Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01389-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01389-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01389-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 20 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01389-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto sustantivo/
Desconocimiento del precedente.
Síntesis del caso: La autoridad actora enjuició el auto que declaró la caducidad de la
acción de repetición y consideró que el término de 10 meses contenido en el artículo 192
del CPACA para el cumplimiento de sentencias debía aplicarse con ocasión del inicio del
conteo del término de caducidad en un proceso regido por las normas del CCA.
De acuerdo con la competencia asignada1, así como el Auto de 2 de
septiembre de 20222, procede la Sala a resolver la impugnación presentada
contra la Sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se concedió el
amparo solicitado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de febrero de 2022, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración de sus
derechos al debido proceso (defensa y contradicción), igualdad y acceso
efectivo y real a la administración justicia, con ocasión del Auto de 21 de
enero de 2022, proferido dentro del proceso de repetición No. 17001-33-33-
002-2018-00146-02.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 El consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez ordenó remitir el proceso al haber sido derrotada la ponencia
presentada para la sala llevada a cabo el 17 de agosto de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01389-01
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción, a la igualdad y al acceso efectivo y real a la administración
justicia, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caldas, al haberse proferido
la providencia de segunda instancia de fecha 21 de enero de 2022, por medio
de la cual revocó el auto del 7 de julio de 2020, y como consecuencia de lo
anterior declaró configurada la caducidad del medio de control de repetición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la providencia
de fecha 21 de enero de 2022, y se ordene, por consiguiente al Tribunal
Administrativo de Caldas, proferir una nueva providencia en la que se confirme
el auto de fecha de 7 de julio de 2020, a través del cual se declaró no probada
la excepción de caducidad del medio de control de repetición.”.
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 1 de febrero de 2010, Hernando Yara Echeverri, en calidad de
Juez 2 de Familia de Manizales, calificó el servicio de Luis Omar Londoño
Cataño, quien tenía el cargo de citador del despacho, y le asignó un
puntaje de 51. Esa decisión fue recurrida por el señor Londoño Cataño en
ejercicio del recurso de reposición y, posteriormente, fue confirmada
mediante Resolución No. 1 de 15 de febrero de 2010.
5. 2) Con ocasión de esa decisión administrativa, el 27 de julio de 2010,
el señor Londoño Cataño presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Juzgado 2 de Familia de Manizales, orientada a que
se declarara la nulidad de la mencionada resolución y, en consecuencia,
que a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro, así
como el pago de salarios y demás sumas dejadas de recibir.
6. 3) El 28 de abril de 2014, el Juzgado 2 Administrativo de Descongestión
de Manizales accedió a las pretensiones de la demanda. Decisión que fue
confirmada el 2 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas
y quedó debidamente ejecutoriada el 9 de octubre de del mismo año.
7. 4) En cumplimiento de la sentencia, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reconoció en favor del demandante la suma de
$266.186.468, mediante Resolución No. 7571 de 2016.
8. 5) El 3 de abril de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial presentó demanda de repetición en contra de Hernando Yara
Echeverri, con el objeto de que este último fuera condenado a pagar la
suma reconocida a favor del señor Londoño Cataño. El conocimiento de
dicho proceso correspondió al Juzgado 2 Administrativo de Manizales, Rad.
17001-33-33-002-2018-00146-00.
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Decisión: Confirma - ampara
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9. 6) El 28 de septiembre de 2018, la demanda fue admitida y, el 23 de
enero de 2018, el señor Yara Echeverri formuló recurso de reposición contra
el auto admisorio bajo el argumento de que había operado la caducidad.
Como fundamento alegó que la entidad tenía 2 años para presentar la
demanda, y que estos debían ser contados a partir del vencimiento del
término de 10 meses que establece el CPACA3 para el respectivo pago. No
obstante, el Juzgado 2 Administrativo de Manizales concluyó que dicho
término era de 18 meses, pues el canon procesal aplicable era el CCA, dado
que la demanda de nulidad y restablecimiento que dio lugar a la condena
fue presentada en su vigencia y tramitada de conformidad con sus normas.
10. 7) Mediante Auto de 7 de julio de 2020, el Juzgado 2 Administrativo de
Manizales resolvió las excepciones previas formuladas por el demandado y
confirmó lo relativo al conteo del término de caducidad. Decisión contra la
cual, el señor Yara Echeverri presentó recurso de apelación y, como
resultado de ello, el 21 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas
revocó la decisión y, en su lugar, declaró la caducidad tras considerar que
la expedición de la sentencia, su ejecutoria y el cumplimiento de la
obligación derivada de ella, habían ocurrido en vigencia del CPACA,
motivo por el cual este debía ser aplicado para determinar el momento de
inicio del término de caducidad.
11. El fundamento de la vulneración radicó en que el Tribunal
Administrativo de Caldas incurrió en (1) un defecto sustantivo por indebida
interpretación de normas de transición, comoquiera que desconoció el
mandato expreso de transición establecido en el artículo 308 del CPACA,
según el cual dicho código solo se aplicará a las actuaciones o
procedimientos que inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. De
forma que toda ejecución debe seguir las reglas aplicadas al proceso que
le dio lugar. Y (2) un desconocimiento del precedente por no seguir la regla
establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Auto de 11
de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-26-000-2018-00203-00, y en Sentencia
de 10 de agosto de 2016, Rad. 27001-23-31-000-2004-01018-01.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
12. En Sentencia de 29 de abril de 2022, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo4 solicitado y señaló que,
de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación, cuando un
proceso contencioso administrativo ha sido iniciado y tramitado bajo el
3 Ley 1437 de 2011. Artículo 192.
4 La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió (se trascribe): “PRIMERO: CONCEDER el
amparo al derecho al debido proceso de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; en consecuencia, se
DEJA SIN EFECTOS el proveído del 21 de enero de 2022 y se DISPONE que el Tribunal Administrativo de Caldas, en
un plazo de 20 días, defina nuevamente el asunto puesto en su conocimiento, de conformidad con las razones ut
supra.”.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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régimen establecido en el CCA, su ejecución deberá seguir las mismas
normas, a menos que el hito que marca el inicio del conteo del término de
caducidad (el pago) haya tenido lugar en vigencia del CPACA, pues en
dado caso, se deberán observar las normas contenidas en este último.
13. El Tribunal Administrativo de Caldas y Hernando Yara Echeverri
impugnaron la providencia. La autoridad judicial manifestó que también ha
habido numerosos pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que consideran aplicable el término establecido en el artículo 192
del CPACA para casos similares, y que por ello su interpretación de la norma
no podía ser tenida como irrazonable. El señor Yara Echeverri alegó que la
norma aplicable debe ser aquella vigente en el momento en que la
obligación se hace exigible, es decir, el CPACA, y que incluso la propia
entidad accionante había aplicado el artículo 192 a la hora de definir el
pago de intereses, razón por la cual era plenamente consciente del régimen
aplicable. Finalmente, mencionó que no se desconoce el precedente
cuando la regla jurisprudencial presuntamente quebrantada ha cambiado
en pronunciamientos más recientes5.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de los derechos vulnerados. 2.2. Fijación de la controversia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o vulneración alegada. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de los derechos vulnerados
14. Pese a que el demandante también señaló en su solicitud de amparo
como violados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis
en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario; y la vulneración de los demás
derechos invocados por el accionante, surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el
amparo.
2.2. Fijación de la controversia
15. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Caldas,
como juez de segunda instancia, incurrió en un defecto sustantivo por basar
5 Sobre este punto, el señor Yara Echeverri hizo referencia al Auto de 5 de marzo de 2022, proferido en proceso No.
68001-23-33-000-2019-00156-01 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.
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su decisión en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA. Adicionalmente,
determinar si dicha decisión desconoció el precedente establecido por esta
corporación en la materia, de conformidad a las providencias mencionadas
en el párrafo 11. En consecuencia, se procederá a revocar, modificar o
confirmar la decisión del juez de tutela de primera instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6
16. La Sala advierte que, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz, que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
enjuiciada (24/1/22) y la de interposición de la presente acción de tutela
(25/2/22). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó
con un auto que declaró la caducidad y puso fin al proceso de repetición.
Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de los derechos fundamentales de la entidad demandante en
el marco de un proceso de repetición, respecto del cual se alega un
defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado.
2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada
17. La Sala confirmará la Sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por
el Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
siguientes razones:
18. En primer lugar, cabe destacar que la presunta vulneración de
derechos fundamentales fue presentada como consecuencia de haber
basado la decisión enjuiciada en una norma supuestamente inaplicable
para el caso en concreto, como lo es el CPACA en aquellos casos donde
aún rige el CCA. Mientras que, a su vez, también fue alegado el
desconocimiento del precedente establecido por esta corporación en
relación con la materia.
19. No obstante, se advierte que la configuración del supuesto defecto
sustantivo fue presentada junto con el alcance de la interpretación que de
la norma mencionada ha hecho la jurisprudencia. Así, en atención a la
estrecha relación que guardan los defectos alegados, se hará un único
6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
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análisis conjunto e integral de los defectos sustantivo y de desconocimiento
del precedente y, con base en este, se concluirá si efectivamente hay
motivos suficientes para amparar el derecho fundamental al debido
proceso de la entidad accionante.
20. La Sala observa que el término de caducidad contemplado en el
CPACA7 para la acción de repetición era de 2 años, y que el verdadero
motivo de controversia gira en torno al momento en que el conteo de dicho
término debe iniciar.
21. En relación con ello, cabe mencionar que el término de caducidad
inicia cuando se hace el pago o, de manera alternativa, al finalizar el plazo
establecido por la ley para dicho pago. Es por eso que el inicio del término
de caducidad está estrechamente relacionado con el tiempo establecido
en la ley para el cumplimiento de las sentencias. Así, el CPACA establece en
su artículo 192 que el término es de 10 meses, mientras que el CCA lo fija en
18 meses. De forma que, para resolver el interrogante, lo primero que debe
ser definido es el cuerpo normativo aplicable.
22. Para ese fin, la Sala considera necesario acudir a la regla de transición
que estableció el CPACA en su artículo 308, en virtud de la cual los procesos
iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 (fecha de su entrada en
vigencia) se rigen hasta su culminación por el régimen jurídico anterior, es
decir, el CCA. A su vez, es claro que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en que fue proferida la condena que suscitó la acción de
repetición en contra del señor Yara Echeverri, tuvo lugar entre el 27 de julio
de 2010 y el 9 de octubre de 20148.
23. Es por esto que la Sala considera que se cumplió con la condición
temporal establecida por mandato del artículo 308 del CPACA para que el
proceso se rija en su totalidad por el régimen jurídico que lo precedió. Como
consecuencia de lo anterior, es claro que el momento a partir del cual debió
contarse el término de 2 años para que operara la caducidad de la acción
de repetición debió ser el contemplado en el CCA, es decir, 18 meses.
24. Dicha posición ha sido acogida y reiterada por la jurisprudencia de
esta corporación, incluso en pronunciamientos recientes de la sala
mayoritaria de esta subsección9. Es por ello que no es de recibo lo alegado
7 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 164, literal I. (Se trascribe):
“Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u
otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de
la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago
de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.”.
8 Momento en que la Sentencia de segunda instancia quedó debidamente ejecutoriada.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencias de 10 de junio de 2022, Rad. 73001-23-33-000-2013-
00508-01. 4 de mayo de 2022, Rad. 25000-23-36-000-2015-02608-01, 18 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-26-000-
2014-00131-01. Entre otras.
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por el señor Yara Echeverry en el escrito de impugnación cuando aduce
que esta se trata de una postura aislada y/o superada.
25. Por las razones mencionadas, la Sala coincide con el juez de primera
instancia al considerar que la autoridad judicial accionada, al aplicar la
regla establecida en el artículo 192 del CPACA, incurrió en un defecto
sustantivo por indebida aplicación normativa y, como consecuencia,
vulneró el derecho al debido proceso de la entidad accionante.
26. Finalmente, la Sala tampoco está de acuerdo con lo alegado en el
escrito de impugnación presentado por el señor Yara Echeverri sobre la
aceptación del régimen contemplado en el CPACA por parte de la entidad
accionante, y sobre ello basta mencionar que ningún acto o manifestación
proferido con ocasión de la respectiva ejecución tiene la aptitud de omitir
o modificar el contenido de la ley.
2.5. Conclusión
27. Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que
accedió a la solicitud de amparo interpuesta por la parte actora.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de
tutela de la referencia, que concedió el amparo solicitado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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Decisión: Confirma - ampara
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
8 de 8
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