Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01371-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01371-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01371-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
24 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 110010315000 2022 01371 00
Demandante: Carlos Felipe Urazán Bonells
Demandado: Universidad de Pamplona1
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por el señor Carlos Felipe Urazán Bonells
contra la sentencia de 21 de mayo de 2021 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la acción de controversias
contractuales identificada con el número único de radicación 54001 23 31 000
2009 00321 01.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) el recurso
extraordinario de revisión; iii) consideraciones de la Sala; y iv) resuelve; las cuales
se desarrollan a continuación.
1 De conformidad con el artículo 1.° del Acuerdo 027 de 25 de abril de 2002 expedido por el Consejo Superior
de la Universidad de Pamplona, la Universidad de Pamplona “[…] es un ente universitario autónomo, del
orden departamental, con régimen especial y vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que se
refiere a las políticas y planeación del sector educativo, con personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera, patrimonio independiente. Reconocida como universidad por el Decreto 1550 del
13 de agosto de 1971 […]”.
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I. ANTECEDENTES
La demanda de la acción de controversias contractuales
1. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells, presentó demanda2 contra la
Universidad de Pamplona, en ejercicio de la acción de controversias
contractuales3, para que se declarara la nulidad de las resoluciones núm. 0159 de
8 de mayo de 2009 y 0209 de 6 de julio de 2009, por medio de las cuales se
declaró el incumplimiento del “contrato de contraprestación de servicios”, en
adelante el contrato que suscribió, en calidad de docente ocasional en comisión
de estudios en el exterior, con la Universidad de Pamplona.
2. Además, solicitó que: i) se declare que la Universidad de Pamplona
incumplió el contrato y, en consecuencia, es civilmente responsable por los
perjuicios causados; y ii) se condene a la demandada al pago de los salarios y
demás prestaciones que debió recibir como docente en esa Universidad por un
periodo de 136 meses y 12 días.
Presupuestos fácticos
3. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones:
3.1. El Consejo Superior de la Universidad de Pamplona, mediante Acuerdo
núm. 096 de 15 de septiembre 20044, le concedió comisión de estudios como
docente ocasional de tiempo completo por el término de tres (3) años, contado a
partir de 1.º de octubre de 2004, prorrogada hasta el 15 de julio de 2018, con el
objeto de que adelantara estudios de doctorado en Gestión del Territorio e
Infraestructuras del Transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña en
Barcelona – España.
2 Por medio de apoderado.
3 Prevista en el artículo 87 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código
Contencioso Administrativo”.
4 “[…] Por el cual se concede Comisión de Estudios, al Docente de Tiempo Completo Ocasional, CARLOS
FELIPE URAZÁN BONELLS […]”.
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3.2. Sostuvo que, para establecer las condiciones de la comisión de estudios,
suscribió con la Universidad de Pamplona un contrato el 30 de septiembre de
2004, en el cual pactaron, entre otros: i) que prestaría “[…] sus servicios como
docente en la Universidad de Pamplona, por un tiempo equivalente a tres veces
el tiempo de la Comisión de Estudios […]”; ii) en caso de terminación de la
comisión por causa que le fuera atribuible o incumplimiento de su parte, restituiría
a la Universidad los dineros que esta hubiera invertido por cualquier concepto
durante el tiempo de la comisión; y iii) una cláusula penal en pesos colombianos.
3.3. Manifestó que, el 8 de agosto de 2008 a su regreso al país, se presentó
ante el Rector de la Universidad de Pamplona, para efectos de realizar su
vinculación a la Universidad como docente e iniciar con la contraprestación de
servicios pactada y, en este sentido, indicó que la Universidad debía asignarle
responsabilidades académicas y las cátedras que debía impartir; sin embargo,
indicó que en el segundo semestre de 2008 la Universidad no le realizó el
nombramiento ni le asignó las cátedras que debía dictar.
3.4. Adujo que la Secretaría General de la Universidad de Pamplona, en
diversas ocasiones, le exigió que se presentara en sus instalaciones para iniciar
la contraprestación de los servicios, “[…] ignorando todas las citas y reuniones que
paralelamente se estaban desarrollando con el fin de encontrar la forma de
aprovechar los estudios que […] había adelantado en España, pero nunca para
notificarle, ni siquiera informarle su nuevo nombramiento requisito sine qua non
para recibir válidamente carga académica por parte de la Universidad […]”, motivo
por el cual, propuso la suspensión del contrato.
3.5. Manifestó que comunicó al Rector de la Universidad de Pamplona el 11 de
noviembre de 2008 que, “[…] ante el incumplimiento de la Universidad, se
considera relevado de cumplir con la reciprocidad pactada […]”.
3.6. Sostuvo que la Universidad de Pamplona el 18 de diciembre de 2008 le
remitió una minuta con la suspensión del contrato hasta el 27 de julio de 2009; a
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lo cual informó que no podía aceptarla por un semestre, atendiendo a que había
asumido compromisos laborales para todo el año 2009.
3.7. Refirió que el Decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la
Universidad de Pamplona el 3 de febrero de 2009 le informó la asignación de
responsabilidades académicas para el primer semestre del año 2009; sin
embargo, al no estar vinculado como docente, es “[…] nula y sin valor alguno esa
actuación […]”.
3.8. La Universidad de Pamplona, mediante la Resolución núm. 0159 de 8 de
mayo de 2019, confirmada por medio de la Resolución núm. 0209 de 6 de julio de
2019, declaró el incumplimiento del contrato, al considerar que había incumplido
con la contraprestación acordada, y ordenó la restitución de los dineros invertidos
por la Universidad. En este sentido, señaló que se ordenó restituir una suma mayor
a la recibida, se indexó el dinero que debía restituir en dólares americanos y se
cobró la obligación principal y la pena, causándole perjuicios económicos.
Normas violadas y concepto de violación
4. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells invocó como normas violadas, las
siguientes:
• Artículos 2, 6, 25, 83, 90 y 124 de la Constitución Política.
• Artículos 1594, 1602, 1603, 1609, 1610 y 1613 del Código Civil.
5. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells explicó el concepto de violación, en
los siguientes términos:
5.1. Sostuvo que la Universidad de Pamplona al expedir las resoluciones núm.
0159 de 8 de mayo de 2019 y 0209 de 6 de julio de 2019 vulneró la Constitución
Política, toda vez que, desconoció los postulados de imparcialidad, buena fe, los
fines esenciales del Estado, el derecho al trabajo y se extralimitó en el ejercicio de
sus atribuciones al declarar incumplimiento del contrato.
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5.2. Respecto al cumplimiento del contrato, adujo que:
5.2.1. Cumplió con la obligación principal de graduarse del doctorado dentro del
plazo para el cual le fue concedida la comisión de estudios.
5.2.2. La contraprestación de servicios pactada estaba sujeta a la condición de
que la Universidad de Pamplona lo vinculara periódica y oportunamente como
docente ocasional de tiempo completo y le asignara una responsabilidad
académica correspondiente con los estudios de doctorado que realizó.
5.2.3. Una vez recibió el título de doctor, estuvo a disposición de la Universidad
de Pamplona para cumplir con su obligación de contraprestación de servicios; sin
embargo, y a pesar de las diferentes conversiones que sostuvo con el Rector y
otras personas de la Universidad, no fue vinculado nuevamente como docente ni
se le asignó responsabilidad académica que correspondiera con sus estudios de
doctorado; por lo cual, la Universidad incurrió en mora, incumpliendo el contrato.
5.3. Señaló que la mora en que incurrió la Universidad, excluye el incumplimiento
declarado mediante las resoluciones acusadas, por cuanto, no podía cumplir la
contraprestación pactada hasta que la Universidad realizará su nombramiento
como docente.
5.4. En ese sentido, indicó que los requerimientos realizados por la Secretaría de
la Universidad de Pamplona para que se presentara carecían de “[…] sentido
práctico, mientras […] no produjera los actos administrativos necesarios para
iniciar la prestación de sus servicios como docente ocasional de tiempo completo
[…]”.
5.5. Afirmó que, en la liquidación anexa a las resoluciones acusadas, se liquidó
un valor superior al que se debía restituir, por cuanto la restitución debía realizarse
en pesos colombianos y la Universidad no tuvo en cuenta que “[…] por estar la
obligación en dólares, […] la liquidación debe hacerse a la tasa representativa del
mercado para el día de su exigibilidad y no es procedente la indexación […]”;
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añadió que mediante los actos acusados no se estableció que se tuviera que pagar
la cláusula penal, sin embargo fue liquidada, sin que previamente se le haya
constituido en mora, por lo cual el acreedor solo podía exigir el cumplimiento de la
obligación principal.
5.6. Por último, en el acápite de competencia y cuantía, indicó que: i) los
perjuicios reclamados se determinaban por los salarios y prestaciones dejadas de
recibir durante el tiempo que debió prestar sus servicios como docente de la
Universidad de Pamplona de acuerdo con el contrato; y ii) el Rector de la
Universidad de Pamplona no estaba facultado para terminar los contratos
suscritos por la Universidad, en consecuencia, expidió los actos demandados sin
competencia.
Contestación de la demanda
6. La Universidad de Pamplona contestó a la demanda5 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
6.1. Indicó que el señor Carlos Felipe Urazán Bonells incumplió el contrato, por
cuanto: i) no acreditó el título de doctor; y ii) no aceptó los ofrecimientos realizados
por la Universidad para la contraprestación de servicios, al manifestar que no
correspondían con su perfil profesional y que por motivos personales debía
permanecer en Bogotá D.C., por lo cual solicitó que se le permitiera contraprestar
sus servicios en la futura sede de posgrados en Chía - Cundinamarca.
6.2. Resaltó que la Universidad, ante la constante renuencia del señor Carlos
Felipe Urazán Bonells en aceptar las ofertas realizadas, declaró el incumplimiento
del contrato.
6.3. Por último, indicó que el Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo
030 de 2009, adicionado y aclarado mediante Acuerdo 060 de 2009, y facultado
para el efecto, ordenó la terminación de la comisión de estudios y declaró el
incumplimiento del contrato.
5 Mediante apoderado.
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Sentencia de 25 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander dentro de la acción de controversias contractuales
identificada con el número único de radicación 54001 23 31 000 2009 00321
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7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia resolvió:
“[…] PRIMERO: Declárase la nulidad de los siguientes actos: a.-) Resolución No.
0159 del 8 de mayo del 2009, expedida por la Rectora de la Universidad de
Pamplona, mediante la cual se declaró que el señor CARLOS FELIPE URAZÁN
BONELLS, incumplió las obligaciones derivadas del contrato de contraprestación
de servicios suscrito entre éste y la Universidad de Pamplona el día 30 de
septiembre de 2004; b.-) Resolución No. 0209 del 6 de julio del 2009, expedida por
la Rectora de la Universidad de Pamplona, mediante la cual se confirmó en todas
sus partes la Resolución No. 0159 del 8 de mayo de 2009.
SEGUNDO: Declárese que la Universidad de Pamplona incumplió el contrato de
contraprestación de servicios celebrado con el señor CARLOS FELIPE URAZÁN
BONELLS, día 30 de septiembre de 2004, al haber omitido su vinculación como
docente y asignado carga académica, conforme lo explicado en la parte motiva.
TERCERO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Devuélvase a la parte actora los gastos ordinarios del proceso o su
remanente, si lo hubiere.
QUINTO: Una vez en firme la presente providencia, archívese el expediente, previas
las anotaciones secretariales de rigor […]”.
Consideraciones del Tribunal
8. Para fundamentar su decisión, consideró que la Universidad de Pamplona
había incumplido el contrato suscrito con el demandante y no se probó el daño
reclamado por este, toda vez que:
8.1. El objeto primario de la comisión de estudios y del contrato consistió en que
el señor Carlos Felipe Urazán Bonells obtuviera el título de doctor, para luego
replicar los conocimientos adquiridos a los alumnos de la Universidad por un lapso
de 9 años; así, la obligación del señor Carlos Felipe Urazán Bonells de prestar sus
servicios como docente en contraprestación por la comisión de estudios surgió a
partir de la obtención del título de doctor, el 15 de julio de 2008, y requería, como
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condición indispensable, que la Universidad lo vinculara como docente y le
asignara la carga académica.
8.2. Indicó que se encontraba probado que el señor Carlos Felipe Urazán Bonells
acudió insistentemente ante la Universidad, a partir del 11 de agosto de 2008, para
solicitar la expedición del acto de nombramiento como docente y la asignación de
la carga académica para iniciar contraprestación de servicios pactada.
8.3. La Universidad de Pamplona no probó que hubiese expedido el acto de
nombramiento del señor Carlos Felipe Urazán Bonells como docente, a partir de
agosto de 2008, y asignado la carga académica para que cumpliera con su
obligación de prestar sus servicios; en este sentido, se probó que la Universidad
remitió al señor Carlos Felipe Urazán Bonells, hasta el 9 de febrero de 2009, la
responsabilidad académica que debía cumplir para el primer semestre de ese año.
8.4. En suma, consideró que la Universidad de Pamplona conoció que el plazo
para el inicio de la contraprestación por parte del señor Carlos Felipe Urazán
Bonells iniciaba el 16 julio de 2008, el señor Carlos Felipe Urazán Bonells estuvo
en disposición de iniciar la contraprestación desde agosto de 2008, la Universidad
no expidió el acto de nombramiento como docente y le asignó tardíamente la carga
académica; se presentó un incumplimiento contractual por parte de la Universidad.
Sobre los perjuicios reclamados
8.5. Consideró que, aun cuando se probó el incumplimiento del contrato por parte
de la Universidad, no había lugar al pago de los perjuicios reclamados, atendiendo
a que no estaban presentes los elementos de la responsabilidad contractual como
fuente de indemnización del daño antijurídico.
8.6. En esa medida, consideró que no era procedente el reconocimiento del lucro
cesante toda vez que: i) no existía la certeza de que efectivamente laboraría al
servicio de la Universidad de Pamplona por un lapso de 9 años; y ii) el señor
Carlos Felipe Urazán Bonells se vinculó a una universidad ubicada en otra ciudad
para el año de 2009, y, así hubiese tenido el domicilio en la ciudad de Pamplona,
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tampoco había certeza que hubiera laborado de manera continua e ininterrumpida
como docente doctor en la Universidad de Pamplona por dicho lapso.
Recurso de apelación
9. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los
siguientes argumentos:
9.1. Indicó que los contratos suscritos por la Universidad de Pamplona son
contratos estatales, cuyos efectos están sujetos a las normas civiles y comerciales
correspondientes.
9.2. Señaló que mediante los actos acusados “[…] fue llamado a responder por
los perjuicios derivados del incumplimiento que injustamente se le imputaba, cuya
tasación se hizo al tenor de las obligaciones contraídas en el contrato suscrito con
la Universidad, sin que el Estado, representado en dicha entidad educativa, se
detuviera a considerar circunstancias de eventual ocurrencia como una
enfermedad, una incapacidad, o un estado de insolvencia, por tratarse,
obviamente, de circunstancias ajenas a la obligación de resarcimiento que no
podían tenerse en cuenta […]”.
9.3. Adujo que, por la responsabilidad civil de la Universidad de Pamplona, por el
incumplimiento del contrato “[…] deviene lógico y equitativo, que ese
incumplimiento acarree también el pago de los perjuicios irrogados con ese hecho,
en la cuantía que se desprende de las obligaciones contractuales asumidas por la
Universidad, sin que en esa valoración puedan tenerse en cuenta en situaciones
hipotéticas, o circunstancias excepcionales. Basta, entonces, con tener en cuenta
las expectativas nacidas del texto contractual, las que […] le garantizaban […] una
vinculación laboral como docente de tiempo completo de la Universidad de
Pamplona, durante un lapso mayor a los once (11) años (136 meses y 12 días)
[…]”.
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9.4. Sostuvo que la Universidad de Pamplona al incumplir el contrato, por no
vincularlo como docente de tiempo completo por el periodo arriba indicado, se
debe suponer que cumpliría con su obligación, en beneficio mutuo de las partes,
“[…] sin que esa presunción pueda verse afectada por la conjetura de hechos de
incierta ocurrencia, como una enfermedad, un paro estudiantil, un secuestro, una
avenida, un terremoto, etc. […]”.
9.5. Manifestó que, “[…] en cuanto al hecho […] para poner en duda la certeza
de los perjuicios, consistente en que […] se radicó en la ciudad de Bogotá para
finales de 2008, es de advertirse que surgió por el incumplimiento por parte de la
Universidad de Pamplona, como está demostrado, por lo cual no puede servir de
apoyo para abstenerse de reconocer el lucro cesante contractual, dado que,
además, ello implicaría otorgarle a ese hecho la connotación de incumplimiento,
cuando ya sabemos que primero fue en el tiempo el incumplimiento de la
Universidad de Pamplona […]”.
9.6. Por último, solicitó que, en forma subsidiaria, se realizara la condena por los
perjuicios en abstracto.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
10. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 21 de mayo de 2021, en segunda instancia, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander […]”.
Consideraciones de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
11. Para fundamentar su decisión, precisó que el recurso de apelación estaba
orientado a obtener la indemnización de perjuicios, derivado de la declaratoria de
incumplimiento del contrato celebrado con la Universidad de Pamplona.
12. Indicó que, por regla general, la competencia del juez de segunda instancia
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se circunscribía a las referencias conceptuales y argumentativas planteadas
contra la decisión proferida en primera instancia, por lo que, en principio, los
aspectos no planteados por el recurrente se excluían del debate en la instancia
superior. Lo anterior, toda vez que en el recurso de apelación opera el principio de
congruencia, de acuerdo con el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad
de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del
mismo.
13. Señaló que otro de los límites a los cuales se encuentra sometida la
competencia del juez de segunda instancia, para efectos de proferir la sentencia
de segunda instancia, es la garantía de la no reformatio in pejus, por la cual no es
válidamente posible que, con su decisión, el juez agrave, empeore o desmejore la
situación que, en relación con el litigio correspondiente, le hubiere sido definida al
apelante único en la sentencia de primera instancia.
14. Consideró que el incumplimiento contractual se presentaba cuando el
comportamiento de una de las partes es opuesto a aquel en el que se concreta el
cumplimiento, bien sea por falta de ejecución, por ejecución defectuosa o por
ejecución tardía de las prestaciones, todo lo cual constituye un desconocimiento
de lo pactado en el contrato, que es ley para las partes.
15. Señaló que la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento
contractual requiere la concurrencia de los siguientes elementos: i) la existencia
de un contrato válidamente celebrado; ii) la preexistencia de una o varias
obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor; iii) el
comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento,
que, en el plano contractual, se traduce en la infracción de las cláusulas
contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de
cumplimiento de la prestación debida en la forma y en el tiempo establecidos, y iv)
un daño que tenga relación causal entre el comportamiento antijurídico del deudor
y la prestación insatisfecha. De los anteriores elementos, consideró que el daño
es el más importante, ya que la responsabilidad se fundamenta en la posición
jurídica de la víctima, cuya esfera patrimonial ha sido lesionada, y no en la
conducta del autor del daño.
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16. Agregó que para que surja el deber o la obligación de reparación, como
consecuencia del incumplimiento de un contrato, resultaba necesario acreditar la
existencia de los perjuicios que dicho incumplimiento hubiese generado.
17. Precisó que, si bien el señor Carlos Felipe Urazán Bonells y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander argumentaron que la asignación de carga
académica estaba condicionada a la vinculación previa como docente del
accionante, lo cierto era que esta situación no se encuentra acreditada en el
proceso, ya que era perfectamente viable que el demandante recibiera y aceptara
su carga académica antes de que se expidiera el acto de nombramiento.
18. Advirtió que el acto de nombramiento no era la única fuente generadora de
derechos y obligaciones para dictar las materias, puesto que, de lo convenido en
el contrato, se derivaba la obligación de recibir y dictar la carga académica,
bastando con ese contrato, que es ley para las partes, para exigirle al accionante
cumplir con las asignaturas que la Universidad le indicara.
19. Concluyó que los actos administrativos acusados no estuvieron falsamente
motivados, porque fue el señor Carlos Felipe Urazán Bonells quien incumplió el
contrato al no acceder a los requerimientos académicos de la Universidad. Por lo
que, no eran atendibles los argumentos del recurso de apelación, dirigidos a
obtener la indemnización de perjuicios, pues todos los daños que hubieran podido
generarse obedecieron al comportamiento propio del señor Carlos Felipe Urazán
Bonells.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
20. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells, presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión6 contra la sentencia proferida el 21 de mayo de
2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
6 Por medio de apoderado.
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segunda instancia, e invocó la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250
de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, según el cual, procede el recurso
extraordinario de revisión cuando existe una nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Pretensiones del recurso extraordinario de revisión
21. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells presentó las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. – Que se decrete la nulidad de la sentencia de segunda instancia,
de la referencia, proferida por la Sección Tercera Subsección A del H. Consejo de
Estado, por haber sido proferida con extralimitación de la competencia otorgada por
el recurso de apelación, causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
SEGUNDA. – Que se ordene que la Sala de la Sección Tercera Subsección A., que
en reemplazo de la sentencia anulada, proceda a resolver la apelación interpuesta
por el Ing. Carlos Felipe Urazán Bonells, teniendo como presupuesto inmodificable
el incumplimiento del contrato de contraprestación de servicios por parte de la
Universidad de Pamplona, conforme lo declaró el H. Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, en decisión ejecutoriada […]”.
22. Para sustentar la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión, expuso los siguientes argumentos:
22.1. Manifestó que presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, con el propósito de que se condenara a la Universidad a
resarcir los daños “[…] provenientes de su ilegal actuación […]”; lo anterior con
apoyo en las declaraciones contenidas en la sentencia de primera instancia sobre
la nulidad de los actos acusados y el incumplimiento contractual de la Universidad
de Pamplona.
22.2. Señaló que la competencia del juez de segunda instancia estaba restringida
a resolver sobre si la Universidad de Pamplona debía ser condenada al pago de
los perjuicios ocasionados por su incumplimiento contractual declarado en la
sentencia de primera instancia, por lo que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado no podía “[…] adentrarse en el debate ya definido de cuál
de las dos partes había faltado a sus compromisos contractuales […]”.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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22.3. Indicó que en la sentencia recurrida se modificó el pronunciamiento más
importante de la sentencia de primera instancia, el cual no fue objeto del recurso
de apelación, “[…] pero que además era requisito sine qua non para entrar a
considerar la procedencia al pago de los perjuicios […]”; por lo cual dejó sin
sustento el recurso de apelación.
22.4. Adujo que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
“[…] luego de advertir que le estaba vedado modificar lo relacionado con la culpa
contractual imputada por el a-quo a la Universidad de Pamplona […]”, confirmó la
sentencia apelada violando la prohibición de la no reformatio in peius, por cuanto
revivió debates sobre temas definidos en primera instancia y que no fueron objeto
del recurso de apelación.
22.5. Concluyó que desde el punto de vista objetivo el Consejo de Estado en la
providencia objeto del recurso “[…] confirma revocando […]”, por cuanto el
fundamento de la decisión es un criterio opuesto a lo considerado por el Tribunal
en la sentencia, el cual es pacífico entre las partes del proceso por no haber sido
objeto del recurso de apelación, y esa construcción teórica implicó la absolución
de la demandada, al concluir que la apelación no tenía vocación de prosperidad.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
23. La Universidad de Pamplona, notificada en debida forma8, no contestó la
demanda.
Concepto del Ministerio Público
24. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
8 Cfr. índice núm. 17 de Samai.
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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes
términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer
el recurso extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales y; vii) el análisis de
la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:
Competencia de la Sala
26. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem10, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°11 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo; y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201912: esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 21 de mayo de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
27. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión, que dispone:
“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”
9 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
10 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
11 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
12 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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28. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 21 de mayo de
2021. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 21 de junio de 202113 y el
recurso extraordinario de revisión se interpuso el 25 de febrero de 202214; es decir
dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.
Problema jurídico
29. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial, si la sentencia recurrida
fue proferida en forma incongruente por desbordar el objeto del recurso de
apelación y con vulneración del principio de no reformatio in pejus y, en esa
medida, si se debe declarar fundado o no el recurso extraordinario de revisión de
la referencia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión
30. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24915 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem,
sobre el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del
recurso.
31. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
32. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia 16, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
13 Cfr. índice núm. 39 de Samai en el proceso de la acción de controversias contractuales.
14 Cfr. índice núm. 2 de Samai.
15 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
16 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
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y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
33. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto,
riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto
el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con
lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se
utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las
partes, o para controvertir juicios de valor del fallador17. Al respecto, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación18 ha considerado lo
siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.
34. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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35. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.
36. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
37. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se
ha configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado
la que ha dotado de contenido esta disposición19.
38. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado20 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:
38.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
20 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de
2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.
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38.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
38.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
38.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
38.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
38.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
38.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
38.8. Cuando la providencia carece de motivación.
38.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.
39. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
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artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”21. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, evento en el que la parte demandante debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
40. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta22. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales
41. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 23, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.
42. Esta Corporación24 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia de 14 de agosto de 2018, número
único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia de 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
23 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.
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deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.
43. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.
44. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.
45. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el
juez puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:
“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta incongruente cuando se
falla de manera extrapetita, es decir, ‘por objeto distinto del pretendido en la
demanda’ o ‘por causa diferente a la invocada en esta’; asimismo, en los eventos
en que se condena al demandado de manera ultra petita, esto es, ‘por cantidad
superior a la solicitada en la demanda’ e, incluso, si se omite decidir sobre alguna
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de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta
de una decisión mínima petita.
Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]”25.
46. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de
una decisión mínima petita.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de la no
reformatio in pejus
47. Vistos los artículos: i) 31 de la Constitución Política, sobre la prohibición del
Superior de agravar la situación del apelante único; y ii) 328 de la Ley 1564, sobre
competencia del superior.
48. Al respecto, la prohibición para el fallador de hacer más gravosa la situación
del apelante único, quien se entiende impugna la providencia solo en lo
desfavorable, que indica que “[…] Toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá
agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único […]”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de
17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.
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49. La Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado, sobre la prohibición
de la no reformatio in pejus, en el marco del recurso extraordinario de revisión, a
través de sentencia del 7 de octubre de 2014 consideró que el ejercicio de la
impugnación para el apelante único, no le puede derivar efectos nocivos en lo
atinente a las ventajas reconocidas por el juez de primera instancia, así:
“[…] Por otra parte, si bien es cierto la competencia funcional del superior se delimita
por aquello que fue objeto del recurso de apelación, cuando se trate de un ‘apelante
único’, de esto no se sigue que el juez pierda competencia para valorar los medios
probatorios que le permitan estimar o denegar lo que es objeto del recurso. La regla
constitucional que proscribe la reformatio in peius, contenida en el inciso segundo
del Artículo 31 de la Constitución, impone al juez el deber de abstenerse de agravar
la situación definida en la sentencia primera instancia, cuando se esté en presencia
de ‘un único interés o múltiples intereses no confrontados’, esto es, de un ‘apelante
único’ […]”.
50. Su finalidad, por tanto, es permitir el libre ejercicio de los recursos, sin que
por el hecho de la impugnación se deriven efectos nocivos para el apelante único,
respecto de las situaciones ventajosas reconocidas por el juez de primera, salvo
que conforme lo señala el artículo 328 de la Ley 1564 “[…] en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con
ella […]”.
Análisis de la causal de revisión
51. La Sala procede a considerar si, en el caso sub examine, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:
51.1. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells, en la acción de controversias
contractuales, solicitó como pretensiones que: i) se declare la nulidad de las
resoluciones núm. 0159 de 8 de mayo de 2009 y 0209 de 6 de julio de 2009, por
medio de las cuales se declaró el incumplimiento del “contrato de contraprestación
de servicios” que suscribió, en calidad de docente ocasional en comisión de
estudios en el exterior, con la Universidad de Pamplona; ii) se declare que la
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Universidad de Pamplona incumplió el contrato y, en consecuencia, es
responsable por los perjuicios que le causó; y iii) se condene a la Universidad de
Pamplona al pago de los salarios y demás prestaciones que debió recibir como
docente al servicio en esa Universidad por un periodo de 136 meses y 12 días.
51.2. Para el efecto, indicó que cumplió con la obligación de obtener el título de
doctor dentro del plazo concedido en la comisión de estudios; y, una vez obtuvo
el título, se presentó ante la Universidad de Pamplona para contraprestar sus
servicios como docente por el triple del término de la comisión de estudios, sin
embargo, y a pesar de que estuvo en disposición de cumplir con su obligación,
ello no fue posible, atendiendo a que la Universidad no lo vinculó periódica y
oportunamente como docente ocasional de tiempo completo ni le asignó la
responsabilidad académica correspondiente con los estudios de doctorado que
realizó, en este sentido, señaló que cualquier asignación de carga académica o
requerimiento para que cumpliera con su obligación, debía estar precedida de su
vinculación como docente, por lo que el requerimiento que le hizo la Universidad
para que cumpliera con la contraprestación era nulo y sin efecto.
51.3. Argumentó que la Universidad de Pamplona al no vincularlo como docente
para que así pudiera contraprestar sus servicios, incumplió el contrato, lo cual
excluye cualquier incumplimiento de su parte. Así, los actos acusados eran nulos,
porque se expidieron atendiendo a un incumplimiento de su parte que no existió.
51.4. Indicó que los perjuicios reclamados se determinaban por los salarios y
prestaciones dejadas de recibir durante el tiempo que debió prestar sus servicios
como docente de la Universidad de Pamplona de acuerdo con el “contrato de
contraprestación de servicios”.
51.5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia
proferida, en primera instancia, planteó el problema jurídico de la siguiente
manera:
“[…] Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 159 del 8 de mayo de
2009, expedida por la Rectora de la Universidad de Pamplona, mediante la cual se
declaró que el docente Carlos Felipe Urazán Bonells, incumplió las obligaciones
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derivadas del contrato de contraprestación de servicios suscrito entre este y la
Universidad de Pamplona el día 30 de septiembre de 2004, y la No. 0209 del 6 de
julio de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución No. 159 de 2009, y
como consecuencia declarar que la Universidad de Pamplona incumplió el referido
contrato de contraprestación de servicios y por lo tanto emitir las condenas pedidas
en la demanda en contra de la Universidad; no obstante que la Universidad se
opone a las pretensiones de la demanda, por considerar que fue el accionante quien
incumplió el contrato de contraprestación de servicios pues nunca aceptó las
propuestas hechas por la Universidad para que iniciara la contraprestación de sus
servicios por un tiempo equivalente a tres veces el término de la comisión; y el
Ministerio Público solicita que se acceda a declarar la nulidad de los actos
demandados y negar la pretensión de declaratoria de incumplimiento y condena en
contra de la universidad? […]”
51.6. Al resolver el caso concreto, consideró que: i) la Universidad de Pamplona
conoció que el plazo para el inicio de la contraprestación por parte del señor Carlos
Felipe Urazán Bonells iniciaba el 16 julio de 2008, quien estuvo en disposición de
iniciar la contraprestación desde agosto de 2008, la Universidad no expidió el acto
de nombramiento del señor Carlos Felipe Urazán Bonells como docente y le
asignó tardíamente la carga académica; por lo cual se presentó un incumplimiento
por parte de la Universidad; ii) ante el incumplimiento por parte de la Universidad
los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación, por cuanto el
accionante no incumplió el contrato como allí se dijo; y iii) que, a pesar de que la
Universidad había incumplido el contrato, no había lugar al pago de los perjuicios
reclamados, atendiendo a que no estaban presentes los elementos de la
responsabilidad contractual como fuente de indemnización del daño antijurídico,
por cuanto, no existía la certeza de que efectivamente el señor Carlos Felipe
Urazán Bonells laboraría al servicio de la Universidad de Pamplona por un lapso
de 9 años de forma continua e ininterrumpida.
51.7. El señor Carlos Felipe Urazán Bonells presentó recurso de apelación, con
el objeto de que se condenara a la Universidad al pago de los perjuicios
reclamados, argumentando que: i) por el incumplimiento del contrato por parte de
la Universidad de Pamplona, esta debía pagar los perjuicios causados, los cuales
consistían en los salarios dejados de percibir durante el lapso en el cual debía
contraprestar sus servicios; y ii) que los perjuicios causados no se podían poner
en duda porque él se radicó en otra ciudad para finales del año 2008, porque ese
hecho “[…] surgió por el incumplimiento por parte de la Universidad de Pamplona,
como está demostrado, por lo cual no puede servir de apoyo para abstenerse de
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reconocer el lucro cesante contractual, dado que, además, ello implicaría otorgarle
a ese hecho la connotación de incumplimiento, cuando ya sabemos que primero
fue en el tiempo el incumplimiento de la Universidad de Pamplona […]”.
51.8. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, planteó como problema
jurídico lo siguiente:
“[…] Le corresponde a la Sala determinar si el incumplimiento decretado por el juez
a quo, y que no fue objeto de recurso de apelación por parte de la entidad
demandada, genera la obligación de indemnizar los perjuicios alegados por la parte
demandante. Para este fin, se abordarán los siguientes tópicos: 5.1) el régimen
jurídico de los contratos de las universidades oficiales; 5.2) la responsabilidad
derivada del incumplimiento contractual, y 5.3) el caso concreto. […]”.
51.9. Indicó que para la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento
contractual se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: i) la existencia
de un contrato válidamente celebrado; ii) la preexistencia de una o varias
obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor; iii) el
comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento,
que se concreta en la falta de cumplimiento de la prestación debida en la forma y
en el tiempo establecidos; y iv) un daño que tenga relación causal entre el
comportamiento antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha.
51.10. Consideró que, si bien el señor Carlos Felipe Urazán Bonells y el juez de
primera instancia indicaron que la asignación de carga académica estaba
condicionada a la vinculación previa como docente del demandante, esta situación
no estaba acreditada, porque era viable que el señor Carlos Felipe Urazán Bonells
recibiera y aceptara su carga académica antes de que se expidiera el acto de
nombramiento, además, este acto no era la única fuente generadora de derechos
y obligaciones para dictar las materias, puesto que, de lo convenido en el contrato,
se derivaba la obligación de recibir y dictar la carga académica, para exigirle
cumplir con las asignaturas que la Universidad le indicara; en consecuencia, fue
el demandante quien incumplió el contrato al no acceder a los requerimientos
académicos de la Universidad.
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51.11. Por lo anterior, consideró que no eran atendibles los argumentos del
recurso de apelación, dirigidos a obtener la indemnización de perjuicios, pues
todos los daños que hubieran podido generarse obedecieron al comportamiento
propio del señor Carlos Felipe Urazán Bonells.
51.12. Por último, indicó que el señor Carlos Felipe Urazán Bonells era apelante
único, por lo cual no era posible desmejorar su situación respecto al fallo de
primera instancia, y, así, se debía confirmar la sentencia apelada.
52. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, profirió la sentencia con la competencia
propia que le otorgaba los argumentos de la demanda, su contestación y el recurso
de apelación, realizando en su ejercicio hermenéutico el análisis sobre las normas
legales sobre la responsabilidad derivada del incumplimiento contractual.
53. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por un lado,
para determinar si existió el perjuicio reclamado en la demanda, en el marco del
recurso de apelación, se refirió sobre los elementos de la responsabilidad
contractual, determinando que la estructuración de la responsabilidad por
incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los siguientes elementos:
i) la existencia de un contrato válidamente celebrado; ii) la preexistencia de una o
varias obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor;
iii) el comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el
incumplimiento, que, en el plano contractual, se traduce en la infracción de las
cláusulas contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de
cumplimiento de la prestación debida en la forma y en el tiempo establecidos, y iv)
un daño que tenga relación causal entre el comportamiento antijurídico del deudor
y la prestación insatisfecha.
54. Al realizar el estudio de dichos elementos determinó que, en el caso sub
examine, el incumplimiento del contrato se derivó de la conducta del señor Carlos
Felipe Urazán Bonells, razón por la cual, no era procedente el reconocimiento de
los perjuicios alegados en la demanda y en el recurso de apelación, toda vez que
no se probó que el presunto daño tuviera relación causal entre el comportamiento
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antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha.
55. Y, por el otro, advirtió que la causa por la cual el Tribunal declaró la nulidad
de los actos acusados no estaba probada; sin embargo, puso de presente que al
no haber sido objeto del recurso de apelación esa decisión, debía confirmar la
sentencia de primera instancia para no hacer más gravosa la situación del
apelante único.
56. En este orden de ideas, las consideraciones de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado se enmarcaron dentro de las pretensiones
de la acción de controversias contractuales y se fundamentaron en el acervo
probatorio debatido en el mismo, sin que se observe pronunciamiento alguno que
no guardara relación con los reparos concretos formulados por el apelante o con
el objeto del litigio o que haya desmejorado la situación del señor Carlos Felipe
Urazán Bonells, quedando desvirtuada la vulneración a los principios de
congruencia interna o externa y de la no reformatio in pejus.
57. En efecto, atendiendo a que el objeto del recurso de apelación, como lo
propuso el señor Carlos Felipe Urazán Bonells, consistía en que: i) se modificara
el aspecto relacionado con la abstención de condenar al pago de perjuicios
ocasionados por el incumplimiento contractual de la entidad demandada y “se
profiera una condena por los perjuicios”; y ii) a “[…] concluir que el daño antijurídico
ocasionado al demandante por la Universidad de Pamplona, tiene una existencia
real y concreta, que amerita una condena de la misma naturaleza […]”, por lo que
una consecuencia lógica de una petición que reviste dicho carácter era que la Sala
valorara los medios de convicción allegados al proceso para determinar si
procedía o no el incumplimiento del contrato por parte de la Universidad de
Pamplona, y que de ello se derivara una indemnización por los daños causados,
sin que ello implique una vulneración de los principios alegados, toda vez que la
sentencia recurrida confirmó la decisión de primera instancia; es decir, negó el
reconocimiento de los perjuicios alegados.
58. Por lo expuesto anteriormente, se considera que no se configura la causal de
revisión alegada.
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Condena en costas
59. Vistos los artículos: i) 25526 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º27, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°28
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°29 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.
60. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación 30;
y iv) en la determinación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
61. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, la Universidad de
Pamplona no intervino en el citado recurso y, en esa medida, no se acreditó
probatoriamente su causación.
26 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
27 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
28 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
29 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
30 Numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564.
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Conclusiones de la Sala
62. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que
no se advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida
de forma congruente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Carlos Felipe Urazán Bonells contra la sentencia proferida
el 21 de mayo de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la acción de controversias contractuales identificada con el número
único de radicación 54001 23 31 000 2009 00321 01, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de
controversias contractuales al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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