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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00037-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00037-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. – Negar la pretensión de nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000004476 del 14 de mayo de 2019 «por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA- Convocatoria No.1303 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena» formulada en la demanda interpuesta por Amet José Jiménez Zurita y Cisar Pérez Romo contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el departamento del Magdalena. Segundo. – Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LMMO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00037-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad simple
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021)
Demandante: Amet José Jiménez Zurita y otro1
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil2 y departamento del
Magdalena

Temas: Nulidad del Acuerdo CNSC-20191000004476 del 14 de mayo de
2019 «por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de
selección para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA-Convocatoria No.1303 de 2019
– Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena».

Sentencia

Asunto

La Sección Segunda del Consejo de Estado decide la demanda de nulidad interpuesta
por Amet José Jiménez Zurita y Cisar Pérez Romo en contra del Acuerdo CNSC-
20191000004476 del 14 de mayo de 2019, Convocatoria N.° 1303 de 2019 – Territorial
Boyacá, Cesar y Magdalena.

1. Antecedentes

1.1. Demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Amet José Jiménez Zurita y Cisar Pérez Romo presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA en orden a que
se declarara la nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000004476 del 14 de mayo de 2019
«por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para proveer
definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA-Convocatoria No.1303 de
2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena»; y «[c]oncomitantemente [se] declare la
[n]ulidad parcial de la Convocatoria N.° 1303 del 2019 en lo que respecta al [e]nte territorial
[departamento del Magdalena]».

2. El acto demandado convocó a concurso de méritos en los siguientes términos:

1 Cisar Pérez Romo
2 En adelante CNSC

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2

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021)
Demandante: Amet José Jiménez y otros

«ACUERDO N.° CNSC – 20191000004476 DEL 14-05-2019

“Por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección para
proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA-
Convocatoria N.°1303 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en
el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 11, 12 y 30 de la Ley
909 de 2004 y en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

[…]

ACUERDA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.°- Convocatoria. Convocar el proceso de selección para proveer de
manera definitiva CIENTO NOVENTA (190) empleos, con TRESCIENTAS (300)
vacantes pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, que se identificará como
“Convocatoria N.° 1303 de 2019 - Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena”.

Parágrafo: Hace parte integral del presente Acuerdo, el ANEXO que contiene de
manera detallada las Especificaciones Técnicas de una de las etapas del proceso
de selección. El Acuerdo y su ANEXO son normas reguladoras del proceso de
selección y obligan tanto a la entidad objeto del mismo a la CNSC, o Institución de
Educación Superior que lo desarrolle, como a los participantes inscritos.

[…]

ARTÍCULO 8.° EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, que se convocan para este proceso de
selección son:

NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
PROFESIONAL 69 74
TÉCNICO 24 25
ASISTENCIAL 97 201
TOTAL 190 300

PARÁGRAFO 1: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido
suministrada por la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA y es de responsabilidad
exclusiva de ésta. En caso de diferencia entre la Oferta Pública de Empleos de
Carrera - OPEC y el Manual de Funciones que sirvió como insumo para el presente
proceso de selección, prevalecerá el respectivo manual; así mismo, en caso de
presentarse diferencias entre el manual de funciones suministrado por la entidad
pública y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior.

PARÁGRAFO 2: La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto
del presente proceso de selección, estará determinada en la OPEC.
[…]».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

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3

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021)
Demandante: Amet José Jiménez y otros

3.1. Pormedio del Acuerdo CNSC-20191000004476 del 14 de mayo de 2019,
Convocatoria N.° 1303 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, la CNSC
convocó el proceso de selección para proveer de manera definitiva 190 empleos del
sistema de carrera administrativa, con 300 vacantes de la planta de personal de la
Gobernación del Magdalena.

3.2. Mediante circular, la CNSC estableció que el pin podría adquirirse entre el 20 de
diciembre de 2019 y el 5 de febrero de 2020 y la inscripción se realizaría entre el 6 y 7
de febrero de 2020.

3.3. Publicada la mencionada convocatoria y definida la primera etapa para la venta del
pin, el 10 de diciembre de 2019 el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud del
departamento del Magdalena «SINTRAGOBERMAG» y el Sindicato Nacional de
Empleados y Trabajadores Oficiales solicitaron la suspensión del proceso de selección
o, en su defecto, la del artículo 8 de la Convocatoria 1303, relacionado con los empleos
anunciados.

3.4. Lo anterior con el propósito de que se incluyera la totalidad de las vacantes de la
entidad. La petición argumentó que el acto desconoció la sentencia C-183 de 2019.
De acuerdo con el precedente, no se podía adelantar el concurso sin que el ente
territorial cumpliera con los presupuestos de planeación y financiación de los costos
del proceso de selección, previstos en la Ley 909 de 2004.

3.5. Mediante Oficio 20202330197901 del 17 de febrero de 2020, la CNSC resolvió la
anterior petición, en el sentido de señalar que no existían fundamentos de hecho ni de
derecho para suspender la Convocatoria 1303, por lo siguiente:

3.5.1. La CNSC en coordinación con la Gobernación del Magdalena adelantaron la
planeación del proceso cuyos gastos los cubrió esta última.

3.5.2. En el evento en que no se hubieran reportado la totalidad de vacantes definitivas
existentes en la planta de personal del ente territorial, se llevaría a cabo otro concurso
en las vigencias 2020 y 2021.

3.5.3. En lo concerniente al manejo de administración y gerencia de las plantas de
empleos, adopción de manuales y competencias laborales, denominación de cargos,
creación, modificación, reorganización y supresión de las plantas de personal, el
documento indicó que eran competencia exclusiva del nominador.

3.6. Más adelante, el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud del departamento del
Magdalena solicitó una certificación sobre «la planta anual vacante utilizada por el ente
territorial» para la Convocatoria 1303 de 2019, así como el estudio técnico elaborado
por la entidad territorial para realizar el reporte.

3.7. La jefe de talento humano resolvió la anterior petición para informar que se habían
reportado en la OPEC «todos los cargos provistos y no provistos en la vigencia 2016, con
base en el plan anual de vacantes». Igualmente, manifestó que la CNSC le había
solicitado al ente territorial la apropiación de los recursos para cofinanciar y cubrir los
costos de la convocatoria por un total de $1.050.000.000.

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Radicado: 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021)
Demandante: Amet José Jiménez y otros

3.8. Las organizaciones sindicales mencionadas solicitaron la intervención de la
Procuraduría Regional para la protección de los derechos de los trabajadores, con
sustento en el incumplimiento de lo señalado en la sentencia C-183 de 2019, en cuanto
al plan anual de vacantes a cargo de la Unidad de Personal y el certificado de
disponibilidad presupuestal, con vigencia anterior a la suscripción del acuerdo de
convocatoria a concurso. Para la fecha de presentación de la demanda, no se conocía
el resultado de tal petición.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se citaron los artículos 13, 29, 53, 125, 130 y 209 de la Constitución
Política; 11 literal c), 14 literal d), 15 literal b), 17, 19, 20, 28, 31 y 32 de la Ley 909 de
2004; y «los artículos 6, parágrafo 2 del artículo 7 del acuerdo, capítulo II artículo 8 del
Acuerdo No.20191000004976 de fecha 14 de mayo del 2019».

5. El concepto de violación de las normas invocadas se sustentó en los siguientes
argumentos:

5.1. El acto acusado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debió
fundarse, en particular, de lo dispuesto por la sentencia C-183 de 2019. Esta
providencia declaró exequible la expresión «el jefe de la entidad u organismo», contenida
en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, por los cargos analizados, bajo
el siguiente entendido: i) el jefe de la entidad u organismo podía suscribir el acto de
convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica; y ii) en todo
caso, la CNSC no podía realizar un concurso sin que previamente la entidad
destinataria hubiera cumplido con los presupuestos de planeación y presupuestales
previstos en la ley, en los términos señalados en esa sentencia3.

5.2. En efecto, aunque la CNSC debía verificar que el ente territorial cumpliera con los
presupuestos previos para la realización del proceso de selección adelantado por la
Convocatoria 1303, desconoció el derecho a la igualdad, en atención a que no se
convocaron todos los cargos que se encontraban provistos en provisionalidad. Con
ello, se originó una discriminación «que pudo haberse generado por razones de opinión
política».

5.3. La convocatoria también vulneró la regla general contenida en el artículo 125
superior de provisión de cargos públicos por el sistema de carrera administrativa y que
en ningún caso «la filiación política de los ciudadanos pod[ía] determinar su nombramiento
para un empleo de carrera, su ascenso o promoción».

5.4. Igualmente, se infringieron los artículos 13, 29 y 53 de la Carta Política. A pesar de
que los sindicatos le solicitaron a la CNSC que suspendiera el trámite de la
Convocatoria 1303 de 2019 por el incumplimiento de lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-183 de 2019, la entidad resolvió la petición sin tener
en cuenta dicho precedente. Con esta conducta, se desconoció el principio de
favorabilidad en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho y el
principio de primacía de la realidad sobre las formas.

3 La sentencia se refirió al fundamento jurídico 4.6.2.

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Demandante: Amet José Jiménez y otros

5.5. La CNSC se apartó de los fines del Estado, pues inobservó los principios de
trasparencia e imparcialidad, además de que no ejerció el control interno previo que le
impuso la sentencia C-183 de 2019 respecto de la Convocatoria 1303 de 2019. Así se
podía constatar en el oficio que resolvió la petición que le presentó el sindicato en el
cual trasladó la responsabilidad de tales actuaciones al departamento del Magdalena.

5.6. Asimismo, en la respuesta de la jefe de talento humano de la gobernación se podía
observar que los cargos reportados a la OPEC correspondían a la planta anual vacante
del 2016. Sin embargo, el artículo 15.2 literal b) de la Ley 909 de 2004 dispuso que las
unidades de personal debían elaborar el plan anual de vacantes para remitírselo al
DAFP. Esta información era necesaria para la planeación del recurso humano y la
formulación de políticas. En este caso la entidad territorial incumplió con este requisito
y no fue verificado por la CNSC.

5.7. En el mismo sentido, el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 previó que todas las
entidades debían mantener actualizadas las plantas globales de empleos necesarias
para cumplir con las funciones a su cargo. Sin embargo, el departamento del
Magdalena mantenía la misma estructura desde el 2016, es decir, no cumplió con su
actualización ni la del manual de funciones, al punto que algunos servidores cumplían
funciones distintas de las que inicialmente les fueron asignadas, con lo cual también
se infringió el artículo 19 de la Ley 909 de 2004.

5.8. De acuerdo con las respuestas de la jefe de talento humano del departamento del
Magdalena y de la secretaria jurídica de la Secretaría de Educación del mismo ente
territorial, la convocatoria se estructuró sin que los recursos necesarios estuvieran
programados dentro del presupuesto de gastos del ente territorial. Por ello, cuando se
pretendió actualizar la OPEC para incluir 110 vacantes que faltaban para completar
las 300 existentes no fue posible realizar el ajuste por la « falta de disponibilidad
presupuestal».

1.2. Contestación de la demanda

6. El departamento del Magdalena contestó la demanda y expuso4:

6.1. El Acuerdo CNSC-20191000004476 del 14 de mayo de 2019, Convocatoria N.°
1303 de 2019 estaba ajustado a los principios de planeación y financiación, así como
a los demás requisitos legales y jurisprudenciales pertinentes.

6.2. En relación con la financiación del proceso, el acto determinó que sus fuentes
serían, por una parte, los montos recaudados por concepto de derechos de
participación a cargo de los aspirantes y, por otra, el costo total del proceso sería
sufragado por el ente convocante, previa deducción de los aportes realizados por los
participantes.

6.3. Sobre la falta de actualización del plan anual de vacantes, la jefe de la oficina de
talento humano del departamento expuso que el ente territorial informó oportunamente
la totalidad de los cargos vacantes, tal y como se constató en el Oficio E-2019-022258
del 23 de diciembre de 2019, de conformidad con la Circular 05 del 22 de septiembre
de 2016 de la CNSC.

4 Índice 29 de Samai.

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6.4. Por lo tanto, se debían negar las pretensiones de la demanda.

7. LaComisión Nacional del Servicio Civil también contestó la demanda para
oponerse a las pretensiones de nulidad, con fundamento en las excepciones que
denominó5:

7.1. «Falta de legitimación de la parte actora», por cuanto la demanda fue interpuesta por
unas organizaciones sindicales y no por un ciudadano en ejercicio del derecho
fundamental político previsto en el artículo 40.6 de la Constitución Política. Frente al
punto, la Corte Constitucional señaló que las personas jurídicas no eran titulares de
esas garantías6.

7.2. «Inexistencia de una acusación clara, directa, concreta y verificable que le permita al
decisor judicial realizar un juicio abstracto de legalidad». En este sentido, le correspondía
a la parte actora indicar la causal de nulidad establecida en el artículo 137 del CPACA
que se configuraba en el acto acusado, así como presentar los hechos y el concepto
de violación de forma clara, concatenada, precisa y concreta.

7.2.1. Sin embargo, el escrito inicial sostuvo que no se había actualizado el manual de
funciones de la entidad y que se vulneró el derecho a la igualdad, sin determinar las
razones específicas por las cuales ello conllevaba la declaratoria de nulidad
pretendida.

7.3. «Ausencia de violación directa de mandatos establecidos en los artículos 2.2.5.2.1 –
2.2.4.1 – 2.2.4.6 y 2.2.2.5.1 del Decreto Único Reglamentario de la Función Pública 1083 de
2015». En este punto, los demandantes afirmaron que no se tuvo en cuenta la
sentencia C-183 de 2019, pero no explicaron la razón que lo sustentaba.

7.3.1. Sin embargo, el argumento no tenía vocación de prosperidad en razón a que la
CNSC sí cumplió con las reglas aplicables al proceso de méritos y la etapa de pruebas
escritas de la convocatoria territorial 2019-II acató el Decreto 2015 de 2018.
Adicionalmente, de conformidad con el «artículo 2.2.2.2.6.1», la expedición del manual
de funciones y competencias le correspondía al ente territorial y no a la CNSC.

7.4. «Ausencia de vulneración del artículo 31 de la Ley 909 de 2004». Al respecto, bastaba
con señalar que el Consejo de Estado había fijado «el sentido y alcance del artículo 31
de la Ley 909 de 2004».

1.3. Medida cautelar

8. A través del auto del 14 de marzo de 2022 se negó el decreto de la medida de
suspensión provisional solicitada con la demanda. La providencia indicó, en síntesis:

8.1. La revisión del material probatorio allegado hasta esa etapa procesal permitía
determinar que, al parecer, se reportaron las 300 vacantes definitivas que existían en
la entidad para la fecha en la que se hizo el reporte de la OPEC.

5 Índice 30 de Samai.
6 Citó apartes de la sentencia T-066 de 2015.

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8.2. Igualmente, los documentos aportados permitieron observar que, al parecer, el
departamento del Magdalena cumplió con el deber de provisión de los costos totales
del proceso de selección. Por ello, no era viable deducir que se hubiera desconocido
el requisito establecido en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.

8.3. Tampoco se infringió el artículo 17 de la Ley 909 de 2004. Si bien la norma exigía
que las unidades de personal actualizaran el plan anual de vacantes, también era
cierto que no imponía que el proceso de selección se realizara con el reportado en la
vigencia inmediatamente anterior o que dicha circunstancia invalidara el concurso de
méritos. Precisamente, este instrumento respondía a la necesidad de la planificación
en cuanto a cargos por proveer y el costo presupuestal anterior a la ejecución de la
convocatoria.

8.4. Por último, el cargo relacionado con el desconocimiento del artículo 19 de la Ley
909 de 20047 se declaró improcedente. Sobre el punto, se advirtió que la parte
demandante incumplió con la carga impuesta por el artículo 162 del CPACA, en la
medida en que no aportó prueba que acreditara que los servidores de la entidad
territorial vinculados en provisionalidad desarrollaban funciones distintas de las
establecidas por el departamento del Magdalena, de manera que se pudiera efectuar
el control de legalidad.

9. El 29 de marzo de 2022, la parte demandante interpuso reposición en contra de la
anterior decisión8. Mediante auto del 25 de noviembre de 2024 se confirmó la
providencia del 14 de marzo de 2022, que negó la solicitud de medida cautelar, al
resolver el recurso interpuesto9.

1.4. Decisión sobre excepciones previas

10. El auto del 5 de abril de 2022 resolvió las excepciones previas y declaró no
probadas las de falta de legitimación en la causa e ineptitud de la demanda 10. En
cuanto a los demás medios exceptivos presentados por la CNSC, la providencia indicó
que eran argumentos de defensa y, por lo tanto, se resolverían con el fondo del
asunto11.

1.5. Coadyuvancia

11. El 24 de mayo de 2022 Óscar Hernando Duica Barrera intervino en condición de
coadyuvante de la parte demandante y expuso que se debía declarar la nulidad del
Acuerdo 20191000004476 del 14 de mayo de 2019, por el cual la CNSC expidió la
Convocatoria 1303 del 2019 porque infringió las normas en que debió fundarse, así12:

11.1. Al haber omitido el deber funcional de actualización del manual de funciones
contenido en el Decreto 362 de 2014 previo al inicio del proceso de planeación de todo

7 Índice 39 de Samai
8 Índice 50 de samai.
9 Índice 76 de Samai.
10 La magistrada ponente consideró que la excepción de «inexistencia de una acusación clara, cierta,

concreta y verificable que le permita al operador judicial realizar un juicio abstracto de legalidad»
correspondía a la de ineptitud de la demanda.
11 Índice 51 de Samai.
12 Índice 60 de Samai.

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Demandante: Amet José Jiménez y otros

el concurso se desconocieron los artículos 2.2.6.34, 2.2.3.9 y el parágrafo 4 del artículo
2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.

11.2. La gobernación del Magdalena reconoció la falta de actualización del manual en
los oficios E-2019-022508 del 30 de diciembre de 2019 y I-2022-000454 del 13 de
enero de 2022. Esa situación implicó que se presentaran inconvenientes en la
ubicación real de los empleos y en la determinación de sus perfiles.

11.3. Igualmente, cuando se desarrollaba el concurso, el secretario de educación
departamental suscribió el oficio TH-269 del 21 de junio de 2021 en el que se
relacionaron las irregularidades concernientes al mismo instrumento jurídico. La falta
de actualización del manual de funciones se consideró nuevamente en el oficio del 26
de abril de 2022 dirigido a la asamblea departamental.

12. A través del auto del 20 de octubre de 2023, se reconoció a Óscar Hernando Duica
Barrera como coadyuvante de los demandantes.

13. Con memorial radicado el 24 de mayo de 2022, Isaías Herrera Ávila solicitó su
vinculación en condición de sujeto procesal con interés en el presente asunto. El
peticionario explicó que le asistía interés en el resultado del proceso, en atención a su
condición de integrante de la lista de elegibles de la OPEC 4856, conformada con
ocasión del proceso de selección convocado por el acto demandado 13.

14. El auto del 25 de noviembre de 2024 le reconoció la condición de coadyuvante de
la parte demandante14. Sin embargo, Isaías Herrera Ávila no presentó argumentos en
relación con la legalidad de la Convocatoria 1303.

1.6. Trámite de sentencia anticipada

15. Con auto del 20 de octubre de 2023 se impartió el trámite de sentencia anticipada15.
Con esa finalidad, se pronunció sobre el decreto de pruebas; fijó el litigio; y corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. El problema
jurídico que habría de resolverse en la sentencia de fondo se delimitó así: «se
circunscribe a determinar si el Acuerdo CNSC2019000004476 del 14 de mayo de 2019 de la
CNSC fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse».

1.7. Alegatos de conclusión

16. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión, en el siguiente orden:

17. La Comisión Nacional del Servicio Civil presentó su escrito para exponer los
siguientes argumentos16:

17.1. El Acuerdo CNSC 2019000004476 del 14 de mayo de 2019 fue expedido en
ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales previstas en los
artículos 130 de la C.P., 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004; 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto
1083 de 2015.

13 Índice 47 de Samai.
14 Índice 75 de Samai.
15 Índice 65 de Samai.
16 Índice 69 de Samai

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Demandante: Amet José Jiménez y otros

17.2. La expedición y actualización del manual de funciones y competencias del ente
territorial no era del «resorte» de la CNSC.

17.3. La parte demandante no expuso una contradicción clara entre los mandatos
constitucionales presuntamente infringidos y las normas que sirvieron de fundamento
al acto acusado ni las garantías que hacían parte del debido proceso que fueron
desconocidas con la expedición de la convocatoria a concurso.

17.4. El acto demandado fue el producto de un conjunto de actuaciones administrativas
que se adelantaron con fundamento en los principios de igualdad y transparencia en
el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de selección 1303 de 2019.

18. La parte demandante también intervino en esta etapa procesal para reiterar la
pretensión de nulidad, en los siguientes términos17:

18.1. El acto acusado debía declararse nulo por no convocar todos los cargos provistos
en provisionalidad. En efecto, se trataba de 300 empleos y no de 190 como lo señaló
la Convocatoria 1303. Esta falencia obedeció a la falta de actualización de los planes
de previsión del recurso humano lo cual llevó a que el concurso desconociera el
artículo 53 de la C.P., en cuanto se refería a la primacía de la realidad sobre las formas.

18.2. Fue así, puesto que el proceso de selección se realizó para una planta de personal
prevista para el año 2016, lo que a su vez indica que no se «cualificó» ni se «cuantificó»
adecuadamente.

18.3. En cuanto a la cualificación, era pertinente indicar que los cargos designados no
se correspondían con las funciones que se ejecutaban. Por lo tanto, muchos
empleados desarrollaban labores distintas a las que en un principio les fueron
asignadas.

18.4. Respecto de la cuantificación, era importante señalar que la certificación emitida
por el asesor jurídico de la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena
demostró que no existían recursos para el proceso de selección. En ese orden, la falta
de apropiación presupuestal viciaba de ilegal la convocatoria.

18.5. Los anteriores aspectos debían ser observados por la CNSC, en atención a lo
resuelto en la sentencia C-183 de 2019. Al dejar de atenderlos para la expedición del
acto acusado, se desconoció que, en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales del derecho, el artículo 53 de la C.P. imponía optar por la que resultara más
favorable al trabajador.

19. El Ministerio Público no rindió concepto.

1.8. Saneamiento del proceso

20. Por auto del 25 de noviembre de 2024, se efectuó el control de legalidad y se advirtió
la necesidad de adoptar medidas de saneamiento con el fin de encauzar debidamente
el trámite18. Contra esa decisión no se presentaron recursos ni se registraron

17 Índice 71 de Samai.
18 Índice 75 de Samai.

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actuaciones adicionales de las partes, dentro del término de traslado concedido19. El
proceso ingresó al despacho el 12 de marzo de 2025.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

21. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el criterio de
especialidad, los artículos 13 20, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de
diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 21 señalan que la
Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.

2.2. Problemas jurídicos

22. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el trámite
de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los sujetos
procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor precisión
conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver el siguiente
interrogante:

¿El Acuerdo CNSC2019000004476 del 14 de mayo de 2019 fue expedido con
desconocimiento de los artículos 15.2 literal b),17, 19 y 31 de la Ley 909 de 2004,
2.2.6.34, 2.2.3.9, parágrafo 4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 y de la
sentencia C-183 de 2019 y vulneración de los artículos 13, 29, 53, 125, 130 y 209
de la Carta Política?

23. Para resolver el anterior cuestionamiento se abordarán los siguientes aspectos: la
Comisión Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal; el principio de
colaboración para la expedición del acto de convocatoria a concurso de méritos; el
manual de funciones y compentencias laborales; y la Oferta Pública de Empleos de
Carrera. Con fundamento en lo anterior, se resolverá sobre la legalidad del acto
acusado de conformidad con los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil y las unidades de personal

24. Para cumplir con sus fines esenciales22, el Estado desarrolla sus funciones a través
de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores específicas, lo

19 Índice 88 de Samai.
20 Reglamento interno del Consejo de Estado.
21 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le

adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
22 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

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cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el ejercicio de las
labores que les asignan la ley y los reglamentos23. En atención a la trascendencia de
las funciones públicas, como regla general, la Carta Política ordena que el personal
que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de carrera administrativa24.

25. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada aspirante.
Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se desenvuelva bajo
los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política de los funcionarios,
igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar empleos públicos y la
estabilidad en ellos25. La finalidad de la selección de acuerdo con el principio del mérito
fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:

«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas
calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las
leyes han confiado a las entidades del Estado26, responsabilidades que exigen,
para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos
estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción
del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la
propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio
nacional” 27 [...]»28

26. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión Nacional del
Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de la Ley 909 de
200429 en los siguientes términos:

«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable
de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales,
es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público
en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público
de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo
con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. […]»

27. Lasfunciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la Ley
909 en mención, así:

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
23 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones

separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
24 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. […]»
25 Sentencia C-1230 de 2005.
26 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
27 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
28 Sentencia C-1320 de 2005
29 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones»

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«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales
con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los
empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;

b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
presente ley;

c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos
de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente
ley y el reglamento;

d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;

e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos
de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;

g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;

h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;

i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de
las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que
contrate para tal fin;

j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras
y la evaluación del desempeño;

k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa.»

28. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación de las
normas sobre carrera administrativa que debe atender la Comisión Nacional del
Servicio Civil son las siguientes:

«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en
cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de
verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su
adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente
el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan
producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados
con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al
seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;

c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de los
medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar las

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investigaciones por violación de las normas de carrera que estime necesarias y
resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e
imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y contra las mismas
procederá el recurso de reposición30;

d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su
conocimiento en asuntos de su competencia;

e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados
Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplica la
presente ley;

f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del
desempeño de los empleados de carrera;

g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos
de violación de las normas de carrera, para efectos de establecer las
responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;

h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación
de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera
de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley;

i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10)
primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus actividades
y el estado del empleo público, en relación con la aplicación efectiva del principio
de mérito en los distintos niveles de la Administración Pública bajo su
competencia.

Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta materia, la
Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico con las unidades
de personal de las diferentes entidades públicas que ejercerán sus funciones de
acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los
servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa,
previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación a las normas de
carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas
por ella. La multa deberá observar el principio de gradualidad conforme el
reglamento que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos
serán cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y máximos veinticinco (25)
salarios mínimos legales vigentes.»31

29. El artículo 15 de la Ley 909 de 2004 establece que las unidades de personal de las
entidades son la unidad básica de la gestión de recursos humanos en la administración
pública, para lo cual tienen las siguientes funciones específícas:

a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos;

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de
la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso
humano y la formulación de políticas;

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán
contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública,
universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o profesionales en
administración pública;

30 Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1265 de 2005,
únicamente por los cargos formulados.
31 Artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

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d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante
proceso de selección por méritos;

e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación;

f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones.
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública;

g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión
Nacional del Servicio Civil;

h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el manual de
funciones.» (se destaca)

30. En línea con lo anterior, el artículo 17 de la misma ley establece como uno de los
instrumentos de ordenación del empleo público los planes de previsión de recursos
humanos, elaborados y actualizados anualmente, por las unidades de personal. Dicho
instrumento debe contener:

«[…]
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de
atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias;

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas
de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación;

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores
y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado […]»

31. La misma norma señala que todas las entidades deben mantener actualizadas las
plantas de personal que requieren para cumplir de forma eficiente sus funciones de
acuerdo con las medidas de racionalización del gasto. Esta labor implica, al mismo
tiempo, observar el concepto de «empleo público» así como los aspectos que se deben
tener en cuenta para su diseño, materias que están desarrolladas en el artículo 19 de
la Ley 909 de 2004.

32. En efecto, el empleo público se traduce en el «conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas
a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines
del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener en cuenta la descripción de las
funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil de competencias requeridas para
su desempeño.

33. Ahora, el plan anual de previsión de recursos humanos, elaborado y actualizado por
las unidades de personal se constituye a su vez en un insumo para que el
Departamento Administrativo de la Función Pública elabore el plan anual de empleos
vacantes y lo traslade a la CNS, según lo dispuesto en el artículo 14, literal d) de la
Ley 909 de 2004. Sobre esta obligación la Sección Segunda concluyó:

«Así pues, en criterio de esta Sala, las entidades cuyos sistemas de carrera sean
administrados por la CNSC, están en la obligación de reportar a esta y al DAFP de

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manera anual, la totalidad de los cargos de carrera administrativa que requieran ser
provistos mediante concurso público de méritos, así como a priorizar el gasto para
adelantar el respectivo proceso de selección»32

2.3.2. El principio de colaboración para la expedición del acto de convocatoria a
concurso de méritos

34. Como antes se mencionó, la CNSC es la entidad encargada de la elaboración de
las convocatorias a concurso para el acceso al desempeño de empleos públicos. Esta
compentencia se reitera en el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, con la precisión de
los costos que genere el proceso de selección que estarán a cargo de la entidad para
la cual se adelante. Esta labor se desarrolla a través de contratos o convenios
interadministativos suscritos con universidades o instituciones de educación superior
acreditadas para ello.

35. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, para que una persona
logre su inscripción en el escalafón de carrera administrativa, deberá superar las
etapas del concurso de méritos, estas son: convocatoria, reclutamiento, práctica de
pruebas, elaboración de lista de elegibles y nombramiento en período de prueba.

36. En lo relevante al particular, es importante precisar que el numeral 1 del citado
artículo 31 de la Ley 909 dispone: «[l]a convocatoria, que deberá ser suscrita por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora
de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes». La expresión destacada ha sido objeto de
estudio por esta coporación y por la Corte Constitucional.

37. En relación con la suscripción de la convocatoria a concurso por parte del jefe de la
entidad como requisito de la validez del acto, la sentencia del 31 de enero de 201933
de la Sección Segunda consideró que la «ausencia formal de este requisito» podía
subsanarse. En este sentido, era necesario que con otros medios probatorios pudiera
verificarse la participación de la entidad beneficiaria del proceso de selección de
personal en el «iter administrativo que culminó con la convocatoria pública».

38. Sobre el punto, el fallo destacó que, aunque la CNSC es la encargada de
adminsitrar los concursos públicos de méritos, el órgano beneficiario del proceso debe
participar activamente en el proceso de planeación y preparación del instrumento
jurídico. Esta intervención se considera cumplida cuando el último firma el documento
o realiza actuaciones que demuestran su colaboración activa y coordinada en su
emisión34.

39. Esta posición se reiteró en el auto del 7 de marzo de 201935. En esta providencia la
misma Sección Segunda hizo un recuento de las tesis que hasta ese momento se
habían expuesto sobre la interpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 y destacó la
validez del criterio adoptado en la sentencia del 31 de enero de ese mismo año.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-000-

2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicación: 11001-03-25-

000-2016-01017-00, demandante: Ginna Johanna Riaño García.
34 Cfr. Ibidem.
35 Op. Cit. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 7 de marzo de 2019, radicado: 11001-03-25-

000-2017-00326-00 (1563-2017), demandante: Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo (CNIT).

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40. En esta misma línea, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada
de la expresión «el Jefe de la entidad u organismo» en la sentencia sentencia C-183 del
8 de mayo de 2019, en los siguientes términos:

«Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “el jefe de la
entidad u organismo”, contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, bajo el entendido de que, (i) el jefe de la entidad u organismo puede suscribir
el acto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica,
y (ii) en todo caso la Comisión Nacional de Servicio Civil no puede disponer la
realización de un concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad
destinataria los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley,
en los términos del fundamento jurídico 4.6.2. de esta sentencia».

41. Precisamente, el fundamento jurídico 4.6.2. de la providencia en mención consideró
que pese a que la CNSC era la única competente para fijar la norma reguladora del
concurso, algunos elementos necesarios para la expedición del acto de convocatoria
correspondían a otras entidades. Entre ellos, la elaboración del plan anual de empleos
vacantes era responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP) y las Unidades de Personal de las Entidades (UPE), mientras que la
financiación de los costos del concurso correspondía a cada entidad u organismo.

42. Las UPE tenían responsabilidades como determinar los perfiles de los cargos,
elaborar los planes de vacantes y los manuales de funciones, y estimar los costos de
cubrir dichos cargos. Por su parte, el DAFP se encargaba de la política, planeación y
coordinación del recurso humano, y de apoyar a la CNSC cuando fuera necesario.

43. Igualmente, la Corte destacó que la financiación adecuada era un requisito
indispensable para la realización del concurso, y la falta de disponibilidad presupuestal
podría hacer inviable el concurso. Sin embargo, el jefe de la entidad u organismo no
tenía competencia sobre el contenido de la convocatoria, aunque sí debía garantizar
la financiación del concurso.

44. En suma, la convocatoria era competencia exclusiva de la CNSC y la colaboración
armónica entre las diferentes entidades es esencial para el cumplimiento de los fines
del Estado. En este sentido, la sentencia C-645 de 2017 indicó que la competencia del
jefe de la entidad (en ese caso el INPEC) para hacer la convocatoria era exequible,
bajo el entendido de que concurría «como participante para planear y presupuestar la
convocatoria, pero la competencia relacionada con asegurar la implementación y velar por el
adecuado funcionamiento de la realización del concurso, así como su administración y
vigilancia recae exclusivamente sobre la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC».

45. Finalmente, la sentencia C-183 de 2019 concluyó que la firma de la convocatoria
por parte del jefe de la entidad u organismo no afectaba su validez, puesto que la
competencia para elaborar y administrar la convocatoria recaía exclusivamente en la
CNSC.

46. De acuerdo con lo anterior, la convocatoria al concurso de méritos supone el
ejercicio de funciones separadas e independientes de la CNSC y de las entidades
beneficiarias de aquel. Sin embargo, aquellas deben coordinarse de forma armónica
con el fin de desarrollar la actuación administrativa que permita la selección del
personal más idóneo para el desarrollo de las funciones públicas.

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2.3.3. El Manual de funciones y competencias laborales

47. Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos para
el desarrollo de las funciones que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico,
con el propósito de materializar los fines del Estado. Este concepto responde a lo que,
en materia de función pública, se conoce como planta de personal. Su creación y
regulación está determinado por las necesidades del servicio y su definición clara
permite un diseño de la estructura organizacional a nivel global. Esto, a su vez, permite
concretar la cantidad, naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos,
mediante su respectiva clasificación.

48. El fundamento constitucional y legal de los manuales de funciones se encuentra
contenido en los artículos 122, inciso 1.º, y 125, inciso 3, de la C.P. y 19 de la Ley 909
de 2004, antes mencionado. De estos contenidos normativos se deduce la importancia
y tracendencia del instrumento jurídico en cuestión que además de estar relacionado
con el cumplimiento de los fines estatales tiene la virtualidad de afectar las situaciones
particulares y concretas de quienes son designados para el desarrollo de las funciones
públicas.

49. De ahí que, el manual de funciones y competencias laborales es una herramienta
de gestión del empleo que establece las responsabilidades, labores y facultades
propias de cada cargo que integra la planta de personal. Igualmente contiene las
exigencias de conocimientos, experiencia y otros aspectos que permitan acreditar las
aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las labores encomendadas.

50. Por su parte, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004 se refiere a los cuadros funcionales
de empleos como un ejercicio de agrupación de cargos que tengan semejanzas en
cuanto a la naturaleza general de sus funciones, responsabilidades, requerimientos de
conocimientos y competencias. Esta medida persigue la optimización de la gestión de
recurso humano; la posibilidad de llevar a cabo el acceso, el ascenso, la retribución y
la capacitación, así como de cubrir plazas de uno o varios organismos, en función de
los requisitos que se exijan.

51. Ahora, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las entidades de la
Rama Ejecutiva36, en el artículo 2.2.2.6.1. prevé lo siguiente:

52. «[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales
se refiere el presente Título expedirán el manual específico de funciones y de
competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los
empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su
ejercicio.

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el presente Título.

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo
o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o
adición del manual de funciones y de competencias laborales y velar por el
cumplimiento de las disposiciones aquí previstas […]» (Se destaca)

53. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone que el Departamento
Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría técnica necesaria, además

36 Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.

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de señalar las pautas e instrucciones para la adopción, adición, modificación o
actualización de los manuales específicos.

54. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.2. ibidem precisa el contenido mínimo del manual
específico de funciones y competencias laborales, al indicar que debe incluir:

1. La identificación y ubicación del empleo.

2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.

3. Los conocimientos básicos o esenciales.

4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.

55. Ahora, en lo relevante al presente asunto, es pertinente señalar que los artículos
2.2.3.5, parágrafo 4, y 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la necesidad de
ajustar y actualizar los manuales de funciones. En especial, las entidades territoriales
debían hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientras ello se cumplía, continuarían
rigiendo los que hasta ese momento se encontraran vigentes.

2.3.4. La Oferta Pública de Empleos de Carrera

56. La Oferta Pública de Empleos de Carrera es el acto por medio del cual la
administración le comunica al ente responsable de la elaboración del concurso de
méritos los empleos que se encuentran vacantes definitivamente, con la finalidad de
que sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Este instrumento se
instituye en parámetro para la elaboración de las pruebas e instrumentos del proceso
de selección. Estos a su vez deben ser proporcionales a las condiciones que se exigen
para el desempeño de cada cargo, tal y como lo prevé el artículo 2.2.6.13 del Decreto
1083 de 2015:

«ARTÍCULO 2.2.6.13 Pruebas o instrumentos de selección. Las pruebas o
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos,
respecto de las competencias requeridas para desempeñar con eficiencia las
funciones y las responsabilidades de un cargo. La valoración de estos factores se
hará mediante pruebas orales, escritas, de ejecución, análisis de antecedentes,
entrevistas, evaluación final de cursos efectuados dentro del proceso de selección
y otros medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con
parámetros de calificación previamente determinados.
En los concursos se aplicarán mínimo dos pruebas, una de las cuales será escrita
o de ejecución, dependiendo de la naturaleza de las funciones de los empleos a
proveer. […].» (se destaca)

57. Una vez elaborada la lista de elegibles deben cubrirse las vacantes para las cuales
se efectuó el concurso37, aspecto que depende de la oferta de empleos remitida por la
entidad previamente a la iniciación del concurso, sin perjuicio de lo previsto para la
utilización del Banco Nacional de Listas de Elegibles.

58. En lo relacionado con los parámetros de su reporte, el parágrafo del artículo 29 de
la Ley 909 de 2004 señala que la Comisión Nacional del Servicio Civil es el ente

37 Ley 909 de 2004, artículo 31, numeral 4, el cual más adelante fue modificado por el artículo 6 de la

Ley 1960 de 2019.

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responsable de dictar el procedimiento y los lineamientos para que las diferentes
entidades informen, con la finalidad de hacer viables los concursos.

59. Más adelante, el Decreto 4500 del 5 de diciembre de 200538 indicó que, tanto en la
fase de preselección como en la específica, la CNSC puede modificar cualquier
aspecto de la convocatoria «hasta antes de la fecha de iniciación de inscripciones, o de la
escogencia del empleo en la segunda fase o específica»39. Dentro de los aspectos referidos
por la norma susceptibles de modificación se incluye la OPEC de manera que no
podrán producirse concluidas las etapas allí previstas.

60. Más adelante, el Decreto 051 del 16 de enero de 2018 40, en el artículo 3, adicionó
el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, para regular la periodicidad del reporte
de empleos vacantes de forma definitiva, según las indicaciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, enfatizar el proceso planeación conjunta y armónica del
concurso de méritos y la actualización de los manuales de funciones y compentencias
laborales, así:

«ARTÍCULO 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico o especial de origen
legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los
empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos
de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y
lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el
proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el
jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su
manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo
del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos
destinados para adelantar los concursos de méritos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de
Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las entidades
del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de
méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso deberán contar con el
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido
en el EOP.»

60.1. Análisis de la legalidad del acto acusado

61. La parte demandante aseguró que el acto acusado fue expedido con infracción de
las normas en que debió fundarse, por lo siguiente:

61.1. La Convocatoria 1303 de 2019 fue expedida con el propósito de adelantar el
concurso para los cargos vacantes definitivamente en la gobernación del Magdalena
sin que se hubiera ajustado el manual de funciones adoptado mediante Decreto 362
de 2014. Con ello se desconocieron los artículos 19 de la Ley 909 de 2004; 2.2.6.34,
2.2.3.9 y parágrafo 4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.

38 «Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004»
39 Artículo 1, parágrafo 2, del Decreto 4500 de 2005.
40 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector

Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009».

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61.2. La entidad territorial beneficiaria del concurso no reportó la totalidad de cargos
vacantes en la entidad, que debían ser provistos con el personal que superara el
proceso de selección posiblemente, por «por razones de opinión política». Con esta
actuación se vulneraron los artículos 13, por la discriminación que la medida conllevó,
y 125 que señala que en «ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá
determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción».
Igualmente, se transgredieron los artículos 15.2. literal b) y 17 de la Ley 909 de 2004,
en cuanto al deber de elaboración del plan anual de vacantes, pues se tuvo en cuenta
el realizado en el año 2016.

61.3. La CNSC resolvió las peticiones de suspensión del concurso presentadas por los
sindicatos de trabajadores del departamento del Magdalena con desconocimiento de
lo resuelto en la sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional. Esto, a su vez,
vulneró los mandatos contenidos en el artículo 53 de la C.P. de primacía de la realidad
sobre las formas y la favorabilidad en la aplicación e interpretación de las fuentes del
derecho laboral.

61.4. Esta situación afectó el proceso de planeación previo, no solo desde su
perspectiva cualitativa, sino también cuantitativa. Por su parte, la CNSC no realizó la
verificación previa de los anteriores aspectos, en los términos señalados en la
sentencia C-183 de 2019 ni exigió el certificado de disponibilidad presupuestal. Por
ello, cuando se pretendió actualizar la OPEC para incluir 110 vacantes que faltaban
para completar las 300 existentes no fue posible realizar el ajuste por la « falta de
disponibilidad presupuestal».

61.5. Con lo anterior se desconocieron los principios de transparencia e imparcialidad
señalados en el artículo 209 de la C.P., la función misma de la CNSC prevista en el
art. 130 ibidem y la responsabilidad establecida en el 31 de la Ley 909 de 2004.

62. La subsección analizará los planteamientos expuestos, en el siguiente orden.

2.4.1. Sobre la actualización del manual de funciones como presupuesto del
concurso

63. En este caso no se discute la legalidad del manual de funciones y competencias
laborales contenido en el Decreto 362 de 2014, sino su aptitud para servir de insumo
para la expedición de la Convocatoria 1303 de 2019, en atención a su falta de
actualización para la fecha en la que se adelantó el proceso de selección.

64. Se destaca que el escrito inicial no expuso las razones por las cuales era ineludible
la modificación del manual de funciones. Es decir, los demandantes no indentificaron
cuáles eran los aspectos relacionados con los requisitos exigidos para ocupar los
empleos, las funciones asignadas, el nivel, las competencias requeridas y demás
materias reguladas por aquel acto que resultaban incompatibles con las normas a las
cuales debían ajustarse.

65. Con todo, se observa que por medio del Decreto 362 del 8 de octubre de 2014 se
modificó el Decreto 216 del 26 de septiembre de 2013 y reorganizó la planta central
de cargos de la Secretaría de Educación del departamento del Magdalena, que estaba
conformada por una planta de 64 cargos, distribuidos en 6 áreas. El acto modificó los
equipos de trabajo de acuerdo con las «necesidades y realidades que establece la

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prestación del servicio educativo» y se determinó la ubicación, funciones, perfiles y
competencias de los cargos ubicados en las siguientes dependencias:

• Despacho de la secretaría
Denominación del empleo N.°cargos
Secretario de despacho 020-06 1
Profesional universitario 219-03 1
Secretario ejecutivo 425-10 1
Conductor 480-03 1

• Calidad educativa
Denominación del empleo N.°cargos
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 219-03 1
Profesional universitario 219-02 1

• Cobertura
Denominación del empleo N.°cargos
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 210-04 1
Profesional universitario 219-03 1
Técnico operativo 314-03 2
Auxiliar administrativo 407-10 1

• Oficina jurídica
Denominación del empleo N.°cargos
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 219-03 3
Profesional universitario 219-02 1
Auxiliar administrativo 407-11 1

• Inspección y vigilancia
Denominación del empleo N.°cargos
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 219-03 1
Auxiliar administrativo 407-11 1

• Planeación
Denominación del empleo N.°cargos
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 219-04 1
Profesional universitario 219-03 1
Técnico operativo 313-03 1

• Administrativa y financiera
Denominación del empleo N.° cargos Área
Profesional especializado 222-05 1
Profesional universitario 219-04 1
Talento humano
Secretario ejecutivo 425-10 2
Profesional universitario 219-04 1
Profesional universitario 219-03 2
Nómina
Profesional universitario 219-02 1
Auxiliar administrativo 407-10 1
Profesional universitario 219-03 1 Historias laborales
Profesional universitario 219-03 1 Bienestar y salud
Secretario ejecutivo 425-10 1 ocupacional

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Profesional universitario 219-03 1
Profesional universitario 219-02 1
Apoyo a escalafón
Auxiliar administrativo 407-11 1
Auxiliar administrativo 407-10 2
Profesional universitario 219-03 1
Profesional univeritario 219-02 1
Apoyo a planta
Secretario ejecutivo 425-10 1
Auxiliar Administrativo 407-10 1
Profesional universitario 219-03 1 Servicio de atención al
Auxiliar administrativo 407-10 2 ciudadano
Profesional universitario 219-03 1
Profesional universitario 219-03 1
Prestaciones sociales
Técnico operativo 313-03 2
Auxiliar administrativo 407-10 1
Profesional universitario 219-02 1
Técnico operativo 314-03 1 Gestión Administrativa
Secretario ejecutivo 425-10 1 de Bienes y Servicios
Profesional universitario 219-03 (servicios informáticos) 1
Profesional universitario 219-04 1
Financiera
Profesional universitario 219-03 2
Profesional universitario 219-02 1
Presupuesto
Técnico operativo 313-03 1

66. Por otra parte, se advierte que se aportó el Oficio del 23 de diciembre de 2019,
mediante el cual la jefe de la oficina de talento humano de la gobernación del
Magdalena respondió una petición presentada por Cisar Enrique Pérez Romo. Con
este documento se le entregó copia parcial del Decreto 537 del 30 de octubre de 2017
«[p]or el cual se ajusta el manual específico de funciones, requisitos y compentencias laborales
de los empleos adscritos a la administración central departamental del Magdalena» que se
reportaron en la OPEC.

67. Con lo anterior, se observa que para el 2019, época en la que se expidió la
convocatoria, el manual de funciones se había actualizado con el Decreto 537 de
2017, respecto del cual no se presentó ningún reparo. Sin embargo, la copia parcial
allegada de este último decreto indica que ajustó el manual específico de funciones de
las siguientes dependencias de la administración central:

• Gerencia de proyectos
• Oficina Asesora Jurídica
• Oficina Asesora de Comunicaciones
• Oficina de Control Disciplinario Interno
• Oficina de Turismo
• Oficina de Tránsito y Transportes
• Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto
• Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
• Secretaría General
• Oficina de Talento Humano
• Secretaría de Hacienda
• Oficina de Tesorería
• Oficina de Pensiones
• Secretaría Seccional de Salud
• Secretaría de Infraestructura
• Secretaría de Desarrollo Económico

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68. Esta situación permite enteder que la acusación está dirigida solamente a la
situación de la Secretaría de Educación Departamental, cuyo manual de funciones no
se había actualizado desde la expedición del Decreto 362 de 2014. Al respecto, se
allegó el Oficio E-2020-002055 del 14 de febrero de 2020 suscrito por la profesional
de talento humano y dirigido a Amet José Jiménez Zurita -aportado con la demanda-
se anotó lo siguiente:

«Asumido el cargo de Profesional de Talento Humano de la Secretaría de
Educación Departamental y revisada la documentación relacionada con el manual
de funciones actualmente vigente, se encontró lo siguiente:

1. No es posible expedir una certificación ajustada a la realidad laboral de la
Secretaría de Educación Departamental, teniendo en cuenta que no existe un
Decreto o un acto administrativo de distribución de la planta, en el que cada
funcionario y su cargo se ubique en las dependencias o áreas a que correspondan,
razón por la cual, los empleados que actualmente ocupan las vacantes reportadas
en la convocatoria 1303 de 2019, se encuentran laborando en áreas en la que es
posible, no cumplan con el perfil, aunado a esto, en administraciones anteriores se
han hecho rotaciones o reubicaciones sin acto administrativo que lo respalde y,
además, sin tener en cuenta la formación, la experiencia y el perfil profesional sobre
quien recae este tipo de movimientos al interior de la entidad.
[...]
3. El cuadro mencionado deja en evidencia la problemática a que se ha hecho
referencia en líneas anteriores, de manera que no es posible en la actualidad,
determinar qué cargos y funcionarios han sido afectados con las modificaciones
hechas por la entidad territorial, razón por la cual, se hace necesario realizar un
ajuste al manual de funciones, que resuelva de manera concreta cada situación en
particular, organizando para tal efecto las dependencias o áreas de la Secretaría de
Educación Departamental, de tal forma que se distribuyan los empleos y
funcionarios de acuerdo a la necesidad del servicio y, por supuesto, respetando las
garantías mínimas propias de las relaciones legales y reglamentarias.

4. Precisamente dicha problemática dio lugar a la celebración de contrato estatal
entre la entidad y un tercero, que tuvo como objeto ajustar el manual de funciones
de los empleos pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría de
Educación Departamental, contenido en el Decreto 362 del 8 de octubre de 2014,
obedeciendo lo anterior, como quedó sustentado en los respectivos estudios
previos, a una serie de inconsistencias o problemáticas reflejadas en los perfiles y
funciones de la mayoría de funcionarios, las cuales no se ajustaban a los fines y
misiones de la entidad, por lo que resultaba necesario ampliar las áreas funcionales,
con el fin de atender las distintas necesidades y realidades que establece la
prestación del servicio educativo, aunado esto que educación no fue incluida en el
proceso de rediseño institucional llevado a cabo por la administración
departamental en el pasado Gobierno.

5. No obstante lo anterior, pese a haberse remitido el proyecto de acto
administrativo de ajuste al despacho de la Gobernación, como consta en oficio I-
2019-011779 e I-2019-012095 del 13 y 21 de agosto de 2019, respectivamente,
realizado el respectivo proceso de socialización ante las organizaciones sindicales
y funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, éste finalmente no fue
expedido, por lo que la problemática aún continúa presentándose.
[...]
7. Finalmente, esta problemática del manual de funciones, se ha intentado resolver por
parte del área de talento humano de la Secretaría de Educación Departamental, en
reiteradas oportunidades, antes de la publicación de la convocatoria, incluso, durante el
curso de dicho proceso, dando lugar a la elaboración y proyección de actos
administrativos de ajuste, como así lo acreditan los oficios remitidos en su momento al
despacho de la Gobernación, sin obtener respuesta al respecto»

69. De acuerdo con este documento, algunos empleados que ocupaban vacantes
reportadas en la Convocatoria 1303 de 2019 desarrollaban sus funciones en áreas

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para las que no cumplían con el perfil. De ello podría deducirse la necesidad de ajustar
el manual, sin embargo, no se advierte que este cargo se dirija al contenido del acuerdo
de la CNSC.

70. Igualmente, el Oficio del 26 de abril de 2022 de la Secretaría de Educación del
departamento del Magdalena dirigido a la Asamblea Departamental permite constatar
que, para esa fecha, no se había actualizado el manual de funciones desde la
expedición del Decreto 362 de 2014.

71. A pesar de lo anterior, es importante precisar que el manual de funciones y
competencias laborales es un acto autónomo e independiente del acuerdo por el cual
se expidió la convocatoria al concurso de méritos. En efecto, la Subsección A de la
Sección Segunda de esta corporación concluyó que ambos instrumentos no integran
un acto complejo. Ello en atención a que las decisiones en mención no guardan una
relación de interdependencia ni cumplen con las características de unidad de finalidad
u objeto y contenido41. Sobre el punto, la providencia explicó:

«[…] en cuanto a la carencia de unidad de contenido, finalidad u objeto, se pone de
presente que, por un lado, el manual específico de funciones y competencias
laborales de una entidad es una herramienta de gestión del empleo que establece
las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que compone la
planta de personal de esta, al igual que las exigencias para su desempeño, las
cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros factores con los que se
miden las aptitudes requeridas para ocupar un determinado empleo42. En ese
sentido, no obstante que estos manuales son de suma relevancia para las
convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir de ellos se estructura la
OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota allí, pues estos también
sirven de parámetro para otras formas de provisión de los empleos y, en general,
para el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, tal y como lo
consagra el artículo 122 de la Constitución43.

Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que garanticen
la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para ocupar los cargos
vacantes de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo resulta influida por el
contenido de los manuales de funciones a través de la OPEC, aborda otros temas
que la diferencian de dichos actos administrativos y que son propios de la regulación
de un concurso abierto de méritos, como son la inscripción, las pruebas del
certamen y las reclamaciones y recursos que se pueden presentar en él […]

72. Pues bien, en atención a la naturaleza y carácterísticas del manual de funciones
señalados en el capítulo 2.3.3. de esta providencia, que reflejan su autonomía e
independencia, en armonía con la tesis expuesta, se infiere que su falta de
actualización no invalidaba la convocatoria de cara al concurso de méritos.
Ciertamente, el carácter de acto adminsitrativo conllevaba los atributos de presunción
de legalidad, ejecutoriedad, obligatoriedad y ejecutividad. Por ende, no era exigible de
la CNSC hacer un control de legalidad que está reservado a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo44.

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2013, radicado:

11001032500020210020900 (1324-2021), demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros.
42 La providencia citó: «Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 11001-03-25-000-2020-00724-00 (2125-
2020)»
43 La providencia citó: «CP, art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en

ley o reglamento […]”».
44 En este mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-25-000-2021-00316-00 (1717-2021).

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73. En todo caso, en la OPEC se establecieron los cargos y las funciones que
desarrollaría cada uno. Así las cosas, el presunto desconocimiento de los artículos 19
de la Ley 909 de 2004; 2.2.6.34, 2.2.3.9 y el parágrafo 4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto
1083 de 2015 se dirigió a controvertir la validez del manual de funciones y
competencias laborales contenido en el Decreto 362 de 2014, como sustento de la
Convocatoria 1303 de 2019, por lo que no tiene vocación de prosperidad.

2.4.2. El reporte cargos en la OPEC

74. La demanda aseguró que la entidad territorial beneficiaria del concurso no reportó
la totalidad de cargos vacantes en la entidad, que debían ser provistos con el personal
que superara el proceso de selección posiblemente, por « por razones de opinión
política», sin embargo, no reveló cuántos empleos se encontraban vacantes en realidad
para la época del reporte de la OPEC.

75. Se observa que el acto acusado reguló lo siguiente:

«Artículo 8.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera -OPEC-, que se convocan para este proceso de
selección son:

NIVEL NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE VACANTES
PROFESIONAL 69 74
TÉCNICO 24 25
ASISTENCIAL 97 201
TOTAL 190 300

PARÁGRAFO: La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido
suministrada por la GOBERNACIÓN DE MAGADALENA y es de responsabilidad
exclusiva de esta. En caso de diferencia entre la Oferta Pública de Empleos de
Carrera -OPEC y el Manual de Funciones que sirvió como insumo para el presente
proceso de selección, prevalecerá el respectivo manual; así mismo, en caso de
presentarse diferencias entre el manual de funciones suministrado por la entidad
pública y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior.
[…]»

76. Asimismo, se allegó el documento denominado «PLAN ANUAL DE VACANTES
2016», de acuerdo con el cual la planta de personal del departamento del Magdalena
estaba integrada por un total de 240 empleos de acuerdo con la planta fijada por medio
del Decreto 0227 del 10 de mayo de 2016, integrada de la siguiente manera:

DECRETO 0227 DEL 10/05/2016
ASIGNACIONES CIVILES
NIVELES N.° DE CARGOS
DIRECTIVO 20
ASESOR 16
PROFESIONAL 114
TÉCNICO 36
ASISTENCIAL 53
GOBERNADOR 1
TOTAL CARGOS 240

77. El plan anual de cargos de 2016 informó de un total de 79 vacantes en diferentes
dependencias dentro de las cuales no estaba la de la Secretaría de Educación, para

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la respectiva vigencia. Es evidente que este número difiere de los 300 empleos
convocados a concurso en el año 2019.

78. Asimismo, los antecedentes administrativos del acto acusado allegados por la
gobernación del Magdalena permiten verificar que se registró la siguiente información
en la OPEC:

Resumen de empleos por nivel jerárquico
Nivel Cantidad de empleos Cantidad de vacantes
Asistencial 97 201
Profesional 69 74
Técnico 24 25
Total 190 300

Resumen de empleos por estado de provisión
Estado de provisión Cantidad de vacantes
Prepensionado 42
No provisto 7
Provisto en encargo 26
En provisionalidad 225
Total 300

79. Enparticular, para la Secretaría de Educación departamental se ofertaron 46
empleos así:

Cantidad de
Cargo OPEC
cargos
Profesional 219-02 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840 y 4841 7
Profesional 219-03 5936, 5935, 5934, 5948, 5947, 5946, 5944, 19
5943, 5942, 5941, 5940, 5939, 5938 y 5937
Profesional 219-04 6891 y 6890 2
Profesional 222-05 7680, 7677, 7678, 7682, 7681 y 7679 6
Técnico operativo 314-03 21159, 21160, 21161, 21162 y 21163 6
Auxiliar administrativo 407-10 30419 y 30418 3
Auxiliar administrativo 407-11 30769, 30768 y 30767 3

80. De los documentos allegados al expediente, no es posible determinar la
dependencia a la cual estaban asignados cada uno de los anteriores cargos objeto de
la OPEC, de acuerdo con el mencionado Decreto 362 del 8 de octubre de 2014, que
ajustó el manual de funciones.

81. Pero, adicionalmente en el Oficio E-2019-022508 del 30 de diciembre de 2019, la
jefe de talento humano de la gobernación del Magdalena resolvió una petición
presentada por los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental para
indicar en relación con las vacantes convocadas y explicó:

«[…] esta Oficina informa que es inexacta la afirmación de existencia de 300
vacantes. Importante es aclarar que la enunciación y descripción de los cargos
objeto de concurso, obedece a los empleos existentes a la fecha de reporte del
ente territorial a la CNCS. Hecho que se produjo en diciembre de 2016. Se
resalta que dicho reporte constituye una actuación de obligatorio cumplimiento
para la entidad, so pena de verse incursa en responsabilidades legales para los
servidores de la Gobernación. Así mismo, ello se produjo siguiendo los estrictos
e inmodificables plazos estipulados por la CNSC. Siguiendo este mandato la

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administración ha solicitado a la CNSC la apertura de la Plataforma para realizar
el reporte de los empleos generados luego del reporte de 2016 y a la fecha nos
encontramos a la espera de la apertura y habilitación para realizar este reporte.
[...]» [sic]

82. Ahora, de las pruebas allegadas al proceso no se determina el número de vacantes
definitivas que existían en la Secretaría de Educación departamental para el año 2019.
Sin embargo, la posible diferencia que pudo presentarse la explicó este último
documento. Precisamente, en atención al proceso de planeación previa al concurso,
era viable que, para el año 2019, se hubiera presentado un mayor número de empleos
por proveer al que se registró en 2016. Ciertamente, la CNSC suscribió el Oficio
20196001173992 del 17 de febrero de 2020 dirigido a Amet José Jiménez Zurita en el
cual explicó que desde el año 2018 se inició el proceso de planeación conjunta de la
Convocatoria 1303 de 2019.

83. No obstante, con la Resolución CNSC – 20192330013315 del 08 de marzo de 2019
«[p]or la cual se dispone el recaudo de unos recursos por parte de la Gobernación del
Magdalena» es posible constatar que este proceso se originó en el año 2016. Es así
por cuanto el 13 de enero de 2017 la CNSC solicitó la apropiación de recursos a cargo
del presupuesto del ente territorial para la financiación del concurso. Ello explica
razonablemente el motivo por el cual el proceso se adelantó con la información
correspondiente al año 2016.

84. En el mismo sentido, en el Oficio del 23 de diciembre de 2019 la jefe de talento
humano de la gobernación del Magdalena que resolvió una petición indicó:

«[…] valga aclarar que en las vigencias 2017, 2018 y 2019 la administración Central
Departamental del Magdalena, por intermedio de la Oficina de Talento Humano ha
informado permanentemente a la Comisión Nacional del Servicio Civil todas las
Vacantes definitivas que se han suscitado por diferentes situaciones
administrativas, tales como renuncias, retiro por pensión, fallecimiento etc.

Finalmente se hace necesario reiterar que este Ente Departamental surtió el trámite
de solicitud ante la [CNSC], para que nos sea [autorizado] el ingreso a la plataforma
SIMO, para efectuar el reporte de las vacantes definitivas que se han generado
posterior al reporte efectuado en la Vigencia 2016, de las cuales le reitero que la
[CNSC] ya tiene conocimiento de su existencia, por ende dichas vacantes definitivas
harán parte de la convocatoria que ya se encuentra en curso, una vez lo determine
la mencionada entidad; órgano competente para adelantar los concursos de méritos
[…]»

85. A lo anterior se agrega que, es cierto que las unidades de personal deben actualizar
el Plan Anual de Vacantes. Sin embargo, los artículos 15.2. literal b), 17 y 19 de la Ley
909 de 2004 no exigen que el proceso de selección deba realizarse con las vacantes
reportadas en la vigencia inmediatamente anterior o que dicha circunstancia invalide
el concurso de méritos. En efecto, ello obedece a la necesidad de la planificación en
cuanto a cargos por proveer y el costo presupuestal anterior a la ejecución de la
convocatoria.

86. En esas condiciones, lo relacionado con el reporte de vacantes no vicia de nulidad
la actuación adelantada a través del Acuerdo CNSC - 20191000004476 del 14 de
mayo de 2019. En cualquier caso, no solo subsistía la posibilidad de adelantar nuevos
procesos de selección, como lo señaló la parte demandada, sino que la lista de
elegibles que se conformara dentro ese proceso tendría vigencia de 2 años (artículo
36). Además, la entidad cuenta con instrumentos jurídicos destinados a permitir la

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provisión de cargos en propiedad. Entre ellos se encuentra el Banco Nacional de Listas
de Elegibles previsto en el artículo 11, literal e), de la Ley 909 de 2004.

87. En ese orden, de las actuaciones adelantadas por las entidades demandadas en
cuanto a la oferta de empleos vacantes no es posible deducir la vulneración del
derecho a la igualdad alegada por los demandantes ni de los artículos 15.2. literal b),
17 y 19 de la Ley 909 de 2004. Por lo tanto, el proceso de planeación del concurso no
se encuentra viciado de irregularidad por este aspecto.

88. Por otra parte, se advierte que a pesar de que la demanda manifestó que
posiblemente la verdadera finalidad que tuvo la expedición del acto obedeció a
«razones de opinión política», lo cierto es que no demostró tal desviación de las
atribuciones propias de administración del concurso. Contrario a ello, no se logró
desvirtuar que la Convocatoria 1303 de 2019 hubiese sido expedida para la selección
del personal por el sistema de carrera administrativa, de acuerdo con la información
que el departamento del Magdalena le reportó a la CNSC. Por lo tanto, no se probó la
vulneración del artículo 125 de la C.P.

89. En esas condiciones, no tiene vocación de prosperidad el cargo relacionado con el
reporte de vacantes para efectos de que se adelantara el concurso iniciado con la
Convocatoria 1303 de 2019.

2.4.3. El desconocimiento de la sentencia C-183 de 2019

90. La convocatoria a concurso supone el ejercicio de funciones separadas e
independientes de la CNSC y de las entidades beneficiarias. Estas competencias
deben coordinarse para lograr la finalidad propuesta, esto es, la selección del personal
que desempeñará empleos públicos con base en el principio del mérito. Antes se
mencionó que el proceso de planeación de la Convocatoria 1303 de 2019 se inició
desde el año 2017, con la participación del departamento del Magdalena y de la CNSC,
lo cual explicaría que la OPEC se realizó con la información del 2016.

91. Además, la falta de actualización del manual específico de competencias laborales
no invalidaba el acto de convocatoria a concurso de méritos ni le correspondía a la
CNSC «constatar la veracidad o rectitud»45 ni mucho menos la validez del Decreto 362
de 2014, pues su elaboración era competencia exclusiva del ente territorial. A lo
anterior se agrega que el Acuerdo CNSC-20191000004476 del 14 de mayo de 2019
fue suscrito tanto por el presidente de la CNSC como por la representante legal de la
gobernación del Magdalena.

92. En línea con lo anterior, el 23 de diciembre de 2019, la jefe de talento humano de
la gobernación del Magdalena se refirió a la solicitud presentada por Cisar Enrique
Pérez Romo y Ruby Ponce Baldovino. Entre otros aspectos, el documento describió
las actuaciones que el ente territorial realizó previas a la expedición de la convocatoria
al proceso de selección, en los siguientes términos:

«La Administración Central Departamental del Magdalena, en cumplimiento de los
cronogramas establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo
referente a la Convocatoria N.° 1303 de 2019 Territorial Boyacá, Cesar y
Magdalena, regida por el acuerdo 20191000004476 del 11 de [m]ayo de 2019,

45 Op. Cit. Subsección A, sentencia del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-25-000-2021-00316-

00 (1717-2021).

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firmado entre este Ente Departamental y la CNSC, se reportaron en la OPEC todos
los cargos en vacancia definitiva provistos o no provistos en la vigencia 2016, con
base en el Plan Anual de Vacantes […], para los cuales se realizaron las etapas de
socialización, planificación y financiación en las vigencias 2017, 2018 y 2019, es
decir, en el cuatrienio 2016 a 2019 se inició y se garantizó la realización del
concurso de mérito en la entidad, las vacantes definitivas generadas en las
siguientes vigencias fueron informadas a la CNSC y la administración
departamental solicitó apertura de SIMO para su reporte para provisión definitiva
mediante concurso de méritos».

93. El mismo documento informó que el 13 de julio de 2017 la CNSC expidió el radicado
20172330291721, en el cual le solicitó al ente territorial que apropiara en su
presupuesto los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de la respectiva
convocatoria por valor de $1.050.000.000.

94. En cuanto al aspecto presupuestal, lo anterior es coherente con los antecedentes
administrativos del acuerdo acusado allegados, dentro de los cuales se encuentra la
Resolución CNSC – 20192330013315 del 08 de marzo del 2019 «[p]or la cual se dispone
el recaudo de unos recursos por parte de la Gobernación del Magdalena», que en su parte
motiva indicó:

«[…] la CNSC adelantó en coordinación con la Gobernación del Departamento del
Magdalena, la etapa de planeación de la convocatoria pública es así como la citada
Gobernación reportó la existencia de CIENTO NOVENTA (190) empleos con
TRESCIENTAS (300) vacantes, en la Oferta Pública de Empleos de Carrera
Administrativa – OPEC, a través del aplicativo SIMO, para proveerlas por mérito.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante radicado N.° 20172330291721
del día 13 de julio de 2017, solicitó al [departamento] apropiar en su presupuesto
los recursos para cofinanciar y cubrir los costos de la respectiva convocatoria, en
un valor estimado de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000.00) por vacante
a proveer.

Que la Gobernación del Departamento del Magdalena mediante radicado CNSC N.°
20186000267892 del día 9 de abril de 2018, certificó la disponibilidad presupuestal
con el N.° 339 del 23 de marzo de 2018, por valor de SETECIENTOS MILLONES
DE PESOS ($700.000.000,00) de los MIL CINCUENTA MILLONES
($1.050.000.000,00) previstos para los empleos a proveer; garantizando en el
presupuesto de rentas y gastos en la vigencia 2018, el total de los recursos para el
desarrollo del concurso de méritos.

Que el 17 de agosto de 2018, la Gobernación del Departamento del Magdalena
efectuó el pago de los SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000,00), a
nombre de la CNSC, con destino a financiar cien (100) vacantes, cubriendo así la
totalidad de los costos que le corresponden en desarrollo del proceso de selección
para proveer por mérito las vacantes de carrera administrativa pertenecientes a su
planta de personal.

Que con el fin de formalizar el recaudo de los recursos por valor de TRESCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00), transferidos por la
Gobernación del Departamento del Magdalena, antes mencionado, la CNSC
procede a imputar el mismo mediante la expedición del presente acto […]» (sic)

95. Este acto de imputación presupuestal, que no fue cuestionado ni desvirtuado por
los demandantes, permite constatar lo relacionado con la planeación económica y la
viabilidad de recursos para el proceso de selección. Asimismo, el informe de la CNSC
con destino a este proceso indicó que recaudó un total de $1.050.000.000, de acuerdo
con el mencionado acto y con la Resolución 20182330058015 del 8 de junio de 2018
para el concurso, así:

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Fecha de Número de
Valor Fecha de Pago Pagos
resolución Resolución
8/03/2019 1331 $ 350.000.000,00 28/02/2019 $ 350.000.000,00
8/06/2018 5801 $ 700.000.000,00 17/08/2018 $ 700.000.000,00

96. De todo lo expuesto, no se deduce que la CNSC hubiera incumplido con los
aspectos señalados en la sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional. En
efecto, la expedición de la Convocatoria 1303 de 2019 acató el punto (i) de la condición
impuesta por la sentencia C-183 de 2019 de la Corte Constitucional. Igualmente, la
actuación también se encuentra ajustada al punto (ii), referido a la realización del
concurso previo cumplimiento de los presupuestos de planeación y presupuestales,
desarrollados bajo el principio de colaboración armónica.

97. En esa medida, el cargo formulado por los demandantes sobre el presunto
desconocimiento de los artículos 53 y 209 de la C.P. y 31 de la Ley 909 de 2004 no
tiene vocación de prosperidad.

2.5. Conclusión

98. El Acuerdo CNSC2019000004476 del 14 de mayo de 2019 no desconoció los
artículos 15.2 literal b),17, 19 y 31 de la Ley 909 de 2004, 2.2.6.34, 2.2.3.9, parágrafo
4 del artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 y de la sentencia C-183 de 2019 y
vulneración de los artículos 13, 29, 53, 125, 130 y 209 de la C.P, por lo siguiente:

• La falta de actualización del manual de funciones y competencias laborales
contenido en el Decreto 362 de 2014, no invalidaba la convocatoria a concurso
de méritos. Además no le correspondía a la CNSC constatar la veracidad de
dicho acto.

• Tampoco se demostró irregularidad alguna en el reporte de vacantes definitivas.
En este sentido, el hecho de que se hubieran informado las vacantes del plan
anual reportado en el año 2016 obedece a que el proceso de planeación del
concurso se inició por esa época.

• La Convocatoria 1303 de 2019 fue suscrita tanto por el presidente de la CNSC
como por la representante legal de la gobernación del Magdalena. En todo caso,
se demostró y no se desvirtuó que la expedición del acto cumplió con los
presupuestos de planeación administrativa y presupuestal, desarrollados de
acuerdo con el principio de colaboración armónica de ambas entidades.

99. En
consecuencia, se negará la pretensión de nulidad formulada por los
demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021)
Demandante: Amet José Jiménez y otros

FALLA

Primero. – Negar la pretensión de nulidad del Acuerdo CNSC - 20191000004476 del
14 de mayo de 2019 «por el cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección
para proveer definitivamente los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA-
Convocatoria No.1303 de 2019 – Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena» formulada en la
demanda interpuesta por Amet José Jiménez Zurita y Cisar Pérez Romo contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil y el departamento del Magdalena.

Segundo. – Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LMMO

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