas Nejera, sin
embargo, pese a que se requirió en el auto admisorio, el abogado no aportó el poder que lo
acredite como su apoderado. En todo caso, el señor Vargas Nejera no allegó memorial con el
cual presentara su propia demanda, o a través del cual solicitara su reconocimiento como
coadyuvante.
1

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Demandantes: Cisar Enrique Pérez Romo y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01336-00

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con
ocasión de la omisión del cumplimiento de los parámetros señalados en la
sentencia C-183 de 2019, al expedir el Acuerdo No. 20191000004476 que
corresponde a la convocatoria No. 1303 de 2019, para proveer cargos de
carrera en el departamento del Magdalena. 2

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:

“Comedidamente ruego a usted, Se Tutele a favor del Sindicato de Trabajadores
del Sector Salud adscrito al Departamento del Magdalena, Sindicato Nacional de
Empleados y Trabajadores Oficiales, el derecho fundamental al debido proceso,
derecho al trabajo, derecho al principio de la Confianza legítima, y en
consecuencia se ordene:

1. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL – DEL ACUERDO No. M2019000004476
suscito por el Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Doctor
FRIDOLLE BALLEN DUQUE, en el cual materializa la Convocatoria 1303 del
2019 en lo que respecta al Departamento del Magdalena, hasta tanto no sea
resuelta de Fondo la demanda de Nulidad que se adelanta ante el Honorable
CONSEJO DE ESTADO, con el objeto de evitar se le vulneren los derechos
fundamentales a los trabajadores del ente territorial que participan dentro de esta
convocatoria y lograr se tutele el derecho fundamental al debido proceso.

Suspender o Dejar sin efecto la etapa de Inscripción adelantada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y el Departamento del Magdalena”.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Afirmaron que la CNSC y el departamento del Magdalena suscribieron el
Acuerdo No. 2019000004476 de 14 de mayo de 2009, que dio lugar a la
Convocatoria No. 1303 de 2019.

Indicaron que, en la referida convocatoria se llamó a un proceso de selección
de 190 empleos, con 300 vacantes en el sistema de carrera administrativa de la
planta de personal de la Gobernación del Magdalena, correspondiente a los
niveles profesional, técnico y asistencial.

2
Asunto frente al cual se adelanta el medio de control de nulidad ante el Consejo de Estado,
causa identificada con el radicado 11001-03-25-000-2021-00037-00.
2

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Advirtieron que, en aras de desarrollar la primera etapa, se estableció como
fecha de inscripción el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2019 y
el 5 de febrero de 2020.

Señalaron que, en ese orden, se determinó que la oportunidad para adquirir el
PIN para la inscripción, iba entre el 6 y 7 de febrero de 2020, razón por la cual
se definió dicho término para optar en la referida convocatoria.

Adujeron que, posteriormente, el Sindicato de Trabajadores de la Gobernación
del Magdalena (Sintragobermag), el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud
del departamento del Magdalena (Sintrasagomag), y el Sindicato Nacional de
Empleados y Trabajadores Oficiales y Administrativos de Colombia
(Sinaltroadicol), presentaron solicitud de suspensión de los efectos de la
convocatoria, ante la CNSC. También, el sindicato del sector salud pidió que se
certificara sobre la planta anual vacante utilizada por el ente territorial para
efectos de la convocatoria 1303 de 2019. Finalmente requirieron el estudio
técnico elaborado por la Gobernación del Magdalena.

Manifestaron que, en la respuesta otorgada por la jefe de talento humano de la
CNSC, se indicó:

“a. Que la Administración Departamental del Magdalena, en cumplimiento de los
cronogramas establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo
referente a la Convocatoria 1303 del 2019, territorial Boyacá, César y Magdalena,
regida por el acuerdo 2019000004476 del 11 de mayo del 2019 firmados entre
este Ente Departamental y La CNSC, informa que se reportaron en la OPEC
todos los cargos provistos y no provistos en la vigencia 2016, con base en el plan
anual de vacantes.
b. De igual manera señala Que La Comisión Nacional Del Servicio Civil mediante
radicado No. 20172330291721 de fecha 13 de julio de 2017, solicitó al ente
Departamental apropiar en su presupuesto los recursos para cofinanciar y cubrir
los costos de la respectiva convocatoria, en un valor estimado de tres millones
quinientos mil pesos ($3´500.000), por vacante a proveer, para un total de mil
cincuenta millones de pesos, ($1´050.000.000)”. (Énfasis del texto y sic para la
cita).

Refirieron que solicitaron a la Procuraduría Regional la intervención preventiva,
con el fin de lograr la protección de los derechos de los trabajadores y, se
expuso que el departamento del Magdalena estaba inmerso en una
convocatoria a concurso de méritos en la que contaban con la participación de
los departamentos del Cesar y Boyacá, “sin que se hubiese cumplido con los
parámetros legales señalados por la CORTE CONSTITIUCIONAL en la sentencia C-
183 DEL 2009 como son: a) La actualización del Plan anual vacante estructurado por
la Unidad de personal (Jefe de Talento Humano) como para el Departamento
Administrativo para La Función Pública. B) Tener el Certificado de Disponibilidad

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Presupuestal, con vigencia anterior a la suscripción del acuerdo y de la respectiva
convocatoria”. (Sic para la cita)

Finalmente, los tutelantes promovieron el medio de control de nulidad, proceso
que se encuentra activo y se identifica con el radicado 11001-03-25-000-2021-
00037-00. Dicho mecanismo fue radicado en el interior de la Corporación y
repartido a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 28 de
enero de 2021, según la información que obra en el sistema de gestión judicial
Siglo XXI.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora adujo que la CNSC y el departamento del Magdalena
vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la expedición del
Acuerdo No. 20191000004476 que corresponde a la convocatoria No. 1303 de
2019, para proveer cargos de carrera en el referido ente territorial.

Lo anterior, en atención a que se desconoció la regla establecida en la
sentencia C-183 de 8 de mayo de 2019, a través de la cual se moduló el
artículo 31 de la Ley 909 2004, en el sentido de indicar que:

“(i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de convocatoria,
como manifestación del principio de colaboración armónica, y (ii) en todo caso la
Comisión Nacional del Servicio Civil no puede disponer la realización de un
concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad destinataria los
presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley, en los términos
del fundamento jurídico 4.6.2. de esta sentencia ”

Indicó que se incumplió con lo señalado por la Alta Corte, comoquiera que de la
respuesta expedida por la jefe de talento humano de la Gobernación del
Magdalena, el plan anual de vacantes reportado para la convocatoria
correspondía al del año 2016 y, frente a esto, la CNSC no ejerció su deber de
exigir el certificado de disponibilidad presupuestal, debido a que solo sugirió que
el departamento ampliara los recursos.

En ese orden, refirió que la CNSC “vulneró la Constitución Nacional en sus artículos
13, 29, 53, artículo 125.artículo 130, artículo 209, así mismo vulneró disposiciones de
rango legal, como son los artículos, 11 literal c, 14 literal d, Articulo 15 literal b, Artículo
17, Artículo 19, Artículo 20, Artículo 28, y Artículo 31 y 32 de la Ley 909 del 2004 en
consonancia con la Sentencia C- 183 del 2019, de igual forma se vulneran los artículos
6, Parágrafo 2, del acuerdo, capítulo II artículo 8 del Acuerdo No.20191000004976 de
fecha 14 de mayo del 2019”.

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En síntesis, la inconformidad del extremo accionante radica en que, para la
convocatoria reprochada, no se elaboró el plan anual de vacantes que debía ser
usado para la planeación del recurso humano y la formulación de la política que
regiría el concurso, tanto así, que ni siquiera los manuales de funciones de los
cargos ofertados del sector salud fueron actualizados, lo que genera frustración
en las aspiraciones de muchos funcionarios, debido a que la información
contenida en la plataforma no coincide con las tareas y obligaciones laborales
que actualmente cumplen, lo cual deviene en la transgresión del principio de
transparencia.

Finalmente, en relación con la procedencia de este mecanismo, se indicó:

“Esta acción de tutela es procedente en virtud a que los Sindicatos arriba
referenciados a través de este profesional del derecho, promovió Demanda de
Nulidad del Acuerdo No. 20191000004476, materializado como Convocatoria
No.1303 del 201, solicitando medida de Suspensión Provisional correspondiendo
por reparto al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena,
quien ordenó por competencia remitirlo al Honorable Consejo de Estado,
identificada con la Radicación No 47001233300020200010000, y a la fecha de
presentación de esta Acción de tutela, no se ha generado un pronunciamiento de
fondo; razón para indicar que los sindicatos Accionantes fueron diligentes al
escoger la ACCION DE NULIDAD con SUSPENSION PROVISIONAL DEL
ACUERDO pero ante la situación de no haber pronunciamiento al respecto, el
único medio que se torna idóneo es la presente Acción de Tutela ”.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Con auto de 1º de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela; se
ordenó la notificación de la parte actora y del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, la CNSC y el departamento del Magdalena como
autoridades demandadas; se dispuso la vinculación como terceros con interés
de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría Regional del
Magdalena.

De otro lado, se negó la medida provisional solicitada, consistente en que se
ordenara la suspensión de los efectos del acuerdo No. 2019000004476 de 14
de mayo de 2009, debido a que no se advirtió la necesidad y urgencia que se
requiere para que en sede de tutela, el juez constitucional imparta este tipo de
órdenes previo al estudio del fondo del reclamo.

Adicionalmente, se requirió al abogado José Alfredo Jiménez de la Rosa para
que allegara los poderes que lo faculten como apoderado judicial de los señores
Cisar Enrique Pérez Romero y Bienvenido Vargas Nejera, así como los
documentos que den cuenta de que dichas personas junto con el señor Amet

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José Jimenez Zurita son los representantes de los sindicatos señalados en la
solicitud de amparo.

Por último, se le reconoció personería al referido abogado para actuar en
representación del señor Amet José Jimenez Zurita, y se ordenó a la Oficina de
Sistemas de la Corporación realizar una publicación de la información relativa a
esta acción de tutela, en la página web del Consejo de Estado.

1.5.2. En cumplimiento de lo anterior, se aportaron los siguientes elementos:

(i) Los dos poderes otorgados por los señores Amet José Jiménez Zurita y Cisar
Enrique Pérez Romero.

(ii) Los dos formatos del Ministerio del Trabajo, denominados “CONSTANCIA
DE REGISTRO MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y O COMITÉ
EJECUTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL”, en los cuales se advierte
que los señores Amet José Jiménez Zurita y Bienvenido Vargas Nejera son los
presidentes de las Juntas Directivas del Sindicato de Empleados y Trabajadores
Oficiales y Administrativos de Colombia, y del Sindicato de Trabajadores de la
Gobernación del Magdalena, respectivamente.

1.6. Contestaciones

Librados los oficios correspondientes, se pronunciaron las siguientes
autoridades:

1.6.1. Procuraduría Regional del Magdalena

Mediante memorial enviado por la apoderada de la entidad el 4 de marzo de
2022, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda tutelar en
cuanto hace referencia a este ente de control.

Lo anterior, en atención a que en virtud de la petición de intervención elevada el
13 de diciembre de 2019 por el señor Bienvenido Vargas Nejera como
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Magdalena,
respecto de la Convocatoria al concurso de méritos No. 1303 de 2019, por
presuntamente no cumplir con los parámetros legales señalados en la sentencia
C.138 de 2019, la solicitud fue asumida y se activó una actuación misional de
carácter preventivo identificada con el No. E-2019-769982.

En ese orden, adujo que requirió en dos oportunidades a la Gobernación del
Magdalena con el fin de que informara el “trámite, gestiones y diligencias
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adelantadas para dar contestación al solicitante ”. Al respecto, el ente territorial a
través del jefe de la Oficina de Talento Humano allegó la información respectiva
el 12 de marzo de 2020 y con ello, se tuvo como brindada la respuesta a los
solicitantes, razón por la cual era procedente el cierre de la actuación
preventiva, lo cual se llevó a cabo el 30 del mismo mes y año.

Resaltó que la actuación misional de la Procuraduría es definida por la
Resolución No. 132 de 2014 en los siguientes términos: “ Artículo 5. Es la función
misional de la Procuraduría Regional de la Nación a través de la cual la entidad busca
anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas,
mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública. De
igual manera promueve el respeto de las garantías de los derechos constitucionales ”.

Refirió que, verificada la actuación adelantada por la Procuraduría Regional del
Magdalena respecto a la solicitud de intervención, esta se alineó a los
parámetros que fija la referida resolución, habida cuenta que se enfocó en
verificar si la Gobernación del Magdalena había o no atendido la petición
realizada por el representante del sindicato sobre el proceso de selección
mencionado.

En ese orden, concluyó que, contrario a lo señalado por la parte actora, la
Procuraduría Regional del Magdalena no guardó silencio en relación con el
requerimiento de intervención.

1.6.2. Gobernación del Magdalena

El apoderado de la entidad, con escrito radicado el 7 de marzo de 2022, puso
de presente que en este asunto se configura el fenómeno de la temeridad.

Para tal efecto, indicó que “el caso que nos ocupa la misma acción de tutela con
algunos cambios cosméticos con relación a los hechos, pero que en esencia son los
mismos y con las mismas pretensiones ya fue tramitada ante el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Santa Marta con radicación 2021/00144 que, mediante
auto del 23 de febrero de 2021, erróneamente calendado como del 23 de enero de
2021, admitió la acción de tutela con el mismo tenor y contenido de la que nos ocupa ”.

Adujo que la referida solicitud de amparo fue resuelta negativamente mediante
sentencia de 5 de marzo de 2021 y, en segunda instancia fue revocada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena con fallo de 19 de abril de 2021, para, en
su lugar, declarar la improcedencia.

En dicho proveído del tribunal, también se puso de presente la eventual
existencia de temeridad por cuanto indicó que la parte actora había presentado
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otra tutela identificada con el radicado “47001-33-33-006-2021-00020”, la cual
fue tramitada por el Juzgado 6º Administrativo de Santa Marta, cuyas
pretensiones también se dirigían a lograr la suspensión del Acuerdo No.
2019000004476.

Agregó que, producto de una orden de remisión por competencia expedida por
la referida Corporación, “esta misma acción de tutela fue nuevamente tramitada ante
el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta que mediante auto proferido el 18 de
marzo de 2021; pero increíblemente mal calendado como 18 de octubre de 2018,
admitió el recurso de amparo y mediante sentencia del 8 de abril de 2021 declaró
improcedente la tutela” por no haberse acreditado el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa.

Adicionó que también se presentó idéntica tutela de la cual conoció el Juzgado
1º Penal del Circuito de Santa Marta Para Adolescentes con Función de
Conocimiento, autoridad que con auto de 18 de junio de 2021 admitió la
solicitud de amparo y profirió fallo el 23 de junio de la misma anualidad en el
sentido de declarar su improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, y tampoco se pronunció sobre la temeridad.

En ese sentido, solicitó que se proceda por parte de este cuerpo Colegiado a
adoptar las medidas que considere pertinentes, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, así como que se
despachen negativamente las súplicas.

1.6.3. Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC

Con memorial radicado el 8 de marzo de 2022, el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo
constitucional, habida cuenta que no satisface el requisito de subsidiariedad,
toda vez que este trámite no es un medio jurídico dirigido a modificar las reglas
establecidas en el acuerdo de convocatoria censurado por los demandantes,
pues para alegar la ilegalidad de los actos dictados en el marco del concurso
deben agotar la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

A su vez, refirió que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez,
comoquiera que “examinados los hechos alegados por la accionante, frente a los
resultados obtenidos en la etapa de valoración de antecedentes, se hace referencia a
actuaciones adelantadas hace aproximadamente tres meses, fecha desde la cual el
accionante conocía la situación del mismo frente al proceso de selección ”.

Luego de hacer un recuento de todo el proceso de planeación e implementación
del concurso, resaltó que la convocatoria tiene más de cuatro mil aspirantes que
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integran las listas de elegibles expedidas para la Gobernación del Magdalena, a
quienes se les debe garantizar el cumplimiento de los principios al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la promoción de la carrera administrativa,
así como al libre acceso a cargos públicos, al mérito, a la libre concurrencia,
publicidad, transparencia e imparcialidad, entre otros.

Así las cosas, puntualizó que no es posible modificar, menos suspender la
actual convocatoria, debido a que se violarían las referidas garantías legales y
constitucionales, máxime, teniendo en consideración que la CNSC debe velar
por el cumplimiento de los derechos de quienes por concurso de méritos
ocupan una posición meritoria en las listas de elegibles que se expidan en el
marco del proceso de selección.

Por último, señaló que: (i) el señor Bienvenido Vargas Nejera no se inscribió en
la Convocatoria 1303 de 2019; (i) el señor Cisar Enrique Pérez Romero no
superó las pruebas de competencias básicas y funcionales, por tanto fue
excluido; y (iii) el señor Amet José Jimenez Zurita, quien superó las etapas del
concurso quedó en el lugar 12 de la lista de elegibles del cargo por el cual optó,
razón por la que no alcanza a ser nombrado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Cuestión previa

Debido a que el abogado José Alfredo Jiménez de la Rosa, con ocasión del
requerimiento realizado en el auto admisorio allegó el poder que lo acredita
como representante del señor Amet José Jimenez Zurita y el documento que
acredita a este último como presidente sindical, la Sala lo tendrá como extremo
activo de este trámite tutelar.

Ahora, respecto del señor Bienvenido Vargas Nejera, del cual únicamente se
aportó el elemento documental por medio del cual demostró ser el presidente
de SINTRAGOBERMAG, pero no existe poder otorgado al abogado Jiménez de
la Rosa, se señala que actúa en este proceso en nombre propio.

Sin embargo, comoquiera que no presentó un memorial por medio del cual
hubiese expuesto sus alegaciones, o en el que hubiere solicitado ser
reconocido como coadyuvante, se le entenderá que detenta la calidad de
tercero con interés.

Finalmente, en relación con el señor Cisar Enrique Pérez Romero, respecto del
cual se aportó el poder pero no la constancia de ser el presidente del sindicato
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SINTRASAGOMAG, no se encuentra acreditada en debida forma su
legitimación en la causa por activa, no obstante, también se tendrá como
tercero interesado en las resultas de este medio constitucional.

2.2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la
Comisión Nacional del Servicio Civil y el departamento del Magdalena, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión
de la omisión por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en exigirle al
departamento del Magdalena el cumplimiento de los parámetros señalados en
la sentencia C-183 de 2019, de manera previa a la expedición de la
convocatoria 1303 de 2019.

Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el
marco jurídico de la temeridad; (iii) la actuación temeraria en solicitud de
amparo; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como un
mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de
derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de
1991, "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.

El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable,
exigencia que se mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes
señalado, bajo los siguientes términos:

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados
en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trate de impedir un perjuicio irremediable

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”.
(Destacado por la Sala)

2.5. Marco jurídico de la temeridad

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al
interior de la acción de tutela cuando “[…] sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes […]”.

De lo anterior, esta Sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad en
el trámite constitucional, el juez debe, por medio auto, proceder al rechazo de la
acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite constitucional, sin
embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo correspondiente será que
la Sala lo resuelva en el fallo respectivo, decidiendo desfavorablemente
“todas las solicitudes”.

2.6. La actuación temeraria en la acción de tutela

Esta Sección ha considerado que la temeridad se configura cuando concurren
los siguientes elementos3: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de
tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se
presenta por la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24
de junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción 4.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia
de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado 5:

"[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o
revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y
del acervo probatorio que repose en el proceso […]”

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos
de cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado6:

“[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas,
por una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el
accionante actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo
38 bajo la cual no se requiere tal elemento para su consolidación, en
consecuencia solo se necesita que el accionante presente varias veces una
demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna. No obstante,
esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una
acción de amparo por temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de
mala fe del peticionario, toda vez que supone una restricción legitima al
derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción de tutela. La
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala
precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un
asunto decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que

4
Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre
Lynett.
5
Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
6
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
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existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya
cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de
buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia
previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure
únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la
triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito
a cosa juzgada […]”7. (Subrayado y negrilla por fuera del texto)

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:

“A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir
de triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más
acciones de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y
objeto, puede entenderse que aquella institución se configura”.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la
jurisdicción constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente 8:

“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe
por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada
en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre

7
Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto
Rojas Ríos.
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su configuración en cada asunto sometido a su competencia”9” (Énfasis
propio).

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, la parte accionante considera que se le vulneraron
sus garantías constitucionales al debido proceso y al trabajo por cuanto la
CNSC y el departamento del Magdalena expidieron el Acuerdo No.
20191000004476 que corresponde a la convocatoria No. 1303 de 2019, para
proveer cargos de carrera en el referido ente territorial, sin el cumplimiento de
los parámetros establecidos en la sentencia C-183 de 8 de mayo de 2019.

Ahora bien, fuera del caso proceder a resolver de fondo la solicitud de tutela de
la referencia, no obstante, se advierte que el extremo activo ya elevó tres
acciones constitucionales con el fin de controvertir la legalidad del mencionado
acuerdo, asunto que a la postre fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Santa Marta y el
Juzgado 1º Penal del Circuito Para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento de Santa Marta, lo que implica declarar la temeridad, como se
pasará a explicar.

2.7.2. El departamento del Magdalena, en su contestación, refirió que ha
intervenido ante varios despachos judiciales, por idéntica acción de tutela
promovida por los accionantes, así:

(i)
Autoridad Juzgado 6º Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta
Acción No. 47001-33-33-006-2021-00020-00
Fallo 8 de abril de
Decisión Se declaró la falta de legitimación por activa
Demandantes Cisar Pérez, Bienvenido Vargas y Amet Jiménez
Demandados CNSC y Gobernación del Magdalena
Causa La convocatoria1303 de 2019 que no cumplió con el
precedente contenido en la sentencia C-183 de 2019
Objeto La suspensión provisional del Acuerdo No.
20191000004476, y dejar sin efectos la etapa de
inscripción de la convocatoria
Derechos Debido proceso, trabajo y el principio a la confianza
legítima

9
Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.
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(ii)
Autoridad Juzgado 1º Penal del Circuito Para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Santa Marta
Acción No. 47001-31-18-001-2021-00038-00
Fallo 23 de junio de 2021
Decisión Se declaró la improcedencia de la acción por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad
Demandantes Cisar Pérez, Bienvenido Vargas y Amet Jiménez
Demandados CNSC y Gobernación del Magdalena
Causa La convocatoria1303 de 2019 que no cumplió con el
precedente contenido en la sentencia C-183 de 2019
Objeto La suspensión provisional del Acuerdo No.
20191000004476, y dejar sin efectos la etapa de
inscripción de la convocatoria
Derechos Debido proceso, trabajo y el principio a la confianza
legítima

(iii)
Autoridad Tribunal Administrativo del Magdalena
Acción No. 47001-33-33-009-2021-00144-01
Fallo 19 de abril de 2021
Decisión Revocó la decisión de primera instancia que había
negado el amparo, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad
Demandantes Cisar Pérez, Bienvenido Vargas y Amet Jiménez
Demandados CNSC y Gobernación del Magdalena
Causa La convocatoria1303 de 2019 que no cumplió con el
precedente contenido en la sentencia C-183 de 2019
Objeto La suspensión provisional del Acuerdo No.
20191000004476, y dejar sin efectos la etapa de
inscripción de la convocatoria
Derechos Debido proceso, trabajo y el principio a la confianza
legítima

Por tanto, y acorde al lineamiento jurisprudencial y normativo expuesto en
líneas previas, se considera que en el presente caso se configuró el fenómeno
jurídico de la temeridad puesto que: (i) existe identidad de partes; (ii) los
fundamentos de hecho en ambas solicitudes son iguales; y (iii) la finalidad de es
lograr la suspensión del Acuerdo No. 20191000004476 y dejar sin efectos la
etapa de inscripción de la convocatoria.

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Ahora, en el acápite del juramento la parte demandante indicó:

“Se declara bajo la gravedad del juramento que esta tutela que hoy se presenta
fue declarada improcedente por el Honorable Tribunal Contencioso del
Magdalena, en virtud a que no se daba en su momento el requisito de
subsidiaridad y por no existir un perjuicio inminente causales que ahora si se
estructuran pues, pese a haber escogido el camino de la demanda de Nulidad de
la Convocatoria a Concurso y la cual se encuentra en curso ante el Honorable
CONSEJO DE ESTADO, aun no hay decisión al respecto por lo cual el principio
de subsidiaridad está reunido en este momento y adicionalmente existe un
perjuicio irremediable, toda vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha
fijado la fecha del 27 de junio del 2020, para desarrollar la etapa evaluativa y
muchos de los trabajadores del Departamento del Magdalena, no pudieron
inscribirse producto de las inconsistencia desarrollada al interior de esta
convocatoria la cual se expone en los hechos de esta acción de tutela ”.

En relación con la anterior manifestación, advierte esta Colegiatura que no se
encuentra justificado el actuar temerario de los tutelantes, comoquiera que las
circunstancias fácticas desde la época en que se presentaron las otras
solicitudes de amparo no han variado, puesto que para dicha época (primer
semestre del año 2021) ya se había ejercido el medio de control de nulidad contra
la CNSC y el departamento del Magdalena, asunto que se encuentra activo
ante la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Es por ello que no se evidencia la existencia de un hecho nuevo que permita
concluir que las anteriores acciones constitucionales son distintas a la que es
objeto de pronunciamiento por parte de esta Sección, en consecuencia, se
advierte la mala fe de la parte actora al tramitar idénticas solicitudes ante
distintos despachos sin que medie otro suceso que excuse su reprochado
actuar.

Ahora, si bien en la tutela de la referencia la parte demandada incluye al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, lo cierto es que, de los
fundamentos del escrito tutelar no se advierte que los actores hubiesen
desarrollado algún cargo contra la referida autoridad judicial, puesto que se
limitaron a manifestar, en aras de justificar la procedencia de esta petición, que
es necesaria la intervención del juez constitucional por cuanto en el medio de
control de nulidad no ha habido pronunciamiento en relación con la medida
cautelar.

En todo caso, contando esta acción, queda demostrado que los accionantes
han presentado cuatro solicitudes de amparo con identidad de causa, objeto y
partes, sin que medie una razón contundente y suficiente que justifique haber
promovido simultáneamente la misma solicitud de tutela ante diferentes
despachos judiciales, aspecto que se considera una conducta temeraria por
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parte de ese extremo procesal, máxime porque se advierte la intención de
desconocer las decisiones de los jueces que ya fallaron el asunto, así como la
de lograr a cualquier precio una decisión que les beneficie.

2.8. Conclusión

Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión
declarará la temeridad de la acción de tutela promovida por el señor Amet José
Jiménez Zurita y los terceros con interés, contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
departamento del Magdalena, comoquiera que se demostró que la parte
accionante han ejercido idéntica solicitud de amparo ante otros despachos
judiciales

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD en la acción de tutela, en
consecuencia, NEGAR la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a la
parte actora que no puede presentar nuevamente una petición por los mismos
hechos, sin que justifique la existencia de una razón válida que habilite la
intervención del juez constitucional en un asunto que fue decidido en una
oportunidad anterior.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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