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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00508-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2013-00508-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, por concepto de expensas y gastos las cuales serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, devolver al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2013-00508-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 10 de junio de 2022

Radicación: 73001-23-33-000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Caducidad.

Síntesis del caso: Se demandó a un soldado conscripto, quien, según la demandante, con su
obrar negligente, le causó lesiones a un compañero que posteriormente a través de sentencia
judicial fue indemnizado por el daño ocasionado. Se pretende que el demandado le reintegre
a la parte actora el valor que tuvo que pagar.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 10 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Tolima, en la que se declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control.

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, de conformidad con el artículo 150 y 152.6 del CPACA.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda
instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de septiembre de 2013, la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, contra
el soldado regular William Aramburo Londoño. Sus pretensiones fueron (se
trascribe):

“PRIMERA. Que se declare responsable al señor WILLIAM ARAMBURO LONDOÑO por
los perjuicios ocasionados a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL, como consecuencia de la indemnización que se tuvo que cancelar a
favor del señor JUAN CARLOS CAICEDO ÁLVAREZ Y OTROS, por las lesiones que
padeció en su humanidad. De acuerdo el fallo del 21 de febrero de 2011, proferido el
Consejo de Estado, quedando debidamente ejecutoriada el 10 de marzo de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA: Que se condene al señor WILLIAM ARAMBURO LONDOÑO, a cancelar la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES ($391.900.114,59), suma que pagó
esta entidad a favor de Yeison Javier Lemus Velandia, mediante la Resolución No.
4445 del 8 de septiembre de 2011 y que corresponde al capital efectivamente
reconocido
(…)”.

2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte
demandante afirmó:

3. 1) El 10 de agosto de 2007, el soldado Juan Carlos Caicedo Álvarez resultó
lesionado (herida en su miembro inferior izquierdo a la altura de la rodilla
izquierda) con arma de dotación oficial accionada por el soldado regular
William Aramburo Londoño, quien prestaba el servicio militar obligatorio. El
señor Juan Carlos Caicedo perdió el 95.65% de su capacidad laboral.

4. 2) Por los anteriores hechos, el señor Juan Carlos Caicedo demandó en
reparación directa al Ejército Nacional y, mediante sentencia de 21 de febrero
de 2011, el Consejo de Estado lo declaró patrimonialmente responsable y le
ordenó el pago de perjuicios materiales, morales y fisiológicos en su favor.

5. 3) El Ministerio de Defensa expidió la Resolución No. 4445 de 8 de
septiembre de 2011, por medio del cual se ordenó el pago de $ 441.276.628
en favor del señor Juan Carlos Caicedo.

6. Aseguró que el comportamiento del demandado era gravemente
culposo porque “la lesión padecida por el soldado regular Juan Carlos
Caicedo Álvarez fue consecuencia del actuar imprudente y el desacato a las
normas de seguridad con las armas de fuego imputable a soldado regular
William Aramburo Londoño”.

1.2. Posición de la parte demandada

7. El señor William Aramburo Londoño contestó a través de curador ad
litem. Solo indicó que se atenía a lo que se probara en el proceso.

1.3 Trámite relevante en primera instancia

8. Mediante Auto de 25 de septiembre de 20131 se inadmitió porque no
aportó el certificado del pagador y el poder no reunía los requisitos del artículo
65 del CGP. El 10 de octubre de 2013 se subsanó y allegó el poder corregido2
y, en cd, la certificación suscrita por la Tesorera del Ministerio de Defensa
según la cual el pago de la condena se realizó el 16 de septiembre de 20113.
El 25 de noviembre de 2014 se celebró la audiencia inicial en la que se

1 Folio 43 del Cuaderno principal
2 Folio 45 y ss del Cuaderno principal
3 Folio 44 del Cuaderno principal

2 de 7

Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
________________________________________________________________________________________________________________

agotaron las etapas previstas en el artículo 180 del CPACA. Se destaca que se
decretó como prueba de oficio requerir a la entidad para que certificara y
adjuntara la prueba del pago efectivo de la condena. El 27 de noviembre de
2014 se allegó nuevamente la prueba y el 21 de enero de 2015 se celebró la
audiencia de pruebas en la que se incorporó la documental decretada.

1.4 Sentencia de primera instancia

9. Mediante sentencia de 10 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Tolima declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.
Citó el artículo 164.2 literal l) del CPACA4 y concluyó que: a) la sentencia que
condenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional quedó
ejecutoriada el 10 de marzo de 2011. En consecuencia, los 18 meses corrieron
hasta el 11 de septiembre de 2012. b) el pago se realizó, de acuerdo con el
certificado del tesorero, el 16 de septiembre de 2011. En consecuencia, como
lo primero que ocurrió fue el pago, concluyó que debía contarse la
caducidad desde el día siguiente al pago, esto es, desde el 17 de septiembre
de 2011. En consecuencia, el plazo para interponer la demanda vencía el 17
de septiembre de 2013. Dado que esta se instauró el 18 de septiembre de 2013
la acción se encontraba caducada.

10. Adicionalmente, por encontrarse frente al manejo de recursos públicos,
se ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación con el
objeto de establecer la responsabilidad disciplinaria por la presentación
extemporánea del medio de control. Finalmente, se condenó en costas a la
demandante; respecto de gastos y expensas se ordenó que se fijaran las que
se encontraran causadas y respecto de las agencias en derecho se fijaron en
1 salario mínimo mensual legal vigente.

1.5 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia

11. En el recurso de apelación5, la parte demandante aceptó que la
demanda se interpuso por fuera del término, pero se opuso a la orden de
compulsar copias y a la condena en costas.

12. Respecto a la caducidad indicó que “si bien es cierto el medio de control
se incoó de manera extemporánea (…) el Despacho previó la admisión”.
Indicó que, cuando se inadmitió la demanda porque no reposaba el
certificado del tesorero pagador el mismo fue allegado con la subsanación,

4 La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de
condenas de conformidad con lo previsto en este Código.
5 Folios 143 a 149 del cuaderno del Consejo de Estado

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Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
________________________________________________________________________________________________________________

sin embargo, no comprendía porque esos documentos no estuvieron en el
expediente para ser valorados a tiempo y por qué se admitió la demanda.
Aseguró que “las razones y los motivos por los cuales no fueron valorados tales
documentos previó a la admisión, obedece a que no aparecen los escritos de
subsanación allegados”, sin embargo, “al momento de tomar decisión de
fondo, [el despacho] los evidencia porque, se decreta una prueba de oficio
dentro de la audiencia inicial; luego en este orden, si los documentos de
subsanación hubiesen existido dentro del expediente, seguramente no se
hubiese admitido tal demanda.”

13. Respecto a la orden de compulsar copias alegó que no se compartía esa
decisión porque se había actuado dentro de las formas y las posibilidades de
radicar la demanda, subsanarla, asistir a todas las diligencias y, en general,
desarrollar todas las actuaciones “en pro” del organismo representado.
Agregó “se actuó en cumplimiento de un deber legal, sin omitir detalle y
allegando las piezas procesales o el material probatorio requerido en tiempo”.
De igual forma se opuso a la condena en costas; adujo que antes de
condenar, el operador judicial debió hacer un análisis acerca de la conducta
asumida por el demandante para determinar si ésta había incurrido en
dilaciones o mala fe.

14. Finalmente, insistió en que el demandado causó un daño con su actuar
doloso o gravemente culposo y que debía devolver el dinero que el Ejército
había tenido que pagar con la condena impuesta.

15. Las partes no alegaron de conclusión y el Ministerio Público se abstuvo de
rendir concepto.

16. Mediante Auto de 24 de enero de 2019, la magistrada ponente decretó
una prueba de oficio6 para “un mejor proveer,” en el que solicitó 3 pruebas.
a) El expediente penal tramitado en contra del señor William Aramburo
Londoño por el delito de lesiones personales. b) Certificación de Bancolombia
en la que constara, entre otros, si el 16 de septiembre de 2011 el Ministerio de
Defensa efectuó el pago. c) Comprobantes de egreso del pago de la
condena. Se destaca que, tanto de la respuesta de Bancolombia7, como de
los comprobantes de egreso8, se estableció que, en efecto, el pago se realizó
el 16 de septiembre de 2011.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Costas.

2.1. Presupuestos procesales

6 Folios 163 a 164 del cuaderno del Consejo de Estado
7 Folio 188 del Cuaderno del Consejo de Estado
8 Folios 190 a 191 del Cuaderno del Consejo de Estado

4 de 7

Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
________________________________________________________________________________________________________________

17. La Sala no se pronunciará de fondo en este asunto, en la medida en que
se observa que no concurre uno de los presupuestos procesales, motivo por el
cual confirmará la sentencia apelada que declaró la caducidad de la acción.

18. De acuerdo con el artículo 164.2 literal l) del CPACA9, la acción de
repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir del
día siguiente de la fecha del pago o a más tardar desde el vencimiento del
plazo con que cuenta la administración para hacer el pago de la condena,
caso concreto, 18 meses10.

19. Anotado lo anterior, se pasa a exponer las razones por las cuales, la Sala,
al igual que la primera instancia e incluso el demandante, que lo acepta en
el recurso de apelación, considera que la acción de repetición caducó.

20. Mediante Sentencia de 21 de febrero de 2011, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, revocó la sentencia de primera instancia y
condenó a Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al pago de $
303.526.117 por daños materiales, 20 S.M.M.L.V. por perjuicio fisiológico y 90
S.M.M.L.V. por perjuicios morales repartidos para los demandantes de la
reparación directa. Esta decisión quedó ejecutoriada el 10 de marzo de
201111, de modo que, el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4
del Código Contencioso Administrativo, se cumplió el 10 de septiembre de
2012.

21. De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente,
especialmente, el certificado suscrito por la Tesorera Principal del Ministerio de
Defensa Nacional12, el certificado de Bancolombia13 y los comprobantes de
egreso14, el pago se realizó el 16 de septiembre de 2011.

22. Dado que el pago ocurrió antes que el vencimiento de los 18 meses, debe
contarse el término de caducidad a partir del día siguiente del pago. En
consecuencia, la entidad tenía hasta el 17 de septiembre de 2013 para
instaurar la demanda. No obstante lo anterior, la instauró el 18 de septiembre

9 La demanda deberá ser presentada:

(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de
condenas de conformidad con lo previsto en este Código.
10 La condena impuesta a través de sentencia al Ejército Nacional fue el resultado de un proceso de reparación

directa tramitado con el CCA, luego, se aplica el término para el pago de sentencias previsto en el artículo 177 de
ese código.
11 Folio 30 del cuaderno 1.
12 Que reposa en el cd que fue allegado con la subsanación de la demanda (Folio 44) y, con posterioridad al decreto

que se hizo en la audiencia inicial (Folio 109)
13 Folio 188 Cuaderno Consejo de Estado
14 Folios 190 a 191 del Cuaderno Consejo de Estado

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Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
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de 201315, cuando la acción ya había caducado. En consecuencia, se
confirmará la decisión.

23. Para la Sala no es de recibo el argumento del recurso de apelación según
el cual, en todo caso la demanda fue admitida, sugiriendo con ello que, con
esa actuación, se habilitó al operador judicial para resolver el fondo. No se
puede desconocer que la caducidad es una norma de orden público de
obligatorio cumplimiento que, sin importar el momento procesal en el que se
encuentre el asunto, debe ser observada. Sin duda, resultaría idóneo
pronunciarse sobre ella en la primera etapa del proceso y de configurarse,
rechazar la demanda. Sin embargo, dado que en este caso no se hizo pese a
que, con la subsanación, se adjuntó en cd la prueba del momento del pago16,
se podía hacer con posterioridad. De acuerdo con la Ley 1437 de 2011,
aplicable para resolver este recurso, la caducidad es una excepción mixta
que, de no ser resuelta al inicio del proceso, podía resolverse en la audiencia
inicial (artículo 180.6 CPACA) o incluso en la sentencia como se realizó (artículo
187 CPACA)

24. Respecto de la orden de compulsar copias, la Sala no encuentra en los
argumentos del recurso elementos para revocarla. En el recurso se alegó que
se radicó la demanda, que se subsanó y que se asistió a la totalidad de
audiencias realizadas, sin embargo, la orden de compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación no obedeció a la falta de diligencia para
tramitar el asunto sino a que la demanda se interpuso de manera
extemporánea como, en efecto, ocurrió y no se desvirtuó. En consecuencia,
debe confirmarse la decisión que adoptó la primera instancia respecto de la
orden de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación.

25. Frente a las costas, la Sala confirmará la decisión comoquiera que no le
asiste razón al demandante que afirma que debió tenerse en cuenta que no
actuó con temeridad para abstenerse de condenar. En ese orden, debe
recordarse que el artículo 188 del CPACA indicó que la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, sin importar la conducta de las partes.

2.2. Costas

26. El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del Código General del
Proceso aplicable al presente proceso consagra que se condenará en costas
“a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación…”.

15 Folio 2 del cuaderno.
16 Folio 44 del Cuaderno principal

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Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
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27. La condena en costas es procedente porque se resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación de la parte demandante. Sin
embargo, la Sala considera que no existen elementos que permitan fijar una
suma por concepto de agencias en derecho a favor del demandado porque
éste no compareció al proceso17. En todo caso, de existir costas en virtud de
expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar
por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Tolima.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte actora, por
concepto de expensas y gastos las cuales serán liquidadas por Secretaría en
el caso de que se hubieren causado.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene,
expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, devolver al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 El demandado estuvo representado por curador ad litem.

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